Toda revolución comienza siendo una idea, y cuando esa idea se vuelve la bandera de lucha de un grupo y se trabaja en colectivo, tiene el poder de transformar la realidad. Así definiría yo el camino para lograr el sufragio femenino en México, como una lucha que buscaba, y logró, transformar la realidad de las mujeres mexicanas un sábado 17 de octubre de 1953.

En la década de 1970, un gran número de orquestas sinfónicas alrededor del mundo idearon un proceso de selección con la intención de superar la selección discriminatoria de sus integrantes. Para esto las audiciones en las que se probaban a las y los candidatos se comenzaron a realizar tras telones.1

De esta forma, la raza, color, religión, sexo, nacionalidad y apariencia del músico quedaban cubiertas y las decisiones eran tomadas con base en el sonido que generaba con su instrumento. Además, se tendían alfombras en el piso para que el ruido de los tacones no permitiera deducir el sexo de la persona sometida a prueba.

Poco a poco se fueron descubriendo los vicios que este modelo traía aparejado, en tanto que nos acercaba más un imaginario de igualdad formal, donde el músico se convertían en un instrumento perfectamente desencarnado aparentando que se lograba el objetivo de inclusión, mientras realmente nos alejaba de una deseada igualdad sustantiva.

Ilustración: Víctor Solís

El derecho a ser parte de un cuerpo colegiado, como lo es una orquesta, un Congreso, un gabinete, o la misma sociedad, es un derecho que las mujeres logramos nos fuera reconocido tras años de lucha y tuvo uno de sus hitos en la historia mexicana el 17 de octubre de 1953.

Esa mañana, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al artículo 34 constitucional para quedar como sigue: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son, y, II. Tener un modo honesto de vivir”.El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas trajo aparejado los derechos y obligaciones que se le garantizan al ciudadano, como lo es el votar y ser votado, derechos que tienen la posibilidad de transformar la forma en la que se hace política.

Esta conquista se fue vislumbrando y construyendo desde años atrás, gracias a luchadoras sociales como Hermila Galindo Acosta, quien a finales de 1916 envió al constituyente un escrito en el que solicitó el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres argumentando lo siguiente:

Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.2

No puedo pensar en este texto sin recordar también a las feministas estadounidenses que se reunieron en 1848 en Seneca Falls, reunión que  dio origen a la Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls donde se señalaba que el hecho de que las mujeres no pudieran votar obligaba las obligaba “a acatar leyes en cuya elaboración no han tenido participación alguna” y al haberla privado del derecho al voto, la dejó sin representación en las asambleas donde se elaboraban leyes que la oprimían en todos los aspectos de su vida<.3

Si hacemos un recuento histórico de la lucha de las mujeres por ser parte de la vida pública, podemos hacer retrospectiva hasta el ágora ateniense donde se pensaba que las mujeres no debían ser vistas ni escuchadas en esta zona de deliberación. Por ejemplo, Jenofonte en un debate sobre la administración económica del hogar decía que “[E]s más honroso que la mujer permanezca dentro de su casa; pero que un hombre permanezca dentro en lugar de perseguir la vida afuera es una desgracia”.4

El derecho de las mujeres a votar y ser votadas tiene un gran contenido simbólico. Es la garantía en el máximo texto jurídico de nuestro país del derecho a ser parte de la democracia, es la oportunidad de depositar la responsabilidad de gobernar en las autoridades electas5 y de representar a otras, tomar nuestras experiencias y llevarlas de lo privado a lo público. Hablamos de la garantía de ser parte de las decisiones políticas en condiciones de igualdad presentando una visión de la realidad en la agenda política nacional.

Es fundamental que las mujeres ocupen puestos de elección popular, es imperante que la representación sea efectivamente democratizada; numerosos estudios que datan de la década de 1980 hasta la década de 2000 han encontrado que las mujeres en puestos de decisión política tienen más probabilidades de hacer que problemas que aquejan a las mujeres sean una prioridad en la agenda pública.6

Hoy, no queremos que se nos elija detrás de un telón, ni que se nos pida que nos quitemos los zapatos para que otros finjan nuestros pasos; buscamos que se nos vea, se escuche nuestro caminar, y que no solo discutamos cómo es que se nos elige, sino también que nuestro cuestionamiento llegue a evaluar quiénes son las y los que logran llegar a la audición a ser escuchados por el jurado. La forma de conmemorar este día es continuar luchando porque todas y todos los que han sido excluidos logren llegar ya sea a ser parte del jurado seleccionador o músico en búsqueda de un lugar en la orquesta.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Véanse: Post, R. et al., Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law, Duke University Press, Durham, 2003, p. 18, y Saba, R, “(Des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coords.), El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007.

2 Mastretta, A. “Hermila Galindo: Una mujer bravía”, nexos. Consultado el 24 de septiembre de 2019.

3 National Historical Park New York. Declaration of Sentiments. Consultada el 24 de septiembre de 2019.

4 Keane, J. (2018), Vida y muerte de la democracia, Ciudad de México, p. 54.

5 Al respecto, véase Waldman, M.  (2016), The Fight to Vote, New York.

6 Criado Pérez, C. (2019). Invisible women: Data bias in a world designed for men, New York, p.54.

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En 1996, Carlos Santiago Nino publicó La Constitución de la democracia deliberativa.1 En esta obra, a diferencia de sus libros más famosos dedicados estrictamente a la filosofía del derecho, Nino se ocupa de unas de las discusiones clásicas del derecho constitucional: la tensión entre democracia y constitucionalismo. A lo largo de la obra, Nino construye una teoría epistémica de la democracia a partir de la cual concluye que las decisiones tomadas desde la regla de la mayoría tienen un valor intrínseco superior a otras tomadas desde otro modelo decisivo. Para el filósofo argentino, en una sociedad donde el valor de la igualdad sea tomado en serio, siempre existirán las condiciones para que todas las personas tomen sus propias decisiones.

¿Qué papel juegan los jueces en este proceso político de toma de decisiones? La función judicial implica un cierto grado de aislamiento, soledad y silencio. Los jueces no discuten en el calor de las manifestaciones populares y no suben a la palestra a pedir que sus propuestas sean aclamadas. Hasta cierto punto, la justicia no entra en la dinámica de las decisiones mayoritarias. ¿Con qué objeto entonces hemos delegado una enorme cantidad de dilemas valorativos y morales en la rama judicial, sobre todo si tomamos en serio el autogobierno y la autonomía como valores que consideran a las personas como fines en sí mismas capaces de decidir sin intervenciones ajenas?

Para Nino, la respuesta es muy clara: la intervención judicial en las decisiones que corresponden a la democracia sólo se justifica cuando ésta ha perdido ese valor intrínseco superior. Los jueces están ahí para mejorar la deliberación pública, para asegurar que todas las personas, incluso las más débiles, tengan una voz en ese proceso político. Si algunas voces están silenciadas en las decisiones públicas, la idea de democracia se vuelve ilusoria. En una democracia deliberativa, esas voces por más minoritarias y carentes de eco, deberían ser vencidas en el ágora pública. Si esta precondición no está asegurada, la justicia constitucional se encuentra facultada y obligada a intervenir el proceso en aras de su perfeccionamiento.

El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, el máximo tribunal en materia electoral intervino el proceso político ordinario de toma de decisiones para hacer que nuestra democracia sea mejor y sobre todo más justa.

Los juicios fueron promovidos por dos personas indígenas tzotziles que actualmente se encuentran privadas de su libertad sin sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, en prisión preventiva. Estas personas solicitaron a la Sala Superior que garantizara su derecho fundamental al voto. A su juicio, la restricción para votar en la que se encontraban era desproporcional, pues se les privó de un derecho antes de que el Estado pudiera probar su culpabilidad.

La mayoría de los integrantes de la Sala Superior consideraron que, efectivamente, esta restricción al voto violaba su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Esto, pues si bien las personas que se encuentren cumpliendo con una pena de prisión a partir de una sentencia condenatoria se encuentran suspendidas en el ejercicio de sus derechos políticos, esto no es así cuando las personas se encuentran en prisión preventiva en espera del veredicto que los releve del enjuiciamiento penal. La diferencia es suficiente: la pena impuesta justifica el trato diferenciado.

Este fue, en síntesis, el argumento toral en el que coincidió la mayoría de la Sala Superior. Sin embargo, quisiéramos plantear algunas reflexiones jurídicas y extrajurídicas respecto de las implicaciones que este caso tendrá en la manera de entender el derecho al voto cuando quienes lo ejercen son personas privadas de su libertad.

Un gran acierto fue la perspectiva desde la que se abordó esta decisión. La Sala Superior partió de una visión estructural y sustantiva de la igualdad. Esta visión, contrario a las perspectivas formales o individualistas, considera relevante la situación de cada persona como integrante de un grupo sistemáticamente excluido.2 A partir de esta idea, se consideró que la población carcelaria de nuestro país es un grupo en situación de vulnerabilidad que históricamente ha resentido una merma en sus derechos más básicos.

En una publicación reciente, Miguel Sarre y Gerardo Manrique concluyeron que si bien las personas privadas de libertad condenadas y en prisión preventiva se encuentran en encierro por causas diferentes, en los hechos la aflicción y vulnerabilidad que sufren es la misma.3 Incluso, valdría la pena considerar que las personas sin sentencia están siendo castigadas en los hechos cuando en teoría no son culpables.

Además, es necesario que consideremos que las personas en prisión sufren una estigmatización que los considera seres anormales, inferiores, malvados, peligrosos o simplemente desviados. Estos estigmas hacen que definamos a las personas en prisión a partir de sus rasgos de distorsión y a anular el resto de sus atributos.

Con esto, nos parece claro que las personas privadas de su libertad no viven una situación fácil y a esto debe sumarse el hecho de que su participación en la sociedad ha sido nulificada. No hemos logrado generar canales para escuchar lo que las personas en prisión tienen que decir. El hecho de que se encuentren bajo la potestad penal del Estado no implica que se deba convalidar esta situación precaria de insatisfacción de necesidades básicas.

Por estas razones, las personas en prisión preventiva deben tener garantizado su derecho a participar de los asuntos públicos. Un estado que abrace la democracia como forma de gobierno no puede permitirse el aislamiento y la insolación de voces valiosas, menos si estas voces se encuentran en angustia.

Las personas en prisión tienen mucho que aportar a la elección de los poderes representativos. El poder ejecutivo designa a quienes habrán de dirigir y diseñar las instituciones de reinserción social. El legislativo tipifica las conductas que merecen sanción penal, sanciona leyes de ejecución y prevé sanciones administrativas para las autoridades penitenciarias que abusan de su poder. Esto supone la posibilidad de que las personas privadas de su libertad no tengan ninguna participación en el proceso político en el que estas autoridades son electas mediante el voto popular. Nos cuesta trabajo pensar que las personas en prisión no tengan nada qué decir sobre las autoridades con las que conviven a diario.

Así, con base en estos argumentos, la mayoría de la Sala Superior decidió ordenar al Instituto Nacional Electoral que pusiera en marcha un programa de prueba con miras a la elección federal de 2024, el cual se pondrá en marcha en grupos focalizados para detectar posibles errores y generar aprendizaje a partir de la experiencia. Para esta decisión, se consideró que la implementación en un plazo demasiado inmediato podría traer problemas en la generación de un padrón electoral correctamente depurado o en la coordinación con los centros penitenciarios.

Sin embargo, consideramos que estas dificultades no pueden ser razón suficiente para privar a las personas de un derecho fundamental. La experiencia comparada nos demuestra que hay varios métodos exitosos para que las personas puedan ejercer su voto desde prisión. Un ejemplo, entre muchos otros, es el caso estadounidense, donde se ha implementado el voto postal en prisión (absentee ballot),4 la instalación de casillas en centros penitenciarios o incluso el traslado de las personas hacia las casillas.

No obstante, la sentencia de la Sala Superior, en un ejercicio dialógico en cuanto a sus efectos, dejó abierto el espectro de interpretación para que sea el Instituto Nacional Electoral, como el órgano técnico y constitucionalmente facultado para organizar las elecciones en nuestro país, para que a partir de su experiencia comparativa diseñe el mejor modelo posible para garantizar el voto a las personas en prisión. Este tipo de procesos no serían ajenos para el INE, pues la experiencia adquirida en el voto postal de los mexicanos y mexicanas en el extranjero podría ser un modelo apto para su replica en el caso concreto.

Además, un fenómeno interesante sería el comienzo de procesos dialógicos en el cumplimiento de las sentencias de derechos políticos.5 Esto podría darse en el caso de que la Sala Superior deba supervisar el procedimiento de ejecución que lleve a cabo el INE. Esto podría enriquecer el modelo si consideramos que ambas autoridades electorales pueden identificar, de acuerdo con su especialización, diversos aspectos en la implementación del programa de prueba.

Como conclusión, debemos tener presente que cualquier forma de discriminación que pueda afectar la participación de las personas en los asuntos públicos o en la selección de sus representantes populares resta legitimidad al gobierno representativo. Ningún derecho es más precioso en un país libre y democrático que el de tener una voz valiosa en una elección en la que habrá de definirse quienes dirigirán la política pública y la creación de leyes bajo las cuales vive una sociedad. Todos los derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si el derecho al voto no se encuentra garantizado.

Por ahora, podemos celebrar esta decisión de la Sala Superior. Visto desde la perspectiva de la justicia constitucional, podemos contar con un caso exitoso en el que un tribunal intervino para mejorar el proceso deliberativo que caracteriza a la democracia. Sin embargo, la identificación de los problemas que aíslan a las minorías de los procesos políticos debe ser una operación cotidiana para las autoridades electorales de nuestro país. La democracia, difícilmente, dejará de ser una tarea pendiente.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Juan Luis Hernández Macías. Secretario de apoyo en la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis.


1 Nino, Carlos Santiago, La Constitución de la democracia deliberativa, trad. de Roberto Saba, Barcelona: Gedisa, 1997.

2 Véase, Saba, Roberto, “(Des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coords.), El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Lexis Nexis – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2007, pp. 163-197.

3 Sarre, Miguel y Manrique, Gerardo, Sistema de Justicia de Ejecución Penal, México, Tirant lo Blanch, 2018.

4 McDonald v. Board of Election Commissioners. 394 U.S. 802 (1969).

5 Sobre este tema podríamos voltear hacia la justicia latinoamericana en casos de violaciones estructurales de derechos, como en Colombia o Argentina. Véase, Rodríguez Garavito, César, “El activismo dialógico y el impacto de los fallos sobre derechos sociales”, en Gargarella, Roberto (comp.), Por una justicia dialógica, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2014, pp. 211-244.

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El día de hoy, 20 de marzo de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la validez de la decisión del Consejo General de INE que había determinado la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES) por incumplir los requisitos constitucionales para mantener registro como partido político nacional.

Este asunto definitivamente es uno de los más relevantes que hemos resuelto en esta integración, y me parece relevante explicar los razonamientos que me llevaron a emitir el voto en sentido de confirmar la decisión del INE.

En primer lugar, el punto central de análisis en este asunto fue la interpretación constitucional, en especial el método que se debía emplear para determinar el significado de la norma en cuestión, y el rol que los jueces constitucionales debemos asumir al develar el contenido de la Constitución.

El PES pretendía mantener su registro, solicitando que el TEPJF adoptara una interpretación amplia del artículo 41 constitucional, privilegiando el análisis de la representatividad política con base en el porcentaje de representantes del partido en la integración del Congreso de la Unión. Una interpretación de esta naturaleza le hubiera permitido mantener el registro, al haber obtenido más del 10% de la Cámara de Diputados y más del 5% de la Cámara de Senadores.

Desde que leí la demanda tuve la certeza de que no existían argumentos jurídicos que permitieran justificar suficientemente la adopción de la interpretación que propuso el partido. Considero que, cuando una disposición constitucional es clara y concreta, es decir, cuando se está en presencia de lo que se conoce como una regla,1 la determinación de sus alcances normativos puede y debe ser alcanzada, ordinariamente, a través de los métodos convencionales de interpretación jurídica, pues no requiere de la aplicación de un método interpretativo no convencional que permita develar su significado.

El punto de partida de todo ejercicio interpretativo de la Constitución debe ser siempre y necesariamente el texto de la misma, cuyas palabras y estructura semántica permiten conectar las ideas y conceptos vinculados con ellas.2 De tal forma, la decisión concreta será compatible con la voluntad del poder constituyente o revisor de la Constitución expresada en la disposición, a la que no se debe dar un significado diferente o apartado del uso general del lenguaje.3 Como lo dejó bien claro Scalia: “las palabras tienen un rango limitado de significados, y ninguna interpretación que va más allá de ese rango es admisible”.4

Esto es, si conforme a las reglas anteriores la interpretación del texto constitucional ofrece como resultado una norma jurídica, cuyos contornos son claros y precisos, debe entonces atribuírsele el significado derivado del texto y no deducir del éste normas de carácter implícito. Efectivamente, si el criterio gramatical de interpretación exige atribuir el significado normativo conforme al sentido propio de las palabras, de ello se sigue que no es susceptible extender los efectos a supuestos o sujetos no considerados en el texto constitucional.5

No cualquier caso de interpretación constitucional exige la aplicación de métodos interpretativos no convencionales, que con frecuencia conducen a una “fútil” búsqueda de la “voluntad del legislador” que desemboca en la sustitución de lo que dice la norma por aquellos valores o intereses que un tribunal considere correctos, deseables o más justos. Los jueces que pretenden llenar esos huecos –reales o imaginarios– terminan ampliando, mejorando o cambiando el contenido de las normas, contradiciendo los fundamentos de un Estado democrático.6

En suma, la doctrina y los razonamientos expuestos son suficientes para estar en condiciones de sentar, como premisa metodológica, que en tanto no haya buenas razones que permitan emplear, adicionalmente a las propias del criterio gramatical, argumentaciones de otros métodos interpretativos o de concreción, el criterio gramatical goza de una prevalencia para su empleo, especialmente si la norma constitucional resultante es, además de clara y precisa, específica en su ámbito de regulación. Esta conclusión es la que resulta más compatible con la idea de Constitución como instrumento de control del poder, que exige ser particularmente observada por quienes están llamados a garantizarla.7

Aplicando este desarrollo metodológico al contenido del artículo 41 constitucional, base I, párrafo cuarto, de la Constitución, se advierte que, en primer lugar, éste no requiere de una interpretación distinta de la gramatical, pues la conjunción de las expresiones y estructuras lingüísticas empleadas permite tener una claridad suficiente sobre el supuesto de hecho que, de actualizarse, tiene las consecuencias normativas igualmente claras en la sola lectura de la disposición.8

En definitiva, considero que en este caso no existen razones de suficiente peso y entidad como para ampliar o modificar la regla bajo análisis. Las interpretaciones histórica, sistémica y teleológica apuntan claramente a que el valor protegido por la Constitución es la acreditación de una fuerza electoral vinculada de manera clara y objetiva a una opción política determinada, expresada con la marca en uno de los emblemas. Adoptar otra interpretación no sólo resultaría incorrecto y rebasaría el rol de la o el juez como intérprete de la Constitución, sino que alteraría o corrompería el modelo del sistema electoral y de partidos.

Además de la literalidad de la norma, las interpretaciones histórica, sistémica y teleológica también llevan a concluir que el único parámetro constitucionalmente aceptable para medir la fuerza electoral de un partido, en el marco constitucional, legal, y conforme a la lógica del sistema electoral mexicano, es el porcentaje de votos obtenidos en una elección.

El análisis de la norma relativa a los requisitos para mantener registro como partido político nacional, de acuerdo con su significado literal, es coherente con el resto de las disposiciones constitucionales y legales que regulan el papel de los partidos políticos en el sistema político mexicano. El constituyente fue específico al señalar el porcentaje mínimo y el tipo de votación que se debe tomar en cuenta para ponderarlo, sin dejar lugar a duda o dar pie a interpretación diversa o a introducción de cualquier otro parámetro, más allá de la votación que sea atribuible, de forma objetiva, al partido. Tan es así que en la redacción de ninguna otra norma –ni en la Constitución, ni en la legislación secundaria– se establece un parámetro diverso de ponderación de la representatividad partidista. Por el contrario, la legislación electoral repite, sin cambio alguno, la norma constitucional.

Es de asumir que, ante la redacción tan precisa de la norma constitucional y su reiteración en los demás ordenamientos, si la intención del constituyente y el legislativo fuera admitir cualquier otro parámetro de ponderación de representatividad de los partidos, hubiese establecido otro parámetro o, bien, redactado una norma de carácter más general.

La evolución de las disposiciones que regulan la pérdida de registro respalda la misma interpretación de los alcances del precepto en cuestión. A lo largo de los años, las normas fueron evolucionando para volverse cada vez más restrictivas y vincular de manera cada vez más estrecha la permanencia de registro de un partido con el apoyo ciudadano que este obtuviera, expresado siempre en votos atribuibles a determinada fuerza política. En especial, las últimas dos reformas electorales (2007-2008 y 2014) mostraron una clara tendencia de fortalecer la objetividad de las reglas y de endurecer los requisitos para mantener el registro de un partido político nacional, elevando el porcentaje mínimo de votos de 2 a 3 puntos.

Así, el desarrollo logrado en los últimos cuarenta años apunta a un objetivo constitucional válido, a la necesidad —ante un esquema de robustas prerrogativas generado en nuestro país para los partidos políticos— de prever un mecanismo de desaparición de aquellas fuerzas políticas que se vuelven marginales y no cuentan con un respaldo ciudadano mínimo. A la misma conclusión lleva la aplicación del método teleológico que, además, separa claramente los conceptos de fuerza electoral (requisito para mantener el registro) de la representación política alcanzada por los partidos políticos.

De ahí que el contar con representantes de elección popular no necesariamente refleja la fuerza electoral de un partido. Esta presunción es cierta únicamente cuando los partidos participan en las elecciones de manera individual, pero se desvirtúa cuando existen las coaliciones, ya que este esquema permite a los partidos políticos introducir legisladores pertenecientes a un instituto político a través de la votación de los institutos coaligados. De esta forma, un partido puede lograr una mayor cantidad de victorias (o representantes electos) de lo que sería capaz postulándose de manera individual.

El caso específico del PES y sus resultados electorales en la elección de 2018 ilustran claramente que el esquema de postulación bajo modalidad de coalición permite que un partido obtenga un número de representantes muy superior a su real fuerza electoral. Encuentro Social no ganó, por sí mismo, en ninguno de los 75 distritos donde postuló candidatos por el principio de mayoría relativa. De igual forma, en cuanto a los distritos y entidades federativas en las que el PES postuló candidaturas a través de la coalición “Juntos Haremos Historia”, las victorias de las candidaturas del PES se debieron a la votación recibida, principalmente, por Morena.

Con todo esto se evidencia que el PES no cuenta con el respaldo ciudadano requerido por la Constitución para mantener su registro como partido político nacional. Además, demuestra que su situación particular no justifique una interpretación diversa que se aleje de la literalidad de la regla que le fue aplicada por el Consejo General del INE, pues no existen indicios que pudieran llevarnos a advertir que cuenta con un apoyo ciudadano genuino y suficientemente amplio.

Definitivamente, la interpretación más segura del requisito constitucional, que permite lograr una comprensión de la norma coherente y congruente con el ordenamiento y con la lógica del sistema electoral, es la que no admite otro parámetro de análisis dela representatividad política que la obtención de un número mínimo de votos en las elecciones federales. Este es el único parámetro establecido por la Constitución federal: la redacción de la norma contenida en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, del texto constitucional, es clara y precisa, y no deja lugar a una interpretación diversa.

El texto constitucional, la literatura especializada y los criterios jurisdiccionales coinciden en que el único parámetro objetivo que permite, más allá de cualquier duda e independientemente de otros factores que pueden distorsionar la representación legislativa, demostrar la fuerza electoral de los partidos políticos, es el voto. A ello apunta, además, el desarrollo normativo del sistema electoral mexicano que, a través de los años, tanto en la normativa como en la jurisprudencia, fortaleció la vinculación del registro de los partidos con su fuerza electoral, medida de la manera individual a través de la votación obtenida en las elecciones federales.

En el sistema electoral mexicano, el voto ciudadano es el único factor que puede y debe determinar la suerte de un partido político. Estoy convencida que la decisión tomada hoy por la Sala Superior fue correcta, al respetar la voluntad soberana del electorado, al apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución –cuyo texto ni contexto admiten licencia alguna para la solución de la presente controversia– y al evitar que se gane en los tribunales lo que no se ganó en las urnas.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 La regla es denominada por Dworkin como “norma”, pero la conceptualiza de manera similar a como se hace en otras exposiciones doctrinales: “Las normas son aplicables a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una norma están dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión”. Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, trad. esp. de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1999 (4ª reimp.), p. 75.

2 Zippelius, Reinhold, Introduction to German Legal Methods, trad. ingl. de Kirk W. Junker y Matthew Roy, Durham, Carolina Academic Press, 2008, p. 29.

3 De Asís Roig, Rafael, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 187.

4 Scalia, Antonin, A Matter of Interpretation, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 24.

5 Tarello lo menciona en estos términos, al explicar el argumento a contrario: “dado el enunciado normativo que predica una cualificación normativa respecto a un término en él incluido que está por un sujeto o una clase de sujetos, debe evitarse extender el significado de ese término de modo tal que llegue a comprender a sujetos o clases de sujetos no estricta y literalmente incluidos en él de conformidad con el enunciado normativo”. Tarello, Giovanni, La interpretación de la ley, trad. esp. de Diego dei Vecchi, Lima, Palestra Editores, 2013, p. 313.

6 Scalia, Antonin y Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Leal Texts, St. Paul, Thomson/West, 2012, pp. 93-106.

7 “[…] la operación de interpretar la Constitución resulta distinta de la de interpretar la ley, por más complicada, más difícil, más delicada y por ello necesitada de unas técnicas propias capaces de ayudar a obtener, con objetividad, esto es, a través de una argumentación jurídicamente correcta, el sentido que cabe atribuir a las normas constitucionales para hacerlas efectivas habida cuenta de la muy especial singularidad que, por su naturaleza y su carácter, dichas normas suelen tener. Por ello, la función de los jueces (y sobre todo del juez constitucional como supremo intérprete de la Constitución) posee una dimensión «recreadora» de la Constitución que no se puede negar, pero con el límite de que, al interpretarla, no pueden, en modo alguno, disponer libremente de ella. La Constitución será, y ello es obvio, lo que su supremo intérprete diga que es, pero, al mismo tiempo, esa función interpretadora tiene límites que el juez constitucional no puede transgredir, porque es el supremo intérprete de la Constitución, sí, pero no su dueño. El juez constitucional no puede suplantar al poder constituyente ni al poder de reforma constitucional, porque si lo hiciera, actuaría como soberano, cosa que no lo es en una Constitución digna de ese nombre, esto es, en una Constitución democrática.” Aragón Reyes, Manuel, Estudios de derecho constitucional, 3ª ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, pp. 229 y s.

8 La regla relativa al mantenimiento de registro de un partido está expresada de la siguiente manera: “El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro” (énfasis añadido).

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A continuación, se ofrecen algunos subrayados que buscan destacar los principales argumentos de las participaciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, en la sesión pública de los días 9 y 10 de abril de este año, donde se decidieron los asuntos de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y Armando Ríos Piter. El voto de minoría de estos magistrados se puede leer de manera completa aquí.


Janine M. Otálora Malassis

Garantía de audiencia

Yo no advierto violación a su garantía de audiencia ni expresión alguna del representante del actor, en el sentido de que no está pudiendo defenderse correctamente, ya que incluso en varias actas hace un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral.

Contrariamente a lo que sostiene el actor, en este mismo oficio se le pone: “Para mayor comprensión le comunico las siguientes precisiones” –estoy leyendo el oficio emitido por la autoridad responsable-, no lo voy a leer todo, únicamente voy a hacer referencia a que le va explicando al actor en qué supuestos se encuentran las inconsistencias: los duplicados, los que no están en el listado pero sí en el padrón y, voy al punto sexto, en donde dice: “Apoyos ciudadanos con inconsistencias”.

Y aquí dice la autoridad responsable: “Registros que carecen de alguno de los requisitos establecidos en la ley o en los lineamientos mencionados, imágenes que no corresponden a una credencial para votar, firma que no coincide con la de la credencia para votar, fotocopia de la credencial para votar, otra credencial diversa a la de votar, sin firma que no se haya registrado en la app, cédula sin leyenda y cédula en copia”. Es decir, al actor se le fue detallando en qué consistían estas inconsistencias.

Finalmente, se le dice al final del oficio: “Estas cifras pueden sufrir modificaciones y tener un impacto en la determinación final respecto a si usted cumple o no con el porcentaje de apoyo”. Es decir, se le está diciendo de manera expresa que el millón 200 mil firmas que están en el listado nominal podrán sufrir modificaciones.

Y al final, y se le da una dirección en donde puede él verificar folio por folio en qué estado se encuentran sus apoyos. En el último párrafo del oficio se le dice que está en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia durante los cinco días subsecuentes. Esta garantía de audiencia no la ejerce el actor.

Recuperó algunos y solicitó una revisión total de todos sus apoyos, a lo cual el Instituto Nacional Electoral le contestó que no se le podía conceder de manera favorable, pero no porque no tuviera las posibilidades técnicas el Instituto Nacional Electoral, sino que se le contestó de la siguiente manera: “El otorgar su petición podría resultar en una condición de inequidad frente a los demás aspirantes, dado que en ningún caso se ha permitido retrotraerse a una etapa concluida”; es decir, ya se le había dado la garantía de audiencia, pidió que se le volviera a dar y, en este caso, es donde no se la dan y me parece que con un criterio que yo comparto.

Para mí es una congruencia en este criterio, reiterar que sí se respetó la garantía de audiencia; no fue ejercida plenamente por el actor, pero la autoridad responsable no violó en momento alguno su garantía de audiencia.

Confianza legítima

En este caso se requiere de diversos requisitos para que se dé esta confianza legítima; es decir, tiene que haber un acto de una autoridad administrativa para que durante un tiempo prolongado genere la confianza en que la situación del ciudadano, del justiciable, se mantendrá. Aquí no se ha dado el transcurso de un tiempo prolongado.

Y yo aquí me pregunto, de ser aprobada la propuesta que nos formula el magistrado Fuentes Barrera, ¿en qué situación quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del Instituto Nacional Electoral, de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar.

Pero había otra etapa, que validamos además, que era verificar la autenticidad del apoyo ciudadano, ¿y cómo se verificaba esta autenticidad que es fundamental para poder constituir una candidatura independiente? Era revisando que se hubiesen capturado originales de la credencial de elector sin que fuesen copias o simulaciones de las mismas.

Manejo de la información

En efecto, en todo proceso electoral, está a prueba la calidad ética y moral, así como la debida diligencia de las y los contendientes; pero también la debida diligencia de las autoridades electorales.

Aun cuando el estudio de este agravio resulta insuficiente para satisfacer la pretensión de los actores, me parece pertinente señalar que en un Estado Democrático es necesario que las y los servidores públicos guarden prudencia respecto de los asuntos sometidos a su consideración.

Conforme con el principio de presunción de inocencia, quienes participaron en la conferencia de prensa debieron ser prudentes en sus conclusiones y no vincular directamente a los aspirantes con una supuesta simulación de credenciales para votar.

Por tanto, resulta deseable que las y los funcionarios electorales guardaran prudencia y discreción en torno a los asuntos de su competencia, con miras a salvaguardar los derechos fundamentales de votar y ser votado, de manera tal que la información que proporcionen a los medios de comunicación no incluyan juicios de valor sin que antes se haya resuelto un asunto de manera definitiva.

La libertad de expresión de las y los servidores públicos y su deber de informar no puede dar lugar a que los temas se aborden con liberalidad tal que se provoque o genere en una percepción negativa de asuntos no concluidos. Y quiero aquí recordar que  las decisiones de las comisiones, en el caso particular del asunto del que estamos hablando, son definitivas hasta que las apruebe el propio Consejo General.

Por ello, todas aquellas personas que intervenimos en este histórico proceso electoral, sobre todo quienes desempeñamos un rol de autoridad, debemos conducirnos con la debida diligencia de modo que, aún en ejercicio de nuestra libertad de expresión y en aras de una total transparencia, evitemos una predisposición a animadversión a determinadas personas o situaciones.

Conclusión

Estas son las razones que me llevan a separarme del proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera, teniendo además la inquietud de que el cruce de firmas en el supuesto de que se le dé el registro a Jaime Rodríguez, ya no habría el cumplimiento de la norma que establece el cruce de firmas entre los candidatos a la Presidencia de la República.


Felipe de la Mata Pizaña

Puntos a favor del proyecto

Concuerdo con que son infundados los agravios que combaten la facultad reglamentaria del INE para dictar los Lineamientos de verificación pues, como acertadamente lo dice el proyecto, el INE sí tenía la facultad de emitirlos y legítimamente reguló el sistema de cruce de apoyos para darle sentido y utilidad, a fin de verificar de manera ágil y certera los apoyos duplicados.

Comparto que es infundada la inconstitucionalidad de los Lineamientos para la verificación del apoyo ciudadano.

Concuerdo con que la mesa de control cuenta con los insumos necesarios para verificar la certeza y validez de los apoyos ciudadanos y que cualquiera de las áreas o personal que las conforman, cuentan con atribuciones suficientes para realizar las tareas de verificación.

Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en cuanto a que, frente a las diversas inconsistencias y simulaciones que se presentaron, la autoridad podía cotejar los apoyos durante todo el proceso de revisión; tanto de verificación cuantitativa, donde se revisaba de manera automatizada que los apoyos correspondan a ciudadanos registrados en el padrón nominal, como de verificación cualitativa, revisando que no hubiera inconsistencias tales como simulación de credenciales para votar o apoyos obtenidos de fotocopias.

Puntos en contra del proyecto

A mi juicio sí se garantizó el derecho de audiencia del postulante durante el proceso de verificación de los apoyos ciudadanos, pero el actor decidió no ejercerlo de manera oportuna en una de las fases establecidas en los lineamientos.

En efecto, el postulante tuvo, en todo momento, la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.

En efecto, a partir del primer oficio mediante el que se le notificó al actor el resultado de la verificación preliminar, se le advirtió expresamente que los apoyos validados iban a ser revisados, incluyendo la revisión de los expedientes electrónicos. También se le notificó que podía revisar esa información preliminar y ejercer su derecho de audiencia.

La autoridad fue muy clara en que eran resultados preliminares sujetos a revisión y que él podía impugnarlos.

No obstante, aun cuando fue notificado por oficios de 16 y 21 de marzo, en los que se le informó que esos resultados podían volver a ser revisados y que podía solicitar la audiencia respectiva, lo cierto es que no impugnó esa revisión.

Como se advierte, el ahora enjuiciante tuvo garantizado su derecho, pero decidió no hacerlo en el momento procesal oportuno, esto es, determinó no ejercer su derecho de audiencia en la fase de verificación preliminar.

A pesar de lo anterior, el actor lejos de defender y acudir a la diligencia para subsanar los apoyos, de manera libre e informada, determinó no comparecer, posiblemente por considerar que contaba con los apoyos suficientes, aunque esta cuestión podía cambiar y, de hecho, cambió posteriormente.

En ese sentido, a mi juicio el aspirante debió ejercer su garantía de audiencia en cada una de las fases de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por otra parte, disiento de la interpretación que se hace en relación con la “carga de la prueba” que delega al INE toda la responsabilidad de aportar los elementos probatorios para hacer una revisión de la calificación de los registros, estando presente el aspirante.

Conforme a los principios aplicables considero que la carga de la prueba le corresponde también al aspirante, quien cuenta con los reportes de los apoyos obtenidos y con el respaldo electrónico en el cual puede verificar la información. Eso independientemente de otros controles que él pudo haber generado de manera personalísima sin estar obligado a ello y por lo mismo siempre estuvo en la posibilidad de tener los soportes que fueran necesarios al efecto.

Igualmente, me aparto de la interpretación relativa a que los resultados preliminares generaron una “confianza legítima” al postulante porque le generaron una expectativa respecto a los resultados del apoyo ciudadano.

A mi juicio, de la jurisprudencia de la Segunda Sala, citada también por el proyecto, la “confianza legítima” se refiere a actos administrativos que tienen una presunción de legalidad pero sobre todo por ser unilaterales e irrevocables. A diferencia de ello, la autoridad electoral expresamente especificó que los resultados preliminares eran revocables, es decir modificables y sujetos justamente a análisis, bilateral tanto por la autoridad como por el aspirante si ejercía su derecho de audiencia en todas las fases.

En todo caso, la confianza o certeza se construye una vez concluidas las etapas de verificación, examinadas plenamente por el INE y revisada también por el aspirante en la medida en que él hubiera ejercido su derecho en el momento oportuno.

Tampoco comparto las consideraciones relativas a la reparación del daño que realiza el proyecto, pues sostiene que de acuerdo con una reparación integral es necesario ordenar al INE tener por acreditado que el aspirante alcanzó el umbral del apoyo del ciudadano.

Estimo que no se vulneró el derecho de audiencia del postulante y, aún en el supuesto (que no comparto) de que fuera necesario reparar su derecho, jurídicamente ello no tendría el alcance de tener por acreditado el requisito del umbral, sino, en su caso, volver a verificar los apoyos registrados.

Actuación de los funcionarios del INE

Personalmente considero que algunos funcionarios del INE posiblemente actuaron inadecuadamente durante el procedimiento.

Pero no genera una vulneración al proceso de obtención de apoyos y revisión de los mismos, porque no pone en duda intrínsecamente los resultados de la verificación en tanto que ésta, ya había concluido, me parece que en todo caso podría ser una causa de responsabilidad.

Conclusión

En fin, para ir concluyendo establecería que a mi juicio lo que es relevante en el presente asunto es si el aspirante obtuvo los apoyos suficientes o no, para alcanzar el umbral requerido, por muy mínima que sea la diferencia, sea 1 o 16,656 como actualmente se encuentra acreditado, esto es, si se han cumplido o no los requisitos establecidos por la ley y por esta Sala Superior.

Sin embargo, el demandante no impugna de manera específica los apoyos que se consideran inválidos, se limita a poner en duda de manera genérica el proceso de verificación desarrollado por el INE, pero sin cuestionar de manera concreta los apoyos invalidados.


Reyes Rodríguez Mondragón

Garantía de audiencia

Los aspirantes estuvieron en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia en relación con la totalidad de las manifestaciones de apoyo que fueron desestimadas por la autoridad electoral, tanto en la dimensión cuantitativa, o sea, en la que se verificó si los apoyos se encontraban en la lista nominal, como en la cualitativa, o sea, cuando se revisó que esos apoyos que estaban en la lista nominal tuvieran un respaldo real, es decir, que fueran auténticos. Los aspirantes tuvieron la posibilidad de revisar en tiempo real, a través del portal web para verificar los apoyos cargados en el sistema, el estatus preliminar de sus apoyos, pero también a través de diversas audiencias.

Por lo tanto, contrario al proyecto que se somete a nuestra consideración, considero que sí se garantizó este derecho y que no existen motivos o justificaciones que lleven a la conclusión contraria.

Confianza legítima y decisión de otorgar el registro

No comparto esta conclusión, pues estimo que en ningún momento se generó la supuesta confianza legítima a la que se refiere el proyecto.

Considero que ambas ideas son jurídicamente incompatibles, es decir, si se reconoce que el veintiséis de febrero únicamente se informó al actor que un número determinado de apoyos se encontraban en el listado nominal, pero estos no necesariamente serían considerados válidos porque faltaba verificar los expedientes electrónicos respectivos, me parece inviable sostener que esa circunstancia haya generado una confianza legítima en el actor respecto a que había obtenido el porcentaje de apoyo necesario para que le fuera concedido su registro.

Bajo esta perspectiva, tampoco tendría sentido reconocer, como lo hace el proyecto, que el INE tiene la facultad en todo momento de verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos, pues si en algún momento informa preliminarmente que determinados apoyos se encuentran en el listado nominal, generaría una expectativa que, conforme al proyecto, no es posible modificar posteriormente.

Por último, en el proyecto se afirma que dado que un alto número de apoyos desestimados preliminarmente fueron subsanados (8.04 %), se desprende una presunción válida de que con la revisión de los apoyos faltantes el actor alcanzaría el umbral necesario para obtener el registro. A partir de ello se determina ordenar a la autoridad electoral el registro de la candidatura independiente a la Presidencia de la República del promovente.

No comparto esta consideración, por tres razones principales: i) la importancia de verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos; ii) el alto porcentaje de apoyo de irregularidades no subsanadas, y iii) la posible existencia de una falacia de generalización apresurada.

Me parece que una presunción como la que se propone constituye una generalización apresurada, pues a partir de un hecho aislado (rectificación del 8 % de los apoyos irregulares detectados), se concluye que dentro del universo restante de apoyos irregulares no convalidados la autoridad calificó incorrectamente un número determinado, para lo cual no existe evidencia suficiente.

Además, como un aspecto adicional, me parece que es incorrecto ordenar que –en automático– se registre la candidatura independiente del aspirante, pues, para determinar la procedencia de una postulación a través de esa vía, la autoridad electoral debe valorar aspectos adicionales a la obtención del porcentaje de apoyo de la ciudadanía, como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de las obligaciones en materia de fiscalización, lo cual se pasa por alto en el proyecto.

Cultura política, candidaturas independientes y políticas públicas judiciales 

¿Cómo es la cultura política prevaleciente en nuestro país? Considero dos aspectos para destacar la relevancia de esta decisión desde la perspectiva de la cultura política: el primero es la cultura de la legalidad, porque tiene que ver con la forma en cómo se consiguen los apoyos ciudadanos para obtener una candidatura independiente. El segundo es el grado de confianza en las instituciones, porque las conductas de los candidatos en general y en este caso, de los aspirantes independientes, pueden incidir directamente en la generación o lesión de la confianza en la política.

Los defectos de la cultura política no se concentran en candidatos de partidos o en candidatos independientes. La cultura política es trasversal a quien participa en política. Precisamente por ello, y por la alta expectativa que han generado las candidaturas independientes, este tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que resulten irregulares en la etapa de recolección de apoyos ciudadanos y que constituyan un retroceso democrático en una figura que teóricamente tendría que fortalecer la democracia.

Conclusión

Así, votaré en contra del proyecto, en primer lugar, porque considero que el quejoso sí tuvo la oportunidad de revisar, de acuerdo al procedimiento previsto, todos los apoyos cuestionados; en segundo lugar, porque no estoy de acuerdo en que a partir de la comunicación preliminar de lNE sobre los apoyos que estaban en el listado nominal se desprenda confianza legítima, y a partir de  allí un derecho de ser registrado como candidato independiente; y en tercer lugar, porque considero que este tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que pudieran constituir un retroceso democrático en una figura como las candidaturas independientes, que teóricamente tendría que fortalecer la democracia.

Janine Otálora. Magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF.

Felipe de la Mata. Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

Reyes Rodríguez. Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

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La decisión que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado miércoles 14 de febrero captó mucha atención y fue objeto de numerosas opiniones por parte de los medios de comunicación, académicos y funcionarios electorales.

 

Tratándose de una decisión muy técnica y nada política, es interesante observar el eco que ha generado y los veredictos que han recaído sobre ella; muchos en tono crítico y áspero. Quisiera, por ello, expresar algunas ideas respecto de la misma, con la intención de dejar claro tanto los alcances de la decisión, como su posible impacto en el desarrollo de la próxima jornada electoral.

Me permito tomar parte en esta discusión porque, aunque los jueces siempre esperamos que nuestras sentencias hablen por sí mismas, soy consciente de que este ideal discursivo requiere de mediadores y explicadores. En casos relevantes o controvertidos, nosotros debemos hablar no sólo a través, sino también por nuestras sentencias.

El punto central de la crítica que ha recibido nuestra decisión, emitida en el expediente SUP-RAP-749/2017 y acumulados, tiene que ver con su supuesto impacto negativo en el desarrollo de los cómputos rápidos en la noche de la elección. Ante el nuevo escenario que implica la casilla única en las elecciones por las cuales se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como diversas elecciones locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó modificar el procedimiento de escrutinio y cómputo previsto por la legislación vigente. Con la pretensión de agilizar el proceso de entrega de resultados de la elección presidencial, el INE quiso implementar un paso, adicional y previo, de apertura de todas las urnas y de reacomodo de las boletas que pudieran haber sido depositadas en la urna correspondiente a otra elección. El Instituto también previó que las actas con los resultados se levantaran conforme fuera concluyendo cada cómputo, y que se incorporara el acta al paquete electoral respectivo, para su remisión inmediata al consejo correspondiente. Estas adecuaciones no permitían el cumplimiento de dos mandatos legales claros: las actas con los resultados se levantan una vez finalizados todos los cómputos y los funcionarios de las casillas deben firmar todas las actas que se levanten por la mesa directiva.

En el Tribunal comprendemos la expectativa que genera la elección presidencial y la necesidad de entregar los resultados de una manera pronta y oportuna. Sabemos que la ciudadanía estará a la espera de conocer, la misma noche de la jornada electoral, las tendencias del voto y el nombre la persona que obtendría la mayor cantidad de votos. Sin embargo, nos parece que, claramente, la rapidez u oportunidad de la entrega de resultados debe ponderarse cuidadosamente con otro bien jurídicamente relevante, como lo es la necesidad de garantizar la confianza de los mismos.

Nuestro sistema electoral es altamente regulado y detallado y la legislación vigente establece reglas específicas para cada etapa y actuación relevante, como lo son todos los actos de la jornada electoral, desde la instalación y apertura de las casillas, la recepción de la votación ciudadana, el escrutinio y cómputo de los resultados e, incluso, la posterior entrega de los paquetes electorales. Estas reglas son resultado no solamente de una reflexión legislativa, sino de experiencias tan negativas de alteración de los resultados en todas estas etapas que, a lo largo de los años, socavaron la confianza ciudadana en las elecciones.

Nuestras leyes, aunque imperfectas en algunos aspectos, pretenden hacer imposible cualquier alteración del resultado electoral, estableciendo procedimientos específicos que procuran garantizar a la ciudadanía que su voto cuente y, para ello, se cuente bien y de manera honesta.

Analizando la propuesta del INE llegamos a la conclusión de que, en un país en el que, por décadas, los muertos votaban y las urnas se embarazaban, el paso que pretendía implementar el Instituto podría generar la percepción de irregularidades o incluso de fraude. El abrir las urnas para extraer las boletas, reacomodarlas y volver a colocarlas en las urnas que serían, una vez más, abiertas, para iniciar el procedimiento de cómputo, puede suscitar sospechas, especialmente cuando se pretende realizar fuera de un procedimiento legalmente establecido y respaldado por un registro documental.

En la discusión actual se están perdiendo de vista algunos puntos importantes y que respaldan fuertemente la decisión tomada por el TEPJF.

Primero, es necesario recordar que la autoridad electoral administrativa no puede establecer reglas que van en contra de la ley, y tal fue el caso de las adecuaciones relativas al momento de levantamiento del acta del escrutinio y cómputo de la elección presidencial y a la obligatoriedad del mandato legal que prescribe que todos los funcionarios de las mesas directivas deben firmar todas las actas. El Tribunal Electoral es, justamente, la autoridad encargada de garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades electorales y otros actores no transgredan la ley. Más que de meros formalismos, en casos como este, se trata de proteger el orden legal para garantizar la certeza y legalidad de los comicios. Por ello, las autoridades electorales actuamos y debemos actuar siempre en el marco de la ley. Si esta llega a ser imperfecta, debe ser corregida por el legislador, y no por la autoridad administrativa a través de un reglamento.

Segundo, que las modificaciones que el INE había aprobado al Reglamento de Elecciones son ilegales a la luz del principio de certeza que rige en la materia electoral y que señala que no se pueden realizar modificaciones a las reglas al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. El Instituto había aprobado las modificaciones el 22 de noviembre de 2017, cuando ya habían transcurrido casi tres meses de dicho proceso. Claramente se trata también de modificaciones fundamentales a los actos esenciales, ya que impactan en uno de los momentos más importantes de todo el proceso electoral: el cómputo de los votos.

Tercero, resulta cuestionable la necesidad de establecer este tipo de modificaciones. La legislación vigente fue puesta a prueba en los procesos electorales intermedio y concurrentes de 2015, donde los ciudadanos podían elegir, en algunos casos, cuatro autoridades diferentes. Aquella experiencia no llevó al Instituto a encontrar y hacer pública dificultad alguna a la hora de llevar a cabo el procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla única; no hemos conocido advertencia o propuesta de modificación legal. Asimismo, el Reglamento de Elecciones, aprobado por el INE el 7 de septiembre de 2016, justamente a raíz de las problemáticas detectadas durante los comicios concurrentes de 2015 y con el objetivo de atender las deficiencias normativas detectadas, no incluyó ninguna modificación al procedimiento de escrutinio y cómputo que fuera necesaria para el adecuado funcionamiento de la casilla única.

Quiero subrayar también que nada impide al Instituto buscar otros mecanismos que faciliten la entrega oportuna de los resultados, en especial de las casillas identificadas para el procedimiento de conteo rápido, a partir del cual se realiza la predicción estadística del ganador de la elección.

Cuarto, la expectativa de entregar los resultados a una hora determinada no proviene de la legislación, sino que fue generada por la actuación del propio Consejo General del INE. Si bien es cierto que la elección presidencial genera siempre grandes emociones y expectativas, debemos tener claro que nuestro sistema electoral, construido a partir de las experiencias pasadas, privilegia la certeza acerca de los resultados sobre la rapidez. Esto es especialmente relevante ante elecciones altamente competidas y con márgenes de victoria muy estrechos. En este momento no sabemos cuál será la distribución de las preferencias ciudadanas ni qué tan cerrada será la elección de este 1 de julio. Sin embargo, debemos prepararnos para todo tipo de escenarios, incluyendo los más complejos y los más adversos, para hacerles frente, de manera adecuada y oportuna, garantizando la certeza y autenticidad del resultado electoral y, con ello, de la confianza ciudadana y de los actores políticos en los resultados anunciados oficialmente.

Finalmente, hay que señalar que es cierto que ha sido una práctica común y necesaria el reacomodo de las boletas, para que estas se cuenten para la elección correspondiente; así debe ser, así lo prevé la ley. Pero debe realizarse dentro del procedimiento de escrutinio y cómputo y quedar registrado en la documentación correspondiente, teniendo la certeza respecto del número de personas que votaron en cada casilla y del número de boletas que debieron ser depositadas en cada urna, lo que impide alterar los resultados. También la desintegración prematura de las mesas directivas de casilla reduce la certeza y obstaculiza el procedimiento de cómputo de las elecciones restantes.

Quiero decir claramente que la disyuntiva no puede ser si debemos contar los votos rápido o bien. Lo principal es llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos de manera adecuada, apegada a la ley y que garantice la transparencia, certeza y confianza.

Las elecciones democráticas descansan sobre la certidumbre relativa a las reglas de juego y la incertidumbre sobre el ganador. No abona a la confianza la implementación de un nuevo procedimiento que genera incertidumbre para todos los actores participantes –integrantes de las mesas directivas de casilla, representantes de partidos y candidatos, las mismas autoridades– respecto de la conducción del momento tan importante de la jornada electoral como es el cómputo de los votos. Esos mismos temores se reflejan en las impugnaciones de estas nuevas reglas que recibimos por parte de tres partidos: Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, todos ellos de oposición, y todos ellos expresando las mismas razones y preocupaciones en relación a la falta de confiabilidad que podría producir este procedimiento.

Elecciones auténticas, limpias, en las que se garantice la certeza y autenticidad del sufragio son el fundamento de una democracia. Su desarrollo requiere, a su vez, de un marco jurídico efectivo, que evite cualquier afectación a la autenticidad de la expresión democrática de la voluntad ciudadana, sea a causa de errores, trampas o fraudes. Como lo dijo Mauricio Merino: “lo mejor es anular los efectos de cualquier intento de faltar a la ley, con la misma ley en la mano (…). Los mismos procedimientos democráticos (…) se convierten en el instrumento más útil para moderar cualquier exceso entre los contendientes, pues todos contrapesan a todos. Aunque esta fórmula no resulta sencilla en el trabajo de todos los días, todas las evidencias demuestran que funciona. Es tan antigua como el Estado de Derecho y su nombre es legalidad”.[1]

Los procesos electorales de nuestro tiempo suelen venir acompañados, debido a lo que se encuentra en juego, por el conflicto, la crispación, los ataques y señalamientos recíprocos. Las autoridades electorales estamos llamadas a catalizar los cambiantes humores políticos, a servir de mediadoras entre los distintos intereses en disputa. Las propias autoridades debemos ser el ejemplo de prudencia y responsabilidad ante la sociedad, garantizando, con nuestro actuar y con nuestros posicionamientos, la legalidad, la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía.

Los resultados deben ser rápidos, sí; pero, ante todo, deben ser confiables.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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[1] Merino, Mauricio. La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México. México, FCE, 2003, p. 95.

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