Contexto de la controversia

Uno de los capítulos de nuestra historia político-constitucional que aún se está escribiendo es el relacionado con la llamada Ley Bonilla. Esta historia, que comenzó a fraguarse el 8 de julio de 2019, se inició cuando la legislatura del estado de Baja California presentó una iniciativa para modificar el artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución local, que señala el tiempo de duración del gobernador electo de dicha entidad federativa en el proceso electoral local 2018-2019, ampliándose de 2 a 5 años la duración del mandato.

Las críticas a dicha modificación no se hicieron esperar, pues además de que el ajuste es consecuencia de la reforma electoral de 2014 a la Constitución federal, que obliga a los estados a ajustar sus calendarios a fin de hacerlos coincidir con los de las elecciones federales, algunos académicos como Jaime Cárdenas se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de la ampliación del periodo de mandato, bajo la idea –bastante aceptable- de que la ciudadanía, al acudir a las urnas, votó por una persona basando sus preferencias sobre el corto tiempo que duraría en el cargo.

A partir de ese momento, las impugnaciones sobre el tema se dividieron en dos vías. Uno, que avanza por la pista corre de las controversias constitucionales, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); otro, que apuesta por el juicio de revisión constitucional electoral, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Qué fue lo que se decidió en estos juicios?

La SCJN de inicio dio un manotazo firme sobre la impugnación de la Ley Bonilla, pues al conocer de las controversias constitucionales 269/2019 y 271/2019, interpuestas, respectivamente, por los municipios de Tijuana y Mexicali, señaló que no era aún el momento para combatir la constitucionalidad de tal ley, precisamente porque la reforma que amplía el plazo del mandatario local no se ha publicado. Es decir, no ha entrado en vigor todavía y sólo es posible impugnar por esta vía los actos del constituyente local cuando el proceso de modificación haya llegado a su fin, lo que en el caso no ha acontecido. Llama la atención que al respecto los municipios sólo hicieron valer violaciones al proceso legislativo al no haber sido llamados a participar en los trabajos para la aprobación de la iniciativa, sin que se aprecie que se haya combatido directamente la ampliación del plazo del gobernador electo.

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF conoció del tema por medio de tres juicios de revisión constitucional. En los primeros dos, identificados con los números SUP-JRC-37/2019 y SUP-JRC-39/2019 acumulados, se impugnaron únicamente los resultados del cómputo estatal, la declaratoria de validez de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría del gobernador electo en los comicios del pasado 2 de junio de 2019. En el tercer juicio, identificado con el número SUP-JRC-40/2019, el tema de la controversia fue la emisión de la constancia de mayoría de gobernador electo, en el que se solicitó la inaplicación del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, que prevé 2 años como la duración máxima del cargo. El agravio principal de dicho juicio fue que el Congreso local había ampliado el periodo a 5 años como consecuencia de la reforma aprobada en julio de ese mismo año.

El pasado 2 de octubre de 2019, el TEPJF resolvió las tres impugnaciones. En los juicios SUP-JRC-37/2019 y SUP-JRC-39/2019 acumulados, la Sala Superior confirmó el cómputo estatal de la elección, la declaración de validez y la constancia de mayoría otorgada a favor de Jaime Bonilla Valdez como gobernador del estado de Baja California. Lo anterior, ya que los partidos políticos impugnantes (PRD y partido político local Transformemos) no acreditaron las causas de nulidad de la elección hechas valer, ni tampoco que el hoy gobernador electo haya incumplido con los requisitos de elegibilidad que señala la norma local, como son la nacionalidad mexicana y la residencia efectiva en el Estado. Cabe destacar que en estos juicios la Sala Superior no se pronunció sobre la legalidad o constitucionalidad de la Ley Bonilla, pues el tema de fondo únicamente trató sobre la validez de la elección de gobernador, no así sobre la ampliación del periodo de gobierno.

En la misma fecha, la Sala Superior decidió, en el juicio SUP-JRC-40/2019, confirmar la validez del acto impugnado, pues el actor (Jaime Bonilla Valdez) se desistió expresamente de la demanda intentada. Las razones que utilizó la Sala Superior para confirmar el desistimiento fueron que el tema relacionado con el periodo para el cual fue electo el gobernador constituye un aspecto que sólo afecta su esfera de derechos, por lo que al haberse desistido de su demanda no existe incertidumbre de cuál es el periodo durante el cual se ejercerá el cargo al encontrarse establecido el periodo de duración en la normativa local estatal. Cabe mencionar nuevamente que en este aspecto la Sala Superior no se pronunció sobre la legalidad o constitucionalidad de la Ley Bonilla, pues al haberse desistido de la demanda, las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes.

¿Con estas resoluciones la Ley Bonilla realmente ha muerto?

A partir de las resoluciones de la Sala Superior, varios medios de comunicación comenzaron a sacar conclusiones en diversos desplegados sobre los alcances de las sentencias, señalando que el caso de la Ley Bonilla ha sido resuelto definitivamente, pues el TEPJF validó que la gubernatura de Bonilla Valdez sería sólo por 2 años luego de que el Congreso local quisiera ampliarlo a 5, lo que muestra que no se puede atentar contra el principio de certeza (MVS Noticias, 2019).

No obstante, el regocijo con que se ha cubierto el tema en medios, considero que el asunto concreto de la Ley Bonilla (en cuanto al fondo) no ha sido zanjado por ningún tribunal, pues, como hemos visto, la SCJN ha dicho que aún no es tiempo de impugnar la constitucionalidad de dicha ley pues la reforma aprobada por la legislatura local que amplía el periodo del mandato no se ha publicado todavía. En esta línea, el TEPJF, al conocer de las impugnaciones sobre el proceso electoral local, no se pronunció sobre la validez o invalidez de la ampliación del periodo del gobernador. No por nada un integrante del próximo gabinete del gobernador electo ha señalado que no deben darse brincos ni echarse cohetes al aire, pues el tema relacionado con la ampliación del periodo sigue aún vigente.

A los alcances de las sentencias de la SCJN y del TEPJF no se les puede dar una lectura errónea, pues el tema relacionado con la ampliación del mandato del gobernador de Baja California aún no ha concluido. Sigue latente la publicación de la reforma que se encuentra en la legislatura local esperando banderazo de salida para comenzar una carrera en la que los máximos tribunales en materia electoral del país se pronuncien sobre la validez o no de la ampliación del periodo de gestión del gobernador electo.

La decisión sobre el tema no es tarea fácil, máxime si se toma en cuenta que respecto a la ampliación del plazo de altos funcionarios públicos (como es el caso de la ampliación del cargo de los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF) la SCJN ya se ha pronunciado. Lo cual genera un guiño para considerar que, eventualmente, se podría confirmar la constitucionalidad de la ampliación. Todo dependerá de la sensibilidad con que tanto la SCJN como la Sala Superior del TEPJF resuelvan el asunto, y también de las necesidades que el gobierno en turno tenga al respecto, pues no puede dejarse de lado que el caso de la Ley Bonilla es sin duda el primer laboratorio político para las elecciones presidenciales de 2024.

Juan Carlos Chávez. Maestro en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; maestría en derecho constitucional y especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. En su ejercicio profesional ha sido abogado postulante en materia constitucional, asistente de investigación en la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor del Abogado General de la UNAM. Actualmente labora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México como secretario de estudio y cuenta.

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