La desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero ha sido una de las tantas páginas rojas en la reciente historia mexicana. La importancia de este suceso, desde luego, no debiese enmarcarse en una contienda de jerarquización de los males de México, ni por el trato de los medios, ni por el número de víctimas directas o indirectas, y menos aún por alguna condición geográfica. Han sido escritas muchas páginas y se generado material audiovisual de gran relevancia, que ha venido a complementar el interés de la opinión pública para conocer cómo sucedieron las cosas. Esto con independencia de la propia lucha —legítima— en la que se encuentran inmersos los propios familiares, así como distintos representantes de la sociedad civil.

La resolución aprobada el pasado 31 de mayo del presente año, de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (Tamaulipas), derivada del amparo en revisión 203/2017 y hecha pública hasta el cuatro de junio, representa un nuevo capítulo para los hechos que han sido catalogados como de lesa humanidad.1 Esta resolución abarca múltiples temas, entre los cuales destaca, esencialmente, la necesidad de una Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia. En sus 712 páginas, la sentencia se aparta de la lógica minimalista, para adentrarse en una gran arquitectura argumentativa que lleva a las partes —y al lector en general— a comprender las violaciones que pueden encontrar durante el proceso que fue llevado a cabo.

De esta manera la sentencia emitida por el Primer Tribunal sería una de las resoluciones más extensas que se hayan dictado en la historia reciente de nuestro país.2 Dejando de lado la precisión de cada una de las omisiones que se hacen notar dentro de la resolución, las múltiples pruebas a las que alude e, incluso, los tópicos relativos a la tortura padecida por los imputados. En este texto pretendo rescatar algunos elementos fundamentales que podrían despejar ciertas dudas, en torno a la posibilidad de que un Tribunal Colegiado pueda ordenar la creación de una Comisión de la Verdad:

1. A manera de síntesis, la resolución dispone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como elementos fundamentales para una investigación, el que esta sea: inmediata, efectiva, independiente e imparcial. Sobre cada uno de estos elementos, profundizan los magistrados y la conclusión a la que arriban es que todos estos preceptos fueron incumplidos de forma olímpica por la Procuraduría General de la República. Esto implica que sobre una gran injusticia recaiga una gran medida, como lo es el ordenar la creación de la Comisión para la Verdad.

2. La resolución hace un cuantioso recuento de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lejos de asemejarse a las prácticas del copy paste normativo y jurisprudencial, los criterios parecen elegidos metódicamente de acuerdo a la evolución argumentativa que transita por los elementos que debe contener una investigación, las violaciones acontecidas y la forma en la que esto tendría que repararse y, a la par, la restitución de cada uno de los derechos quebrantados por una ineficiente investigación.

Entre los criterios en los que se fundamenta esta sentencia, destacan son los siguientes: Favela Nova Brasilia contra Brasil (consecuencias de falta de diligencia en una investigación y la independencia de los órganos encargados de esta); Acosta contra Nicaragua (asegurar el cumplimiento, en tiempo razonable, de los derechos de las víctimas); Myrna Mack Chang contra Guatemala (en las investigaciones atribuibles a fuerzas estatales, suele haber conflictos de interés); Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal contra Guatemala (prohibición de obstaculizar la investigación); Radilla Pacheco contra México (obligación del Estado para llevar una investigación efectiva); Vereda La Esperanza contra Colombia (relevancia del derecho a la verdad); Rosendo Cantú y otra contra México (la investigación es un deber jurídico y no una mera formalidad); Cantuta contra Perú (la privación de la verdad sobre el destino de un desaparecido constituye un trato inhumano y degradante para los familiares cercanos); Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela (obligación de autoridades para adoptar medidas para asegurar la independencia de los órganos de investigación); Baldeón García contra Perú (investigar es una obligación estatal imperativa cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado); Anzualdo Castro contra Perú (posibilidad de establecer comisiones para arribar a la verdad de los hechos); Pacheco León y otros contra Honduras (seguimiento de líneas lógicas de investigación); y Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) contra Colombia (la investigación debe encontrar la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables de los hechos).

3. Así también, realiza una antología ad hoc de los criterios vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a diferencia de los criterios citados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, se hace un menor razonamiento en torno a la aplicabilidad de cada criterio. No obstante, dicha técnica puede ser justificable, en la medida en que la propia densidad argumentativa requiere de una transición desde las violaciones reconocidas hasta el planteamiento que se hará con posterioridad: la instauración de la Comisión de la Verdad.

Entre los criterios que subraya, resaltan los siguientes: jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sobre obligatoriedad de los principios que conlleva el acceso a la impartición de justicia; jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), que enuncia las etapas y derechos que le corresponden al derecho de acceso efectivo a la justicia; jurisprudencia P./J. 47/95, en torno a las formalidades esenciales del procedimiento; jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), tesis 1a. CCLXXVI/2013 (10a.) y tesis 1a. IV/2014 (10a.), relativas al derecho al debido proceso, sus ámbitos de aplicación y elementos; tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), sobre el contenido y alcance el principio pro persona; tesis 1a. CXCII/2009, sobre monopolio de la investigación del Ministerio Público y prohibición de negar intervención a la víctima u ofendido; jurisprudencia 1a./J. 6/95, relativa a los impedimentos; y jurisprudencia 1a./J. 57/2007, la cual destaca que las autoridades no señaladas como responsables también pueden tener obligaciones para el cumplimiento de la ejecutoria.

4. Asimismo, destaca el pronunciamiento realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del Informe sobre violaciones a Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, en el sentido de que por un lado han existido serias omisiones en contra de los derechos a conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y sancionar a los responsables; mientras que también la autoridad centró parte de su actuar en violentar los derechos fundamentales de los imputados.

5. En el caso particular de la efectividad de la investigación, hace un reconocimiento expreso a que el órgano ministerial limitó al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para desarrollar su investigación. Esto fue ejemplificado en la falta de atención a las líneas de investigación propuestas por estos, en la insistencia en aquellas carentes de consistencia y con características de revictimización, en las negativas de autorización para reentrevistar a inculpados y en la negación de acceso pleno a todas las actuaciones. Con esto, el Primer Tribunal de Circuito realiza una especie de ratificación, sobre los propios señalamientos hechos por este Grupo, en el tema de la obstaculización de su labor.3

6. Hace un pronunciamiento en torno a la transformación suspendida de la PGR a una Fiscalía General de la República y destaca que el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la misma PGR, de forma directa e indirecta, mantiene una relación de subordinación con el Titular del Ejecutivo Federal y además, coincidan constantemente en el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, previsto por los artículos 7 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente reconoce, en este argumento, el hecho de que existan manifestaciones conocidas coloquialmente como No al Fiscal-Carnal, con lo cual cierra el círculo argumentativo en torno al incumplimiento a la imparcialidad ministerial, en sus facetas orgánica y material.  Incluso, se apuntilla en esta crítica jurisdiccional, en los puntos 1028 – 1029, lo siguiente:

Partiendo de lo expuesto, a fin de determinar si la investigación se ha efectuado con imparcialidad, cabe recapitular que en el caso se da la circunstancia de que tanto el órgano investigador, como al menos dos de las dependencias que deben ser investigadas, tienen cierto grado de subordinación hacia el Presidente de la República, lo que actualiza una especie de conflicto de interés natural.

Esto es, hay probables responsables que no sólo pertenecen al mismo aparato burocrático del Ejecutivo Federal, sino que además, se trata de autoridades con estrecha relación institucional entre sí, lo que conlleva que se dé entre ellas una amplia comunicación, contacto y colaboración continua desde hace muchos años.

7. El Tribunal también hace hincapié en que la inobservancia a los principios relativos a la investigación no solo fue violentada por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), sino que también hubo negligencia en la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Razón por la cual, califica el suceso como negligente, el cual atañe, en su integralidad, a la PGR.

8. Por otro lado, como elementos para justificar la instauración de la Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia, hace la transición argumentativa, que resumo en los siguientes diez puntos:

a) Ante la ausencia de imparcialidad o independencia, debe establecerse un procedimiento que permita que la investigación cumpla con los elementos necesarios;

b) Aunque la Corte ha señalado que el Ministerio Público ostenta el monopolio de la investigación, también ha reconocido la obligación de que las víctimas u ofendidos puedan intervenir;

c) Si bien el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad en general, así como de las víctimas, en el caso concreto se da un quiebre en la confianza hacia el órgano, por la propia intervención de las autoridades en los hechos delictivos;

d) Del escrutinio de la investigación ministerial, se constató que la investigación no cumplió sus elementos convencionales, y tal situación debe ser remediada;

e) En una sociedad democrática debe conocerse la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos, para lo cual es necesario remover cualquier obstáculo de iure y de facto que impida la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.

f) Por ello, debe buscarse un procedimiento alternativo que sea armónico, constitucional y convencional;

g) En el caso de la Fiscalía, este órgano no es autónomo, sin embargo, si lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene la potestad de investigar graves violaciones a los derechos humanos;

h) La investigación debe realizarse, pues, de lo contrario el Estado acarrearía responsabilidad internacional;

i) Un ejemplo internacional se dio en el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como Protocolo de Minnesota, en el cual se establece que, en ciertos supuestos, la única alternativa para lograr una investigación eficaz consiste en establecer una comisión especial de indagación. En esos mismos términos, está el Protocolo de Estambul, relativo a la tortura.

j) En el caso concreto, el procedimiento alternativo no puede ser otro, más que el permitir que sean los propios familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus representantes, quienes dirijan la investigación, con la participación del Ministerio Público y la asistencia de un organismo que si es autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

9. Consecuentemente, el Tribunal detalla los elementos que deberán caracterizar a esta Comisión para la Verdad y destaca lo siguiente:

– Podrá fortalecerse con la integración y participación de otras organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras;

– Se exceptúa de lo anterior a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que esto impediría que en el futuro se presentara el caso ante dicha instancia;

– Dicha instancia, si puede continuar con la supervisión en el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al Estado mexicano;

– Es recomendable un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), puesto que ambos han dejado constancia de una labor objetiva, exhaustiva, independiente e imparcial.

– De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, se podría acudir ante órganos internacionales como la Interpol;

– La intervención del Ministerio Público en la Comisión de la Verdad, será para dotar de legalidad a la propia investigación;

– Las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidirán las líneas de investigación a explorarse, pruebas a llevar a cabo y deberán estar presentes en todas las diligencias;

– Los fiscales que intervengan, por parte de la PGR, deberán ser diversos a los que hasta ahora habían participado;

– Cualquier agente ministerial, peritos y demás personal que hubiese actuado dentro de las averiguaciones previas, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando en la indagatoria;

– Cualquier proceder lesivo en contra de los elementos de la investigación (inmediatez, efectividad, independencia e imparcialidad) podrá ser incluso, considerada como un desacato a dicha ejecutoria de amparo;

– Los miembros de la Comisión para la Verdad, deberán tener acceso libre e inmediato a todo centro de detención y cada una de las dependencias, cuando se considere que pueda obtenerse información de estos, incluyendo a los lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense;

– El Estado deberá destinar recursos presupuestarios correspondientes, sin perjuicio de que haya un mecanismo formado por la sociedad civil para complementar la obtención de estos;

– Cualquier duda sobre el funcionamiento de la Comisión para la Verdad deberá ser resuelta de acuerdo al Protocolo de Minnesota, concretamente conforme a las directrices que se prevén en el Apartado D, de dicho documento.

Vale cerrar este texto, con la siguiente conclusión de este Tribunal Colegiado, plasmada en los puntos 1188 al 1192 de su mencionada sentencia:

En esta ocasión fueron ellos quienes resultaron afectados, pero en realidad, dada la magnitud de los ataques, las víctimas pudieron ser más personas, sin distingo alguno. Por ello resulta muy importante que la sociedad en general se interese e involucre en la legítima demanda de verdad y justicia, que incansablemente han exigido las víctimas. […] Finalmente, es importante señalar, que para este Tribunal Colegiado, está claro que hasta en tanto no se tenga certeza de lo ocurrido a los estudiantes desaparecidos, sus familiares no verán colmados sus legítimos anhelos de verdad y justicia, pues sólo alcanzando esos extremos, podrán trabajar en la superación de la dolorosa y grave experiencia que han venido enfrentando desde entonces.4

Joseph Irwing Olid Aranda. Licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara.


1 Al respecto, el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, señaló que en el contexto de la desaparición de los estudiantes en mención hay delitos de lesa humanidad, en razón del atentado y las graves omisiones en materia de seguridad pública que se propiciaron. Cfr. https://www.proceso.com.mx/383971/desaparicion-de-normalistas-delito-de-lesa-humanidad-cndh

2 En un texto elaborado por la redacción de la Revista Nexos, se hace un recuento de distintas resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya extensión excede de las diez mil palabras, y sitúa como la más extensa de dicho recuento a la Acción de Inconstitucionalidad 61/2008, redactada por el ministro Fernando Franco, cuya extensión rondó las casi 280 mil palabras, en cuya versión pública son 1331 páginas. Cfr. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=877

3 Nájar, A. (2016). México: Expertos del caso Ayotzinapa se despiden y denuncian obstáculos en su investigación. México: BBC Mundo, 24 de abril. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160424_ayotzinapa_giei_informe_final_an

4 La resolución íntegra puede consultarse en el sistema de seguimientos de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, este a menudo presenta fallas, por lo que pueden consultarlo en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1KAFtQA3WTF0aN57Foo5sbjS58cRZnsug/view?usp=sharing

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El 18 de junio del 2008 fue publicada la reforma constitucional en materia penal, la cual ha desembocado mares de críticas y de elogios. Durante el proceso de implementación, algunos capacitadores replicaban utópicamente que, a través del principio de publicidad, el proceso penal era la materialización plena de la transparencia y el acceso a la información pública. La consigna que ciertos políticos replicaban era que ¡la justicia por fin está al alcance del ciudadano común! Los mismos políticos que ahora desacreditan al sistema desde la trinchera del populismo criminal.

Durante los últimos años, esta materia ha tenido una evolución impresionante que hoy en día se traduce en un sistema nacional que distribuye competencias entre un organismo garante a nivel nacional (conoce de recursos y procedimientos seguidos en contra de sujetos obligados federales), así como de treinta y dos órganos garantes en las entidades federativas. En tal sentido, un elemento importante de esta materia es la obligación hacia los distintos órdenes de gobierno, poderes y organismos para hacer pública determinada información fundamental. En el caso del Poder Judicial se traduce, por lo menos, en cuestiones geográficas, estadísticas, orgánicas, recursos humanos y, lo más importante, publicidad de las resoluciones que emite.

Ante estas obligaciones, si se evalúa al sistema penal acusatorio, por lo menos en los principales órganos jurisdiccionales, se podría parafrasear un dicho popular de la siguiente forma: el sistema penal acusatorio en México es candil en la “publicidad” de sus audiencias y oscuridad en la “transparencia” de sus resoluciones. Esto se deriva del incumplimiento que están teniendo los Juzgados de Control y Oralidad a lo largo del país. Dichas obligaciones se encuentran descritas en el artículo 6, apartado A de la Constitución federal, así como las respectivas disposiciones reglamentarias en materia de transparencia. Cabe aclarar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece principios, directrices, distribución de competencias y aspectos generales que deben tener las respectivas leyes locales y la del orden federal. Esto con el fin de que exista armonía entre los tipos de actos e información que debe ser pública como obligación general, sin mediar solicitud de parte.

En lo concerniente al poder judicial existen distintas obligaciones que van desde cuestiones orgánicas, técnicas y estadísticas. En este texto vamos a analizar dos obligaciones muy puntuales. La primera se ubica en el artículo 70, fracción XXVI de la LGTAIP, y se refiere a la publicación de las resoluciones y los laudos que se emitan en procesos o en procedimientos seguidos en forma de juicio; la segunda, por su parte, se localiza en el artículo 73, fracción II de la misma norma, la cual obliga a tener visibles las versiones públicas de las sentencias de interés público. De esta manera, las dos resoluciones que pudiesen entrar bajo dichas hipótesis normativas del proceso penal acusatorio serian que las sentencias dictadas en un procedimiento abreviado y las dictadas en la etapa de juicio oral.

Al hacer una revisión exhaustiva de los medios electrónicos oficiales a los que hace referencia el artículo 70 de la LGTAIP, con respecto a las principales ordenes, se advierte que al menos en materia penal existe plena opacidad de los órganos jurisdiccionales y reticencia para cumplir cabalmente con las disposiciones en la materia; lo anterior se detalla con los siguientes casos:

Orden federal: La administración depende del Consejo de la Judicatura Federal, la cual cuenta con centros de justicia penal federal en las entidades federativas y, además, cuenta con diversas páginas oficiales donde —en el resto de las materias— se puede consultar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.

En su página oficial1 tienen la leyenda transparencia en donde al acceder se puede advertir que en el apartado de la información vinculada a la función jurisdiccional sólo pretende cumplir con la relativa a las sentencias públicas relevantes. Por un lado, las sentencias publicadas en los cinco estados consultados (Chihuahua, ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) son del 2016 hacia atrás y no existe ninguna conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, dicha página Web omite cumplir con la primera de las obligaciones citadas, es decir, las resoluciones en general. Asimismo, al consultarse la dirección general de estadística judicial,2 ésta también cuenta con un apartado de sentencias de versión pública en la que en ninguno de los treinta y dos circuitos aparece la opción de consultar sentencias de los centros de justicia penal federal.

Chihuahua: En el caso de esta entidad —un estado que resalta por sus excelentes resultados en estudios realizados para evaluar la implementación y operación del proceso penal acusatorio—3 sólo el Tribunal Superior de Justicia cuenta con una página Web,4 la cual no cumple con las obligaciones respectivas en la materia. Se afirma lo anterior porque la página menciona una leyenda relativa a que no se ha dictado ninguna sentencia –siendo absurdo que en ninguna materia se hubiesen dictado resoluciones de esa índole– y en resoluciones que hayan causado ejecutoria sólo genera información parcial de segunda instancia.

Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia de ciudad de México cuenta en su página Web5 con una estructura de la información con base en los artículos que norman sus obligaciones a nivel local. En tal sentido, la Ley de Transparencia de ciudad de México establece las obligaciones en los numerales 121, fracción XXXIX y 126, apartado I, fracciones VII y XV. No obstante, únicamente cumple con la publicación de versiones públicas de las sentencias de interés público, lo que realiza a través de la revista Anales de Jurisprudencia. De tal manera que también incumple con la publicación de sentencias en general que hayan causado estado, de acuerdo con el artículo 126, apartado I, fracción VII de la normativa en mención.

Jalisco. El Consejo de la Judicatura del estado es el que cuenta dentro de su página oficial con una sección dedicada al apartado de transparencia,6 en la cual destaca una estructura similar a la generalmente utilizada y en la que el interesado debe remitirse al apartado relativo al artículo 11, fracción X, de la Ley de Transparencia local que obliga a publicar sentencias definitivas y que hayan causado estado de, cuando menos, los últimos diez años.

Lo particular de esta entidad es que recientemente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Jalisco (ITEI) resolvió el recurso de transparencia 079/2017. En el cual un particular denunció el incumplimiento a mencionada obligación en el Juzgado de Control y Oralidad con residencia en Puente Grande, así como el que se ubica en el Centro de Justicia para la Mujer del Estado de Jalisco.7 En la resolución, los comisionados del ITEI reconocen que fue durante la tramitación del recurso cuando el Consejo de la Judicatura del estado cumplió con dicha obligación; puesto que, previo a ella, se acreditó el incumplimiento o la ausencia de la información en los medios electrónicos. Sin embargo, si en la página se revisan los juzgados de control ubicados fuera del distrito principal, ninguno de ellos cumple con la obligación en mención.

Nuevo León. En esta entidad, en lo concerniente al poder judicial, ha innovado tecnológicamente durante los últimos años, lo cual no se traduce en que cumpla cabalmente con las obligaciones relativas a la publicidad de las sentencias. En tal sentido, existe una página Web para el poder judicial del estado de Nuevo León, la cual concentra información del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior.8

En la interfaz de la página principal dirige a una sección que titula sentencias públicas; no obstante, en el apartado de sentencias penales solo tiene publicadas 12, cuando de acuerdo a sus propias estadísticas en lo que va del año se han dictado más de 500.9 Además, en lo relativo a las sentencias de interés público sólo existe publicada una en materia penal.

Ante este escenario, es obligado preguntarnos como sociedad si podemos presumir que el proceso penal establecido en el artículo 20 de la Constitución federal y tildado de transparente cumple en efecto con el principio de máxima publicidad establecido por el artículo 6º de nuestra norma constitucional.10

Un aspecto por demás relevante, aunque ignorado, es lo relativo a la coincidencia entre el proceso legislativo que dio vida al Código Nacional de Procedimientos Penales y la efervescencia que generó el documental Presunto Culpable. En ese contexto, diversos medios de comunicación y ciertos legisladores acusaron que la prohibición de grabar las audiencias por cualquier medio electrónico era una especie de claúsula presunto culpable.11 En este sentido, si, lamentablemente, como país prohibimos que los medios de comunicación pudieran grabar lo que acontece dentro de la sala (para aquellos que no pueden acudir de forma presencial a la audiencia), lo menos que deben hacer los órganos jurisdiccionales es cumplir con las obligaciones de transparencia y darle publicidad a las resoluciones que dictan, en especial a sus sentencias. Lo contrario, aleja a la instituciones impartidoras de justica de la sociedad y, peor aún, le dan sustento a las críticas que se esgrimen respecto la funcionalidad del sistema. Urge legitimar en el ejercicio diario al nuevo sistema penal.

Joseph Irwing Olid Aranda. Abogado por la Universidad de Guadalajara y Profesor Adjunto en la misma Institución. Coautor de los libros Juicio de Amparo. Introducción a la Justicia Constitucional y Código Penal para el Estado de Jalisco y sus Salidas Alternas en el Sistema Acusatorio Adversarial.


1 http://bit.ly/2DSqe0x

2 http://bit.ly/2C7g5MT

3 En Estadísticas judiciales en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo ubica en nivel alto y óptimo en todos los indicadores que evalúa; por su parte, el informe Hallazgos 2016, Seguimiento y Evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. lo destacó en diversos indicadores, ubicándolo en segundo lugar en el ranking del avance en la consolidación.

4 http://bit.ly/2pBI30Z

5 http://bit.ly/2zx48NI

6 http://bit.ly/2C9LIYI

7 Al hacer una revisión en la propia página del ITEI, hasta el 12 de diciembre del 2017 no había hecho pública dicha resolución dictada el 06 de diciembre del presente año, ni tampoco ha hecho pública la versión estenográfica de la sesión de pleno de dicho día.

8 http://bit.ly/2BEdx80

9 Datos obtenidos del apartado de Estadística, revisando los tres informes trimestrales publicados del año 2017. Cfr. http://bit.ly/2BT9nx7

10 Está contenido en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y sobre éste, han recaído algunos criterios relevantes como el señalado en la tesis I.4o.A.40 (10a.), cuyo rubro señala: ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

11 Entre diversas notas, destaca: http://bit.ly/2l2HyIi

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El sismo acaecido el martes pasado, principalmente en lo que respecta a ciudad de México, ha implicado un contexto económico, social, cultural y jurídico con diferencias sustanciales respecto al ocurrido en el año de 1985. En principio, hemos desarrollado normas relativas a la planeación y desarrollo urbano, a la protección ambiental y a la construcción, completamente distintas a las que teníamos hace treinta y dos años. Hoy en día, es posible proceder penalmente en contra de una empresa constructora que no respete las normas técnicas de construcción y, con ello, genere consecuencias fatales.

En lo que respecta al juicio de amparo, previsto en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, como se sabe, es el máximo mecanismo de control constitucional existente en el país. Su relevancia en distintos asuntos jurídicos no ha sido la excepción, transitando desde la ovación hasta el descredito por ignorancia constitucional.1

Ahora bien, desde 1985 hemos tenido dos leyes de amparo: la que se encontraba vigente desde 1936 y la expedida apenas en el 2013 (la cual reflejó aspectos relativos a la reforma constitucional del 2011). Esta transición se ha encaminado en una protección más amplia y sofisticada de los derechos fundamentales. En este contexto, tras el último sismo ocurrido ciudad de México, todos los sectores de la sociedad se han movilizado para mitigar los estragos del fenómeno natural y aportar desde la trinchera de cada profesión la ayuda que sea necesaria.

No obstante que después del temblor buena parte de la sociedad civil se enfocó en las labores de rescate y asistencia, esto no significa que estemos exentos de actuación ineficaz de la autoridad. De ahí que en redes sociales empezaron a circular una enorme cantidad de rumores y señalamientos que implicaban serias omisiones por parte de las autoridades. En este sentido, uno de los videos que se volvió viral fue el de una persona que protestaba porque su madre se encontraba atrapada en un edificio de la calle Enrique Rebsamen y las autoridades pretendían utilizar maquinaria pesada para intervenir tal edificio –lo cual ponía en grave peligro a su madre-.

En respuesta, un integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) optó por interponer un amparo a beneficio de la persona que se encontraba atrapada, con el fin de que se ordenara a la autoridad administrativa, encargada de labor, actuara de manera razonable buscando privilegiar la vida de esta persona atrapada en el lugar.2

Este asunto, fue turnado al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en ciudad de México. De inmediato, se concedió la suspensión provisional; sin embargo, este fue el punto de quiebre entre el propósito del mismo y los efectos que materialmente tuvo en la labor de búsqueda.

De acuerdo con los subrayados compartidos por la CMDPDH, el Juez señaló lo siguiente dentro de la resolución donde concedía suspensión:

Tomando en consideración que no se cuenta con elementos que permitan determinar que el uso de maquinaria pone en riesgo la vida de la persona que probablemente se encuentra atrapada, correspondiendo a las propias autoridades de Protección Civil determinar lo relativo, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo y debido a que existe la probabilidad de pérdida de la vida, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades de Protección Civil realicen las acciones necesarias que determinen si es factible o no el uso de maquinaria para el retiro de los escombros en la zona afectada, quedando bajo su más estricta responsabilidad el análisis respectivo, atendiendo a las circunstancias del caso, por ser la autoridad competente y contar con los conocimientos en la materia, debiendo, en todo momento, optar por preservar la vida de las personas que pudieran encontrarse entre los restos del inmueble de que se trata, situación de que deberán informar de manera inmediata a este órgano jurisdiccional.

Medida cautelar que se hace extensiva a las autoridades responsables restantes o cualquier autoridad que haya ordenado, ejecutado o pretenda ejecutar los actos reclamados.

Una lectura fácil de este resolución se reduce a decirle a la autoridad: no voy a ordenarte que suspendas las labores que realizas en dicho lugar, pero si te voy a ordenar que lo realices razonablemente, por lo que debes privilegiar la vida de las personas que se puedan encontrar dentro del lugar al momento de que optes por realizar alguna acción dentro de dicho inmueble.

Hasta aquí, parecería una buena resolución, dictada en un momento muy oportuno, con el fin de ordenarle a la autoridad que hiciera lo que es lógico. No obstante, horas más tarde, las autoridades le informaron a la persona, que esperaba que continuasen las labores de rescate de su mamá, que eso no era posible porque un amparo se los había prohibido. Ante esto, esta persona subió un nuevo video a redes sociales con el fin de que se buscara a la persona que lo promovió para que se desistiera del mismo, ya que “había entorpecido” las labores de búsqueda. Ante ello, una recibido el mensaje, esta persona acató la petición y se desistió del dichoso amparo.3 Lo anterior es un nítido reflejo de nuestra falta de cultura no solo constitucional, sino jurídica en general.

Bien a bien, no se tiene conocimiento de quién o quiénes fueron las personas que interpretaron de esta manera la resolución emitida por el juzgado de distrito; sin embargo, quien haya sido sin duda carece un conocimiento jurídico mínimo. Pues, por lo menos, debió de haberse preguntado si era lógico que un juez prohibiera realizar labores de rescate en el contexto que nos encontramos. Por ello, solo queda reflexionar respecto la ignorancia o dolo con la que actuó la autoridad a la que se le notificó dicha resolución; al detener ventajosamente la obra sin que el juez hubiese ordenado estrictamente eso. Vale mencionar que en los multifamiliares de Tlalpan y Taxqueña aconteció una situación similar: las autoridades ya no querían continuar con las tareas de rescate; sin embargo, los vecinos también recurrieron al juicio de amparo con el fin de que se continuara con la búsqueda de posibles sobrevivientes.4

De tal manera que la autoridad no puede argüir que un amparo puede llegar a afectar una vida. No es un mecanismo de privación de la vida ni de obstrucción de labores de búsqueda; más bien, es instrumento idóneo para obligar a una autoridad a que haga lo que le corresponde: extender las tareas de rescate de una persona. Lo cierto, sin embargo, es que el poco conocimiento jurídico, en una situación crítica, generó una gran calumnia en contra de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quienes han realizado una gran labor en este rubro durante los últimos años.

Joseph Irwing Olid Aranda. Pasante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Coautor del libro “Juicio de Amparo. Introducción a la Justicia Constitucional”. Auxiliar de defensor en el Sistema Penal Acusatorio. Profesor Adjunto en la materia de Derecho Procesal Penal.


1 Uno de los casos de reflejan plena ignorancia sobre nuestros mecanismos jurídicos, es respecto del caso de Florence Cassez, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la libera a partir de una violación sistemática a sus derechos fundamentales en el proceso seguido en su contra. Criticando, la resolución, pese a no conocer la sentencia de la Corte. Cfr. Carbonell, M.; El caso Florence Cassez 10 años después. México: El Universal, 08 de Diciembre del 2015. Consultable en: http://eluni.mx/2xBTc4b

2 Cfr. Tuit de la cuenta oficial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en Twitter. Consultable en: http://bit.ly/2wK84xZ

3 Lastiri, D.; Buscan amparo para continuar rescate, autoridad mal interpreta suspensión. México: El Universal, 23 de septiembre del 2017. Consultable en: http://eluni.mx/2yxC1Pj

4 Díaz Murrieta, J. C.; Suspenden rescate en Taxqueña y Tlalpan hasta nuevo aviso. México: Noticieros Televisa, 23 de septiembre del 2017. Consultable en: http://bit.ly/2wcKpC3

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El proceso electoral del 2018 ya se encuentra muy cerca y lamentablemente para la procuración e impartición de justicia, este es el mejor momento en el que se puede vender desinformación a los ciudadanos, con base en los juegos de la política, la manipulación mediática, el heroísmo institucional y el populismo criminal.

crimen

Tan grave es este momento, que las críticas del Jefe de Gobierno de Ciudad de México hacia el sistema de justicia penal en el modelo acusatorio, ya se han hecho bastante absurdas y entre el gremio de operadores del sistema, existe mofa de dicha circunstancia. Sin embargo, esas críticas no solo se basan en una simple justificación ante la sociedad de la ineficiencia institucional, sino que va equiparada a una contrarreforma planteada, que en esencia afectaría gravemente el sistema, desde diversos enfoques y vertientes.

No obstante, algunos otros actores recurren a otro tipo de tácticas, que aunque rondan en lo absurdo, terminan por afectar la credibilidad en las instituciones de procuración e impartición de justicia en el área penal.

Tal es el caso de Jalisco en donde desde el año pasado, ante los medios, el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, ha empleado maquinaria institucional en contra del cantante Gerardo Ortiz, iniciando todo por un video musical en el que se contextualiza un feminicidio y ante dicha situación actuó el órgano de procuración de justicia con una averiguación previa por apología del delito.

No es materia de este espacio juzgar la calidad musical o artística de Gerardo Ortíz, ni tampoco hacerlo desde la vertiente moral respecto al contenido de sus letras o los temas que se tratan. Lo importante fue que respecto a dicha causa penal el Juzgado de lo Criminal que conoció decidió absolver al cantante –a lo cual el propio fiscal señaló que presentaron la respectiva apelación, que estaría pendiente de resolverse-.

En ese sentido, recientemente el fiscal volvió a hacer declaraciones en torno a un nuevo tema musical en el que Gerardo hacía alusión a un narcotraficante y a un cartel con fuerte presencia en el estado de Jalisco, siendo tajante al decir:

Esta apología que el hace nuevamente del delito, de un grupo delictivo que ha generado muerte, violencia y dolor en el Estado de Jalisco y tratando el de encumbrar o de hacer una fama a un criminal; pues nosotros los Jaliscienses nos ofende y nos indigna, y lo quiero decir de manera clara: el no es bienvenido aquí en Jalisco, es una persona non grata. El no ha terminado su proceso legal, el Juez dictó una resolución que fue apelada por el Agente del Ministerio Público y estará revisando en segunda instancia.1

En ese sentido, de la lectura que se toma de sus declaraciones se asoman diversos puntos. El primero de ellos es que de manera genérica el fiscal atribuye la responsabilidad de los hechos delictivos en el estado de manera indirecta al cantante Gerardo Ortíz, al considerar que enaltece y exalta los hechos de sangre y, por ello, ocurre una gran cantidad de hechos delictivos en Jalisco.

Siendo este primer punto una declaración completamente carente de sustento. Desde una institución como la fiscalía, no se deben hacer afirmaciones sin sustento. Más si ni siquiera se cita algún estudio científico en donde exista una estricta relación entre la comisión de hechos delictivos y la narcocultura, en la vertiente musical. No quiero pretender ser negacionista, sin embargo, es claro que el ataque institucional va dirigido a una persona específica y, por lo mismo, ante la directa atribución que se le hace respecto tales dichos hechos delictivos, debe tener algún sustento. De lo contrario, sus afirmaciones son meras especulaciones y apreciaciones subjetivas, que a la hora de llevarlos ante el juez terminan convirtiéndose en sentencias absolutorias.

En un segundo punto, señala a título general que él no resulta bienvenido en el estado de Jalisco y esto puede verse desde distintas ópticas. El artículo 11 constitucional señala que:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Es decir, de la lectura de este artículo, se advierte la libertad de tránsito como un derecho fundamental, el cual no hace distinción entre mexicanos y extranjeros –salvo limitaciones de migración y salubridad-, ni tampoco hace distinción entre rockeros, poperos y gruperos.

Sin embargo, el texto establece dos principales excepciones que parten de autoridad judicial y autoridad administrativa. En el presente caso no pudiera actualizarse ninguna de dichas limitaciones, porque la autoridad judicial lo absolvió del delito que se le integró y; por lo que respecta a la autoridad administrativa, no se está ante un caso de los establecidos en la Ley de Migración, ni tampoco se ha iniciado un procedimiento para determinar que Gerardo Ortiz sea un extranjero pernicioso al cual se le deba de limitar la posibilidad de ingresar al país. No está por demás destacar que la Ley de Migración es muy respetuosa en cuanto a la profesión de quienes pretenden ingresar y más respetuosa aún de la libertad de expresión, que muchas veces va relacionada a la libertad de profesión.

Por otro lado, no existe un fundamento como tal para que el encargado del órgano de procuración de justicia pueda determinar que una persona es non grata para la demarcación territorial en la que se encuentra. Está fuera de toda función constitucional (artículo 21), orgánica (Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco) y procesal (Código Nacional de Procedimientos Penales). De hecho, se viola flagrantemente el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato extraprocesal por diversas circunstancias:

• El propio fiscal acepta que el proceso penal, derivado del video musical, por apología del delito no ha terminado porque fue la fiscalía quien apeló una decisión absolutoria; contrario a ello, la Constitución en el artículo 20, apartado b, fracción I, obliga a que se presuma la inocencia de toda persona imputada mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa (lo cual engloba el que se hubiera recurrido y habría que esperar la resolución de segunda instancia).2

• Por otro lado, el atribuir una nueva apología del delito, ahora por el nuevo tema musical, también viola dicho principio, porque ni siquiera se ha iniciado un proceso penal en su contra y ya se está actuando con una eventual culpabilidad sobre los hechos.

• La autoridad lo está tratando como un criminal, autor de diversos hechos delictivos, y no como una persona que enfrenta un proceso penal por un solo hecho delictivo. Es decir, se persigue al autor y se le emplea como objeto del sistema y no se focaliza la actuación de la autoridad en los hechos.

• Hace uso de su condición de figura pública para que llegue hacia un mayor sector social la actuación de la dependencia; con lo cual se pretende ensalzar su desempeño actuación y el supuesto combate a la comisión de hechos delictivos, partiendo de la óptica de la criminalización de una persona que no ha obtenido una sentencia condenatoria.

Sin embargo, aunque ya en este punto, el fiscal se excedió de las atribuciones y la actuación institucional permisible, decidió ir más allá. En efecto, en una entrevista compartida en redes sociales por el periódico Mural de Jalisco, de Grupo Reforma, señaló que:

Gerardo Ortiz Medina no es bienvenido a Jalisco. Quiero decirle a los ciudadanos, a los jóvenes, que no compren sus discos, que no vean sus videos, que no vayan a sus presentaciones, que el dinero que el gana se lo lleva a Estados Unidos; es decir, se lo lleva a otro país, haciendo apología o dando  publicidad a los hechos de sangre. Y que cada evento, si él quiere venir a Jalisco a realizar algún evento, la Fiscalía va a estar muy atenta para investigar quien lo contrata, cómo lo contrata, y por supuesto al lugar que se presenta y quienes están asistiendo para apoyarlo.3

De esta manera, pudiera analizarse la eventual comisión de algún hecho delictivo, como lo pudiera ser el abuso de autoridad o, en su caso, alguna demanda por daño moral. Al respecto vale recordar el caso Sekanina contra Austria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el cual, la autoridad administrativa, hizo ver de manera pública que a pesar de que Karl Sekanina había sido absoluto por la autoridad judicial, este merecía que continuaran los señalamientos a su culpabilidad y; en su momento, el Tribunal Europeo consideró que se actualizaba una violación a diversos derechos humanos y entre estos la presunción de inocencia, puesto que una de las vertientes de dicho principio implicaba que la autoridad no podía sugerir públicamente que una persona fuera responsable de algún hecho delictivo, no solo cuando el proceso penal aun estuviera en trámite, sino que una vez finalizado y habiéndose dictado una absolución, esta no podía ser ignorada.4

Finalmente, en este caso la criminalización no solo pesa sobre la figura pública, sino que también se le ingresa a un estado de exclusión social, en el que se le prohíbe la convivencia y el ejercicio de relaciones económicas con ciudadanos del Estado. Lo anterior es grave si se mira desde la siguiente óptica: a una persona se le investiga por su probable responsabilidad en la comisión de un homicidio o cualquier otro delito de gravedad. La carpeta de investigación es mal integrada, no hay una investigación adecuada y en su momento, no se acredita la responsabilidad más allá de toda duda razonable y la persona es absuelta. La fiscalía apela y en segunda instancia se confirma la resolución. Como medida de apremio social y como último recurso, el titular del órgano señala a micrófono prendido que un criminal ha quedado libre. Pero que con plena certeza de su participación en hechos delictivos, seguirán investigándolo, integrándole carpetas y que además no permitirán que esta persona se reincorpore adecuadamente a la sociedad, pese a haber sido absuelta y que bloquearán toda relación económica que pretenda ejercer.

Claro que este ejemplo, es exactamente lo que pretende que ocurra con el cantante. Sin embargo, aquí pesa una diferencia fundamental, el tiene recursos económicos y otras 31 entidades federativas a las cuales pudiera acudir. Un ciudadano común y corriente, no tiene esa clase de recursos y es aquí donde pesa hoy más que nunca la marca del proceso penal.

Como sociedad debemos de pugnar por tener órganos jurisdiccionales que sean ajenos a la mediatización y la farándula de la justicia, que solo encuentran lógica y justificación en el juego de la colocación política y el crecimiento mediático. Si queremos que no existan casos como el de presunto culpable, tenemos que empezar en poner más atención en el trasfondo de la actuación de las autoridades y hacer los señalamientos de las irregularidades en la actuación, pese a que no sean nuestros gustos musicales o porque éticamente esté mal la temática que tratan dentro de su expresión.

Pretender generar confianza ciudadana, con un mal uso de la comunicación social y pasando por alto los derechos de las personas involucradas, no encuentra sustento en instituciones independientes, profesionales, autónomas y democráticas, sino que existen dentro de la desesperación sistemática para generar percepción de confianza, en un sistema que cínicamente se prostituye por la corrupción, el golpeteo político, la ineficiencia intelectual y la ley del mínimo esfuerzo.5

Joseph Irwing Olid Aranda. Coautor en el libro “Juicio de Amparo. Introducción a la Justicia Constitucional” de la Serie Justicia Constitucional. Pasante de la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Auxiliar de Defensor en el Sistema Penal Acusatorio.


1 Se puede consultar en el Canal “Un Nuevo Día” (programa de entretenimiento de Telemundo), dentro del video “Gerardo Ortiz declarado ‘Persona Non Grata’ en Jalisco”, Un Nuevo Día. Telemundo. Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=iFurqFQmCHU

2 Cabe señalar que, si bien dicho proceso penal se sigue conforme al Sistema Penal anterior, existen múltiples criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería ocioso citar, en donde se establece que el Principio de Presunción de Inocencia, debía de respetarse también en el anterior modelo.

3 “Le declaran guerra por narcocorrido”. (08 de julio del 2017). Mural (Grupo Reforma). Consultado en:  http://refor.ma/T7-eae1b2

4 Leer especialmente los párrafos 33 al 40. Cfr. http://bit.ly/2vhcaMe

5 Respecto a esto último, ya no se puede hablar en esos mismos términos de la Procuraduría General de la República, puesto que hasta el momento es de las pocas dependencias que están realizando labor necesaria para hacer que función el Modelo Acusatorio. Cfr. Este es el plan de PGR para mejorar el nuevo sistema de justicia y no incluye prisión preventiva. (14 de julio del 2017). Animal Político. Consultable en: http://bit.ly/2hizHXC

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