El INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento irregular a partir de la creación del fideicomiso “Por los Demás” que Andrés Manuel López Obrador instruyó crear en apoyo a los daminificados de los sismos de septiembre de 2017. El problema empieza desde que un partido pretende llevar “ayudas” a la población, pues es algo prohibido: se trata de dádivas. Luego, el fideicomiso no se reportó ante el INE y se nutrió en su mayoría de recursos ilegales para los partidos y se retiró el dinero de manera opaca. Todo ello configuró un fraude a la ley que el INE sancionó con 197 millones de pesos. Este artículo detalla en qué consistió la operación ilegal de Morena y la investigación del INE.

El 18 de julio de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió una queja en materia de fiscalización en contra de Morena por la constitución de un fideicomiso1 supuestamente fondeado con las prerrogativas públicas de ese instituto político y que, a decir de Andrés Manuel López Obrador, serviría para hacer llegar apoyo económico a los damnificados por los trágicos sismos del mes de septiembre de 2017. No obstante, de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, a raíz de una queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)2 se acredita que el fideicomiso se utilizó como un instrumento de financiamiento paralelo, ilegal y opaco en favor de Morena, lo que derivó en una sanción de 197 millones de pesos.

La denuncia del PRI

En el escrito de queja original del PRI se denunció que Andrés Manuel López Obrador, en ese momento candidato a la presidencia de la República, había realizado declaraciones públicas en diversos medios de comunicación e incluso durante la celebración del primer debate presidencial organizado por INE,3 sosteniendo que Morena donaría el 50% de las prerrogativas públicas para gastos de campaña en 2018 para destinarlas directamente a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

En un segundo escrito,4 el PRI denunció que existía la posibilidad de que Morena estuviera entregando recursos a damnificados provenientes de entes prohibidos o de procedencia ilícita y que, para ello, estaba utilizando un mecanismo de transferencia de recursos ilícito, en específico un fideicomiso creado para tal fin. De acuerdo con la denuncia de dicho partido, Morena estaría enviando recursos del financiamiento público que recibe hacia un fideicomiso, para que éste a su vez entregara apoyos a los damnificados de los sismos, al margen del procedimiento institucional que en su momento el INE señaló como el único posible para no trasgredir la ley.

En la normatividad electoral no se permite que los partidos destinen su financiamiento a fines que no sean concordantes con la función de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país -como está establecido en la Constitución-, por ello  un partido no puede dedicarse a construir centros escolares o regalar  materiales de construcción, electrodomésticos, tarjetas de descuento, entre otros. No obstante, además de que no cumplir con el fin, se podría interpretar la búsqueda de un beneficio a cambio del voto. Por lo que en el caso de la atención por la emergencia del sismo, por muy buena que fuera la intención, ningún partido político podría haber donado en su nombre recursos a los damnificados.

Así, el INE estableció que podría existir una vía en la que las reglas respecto al financiamiento no se incumplieran: se podría renunciar de forma expresa a recibir parte de sus prerrogativas públicas y, posteriormente, el INE transferiría los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que esa dependencia federal los administrara y aplicara en apoyo a los damnificados de los sismos, de conformidad con la normatividad presupuestaria y a través del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.

Efectivamente, en diciembre de 2017 se presentó un informe al Consejo General del INE5 en el que se documentó que, al tercer trimestre de 2017, cinco partidos políticos nacionales renunciaron a parte de su financiamiento público a través del mecanismo convenido con el INE. En conjunto fueron transferidos a la SHCP para apoyo a los damnificados de los sismos 380.4 millones de pesos (mdp), de los cuales 258.6 mdp corresponden al PRI, 51 mdp a Movimiento Ciudadano, 50 mdp al PAN, 10.6 mdp al Partido Verde Ecologista de México y 10.2 mdp al Partido Encuentro Social.6

¿Por qué sería ilegal que Morena entregara recursos a través de un fideicomiso a los damnificados del sismo?

En principio, renunciar al financiamiento público para donarlo a los damnificados del sismo es un acto que puede considerarse encomiable, más aún cuando en el humor social existe la precepción de que el financiamiento público que se reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias y de campaña es excesivo.

Sin embargo, las leyes electorales expresamente prohíben a cualquier partido político entregar a los ciudadanos cualquier bien o servicio en efectivo o en especie que no esté relacionado con la actividad electoral, pues por lo estipulado en la Ley, el financiamiento público que reciben sólo puede destinarse para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas7 en tanto entidades de interés público.8

Pretender entregar de forma directa recursos partidistas a las personas que se vieron afectadas por los sismos, por más filantrópico que parezca, es un acto contrario a la Ley y que eventualmente podría afectar la equidad de las contiendas electorales.

Es precisamente por ello que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) prohíbe expresamente a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona.9

Determinación de la existencia de entrega de recursos públicos de Morena a través de un fideicomiso

Una primera tarea de la UTF del INE fue determinar si efectivamente, como denunció el PRI, se había constituido un fideicomiso con el objetivo de apoyar económicamente a los damnificados del sismo y si éste tenía una relación directa con Morena. La investigación de la UTF en este caso fue relativamente sencilla, pues además de la información provista  por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), era de conocimiento público que el fideicomiso denominado ”Por los demás” se constituyó a raíz de una instrucción de Consejo Nacional de Morena10 en Banca Afirme S.A., el 25 de septiembre del 2017, con el número 73803 y número de cuenta para recibir aportaciones 133-121765; incluso se constató que la dirección registrada en las actas del instrumento financiero es la misma que la del partido.

Ilustración 1: Fideicomiso “Por los demás”

Fuente: Imagen tomada del expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

En la investigación de la UTF se transcriben múltiples constancias con entrevistas, páginas de redes sociales y del partido político Morena, en donde Andrés Manuel López Obrador refiere expresamente la creación del fideicomiso “Por los demás” como el vehículo financiero que sería utilizado para recibir poco más de 100 millones provenientes del financiamiento público de Morena y para entregar apoyos económicos a las víctimas de los sismos.

Una de la principales conclusiones del INE es que el fideicomiso ”Por los demás” no era un instrumento ajeno a las determinaciones y objetivos de Morena, pues fue constituido por orden del Consejo Nacional del partido y publicitado en diferentes medios de comunicación y redes sociales por Andrés Manuel López Obrador -dirigente del partido y después candidato presidencial-, quien expresamente invitaba a sus militantes, simpatizantes y público en general a realizar aportaciones para apoyar a los damnificados del sismo.

Además, el órgano de decisión del fideicomiso, su Comité Técnico, integrado por quienes autorizaron la entrada y salida de los recursos, guardan estrecha relación con el partido político: 4 de las 6 personas que lo formaron son aquellas señaladas por Andrés Manuel en sus diversas menciones sobre la constitución del fideicomiso y todos son integrantes del partido.

En el Cuadro 1 se detalla la relación que tienen los seis integrantes del Comité Técnico11 del fideicomiso “Por los demás” con Morena. Aunado a lo anterior, de los 58 fideicomitentes adherentes (quiénes proporcionarían los recursos) que integran el fideicomiso, 47 son diputados y 3 senadores del partido, quienes manifestaron como su domicilio, la sede nacional del partido.

Cuadro 1 Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso “Por los demás”

COMITÉ TÉCNICO

NOMBRE

RELACIÓN CON MORENA

Austreberta Maldonado Gallegos Diputada Plurinominal de MORENA en la Asamblea Legislativa.
Julio Scherer Ibarra Coordinador Territorial de MORENA en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo  y recientemente propuesto para ser el Consejero Jurídico de la Presidencia.
Laura Beatriz Esquivel Valdés Diputada Federal de MORENA por Representación Proporcional en la LXIII Legislatura
Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya Miembro del Consejo Estatal de MORENA en la CDMX (Consejero)
Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez Candidata Suplente a Senadora por MORENA (Proceso Electoral Federal 2017-2018)
Bernardo Batiz V Vázquez Procurador de Justicia del D.F. de 2000 a 2006 (Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador)

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (2012)

Diputado Constituyente de la CDMX y Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA

Secretario de Combate a la Corrupción en MORENA (Puesto que ocupa al 09-06-2018)

Fuente: Cuadro contenido en el expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

En suma, el fideicomiso “Por los demás” fue auspiciado, creado, administrado y usufructuado por personas con estrecha relación con el partido, de tal forma que sus actividades no pueden desasociarse de los objetivos y fines de Morena.

Una vez determinada la relación entre Morena y el fideicomiso, la UTF del INE procedió a verificar si en el Sistema Integral de Fiscalización existían registros que vincularan las cuentas bancarias de Morena y el fideicomiso, es decir, si Morena había realizado transferencias o cualquier movimiento a la cuenta bancaria del fideicomiso “Por los demás”. También solicitó a la CNBV los estados de cuenta del fideicomiso para identificar si la cuenta 133-121765 de Banca Afirme había recibido transferencias o cheques de Morena.

En ambos casos la investigación arrojó los mismos resultados y fue posible concluir sin ninguna duda, que el fideicomiso “Por los demás” no recibió ninguna transferencia o cheque del partido político, lo cual implica que por más declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador, Morena nunca renunció a su financiamiento público y no donó un sólo peso del partido a los damnificados de los sismos.

La investigación permitió concluir que la primera denuncia del PRI resultaba infundada y en el mejor de los casos se podría acusar a Andrés Manuel López Obrador de mentir, pues el financiamiento público de Morena nunca fue utilizado para ayudar a los damnificados del sismo. No obstante, por las características del fideicomiso y su estrecha e indubitable relación con el partido político fue necesario investigar su operación y funcionamiento, lo que a la postre permitió identificar una intrincada trama de financiamiento paralelo organizada para favorecer al partido y que se ocultó deliberadamente a la autoridad.

Esquema de operación financiera del fideicomiso

De la información provista por las autoridades financieras y fiscales, se logró identificar que, en su operación, el fideicomiso “Por los Demás” realizó una serie de conductas atípicas que representan un intento de fraude al conjunto de reglas y principios en materia electoral, en específico respecto a la transparencia del origen y destino de los recursos para su consecuente fiscalización, las cuales se describen en los siguientes apartados.

Ingresos del fideicomiso

En la resolución aprobada por el INE se explica que, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ingresaron 2,155 aportaciones al fideicomiso “Por los demás” por un monto de $78,818,566.37.12 Esta cifra se compone de cheques recibidos salvo buen cobro, de depósitos en efectivo, SPEI´s y de transferencias bancarias. El detalle se observa en el Cuadro 2.

Cuadro 2 Monto de las aportaciones al Fideicomiso “Por los demás”

Tipo de Movimiento

Número de Operaciones

Monto

%

Cheques salvo buen cobro

158

$14,703,995.90

18.7%

Depósitos en efectivo

1,662

$44,407,082.49

56.3%

SPEI

330

$19,254,211.98

24.4%

Transferencias

5

$453,276.00

0.6%

Total general

2,155

$78,818,566.37

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en el expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

Los cheques recibidos salvo buen cobro permiten identificar al aportante y así determinar si el recurso proviene de una fuente ilícita o no. Por ello, fue posible conocer que de los 14.7 millones recibidos por este concepto, el 85.4%, es decir $12,561,996.90, fue aportado por 55 personas13 que estaban relacionadas directamente con el partido Morena. Eran legisladores del partido o participaron como candidatos en la elección de 2018.

Si bien es del todo lícito que un militante aporte recursos a su partido político, lo cierto es que la normatividad electoral establece que debe ser a través de las propias cuentas del partido político y con total transparencia, además de existir un límite de 1.6 millones de pesos por aportante. En este caso se tiene identificado que al menos 55 personas, íntimamente relacionadas con Morena, realizaron aportaciones al fideicomiso y no lo reportaron a la autoridad, lo que revela una deliberada intención de ocultar el origen de aportaciones y el destino de éstas.

Otro hallazgo relevante en los ingresos captados por el fideicomiso, fue que en el grupo de las transferencias bancarias y SPEI’s se identificaron aportaciones de 6 personas morales por 3.2 millones de pesos (ver detalle en el Cuadro 3). Por más loable o filantrópico que sea el fin, la normatividad electoral prohíbe expresamente que cualquier persona moral realice aportaciones a los partidos políticos.14 La razón de esta prohibición es que se intenta mantener a las empresas al margen de la política para evitar tráfico de intereses. En este caso los miembros del comité técnico del fideicomiso fueron omisos en su obligación de rechazar las aportaciones y permitieron que 6 empresas aportaran 3.2 millones en franca contravención a la normatividad electoral.

Cuadro 3. Monto de las aportaciones de personas morales al fideicomiso “Por los demás”

SERVI TRANS S.A. DE C.V.

$50,000

CASARUZ S.A.  DE C.V.

$50,000

SELVA MADRE S.A. DE C.V.

$750,000

PAPELERIA COPI-PLAYA S.A.

$350,000

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

$548,680

COMERCIALIZADORA BIBI- EIT, S.A. DE C.V

$1,500,000

Total

$3,248,680

Fuente: Elaboración propia con base en el expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

El descubrimiento más preocupante de los ingresos es que el 56% de los recursos recibidos en el fideicomiso, 44.4 millones de pesos se concretaron a través de depósitos en efectivo que, incluso por restricción expresa de una de las cláusulas del contrato del fideicomiso, debieron rechazarse y nunca debieron ingresar en la cuenta. Adicionalmente para fines de fiscalización electoral, el efectivo no debe ser un mecanismo común de financiamiento, pues este tipo de aportaciones no se pueden rastrear e identificar y, por lo tanto, es imposible determinar si se trata de dinero lícito o no.

Las aportaciones en efectivo que ingresaron en el fideicomiso, además, se realizaron bajo un patrón atípico y poco convencional que permite inferir un modus operandi en el que un grupo pequeño de personas realizan las operaciones bancarias de forma secuencial y con diferencia mínima de segundos. Como ejemplo, y con apoyo de los videos de seguridad de la sucursal San Ángel de Banca Afirme, el día 28 de diciembre de 2017, 6 personas en 28 operaciones consecutivas y con depósitos individuales de 50 mil pesos, entregaron a dos cajeros recursos por 1.4 millones de pesos en un lapso de 20 minutos, esquema que es difícil de instrumentar si no existe una organización e intención deliberada.

Bajo esquemas similares de operación y durante sólo 4 días (del 26 al 29 de diciembre de 2017) ingresaron a las cuentas del fideicomiso 12.9 millones de pesos, 29% de los recursos en efectivo, en montos que van desde 25 mil pesos hasta los 200 mil pesos. En la ilustración 2, se observa un diagrama que ilustra las sucursales y fechas en las que se concentran las operaciones atípicas.

Estos movimientos se concentran en 16 sucursales del Banco Afirme del centro de la república identificadas como Arcos, CN Gobierno D.F., Gobierno D.F., Insurgentes, Izazaga, Iztapalapa, Metepec, Pericoapa, Plaza de la República, San Ángel, Satélite, Tecnoparque, Tlanepantla, Toluca, Toluca Centro y Vallejo.

Ilustración 2. Aportaciones en efectivo atípicas que se depositaron en 2017 al fideicomiso “Por los demás”

Fuente: Diagrama presente en el expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

Egresos del fideicomiso

Respecto a las salidas de dinero del fideicomiso, se detalla que entre el 26 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 2018, se retiraron en efectivo $64,481,760 pesos del fideicomiso por medio de 169 cheques, mismos que fueron expedidos a 70 personas (ver detalle en el Cuadro 4).

Cuadro 4. Cheques expedidos por el fideicomiso “Por los demás”

Descripción: Cheques Monto
Cheques emitidios:

174

$65,490,960.00

Menos cheques cancelados:

5

  $1,009,200.00

Total cheques expedidos

169

$64,481,760.00

Fuente: Elaboración propia con base en el expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

De las 70 personas que recibieron cheques del fideicomiso, se tiene acreditado que 56, es decir el 80%, tienen relación directa con Morena:15 12 de ellas participan en algún órgano directivo de partido, 39 se encuentran en su nómina; 8 son militantes y 9 fueron candidatos del partido en 2018.

Además, se observa cierta concentración en el monto de los cheques expedidos, pues 21.8 millones de pesos, el 33.85%, fueron entregados a quince de los fideicomisarios ligados directamente a Morena (ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5. Cheques expedidos a fideicomisarios

Nombre

Relación con el partido político

Monto

León Felipe Vidauri Alfaro Personal de apoyo de la Secretaría de Organización de MORENA, sueldo mensual de 10,000 pesos, CFDIs 2017 por 98 mil pesos

2.7 millones de pesos.

Cesar Addi Sánchez Salinas Candidato Suplente en Puebla (2015), MORENA emitió CFDI´s por 204 mil pesos.

2.3 millones de pesos.

Francisco Javier De la Huerta Cotero Miembro de la Comisión Nacional Electoral de MORENA, de 2016 a 2018, se advierte como receptor de 2,959,257 por concepto de nómina del INE.

2.1 millones de pesos.

Guillermo Genaro Polanco García Miembro del Comité de Transparencia de MORENA, CFDI´s en 2017 por 96 mil pesos

2.1 millones de pesos.

Santiago De la Huerta Cotero Personal de apoyo, CFDI´s en 2017 por 165 mil pesos

2.1 millones de pesos.

Iztac Hernández Quiterio Personal de apoyo, CFDI´s en 2017 por 332 mil pesos

2.0 millones de pesos.

José Manuel Vera Salgado Representante de MORENA ante el INE en Puebla, CFDI´s 2017 por 120,703 mil pesos

1.8 millones de pesos.

Camilo Oviedo Bautista Personal de apoyo, CFDI´s en 2017 por 165 mil pesos

1.6 millones de pesos.

Rodrigo Abdala Dartigues Diputado Federal de MORENA en Puebla, realizó donaciones al fideicomiso por 225 mil pesos, posteriormente, cobro un cheque del mismo fideicomiso por 1.4 mdp.

1.4 millones de pesos.

Joshue Uriel Figueroa Blazquez Asesor del grupo parlamentario de Morena

Jorge Eduardo Arellano Osorio Persona registrada en la nómina de Morena

$ 700,320.00 pesos

Crescencio Carreño Aragón Persona registrada en la nómina de Morena

$ 700,320.00 pesos

Itzel Coca Hernández Persona registrada en la nómina de Morena

 $502,800.00 pesos

Luis Ángel Alfonso Reyes de Gante Persona registrada en la nómina de Morena

 $502,800.00 pesos

Monserrat Adriana Bosque Sánchez Persona registrada en la nómina de Morena

$264,960.00 pesos

Total

21.83 millones de pesos.

Fuente: Cuadro recuperado del expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

Por último, entre las múltiples irregularidades se detectaron conductas que no le corresponde al INE investigar, por ello el INE le enviará el expediente a las siguientes autoridades: Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, para que investigue la existencia de aportaciones de ente impedido, realizadas por interpósitas personas; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la existencia de recursos en efectivo y la ausencia de un Registro Federal de Contribuyentes para constituirse como donataria de recursos a favor de los damnificados; al Sistema de Administración Tributaria, para que realice las indagatorias a efecto de determinar si, en materia fiscal, existen irregularidades en la constitución y operación del fideicomiso; y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, para que investigue el posible otorgamiento de dádivas, en caso de que se hubiera materializado la entrega de recursos a damnificados, y por las aportaciones realizadas por entes prohibidos.

Conclusiones

Esta es quizá, hasta ahora, la investigación más compleja que haya concluido el INE desde su creación en 2014. En ella se acreditó que el partido político no condujo sus actividades dentro de los cauces legales, pues intentó ocultar y hacer parecer como privado un fideicomiso que a todas luces debió reportarse a la autoridad fiscalizadora nacional pues fue creado, promovido y administrado por personas con estrecha relación con el partido político y cuyo fin era entregar apoyos económicos a los damnificados del sismo a cuenta y nombre de Morena. En suma, el INE desenmascaró un fraude a la ley, con un instrumento financiero que de primera mano parecía no infringir ninguna norma, pero que una vez analizado implica un cúmulo de irregularidades.

La poca transparencia y la opacidad con la que se operó el fideicomiso permitió, por consecuencia, que el partido político no reconociera como ingresos propios los 78.8 millones de pesos que recibió, además, que se rebasara el límite máximo de aportaciones individuales, la recepción de aportaciones de entes prohibidos, así como de recursos cuantiosos en efectivo, de los cuales no se puede identificar su origen.

Los cheques expedidos por orden de Comité Técnico del fideicomiso, fueron canjeados en efectivo por cada uno de los beneficiarios -empleados, legisladores o funcionarios del Partido-, de tal forma que no fue posible acreditar que los recursos fueran efectivamente entregados en nombre de Morena a los damnificados del sismo, pero sí de su llegada a Morena.

Claramente, la única conclusión a la que se puede llegar es que este mecanismo de operación privilegió un esquema de financiamiento paralelo que le permitió al partido político ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización tras una pantalla de legalidad. Estas conductas graves, ameritan sanciones ejemplares, en este caso el INE decidió multar al partido con $197 millones de pesos, monto que equivale al 250% del monto de los ingresos que recibió el fideicomiso y que no fueron reportados ni enterados a la autoridad.

A inicio de siglo, al IFE le correspondió desahogar las investigaciones de los casos conocidos como “Pemexgate” y “Amigos de Fox”. Sin importar que el PRI estuviera en el gobierno al ocurrir aquellos hechos, y el PAN cuando se sancionaron, el IFE hizo valer su autonomía constitucional. Siguiendo aquellos ejemplos, el INE fue a fondo en la investigación y sancionó a Morena, sin que el resultado electoral haya incidido en ninguna de las consideraciones de la autoridad fiscalizadora.

Rosa Gómez Tovar y Javier Urbieta Zavala. Asesores en el Consejo General del INE y profesores de la facultad de economía de la UNAM.


1 El fideicomiso es un acto jurídico bilateral de la especie traslativo de dominio, a través del cual, el titular de un conjunto de derechos reales, se desprende de cierta parte de ellos con la finalidad de destinarlos a un objetivo concreto. A través del citado acto, se crean obligaciones: 1) por una parte, el titular de los derechos se desprende de la propiedad bienes ciertos y determinados, cuyo dominio se transmite a un tercero (denominado fiduciario), 2) por la otra, el sujeto que recibe el dominio de los bienes (que en este momento pasan a denominarse bienes de afectación), se obliga a realizar todos aquellos actos y gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento de la finalidad (carga) para la cual se materializó el acto denominado fideicomiso, actos que generalmente se retribuyen a través de una compensación por concepto de honorarios fiduciarios.

2 La queja fue interpuesta por el representante del PRI ante el Consejo General del INE el 27 de abril de 2018 y la UTF le asignó el número de expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.

3 El primer debate presidencial fue transmitido en cadena nacional por el INE el 22 de abril de 2018.

4 Recibido en la UTF el 14 de mayo de 2018.

5 Esta información se presentó al Consejo General del INE el 22 de diciembre de 2017 en el “Informe respecto a la renuncia al financiamiento público por los partidos políticos nacionales, en virtud de los sismos del mes de septiembre de 2017”. En dicho documento además de revelar a detalle el monto de recursos públicos a los que renunciaron 5 partidos políticos nacionales, se dio cuenta del procedimiento para transferir a la SHCP los recursos en ayuda de los damnificados de los sismos.

6 Aún no se ha dado un debate público para discutir la transparencia y efectividad con que han sido utilizados los recursos que recibió el gobierno federal por concepto de donativos para los damnificados del sismo, recursos que provenían no sólo de los partidos políticos sino de la sociedad en su conjunto.

7 Se refieren a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales.

8 Artículo 50, numeral 2 de la Ley de Partidos Políticos.

9 Artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

10 La evidencia más contundente de que el Fideicomiso fue promovido y auspiciado por Morena, es una publicación de fecha 3 de octubre de 2017 relacionada con una sesión del Consejo Nacional de Morena y que se localizó en la página lopezobrador.org.mx, en la cual es posible descargar el Boletín 017-285, a través del cual el entonces dirigente de Morena, informa a todos los militantes y simpatizantes de ese instituto político la determinación tomada respecto a la creación de un fidecomiso para ayudar a damnificados de los sismos, el cual sería administrado por “Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Pedro Migue, Paco Ignacio Taibo, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Bertha Maldonado, y Alejandro Solalinde.

11 El Comité técnico del fideicomiso tiene la responsabilidad de conocer el origen de las aportaciones que ingresan a su patrimonio, verificar la licitud de las mismas y de emitir instrucciones a la Fiduciaria (Banco) para la entrega de los recursos, cuidando que en todo momento se cumpla con los fines para los cuales fue creado el instrumento.

12 El análisis al detalle de las aportaciones permite identificar que algunas de ellas rebasan el imite máximo individual que establece la Ley y que fue de 1.6 millones de pesos.

13 Estas 55 perso nas realizaron 129 cheques.

14 En el Artículo 54 de la Ley de Partidos Políticos se establecen las restricciones para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos.

15 Algunos cuentan con más de un tipo de relación con el partido, por ejemplo, pueden integrar un órgano directivo y además estar en su nómina.

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La llegada del candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” a la boleta de la elección presidencial se dio a pesar de que no logró reunir el número de apoyos ciudadanos requerido por la ley. Ahora, además, el INE ha develado una mancha más a esta controversial candidatura: el lunes 28 de mayo el Consejo General del Instituto resolvió tres procedimientos en materia de fiscalización en contra de Rodríguez Calderón, en los que se detalla el uso de recursos no permitidos durante la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano.

Estas investigaciones, cuya información es pública y se puede encontrar en la página Internet del INE, se concluyeron de forma expedita por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE y han permitido acreditar que el actual candidato a la presidencia de México financió la recolección de sus firmas de apoyo empleando esquemas de financiamiento expresamente prohibidos por la ley electoral, y en los que participaron de forma activa un importante número de empresas y personas físicas que sirvieron como testaferros para triangular recursos. A continuación se exponen los tres mecanismos de uso ilegal de recursos en los que incurrió Rodríguez Calderón y que el INE sancionó.

Utilización de servidores públicos para recabar apoyo ciudadano.

En la primera trama de financiamiento ilegal, se comprobó que Jaime Rodríguez Calderón utilizó a 656 servidores públicos del gobierno de Nuevo León para recabar apoyo ciudadano cuando aún fungía como gobernador del estado.1

El primer indicio que tuvo la autoridad sobre esta conducta provino de hechos denunciados en la prensa, específicamente en un reportaje del periodista Rafael Cabrera en el portal “Buzzfeed” (5 de diciembre 2017) y de la periodista Mirna Ramos en el periódico “El Norte” (29 y 31 de enero de 2018). En tales escritos se denunció la participación de funcionarios del estado en la recolección de firmas del entonces aspirante. La periodista Mirna Ramos reveló que después de recibir información a través del portal de transparencia del INE, pudo comprobar que había coincidencias entre los nombres de servidores públicos de distintas dependencias del gobierno de Nuevo León y la lista de auxiliares que recolectaban firmas en favor del entonces aspirante.

La UTF hizo lo propio: cruzó la base de datos del propio INE que contenía el total de auxiliares (35,667) que Rodríguez Calderón registró para recabar firmas en su apoyo con los nombres de los servidores públicos del gobierno del estado de Nuevo León. Encontró 428 casos de auxiliares-servidores públicos de 23 dependencias del gobierno que habían recabado apoyos ciudadanos en días y horas hábiles. Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE (UTCE) había concluido pesquisas derivadas de otro procedimiento2 sobre la misma conducta, lo que a la postre permitió a la UTF identificar a otros 228 servidores públicos3 de seis dependencias adicionales del gobierno que también recolectaron firmas de apoyo ciudadano en horarios y días hábiles.

De esta forma el INE logró acreditar fehacientemente a 656 servidores públicos del gobierno del estado que, en lugar de desempeñar funciones para las que fueron contratados, dedicaban tiempo de su jornada laboral a recabar apoyos ciudadanos en favor de su jefe, el entonces gobernador del estado, situación que está expresamente prohibida no sólo en la ley electoral sino en el artículo 134 de la Constitución.

Se determinó que el valor de las aportaciones en especie de los 656 servidores públicos ascendió a $2,624,000 pesos.4 La resolución aprobada concluyó en sancionar por estos hechos al Bronco con $377,072.55, así como enviar el expediente a la UTCE pues los hechos investigados ocurrieron cuando el Bronco fungía como gobernador de Nuevo León, lo que presume una violación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 7, de la Constitución –el cual obliga a los servidores públicos aplicar con imparcialidad los recursos que tienen bajo su responsabilidad. Por último, se dio vista de este asunto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la participación de servidores públicos y posible coacción de éstos.

La multa impuesta al actual candidato presidencial puede parecer proporcionalmente menor a la gravedad de la falta que cometió; sin embargo, la ley electoral establece que, al tratarse de un aspirante, la sanción económica máxima que se le puede aplicar es de hasta cinco mil unidades de medida y actualización ($377,450).

Triangulación de recursos de origen prohibido.

La segunda parte de esta trama de financiamiento ilegal consiste en la triangulación de recursos empresariales para financiar las actividades de Jaime Rodríguez Calderón en su búsqueda de la candidatura presidencial por la vía independiente.5 Como resultado de esta investigación, se detectaron aportaciones por $4,494,250 que fueron trianguladas desde empresas mercantiles que, por ley, están impedidas para inyectar recursos económicos a la actividad política.

El modus operandí de esta triangulación al final resultó burdo: 20 empresas mercantiles realizaron depósitos en las cuentas de los simpatizantes de Jaime Rodríguez Calderón. El mismo día, o algunos días después,6 estas personas transfirieron los recursos a la cuenta bancaria de la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón. Las indagaciones permitieron acreditar que las personas físicas sólo fueron una pantalla para ocultar aportaciones que en realidad provenían de empresas mercantiles.

El origen de esta investigación fue una orden del Consejo General del INE en la resolución del informe de ingresos y gastos de la etapa de apoyo ciudadano,7 pues al analizar los estados de cuenta bancarios de algunos aportantes8 se identificó un patrón atípico, en específico en las aportaciones de Bruno Mauricio Mendoza (230 mil pesos), Edgar Alfaro Cruz Guerrero (230 mil pesos) y Tania Garza González (220 mil pesos).

En los estados de cuenta bancarios de estas personas se podía observar que, en días previos a que realizaran su aportación a la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón, la empresa Comercializadora Zelcy S. A. de C. V., en los primeros dos casos, y la empresa Dyjoma S.A de C. V., en el tercero, inyectaron recursos por el mismo monto que el aportado a las cuentas de los supuestos simpatizantes.

Llama la atención que estas dos empresas presentan características propias de las denominadas “empresas fachada”,9 pues ambas fueron adquiridas en el año 2017 por la C. Tania Garza González por 50 mil pesos; aun así las declaraciones anuales indican que Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. tuvo ingresos por 159 millones de pesos y Dyjoma, S.A. de C.V. por 56 millones de pesos; sin embargo, el patrimonio reflejado en las declaraciones anuales no es congruente con estos ingresos. Además, el domicilio fiscal de ambas se ubica en un mismo bien inmueble, el cual a simple vista no cuenta con una infraestructura que corresponda a la magnitud de las operaciones.

Ante la presunción de financiamiento ilegal y con la intención de comprobar o descartar la triangulación de recursos de origen ilícito a la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón, la UTF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de 82 simpatizantes cuyas aportaciones suman $15,709,250.00 y, después, requirió y cruzó la información de los estados de cuenta bancarios de las personas morales identificadas.

La investigación concluyó con la identificación de 23 aportantes (cuadro 1) que sirvieron como pantalla para intentar ocultar aportaciones que en realidad provenían de 20 empresas mercantiles.  Se trata de una trama de financiamiento ilegal sistemático, pues todas las aportaciones tienen las siguientes características:

  • Los depósitos recibidos por parte de las empresas no corresponden a los flujos de efectivo que usualmente recibían los aportantes en sus cuentas bancarias.
  • El depósito de la empresa y la transferencia a la asociación civil de Jaime Rodríguez Calderón se efectuaron con poco tiempo de diferencia.
  • El monto depositado es igual o similar al aportado a la asociación civil.
  • El origen del recurso provino de una cuenta bancaria cuyo titular es una persona moral.
  • No existe relación laboral o comercial entre el aportante (persona física) y la persona jurídica (empresa) que justifique la realización de los depósitos. De acuerdo con información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no existen comprobantes fiscales correspondientes a nómina o facturas que respalden los movimientos.
  • Los aportantes nunca afectaron su patrimonio ya que si bien se observó una salida de recursos de sus cuentas bancarias, lo cierto es que se confirmó que existió un previo fondeo días antes de llevar a cabo la aportación, de tal manera que en ningún momento se vieron disminuidos sus recursos; de ellos no fue el dinero que alimentó los ingresos de “El Bronco” como aspirante a candidato independiente.

Fuente: Elaboración propia con base en la resolución del INE del expediente INE/P-COF-UTF-64/2018.

Además de la evidente triangulación de recursos, resulta notable el hecho de que los cheques de la empresa “Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios” fueron depositados en la cuenta de Jaime Rodríguez Calderón cuando éste todavía era gobernador en funciones del estado de Nuevo León.10 Será también relevante para las investigaciones subsecuentes que realicen otras autoridades analizar el hecho que de acuerdo con el portal en línea de la revista “Reporte Índigo”,11 el dueño de la constructora Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. de C.V., es Humberto Torres Padilla, actual Secretario de Infraestructura del gobierno de Nuevo León y miembro del equipo de trabajo Jaime Rodríguez Calderón.

Ante esta triangulación ilegal de recursos, el Consejo General del INE determinó sancionar por esta conducta con $226,243.5312 y remitir el expediente al SAT, a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Nuevo León, a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, la FEPADE y a la UTCE del INE para que, eventualmente, se sancione a las personas morales que transfirieron recursos a Jaime Rodríguez Calderón por interpósita persona.

Frente a la sanción del INE, Rodríguez Calderón declaró que no incurrió en ninguna conducta irregular,13 pues el dinero que recibió provenía de los empresarios y no de las empresas. Sin embargo, la ley es clara: están prohibidas las aportaciones por sí o interpósita persona de empresas mercantiles. Adicionalmente, su dicho se desvirtúa con la investigación del INE: las personas que hicieron la aportación no eran empresarios ni trabajadores o proveedores de las empresas, eran personas morales que realizaron transferencias a la asociación civil del Bronco a través de ciudadanos que fueron utilizados como fachada, hecho que se corrobora porque no existe un solo comprobante del SAT que acredite una relación laboral o comercial entre ellos.

La investigación de esta trama de financiamiento ilegal aún no está cerrada del todo, pues el SAT y la CNBV aún no remiten a la UTF la totalidad de la información (estados de cuenta bancarios, facturas y declaraciones fiscales) de 59 aportantes, cuyo monto ingresado a la asociación civil “Viva la Independencia” de Rodríguez Calderón fue por once millones quince mil pesos.

Pago oculto a auxiliares con dinero ilegal

La tercera y última trama del financiamiento ilícito es por la expedición de tarjetas a través de las cuales tres personas morales inyectaron seis millones y medio de pesos como pago a los auxiliares de Jaime Rodríguez Calderón sin que los reportara como gastos al INE.

Este expediente14 tuvo como origen dos tarjetas bancarias Saldazo-Oxxo que fueron entregadas por reporteros del periódico “El Norte”, quienes trabajaron encubiertos en la campaña del entonces aspirante Jaime Rodríguez Calderón, con las que se les pagó su labor de recabar firmas de apoyo ciudadano para El Bronco.

Esas dos tarjetas permitieron identificar el contrato con el origen del dinero dispersado. Así se descubrió que tres empresas, Grupo Comercial Gruten S.A. de C.V., Attar 2715 SC y Piserra Construcciones S.A. de C.V., financiaron la expedición de tarjetas en las cuales se inyectaron $6,521,179 como pago a auxiliares que recolectaron apoyos ciudadanos en favor del Bronco.

Después, con los estados de cuenta de las empresas proporcionados por la CNBV al INE, fue factible identificar depósitos a cuentas de 828 auxiliares adicionales y que recibieron traspasos de las tres personas morales antes referidas. El monto de las transferencias a las tarjetas de los auxiliares de Jaime Rodríguez Calderón suma $2.1 millones de pesos (cuadro 2). De nueva cuenta no se encontró evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos (CFDI) emitidos por las personas morales a los auxiliares del Bronco, que justificaran una relación laboral. Además de las transferencias de estas tres personas morales a las tarjetas Saldazo-Oxxo, en sus estados de cuenta se detectó un patrón de transferencias que se replicaba no solamente en el caso de las cuentas de Citibanamex -que es el banco operador de estos plásticos- sino además en otras instituciones bancarias.

Cuadro 2. Dispersión de recursos de tres empresas a auxiliares de El Bronco a través de tarjetas Saldazo-Oxxo

Auxiliares

Período

ATTAR-BANORTE S.A.

GUTREN-BBVA Bancomer S.A.

PISERRA BBVA Bancomer S.A.

Total

828

Octubre 2017 a Marzo 2018

$108,250

$386,182

$1,673,835

$2,168,267

Fuente: Resolución del INE expediente INE/P-COF-UTF-79/2018.

En el detalle de movimientos de los estados de cuenta de las personas morales, se advierten transacciones a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a cuentas destino de instituciones bancarias distintas a Citibanamex. En esos documentos se encuentran los nombres de las personas vinculadas a las cuentas que recibieron el dinero y coinciden con los nombres de auxiliares del entonces aspirante. A estos bancos se transfirieron en total 4.3 millones de pesos (Cuadro 3), por lo que el monto total pagado a auxiliares por empresas ascendió a $6,521,179 pesos.

Cuadro 3. Transferencias adicionales a auxiliares de El Bronco.

Empresa

Institución bancaria

SPEI enviados a otras instituciones bancarias

Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V.

BBVA Bancomer S.A.

$941,296

Attar 2715 S.C.

Banco Mercantil del Norte S.A.

$144,500

Piserra Construcciones S.A. de C.V.

BBVA Bancomer S.A.

$3,267,116

Total

$4,352,912

Fuente: Resolución del INE expediente INE/P-COF-UTF-79/2018.

 

La sanción para el otrora aspirante en este caso fue de $135,731.02;15 y, como en los casos previos, se enviará la investigación a la FEPADE y a la UTCE del INE para que, en su caso, se sancione a las personas morales que transfirieron recursos a los auxiliares de Jaime Rodríguez Calderón.

De las pesquisas del INE se sabe que el ahora candidato se benefició al recibir 3.6 millones de pesos al utilizar de forma ilegal recursos del gobierno del estado de Nuevo León -incluso en el periodo en que fue titular del mismo- y, además, que financió con 11 millones provenientes de empresas mercantiles la recolección de firmas. ¿Qué recibieron o recibirán las 23 empresas a cambio de los recursos que entregaron a Rodríguez Calderón? Precisamente para evitar este cuestionamiento, es que la ley electoral prohíbe que las personas morales ingresen recursos a las actividades políticas, pues al hacerlo rompen el principio de equidad de las contiendas electorales con el único objetivo de verse favorecidas económicamente. De ahí que aún falta investigar qué relación tienen con el gobierno del estado y si las operaciones que reportan son reales, pues algunas de las empresas tienen un comportamiento irregular que podría llevar a calificarlas como empresas fachada.

Dilucidar si estas actividades implican actos de corrupción o no, queda en mano de autoridades distintas al INE. No obstante, la gravedad de los hechos en los que incurrió el ahora candidato, hacen evidente un vació legal en las reglas de las contiendas, pues la normatividad no considera la pérdida de la candidatura para aquellos aspirantes a candidatos independientes o precandidatos a los que se les compruebe haber recibido recursos de origen ilícito -por ello dicho tema no se discutió en el Consejo General del INE-; de tal manera que se permite que un actor político al que se le han detectado conductas sistemáticas ilegales y un cúmulo nada despreciable de irregularidades pueda seguir contendiendo a la presidencia y sólo sea sancionado con 739 mil pesos, un ínfimo 5% del monto total involucrado de las conductas que cometió.

Rosa Gómez Tovar y Javier Urbieta Zavala. Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM y asesores del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.


1 Procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF-16/2018.

2 Procedimiento identificado con el número de expediente UT/SCG/PE/SAGS/JL/NL/61/PEF/118/2018.

3 El procedimiento desahogado por la UTCE permitió identificar a 228 servidores públicos, no obstante, la UTF sólo contabilizó a 224 porque se tenía constancia escrita de 4 de ellos, que manifestaron haber prestado sus servicios de forma gratuita y desinteresada.

4 El Reglamento de Fiscalización del INE establece que el valor de las aportaciones no reportadas se determina en función del valor más alto registrado en la matriz de precios. En el caso de auxiliares en la etapa de apoyo ciudadano, el monto más alto pagado y registrado fue de $4,000 pesos, de tal forma que el valor total estimado de la aportación en especie al Bronco por sus auxiliares-servidores públicos fue de $2,608.00 (652 X $4,000).

5 Procedimiento identificado con el número INE/P-COF-UTF-64/2018.

6 En general los depósitos fueron realizados el mismo día o 4 días después.

7 En la resolución INE/CG275/2018 del 28 de marzo de 2018, el Consejo General del INE ordenó verificar el origen de las 162 aportaciones en efectivo efectuadas por 152 aportantes, cuya suma era de $17,592,250.00. No obstante, por criterios de relevancia y oportunidad, la UTF determinó verificar sólo a 82 aportantes que representan el 89% respecto de la totalidad de aportaciones en efectivo registradas por el aspirante ($15,709,250.00).

8 Los estados de cuenta bancarios de los aportantes fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitud expresa de la UTF. El análisis de esta información forma parte de los procedimientos de fiscalización que realiza la UTF.

9 De conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, las denominadas “empresas fachada” son aquellas en las que se presume la inexistencia de las operaciones y en las que los contribuyentes no cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para la producción y prestaciones de bienes y servicios.

10 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón desempeñó el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León hasta el 31 de diciembre de 2017, pues mediante Decreto número 352, el Congreso de ese estado le concedió licencia temporal para ausentarse del cargo, con efectos a partir del 01 de enero de 2018.

11 Información recopilada en el portal de internet de la revista “Reporte Índigo”.

12 La sanción de determinó considerando el monto máximo aplicable a aspirantes (5,000 UMAS) y la capacidad económica de Jaime Rodríguez Calderón, después de haberle aplicado la primera sanción.

13 “Yo saqué dinero de mi empresa para mi cuenta personal porque con mi empresa yo no puedo aportar: eso hicieron los dueños de las empresas y a partir de ser ya persona física aportaron a la campaña y eso es legal” declaraciones del candidato a la prensa después del foro “Recupera tu futuro, una propuesta de la juventud para México” el 28 de mayo de 2018.

14 Procedimiento identificado con el número INE/P-COF-UTF-79/2018: Este procedimiento fue una escisión del INE/Q-COF-UTF-16/2018, en el cual la UTF determinó ampliar el objeto de investigación y separar de dicho procedimiento, lo relativo a las dos tarjetas bancarias con las que presumiblemente se había pagado a auxiliares.

15 La sanción de determinó considerando el monto máximo aplicable a aspirantes (5,000 UMAS) y la capacidad económica de Jaime Rodríguez Calderón, después de haberle aplicado las dos sanciones previas.

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