Para asegurar el ejercicio de los derechos políticos de todos los mexicanos, la autoridad electoral ha avanzado en la implementación de uno de los procedimientos más complejos que tiene a su cargo: el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

El 1 de julio de 2018, viviremos la tercera emisión de esta modalidad: 181,256 mexicanos podrán votar por presidente de la República, senadores y, además, por gobernador o jefe de gobierno en Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Yucatán, Jalisco, Guanajuato y Morelos.1 El número de connacionales inscritos en el listado nominal para residentes en el extranjero es 200% mayor que en 2012 y casi 350% superior al de 2006. Además, al concluir la primera semana de junio el 100% de las boletas han sido enviadas a 120 países del mundo2 y 41,914 votos ya han sido recibidos por la autoridad electoral, lo que implica que a más de tres semanas de la elección presidencial se han recibido ya más votos que en 2006 y 2012 (33,111 y 40,737 sufragios respectivamente).

Sin embargo, en los últimos días han surgido voces que de forma legítima —o no— ponen en duda el modelo que se ha diseñado y que está en marcha. Se ha propagado información parcial, incierta o a todas luces falsa sobre temas que van desde la influencia rusa y su ciber-espionaje3 hasta sospechas en los procedimientos de envío y recepción de los votos.

En la vorágine del proceso electoral, con mucha ligereza se escucha y se lee la palabra “fraude”. Pareciera no importar si se escribe o pronuncia sin sustento y veracidad, pero lo cierto es que la carga emocional que encierra puede sepultar hechos comprobables, desestimar explicaciones y echar por la borda el esfuerzo de miles de personas que a lo largo de muchos años han puesto su empeño en la consolidación del derecho al voto desde el exterior: legisladores, autoridad electoral nacional, institutos electorales locales, Secretaría de Relaciones Exteriores, organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país, así como ciudadanos de “a pie” que han invertido su tiempo y energía convencidos del poder de decisión con el que cuentan. Así que es necesario subrayar cómo se garantiza el sufragio efectivo para el votante desde el exterior, cómo se asegura la máxima de “una persona, un voto”. Para ello es oportuno explicar a dónde llegan los sufragios, por qué el remitente de los paquetes en que se envían tiene diferentes direcciones, por qué las boletas de votación no contienen folio y cómo y quién cuenta los votos. En suma, por qué lejos de ser una simulación el voto en el extranjero es una conquista.

El proceso electoral de 2018 es el tercero en que los mexicanos pueden votar desde el extranjero. Lo pueden hacer vía postal4 y previo registro ante el Instituto Nacional Electoral.

En primer lugar, es importante señalar que el INE garantiza que la persona que solicita el registro a la lista nominal en el extranjero cumpla con los requisitos de ley y es quien dice ser. Los casi 200 mil connacionales que podrán sufragar cuentan con una credencial para votar emitida en territorio nacional o en el extranjero. De hecho, poco más del 80% de los registros corresponden a electores que tramitaron su credencial para votar en los consulados de México en todo el mundo. Cabe resaltar que en los ejercicios del voto desde el extranjero de 2006 y 2012 la credencialización en el extranjero no existía, lo que fue una imposibilidad material para muchos mexicanos que tenían la intención de votar.

Adicionalmente, cada uno de ellos tuvo que registrarse en un portal de Internet para confirmar su identidad y manifestar su intención de voto. Este paso fue clave, pues, al inscribirse en la lista nominal en el extranjero se dan de baja en la lista nacional. Es decir, un mexicano que votará fuera del país no podrá hacerlo después en México. Además, en este paso actualizaron su domicilio para asegurar que las boletas lleguen a las manos indicadas y respondieron preguntas con información que sólo ellos tenían (como el nombre de pila de sus padres, lo cual se cotejaba con el acta de nacimiento en poder del INE para verificar que se trataba de información real).

Por si fuera poco, la lista nominal en el extranjero fue supervisada y acompañada por todos los partidos políticos y candidatos independientes. Éstos participaron de forma permanente en la conformación de las listas nominales -la nacional y la del extranjero-, ya que tuvieron oportunidad de analizar cada una de las solicitudes y de enviar observaciones cuando lo consideraron pertinente.

El INE, a su vez, identificó e investigó direcciones IP desde donde se registraron múltiples solicitudes. Encontró, por ejemplo, 298 registros que provenían de un mismo origen en Canadá. Al analizar más a detalle encontró que se trataba de trabajadores temporales y agrícolas que compartían domicilio, es decir, que eran mexicanos legítimos tratando de ejercer su derecho al voto y no de una maquinación para burlar a la autoridad. En otras ocasiones se verificó que las fechas y horarios correspondían a ferias de registro o bien, como producto de solicitudes realizadas a INETEL, habían sido realizadas en equipos del mismo INE. Además, cuando se detectó que los registros se habían realizado en territorio nacional, se hizo una muestra aleatoria y representativa para acudir a los domicilios y verificar la identidad de cada ciudadano. En los casos en que la anomalía no se explicó, dichos registros fueron dados de baja.

En cuanto a países de residencia de nuestros votantes extraterritoriales, el 84% de los registros se originó en Estados Unidos, seguido por el 3.84% de Canadá y el 2% de España. ¿El ciberataque ruso? Sólo se recibieron 70 solicitudes de voto por mexicanos residentes en ese país, es decir, el 0.04% de todos los admitidos por la autoridad electoral.

Sobre el envío y recepción de los votos, es necesario señalar que el INE tiene a su cargo la integración de los paquetes electorales en los que se remiten las boletas tanto para cargos federales como para los locales. Por ello, diseñó un minucioso procedimiento —también verificado por los partidos políticos—, en el que participaron alrededor de 250 personas custodiadas por personal militar y bajo rigurosas medidas de control y seguridad. En cada mesa, hasta cinco personas verificaban la integración de 700 paquetes diarios en promedio. Así, después de autentificar a cada votante por medio de un código de barras único, el supervisor de cada línea de trabajo se encargaba de depositar las boletas. Al término de cada remesa, no podían sobrar ni faltar sobres o boletas. Por si esto no era suficiente, los sobres todavía eran revisados en una mesa más, antes de pasar a la oficina de la empresa de mensajería (UPS, United Parcel Service) donde serían etiquetados y enviados, también bajo custodia militar, hasta el aeropuerto.

En cuanto a las boletas electorales, cabe precisar que éstas cuentan medidas de seguridad que las hacen infalsificables: marca de agua con el logotipo del INE; fibras ópticas visibles; fibras ópticas ocultas; microimpresión de texto; impresión inadvertida; imagen latente, que requiere una mica especial para observarse; impresión invisible, la cual se observa con luz ultravioleta; además de una medida extra que sólo conoce el fabricante y que le entrega con posterioridad al INE.

Ninguna de las boletas que se le entrega al ciudadano, ni en México ni en el extranjero, contiene folio, porque eso supondría la posibilidad de conocer la identidad del votante. Es cierto que en territorio nacional vienen adheridas a un talonario y que este talonario sí tiene folio -insisto, no la boleta-. Esto es así porque en territorio nacional se hace la distribución de las boletas en cada una de las 156,899 casillas, lo que no ocurre en el extranjero.

Aún más, para garantizar la secrecía del voto, el ciudadano envía su voto en dos sobres, uno con sus datos y otro con los votos. Al llegar a México, esos sobres se separan. El día de la elección, dichos sobres se trasladan al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, en el que se contarán y se registrarán. A su llegada, las boletas serán extraídas de los sobres e introducidas en las urnas por ciudadanos que fueron elegidos de forma aleatoria, en presencia de representantes de partidos y candidaturas independientes, así como de observadores electorales para después ser contados y registrados “a mano”. El registro y conteo de esos votos será transmitido a partir de las 18:00 horas del 1º de julio por www.votoextranjero.mx

Ahora bien, ¿cómo llegan esos votos a México? Vía postal, con porte aéreo pagado y a través de la misma empresa de mensajería, siempre a través del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En este proceso electoral, UPS ganó la licitación pública para el envío y regreso de los paquetes. Así, cada sobre enviado cuenta con una guía de regreso ya pagada, que sirve para identificar la particularidad del paquete postal y para que el mismo ciudadano pueda rastrear el trayecto de su voto.

Todos los sobres llegan a una bodega del INE ubicada en avenida Tláhuac 5502, colonia Granjas Estrella. Sin embargo, debido a un error en la impresión de 44,197 guías de mensajería (de 181,256) el número exterior presentó inconsistencias. Es decir, en cerca del 24% de la guías para el regreso del paquete se imprimió un número exterior diferente en el domicilio de la bodega mencionada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este error? Ninguna. El número de guía tiene en la parte inferior un código de barras único creado por UPS para el INE, además de la leyenda en la que se lee “GUIA INE”. Es decir, estos paquetes no son distribuidos por la red normal de UPS, son fácilmente identificados a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México y son trasladados en un solo envío diario a la bodega del INE acompañado de personal militar. Es decir, ningún voto puede estar en riesgo de extravío en Ciudad de México; ningún sobre puede llegar a ninguna otra dirección. Y ningún sobre llega a ningún domicilio particular.

Por otro lado, se cuestionó que algunas guías tuvieran como remitente el nombre de dos personas físicas: Alejandro Sosa Durán y María de la Paz Lara Lugo. Esto no fue producto de ningún error, esto fue así porque la empresa en un principio solicitó el nombre de una persona física en el remitente. Así, se registró a dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral responsables de la recepción de los paquetes en la bodega. Alejandro Sosa, Director de Productos y Servicios Electorales y responsable de la administración del contrato con UPS -con más de 25 años de experiencia laboral en el INE- y María de la Paz Lara Lugo, auxiliar de Servicios Materiales, adscrita a la dirección del señor Sosa y con 14 de antigüedad en el INE.

Lejos ha quedado el primer ejercicio en donde sólo se podía votar desde el extranjero por presidente de la República, en el que era indispensable contar con una credencial para votar emitida en territorio nacional, en donde el envío del voto de regreso tenía que ser pagado por el connacional y en el que no existía plena colaboración entre la autoridad electoral nacional y los institutos locales para facilitar el voto por cargos federales y locales.

El derecho al voto es una conquista. Es una conquista en territorio nacional y es una conquista ahora que puede ejercerse desde el extranjero. Cada uno de los votos que llegan dista mucho de ser una simulación. Detrás de cada sobre hay un ciudadano que sabe que no perdió sus derechos políticos por residir en el extranjero. Con seguridad el modelo es perfectible y criticable en muchas de sus etapas y esta elección arrojará una experiencia para valorar y mejorar. Es probable que para 2024 pueda concretarse la modalidad de voto electrónico fuera de territorio nacional. Pero aquí y ahora, en 2018, hay condiciones para que el sufragio sea efectivo, sea que se emita en territorio nacional o allende nuestras fronteras.

Farah Munayer S. Maestra en ciencia política por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.


1 En el caso de Jalisco podrán, además votar para diputados plurinominales de acuerdo con su ley local.

2 Sólo quedan por enviar algunos casos especiales derivados de sentencias del tribunal, por ejemplo.

3El ciber espionaje ruso, un riesgo para las elecciones 2018”, Julián Germán Carrillo Molina. Milenio. 28 octubre 2017.

4 Si bien desde 2014 la legislación abrió la posibilidad de sufragar vía electrónica o de forma presencial en embajadas o consulados, la ley también impone una serie de condiciones que impidieron su implementación  este año.

Leer completo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al INE incluir en la boleta a Jaime Rodríguez “El Bronco”.1 El 10 de abril despertamos con un nuevo candidato a la presidencia de la República. Le faltaron 16,656 apoyos reales y legítimos; le sobraron casi el 60% de sus firmas, pues tenían diversas inconsistencias, así como indicios de la utilización de un mercado negro de datos personales. Quedó la incertidumbre y la desazón de una decisión que no se explicaba ni técnica ni jurídicamente.

Cuatro de siete magistrados señalaron que el INE violó el debido proceso del aspirante al no garantizarle su derecho de audiencia. Lo anterior habría sido un argumento jurídico válido si tan sólo hubiera sido cierto: entre todos los aspirantes a los diversos cargos, el Bronco fue el que más veces acudió a las oficinas del INE a ejercer este derecho: 12 ocasiones en la fase preliminar (entre el 15 de diciembre 2017 al 28 de febrero 2018) y una más en la segunda fase -en la que por cierto llegó con casi cincuenta abogados- y que se desarrolló del 17 al 21 de abril. Esto le permitió recuperar 62,760 de 780,398 apoyos que revisó, es decir el ocho por ciento.

¿Por qué no examinó las poco más de 400,000 firmas que envió y que la autoridad le determinó como no válidas? Por dos razones básicas: la primera, porque el mismo aspirante no quiso. Es decir, su equipo resolvía a qué le daría prioridad y a qué no. Así, en un momento decidió que no analizarían más fotocopias porque su tasa de recuperación probablemente era muy baja. Durante las dos fases de revisión se detectaron 488,362 apoyos que cayeron en esta categoría.

En segundo lugar, porque había un universo de firmas que eran “insubsanables” (302,542), es decir, que no podían cambiar de estatus ya que eran registros que no estaban en la lista nominal, que eran repetidos (personas que le habían dado más de una vez su firma), que eran bajas del padrón (muertos, duplicados, que intentaron realizar una usurpación de identidad) o que se habían presentado en papel como parte del régimen de excepción (que permitía en ciertos casos no usar la aplicación) sin que pertenecieran a los municipios exceptuados.

Ahora bien, durante la conferencia de prensa que ofrecieron el 12 de abril, algunos de los magistrados defendieron su decisión y precisaron que, si bien era cierto que sí se habían realizado diversas audiencias, en éstas los aspirantes no habían podido ejercer a plenitud su derecho. Esta vez resaltaron que la autoridad electoral los había dejado en estado de indefensión al entregarles sólo un folio como comprobante al enviar cada uno de sus apoyos. Así –agregaron- los aspirantes carecían de información para poder defenderse.

Sin embargo, los magistrados omitieron señalar que durante todo el periodo de recolección los aspirantes pudieron verificar en el portal web el estado de cada uno de esos folios. Es decir, pudieron ver prácticamente en tiempo real campos como el folio, nombre del aspirante, cargo, número y nombre de auxiliar que capturó el apoyo, dispositivo utilizado, clave de elector, código OCR, fecha de recepción, entidad, municipio, distrito, sección electoral, situación registral y motivo de baja e inconsistencia.

Tabla 1. Campos visibles y descargables en los reportes disponibles para los aspirantes a candidaturas independientes

Fuente: Instituto Nacional Electoral

¿Por qué no se les entregó toda la información? Por otra razón muy sencilla: el deber superior de la autoridad de proteger los datos personales de la ciudadanía. Este punto en específico fue motivo de una reflexión intensa al interior del INE. Si bien se ponderó la solicitud de muchos de los aspirantes de contar con esos datos pues, bajo el principio de buena fe, se entendía que esa información podía ayudarles para subsanar algunos errores, el artículo sexto de nuestra Constitución es claro en imponerle la obligación a las autoridades de proteger los datos personales que tienen en su poder. Por eso se tomó esa decisión. Decisión que fue plasmada en los lineamientos que guiaron todo el procedimiento de recolección de firmas y que, por cierto, fueron avalados por el mismo TEPJF.

Esta precisión cobra mayor importancia pues el caso de Armando Ríos Píter sigue sin resolverse por parte de la Sala Superior. A juzgar por la comparecencia de éste en el INE el pasado 12 de abril, en la que más que verificar sus apoyos -revisó literalmente un par-, se posicionó con este mismo argumento. Cabe recordar que, en otra decisión controvertida, el TEPJF le dio 10 días para que pudiera acudir al INE a verificar la validez de sus apoyos y para que cumpliera con un derecho de audiencia que nunca ejerció por decisión propia.2

El tercer argumento más utilizado por quienes votaron a favor de esta decisión fue suponer y sostener que, por haber obtenido cierta tasa de recuperación durante sus audiencias, se podía asumir que si se revisaba otro conjunto de registros habría logrado obtener las 866,593 firmas que requería. Incluso, estirando su argumento al máximo, señalaron el caso de Marichuy quien recuperó en sus audiencias hasta un 70% de los apoyos que analizó. Esto evidenciaba, según ellos, el deficiente trabajo del INE y, por tanto, sembraba una duda razonable sobre la validez de los apoyos del Bronco.

Analicemos la explicación de la que parece pender este malabarismo jurídico: el INE le negó al Bronco la posibilidad de volver a revisar poco más de 400,000 firmas por varias razones. En primer lugar, habría sido inequitativo que sólo a este aspirante se le permitiera regresar a revisar las firmas que él mismo decidió no verificar: ¿qué pasaría con todos los otros aspirantes no sólo a la presidencia sino a diputaciones y senadurías que no tuvieron esta posibilidad pues se ajustaron a los tiempos y condiciones establecidos desde un principio? Por otro lado, como ya se explicó, la otra parte de ese universo estaba conformado por registros que difícilmente cambiarían.

La tasa de recuperación no es la misma en unas categorías que en otras. Es claro que un muerto no iba a dejar de estar muerto, pero un error de captura fácilmente podía ser corregido. Las plantillas que se usaron para simular una credencial de elector y que llenaron con datos de ciudadanos obtenidos de otro lado difícilmente se iban a convertir en credenciales válidas (de éstas el Bronco tuvo 153,532); una fotocopia a color podía causar mayores dudas a los operadores al momento de catalogarla, pero una fotocopia en blanco y negro era más probable que no pasara desapercibida. Pudo haber errores puntuales, por supuesto, y no sólo de los operadores del INE sino de los auxiliares de los aspirantes. De ahí la relevancia de las audiencias. Y claramente los errores no dolosos tenían mayor posibilidad de ser subsanados que las simulaciones y trampas que fueron detectadas gracias al buen trabajo de la autoridad electoral.

Marichuy, por ejemplo, quien obtuvo el 30% de los apoyos requeridos pero que sólo registró el 5% de apoyos con inconsistencias, durante seis audiencias revisó 11,425 firmas de las que subsanó 8,007. En todos los casos, las correcciones de esta candidata se debieron a dos causas: (a) registros que se encontraban en ”sin respuesta de situación registral”, es decir, que todavía no habían sido clasificados por la autoridad electoral al momento de la audiencia y (b) a que con la información que se había captado en la aplicación, no se había podido identificar  algún registro en la base de datos del listado nominal (credencial o datos borrosos, ilegibles o erróneos, por ejemplo). En estos casos se revisó la imagen de la credencial para corregir o clasificar los registros o errores de captura involuntarios y el resultado era que, en la mayoría de los casos, se encontraban en el listado nominal.

Las inconsistencias se explican, también, por las distintas condiciones en las que Rodríguez Calderón y Marichuy, respectivamente, recolectaron sus apoyos. La composición de los universos que formaron las firmas de ambos aspirantes es muy diferente y, por tanto, no pueden ser comparables.

Tabla 2. Situación de los apoyos recibidos por algunos de los aspirantes a la Presidencia de la República

El INE detectó, documentó y comunicó el intento de fraude que algunos candidatos independientes trataron de realizar. Hizo su trabajo bien y de cara a la ciudadanía. No lo permitió en 23 casos de diputados federales. Aplicó los mismos procedimientos, reglas y criterios en el caso de la revisión de senadurías, cargos locales y aspirantes a la presidencia.

Más aún, en el caso de aspirantes a diputados federales, la Sala Regional de la Ciudad de México resolvió una impugnación realizada por los aspirantes a quienes el INE les negó sus registros por encontrar el mismo tipo de inconsistencias y esta sala respaldó a la autoridad electoral al señalar que:

…el INE cuenta con atribuciones para comprobar la veracidad de los datos de los registros de apoyos ciudadanos recabados, porque encontrar los registros en la Lista Nominal no es el único requisito, ya que las firmas no se cuentan -para efectos del porcentaje de apoyo ciudadano requerido- si existen nombres con datos falsos o erróneos, o no se acompañan copias de la credencial para votar vigente, entre otros supuestos; ello porque el apoyo de la ciudadanía debe ser comprobado sobre la base de registros reales, ciertos y no simulados. Además, contrario a lo sostenido por las y los inconformes, la autoridad responsable facilitó en todo momento el ejercicio de su derecho de audiencia al notificarles la existencia de inconsistencias respecto de los apoyos ciudadanos recabados y otorgarles un plazo para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, para lo cual era necesario que acudieran ante la autoridad administrativa electoral.3

La Sala Superior, máxima autoridad en materia electoral, decidió exceptuar el caso del Bronco y estamos a la espera de lo que decida con Armando de Ríos Píter, a quien la autoridad electoral le detectó el 45% de apoyos enviados como simulaciones. Es decir, también en este caso se encontraron datos válidos de ciudadanos que eran vaciados en cartoncillos o plantillas que simulaban ser una credencial para votar.  Todo esto a menos de 80 días de la jornada electoral.

Ejemplo de uno de los registros enviados por los aspirantes a candidatura independiente catalogada como “simulaciones” por el INE

Fuente: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. INE.

Farah Munayer S. Maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.


1 Sentencia SUP/JDC/186/2018 del 9 de abril de 2018.

2 Sentencia SUP/JDC/161/2018 del 9 de abril de 2018.

3 Sentencia SCM/JDC/109/2018 del  15 de marzo de 2018.

Leer completo

Los legisladores establecieron las reglas y requisitos que tenían que cumplir los candidatos independientes. A los aspirantes les tocaba cumplir con la ley y a la autoridad electoral verificar que esto sucediera.

A partir de la revisión firma por firma que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) de los aspirantes a los diversos cargos, nos enteramos de que muchos de ellos optaron por hacer trampa: por lo menos 23 aspirantes a diputados y dos más —a juicio de algunos tres— a la presidencia de la República. Este anuncio ha causado indignación social y cierto dejo de decepción sobre las figuras que para muchos se erigían como una alternativa al sistema de partidos, así como una serie de interrogantes sobre el proceso de recepción y verificación de apoyos realizado por el INE.

En total, 290 aspirantes obtuvieron su constancia para iniciar la recolección de apoyos para ocupar un cargo federal: 187 diputaciones, 55 senadurías y 48 para la presidencia. En cuanto a los cargos locales, fueron 1,101 lo que recolectaron firmas a través de la aplicación: 40 gubernaturas (o jefatura de gobierno), 474 diputaciones, 582 presidencias municipales y 5 regidurías. Así, el INE recibió —y verificó— 13,097,041 apoyos: 9,044,633 en el ámbito federal y 4,052,408 en el ámbito local.

El proceso operativo para la recepción de los apoyos se dio por medio de una aplicación móvil en la que se fotografiaba la credencial de elector de los ciudadanos. Además, existió un régimen de excepción que permitió recibir el apoyo en papel en zonas del país sin cobertura de telefonía móvil y previa autorización del INE. Cada firma enviada por los aspirantes a través de los asistentes dados de alta para el uso de la app se cruzó con el listado nominal. Los apoyos con nombres de ciudadanos que no se encontraron en el listado eran enviados a una mesa de control en donde un operador revisaba el caso, con alta frecuencia en compañía de los equipos de los aspirantes que así lo desearan.

Esa fue la forma de operación regular y conocida por todos de antemano. Además, a fin de cumplir con la responsabilidad de proteger los datos personales de la ciudadanía y de verificar que cada uno de los apoyos registrados fuera real y auténtico, el INE decidió establecer controles de calidad en su procedimiento. Así, diseñó una muestra de 900 firmas recolectadas por los aspirantes a una diputación que habían cumplido, en principio, con los requisitos de ley. ¿El resultado? De los 64 aspirantes, 28 registraron más del 10% de irregularidades en la obtención de firmas.

La consecuencia obvia y directa de este hallazgo fue realizar la verificación del cien por ciento de los apoyos de esos candidatos, dando como resultado que 23 de ellos no habían cumplido con la ley. Fue así como el INE detectó e hizo pública la conducta fraudulenta en que incurrieron distintos aspirantes a una candidatura independiente: sólo el 30% de los apoyos de estos 28 aspirantes había sido recabado de forma regular. El 2% correspondía a credenciales inválidas; el 10% eran fotocopias de la credencial de elector y el 58% correspondían a simulaciones de la credencial de elector.

Entre las credenciales inválidas aparecieron licencias de conducir, tarjetas de presentación, tarjetas de descuento o imágenes de la credencial para votar tomadas de una pantalla o en las que se capturaba dos veces el frente o dos veces el adverso. La irregularidad más grave y la que puede constituir un delito por el presunto uso indebido de datos personales, se refiere a las simulaciones de la credencial para votar. En este caso, no se trata de credenciales falsificadas sino de plantillas o formatos de una credencial en las que colocaron los datos personales de personas reales registradas en el listado nominal: nombre, OCR y clave de elector. En algunos casos, se encontraron fotografías del cuadernillo de votación que se usa en las jornadas electorales para registrar cuando un elector sufragó. Es decir, en todos estos casos hubo una evidente estrategia de engañar a la autoridad así como un mercado de datos registrales, lo cual es un delito electoral.

Hay que señalar que el INE también detectó, contabilizó y excluyó las fotografías de fotocopias que enviaron mediante la aplicación ya que los lineamientos establecían claramente que debía ser la credencial original. ¿La razón? Sólo con la credencial original se tiene certeza de que es el ciudadano el que da el apoyo. Las fotocopias de las credenciales pueden ser utilizadas sin el consentimiento del portador.

Este trabajo fue posible gracias al uso de la aplicación móvil. Este sistema no sólo permitió la obtención de más de trece millones de registros sino que permitió tener un archivo electrónico para detectar las trampas realizadas por los aspirantes y no sólo limitar la verificación a que los datos registrales coincidieran con la lista nominal. Además, gracias a este procedimiento, hoy la autoridad cuenta con todos y cada uno de los archivos electrónicos, el registro de quiénes son los auxiliares que enviaron las firmas con irregularidades, de dónde las mandaron y hasta el la hora exacta en la que lo hicieron.

El INE repitió este mismo procedimiento con los aspirantes a cargos locales, a senadores y a la presidencia de la República. En el caso de senadores, no se detectó trampa entre quienes cumplieron con el umbral de firmas requerido. En el de aspirantes a la presidencia, que en principio habían cumplido con el número de apoyos recibidos, se encontró que el 41% de las firmas de Jaime Rodríguez (el Bronco) fue procedente; el 55% de Margarita Zavala y tan sólo el 14% de Armando Ríos Piter.

Tabla 1. Desglose de apoyos ciudadanos recibidos por Jaime Rodríguez, Armando Ríos Píter y Margarita Zavala

 

Jaime Rodríguez

Armando Ríos Piter

Margarita Zavala

Apoyos recibidos

2,034,403

1,765,599

1,578,774

(Duplicados mismos aspirante)

266,357

112,359

132,602

(En padrón pero no en lista nominal)

11,748

14,816

13,358

(Bajas del Registro Federal de Electores)

15,938

36,585

10,193

(No encontrados)

6,630

11,501

4,949

(Fuera del régimen de excepción)

1,869

26,316

704

(Inconsistencias)

508,453

414,959

327,456

Apoyos en la Lista Nominal (preliminar)

1,223,408

1,149,063

1,089,512

(Simulación)

158,532

811,969

432

(Fotocopias)

205,721

88,183

212,198

(Documento inválido)

23,644

6,265

6,714

Apoyos válidos

835,511

242,646

870,168

Fuente: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. INE

Ante la difusión de estos datos por parte de la autoridad electoral, los aspirantes han dicho que el INE ya había validado sus apoyos y que después este instituto realizó una revisión en la que no tuvieron acceso se “enteraron” de las irregularidades. Cabe recordar que el sistema, en efecto, les reportaba día a día la evolución de los registros encontrados en la lista nominal. Es decir, las firmas que se encontraban en el renglón “Apoyos en la Lista nominal (preliminar)” de la tabla 1. Lo que no es cierto es que se les hubiera dicho que eran firmas válidas pues siempre se mostró como “información pre-validada”. Si la autoridad electoral hubiera sido omisa, si no hubiera establecido controles de calidad en sus procedimientos y si no hubiera estado comprometida con realizar un trabajo exhaustivo para verificar la autenticidad del apoyo, esas firmas pre-validadas habrían formado el conjunto de apoyos válidos. Y la ciudadanía habría sido burlada.

A partir del 20 de febrero y hasta el 16 de marzo el personal del INE revisó la totalidad de los 3.4 millones registros de estos tres aspirantes. En esa tarea laboraron cerca de mil personas, en jornadas de ocho horas durante siete días de la semana. Aunque los aspirantes han dicho que se trata de una labor imposible, las matemáticas no fallan para demostrar que se hizo de forma sistemática: se asignaron 900 personas a esta tarea, durante 24 días, trabajando 8 horas, lo que da una revisión de 160 registros revisados por jornada, 20 por hora. Y como las simulaciones y fotocopias de credencial son fáciles de detectar se trató de un trabajo laborioso pero sencillo y pulcro.

Se dice también que el INE nunca “informó” a los aspirantes de estas irregularidades hasta el anuncio oficial en la conferencia de prensa del 16 de marzo. ¿El INE tenía que comunicar las irregularidades durante el proceso de análisis, de forma parcial y sólo a algunos afectados? O bien, tenía que esperar, como hizo, a terminar con la evaluación firma por firma de todos los apoyos para poder ofrecer los resultados completos y de forma general a la ciudadanía. Apegado a la ley, el INE hizo lo segundo. Y en pleno respeto al debido proceso, una vez realizado el anuncio, ofreció un plazo de cinco días a los aspirantes para la revisión in situ de sus registros y así tuvieran derecho a argumentar lo que a su derecho convenga.

La responsabilidad de cumplir con la ley era de los aspirantes —y de sus auxiliares, quienes finalmente fueron habilitatos por los propios aspirantes— y la del INE era verificar que se cumpliera de forma cabal con los requisitos legales.

El INE evitó una ruta de fraude a la ley, una tentativa de engaño a la autoridad electoral y un intento de burla a la ciudadanía. De los apoyos pre-validados entregados por los diputados, casi el 40% tuvo irregularidades. Las simulaciones representaron 8 de cada 10 casos irregulares. De los apoyos enviados por los aspirantes a la presidencia, casi la mitad fueron irregularidades. De éstas, 6.5 de cada 10 constituyeron una simulación.

La pretendida imagen de ciudadanos con amplia base social construida a partir de apoyos ficticios, se deterioró rápidamente para los burladores de la ley. Pero ello no debe opacar el reconocimiento de quienes, con las mismas normas, consiguieron apoyos válidos y verificables de la ciudadanía y estarán merecidamente en la boleta electoral compitiendo contra candidatos de partidos el próximo primero de julio.

Farah Munayer. Maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Leer completo

Ante la impugnación por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el lunes de la semana pasada, del nuevo acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar tener resultados del conteo rápido del Instituto el 1º de julio próximo, conviene analizar si, en efecto, existen elementos de carácter técnico o jurídico para revertir la ruta que la autoridad electoral ha construido para ofrecer información oportuna de la elección presidencial la misma noche de la elección.

Los conteos rápidos que realiza la autoridad electoral son ejercicios estadísticos que realizan proyecciones de los resultados de una elección a partir de una muestra representativa de los resultados de las casillas. Es decir, se toman datos reales de los votos depositados en las urnas, se transmiten a un comité técnico integrado por expertos quienes realizan la estimación y se la entregan al consejero presidente, quien tiene la obligación de hacer pública la información de inmediato. No es información que se desprende de entrevistas a los electores; no es el PREP (Programa de Resultados Preliminares Electorales) el cual captura las actas de resultados de todas —o casi todas— las casillas según su ritmo de llegada a las oficinas de la autoridad electoral y tampoco son los resultados definitivos.

Sin los instrumentos de información preliminar estaríamos condenados a esperar entre tres y siete días para conocer los resultados de la elección. Ese es el plazo que marca la ley para sumar y asentar los datos de las actas de escrutinio y cómputo y, en su caso, para recontar los votos.

Desde 1994, la autoridad electoral ha realizado cuatro conteos rápidos en elecciones presidenciales: en 1994, 2000, 2006 y 2012 para conocer los resultados de la elección de presidente de la República, además de que en 2003 y 2015 también hubo conteo rápido para conocer la conformación de la Cámara de Diputados. Concentrándonos en las elecciones presidenciales, como se observa en la tabla 1, todos los ejercicios han sido precisos y han coincidido con los resultados oficiales. Así, la prueba de ácido de una estimación estadística de resultados, el confrontarla contra el resultado del universo finalmente escrutado, se supera una y otra vez con creces.

Tabla 1. Comparativo de los resultados de los Conteos Rápidos y los Cómputos definitivos de las elecciones Presidenciales

Año

Partido

Conteos Rápidos

Cómputo distrital

1994

PRI

49.3% – 50.7%

48.69

PAN

26.8% – 28.2%

25.92

PRD

15.8% – 17.1%

16.59

2000

Alianza por el Cambio

39% – 45%

42.5

PRI

35% – 38%

36.1

Alianza por México

15.1% – 18%

16.6

2006

PAN

35.7% – 36.5%

35.9

Alianza por México

21.7% – 22.3%

22.3

Coalición Por el Bien de todos

35% – 35.7%

35.3

2012

PAN

25.1% – 26%

25.4

Coalición Compromiso por México

37.9% – 38.6%

38.2

Coalición Movimiento Progresista

30.9% – 31.9%

31.6

Vale la pena detenerse en el ejercicio de 2006. Si bien no se dieron los resultados de la elección por un acuerdo entre los consejeros electorales del entonces IFE y los partidos políticos,1 el ejercicio estadístico se realizó exitosamente. Aun con el estrecho margen de diferencia entre el primer y segundo lugar, aquel conteo rápido del IFE predijo con exactitud los resultados.

En todos estos años, los datos de los resultados de las casillas que han nutrido a los Conteos Rápidos han tenido diversos orígenes. En 1994 y 2000, la información se tomó de las mantas que se pegan al exterior de las casillas con los resultados; en 2006, se obtuvieron de las hojas de operaciones (que son el borrador de los funcionarios para después transcribir los datos en las actas); mientras que en 2012 y 2015, se extrajeron de las actas de escrutinio.

Estas decisiones han sido tomadas en función de quién es el responsable de recabar la información, así como de la rapidez con la que se puedan transmitir los datos. Como se ve en la tabla 1, la precisión del ejercicio no varía si la fuente es la sábana de resultados en el exterior de la casilla, la hoja de operaciones o el acta, pues todas estas fuentes tienen el mismo dato: cómo votó la ciudadanía en la casilla que integra la muestra.

En la actualidad, la ley señala que para llenar las actas de escrutinio los funcionarios tienen que contar los votos de las distintas elecciones. Es decir, para llenar el acta de presidente de la República tienen que esperar a que se terminen de contar las elecciones federales de senadores y diputados. Así, el legislador pretendía garantizar que no fuera a aparecer un voto mal colocado en una urna cuando ya se hubiera llenado el acta. Sin embargo, con la creación de la casilla única en 2014 —donde se cuentan los votos de las elecciones federales y locales—, ahora hay que esperar también a que se cuenten los votos de gobernador, legisladores locales y ayuntamientos antes de poder confeccionar las actas.

En las nueve entidades federativas donde se realizarán seis elecciones el próximo 1º de julio, el INE calculó que el envío de los resultados sería posible entre las 23:30 hrs y la 01:30 del día siguiente a la elección. Por ello, propuso que se repitiera la logística de 2006;2 es decir, que para el conteo rápido de 2018 los datos provengan de las hojas de operaciones y no de las actas. Esta decisión, que parecería un plurito logístico –y que de hecho así fue tomada hace 12 años-, ha causado la impugnación del PVEM por considerar que los documentos de donde se extraerá la información carecen de la formalidad que tienen las actas.

Sobre la confiabilidad, la experiencia institucional prueba que un buen conteo rápido puede basarse en los datos de las hojas de operaciones pues se trata del documento oficial donde se asienta el resultado de cada elección en la casilla antes de transcribirlo al acta correspondiente. De forma adicional, el INE ha previsto que se realizará una capacitación precisa sobre el llenado de las hojas de operaciones. Cabe precisar, además, que la muestra es precisamente eso y que en una elección presidencial ha abarcado entre un 5 y 6 por ciento del total de las casillas. Es decir, el conteo rápido se tomará de una de cada 20 casillas.

En términos legales, el INE tiene la facultad expresa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para decidir sobre la realización de los Conteos y esa norma prevé el uso de las hojas de operaciones.3

Existe un falso debate cuando se dice que en materia de conteo rápido hay una disyuntiva entre certeza y rapidez. La evidencia empírica señala que se puede hacer un conteo rápido de alta precisión a partir de la hoja de operaciones —qué mayor prueba de fuego que estimar con éxito los intervalos de votación de la elección presidencial más competida de nuestra historia, la de 2006— y tener el resultado a una hora oportuna: la estimación del conteo rápido en 2006 fue entregada por el comité técnico a las 22:15 horas del día de la jornada electoral.

El problema, entonces, fue que el resultado de ese ejercicio no se dio a conocer. Pero para 2018, el Reglamento de Elecciones del propio INE le obliga a hacer público el resultado del conteo rápido sea cual sea el escenario: si los intervalos de estimación no se cruzan o incluso si se sobreponen.

El silencio institucional en la difusión de resultados electorales puede generar incertidumbre, confusión y abonar el fértil campo de la especulación. El vacío informativo se llena, en un contexto de una escasa cultura de responsabilidad por parte de los actores políticos, con autoproclamaciones de triunfo y fake news. Corresponderá al Tribunal Electoral definir en qué escenario nos encontraremos en esas horas, cargadas de tensión, que seguirán al cierre de las casillas el primer domingo de julio próximo.

Farah Munayer. Maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.


1 Se había establecido con anterioridad que los resultados de los Conteos Rápidos que no se harían públicos los resultdos si no se cumplía la condición de que la diferencia entre el 1ro y 2do lugar fuera mayor a 1%.

2 Acuerdo por el que se Determina la Realización del Conteo Rápidos para las Elecciones de Titulares del Ejecutivo Federal y Locales para Conocer la Estimación de Las Tendencias de los Resultados de la Votación el Día de La Jornada Electoral aprobado el 28 de febrero de 2018.

3 Artículos 220 y 290 inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Leer completo