Un juez de distrito está por resolver un juicio de amparo en el que tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla demandan a diversas autoridades por haber autorizado el proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), que afectará al río Ajajalpan para abastecer de energía a empresas privadas. Se trata del juicio 598/2016, interpuesto por las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán en abril de 2016, con el acompañamiento legal de Fundar Centro de Análisis e Investigación y del Consejo Tiyat Tlali.

En el caso, las comunidades pertenecientes a los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán reclaman a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entre otras dependencias, haber otorgado permisos para la realización del PHP1 incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas. Esto es, no haber realizado de manera previa, libre e informada, un proceso de consulta y consentimiento indígena que le permitiera otorgar las licencias, y tampoco un estudio de los posibles impactos sociales que el proyecto podría ocasionar; no haber respetado, protegido ni garantizado el derecho a la tierra y al territorio, así como a la libre determinación, al medio ambiente sano y al agua de las comunidades. Además, se reclama la inconvencionalidad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), porque la manifestación de impacto ambiental (MIA) y el resolutivo que la autoriza, no cumple con los estándares internacionales en materia de estudios o evaluaciones de impacto tratándose de proyectos de desarrollo o inversión en pueblos indígenas.

Debido a las violaciones cometidas, las comunidades quejosas piden al juzgado primero de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, la cancelación de los permisos.

Ilustración: Kathia Recio

El PHP1 comprende dos presas: la presa Ahuacoya, con una cortina de 45 metros de altura y una capacidad total de generación eléctrica de 60 MW y; la presa Zoquiapa, con una cortina de 6.5 metros de altura que capta el agua del río Zoquiapa para enviarla a la presa Ahuacoya a fin de complementar el gasto para la generación de la energía. Por su tamaño, así como su capacidad de generación eléctrica, el PHP1 es considerado una gran hidroeléctrica, pues excede de los 30 MW que la legislación1 establece para clasificar a las mini hidroeléctricas. Esta identificación es de suma relevancia porque ello permite determinar de antemano el nivel de los impactos que se causarán.

A nivel internacional se han documentado de manera amplia los impactos ambientales que las grandes presas  provocan en los ríos, en las cuencas hidrográficas y en los ecosistemas circundantes; el caso del PHP1 no es la excepción. De los peritajes realizados por la parte quejosa, así como por la entonces Procuraduría General de la República, se desprende que el PHP1 tendrá impactos negativos como la remoción de vegetación forestal, desvío del río, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, generación de gases de efecto invernadero, proliferación de insectos transmisores de enfermedades y contaminación de acuíferos, entre otros. Es importante mencionar que el río Ajajalpan ha sido usado por la población para actividades como la pesca, riego de cultivos y actividades rituales. ¿No hay aquí entonces un incumplimiento del Estado mexicano a sus obligaciones de respeto, protección y garantía respecto de los derechos al medio ambiente sano y al de las comunidades indígenas quejosas?

La beneficiaria de las autorizaciones es la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro, y es fundamental señalar que, de acuerdo con el permiso otorgado por la CRE, “la energía eléctrica que se genere deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de los socios de la Permisionaria”: Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.2 Esta precisión es de particular relevancia porque, de acuerdo con el artículo 21.2 de la Convención Americana y su interpretación, el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sólo podrá limitarse, parcial o totalmente, por razones de utilidad pública o interés social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha sostenido que la restricción al uso y goce del derecho a dicha propiedad, puede darse cuando existan ciertos requisitos, siendo uno de ellos el que dicha restricción tenga el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. ¿No es evidente la inexistencia del carácter de utilidad pública en la autorización de la CRE? ¿No es por tanto violatorio tal permiso al derecho al territorio de las comunidades indígenas? ¿Cuál es la utilidad pública que hay en la privatización de un bien común para el beneficio de las empresas privadas?

Como se señaló, las comunidades también reprochan al Estado mexicano haber violado el derecho a la consulta y al consentimiento, vulneración que ha quedado comprobada en el juicio, pues consta en el expediente que los permisos fundamentales que dieron lugar al PHP1 comenzaron a darse en 2009, antes de que la Secretaría de Energía realizara lo que denominó un proceso de consulta indígena previa, libre e informada para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, entre marzo y abril de 2015. Es decir, la llamada “consulta previa” de la SENER, fue efectuada 6 años después de los primeros permisos entregados a la empresa. Así, tenemos que, en septiembre de 2009, los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron las licencias de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras; que en diciembre de 2011, la SEMARNAT autorizó a Deselec 1 la MIA respecto de la presa Ahuacoya;3 que en noviembre de 2013 la CRE expidió el título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica al que me he referido previamente. Cabe añadir que entre las comunidades sujetas a esa consulta4 no se encontró la comunidad quejosa de San Mateo Tlacotepec, en cuyo territorio se encuentra la presa Ahuacoya. ¿No son estas violaciones claras a la obligación de consulta y consentimiento, especialmente al carácter previo exigido por los estándares internacionales en la materia?

Finalmente quiero referirme al deber que tenían las autoridades responsables de efectuar un estudio de los impactos que el PHP1 podía ocasionar en las comunidades y, en este sentido, a las razones de la inconvencionalidad de la LGEEPA que se reclama en juicio. Del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), así como de la jurisprudencia de la CoIDH en el Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, deriva la obligación del Estado mexicano de estudiar o evaluar los impactos sociales, culturales, ambientales y de derechos que los proyectos de desarrollo o inversión pueden ocasionar en los pueblos indígenas; sin esos estudios, los Estados no pueden otorgar permisos. Así, esta obligación existe para México desde 1991, con la entrada en vigor del citado Convenio. Pero además, del marco internacional se derivan una serie de estándares que los referidos estudios deben cumplir, entre ellos, que precisamente deben ser efectuados por el Estado, sea que los realice por sí mismo o que los encomiende a entidades independientes y técnicamente capacitadas pero bajo su supervisión. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en su informe sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, que no sería conforme a los criterios establecidos por la Corte, por ejemplo, la realización de estudios de impacto ambiental y social llevados a cabo por personal o contratistas de las empresas concesionarias”, pues ello compromete la objetividad e imparcialidad de los estudios.

Sin duda alguna esta obligación y criterios han sido vulnerados en el caso concreto, no sólo porque fueron entregadas autorizaciones para la realización del PHP1 sin que el Estado mexicano hubiese examinado los posibles impactos, sino también porque la propia LGEEPA dispone que sean las empresas interesadas en los proyectos quienes se encarguen de la evaluación de los impactos ambientales, en franca contravención al estándar internacional.

La audiencia constitucional del caso se llevó finalmente a cabo el 11 de julio de 2019; las violaciones están a la vista. Las comunidades quejosas esperan que la sentencia que se dicte sea para reconocer la vulneración de sus derechos y para su restitución mediante la puntual cancelación de los permisos. No sólo porque es un asunto que les afecta directamente, sino porque su caso refleja un patrón de violaciones sistemáticas e impunes a los derechos de los pueblos indígenas en un contexto donde pretenden implementarse grandes proyectos de inversión en beneficio de las grandes empresas.

Itzel Silva Monroy. Abogada en Fundar Centro de Análisis e Investigación y representante legal de las comunidades quejosas en el juicio de amparo a que se hace referencia en este texto.


1 Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales en relación con el 80 de la Ley de Aguas Nacionales.

2 Título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica E/1067/aut/2013, otorgado a Deselec 1, S. de R.L. de C.V., de 01 de noviembre de 2013, disponible en el sitio de la CRE.

3 Resolución en materia de impacto ambiental emitida mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/09364 de 09 de diciembre de 2011, por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, disponible en el sitio de la SEMARNAT.

4 Las comunidades consultadas fueron Zoquiapa, Emiliano Zapata, Cuatepalcatla, Xochimilco, Xochicugtla, San Felipe Tepatlán y Altica.

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