Desde hace algunos años, al final de cada periodo de sesiones de la Suprema Corte de Estados Unidos, cobraba fuerza el rumor de que el juez Anthony Kennedy anunciaría su retiro. El pasado 27 de junio esos rumores se convirtieron en realidad y en una de las mayores amenazas para las causas progresistas en Estados Unidos.

A sus 81 años de edad, Kennedy concluyó una carrera de 30 años de servicio en la Suprema Corte –los nombramientos en la Corte son vitalicios, a menos que quien ocupa el cargo decida retirarse– en la que destacó desde 2006 como el juez con el voto decisivo en varios de los asuntos más polémicos. A pesar de haber sido propuesto por el presidente Ronald Reagan y haber votado en contra de Obamacare o de las protecciones a grupos minoritarios en las leyes electorales, Anthony Kennedy, también sumó su apoyo al ala liberal de la Corte en casos sobre aborto, acerca de los derechos de los detenidos en la prisión de Guantanamo y, en especial, en el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en el caso de Obergefell v Hodges, asunto en el que él fue ponente.

Esta es la segunda oportunidad para el presidente Donald Trump de proponer a un candidato para la Suprema Corte. Su elección anterior fue Neil Gorsuch, quien tomó la vacante que dejó la inesperada muerte del originalista Antonin Scalia –hasta el último día de su vida defendió que la Constitución debe leerse con base en el significado que sus palabras tenían al momento de ser redactadas-. A pesar de haber tomado posesión de su lugar en la Corte apenas el año pasado, Gorsuch ha demostrado ser un férreo conservador que no está dispuesto a ceder ante la experiencia de sus pares. En esta ocasión, la elección de Trump fue el juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, Brett Kavanaugh.

La posibilidad de que Kavanaugh fuera nominado para la Suprema Corte surgió desde la campaña presidencial, cuando Trump presentó una lista de juezas y jueces de entre los cuales elegiría sus candidaturas para la Corte. La lista de Trump fue cuidadosamente elaborada por The Federalist Society, una organización a la que están afiliados los cuatro jueces conservadores de la Corte: Roberts (presidente de la Suprema Corte), Thomas, Alito y Gorsuch. Al revisar la carrera de Kavanaugh, no hay sorpresa del porqué Trump lo escogió como su candidato a la Corte. Egresado de la escuela de derecho de Yale –todas las personas que integran el Pleno son egresadas de alguna Ivy League–, Kavanaugh, tuvo su primer acercamiento a la Corte como uno de los abogados de la ponencia de Anthony Kennedy. Posteriormente, se integró al equipo de Kenneth Starr para investigar la relación entre Bill Clinton y Monica Lewinsky. También destaca la participación de Kavanaugh en el equipo legal de George W. Bush, en el que trabajó para evitar que se hiciera un recuento de los votos de la elección presidencial en el estado de Florida. Su carrera en el poder judicial inicio, justamente, debido a que el presidente Bush lo designó juez en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (otro semillero de candidaturas para la Suprema Corte y conocida como el segundo tribunal más importante de Estados Unidos), desde donde ha demostrado un criterio conservador, en contra de causas como la protección del medio ambiente y a favor de fortalecer la autoridad del presidente.

Jeffrey Torbin y Amy Davidson Sorkin destacaron algunos de los criterios de Kavanaugh con base en los cuales es posible entender la simpatía de Trump con su candidatura. En un asunto relacionado con Obamacare, el juez Kavanaugh redactó un voto en el que señaló que un presidente puede abstenerse de aplicar una ley que afecte a privados cuando el presidente considere que la ley es inconstitucional, incluso si un tribunal ha resuelto por la constitucionalidad de dicha ley. Asimismo, en el Minessota Law Review, Brett Kavanaugh, publicó un artículo en el que defendió que los presidentes en turno no deberían poder ser procesados penalmente porque esos casos estarían inevitablemente politizados.

¿Qué esperanzas tienen los demócratas de detener la confirmación de Brett Kavanaugh para la Suprema Corte? Muy pocas. El Partido Republicano mantiene la mayoría del Senado por un voto –para la confirmación del juez Gorsuch, los republicanos modificaron las reglas de confirmación y aprobaron una reforma para que los jueces de la Suprema Corte sean confirmados por mayoría simple y no calificada–, lo que obliga a los demócratas a tener que convencer a dos de sus adversarios de votar en contra de la confirmación (en caso de que hubiera empate en la votación, el vicepresidente Mike Pence tiene el voto de calidad). Además, este proceso se ha convertido en una carrera contra el tiempo debido a que en noviembre serán las elecciones intermedias y el líder de la mayoría, Mitch McConnell, quiere que esto termine antes de que su partido pueda perder su ventaja en el Senado.

Sin embargo, la carrera contra el tiempo no sólo opera en contra de las agendas progresistas en el Senado, pues la edad de quienes integran el ala liberal de la Corte se vuelve cada vez más un factor de riesgo. La campeona de las libertades e ícono de la moda, Ruth Bader Ginsburg, tiene 85 años y su colega Stephen Breyer alcanzó las ocho décadas el pasado 15 de agosto. Pensando que la dieta, el ejercicio y el azar jueguen a favor de Ginsburg y Breyer, la confirmación de Kavanaugh significaría la consolidación de una mayoría conservadora y estable dentro de la Suprema Corte que no se había visto desde antes del New Deal.

Si la mayoría absoluta de los conservadores se establece en la Suprema Corte, los avances en la protección de varios derechos en Estados Unidos podría enfrentar un retroceso que dure más de una generación. En especial, los grupos religiosos fundamentalistas podrían tener la oportunidad de impulsar su agenda y lograr dar marcha atrás, con la ayuda de los legisladores republicanos, a Roe v Wade que fue la histórica decisión que proscribió la prohibición absoluta del aborto en Estados Unidos (la cual fue escrita por el juez Harry A. Blackmun, quien llegó a la Suprema Corte después de que el presidente Nixón intentó sin éxito que dos jueces conservadores llegaran a la Corte).

El escenario no es promisorio para quienes habían encontrado en la Suprema Corte de los Estados Unidos la oportunidad de generar los cambios normativos necesarios para proteger derechos colectivos, a las diversidades sexogenéricas, a las minorías raciales, al medio ambiente y, en general, la oportunidad de combatir las decisiones del presidente Donald Trump. Las soluciones jurídicas a este problema son limitadas, la mejor oportunidad de responder a una Suprema Corte conservadora se encuentra en el campo de la política, asegurando victorias electorales que permitan blindar la protección de los derechos y que aseguren la posibilidad de regresar el equilibrio a la Corte en años futuros si es que los demócratas no logran evitar la confirmación de Kavanaugh. Este proceso, además, eleva los riesgos para la futura elección presidencial… ¿podrá el ala liberal de la Corte sobrevivir a una segunda administración de Trump?

José Manuel Ruiz Ramírez. Abogado egresado del CIDE, especialista en derecho constitucional.

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La victoria presidencial de Donald Trump ha estado rodeada de sospechas acerca de la intervención del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos con la finalidad de apoyar al candidato republicano. Estas sospechas han servido a los demócratas para atacar al gobierno de Trump, a comediantes para burlarse de las decisiones de la actual administración y, en general, para intentar provocar desconfianza y movilizar al electorado. Sin embargo, al no existir, hasta el momento, pruebas que vinculen a la campaña de Trump con el gobierno de Putin directamente, el equipo de la Casa Blanca ha utilizado la estrategia de reducir cualquier acusación a fake news o denunciar que existe una cacería de brujas en su contra. Los casos de Paul Manafort y Michael Cohen podrían empezar a cambiar esto.

El otrora director de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable el día de ayer respecto de cinco cargos de fraude contra el fisco, dos cargos por fraude bancario y un cargo por no haber reportado negocios con cuentas en el extranjero. La primera pregunta que hay que responder es: ¿esto que tiene que ver con Trump? La respuesta es que directamente no hay ningún vínculo entre las conductas ilícitas de Manafort y la campaña de Trump; sin embargo, estos procesos penales son resultado del trabajo del equipo del comisionado especial, Robert S. Mueller.

Mueller fue designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo de 2017 como el comisionado especial encargado de investigar cualquier vínculo o arreglo que pudiera haber existido entre el gobierno ruso y los individuos involucrados en la campaña de Donald Trump. Desde el inicio de sus investigaciones, el gobierno de Trump había ejercido presión sobre Mueller señalando que sus esfuerzos no eran más que una persecución política, pero con la decisión del gran jurado en el caso de Manafort esa narrativa perdió sentido. La fiscalía logró demostrar que el antiguo director de campaña escondió millones de dólares en cuentas en el extranjero con la finalidad de evadir el pago de impuestos, además de haber falsificado información para obtener veinte millones de dólares en préstamos bancarios. Un dato interesante es que buena parte del dinero que Manafort intentó ocultar provenía del cobro de asesorías a un partido político en Ucrania que simpatiza con las políticas rusas.

Por si la decisión del jurado en contra de Manafort no fuera suficiente para Trump, su abogado personal de confianza, Michael Cohen, aceptó un trato con la fiscalía de Manhattan y confesó el mismo martes haber cometido actos ilícitos durante la campaña respecto del manejo de recursos, así como haber cometido fraudes bancarios y contra el fisco. De acuerdo con la confesión de Cohen, pagó “por instrucciones del candidato [Donald Trump]” la cantidad de ciento treinta mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels con la finalidad de que mantuviera en secreto la relación que mantuvo con Trump. Asimismo, Cohen confesó haber pagado la cantidad de ciento cincuenta mil dólares a la compañía American Media Inc. para comprar los derechos de la historia de Trump y Daniels y que ésta no fuera publicada.

Estas dos conductas de Cohen constituyen un delito electoral en Estados Unidos pues el pago a Stormy Daniels fue considerado como una donación a la campaña de Trump, siendo el límite para las donaciones de dos mil setecientos dólares. El estándar para analizar el pago como una donación de campaña es que se consideran como tales aquellas aportaciones que incrementen las posibilidades electorales de un candidato. En ese sentido, el silencio de Daniels incrementó las posibilidades de victoria de Trump, pues de haberse revelado el escándalo de su relación pudo haberse afectado la imagen del candidato y reducirse sus probabilidades de ganar las elecciones. En el caso del trato con American Media, la ley electoral prohíbe que se celebren acuerdos que determinen el uso de las donaciones hechas por una empresa a una campaña. El acuerdo que Cohen logró con la empresa de medios fue considerado como un arreglo en el que el monto pagado significó una donación con un destino condicionado a que no se publicara la historia de la relación entre Trump y Daniels. A pesar de que el equipo de Mueller no fue el encargado de procesar a Cohen, fue Mueller quien remitió el caso al fiscal de Manhattan.

A diferencia del caso de Manafort en el que no existe ninguna relación entre Trump y las conductas por las que su director de campaña fue encontrado culpable, las confesiones de Cohen sí vinculan al presidente de Estados Unidos con la comisión de un ilícito. Al haber aceptado que el pago a Stormy Daniels fue realizado por instrucciones del candidato, Cohen –quien alguna vez afirmó que recibiría una bala en lugar de Trump– señaló directamente a su antiguo jefe como responsable de la comisión de un delito electoral, lo que podría servir a Mueller para presionar a Trump a que declare oficialmente como parte de sus investigaciones. Aunado a ello, el acuerdo al que llegó Cohen con la fiscalía de Manhattan para reducir su sentencia de una pena de hasta 65 años de prisión por una de entre 51 a 63 meses de cárcel no condiciona que Mueller pueda seguir investigando otras conductas en las que pudo haber participado Cohen y así obtener su cooperación.

La caída de los dos hombres cercanos a Trump significa un impulso al trabajo de Mueller pues con la decisión del jurado y las confesiones de Cohen quedó demostrado que las sospechas de que se cometieron conductas ilícitas por parte de los integrantes de la campaña de Trump no son meras fake news. No obstante, hasta ahora no ha podido quedar establecido el vínculo entre la campaña y el gobierno de Rusia, por lo que los republicanos han presionado para que se establezca una fecha límite para que Mueller entregue sus conclusiones, la cual se piensa antes de las elecciones intermedias de noviembre.

El avance en este proceso está demostrando la capacidad institucional frente a las descalificaciones en el discurso político. Más allá de sospechas y fake news, lo que representan los procesos contra Manafort y Cohen es que las decisiones basadas en evidencias no han perdido terreno en las instituciones a pesar de que el abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, declare disparates como que la verdad… ya no es verdad.

José Manuel Ruiz Ramírez. Abogado egresado del CIDE, especialista en derecho constitucional.

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