A continuación, se ofrecen algunos subrayados que buscan destacar los principales argumentos de las participaciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, en la sesión pública de los días 9 y 10 de abril de este año, donde se decidieron los asuntos de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y Armando Ríos Piter. El voto de minoría de estos magistrados se puede leer de manera completa aquí.


Janine M. Otálora Malassis

Garantía de audiencia

Yo no advierto violación a su garantía de audiencia ni expresión alguna del representante del actor, en el sentido de que no está pudiendo defenderse correctamente, ya que incluso en varias actas hace un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral.

Contrariamente a lo que sostiene el actor, en este mismo oficio se le pone: “Para mayor comprensión le comunico las siguientes precisiones” –estoy leyendo el oficio emitido por la autoridad responsable-, no lo voy a leer todo, únicamente voy a hacer referencia a que le va explicando al actor en qué supuestos se encuentran las inconsistencias: los duplicados, los que no están en el listado pero sí en el padrón y, voy al punto sexto, en donde dice: “Apoyos ciudadanos con inconsistencias”.

Y aquí dice la autoridad responsable: “Registros que carecen de alguno de los requisitos establecidos en la ley o en los lineamientos mencionados, imágenes que no corresponden a una credencial para votar, firma que no coincide con la de la credencia para votar, fotocopia de la credencial para votar, otra credencial diversa a la de votar, sin firma que no se haya registrado en la app, cédula sin leyenda y cédula en copia”. Es decir, al actor se le fue detallando en qué consistían estas inconsistencias.

Finalmente, se le dice al final del oficio: “Estas cifras pueden sufrir modificaciones y tener un impacto en la determinación final respecto a si usted cumple o no con el porcentaje de apoyo”. Es decir, se le está diciendo de manera expresa que el millón 200 mil firmas que están en el listado nominal podrán sufrir modificaciones.

Y al final, y se le da una dirección en donde puede él verificar folio por folio en qué estado se encuentran sus apoyos. En el último párrafo del oficio se le dice que está en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia durante los cinco días subsecuentes. Esta garantía de audiencia no la ejerce el actor.

Recuperó algunos y solicitó una revisión total de todos sus apoyos, a lo cual el Instituto Nacional Electoral le contestó que no se le podía conceder de manera favorable, pero no porque no tuviera las posibilidades técnicas el Instituto Nacional Electoral, sino que se le contestó de la siguiente manera: “El otorgar su petición podría resultar en una condición de inequidad frente a los demás aspirantes, dado que en ningún caso se ha permitido retrotraerse a una etapa concluida”; es decir, ya se le había dado la garantía de audiencia, pidió que se le volviera a dar y, en este caso, es donde no se la dan y me parece que con un criterio que yo comparto.

Para mí es una congruencia en este criterio, reiterar que sí se respetó la garantía de audiencia; no fue ejercida plenamente por el actor, pero la autoridad responsable no violó en momento alguno su garantía de audiencia.

Confianza legítima

En este caso se requiere de diversos requisitos para que se dé esta confianza legítima; es decir, tiene que haber un acto de una autoridad administrativa para que durante un tiempo prolongado genere la confianza en que la situación del ciudadano, del justiciable, se mantendrá. Aquí no se ha dado el transcurso de un tiempo prolongado.

Y yo aquí me pregunto, de ser aprobada la propuesta que nos formula el magistrado Fuentes Barrera, ¿en qué situación quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del Instituto Nacional Electoral, de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar.

Pero había otra etapa, que validamos además, que era verificar la autenticidad del apoyo ciudadano, ¿y cómo se verificaba esta autenticidad que es fundamental para poder constituir una candidatura independiente? Era revisando que se hubiesen capturado originales de la credencial de elector sin que fuesen copias o simulaciones de las mismas.

Manejo de la información

En efecto, en todo proceso electoral, está a prueba la calidad ética y moral, así como la debida diligencia de las y los contendientes; pero también la debida diligencia de las autoridades electorales.

Aun cuando el estudio de este agravio resulta insuficiente para satisfacer la pretensión de los actores, me parece pertinente señalar que en un Estado Democrático es necesario que las y los servidores públicos guarden prudencia respecto de los asuntos sometidos a su consideración.

Conforme con el principio de presunción de inocencia, quienes participaron en la conferencia de prensa debieron ser prudentes en sus conclusiones y no vincular directamente a los aspirantes con una supuesta simulación de credenciales para votar.

Por tanto, resulta deseable que las y los funcionarios electorales guardaran prudencia y discreción en torno a los asuntos de su competencia, con miras a salvaguardar los derechos fundamentales de votar y ser votado, de manera tal que la información que proporcionen a los medios de comunicación no incluyan juicios de valor sin que antes se haya resuelto un asunto de manera definitiva.

La libertad de expresión de las y los servidores públicos y su deber de informar no puede dar lugar a que los temas se aborden con liberalidad tal que se provoque o genere en una percepción negativa de asuntos no concluidos. Y quiero aquí recordar que  las decisiones de las comisiones, en el caso particular del asunto del que estamos hablando, son definitivas hasta que las apruebe el propio Consejo General.

Por ello, todas aquellas personas que intervenimos en este histórico proceso electoral, sobre todo quienes desempeñamos un rol de autoridad, debemos conducirnos con la debida diligencia de modo que, aún en ejercicio de nuestra libertad de expresión y en aras de una total transparencia, evitemos una predisposición a animadversión a determinadas personas o situaciones.

Conclusión

Estas son las razones que me llevan a separarme del proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera, teniendo además la inquietud de que el cruce de firmas en el supuesto de que se le dé el registro a Jaime Rodríguez, ya no habría el cumplimiento de la norma que establece el cruce de firmas entre los candidatos a la Presidencia de la República.


Felipe de la Mata Pizaña

Puntos a favor del proyecto

Concuerdo con que son infundados los agravios que combaten la facultad reglamentaria del INE para dictar los Lineamientos de verificación pues, como acertadamente lo dice el proyecto, el INE sí tenía la facultad de emitirlos y legítimamente reguló el sistema de cruce de apoyos para darle sentido y utilidad, a fin de verificar de manera ágil y certera los apoyos duplicados.

Comparto que es infundada la inconstitucionalidad de los Lineamientos para la verificación del apoyo ciudadano.

Concuerdo con que la mesa de control cuenta con los insumos necesarios para verificar la certeza y validez de los apoyos ciudadanos y que cualquiera de las áreas o personal que las conforman, cuentan con atribuciones suficientes para realizar las tareas de verificación.

Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en cuanto a que, frente a las diversas inconsistencias y simulaciones que se presentaron, la autoridad podía cotejar los apoyos durante todo el proceso de revisión; tanto de verificación cuantitativa, donde se revisaba de manera automatizada que los apoyos correspondan a ciudadanos registrados en el padrón nominal, como de verificación cualitativa, revisando que no hubiera inconsistencias tales como simulación de credenciales para votar o apoyos obtenidos de fotocopias.

Puntos en contra del proyecto

A mi juicio sí se garantizó el derecho de audiencia del postulante durante el proceso de verificación de los apoyos ciudadanos, pero el actor decidió no ejercerlo de manera oportuna en una de las fases establecidas en los lineamientos.

En efecto, el postulante tuvo, en todo momento, la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.

En efecto, a partir del primer oficio mediante el que se le notificó al actor el resultado de la verificación preliminar, se le advirtió expresamente que los apoyos validados iban a ser revisados, incluyendo la revisión de los expedientes electrónicos. También se le notificó que podía revisar esa información preliminar y ejercer su derecho de audiencia.

La autoridad fue muy clara en que eran resultados preliminares sujetos a revisión y que él podía impugnarlos.

No obstante, aun cuando fue notificado por oficios de 16 y 21 de marzo, en los que se le informó que esos resultados podían volver a ser revisados y que podía solicitar la audiencia respectiva, lo cierto es que no impugnó esa revisión.

Como se advierte, el ahora enjuiciante tuvo garantizado su derecho, pero decidió no hacerlo en el momento procesal oportuno, esto es, determinó no ejercer su derecho de audiencia en la fase de verificación preliminar.

A pesar de lo anterior, el actor lejos de defender y acudir a la diligencia para subsanar los apoyos, de manera libre e informada, determinó no comparecer, posiblemente por considerar que contaba con los apoyos suficientes, aunque esta cuestión podía cambiar y, de hecho, cambió posteriormente.

En ese sentido, a mi juicio el aspirante debió ejercer su garantía de audiencia en cada una de las fases de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por otra parte, disiento de la interpretación que se hace en relación con la “carga de la prueba” que delega al INE toda la responsabilidad de aportar los elementos probatorios para hacer una revisión de la calificación de los registros, estando presente el aspirante.

Conforme a los principios aplicables considero que la carga de la prueba le corresponde también al aspirante, quien cuenta con los reportes de los apoyos obtenidos y con el respaldo electrónico en el cual puede verificar la información. Eso independientemente de otros controles que él pudo haber generado de manera personalísima sin estar obligado a ello y por lo mismo siempre estuvo en la posibilidad de tener los soportes que fueran necesarios al efecto.

Igualmente, me aparto de la interpretación relativa a que los resultados preliminares generaron una “confianza legítima” al postulante porque le generaron una expectativa respecto a los resultados del apoyo ciudadano.

A mi juicio, de la jurisprudencia de la Segunda Sala, citada también por el proyecto, la “confianza legítima” se refiere a actos administrativos que tienen una presunción de legalidad pero sobre todo por ser unilaterales e irrevocables. A diferencia de ello, la autoridad electoral expresamente especificó que los resultados preliminares eran revocables, es decir modificables y sujetos justamente a análisis, bilateral tanto por la autoridad como por el aspirante si ejercía su derecho de audiencia en todas las fases.

En todo caso, la confianza o certeza se construye una vez concluidas las etapas de verificación, examinadas plenamente por el INE y revisada también por el aspirante en la medida en que él hubiera ejercido su derecho en el momento oportuno.

Tampoco comparto las consideraciones relativas a la reparación del daño que realiza el proyecto, pues sostiene que de acuerdo con una reparación integral es necesario ordenar al INE tener por acreditado que el aspirante alcanzó el umbral del apoyo del ciudadano.

Estimo que no se vulneró el derecho de audiencia del postulante y, aún en el supuesto (que no comparto) de que fuera necesario reparar su derecho, jurídicamente ello no tendría el alcance de tener por acreditado el requisito del umbral, sino, en su caso, volver a verificar los apoyos registrados.

Actuación de los funcionarios del INE

Personalmente considero que algunos funcionarios del INE posiblemente actuaron inadecuadamente durante el procedimiento.

Pero no genera una vulneración al proceso de obtención de apoyos y revisión de los mismos, porque no pone en duda intrínsecamente los resultados de la verificación en tanto que ésta, ya había concluido, me parece que en todo caso podría ser una causa de responsabilidad.

Conclusión

En fin, para ir concluyendo establecería que a mi juicio lo que es relevante en el presente asunto es si el aspirante obtuvo los apoyos suficientes o no, para alcanzar el umbral requerido, por muy mínima que sea la diferencia, sea 1 o 16,656 como actualmente se encuentra acreditado, esto es, si se han cumplido o no los requisitos establecidos por la ley y por esta Sala Superior.

Sin embargo, el demandante no impugna de manera específica los apoyos que se consideran inválidos, se limita a poner en duda de manera genérica el proceso de verificación desarrollado por el INE, pero sin cuestionar de manera concreta los apoyos invalidados.


Reyes Rodríguez Mondragón

Garantía de audiencia

Los aspirantes estuvieron en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia en relación con la totalidad de las manifestaciones de apoyo que fueron desestimadas por la autoridad electoral, tanto en la dimensión cuantitativa, o sea, en la que se verificó si los apoyos se encontraban en la lista nominal, como en la cualitativa, o sea, cuando se revisó que esos apoyos que estaban en la lista nominal tuvieran un respaldo real, es decir, que fueran auténticos. Los aspirantes tuvieron la posibilidad de revisar en tiempo real, a través del portal web para verificar los apoyos cargados en el sistema, el estatus preliminar de sus apoyos, pero también a través de diversas audiencias.

Por lo tanto, contrario al proyecto que se somete a nuestra consideración, considero que sí se garantizó este derecho y que no existen motivos o justificaciones que lleven a la conclusión contraria.

Confianza legítima y decisión de otorgar el registro

No comparto esta conclusión, pues estimo que en ningún momento se generó la supuesta confianza legítima a la que se refiere el proyecto.

Considero que ambas ideas son jurídicamente incompatibles, es decir, si se reconoce que el veintiséis de febrero únicamente se informó al actor que un número determinado de apoyos se encontraban en el listado nominal, pero estos no necesariamente serían considerados válidos porque faltaba verificar los expedientes electrónicos respectivos, me parece inviable sostener que esa circunstancia haya generado una confianza legítima en el actor respecto a que había obtenido el porcentaje de apoyo necesario para que le fuera concedido su registro.

Bajo esta perspectiva, tampoco tendría sentido reconocer, como lo hace el proyecto, que el INE tiene la facultad en todo momento de verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos, pues si en algún momento informa preliminarmente que determinados apoyos se encuentran en el listado nominal, generaría una expectativa que, conforme al proyecto, no es posible modificar posteriormente.

Por último, en el proyecto se afirma que dado que un alto número de apoyos desestimados preliminarmente fueron subsanados (8.04 %), se desprende una presunción válida de que con la revisión de los apoyos faltantes el actor alcanzaría el umbral necesario para obtener el registro. A partir de ello se determina ordenar a la autoridad electoral el registro de la candidatura independiente a la Presidencia de la República del promovente.

No comparto esta consideración, por tres razones principales: i) la importancia de verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos; ii) el alto porcentaje de apoyo de irregularidades no subsanadas, y iii) la posible existencia de una falacia de generalización apresurada.

Me parece que una presunción como la que se propone constituye una generalización apresurada, pues a partir de un hecho aislado (rectificación del 8 % de los apoyos irregulares detectados), se concluye que dentro del universo restante de apoyos irregulares no convalidados la autoridad calificó incorrectamente un número determinado, para lo cual no existe evidencia suficiente.

Además, como un aspecto adicional, me parece que es incorrecto ordenar que –en automático– se registre la candidatura independiente del aspirante, pues, para determinar la procedencia de una postulación a través de esa vía, la autoridad electoral debe valorar aspectos adicionales a la obtención del porcentaje de apoyo de la ciudadanía, como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de las obligaciones en materia de fiscalización, lo cual se pasa por alto en el proyecto.

Cultura política, candidaturas independientes y políticas públicas judiciales 

¿Cómo es la cultura política prevaleciente en nuestro país? Considero dos aspectos para destacar la relevancia de esta decisión desde la perspectiva de la cultura política: el primero es la cultura de la legalidad, porque tiene que ver con la forma en cómo se consiguen los apoyos ciudadanos para obtener una candidatura independiente. El segundo es el grado de confianza en las instituciones, porque las conductas de los candidatos en general y en este caso, de los aspirantes independientes, pueden incidir directamente en la generación o lesión de la confianza en la política.

Los defectos de la cultura política no se concentran en candidatos de partidos o en candidatos independientes. La cultura política es trasversal a quien participa en política. Precisamente por ello, y por la alta expectativa que han generado las candidaturas independientes, este tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que resulten irregulares en la etapa de recolección de apoyos ciudadanos y que constituyan un retroceso democrático en una figura que teóricamente tendría que fortalecer la democracia.

Conclusión

Así, votaré en contra del proyecto, en primer lugar, porque considero que el quejoso sí tuvo la oportunidad de revisar, de acuerdo al procedimiento previsto, todos los apoyos cuestionados; en segundo lugar, porque no estoy de acuerdo en que a partir de la comunicación preliminar de lNE sobre los apoyos que estaban en el listado nominal se desprenda confianza legítima, y a partir de  allí un derecho de ser registrado como candidato independiente; y en tercer lugar, porque considero que este tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que pudieran constituir un retroceso democrático en una figura como las candidaturas independientes, que teóricamente tendría que fortalecer la democracia.

Janine Otálora. Magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF.

Felipe de la Mata. Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

Reyes Rodríguez. Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

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Introducción

• En las elecciones del 2018 estarán en juego más de 3,400 cargos, entre los cuales, en el ámbito local, justamente se encuentran 9 gubernaturas, 972 diputaciones locales y 1,797 integrantes de instituciones municipales.

• Las elecciones de este año tendrán entonces un importante impacto en los gobiernos locales; por ello, es necesario prestar atención especial a la institucionalidad propia de ese ámbito.

• En esta exposición, me referiré a los tribunales electorales locales, específicamente, a cómo su autonomía institucional ha sido tutelada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Facetas de la autonomía de los tribunales

• La autonomía de un tribunal puede analizarse al menos desde dos facetas distintas.

• Por un lado, puede analizarse desde la posición personal de los juzgadores, como consecuencia del derecho de acceso a la justicia. Y, por el otro lado, puede verse desde la perspectiva netamente orgánica, es decir, desde la facultad que debe tener un tribunal de defender sus competencias.

La reforma del 2014 y el federalismo judicial electoral mexicano

• Antes de la reforma constitucional del 2014, los ordenamientos locales seguían generalmente un esquema de designación de magistrados a partir de propuestas de los gobernadores de los estados

• En cambio, por virtud de esa reforma, la Constitución federal prevé que los tribunales locales deben ser integrados por la Cámara de Senadores.

• Por otro lado, el artículo 116 de la Constitución establece la autonomía de los poderes judiciales de los estados de la República.

• El mismo precepto, al referirse a la función electoral, la instituye de manera separada a esos tres poderes: no los hace parte orgánica de los poderes judiciales locales, lo que significa que guardan un estatus de órganos jurisdiccionales especializados autónomos.

• Con el propósito de homologar la composición de los tribunales, la reforma del 2014 previó su integración impar, entre tres a cinco magistrados, que durarán en su encargo siete años, de acuerdo con lo que establezcan las Constituciones de cada estado.

• La actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) dispone, de manera expresa, que los tribunales electorales no forman parte de los poderes judiciales locales.

La reforma incompleta de los tribunales electorales locales: la falta de un mecanismo garante de su autonomía institucional

• Se constata una regulación incompleta para garantizar la autonomía e independencia institucional de los tribunales locales, a partir de la reforma político-electoral del 2014.

• Lo anterior, da lugar a diversas preguntas para la reflexión: ¿Está efectivamente garantizada la autonomía desde una perspectiva orgánica? ¿Hay garantías presupuestales de los tribunales electorales locales? ¿El plazo de siete años previsto para el cargo de magistrado local es fijo? ¿A quién corresponde fincar responsabilidades, y lineamientos de carácter laboral, respecto los magistrados locales?

• De principio, puede afirmarse que no se previeron mecanismos adecuados y precisos respecto a su régimen institucional, organizacional y presupuestario, circunstancias que han sido utilizadas por los gobernadores locales para tratar de incidir en su estabilidad e independencia.

Si esas son las condiciones prevalecientes, ¿cuáles pueden ser las soluciones al respecto? Ajustar la reforma o, más bien, fortalecer la línea jurisprudencial del TEPJF en el sentido del fortalecimiento de la autonomía y la justicia electoral local. Como veremos, se ha avanzado en la búsqueda de soluciones en este último sentido.

Autonomía de los tribunales desde la perspectiva funcional y tutelar de los derechos políticos

• La independencia funcional y la capacidad para tomar sus propias decisiones sin injerencia o sometimiento a órganos diversos, es la quintaesencia de un órgano jurisdiccional.

• En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y estado de derecho en las Américas (2013), se apoya la propuesta de que la legislación incluso establezca un porcentaje fijo para el presupuesto de los órganos jurisdiccionales, de tal manera que este no se vea mermado bajo ninguna circunstancia ajena a sus necesidades.

Autonomía de los tribunales desde la perspectiva orgánica

• Debe existir una correlación entre una competencia y una capacidad defensiva de esa competencia; es decir, debe haber una forma de hacer efectiva la defensa de una atribución conferida por la Constitución.

• La incompletitud de la reforma electoral se acentúa con la falta de vías expeditas y adecuadas de defensa de la autonomía jurisdiccional.

Líneas jurisprudenciales de la Sala Superior que fortalecen la autonomía e independencia de los tribunales electorales locales

¿Pueden analizarse los problemas presupuestales de los tribunales locales en la justicia electoral?

• En el SUP-JE-64/2017, el Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes controvirtió el decreto mediante el cual se reformaba el presupuesto de egresos para dotar de recursos a este tribunal. Los magistrados locales aducían que el presupuesto aprobado no atendió las necesidades reales de la instalación y debido funcionamiento del órgano (en específico, los salarios de los magistrados).

• A pesar de que se confirmó el decreto impugnado, resulta interesante que se analizó el fondo de la cuestión, esto es, si el presupuesto y salarios de los magistrados eran insuficientes y atentaban contra los principios de la autonomía e independencia de la función jurisdiccional electoral.

• Lo importante del caso es que se abrió con claridad una vía para la impugnabilidad de estos aspectos centrales para la defensa de la autonomía presupuestal.

• En el SUP-JE-76/2017, la Sala Superior del TEPJF conoció de una demanda del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, en contra del Gobernador y el Congreso de dicha entidad. Básicamente, el tribunal electoral local reclamaba que el ejecutivo local había sido omiso en entregarle parte de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos, así como en tramitar y entregarle una ampliación presupuestaria.

• Dada la ausencia de constancias relativas a pagos, la Sala Superior ordenó al ejecutivo local contestar de forma fundada y motivada sobre los adeudos (es decir, si procedía el pago) y dar trámite a la ampliación presupuestaria.

• Ello permitió obtener una respuesta a las pretensiones del tribunal local y dejó a salvo la posibilidad de impugnar de nueva cuenta si dicha respuesta llegaba a ser desfavorable.

• Finalmente, en el SUP-JE-1/2018, la Sala Superior del TEPJF resolvió una impugnación del Tribunal Electoral del estado de Morelos en contra del Gobernador y el Congreso de esa entidad federativa. El tribunal local reclamaba que el Gobernador había modificado el anteproyecto del presupuesto de egresos formulado por el propio tribunal, sin contar con competencia para ello.

• Se realizó un estudio de las facultades del Gobernador y se concluyó que éste no podía modificar el anteproyecto del Tribunal local, por lo que debía remitirlo al Congreso estatal para que resolviera lo conducente y, en su caso, impactara ajustes al presupuesto de egresos.

La defensa de la integración del tribunal (imposibilidad de remoción mediante juicio político)

• En el caso del SUP-JDC 259/2017 y acumulados, algunos magistrados impugnaron la determinación asumida por la legislatura del Congreso local mediante la cual inició el trámite de juicio político contra los magistrados locales. La Sala Superior revocó la decisión porque el Congreso local carecía de facultades constitucionales para hacerlo.

• Se consideró que, a partir de la reforma de 2014, se buscó salvaguardar la autonomía de los tribunales locales y que en el nombramiento y remoción de sus integrantes, así como en la gestión en su funcionamiento, no podía haber injerencia de órgano o poder estatal alguno.

• En ese sentido, el órgano facultado para realizar un eventual juicio político sería el Congreso de la Unión federal: la Cámara de Diputados (órgano acusador) y la de Senadores (órgano de sentencia).

La posibilidad de elegir a un mismo magistrado local para un nuevo periodo, por parte del Senado de la República

• En el SUP-JDC-1147/2017 se analizó la facultad del Senado para designar como magistrada electoral local a una persona que desempeñó el cargo en una época previa. La Sala Superior resolvió confirmar la designación realizada por el Senado al no existir una prohibición en ese sentido, si las cualificaciones de la persona son las idóneas para el cargo.

• Se estimó que, si bien para los magistrados electorales locales, la Constitución y la ley no establecen el supuesto de ratificación o reelección, a través de las cuales pueda generarse una inamovilidad, ello no implica una prohibición para que el Senado designe para un nuevo periodo a un magistrado que previamente se había desempeñado en esa función.

La defensa de su autonomía interna respecto a la designación del titular de su contraloría

• Al respecto, destaco el SUP-JE-7/2018, resuelto el pasado nueve de marzo de este año. En el caso, el presidente del Tribunal Electoral del estado de Morelos controvirtió la designación del contralor del referido tribunal, realizada por parte del Congreso local.

• La Sala reiteró precedentes existentes al respecto y estimó que, efectivamente, el hecho de que el Congreso local designase al titular del órgano interno de control del tribunal electoral local, vulneraba los principios de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

La protección a la remuneración personal de los magistrados

• En el SUP-JDC-184/2016, se impugnaba un ajuste en las percepciones de los magistrados electorales locales por falta de aprobación de una ampliación presupuestal. Así, a pesar de que éstos tenían derecho de ser retribuidos conforme al monto máximo del tabulador de salarios que perciben los magistrados del Poder Judicial, sus sueldos sufrirían un ajuste temporal.

• La Sala Superior, al tutelar la faceta salarial de la independencia de los magistrados, ordenó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, así como al Congreso local, que hicieran las gestiones y trámites necesarios para otorgar la ampliación presupuestal a fin de pagar retroactivamente la remuneración íntegra de los magistrados electorales.

Consideraciones finales

• Los casos narrados en esta exposición muestran que, a golpe de sentencias, la Sala Superior ha intentado contribuir a la reparación de una importante omisión de la reforma constitucional de 2014, así como de las carencias de nuestro esquema procesal.

• Adicionalmente, es loable que los tribunales locales hayan decidido crear una asociación nacional que les permite hacer frente de manera conjunta a problemas comunes: la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATERMAC), con la cual se ha implementado una estrategia para la certificación de sus calidades de tribunal abierto (buenas prácticas judiciales) y de carrera judicial nacional en materia electoral.

• El fortalecimiento de la autonomía de los tribunales locales implica el fortalecimiento de la democracia mexicana, por su trascendente competencia.

Felipe de la Mata Pizaña. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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