Después de los derechos de los docentes ante la reforma educativa, la otra gran discusión que tuvo la Suprema Corte al respecto fue definir el entramado de competencias del nuevo sistema educativo entre la federación y las entidades federativas. ¿Qué le corresponde a cada uno de estos niveles de gobierno? Esta fue justo la pregunta clave que contestaron los ministros a partir de una serie de controversias constitucionales presentadas durante este año de 2015.


reforma

El pasado viernes 25 de septiembre de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación, fueron publicados los criterios jurisprudenciales derivados de diversos amparos mediante los cuales se impugnaron las limitaciones a los derechos de trabajadores de la educación impartida por el Estado.

En suma, la Corte determinó su validez constitucional y convencional, pues el interés social prevalece sobre el individual. Además, el derecho humano a recibir una educación de calidad merece una protección más amplia y progresiva, además de requerir garantías más eficaces.

Tras haber definido el contenido y alcance de los derechos, el Pleno de la Corte recién delimitó los ámbitos competenciales de aquellos órganos del Estado facultados para incidir en la esfera jurídica de los gobernados en materia de evaluación educativa.

La federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, representado por el Consejero Jurídico, presentó varias controversias constitucionales durante abril de 2014 en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de Zacatecas (48/2014), Baja California (47/2014), Michoacán (39/2014), Chiapas (37/2014), Morelos (63/2014) y Sonora (40/2014), alegando la invalidez de diversos preceptos de las leyes educativas locales por incompetencia del órgano legislativo.

A los poderes de Oaxaca (38/2014) se les reclamó su conducta por omisión. Por su parte, los municipios de Churintzio (41/2014) y Tingambato (34/2014) de Michoacán, lo hicieron en contra de los poderes de esa misma entidad. La discusión y resolución se suscitó entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre de 2015.1

El argumento toral que sustentó su resolución fue estrictamente competencial, como puede concluirse a partir del funcionamiento propio del mecanismo de control constitucional utilizado: controversias constitucionales. Así, respecto la controversia 48/2014, cuyo ponente fue la ministra Luna Ramos y resuelta el 28 de septiembre,2 la Corte sostuvo que:

– Conforme a los artículos constitucionales 3°, fracción VIII y 73, fracción XXV, la materia educativa, en general, ha sido y continúa siendo una competencia concurrente.

– Para cumplir con los criterios materiales educativos exigidos por la fracción II del artículo 3° –principalmente el inciso d) adicionado, referente a la calidad–, se creó un Sistema Nacional de Evaluación Educativa y un instituto autónomo encargado de su operatividad, mediante la reforma a su fracción III y la adición de la fracción IX.

– Para desarrollar normativamente el nuevo sistema a nivel legal, se adicionó una primera oración a la fracción XXV del artículo 73 constitucional, que facultó al Congreso de la Unión para establecer el Servicio Profesional Docente.3

– Los artículos mencionados introdujeron modalidades a la materia educativa, creando así regímenes competenciales diferenciados. Por un lado, el régimen laboral quedó prácticamente intocado, pero se creó un peculiar y novedoso régimen administrativo, relativo a las condiciones de ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento, propias del Servicio Profesional Docente.

La Corte determinó que, en aras de unificar y coordinar la función educativa en el país, y de contar con un sistema educativo nacional regido por el criterio de calidad, la regulación de esta nueva área jurídica corresponde exclusiva, estricta y totalmente al orden federal. A éste compete, como hasta ahora, el dictado de los lineamientos generales a partir de la Ley General de Educación, pero también establecer el Servicio Profesional Docente mediante la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y crear al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a través de su ley orgánica. La totalidad de los ministros coincidió con esta propuesta.4

Bajo la interpretación del ministro Pérez Dayán, el régimen jurídico de los trabajadores de la educación impartida por el Estado fue modificado sustancialmente a raíz de las reformas constitucionales, pero no en todos sus elementos. El aspecto laboral se dividió en laboral estricto y en administrativo, relativo a las condiciones de ingreso, promoción, etc.

El primero continúa siendo concurrente, mientras que “en el régimen estrictamente administrativo del SPD no hay ningún tipo de concurrencia”.5 Así, de la lectura textual del artículo 124 constitucional, se desprende que el órgano reformador de la Constitución excluyó a las legislaturas locales mediante el otorgamiento expreso de la facultad al Congreso federal.

Pero, entonces, ¿qué le compete al legislador local? 1) Adecuar su legislación a las nuevas disposiciones de la Constitución; 2) obligado por el artículo Tercero transitorio de la LGSPD, armonizar su legislación con base en ella; 3) hacer operativo el nuevo sistema educativo nacional, sin exceder sus facultades ni normar aspectos relativos al Servicio Profesional Docente –ya normados por la Federación. Es decir, sólo les corresponde realizar las adecuaciones administrativas pertinentes.

Si la ley local reitera lo dispuesto por la ley general y, por mayoría de razón, si establece modalidades a los derechos y obligaciones ya previstos, invadirá la esfera competencial federal. El segundo supuesto posibilitará, incluso, la tergiversación del sistema a partir de una operatividad distinta de la planeada.

Con base en los argumentos expuestos, se declaró la invalidez de los preceptos impugnados, pero también se hizo extensiva a otras secciones de las leyes educativas estatales que normaban aspectos ya contemplados por el legislador federal, o que atribuían diversas competencias a los órganos locales.

Al respecto, algunos ministros, como Gutiérrez, Cossío, Sánchez y Pardo, identificaron la necesidad de distinguir a los regímenes que continúan siendo concurrentes, de aquellos que ya han excluido la facultad normativa estatal.6 Por ende, la extensión de los efectos invalidantes sobre las leyes locales fue propuesta y analizada específicamente en cada proyecto.

Todas las controversias constitucionales fueron regidas por la misma línea argumentativa, pero algunas presentaron particularidades que ameritan consideración. A través de la controversia 38/2014, promovida en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de Oaxaca, no se reclamó la legislación deficiente sino su ausencia. Esto es, se impugnó la omisión legislativa.

El ministro ponente en este asunto, Pardo Rebolledo, reiteró que además de las obligaciones constitucionales en este aspecto de la materia educativa, el artículo tercero transitorio de la LGSPD otorgó un plazo de seis meses para ajustar la legislación local –el cual concluyó en marzo de 2014. A la fecha de la discusión, el gobernador oaxaqueño ya había presentado una iniciativa, pero se consideró insuficiente para subsanar tal omisión. Dado que el producto legislativo final aún no existía, la obligación permanece incumplida y, por lo tanto, la omisión persiste.

Fundado en los criterios de las controversias 80/2004 y 84/2010, la Corte determinó la inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta, al haber incumplido mandatos expresos constitucionales y legales.7 La resolución obliga a los poderes locales a emitir la regulación estatal en materia educativa, a fin de armonizarla con la reforma constitucional y las leyes generales.8

La controversia constitucional 39/2014 reiteró los criterios ya delineados, pero dio la oportunidad al ministro ponente, Zaldívar, de expresar sus propias razones. Según él, el artículo 3° constitucional establece tres sistemas en materia de educación: 1) en su fracción VIII, el clásico federalismo, 2) en su fracción III, la competencia federal exclusiva en materia de Servicio Profesional Docente y; 3) en su fracción IX, un ámbito de coordinación en materia de evaluación.9

Bajo su óptica, la invalidez podría derivarse no sólo de la invasión a la esfera federal, como es el caso, sino de la violación a las atribuciones expresas del instituto evaluador. No obstante, compartió la postura mayoritaria en el sentido de que las entidades federativas están obligadas por mandato constitucional y por las leyes generales a armonizar su legislación local.

Por último, las controversias constitucionales 41/2014 y 34/2014, promovidas por los municipios michoacanos, se resolvieron bajo criterios similares, pero abordaron cuestiones adicionales. Además de impugnar la emisión de la ley educativa local, también combatieron el proceso que le dio origen, así como la omisión de modificar el presupuesto de egresos –para el ejercicio fiscal 2014–, con el objeto de contemplar los recursos necesarios para cumplir con las atribuciones previstas en dicha ley.

En ellas, se determinó sobreseer el reclamo presupuestal debido a la temporalidad anual ya acaecida, e invalidar el proceso legislativo por vicios formales, puesto que no se respetó el derecho de participación de las minorías, no se garantizó las condiciones de deliberación adecuadas, además de que la discusión y deliberación no fueron públicas. Conforme al último párrafo de la fracción I del artículo 105 constitucional, se determinaron efectos de la sentencia relativos únicamente a los municipios impugnantes.

Por último, vale señalar que en una reciente declaración, el actual secretario federal de educación pública, la reforma educativa fue “una reforma política, sin lugar a dudas, y como tal cambia temas administrativos y laborales, pero no se reduce a eso; por eso tiene tal impacto, porque transforma las relaciones políticas dentro del sistema educativo”.10

En este sentido, el gobierno de Peña Nieto utilizó eficazmente el arma jurídica que son las controversias constitucionales para proteger su interés político en la reforma educativa. Los ministros, por su parte, parecieron estar ante un caso claro, poco controversial. Enviaron un mensaje unánime y contundente a la sociedad y a las autoridades locales: el proceso evaluativo de los docentes recae exclusivamente en la esfera federal.

Gustavo Eduardo Marín Hernández. Egresado de la carrera de Derecho del ITAM.


1 Más tarde, entre el 20 y 22 de octubre, se resolvió la CC 40/2014.

2 En un primer momento, el ministro Franco alzó la duda procesal sobre si el Poder Ejecutivo se encontraba legitimado para interponer la controversia. Luna aceptó la falta de claridad del concepto de invalidez formulado, pero suplió la deficiencia para determinar la procedencia, y estimó que el Ejecutivo Federal no estaba realmente defendiendo el ámbito competencial del INEE, sino el de la Federación para legislar sobre la materia, frente a las legislaturas locales. La propuesta recibió el respaldo unánime y se resolvió que sí contaba con legitimación activa.

3 “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: […] XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3°; […].”

4 Según el ministro Cossío Díaz, “el SPD y todo lo relacionado con eso se federalizó completa y absolutamente”, versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte, 22 de septiembre de 2015, p. 6.

5 Ministro Alberto Pérez Dayán, versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte, 22 de septiembre de 2015, p. 9.

6 Por ejemplo, el ministro Cossío aceptó, para los estados, la existencia de una “competencia muy residual en términos rigurosamente operativos”, versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte, 28 de septiembre de 2015, p. 28.

7 Luna y Franco compartieron el sentido de la resolución, pero no las razones, y reiteraron sus reservas ya conocidas: 1) la omisión legislativa no es reclamable en CC, 2) la inconstitucionalidad deviene del incumplimiento de un mandato constitucional expreso.

8 A más tardar, durante su siguiente período de sesiones. En caso de que el contenido no se adecue, eventualmente se podrá analizar a través de los medios jurídicos correspondientes, como la controversia constitucional.

9 Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte, 28 de septiembre de 2015, p. 27.

10 Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, Periódico La Jornada, lunes 7 de septiembre de 2015, p. 16.

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Hace unos días, finalmente concluyó la Suprema Corte de discutir algunos de los aspectos neurálgicos de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Más allá de la postura que se tenga respecto esta reforma, es de suma relevancia desmenuzar los argumentos de los ministros de la Corte para resolver estos asuntos. Se trata, sin más, de la primera reforma estructural sometida a escrutinio constitucional, con todo lo que esto implica para el futuro de la educación en el país.


constitucional

El 26 de febrero de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó los artículos 3°, fracciones II, III, VII, VIII, IX, y 73, fracción XXV, de la Constitución. El primero fija los criterios del sistema educativo —democrático, nacional, de calidad, etcétera— y establece la obligatoriedad de la evaluación docente para garantizarlos. El segundo atribuye la competencia exclusiva al Congreso federal para establecer el servicio profesional docente.

Esta reforma constitucional suscitó un número elevado de amparos, interpuestos durante marzo y abril de 2013, radicados en juzgados de Puebla y declarados improcedentes.1 Más tarde, el 11 de septiembre de 2013, fue publicado el decreto mediante el que se reformaron varios preceptos de la Ley General de Educación y se expidieron dos nuevas leyes: la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Este segundo decreto también dio lugar a cientos de juicios de amparo indirecto durante el mes de octubre de 2013. Los jueces de distrito admitieron las demandas, sobreseyeron y negaron el amparo a los quejosos, quienes presentaron el recurso de revisión en marzo de 2014. En general, los demandantes estimaban que tal ley violaba los artículos 1°, 3°, 5°, 14, 16 y 123 de la Constitución; así como, ciertas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Carta De Los Estados Americanos.

Sólo 26 asuntos que contenían los planteamientos de constitucionalidad más trascendentes fueron remitidos a la Corte. La Comisión 69, a cargo del ministro Fernando Franco, fue creada para su resolución y los proyectos se hicieron públicos. El principal paquete de asuntos fue discutido del 22 al 29 de junio de 2015.2

La resolución de la Corte se sustentó en tres nociones básicas: 1) los derechos humanos no son absolutos y pueden estar sujetos a límites frente a otros derechos, bienes o principios; 2) es necesario hallar un equilibrio mediante exámenes o tests de proporcionalidad;3 y 3) el principio del interés superior de la niñez debe observarse en toda decisión de Estado.

Los docentes combatieron la totalidad del decreto de la nueva LGSPD, pero la litis se fijó en el estudio de los artículos 52, 53, Octavo y Noveno transitorios de esta ley, relativos al proceso evaluativo.

Para hacer un estudio adecuado de los agravios, la Corte realizó una distinción necesaria de supuestos normativos según los ámbitos temporales y personales de validez. Así, primero, se distinguió al personal que desease ingresar al servicio después de la entrada en vigor de la ley, de aquel que ya se encontrase en funciones.

En los casos analizados, todos los docentes demostraron ubicarse en el segundo supuesto. Por lo tanto, ya estaban sometidos a las nuevas disposiciones sustantivas y transitorias. Es decir, tenían la obligación de sujetarse al proceso de evaluación, la posibilidad de ser examinados hasta en tres ocasiones e incorporados a los programas de regularización en caso de mostrar resultados insuficientes.

En segundo lugar, la Corte diferenció al personal que contara con un nombramiento provisional de aquel que ostentara uno definitivo. En el caso de los provisionales, en el supuesto de no sujetarse a la evaluación, a la regularización o de no aprobar el tercer examen, serían separados de su cargo por causa justificada. Pero si aprobaban, entonces, obtendrían un nombramiento definitivo. En el segundo supuesto, de nombramientos definitivos, en caso de tener un resultado insuficiente en la evaluación, no se produciría la separación del cargo, sino la readscripción a una función distinta a la docencia, dirección o supervisión o, eventualmente, a la incorporación a programas de retiro.

En este escenario, los demandantes concentraron su argumentación en torno a la posible violación al derecho humano a la estabilidad en el empleo (artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional), ya que, como vimos, la ley justo prevé la posibilidad de separación del cargo. En respuesta, la Suprema Corte sostuvo que tal derecho no es absoluto,4 pues “pueden ocurrir casos justificados de separación o suspensión del servicio, siempre y cuando se encuentren previstos en ley” (p. 75).5

Entonces, para analizar si las limitaciones a este derecho impuestas por la nueva legislación resultaban objetivamente razonables, constitucionalmente válidas, idóneas, necesarias y proporcionales para el fin que persiguen, la Corte realizó un juicio de proporcionalidad y afirmó que:

1) La finalidad legislativa es constitucionalmente legítima, ya que obedece a las siguientes exigencias: crear un servicio profesional docente que mejore la calidad de la educación “en aras de lograr el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en específico de los niños” (p. 78), atender al principio del interés superior del menor y dignificar la profesión al garantizar la capacidad de los docentes.

2) Las limitaciones son idóneas y necesarias, pues “es precisamente a través de mecanismos de evaluación que puede asegurarse la calidad en la preparación de los docentes, sin que dicho objetivo pudiera alcanzarse con un costo menor” (p. 79).

3) Las limitaciones resultan proporcionales, ya que se permite a los docentes que se preparen para someterse a los exámenes hasta en tres ocasiones. Además, la separación del personal con nombramiento provisional no es inmediata, sino hasta que se actualice la tercera muestra de insuficiencia; a los que cuenten con nombramiento definitivo se les adscribirá a un área administrativa o incorporará a algún programa de retiro.6

En términos similares, los demandantes estimaron vulnerada su libertad de trabajo (artículo 5° constitucional). Bajo la misma línea argumentativa, la Corte reiteró que este derecho tampoco es absoluto ni ilimitado, y que las condiciones de permanencia del personal docente son justificadas y razonables a la luz de las funciones que realiza.

El requisito de obtención de resultados favorables y las consecuencias de incumplirlo, no impiden que los docentes se dediquen al trabajo que decidan, sino que tienden a proteger el mismo derecho al garantizar la calidad del trabajo y protegen el interés superior del menor al garantizar que recibirá una educación adecuada. Además, el interés de la sociedad en una buena educación supera, en este caso, cualquier prerrogativa individual o particular.7

Otro argumento de los demandantes consistió en que la posibilidad de separación del empleo viola los principios de dignidad humana, nivel de vida adecuado y no regresividad en materia de derechos humanos.8 Pero la Corte tampoco pescó este anzuelo y sostuvo la constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones legales combatidas.

A juicio de la mayoría de los ministros, las normas internacionales justifican que el orden nacional condicione el derecho, “en tanto que se busca a la vez garantizar el derecho de los educandos a recibir un servicio de calidad impartido por docentes calificados, a efecto de cumplir con la característica de ‘disponibilidad’, derivada de la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” (p. 97).9 Así, la Corte concluyó que no se viola la obligación estatal de no regresividad y, más bien, se desarrolla de manera progresiva el derecho humano a la educación de calidad.

Otro argumento que los docentes plantearon es que las relaciones laborales entre éstos y el Estado deben ser reguladas exclusivamente por leyes de materia laboral. La Corte respondió que si bien tradicionalmente tales relaciones en efecto habían sido reguladas por la Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, la reforma al artículo 3º constitucional introdujo nuevos procesos y criterios para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento laboral de los docentes. Y, por ello, estableció la necesidad de una ley reglamentaria que los especificara; en este sentido, la LGSPD encuentra su validez en dicha disposición de la Constitución.10

Otro dardo de los demandantes consistió en la violación al principio de irretroactividad en su perjuicio. La Corte sostuvo lo contrario, por tres razones. 1) Si el nuevo sistema evaluativo se deriva de preceptos constitucionales, resulta inoperante el argumento que cuestione su retroactividad, pues éstos no pueden serlo. 2) Conforme a la teoría de los componentes de la norma,11 los preceptos legales combatidos regularon supuestos nuevos, no normados ni ejecutados anteriormente (obligación de todos los docentes de sujetarse al proceso evaluativo). 3) Conforme a la teoría derechos adquiridos, los docentes con nombramiento provisional no fueron despojados de derecho alguno, ya que sólo contaban con una expectativa de derecho para obtener eventualmente una plaza.

Respecto del personal docente que ya contaba con un nombramiento definitivo, se estableció el mecanismo adecuado para el respeto de sus derechos adquiridos y para que la separación no fuese automática. Esto es, la tercera insuficiencia en el proceso de evaluación sólo conllevaría las consecuencias ya declaradas justificadas y razonables.12

Por otra parte, los demandantes argumentaron la vulneración al derecho de audiencia, toda vez que a su juicio no se les permitía impugnar la resolución de separación del cargo. Sin embargo, la LGSPD sí prevé los procedimientos que dan participación al trabajador docente. Conforme a los artículos 80, 81 y 82 de la LGSPD, cualquier aspecto relativo a la aplicación correcta del proceso de evaluación, es impugnable mediante un recurso de revisión ante la misma autoridad educativa. O bien, es posible iniciar un procedimiento en sede contenciosa administrativa. Si se trata exclusivamente de la determinación de separación del servicio, entonces, ésta se podrá atacar ante el órgano jurisdiccional competente en materia laboral. Por ello, ante la previsión legal de las vías para combatir las determinaciones de la autoridad, la Corte estimó respetada la garantía de audiencia.13

Por último, se adujo una violación a derechos laborales caracterizados por la bilateralidad individual y colectiva de la relación laboral. Los quejosos consideraron, grosso modo, que el nuevo régimen creado por el legislador incorporaba elementos administrativos a la relación, caracterizados por la unilateralidad de la actuación patronal.

La Corte respondió que las prerrogativas enunciadas por los quejosos no son derechos previstos en la Constitución, sino en la LFTSE14 y que el argumento no es de constitucionalidad, porque sólo contrasta dos normas secundarias entre sí. Además, reiteró que el artículo 3°, fracción III, constitucional otorga al legislador la competencia para especificar las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores del servicio profesional docente.

Con ésta última determinación, la Suprema Corte decidió negar este grupo de juicios de amparo que atacaban uno de los puntos neurálgicos de la reforma educativa. Sin embargo, para conocer a cabalidad la interpretación que han hecho los ministros sobre esta reforma educativa, es necesario considerar también el régimen de competencias en la materia. En un siguiente texto, justo se abordará esta otra discusión.

Gustavo Eduardo Marín Hernández. Egresado de la carrera de Derecho del ITAM.


1 El sobreseimiento se sustentó, fundamentalmente, en el principio de supremacía constitucional y la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del amparo en contra de adiciones o reformas constitucionales. Ver las correspondientes notas informativas aquí y aquí.

2 El asunto principal discutido y aquí analizado es el amparo en revisión 295/2014, cuyas consideraciones rigieron las de los diversos 311/2014, 317/2014, 298/2014, 316/2014, 327/2014, 328/2014, 297/2014, 312/2014, 313/2014, 400/2014, 402/2014, 381/2014, 397/2014, 315/2014, 399/2014, 426/2014, 429/2014, 403/2014, 382/2014, 430/2014, 428/2014, 427/2014, 384/2014, 385/2014 y 383/2014, resueltos el 30 de junio y 2 de julio de 2015.

3 En éste caso, no todos estuvieron de acuerdo en realizarlo. Seis ministros lo consideraron necesario (Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza y Sánchez Cordero), y cinco (Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora, Pérez Dayán y Aguilar Morales), no.

4 Vid. jurisprudencia: P./J. 42/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, junio de 2014, Libro 7, Tomo I, p. 43, registro 2006591, que señala el carácter no absoluto de los derechos humanos.

5 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 31/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación (SJF), Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009989 (11 votos).

6 Criterio que dio lugar a la tesis aislada P. XV/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2010002 (6 votos).

7 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 33/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009991 (11 votos).

8 Art. 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de toda persona a la educación; el art. 7, inciso d) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé la separación del empleo por causa justificada; el diverso 6°, párr. 2°, que establece que los Estados deberán adoptar medidas para lograr la plena efectividad del derecho al trabajo, debiendo figurar la orientación y formación técnico profesional (pp. 93-97).

9 Criterio que dio lugar a las jurisprudencias P./J. 34/2015 y P./J. 35/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registros 2009992 y 2009990 (11 votos).

10 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 30/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009987 (11 votos).

11 Jurisprudencia P./J. 123/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Tomo XIV, octubre de 2001, p. 16. de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA”.

12 Criterio que dio lugar a las jurisprudencias P./J. 36/2015 y P./J. 37/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registros 2009994 y 2009993 (11 votos).

13 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 33/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009988 (11 votos).

14 Arts. 46, fr. V, 46 bis, 87, 88 y 89.

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La Suprema Corte tiene un nuevo presidente: se trata del ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, quien el día de ayer asumió la presidencia de la Corte con el voto favorable de nueve de sus diez colegas presentes, y cuyo cargo comprenderá el período 2011-2014. La pregunta ahora es: ¿qué le espera a la Corte durante los siguientes cuatro años con este nuevo presidente?

Desde el 6 de diciembre de 2010, el ministro Meza presentó un documento denominado “Líneas Generales Hacia la Consolidación Institucional del Poder Judicial de la Federación”, en donde presenta los objetivos y líneas generales de acción de su presidencia. Dentro de los puntos más relevantes se encuentran los siguientes:

Reorientación de los métodos operativo y decisorio del tribunal constitucional

En este punto se propone una reorientación de los procedimientos internos que la Corte sigue para desahogar y resolver los asuntos que conoce. El objetivo es dar cabida a un mayor número de temas de índole sustantiva, de mayor trascendencia, y dejar de lado muchos temas de carácter procesal, que si bien son relevantes, no son tan trascendentes en la labor básica de un tribunal constitucional: la protección de los derechos fundamentales. Esto resultaría en un menor número de sentencias, pero éstas serían más sustanciosas y podríamos esperar que de mucha mayor calidad argumentativa.

También se busca la construcción de un sistema jurisprudencial de interpretación constitucional mucho más coherente y consistente, pues uno de los trabajos principales de las cortes es la interpretación de las disposiciones constitucionales en aras de conocer los límites y extensión de los derechos consagrados en la Constitución.

Para lograr los objetivos planteados, se busca que los ministros se descarguen de tareas administrativas, así como de asuntos jurisdiccionales no trascendentes para poder concentrarse enteramente en temas constitucionales clave y así poder elaborar una jurisprudencia constitucional más sólida y sustanciosa. Además, es necesario recuperar el sentido original de los acuerdos delegatorios para la canalización de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito. Otra necesidad es la de plantear formas de deliberación más eficaces, que agilicen en tiempo y forma la emisión de las sentencias, a la vez que permitan favorecer la transparencia de las mismas. Éste último punto es central, ya que en numerosas ocasiones transcurren meses desde la discusión y decisión, hasta el conocimiento público de la sentencia (engrose).

En suma, se busca una mayor calidad de las labor jurisprudencial en general, y de las sentencias en particular (sacrificando, para bien, su actual extensión) para definir mejor los criterios e instrumentos que desarrollan y protegen las garantías consagradas constitucionalmente a través de una carga de trabajo orientada más hacia la labor jurisdiccional, y no tanto hacia la administrativa. De este modo, se quiere aumentar la eficacia en la expansión de los derechos fundamentales de la población a través de una interpretación actualizada, consistente y sistemática del texto constitucional.

Consideración e impulso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en las sentencias

A pesar de que los instrumentos internacionales son derecho interno una vez adoptados, rara vez cobran aplicación en las sentencias de nuestra Corte. A lo sumo se mencionan, pero no guían fundamentalmente la decisión. Por eso se recalca la necesidad de articular adecuadamente los preceptos del derecho internacional con el orden jurídico nacional. Esto serviría para enriquecer la argumentación de los ministros, ya que contarían con más material normativo orientador de sus decisiones, a la vez que se protegerían en mayor medida los derechos humanos, objetivo básico de un tribunal constitucional.

Consolidación del modelo administrativo

Una de las labores de la Suprema Corte más criticadas hasta ahora es la de su gestión administrativa. Se han objetado, entre otras cosas, los altos salarios de los ministros y su inmenso personal administrativo que tantos recursos consume. Si bien no aborda la primera objeción directamente, en cuanto al segundo punto se propone impulsar la reorganización y redefinición de las esferas de competencia de las áreas administrativas, para lograr mayor agilidad y eficiencia en los procesos decisorios en materia de gobierno y administración. Con esto se busca una gestión administrativa cada vez más eficiente, oportuna, ordenada y transparente. Probablemente con esto se busque mayor legitimidad, ya que una institución con tanto presupuesto debe proporcionar los resultados esperados de ella.

Difusión, transparencia proactiva y vinculación con la sociedad

Uno de los principales recursos con los que cuenta un tribunal constitucional es la confianza del público, y entre mayor sea ésta, mayor será su legitimidad. Consciente del tímido pero creciente escrutinio social de las sentencias y de la labor judicial, Silva Meza plantea un mayor acercamiento entre la Corte y la sociedad. Así, propone continuar con los esfuerzos que hasta ahora se han realizado para dotar a las discusiones, a las sentencias, y, en general, a la labor del juez, de la publicidad que merecen.

La publicidad trae aparejada transparencia, y ésta, a su vez, contribuye a la legitimidad de una institución. De este modo, se continuará con el uso de medios electrónicos, informáticos, impresos y de otra índole, para ampliar el conocimiento de la ciudadanía acerca de la labor del máximo tribunal.

Además, se deben delinear estrategias permanentes que comuniquen socialmente el sentido de las sentencias a través de información ordenada y más efectiva que cualquier ciudadano promedio pueda entender. Asimismo, habrán de mantenerse acciones específicas de enlace con la academia, las asociaciones profesionales y los medios de comunicación.

En breve: sabemos que Silva Meza es uno de los ministros más liberales y que con mayor fervor buscan la protección de los derechos fundamentales. Así nos lo ha demostrado en casos como el de Lydia Cacho, San Salvador Atenco, matrimonio entre homosexuales, y otros.  Con su designación como presidente de la Corte, podemos esperar ver discusiones más enfocadas en temas de garantías individuales, además de que buscará fortalecer los vínculos con la sociedad y un manejo más eficiente y austero de los recursos administrativos del Poder Judicial. Esperemos que estos no sean sólo buenos deseos de Año Nuevo.

Gustavo Marín Hernández. Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM.

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