La renuncia del ministro Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha motivado reacciones de la comunidad jurídica y política en todos los sentidos. Más allá de las causas de esta precipitada renuncia, el fenómeno es también una perfecta oportunidad para ponderar la importancia del proceso de selección de los integrantes de la Suprema Corte.

Sobre todo, porque esto empata con algunas de las acusaciones que los políticos suelen hacer en contra de los tribunales constitucionales: que se trata de un órgano contra mayoritario capaz de anular las decisiones de funcionarios elegidos por voto popular, que se trata de una institución por la que “nadie vota” y que se encuentra “lejos de la gente”.

Ante esa disputa, es el proceso de selección el que le brinda legitimidad a las cortes en el contexto democrático y es justo a través de ese proceso que los jueces ganan autonomía, que, junto a sus garantías institucionales de dependencia, les permiten llevar a cabo su importante función para la democracia.

El problema de la autonomía de los jueces

Superado el debate sobre el papel político de los jueces de constitucionalidad, queda claro que los tribunales constitucionales desempeñan un relevante rol político a través de la defensa de su orden constitucional. Aunque esto no significa que los miembros de las cortes constitucionales se asuman como opositores al resto de los poderes del Estado, sí está claro que a través de sus decisiones, dialogan y protegen la Constitución.

A esta condición se le ha denominado tradicionalmente como independencia judicial. Pero, Brinks y Blass (2018) han desdoblado el concepto en dos ejes: autonomía y autoridad. Por el primero los integrantes de las cortes tienen la capacidad para desarrollar y expresar preferencias distintas a la del actor dominante (ejecutivo); por el segundo, éstos tienen capacidad para decidir sobre más temas relevantes y, por tanto, de afectar a más actores y personas.

Por lo tanto, las cortes, y los jueces que la integran, no son ínsulas apartadas del resto de los actores políticos presentes en el escenario estatal, sino entes que detentan recursos y desarrollan funciones sustantivas en medio de la disputa política.

Atendiendo a esta realidad, los diseñadores institucionales han entendido que los miembros de tribunales constitucionales deben gozar de un estatuto que les garantice condiciones mínimas para el desarrollo de sus funciones: inamovilidad, periodos largos que traspasan gobiernos y legislaturas, garantías institucionales como calendarios escalonados de renovación o la irreductibilidad de su salario.

Pero, esas garantías legales deben ser respetadas por todos los actores políticos, para tener éxito y producir los efectos planeados por los diseñadores institucionales. Por ello, se entiende lógico que sean otros agentes estatales los que participen, de modo compartido, en los procesos de nominación y selección de los jueces constitucionales. Este esquema tiende a la construcción de diálogo entre las minorías políticas, el examen de los candidatos y la designación final de perfiles menos polarizados (Stone-Sweet, 2012: 824).

Es decir, desde estos nuevos enfoques de estudio de la autonomía de los jueces constitucionales, es posible que aún y con las garantías institucionales del estatuto de los jueces, los integrantes de las cortes de constitucionales podrían autocensurarse o, en su caso, actuar conforme a los dictados de la coalición gobernante, si estiman que la coalición de apoyo que los sostiene es débil o es idéntica al gobierno.

Actualidad del proceso de selección de ministros de la Suprema Corte

Tras un análisis comparado entre Argentina, Brasil, España y México, cabe decir que el modelo mexicano es especialmente eficaz para producir nombramientos rápidos (28.4 días en promedio, a partir de la fecha de la vacante, para el periodo 2006-2018) y generalmente concitador de apoyo importante en el Senado, pese a que los ejecutivos federales no cuentan con mayorías calificadas de sus partidos para impulsar a sus candidatos (72.5% de sus miembros votaron al candidato elegido, en el mismo periodo).

Sin embargo, el acuerdo mayoritario en la Cámara de Senadores no necesariamente implica la construcción de una coalición de apoyo de amplio espectro social. El mejor ejemplo es, precisamente, el nombramiento del ahora exministro Medina Mora, en cuya nominación hubo voces ciudadanas, académicas y políticas que se opusieron a su nombramiento. Opiniones que serían desoídas por la cámara de Senadores que, finalmente, terminó designándolo.

A ese proceso se le conoce como “cuotas partidistas” (García Roca, 2012). Un esquema que permite que los partidos políticos representados en el legislativo negocien los nombramientos de los órganos constitucionales, ofreciendo apoyo a los candidatos de otras fuerzas en contextos específicos a cambio del compromiso de nominar a perfiles cercanos a sus preferencias en otros órganos.

La existencia de estos acuerdos informales evidencia, entonces, la necesidad de abrir los procesos de designación a nuevos actores, con el propósito de incorporar nuevas y frescas propuestas, ahondar en los mecanismos de auscultación de los candidatos y allegar a los tomadores de decisiones de la mayor información posible para su deliberación.

Propuesta para la selección de jueces constitucionales

El derecho comparado y la construcción teórica de la autonomía de los jueces constitucionales, permite sostener que urge diseñar procedimientos de designaciones públicas en los que intervengan la mayor cantidad de actores posibles, incluida la ciudadanía. En consecuencia, la próxima reforma al proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte debería tocar, al menos, lo siguientes cuatro puntos:

1) Equilibrar el peso de los poderes del Estado

La actual configuración favorece al ejecutivo federal, pues la confección de la terna es facultad exclusiva y la normatividad no le exige consulta con otros órganos. Además, una vez configurada la terna, el Congreso sólo cuenta con 30 días para votar su propuesta y sólo dos oportunidades de rechazar las ternas del presidente (en caso de rechazar dos veces a las ternas del ejecutivo federal este decidirá de manera unilateral entre alguno de sus candidatos de la última terna).

En ese orden de ideas, exigir al ejecutivo federal la publicación de una convocatoria, a través de la cual organizaciones, universidades o congresos locales propongan a personas con trayectorias destacadas y convicciones claras y transparentes sobre su forma de entender la protección constitucional en el país, puede ser un método interesante para enriquecer la baraja de candidatos y, por lo tanto, las opciones del presidente de la República.

2) Fortalecer el proceso de auscultación de los candidatos

Las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado, encargada de examinar a los candidatos y aprobar o rechazar la procedencia de éstos, según los requisitos constitucionales, tienen mucho margen de mejoría. En primer lugar, urge que los senadores cuenten con más herramientas para preguntar sobre los temas de justicia constitucional, una alternativa institucional en ese sentido es contar con un consejo consultivo, de carácter honorario, en el que expertos en la materia (académicos, ministros en retiro) alleguen información, temas y preguntas relevantes a los legisladores.

Las comparecencias, y el examen dentro de ellas, deben ser el momento ideal para que la opinión pública conozca los perfiles y, sobre todo, la forma de entender la justicia constitucional, la Constitución y la propia Corte, las personas que aspiran a formar parte de ella.

3) Atender a los principios constitucionales de diversidad

El proceso debe, explícitamente, asegurar que la relación de hombres y mujeres en el seno de la Corte se equilibre, estableciendo un esquema intercalado de ternas integradas exclusivamente integradas por personas del mismo género.

Por otro lado, en atención al federalismo y los aspectos tan importantes que la Corte decide sobre la relación entre los niveles de gobierno, el nuevo proceso debería contemplar un método de participación de los legislativos locales, que podrían enviar al presidente de la República de propuestas de personas para que éste, a su vez, integre la terna que será propuesta al Senado.

4) Asegurar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil

En los últimos procesos de designación, diversos colectivos y organizaciones han destacado por la riqueza de sus propuestas, la exhibición de denuncias y la exigencia de institucionalizar su participación.

Por eso, se requiere que la participación de la sociedad esté garantizada en un nuevo esquema de designación. En primer lugar, urge que integrantes de la organización civil especializadas puedan recomendar perfiles para integrar la terna. También es preciso que, una vez publicada la terna, y como sucede en varios países de la región, la ciudadanía pueda hacer llegar pruebas, al órgano encargado de la designación, que contravengan la idoneidad de alguno de los candidatos, para que éstas sean valoradas.

Estos cuatro elementos favorecerían la riqueza del proceso de selección y asegurarían una mayor atención de la opinión pública, una mejor examinación de los perfiles y una deliberación más profunda de un número mayor de actores.

En consecuencia, los ministros de la Suprema Corte emanarían de un proceso más completo que les brindaría mayor legitimidad en el concierto democrático. Esta legitimidad, combinada con el estatuto de los jueces, las garantías de independencia, potenciará la autonomía de lo miembros del tribunal constitucional y, por lo tanto, la capacidad de este para responder a las exigencias de una sociedad democrática.

El diseño exitoso de las instituciones depende de una planeada configuración de incentivos y sanciones para los participantes de un juego. En una democracia, debe quedar claro que las posiciones en el tablero siempre son volátiles y que no pueden configurarse leyes pensando en personas específicas, sino en la salud de las Instituciones. En síntesis, la Suprema Corte necesita un nuevo mecanismo de integración, no por López Obrador, sino porque necesitamos una Corte más autónoma y capaz de lidiar con los retos que plantea la democracia. Ojalá que haya voluntad política.

Jorge Luis Hernández Altamirano. Licenciado y maestro en ciencia política, maestría en derecho constitucional. Su línea de investigación está relacionada con las instituciones políticas, específicamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su diseño institucional y funciones políticas.

Fuentes

Brinks, Daniel y Blass, Abby (2018), The DNA of Constitutional Justice in Latin America, Cambridge University Press.

García Roca, Javier (2012) “El estatuto de los magistrados constitucionales en España”, en Fix-Zamudio, H. y Astudillo, C. (coords.) Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa, UNAM – IIJ, México.

Hernández-Altamirano, Jorge (2019) “La política de selección de los miembros de las Cortes Constitucionales en Iberoamérica: Argentina, Brasil, México y España (2006-2018)” [tesis de master], Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

Mavcic, Arne (2010) Clasificación de las Cortes Constitucionales, disponible en: http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=es&stat=0&prt=0&srt=0 [visitado el 5 de mayo de 2019]

Stone-Sweet, Alec (2012) “Constitutional Courts” en Rosenfeld, M. y Sajó, A. The Oxford handbook of comparative constitucional law, Oxford, 2012, pp. 816-830

Leer completo