Con la llegada de Internet, ha surgido una nueva manera de experimentar el mundo. Uno de los cambios más importantes está en la forma en la que nos comunicamos. En una época donde pocas cosas son realmente privadas y la información fluye libremente, todo lo que publicamos en línea está expuesto al público. Las redes sociales ya no son únicamente plataformas de entretenimiento; ahora también pueden ser consideradas vías válidas de comunicación. Dentro de esta categoría están ubicados medios como Facebook, Instagram y Twitter, en los cuales los usuarios deciden la manera en que son expuestos. Por lo tanto, y dada la cantidad de usuarios dentro de estas plataformas, ha surgido una creciente necesidad de distinguir la información verdadera de la falsa, así como de crear mecanismos para hacer de Internet un lugar seguro.

Debido al uso creciente de redes sociales como medios de comunicación, Twitter ha ganado considerable popularidad, de tal manera que ha logrado convertirse en una de las plataformas más usadas a escala mundial. Si las cosas que publicamos en línea tienen la capacidad de atentar contra los derechos de otras personas, ¿hasta dónde el derecho puede o debe interferir con la conducta on-line de las personas? ¿En qué punto termina la libertad de expresión y empieza un ataque injustificado hacia terceros? Este es el caso del presidente de los Estados Unidos Donald Trump1 y la abogada argentina Mónica Lang,2 dos personas diametralmente opuestas, las cuales a pesar de todo comparten dos cosas en común: ambas tienen una cuenta en Twitter y sus publicaciones afectaron a terceros llevándolas a la corte. Casos como estos, sientan precedentes para lo que será una nueva manera de interactuar con Internet.

El primer caso ocurre con bastante frecuencia dentro de redes sociales. La abogada argentina Mónica Lang creó una cuenta en Twitter bajo el seudónimo de @EVAargentina20 en febrero de 2017. Pocos días después publicó múltiples tuits en contra del empresario Marcelo Frydlewsky, sin motivo aparente, en los que Lang acusaba a Frydlewsky de haber cometido ciertos delitos. Estos tuits llamaron la atención de cientos de usuarios que compartieron la publicación y causaron que los tuits fueran virales. Estas publicaciones afectaron la reputación de Frydlewsky, quien, al darse cuenta de tales publicaciones, comenzó un proceso para descubrir la identidad del agresor. Poco tiempo después de iniciar la investigación la abogada Lang fue acusada de ser la autora de estos tuits por medio de una cuenta falsa. Después de conocer el nombre, Frydlewsky, junto con la abogada Ana Rosenfeld y el abogado Jorge Monastersky decidió demandar a Lang por injurias y daño a su figura pública.

La demanda tenía un propósito claro: demostrar que los derechos de una persona pueden ser vulnerados a consecuencia de un mal uso del Internet. Con esta demanda, Frydlewsky no buscaba una compensación monetaria, sino que hubiese consecuencias legales reales contra acciones de este tipo, aun dentro de las redes sociales. Finalmente, la corte argentina decidió que Lang debía pagar una multa de un millón de pesos argentinos y publicar una disculpa en los periódicos regionales. No obstante, Lang declaró que no contaba con los recursos necesarios para pagar, por lo que la corte decidió que tendría que compensarlo con 150 horas de trabajo comunitario. A pesar de la sanción monetaria, la relevancia de la sentencia dictada por la corte es que ahora existe la posibilidad de ser penalizado ante acciones ilícitas cometidas en redes sociales. Ahora bien, como fue mencionado por Hugo Alconada para el New York Times,3 este tipo de incidentes deben ser analizados individualmente, puesto que cada uno es diferente y sería ilógico agrupar toda clase de injurias virtuales dentro de una misma categoría.

Ahora bien, el caso del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es diferente. En Twitter, Trump es sumamente conocido debido al contenido polémico de sus tuits. Desde el momento en que asumió la presidencia de este país en 2017, el entonces vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, declaró que todos los tweets publicados por Donald Trump en su cuenta privada @realDonaldTrump debían ser considerados como declaraciones oficiales.4 Además, el presidente Trump tiene la opción de publicar desde la cuenta presidencial @POTUS y desde la cuenta de la casa blanca @WhiteHouse. Asimismo, desde su cuenta personal, Trump cuenta con una cantidad de seguidores incluso mayor que la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos: más de 49 millones de seguidores. Por lo tanto, es común que las publicaciones dentro de su cuenta privada sean compartidas, en promedio, 10,000 veces. Este nivel de exposición dentro de una red social crea una enorme plataforma de interacción entre él y sus seguidores.

El debate parte de los siguientes cuestionamientos: en primer lugar, al volver los tweets publicados desde su cuenta personal comunicados oficiales, el presidente escogió la vía de comunicación de su preferencia, Twitter. En segundo lugar, la acción que llevó a Donald Trump la corte a fue el bloquear a las personas que no opinaban de manera igual o al menos similar a él. Esta acción atenta contra la libertad de expresión, debido a que al actuar de esta manera el presidente Trump limita el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, la conducta de Trump parece ir más allá de bloquear a personas dentro de una red social, lo que vulnera el derecho de las personas a tener la ideología política que quieran.

Debido a esto, siete personas que fueron previamente bloqueadas en Twitter desde la cuenta personal de Trump, decidieron demandar al presidente de los Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Estas personas buscaron el apoyo de alguna organización que los respaldara legalmente, por lo que el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, decidió llevar el juicio para garantizar el cumplimiento de sus derechos.5 Tal como lo explica el Knight Institute, institución dedicada a defender la libertad de expresión en la era digital, la conducta del presidente atenta contra la Primera Enmienda de los Estados Unidos: la libertad de expresión.6 Puesto que, cuando las personas exponen ideas contrarias a las del mandatario en sus tuits o critican sus publicaciones, Trump simplemente los bloquea.

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar dentro de su mandato. Desde que Trump tomó el cargo, ha emitido una serie de discursos polémicos, no solo por el contenido de los discursos, sino porque estos buscaron suprimir a la oposición. Un ejemplo de esta conducta fue el discurso que Trump dio en Varsovia, Polonia en el cual el presidente declaró lo siguiente: “We cannot accept those who reject our values and who use hatred to justify violence against the innocent. […] We treasure the rule of law and protect the right to free speech and free expression.”7 Tal como reportó el Washington Post, la ironía fue que el gobierno polaco aisló a los protestantes de la vista de las cámaras, y llevó a cientos de personas como apoyo para el presidente Trump. Este tipo de acciones cobran mayor relevancia al involucrar al presidente de uno de los países más poderosos del mundo, al implicar una manipulación del gobierno estadounidense para aparentar que no hay oposición a su manera de actuar.

Después de analizar ambos casos, es posible ver las principales diferencias. El caso de la abogada Mónica Lang, trata sobre las acusaciones llevadas a cabo desde una cuenta falsa para difamar al empresario Marcelo Frydlewsky. Así como la demanda que fue llevada a cabo para responsabilizarla de sus acciones. Por lo tanto, el propósito de la demanda contra la abogada Lang era establecer un vínculo de responsabilidad entre las acciones virtuales de las personas y la vida real. Con este castigo, de 150 horas de trabajo comunitario y una disculpa pública, fue creado un precedente dentro del orden jurídico argentino para establecer posibles consecuencias de la conducta expresada en línea por las personas que tiene la capacidad de dañar a terceros.

En contraste, el caso del presidente Trump está enfocado en el juicio contra él, por representar una amenaza a la primera enmienda de los Estados Unidos sobre la libertad de expresión. En este caso, las acciones llevadas a cabo por el presidente han tenido la función de silenciar a aquellas personas que no opinan de la misma manera que él, lo cual es anticonstitucional. Por lo que un grupo de personas afectadas decidió emprender esta demanda para asegurar sus derechos dentro del marco legal de Estados Unidos. Una de las principales diferencias es que las acciones de Trump no atentan únicamente contra la libertad de expresión, sino que involucran acciones de represión política.

A pesar de que el caso de Mónica Lang y Donald Trump cuentan con diferencias notables, las acciones que los llevaron a la corte son de gran importancia dentro del marco jurídico actual. Las sentencias dictaminadas por ambas cortes guiarán y establecerán, de una manera u otra, la forma en la que el derecho empieza a regular la conducta de las personas dentro de las redes sociales. Debido a la naturaleza de Internet, cualquier regulación deberá considerar todos los posibles aspectos de cada caso particular, puesto que uno de los principales atractivos de las redes sociales ha sido la posibilidad del anonimato. Esta característica ha permitido que las personas puedan expresarse libremente, y ha mantenido abierta la posibilidad de hacer críticas sociales o políticas a cualquier gobierno sin temor a ser reprimidos. Pero este es precisamente el mayor problema que enfrenta el derecho, pues eliminar ese anonimato podría comprometer la seguridad de aquellas personas que deciden ejercer sus derechos políticos y de expresión. Por lo tanto, casos como estos darán forma al derecho cibernético, y todas las resoluciones deberán analizar los impactos que sus resoluciones puedan crear para asegurar la seguridad de los usuarios.

Ixchel Daniel Martínez. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE.

Referencias:

Alconada Mon, Hugo. “Cuando la justicia le pone freno a una twitera.” New York Times, 21 de febrero, 2018. Recuperado el 15 de marzo.

http://bit.ly/2pxNJpn

Jaffer, Jameel. “Is Trump’s Twitter Behaviour Constitutional? A court will decide”, The Washington Post, 6 de marzo, 2018. Recuperado el 14 de marzo.

Knight First Amendment Institute, Et Al. “Knight First Amendment Institute At Columbia University, Et Al., Plaintiffs, V. Donald J. Trump, President Of The United States, Et Al., Defendants.” Knight First Amendment Institute.  PDF. Recuperado de:

Landers, Elizabeth. “White House: Trump’s tweets are ‘official statements.’”, CNN.

Soriano, Fernando. “ En un fallo inédito, la Justicia argentina condena a una twittera por calumnias e injurias”, Infobae, 17 de febrero, 2018. Recuperado el 16 de marzo.

Trump, Donald. “Remarks by President Trump to the people of Poland”, White House. 6 de Julio, 2017. Recuperado el 15 de marzo.


1 Jameel Jaffer, “Is Trump’s Twitter Behaviour Constitutional? A court will decide”, The Washington Post, 6 de marzo, 2018, recuperado el 14 de marzo.

2  Fernando Soriano, “En un fallo inédito, la Justicia argentina condena a una twittera por calumnias e injurias”, Infobae, 17 de febrero, 2018, recuperado el 16 de marzo.

3 Hugo Alconada Mon, “Cuando la justicia le pone freno a una twitera”, New York Times, 21 de febrero, 2018, recuperado el 15 de marzo.

4 Elizabeth Landers, “White House: Trump’s tweets are ‘official statements”, CNN

5 Knight First Amendment Institute, “About the Knight Institute”, Knight First Amendment Institute.

6 Knight First Amendment Institute, Et Al., “Knight First Amendment Institute At Columbia University, Et Al., Plaintiffs, V. Donald J. Trump, President Of The United States, Et Al., Defendants”, Knight First Amendment Institute, PDF, p. 6.

Donald Trump, “Remarks by President Trump to the people of Poland”, White House, recuperado el 15 de marzo.

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