A inicio de esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo entre sus manos la posibilidad de garantizar el derecho de acceso a la información de todos los mexicanos al declarar de una vez por todas la inconstitucionalidad de la noción de “secreto fiscal” contenida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este precepto dispone que el personal oficial está obligado a guardar “absoluta reserva” sobre los datos que maneja, lo cual contraviene directamente el mandato constitucional de que toda la información en manos de las autoridades es pública, al menos de que deba reservarse de manera excepcional y por razones de interés público.

Como hemos compartido en anteriores ocasiones (aquí, aquí y aquí), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó la información sobre los créditos fiscales cancelados de manera masiva en 2007, los cuales representan un monto de 73 mil 960 millones de pesos. El SAT fundamentó su negativa en el tristemente célebre artículo 69 del CFF. Ante esta respuesta, Fundar diseñó una estrategia jurídica para acudir ante el Poder Judicial de la Federación a través del amparo e instarlo a declarar que este precepto, el cual data de 1981, está rebasado y no cumple con las exigencias marcadas por el artículo 6º constitucional, ni con los avances que ha tenido la normatividad nacional e internacional en materia de transparencia y acceso a la información en la última década.

En la sesión del pasado lunes 9 de julio, la cual continuó hasta el martes 10, el Pleno de la SCJN estudió el amparo 699/2011 cuyo proyecto de sentencia estaba a cargo de la ponencia del ministro Zaldívar. El ministro ponente inauguró la sesión diciendo que el asunto “es de una enorme relevancia” para el país porque tiene que ver con los límites del secreto fiscal, la discrecionalidad de las autoridades y la transparencia tributaria.

El proyecto del ministro Zaldívar orientó la discusión en torno a dos ejes principales: en un primer tiempo se estudió la constitucionalidad de la reserva contenida en el artículo 69 del CFF y en un segundo tiempo se proponía discutir la legalidad y constitucionalidad del acto de aplicación, es decir, determinar si la información solicitada sobre los créditos fiscales cancelados debía o no ser revelada por el SAT. Para Fundar, el primer tema era la llave maestra pues el objetivo principal era combatir un precepto que tiene como efecto colocar a toda la información que manejan las autoridades hacendarias bajo un velo de opacidad.

Respecto del primer tema, el proyecto del ministro Zaldívar reconoció que el derecho a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones en el que la apertura de la información es la regla y la reserva es la excepción. Sin embargo, la solución procedente para Zaldívar es precisar qué información está comprendida bajo la reserva del 69 y cuál no. Según el ministro ponente, la expresión “reserva absoluta” que contiene el artículo 69, debe interpretarse en el sentido que sólo protege los datos personales de los contribuyentes y únicamente se vuelve absoluta cuando no ha sido superada por razones de interés público. Esto significa que para Zaldívar, existe una interpretación conforme a la Constitución o “correcta” de este precepto, según la cual la información será pública al menos de que se trate de datos personales.

La interpretación del ministro ponente es un avance pues indica a las autoridades hacendarias que hay una manera correcta de considerar esta reserva (para datos personales, a menos de que pueda ser superada por razones de interés público) y una manera incorrecta (cuando se usa de manera indiscriminada para negar información que no cabe dentro de esta hipótesis, como es la actual práctica sistemática del SAT).

La propuesta del ministro Zaldívar es innovadora en el sentido que inauguraría una tradición en la SCJN para resolver la inconstitucionalidad de leyes al favorecer su interpretación conforme a la Constitución, sin embargo, se queda corta. Pues al no señalar de forma contundente que la Constitución prevé prima facie la apertura y mantener el lenguaje de “reserva absoluta”, permite al SAT negar información de toda índole, perpetuando la anquilosada tradición de opacidad y las resistencias a la transparencia que existen en nuestro país. Por otra parte, insistimos en que los datos personales ya se encuentran protegidos de manera adecuada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que además es ley posterior y especial en la materia.

Los ministros Cossío y Silva fueron quienes, desde nuestro punto de vista, dieron respuesta efectiva a la cuestión planteada. En primer lugar, Cossío destacó que el artículo impugnado no hace distinción entre personas físicas y personas morales sino que se refiere a los contribuyentes en bloque. Esto es problemático para la interpretación conforme a la que invita el proyecto pues la confidencialidad de los datos personales aplica sólo a personas físicas. En segundo lugar, retomó el argumento esbozado en la demanda de amparo de que no es suficiente declarar una reserva por razones de interés público sino que debe hacer un balance entre el interés público que todos tenemos en que dicha información sea divulgada y el daño que pudiera generar su divulgación.

Hay una dimensión procedimental en el análisis del ministro Cossío que recuerda a Rawls, pues insiste en que la autoridad no puede prescindir de realizar la prueba de interés público en cada caso:

el artículo 69 es inconstitucional, no porque se refiera a información confidencial, sino porque no prevé ni remite al mecanismo o procedimiento mediante el cual debe establecerse el secreto como criterio de causa; como la razón que permitiría a la autoridad realizar el procedimiento de evaluación para reservar la información de manera temporal. El secreto no puede permitir a la autoridad de manera automática considerar cierta información como reservada permanentemente.[1]

También el ministro Silva hizo el estudio apropiado pues determinó que

la utilización de un calificativo como ‘absoluta’ para definir el carácter de la reserva de los datos e información en poder de la autoridad fiscal, hace que por eso mismo, el precepto impugnado sea inconstitucional ya que se trata en una reserva de información que no es idónea, por ser sobre-inclusiva, además de que no es proporcional pues existen medios menos restrictivos del derecho de acceso a la información para adelantar la secrecía fiscal.[2]

Los ministros Ortiz, Aguirre y Franco ni siquiera se adhirieron a la interpretación conforme propuesta por el proyecto, al sostener que el artículo es perfectamente constitucional sin distinción. El primero consideró que el artículo 69 establece una reserva que, aunque susceptible de ser superada, no se refiere únicamente a los datos personales sino que debe ir más allá y que nada tiene que ver con el derecho de acceso a la información. Esta es una interpretación por demás obtusa, que comete el grave error de desligar la reserva dirigida a las autoridades hacendarias del derecho de todos de conocer cómo se comporta el SAT. No reconoce que gran parte de la información que maneja el SAT es pública y tiene un valor intrínseco para la transparencia tributaria y la contraloría social.

El balance de esta discusión, que en realidad es el tema toral para el avance del derecho de acceso a la información, es que todos salvo tres de los ministros de nuestra Suprema Corte consideran que el artículo 69 y la expresión de “absoluta reserva” que contiene puede ser aplicado de forma inconstitucional por las autoridades hacendarias (en el caso de aquellos que se fueron por la interpretación conforme) o incluso sostienen que definitivamente contraviene el mandato constitucional (ministros Cossío y Silva). Así, aunque el Pleno confirmó la constitucionalidad del artículo, debemos quedarnos con este pequeño logro y usarlo para dirigir la aplicación futura de este precepto por el SAT.

La segunda parte del proyecto del ministro Zaldívar se refirió al acto de aplicación, es decir, a estudiar si en el caso concreto de la negativa de información sobre los créditos fiscales cancelados, había sido respetada la interpretación conforme que dibujó la Jueza de Distrito y confirmó la mayoría del Pleno. El proyecto proponía entrar al estudio de la constitucionalidad y legalidad del acto de aplicación y determinaba que la aplicación que daba el SAT al 69 del CFF al negar la información solicitada era inconstitucional por lo que procedía otorgar el amparo. Este hubiera sido sin duda un logro importante pues hubiera obligado al SAT a revelar información que se ha rehusado en hacer pública por los poderosos intereses que se encuentran detrás, a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya se lo había ordenado.[3]

El proyecto planteaba entrar al estudio del acto de aplicación aunque no se hubiera formulado un agravio específico al respecto, en respeto al principio pro personae que da la mayor protección posible al individuo. Al respecto, el ministro Pardo señaló que no había lugar a entrar al estudio del acto de aplicación pues no había “causa de pedir”,  perspectiva a la que se sumaron los ministros Franco, Ortiz, Aguilar y Aguirre. Para Cossío, el principio pro personae sólo sería respetado si se declarara inconstitucional el artículo 69 del CFF pues eso es lo que daría la protección más amplia al derecho de acceso a la información, por lo que se pronunció también en contra de esta parte del proyecto. Los ministros que votaron en contra del proyecto en esta parte (a excepción de Cossío), se estancaron en un tecnicismo que dejó en estado de indefensión a la quejosa y tuvo como consecuencia que se confirmara la negación del amparo.

Desde Fundar, la estrategia jurídica fue orientada hacia la lucha por declarar la inconstitucionalidad del fundamento mismo de esta negativa, por lo que se decidió no esgrimir propiamente argumentos de legalidad en contra del acto de aplicación, o por lo menos no de la manera ortodoxa, para invitar al juzgador a detectar la patente inconstitucionalidad del artículo 69. Sin embargo, el recurso de revisión interpuesto sí daba pie a que se entrara al estudio del acto de aplicación, tal y como lo proponía el proyecto del ministro Zaldívar, pues se señaló en numerosas ocasiones que incluso suponiendo que el artículo 69 del CFF admitiera una interpretación conforme a la Constitución, esta no era la interpretación que le daba el SAT en su negativa de información.

En Fundar y en la comunidad de organizaciones y personas que defendemos el derecho de acceso a la información, quedamos decepcionados con esta oportunidad perdida. Es un caso en el que sin duda se movieron intereses poderosos y finalmente se confirmó que la materia tributaria permanece en una esfera aparte, exenta de toda norma relativa a la transparencia y rendición de cuentas.

Quienes hacemos litigio estratégico seguido nos preguntamos si el resultado de un caso que se “pierde” nos dejará peor situados de lo que estábamos. En este caso, pensamos que no pues ocho de once ministros de la Suprema Corte dijeron de manera clara que el artículo 69 del CFF no puede ser interpretado como un paraguas genérico que permite al SAT negar toda la información que maneja sino que sólo puede ser aplicado para salvaguardar los datos personales (de los cuales gozan únicamente las personas físicas). Nos toca ahora hacer la prueba de solicitar información que por su naturaleza es pública y exigir que el SAT se restrinja a esta interpretación, aunque sospechamos que no será así. Entonces, quizás el paso siguiente será volver a acudir a esta sede judicial para que vea como, caso tras caso, la interpretación conforme que labró no es más que una fabricación suya a ser deliberada en hermosas salas de debate y no a la que obedece el SAT. Quizás ante esta realización se atreverá, ahora sí, a declarar inconstitucional el precepto impugnado para sacar a nuestro derecho de acceso a la información del terreno de la discrecionalidad.

 

Jimena Avalos Capín. Colaboradora del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Versión taquigráfica de la sesión del Pleno celebrada el 9 de julio de 2012, pág. 25, disponible en http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/09072012POsn.pdf

[2] Idem, pág. 49.

[3] Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, recursos 6030/09, 3880/10, 7806/10 y 297/12.

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En un post anterior, nos preguntábamos a quién protege realmente el famoso “secreto fiscal”, el cual tradicionalmente se encuentra definido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sugeríamos que dicha reserva no está orientada a proteger la seguridad o intimidad de los contribuyentes sino que sirve para reservar de manera arbitraria y sistemática la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para comprobar esta hipótesis, solicitamos la información relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Como anticipábamos, esta información nos fue negada con fundamento precisamente en el artículo 69 del CFF. En respuesta, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que se declarase inconstitucional este artículo.

El argumento central de la demanda es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales.

El pasado 1º de abril nos fue notificada la sentencia de primera instancia, emitida por la Jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esta sentencia presenta varios aspectos que vale la pena comentar:

En primer lugar, la sentencia es interesante porque resuelve a partir de la llamada “interpretación conforme a la Constitución”. Esté método interpretativo consiste en que cuando una norma permite diversas interpretaciones, se tendrá que acudir a la interpretación que es acorde con la Constitución federal. En las palabras de Paulo Bonavides, “una norma puede admitir varias interpretaciones. De éstas, algunas conducen al reconocimiento de la inconstitucionalidad, otras sin embargo consienten en tomarla por compatible con la Constitución. El intérprete, adoptando el método propuesto [la interpretación conforme a la Constitución], tiene que inclinarse por esta última salida o vía de solución. La norma, interpretada ‘conforme a la Constitución’, será por lo tanto considerada constitucional.”[1]

De acuerdo con la Jueza Quinta de Distrito Auxiliar, el artículo 69 del CFF admite dos posibles interpretaciones: una, en el sentido de que el secreto fiscal incluye toda la información que se encuentre en posesión de las autoridades fiscales (sentido amplio) y; otra, en el sentido de que dicho secreto se refiere exclusivamente a los datos de los contribuyentes que estos suministren a dichas autoridades en sus declaraciones o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación (interpretación conforme). Por lo tanto, la Jueza concluye que existe una interpretación posible del artículo 69 del CFF que sí respeta el orden constitucional y decide ultimadamente negar el amparo.

Lo curioso es que la propia Jueza reconoce que existe una interpretación amplia del “secreto fiscal” que es inconstitucional e incluso reconoce que ésta es la interpretación que le dan nuestras autoridades hacendarias. Admite además, que la información sobre créditos fiscales cancelados no debería ser reservada con fundamento en el artículo 69 del CFF pues no se refiere a los datos personales de los contribuyentes.

La Jueza declara en su sentencia que el acceso a la información pública es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la administración. Además, concede que no puede soslayarse que el Estado, como sujeto que genera información que tiene el carácter de pública y supone, por tanto, el interés de los miembros de la sociedad por conocerla, se encuentra obligado a comunicar a los gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información, con las únicas limitaciones que exige la protección de la persona.

La sentencia concede que las autoridades del SAT realizan una interpretación incorrecta del “secreto fiscal” porque el dar a conocer nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de tales créditos, no solamente no perjudica el interés público sino que va acorde con este último. Es una sentencia positiva, a pesar de que niega el amparo, pues declara en todas sus letras que, bajo el pretexto interpretativo del secreto fiscal, se esconden y cobijan nombres, cifras y datos concernientes a cancelaciones de créditos fiscales sobre los cuales los gobernados tienen interés público en conocer y en saber por qué no llegaron a las arcas públicas.

Estas valientes y acertadas declaraciones confirman que el concepto caduco de “secreto fiscal” no responde a las exigencias del derecho de acceso a la información como hoy se concibe, pues permite que las autoridades hacendarias hagan un uso caprichoso de esta reserva. Sin embargo, al realizar la interpretación conforme a la Constitución, la Jueza Quinta de Distrito encontró una salida fácil para negar el amparo.

La interpretación realizada por la Jueza es problemática porque reconoce que fue violado el derecho de acceso a la información, pero escoge un modo de interpretación que permite que subsista dicha violación en el caso concreto, por lo que no permite remedio alguno al quejoso. En efecto, esta modalidad interpretativa es más sencilla cuando se trata de control abstracto de la Constitución en países como Alemania, en donde el Tribunal Constitucional realiza este tipo de interpretación a fin de preservar la supremacía constitucional sin tener que eliminar del orden jurídico aquellas normas secundarias que pudieran tener una interpretación conforme a la Constitución. Un elemento clave es que esta interpretación conforme que realiza el Tribunal que se vuelve entonces obligatoria para los poderes públicos para la aplicación de la norma.

Al contrario, en nuestro sistema jurídico, la sentencia de amparo tiene efectos relativos, por lo que el pronunciamiento de la Jueza en el sentido de que existen dos interpretaciones posibles y debe prevalecer aquella interpretación que es acorde a la Constitución en ningún momento obligará ni indicará a las autoridades hacendarias que deben aplicar la norma impugnada conforme a ese criterio.

Además, sostenemos que aún la interpretación estricta o restringida que hace la Jueza en este caso es incorrecta porque dentro de la información proporcionada por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados no toda puede ser válidamente reservada bajo la noción de “datos personales”. Si bien el nombre, domicilio, patrones de consumo, etc. de los contribuyentes pueden ser clasificados como información confidencial, hay toda una gama de información que proporcionan los contribuyentes que sí es de naturaleza pública. El Estado tiene la obligación de generar versiones públicas de la información que proporcionan los contribuyentes por ejemplo, para fines estadísticos, precisamente para salvaguardar los datos personales. No olvidemos además que la protección de datos personales ya se encuentra prevista por el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización son confidenciales.

Por estas consideraciones recurriremos el fallo en nuestra lucha para que el derecho de acceso a la información sea una realidad y no un mero enunciado a nivel del texto constitucional. Acudimos, ahora, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideramos que es competente en razón de que se impugna una ley federal y el tema de inconstitucionalidad subsiste en el recurso, además de que se trata de un asunto de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

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[1] Bonavides, Paulo, Curso de direito constitucional, 6a. ed., São Paulo, Malheiros, 1996.

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El fisco maneja gran cantidad de información sobre los particulares que ciertamente no queremos que se divulgue, como nuestro nombre, domicilio, o cuánto y en qué gastamos cotidianamente. Sin embargo, nuestras autoridades hacendarias también manejan datos que necesariamente tendríamos que conocer para verificar que nuestras contribuciones se cobran y administran de manera eficiente y conforme a derecho.

No es necesario ser un experto en materia fiscal para darnos cuenta que algo anda mal cuando la capacidad recaudadora del Estado es baja, los impuestos aumentan y, sin embargo, parece que a la hora de asignar el presupuesto público, nunca hay dinero suficiente para lo que la población necesita. Se vuelve entonces indispensable que haya transparencia en el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que dicha institución rinda cuentas sobre los ingresos que recibe. Es también necesario conocer exactamente qué criterios sigue para decidir lo que cobra y lo que deja de cobrar.

A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país en la última década, la gestión del SAT continúa estando bajo una caja negra. La razón: una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”. ¿A quién protege el “secreto fiscal”? ¿Tiene verdaderamente la finalidad de proteger al contribuyente en su intimidad o seguridad?; o bien, ¿es meramente el pretexto perfecto para que el SAT actúe detrás de una cortina de opacidad?

El famoso “secreto fiscal” tradicionalmente se ha encuadrado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Lejos de servir como una protección para el contribuyente, esta disposición permite al SAT reservar sistemática y arbitrariamente todo tipo de información, incluso aquella que por su naturaleza es indudablemente pública.

Un ejemplo claro de información que sí debemos poder conocer es la relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Se trata de créditos que el fisco ha decidido no cobrar, ya sea por incosteabilidad en el cobro (cuando cuesta más caro realizar diligencias de cobro que cancelar el crédito), por insolvencia del deudor o por la imposibilidad práctica del cobro. Si bien la cancelación no libera al deudor del pago (pues queda abierta la puerta para que pague de manera espontánea), también lo es que el Estado dejará de emplear su maquinaria para cobrar el crédito cancelado.

En octubre pasado, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos al SAT la información sobre los montos, fechas de cancelación y, principalmente, los motivos o razones por los cuales fueron cancelados dichos créditos. La información fue negada con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ante esta negativa, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que declare inconstitucional el artículo citado. Con esta estrategia, esperamos que el Poder Judicial sirva como verdadero contrapeso a un Poder Legislativo que ha sido omiso en reformar la noción de “secreto fiscal” para obedecer el mandato constitucional. Esperamos además que sirva de balance a un Poder Ejecutivo que hace uso indiscriminado de este precepto para negar información pública de manera caprichosa.

Nuestro argumento es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones. Esto significa que en el artículo 69 del CFF establece un régimen de excepciones que es exactamente opuesto al que establece el artículo 6º de la Constitución.

Además, la reserva absoluta que plantea el artículo 69 del CFF no responde al criterio de interés público que es el criterio rector en esta materia. Al contrario, es de interés público que se haga disponible la información sobre los créditos fiscales cancelados, pues sólo de esta forma la ciudadanía podrá verificar que se dan a partir de la actualización de supuestos establecidos en reglas claras y equitativas. Debemos poder conocer exactamente cómo son aplicados los criterios para la cancelación de créditos a fin de verificar que dichas cancelaciones no sean el resultado de la ineficiencia en el cobro o incluso de corrupción.

¿Quedaremos entonces desprotegidos los contribuyentes en nuestra intimidad o seguridad? La respuesta es no. Vale la pena precisar que lo que se busca con este litigio no es eliminar por completo la noción de “secreto fiscal”, sino resaltar que dicha noción debe ser acotada a fin de que corresponda a los avances que hemos tenido en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Por otra parte, ya contamos con una ley especial que nos brinda la protección adecuada. En efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya protege nuestros datos personales[1], así como aquella información que podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas[2] e incluso aquella que pudiera causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones.[3]

La demanda de amparo indirecto que interpusimos fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Posteriormente, el asunto fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal para que dicte la sentencia correspondiente. Se espera que la sentencia de primera instancia se emita en los próximos meses.

Si la sentencia niega el amparo, acudiremos a la segunda instancia para solicitar la revisión, y si la sentencia otorga el amparo, seguramente las autoridades responsables harán lo mismo. Tendremos entonces la oportunidad de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción, pues consideramos que es un caso que lo amerita por su particular importancia y trascendencia, así como por su novedad y relevancia.

En el fondo lo que perseguimos es delimitar y desmitificar algunas nociones aparentemente sagradas que amenazan de manera patente nuestro derecho de acceso a la información. El “secreto fiscal” tal y como está definido, no protege a nosotros los contribuyentes (o por lo menos no en todos los casos), sino que nos mantiene a obscuras en un tema que nos incumbe a todos: el manejo de los ingresos de nuestro país.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

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[1]Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el  11 de junio de 2002, Artículo 18, fracción II.

[2] Idem, Artículo 13, fracción IV.

[3] Idem, Artículo 13, fracción V.

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