En estos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra discutiendo una acción de inconstitucionalidad trascendente para el futuro de la materia penal en el país.

Al respecto, vale recordar que el pasado 5 de marzo de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que unificó en una sola pieza legislativa la totalidad de los procedimientos en materia penal que previamente se encontraban en treinta y dos códigos distintos. En respuesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) presentaron, de manera separada, acciones de inconstitucionalidad contra distintos artículos del mencionado código. Para la resolución del asunto, ambas acciones se acumularon y ahora se discuten en un proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek.

Uno de los temas más relevantes que se ha discutido en estas sesiones tiene que ver con la inspección de personas y vehículos por parte de la policía sin una orden judicial previa y de manera escrita. La importancia de este tema radica en la posible afectación a la libertad de movimiento de millones de ciudadanos por parte de la policía en un país donde el abuso y la brutalidad policíaca son más la regla que la excepción.

En los últimos dos días, las críticas a la SCJN por parte de la opinión pública se han lanzado desde distintos frentes, pero han convergido en punto clave: la resolución del pleno otorga a las policías márgenes amplísimos de actuación para detener de manera arbitraria a personas que aparentemente no se encuentran cometiendo ningún delito. En el presente artículo, en aras de clarificar lo resuelto por nuestro tribunal constitucional, quisiera explicar las razones por las que se declaró la validez de los artículos cuyo contenido se señaló en los párrafos anteriores.

El proyecto de sentencia –hay que recordar que dado que sigue en discusión el asunto, aún no hay una sentencia definitiva como documento (engrose)- estudió diversas causales en las que la policía podía inspeccionar a determinados sujetos y objetos; por ejemplo, concedió la validez de las inspecciones a cargo de la policía en caso de flagrancia; es decir, cuando un agente del Estado percibe o presencia directamente la comisión de un delito, o sea, se percata a simple vista o con los sentidos de que se está cometiendo en ese mismo instante un hecho ilícito. En ese supuesto, es evidente que los elementos policiacos pueden no sólo inspeccionar, sino detener al individuo.

Pero la Corte evaluó la inspección en otros supuestos fácticos, siendo los más delicados dos de ellos: el relacionado con personas u objetos durante la investigación de delitos y  el vinculado con vehículos particulares. En ambos casos se encuentran como posibles sujetos pasivos de la norma todos los ciudadanos y no sólo aquellos que se encuentren cometiendo un acto ilícito.

A estas medidas, las que implican una detención momentánea y no definitiva, la Corte vía jurisprudencia las ha denominado como “controles preventivos provisionales”: se trata de restricciones temporales a un derecho, pero no pueden confundirse con una detención propiamente dicha (como sí sucede con la flagrancia). La mayoría del Pleno consideró que conforme a diversos precedentes, dichas medidas sólo pueden ser ejercidas en caso de que exista una “sospecha razonable”, de modo tal que estos controles no pueden resultar arbitrarios ni caprichosos.

Una de las razones que motivó a la SCJN a arribar a esta conclusión es la intencionalidad de la reforma constitucional en materia penal. Dicha reforma cambió la concepción misma de la policía: de ser un mero ejecutor de las instrucciones del Ministerio Público, ahora es una pieza central de las investigaciones criminales, en donde tiene la obligación de recabar el material probatorio y presentárselo al Ministerio Público para que éste robustezca la carpeta de investigación de que se trate.

En este sentido, la SCJN estimó que las inspecciones policíacas son una tarea esencial a la función investigadora de los delitos; por ese motivo, las consideró una “restricción admisible constitucionalmente al derecho de libertad deambulatoria, siempre que se lleven a cabo respetando cabalmente los requerimientos constitucionales correspondientes”. Pero, entonces, ¿cuáles son esos requerimientos constitucionales? En el caso de las inspecciones vinculadas con investigaciones, el código señala que cuando existan indicios de que una persona “oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga”, la policía sólo procederá a la inspección cuando exista una suposición razonable sobre lo anterior, ya que sólo así se cumple con el principio de legalidad. Así, la sospecha razonable comienza a partir de los datos e informaciones con que se cuenta derivados de la denuncia previamente recibida. Lo anterior se puede dar a partir de la descripción física o apariencia del sujeto aportados en la denuncia, información obtenida sobre su ubicación o posible zona o lugar de localización, la descripción de un vehículo en el que conducía o se encontraba al momento de los hechos, entre otros supuestos.

De ello se deriva que la inspección, inicialmente, no puede ser aplicada a cualquiera, sino que tendría que existir una mínima -y razonable- correlación entre el inspeccionado y los datos aportados en la denuncia o querella respectiva. Pero esto resulta insuficiente. Si bien es necesario, el agente, a partir de la sospecha, tendría que aproximarse al individuo en cuestión, identificarse y pedirle hacer lo mismo, para iniciar una entrevista que explique las razones por las que se está realizando tal ejercicio policiaco. A partir de las contestaciones y/o actitudes recibidas del inspeccionado, el agente decidirá si está colmada la suposición razonable y, en su caso, definirá si procede o no la inspección física.

El proyecto de sentencia indica que el inculpado podría objetar las pruebas obtenidas a raíz de la inspección ante el juez competente si considera que no se actualizaba la suposición razonable. El juzgador, posteriormente, deberá pronunciarse sobre la conducta del agente y resolver si admite la prueba que se derivó de la inspección.

Por otra parte, respecto a las inspecciones a automóviles, el proyecto construye algunos matices para adecuar los requisitos que son necesarios para la inspección durante la investigación. Así, de manera similar a lo que ocurre con la inspección a personas, el agente debe identificarse y explicar al conductor el motivo por el cual “paró” el vehículo (en el proyecto se usa este verbo para no confundirlo con “detención”, que sí presupone una afectación a la liberad personal en mayor grado). Puede solicitar la documentación correspondiente (registro vehicular, licencia, etcétera) y hacer la entrevista al conductor. El proyecto sostiene: “Durante este proceso el agente queda autorizado para, desde su posición, observar o mirar a simple vista hacia el interior del vehículo”.

A partir de la información, datos y conductas que observe el policía durante la entrevista, podrá tener una sospecha razonable de que en ese instante se está cometiendo un delito y podría proceder a realizar una inspección física del automóvil. Es evidente que al igual que con la inspección durante la investigación, la inspección sobre automóviles también deberá someterse al escrutinio jurisdiccional.

Finalmente, el proyecto de sentencia -aprobado en ese aspecto por la mayoría- sostiene que la inspección puede ser llevada a cabo de manera forzosa. Alega que, de ser consensual, no se estaría frente a la fuerza del Estado o de alguna autoridad. Así, aunque no debe ser la primera opción del policía, la coacción debe proceder cuando el particular se niegue a la inspección.

Vale mencionar que sobre la “suposición” o “sospecha razonable”, existen posiciones divergentes entre los ministros que conformaron la mayoría. Hay quienes la entienden de manera más robusta y otros que no. De ahí que en este asunto, es imprescindible conocer las razones últimas de la mayoría –que debiesen acabar plasmadas en el llamado engrose o la sentencia como documento- para poder comprender los alcances y márgenes que tendrá la policía para usar las técnicas de investigación que el código les otorga, tales como la inspección. En tal documento, y las razones que ahí se hilvanen, será la última oportunidad que tenga la SCJN para limitar la discrecionalidad policíaca en un país que necesita de una policía que investigue con inteligencia y límites.

Juan I. Zavala. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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Primero lo primero: no es normal, en nuestro régimen democrático, leer a nuestros servidores públicos reflexionando sobre las decisiones tomadas en el ejercicio de la función pública. Tampoco lo es ver a funcionarios judiciales explicando y aclarando las motivaciones detrás de sus fallos. En ese sentido, es de agradecerse el texto que hace unos días publicó en este espacio la presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora.

No es lo único que debe agradecerse: la simpleza de su lenguaje, la claridad de sus argumentos y la brevedad de sus explicaciones son una excepción en un país en el que la opacidad, el exceso de términos técnicos y la longitud de cualquier tipo de documento constituyen la regla.

Dicho lo anterior, no coincido con la decisión que en este mismo espacio defendió la presidenta Otálora y que tomó de manera colegiada junto con otros cuatro magistrados de la Sala Superior,1 dentro del expediente SUP-RAP 749/2017. Intentaré con la misma puntualidad con la que se explicó la sentencia, criticarla.

Previamente, un breve repaso de los antecedentes del caso: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un Reglamento de Elecciones que fue impugnado por Movimiento Ciudadano, el PAN y MORENA. Para lo que aquí se discute, solamente es relevante explicar dos modificaciones al artículo 246 del Reglamento de Elecciones.

La primera modificación permitía que, una vez cerrada la votación, los funcionarios de casilla abrieran las urnas, una por una, para que pudieran identificar si había boletas que habían sido depositadas en una urna equivocada. Así, si encontraban una boleta correspondiente a la elección presidencial en la urna de la elección de senadores, la podían depositar en la urna correspondiente para facilitar el posterior escrutinio y cómputo de los votos.

La segunda modificación permitía que la mesa de casilla se desintegrara prematuramente. Pues se habilitaba a un integrante de la mesa para que, una vez que se hubieran llenado las actas de escrutinio y cómputo de votos de la elección federal o local (la que acabara primero), transportara los paquetes electorales a la sede respectiva. La manera en la que funciona ahora y en la que ha funcionado siempre, es que los paquetes electorales se transportan todos al mismo tiempo, esto es, los de las elecciones federales junto con las elecciones locales.

Ahora bien, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), emitida a raíz de la reforma político-electoral de 2014, se dispuso que cuando concurrieran elecciones locales y federales, se debía establecer una casilla única, donde se recibiera la votación de todos los cargos en disputa en la entidad de que se tratara. Aquí comienza lo relevante del caso en cuestión: aún cuando la LEGIPE ordena que las elecciones concurrentes se lleven a cabo en casillas únicas, el procedimiento de escrutinio y cómputo de votos responde a la lógica de las casillas diferenciadas.

El legislador no hizo los ajustes correspondientes después de la reforma constitucional. Si bien entendió que era necesaria la casilla única para las elecciones concurrentes, no se percató de que el escrutinio y cómputo de votos debía hacerse también en ese formato de casillas y con esa misma lógica, y no bajo la prevista en el modelo anterior.

Sin embargo, esta omisión del legislador no debe sorprendernos. No es experto en la materia electoral. No conoce las particularidades de la organización de las elecciones. Está alejado de los pequeños detalles y procedimientos que deben llevarse a cabo en cada casilla para contar los votos. No ha tenido un contacto directo con funcionarios de casilla. Justamente por esa falta de pericia, entre otras razones, el órgano reformador de la Constitución, hace más de veinte años, creó un órgano con autonomía constitucional: el Instituto Nacional Electoral, antes IFE.

Este órgano, según la Constitución federal, es “un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”, cuya función principal es “la organización de las elecciones”. El INE será “independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño”.2 ¿Qué implican estas palabras? En este contexto, ¿qué implica la autonomía constitucional? ¿Qué quiere decir que tomará sus decisiones de manera independiente? ¿Autonomía frente a quién? ¿Independencia frente a qué?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 117/2014, habló de la existencia de un nuevo paradigma de Estado: lo llamó el Estado regulador. Aunque dicho Estado se caracteriza por su intervención en mercados económicos altamente complejos, el entendimiento de la autonomía constitucional de los órganos autónomos debió hacerse extensivo al INE en el caso concreto.

De la misma manera que los mercados económicos de las telecomunicaciones, la radiodifusión, entre otros, la materia electoral es una materia técnica; para entender la organización de las elecciones se requiere de un conocimiento especializado. Son pocos quienes establecen un contacto directo con los funcionarios de casilla, con los representantes de partidos políticos, con quienes manejan el software electoral y que conocen la manera en que los procesos de organización pueden llevarse de la manera más ágil y efectiva. Esas personas trabajan en el INE. El legislador no conoce esos procesos; los jueces electorales, por más que conozcan los derechos, principios y bienes en juego de la materia electoral, no son especialistas en la organización de las elecciones. Y no es por ignorancia: es simplemente porque no es su encargo constitucional.

De esta manera, el INE debe ser entendido como un órgano técnico, especialista en la materia, que debería contar con una deferencia por parte de la Sala Superior como estándar de control predeterminado. Es decir, que las decisiones del INE, salvo que resultaran abiertamente irrazonables, deben contar con una deferencia por parte del Tribunal Electoral.

En el caso que nos ocupa, y que tanta atención ha recibido, el INE no actuó de manera irrazonable. Conociendo el procedimiento electoral a la perfección y entendiendo la justificada necesidad de dar a conocer resultados preliminares de la elección de la manera más rápida posible, estableció un procedimiento que complementaba y detallaba lo establecido en la LEGIPE. Así, si la propia legislación prevé que se puedan reacomodar las boletas depositadas en urnas erróneas, pero no indica en qué momento, ¿quién, si no el INE, es el encargado para determinar el proceso?

Pero incluso si se pensara que lo dispuesto por el INE iba más allá de lo establecido en la ley, el Tribunal debió concederle deferencia a la interpretación de la autoridad electoral, haciendo operativa su autonomía constitucional, pues en este caso, el Instituto cuenta con una órbita de facultades propia y oponible a los demás poderes, en este caso, el Legislativo. De no entenderse de esta forma, el INE sería, en los hechos, un órgano desconcentrado del Estado, cuya autonomía constitucional no tendría ningún efecto práctico. Darle contenido a su autonomía constitucional implica darle operatividad a su función primordial: organizar las elecciones de la manera más independiente y efectiva posible.

Considero que escuchar y otorgarle una deferencia a la autoridad administrativa electoral provee una mayor certeza a la contienda electoral que un entendimiento decimonónico de la jerarquía de la ley. Las elecciones serán más seguras y brindarán mayor certeza en la medida en que sean organizadas por expertos, no mientras la ley tenga preeminencia sobre una autoridad experta en la materia.

Por último, creo que la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala comete un atentado directo contra las propias instituciones electorales del país. De la sentencia se desprende una preocupación seria por la apertura, en dos momentos distintos, de las urnas por parte de los funcionarios de casilla. ¿Por qué le preocuparía esto a la Sala Superior? ¿Considera que los funcionarios electorales podrían manipular intencionalmente el sentido de la votación? ¿Tiene dudas sobre la integridad y probidad de los funcionarios de casilla?

La desconfianza en las autoridades electorales no cabe en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país. Si hay actores que minarán la confianza en la autoridad electoral en los próximos meses, la Sala Superior no debe ser uno de ellos, mucho menos el primero. Sí, presidenta Otálora, tiene razón: hay que contar rápido y contar bien. Pero hay que hacerlo escuchando a quienes saben contar y lo han hecho bien. Sólo así se construirá la confianza en los procesos electorales que tanto le falta a nuestra democracia. Sólo así.

Juan I. Zavala. Estudiante de la licenciatura en derecho, en proceso de titulación, en el ITAM. Twitter: @jzavalagt


1 Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto. Los demás magistrados votaron a favor de las consideraciones y el sentido del proyecto.

2 Artículo 41, base V, apartado A) de la Constitución federal.

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Hace unas horas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó, en votación de cuatro votos a favor y uno en contra,1 el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar que resuelve el amparo en revisión 237/2014. El cual fue interpuesto por un grupo de quejosos –agrupados bajo la sociedad civil sin fines de lucro, SMART- en contra de una sentencia de amparo resuelta por un tribunal colegiado que confirmaba la negativa de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a otorgar una autorización administrativa a los quejosos para que éstos pudieran consumir personalmente y con fines lúdicos o recreativos el estupefaciente mejor conocido como marihuana.

El proyecto del ministro Zaldívar ha sido comentado en numerosas notas y columnas de opinión en las últimas semanas.2 Incluso, algunos periódicos digitales promovieron debates al respecto.3 Funcionarios públicos federales, como Manuel Mondragón y Kalb y Arturo Escobar, entre otros, se manifestaron públicamente en contra del proyecto y de la legalización de la marihuana. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática se pronunció en favor del sentido del proyecto, mientras que la dirigencia nacional del PAN reconoció la importancia del debate y propuso llevar el asunto a una consulta pública. El proyecto, sin duda alguna, provocó reacciones de distintos actores y el interés de una parte considerable de la sociedad.

mariguana

Se trata de un proyecto bien estructurado y con una argumentación clara, lógica y detallada. El cual, desde un principio, busca blindarse frente a las críticas que se anticipaban: que la marihuana es adictiva, que provoca el consumo de otras drogas con efectos más graves en la salud, que aumenta los índices de violencia, entre otros. La sentencia es contundente y precisa al contradecir varios de estos prejuicios.

El proyecto también buscó incorporar una buena cantidad de documentos científicos y médicos que describen las propiedades de la marihuana y su efecto en los seres humanos. Sin embargo, como lo señaló Alejandro Hope en su artículo de El Universal, lo característico del debate mediático y político sobre la mariguana ha sido la falta de información sobre el contexto mexicano, pues “no existe una línea base que sirva de parámetro para evaluar la eficacia de las medidas que se aplican o proponen”.

Ahora bien, la sentencia otorgó el amparo a los quejosos; es decir, les permitirá el autoconsumo de marihuana con fines recreativos o lúdicos, una vez que obtengan la licencia administrativa por parte de la COFEPRIS (al respecto, José Roldán Xopa escribió una profunda crítica sobre la necesidad de contar con una licencia administrativa para ejercer un derecho, en este caso el de “libre desarrollo de la personalidad”).

Así, el amparo que recién otorgó la Suprema Corte en este caso tiene unos efectos muy limitados: sólo los quejosos podrán consumir marihuana con fines recreativos. Es decir, no se despenaliza el consumo de la marihuana, ni se permite para usos medicinales y tampoco permite actos de comercio ligados a este estupefaciente. Esto no es en sí mismo un defecto de la sentencia, sino del diseño mismo de nuestro juicio de amparo; en concreto, de que esta figura esté atada al llamado principio de relatividad: en el juicio de amparo únicamente puede resolver aquello que fue solicitado y únicamente para las partes que así lo pidieron.

Pero, a pesar de que el proyecto fue votado a favor por una mayoría contundente de los integrantes de la Primera Sala, algunos ministros realizaron objeciones. El ministro Jorge Pardo se pronunció en contra debido a que encontraba una contradicción en que se permitiera la siembra y el autoconsumo de la marihuana, sin que la compra de la planta fuese legal, puesto que la sentencia excluye expresamente los “actos de comercio”.

Por su parte, el ministro José Ramón Cossío se mostró más crítico con el proyecto. Lamentó, por ejemplo, que no tuviera un enfoque amplio de salud pública. Sobre la metodología del proyecto, criticó que, al colocar el libre desarrollo de la personalidad como premisa mayor de la resolución, se elimina cualquier posibilidad de intervención o regulación del Estado cuando se está frente a una afectación considerada “no tan grave” en la salud de las personas. Dijo que no coincidía con que el Estado renuncie a su facultad de regular el tema de la salud pública simplemente porque una sustancia resulta no “tan dañina”. Lo que sí consideró desproporcionado es acudir al derecho penal para regular el derecho a la salud previsto en la Constitución.

Respecto a los efectos del amparo, Cossío no coincidió en que el proyecto no se refiriera a una alternativa de despenalización general de las conductas relacionadas con la marihuana, pues las autorizaciones administrativas que se expedirán en favor de los quejosos en ningún sentido ayudarían a todos aquellos que realizaron conductas similares o idénticas y que están cumpliendo sentencias. Por ello, vale la pena leer este documento elaborado por el ministro Cossío, donde explica a detalle sus críticas a las consideraciones del proyecto finalmente aprobado y que ofrecen elementos interesantes para continuar el debate.

Lo cierto, sin embargo, es que la sentencia de la Primera Sala es sólo un primer paso hacia la posible –quizás inevitable- despenalización de la marihuana; lo que es evidente es que debe ser un asunto de Estado, en el que intervengan los tres poderes para realizar una efectiva política pública y revestir la decisión de mayor legitimidad democrática. Pues si bien la decisión de los cinco ministros es un avance crucial para derribar prejuicios y para poner el tema de la legalización en el corazón de la discusión pública, ahora debiese seguir un debate democrático en los órganos legislativos del país. Esperemos que estén a la altura de lo discutido el día de hoy.

Juan I. Zavala. Estudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt


1 Los ministros Cossio, Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar votaron a favor; Jorge Pardo votó en contra.

2 En este mismo blog, Karen Silva publicó al respecto; en Milenio, Carlos Puig, Jorge Castañeda, Juan Ignacio Zavala y otros también lo hicieron; en Reforma, Denise Dresser, Genaro Lozano y Germán Martinez  escribieron comentando el proyecto de Arturo Zaldívar, así como Carlos Elizondo, quien publicó en Excélsior sobre el mismo tema.

3 Milenio, en su Tribuna de la semana pasada, discutió el proyecto de Zaldívar.

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Después de un acalorado e inédito debate en redes sociales y diversos medios de comunicación respecto la candidatura de Eduardo Medina-Mora a ministro de la Suprema Corte, fue finalmente ratificado como tal por el Senado de la República. Más allá del indispensable ejercicio de reflexión que debe seguir después de un proceso de designación de este calibre, a continuación se presenta una puntual y aséptica crónica de cómo fue la tarde de hoy en que se nombró a un nuevo ministro de la corte constitucional mexicana. 

12:15. Distintas notas periodísticas revelan que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República acuerda brindar su apoyo a Eduardo Medina Mora, uno de los candidatos enviados por el presidente de la República para ocupar la vacante que dejó Sergio Valls con su fallecimiento el año pasado.

12:30. Fuera del recinto parlamentario, un grupo de ciudadanos se manifiesta en contra de Eduardo Medina Mora. “Por una Corte independiente”, se lee en algunas pancartas; “No queremos abortos rápidos y furiosos”, dicen otras.

Al mismo tiempo, activistas sociales y senadores del Partido de la Revolución Democrática entregaron en el Senado más de 50 mil firmas en contra de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Señalan deficiencias en su labor como procurador General de la República; acusan que durante su gestión al frente de la PGR se violaron de manera sistemática derechos humanos y que, en distintas controversias y acciones constitucionales, se opuso al federalismo y al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

13.50. Miguel Barbosa señala la ruta y el procedimiento que seguirá el proceso de votación del nuevo ministro de la Corte.

13.53. Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, presenta el dictamen de la Comisión, confirmando que los aspirantes al cargo de ministro de la SCJN cumplen con los requisitos de elegibilidad que exige la Constitución para ocupar el puesto.

Reconoce que, como nunca antes, la sociedad civil participó en el proceso de designación del nuevo ministro. Por otra parte, criticó el mecanismo legislativo de designación de ministros, pues la responsabilidad del presidente de la República se diluye al enviar una terna y no un perfil único.

14:01. Comienzan los posicionamientos. Dolores Padierna se manifiesta en contra de la candidatura de Eduardo Medina Mora. Lo señala como uno de los “inventores de la guerra contra el narcotráfico”. Señala las numerosas recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la PGR que encabezó el entonces procurador. A Padierna se le va la voz; furiosa, pide al presidente de la Mesa Directiva que le deje terminar de leer su documento. Concluye gritando y pidiendo un voto de conciencia a sus colegas senadores.

Terminada la intervención de Padierna, distintos senadores del PRD señalan fallas en la señal del Canal del Congreso a la hora del discurso de la senadora. Angélica de la Peña exige medidas administrativas y eventuales sanciones a los “responsables” de estos hechos. Todo en esta sesión es motivo de litigio.

14:23. El senador Manuel Bartlett, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, recuerda la moción suspensiva que exigieron distintos legisladores durante el día para que no se inicie el proceso de discusión y votación del nuevo ministro. Señala que la Comisión de Justicia no realizó un análisis de idoneidad con respecto a la candidatura de Medina Mora. Angélica de la Peña, desde su escaño, se suma a la petición de una moción suspensiva por parte del PRD.

14:43. La senadora de la Peña hace referencia a las 50 mil firmas que se juntaron en la página change.org Señala que es un motivo para llevar a cabo una moción suspensiva.

14:53. Roberto Gil, desde su asiento, defiende el proceso que llevó a cabo la Comisión de Justicia para la realización del dictamen y recuerda el acuerdo votado por unanimidad para recibir las firmas presentadas ante la Comisión, subirlas al micro-sitio de la Comisión y remitirlas a los grupos parlamentarios.

Manuel Bartlett y Dolores Padierna critican lo dicho por el presidente de la Comisión de Justicia.

Gil replica: ningún integrante del Partido del Trabajo participó en los cuestionamientos a los candidatos al cargo durante las comparecencias de éstos en la Comisión de Justicia. Bartlett señala que el dictamen de la Comisión tiene la finalidad de proteger a Medina Mora.

Se procede a votar sobre la admisión de las mociones suspensivas presentadas. Son rechazadas por una amplia mayoría.

15:09. Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, rechaza la candidatura de Eduardo Medina Mora. Critica las posturas en materia de seguridad que respaldó Medina Mora. También apunta que el embajador no cumple con el requisito de residencia por haber tenido su domicilio fuera del país durante los últimos dos años, siendo embajador en Reino Unido y en Estados Unidos. Lo acusa de haber servido a las empresas petroleras durante su estancia en Estados Unidos.

15:22. Carlos Puente, del Partido Verde, defiende el dictamen de la Comisión de Justicia.

15:29. Luis Sánchez, a nombre del PRD, se opone el nombramiento de Medina Mora. Critica la liberación de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari durante su gestión en la PGR; condena su labor como procurador y la violación de distintos derechos desde ese puesto político.

15:35. Fernando Yunes Márquez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, exige respeto para los otros dos candidatos propuestos en la terna y exige tomar en cuenta a los perfiles a la hora de votar.

15:41. Ernesto Gándara, a nombre del PRI, defiende la reputación y la “integridad personal” de Medina Mora. Pide hacer a un lado valores y prejuicios que “demeriten” la justicia.

15:48. Más de cinco oradores hablan en contra del dictamen; solamente dos lo defienden: Omar Fayad (PRI) y Daniel Ávila (PAN) –quien anuncia, además, su voto a favor de Medina Mora. Javier Corral (PAN), Angélica de la Peña (PRD), Dolores Padierna (PRD), Layda Sansores (MC) y Alejandro Encinas (MORENA), entre otros, se expresan en contra.

17:15. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia, que señala que los tres candidatos cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

17:18. Los tres candidatos entran al Salón de sesiones del Senado.

17:21. Los miembros que integran la terna enviada por Enrique Peña Nieto dan un discurso sobre la idoneidad de sus candidaturas y sobre lo que debe ser la Suprema Corte de Justicia. “La Constitución es norma viva, que debe ser realidad palpable para todos los mexicanos”, afirma Felipe Alfredo Fuentes, que hace un discurso relativamente breve, recordando las últimas transformaciones de la Corte y comentando sus próximos retos; momentos después habla Horacio Hernández, al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscila entre el sentimentalismo, la cursilería  y la pretensión de elocuencia.

medina-mora18:00. Medina Mora comienza su discurso reiterando su respeto a quienes le han criticado. Señala que, aunque respeta sus inquietudes, pero no las comparte; punto por punto, contesta a las objeciones que le hicieron distintos senadores. Habla sobre Oaxaca, Atenco, los fondos de Raúl Salinas de Gortari, acciones de inconstitucionalidad promovidas por él como procurador… En pocas palabras: da respuesta a sus críticos. Posteriormente, divaga. Repite un lugar común tras otro. No se compromete con definiciones ni con propuestas. Repite su respeto al orden legal. Habla de la Constitución como máxima norma jurídica y del nuevo rol del derecho internacional. Lugar común tras lugar común, Medina Mora defiende su trayectoria como abogado privado y como servidor público. “Mi único compromiso es con la Constitución y con México”, concluye su discurso el embajador Medina Mora.

18:20. El presidente Barbosa da inicio a la votación. Uno por uno, los senadores pasan a depositar su papel en la urna que está frente a todos los escaños. La tensión en el Pleno crece. Los senadores se voltean a ver, intercambian un par de palabras y ven sus celulares. Inicia el conteo de los votos y quizás también el momento más tenso de toda la tarde.

18:40. Termina la votación. Miguel Barbosa anuncia que, tras la votación, Eduardo Medina Mora ha sido elegido por más de las dos terceras partes como el nuevo ministro de la Corte. Las bancadas del PAN y del PRI aplauden. La bancada del PRD está en silencio; la mayoría de los perredistas cruzan los brazos y miran cómo, otra vez, ganan la votación PRI y PAN.

Esta es la crónica de un nombramiento anunciado: la del ex procurador y ex embajador Eduardo Tomás Medina Mora.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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No recuerdo si en alguna etapa reciente de la joven democracia mexicana se ha hablado tanto de corrupción como en estos días. La discusión sobre conflictos de interés y corrupción está en todos lados, ha inundado la agenda pública: en cafés, bares, restaurantes, aulas universitarias, (algunos) periódicos, blogs de Internet, debates televisivos, artículos de opinión, comidas familiares, todos hablamos de lo mismo. Y es que no hay semana o día en que no se destape una cloaca más que evidencie la enorme penetración de la corrupción en nuestro sistema político, alimentando con cada vez más ingredientes este tema de conversación pública.

De ahí que los partidos de oposición hayan aprovechado este momentum para proponer distintas iniciativas sobre el tema. Aunque su actuación frente a las casas adquiridas por el presidente Peña a distintos contratistas del gobierno, lo mismo que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue una de las más tibias y vergonzosas en la historia de nuestra democracia, la oposición ha decidido que puede recuperar algo de credibilidad pública legislando sobre el tema.

El Partido Acción Nacional (PAN), por ejemplo, presentó el 4 de noviembre pasado su iniciativa en materia de combate a la corrupción en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la suya el pasado 12 de febrero. Una parte significativa e importante de la sociedad civil, por otro lado, se ha pronunciado sobre las iniciativas de ambos partidos e incluso ha presentado una propia.

Como lo ha dicho en varias ocasiones el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la iniciativa de este Partido se trabajó intensamente con diferentes organismos de la sociedad civil, como Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto Mexicano de la Competitividad, por lo que la iniciativa del PAN y de estos organismos de la sociedad civil no difiere en mucho.

¿Qué tienen en común la iniciativa de Acción Nacional y el llamado “modelo ideal” elaborado por distintos organismos y personalidades de la sociedad civil? Ambas adoptan el Sistema Nacional Anticorrupción. Es llamado así porque no se trata de un solo órgano o instancia (como propuso Peña Nieto durante la campaña electoral a la presidencia de la República con la famosa Comisión Anticorrupción) que resuelva quejas e investigue, sino de un complejo entramado de instituciones coordinadas y vinculadas que colaboran para prevenir, detectar, investigar y sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción.

Ahora bien, las distintas iniciativas prevén mecanismos tanto de control interno como de control externo. En materia de control interno, la iniciativa del PAN busca “revivir” a la Secretaría de la Función Pública[1] (SFP) con todas sus anteriores facultades, además de algunas adicionales. Se busca que su titular sea ratificado por el Senado de la República. La SFP será la responsable de todo el control interno de todas las dependencias del gobierno federal. Cuando detecte faltas menores o no graves, será ella misma quien substancie y sancione; cuando las faltas sean graves, hará la investigación y la remitirá el expediente al Tribunal de Cuentas para que éste sancione la conducta grave.

corruption1En materia de control externo, la iniciativa del PAN busca empoderar a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo? Busca eliminar los principios constitucionales de anualidad y posterioridad. Con esto, la Auditoría podría auditar en tiempo real un mal manejo de recursos o podría investigar si se presentara una denuncia sobre alguna desviación en el uso de los recursos públicos. Como se encuentra su diseño actual, la Auditoría Superior es prácticamente inoperante. En estos momentos, está terminando de revisar la cuenta pública de 2013 por lo que, si detectara desviaciones de recursos públicos, sería demasiado tarde para emitir recomendaciones o realizar otro tipo de acciones. Con el esquema propuesto, podría realizar investigaciones y fiscalizaciones en tiempo real, además de emitir recomendaciones para evitar que dichos actos se repitan en un futuro. Contaría también con la facultad de atracción y revisión, lo que quiere decir que si detecta un desvío de recursos grave en una entidad federativa, podría atraer el caso para revisarlo.

Sin embargo, la iniciativa sólo deja a la ASF como un órgano de investigación y deja de ser un órgano de sanción. La ASF elaboraría el expediente cuando encontrara una irregularidad y lo remitiría al Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (creada en la última reforma política como parte de la Fiscalía General de la República) investigaría presuntos actos de corrupción y los consignaría ante los jueces federales.

La parte sancionatoria del Sistema Nacional Anticorrupción estaría a cargo tanto del Poder Judicial de la Federación como del Tribunal de Cuentas –que es una transformación del actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este Tribunal podría sancionar a funcionarios públicos federales cuyas faltas son graves, a funcionarios públicos locales por irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la federación e incluso podría sancionar a particulares que cometan actos de corrupción.  El Poder Judicial de la Federación sancionaría las conductas que impliquen la comisión de algún delito.

Finalmente, la propuesta de Acción Nacional prevé un Comité Coordinador que estaría integrado por un representante de cada una de las instancias que integran el Sistema (incluido el ejecutivo federal y gobernadores de las entidades federativas) más cinco representantes ciudadanos elegidos por el Senado. Dicho Comité coordinaría al Sistema Nacional y a los sistemas locales anticorrupción.

Las diferencias de fondo entre la iniciativa panista y “el modelo ideal” son pocas, pero no poco profundas. La iniciativa del “modelo ideal” (lanzada por 32 organizaciones sociales y distintos actores de la opinión pública en diciembre pasado) rechaza categóricamente la idea del Comité Coordinador, pues está en contra de “que se imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública”. También prevé un Tribunal de Cuentas (que sería un órgano constitucional autónomo)  con más facultades que las que plantea la iniciativa del PAN. Entre ellas estaría la de “emitir recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción” y tendría “acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos y bancarios que le permitan  conocer y determinar la información patrimonial de los servidores públicos a nivel nacional”.

La iniciativa del PRD plantea un esquema similar aunque con algunas variantes. En este esquema, sería la ASF quien encabezaría el Sistema Nacional Anticorrupción, pero tendría prácticamente las mismas atribuciones que se le otorgan en las otras iniciativas. Sus integrantes serían nombrados por la Cámara de Diputados. Adicionalmente, propone que el presidente de la República pueda ser acusado por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, conflicto de interés, entre otros supuestos.

Todas las iniciativas, desde luego, requerirían reformas secundarias a disposiciones existentes y la creación de leyes generales para combatir la corrupción.

Como puede apreciarse, existe una cantidad significativa de coincidencias entre las distintas iniciativas y las diferencias –de forma y de fondo- no son sobre el modelo en sí, sino sobre algunas particularidades (como el Comité Coordinador, que posiblemente terminará no estando en el dictamen final).

No deja de ser al menos curioso que el Partido Revolucionario Institucional no haya tenido prisa por debatir las iniciativas de los otros partidos en el Congreso –como sí la tuvo con todas las demás reformas constitucionales de la presente legislatura. Cabe decir que tampoco ha habido un posicionamiento o pronunciamiento institucional sobre las iniciativas presentadas. Los próximos días serán decisivos para saber el grado de compromiso que guardan los partidos con el combate a la corrupción.

El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. La casa blanca, la casa de Malinalco, las casas de los Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de distintos miembros de la clase política, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia.

Combatir la corrupción no es sólo un mandato constitucional y una exigencia legal; es también una necesidad para reivindicar a la democracia y la credibilidad de nuestra vida pública.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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[1] Cabe recordar que con la reforma del 15 de noviembre de 2012, la existencia de la SFP se envió a un transitorio en lo que la Comisión Anticorrupción se aprobaba.

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Estamos por cumplir cien años con nuestra Constitución. Nuestra relación con ella nunca ha sido sencilla. Podemos hablar de una historia problemática, llena de paradojas, estancada a ratos, llena de fervor en otros. Nuestra Constitución ha sido todo: víctima de revanchas ideológicas, culpable del desastre nacional en turno, responsable de la violencia, promotora del desarrollo, promesa de un futuro feliz.

Hace ya más de cien años, Emilio Rabasa, sin duda el constitucionalista más agudo de nuestra historia, advertía nuestra actitud frente a la Constitución (en referencia a la Constitución de 1857): “Se le amaba como símbolo, pero como ley era desconocida por todos”. Venerábamos al texto constitucional como símbolo de la unidad nacional y de nuestra soberanía; la venerábamos como elemento condensador de los deseos de la nación. En esas páginas no veíamos normas, sino un proyecto de país; no encontrábamos reglas e instituciones, sino una utopía política; nunca hallamos en esos párrafos un complejo entramado de instancias y procedimientos que organizaban y limitaban al poder, más bien lo que veíamos era la esperanza de aglutinarnos como nación alrededor de ellas. Por ello, su cumplimiento era prescindible; lo indispensable era su existencia.

Nuestra actitud frente a la Constitución de 1916-1917 no ha sido muy distinta. Al contrario, la distancia entre el poder político y la Constitución se acrecentó. En el discurso oficial ya existía un nuevo suceso histórico que explicaba la unidad nacional: la revolución mexicana. La Constitución podía ser el recipiente en el que se vertieron los reclamos de la revolución, pero no la explicaba. Ésta había estallado por las enormes desigualdades que se acrecentaron durante el porfiriato y la falta de libertades políticas. Durante los gobiernos de Obregón y Calles se creó una nueva narrativa gubernamental: la revolución nos explicaba como mexicanos, a la revolución nos debíamos como país. De esta manera, en el discurso del gobierno, la Constitución pasó a un plano detrás de la revolución.

Pero su importancia como elemento legitimador del régimen no había desaparecido. Conforme las referencias a la revolución comenzaron a desgastarse, a la Constitución se le vio como un documento presente, fresco, de avanzada. Lo que no cambio, sin embargo, fue que su relevancia se mantuvo en términos esencialmente política.

La tradición del régimen autoritario fue siempre respetar la Constitución. Jamás desobedecerla en público, nunca desacatarla en nombre de alguna idea superior. Impensable mandarla al diablo. La revolución y la Constitución justificaban un régimen, un discurso y la existencia misma de un partido político. La Constitución nunca se hacía a un lado de manera pública.

fantasia2Las facultades del poder ejecutivo, por ejemplo, se encontraban en ese documento histórico. Pero, ¿quién diría que durante nuestro régimen de partido hegemónico el poder ejecutivo se limitaba a ejecutar las facultades ahí establecidas?, ¿quién afirmaría que el presidente se asomaba a lo que Kelsen denominó la Norma Fundante Básica para corroborar si una de sus acciones estaba prevista como constitucional?, ¿quién aseveraría que el presidente y su partido se veían limitados en su actuar por lo dispuesto en dicho texto?, ¿quién sostendría que en México se vivía lo que establecía el texto constitucional: división de poderes, federalismo, mecanismos de control político? El presidente no requería de la Constitución porque simplemente no la necesitaba y tampoco le incomodaba. Los cambios sociales se daban a través de otros medios y otras acciones. El presidente no necesitaba a la Constitución porque –fácticamente- estaba por encima de ella y de cualquier institución. Quizás, como escribió hace ya algunos años Jesús Silva-Herzog Márquez, el único componente institucional del sexenio era el sexenio mismo.

La transición a la democracia cambió nuestra lectura de la Constitución. Dejó de ser la vasija donde juntábamos nuestras expectativas y aspiraciones para pasar a ser el documento que poseía una dimensión normativa. Las reformas al poder judicial de 1994 fueron fundamentales para cambiar esa lectura y comenzar a tomar, al menos seriamente, la dimensión normativa de la Constitución. Dicha reforma conceptualizó a la Constitución como norma, otorgándole a la–nueva Corte más facultades de control constitucional (acciones y controversias constitucionales). La reforma era clara: si concebimos al texto constitucional como una norma, entonces debemos tener jueces que revisen si las normas inferiores son acordes a lo establecido en la superior.

Los gobiernos emanados de la transición democrática vieron en la Constitución la palanca idónea para realizar cambios (y la naciente democracia electoral los posibilitó). Si el presidente de la República no podía ya por sí mismo modificar la realidad, entonces había que ir a reformar el texto constitucional. Ya no sería éste la piscina de buenos deseos y grandes proyectos nacionales, sino un texto donde se diseñaban nuevas instituciones y se protegían nuevos derechos. Comenzábamos a despertar de nuestra larga “siesta constitucional”[1].

Ello no implica que comenzáramos a observar y a utilizar a la Constitución como la norma que permea al resto del sistema jurídico interno, otorgando validez formal y material a todas las normas inferiores. Sería un absurdo aseverar que estos gobiernos gobernaron acatando todas las disposiciones constitucionales y procurando cumplir con lo ahí establecido. No. Más bien, se creyó que la única legitimación para actuar era la que otorgaba el propio texto constitucional. Su dimensión normativa era ésa: permitía que se ejecutaran las competencias que ahí se otorgaban.

Un ejemplo reciente, pero no el único: el actual gobierno y el llamado pacto por México inauguraron la era de la fantasía constitucional. Bajo la creencia que basta una reforma, un cambio a la Constitución, para modificar la realidad. Lo que dice la Constitución, será. Hoy los mexicanos tenemos mejor educación porque así lo dispone el texto constitucional. Entraremos en una etapa de crecimiento económico porque ya fue aprobada la reforma energética. México es un país más libre por la aprobación de la última reforma político-electoral. La patria es más próspera porque se aprobó la reforma financiera. Constitución: conjunto de palabras mágicas que, al modificarse, transforman la realidad.

Noventa y ocho años después de la promulgación de la Constitución, aún no podemos decir que vivimos bajo un régimen constitucional. La democracia mexicana tiene una larga lista de pendientes. Posiblemente, el más apremiante es el de establecer un verdadero régimen constitucional. Si la democratización mexicana implicó una mayor distribución del poder y medios de acceso más efectivos, el reto de nuestro constitucionalismo sigue siendo el de hace casi cien años: organizar mejor al poder y limitarlo y, al mismo tiempo, promover los derechos y las garantías que ahí se han establecido.

Terminar con la impunidad, crear un verdadero régimen federal, activar los mecanismos congresionales cuando haya excesos o abusos por parte del ejecutivo, limitar la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, hacer del nuevo sistema de justicia penal una realidad, evitar la arbitrariedad por parte de los poderes públicos… son sólo algunas de las cuestiones que requieren a una Constitución viva y despierta; en pocas palabras, una Constitución que se cumple.

Aunque no falten las fricciones, constitucionalismo y democracia deben caminar de la mano. La distribución del poder es inseparable de su organización. Hemos pasado ya más de quince años imaginando formas de distribuir y ampliar el acceso el poder. Es ya hora de empezar a tomar en serio su limitación. Es la mejor manera de honrar a la Constitución.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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[1] Silva Herzo Márquez, Jesús. “El antiguo régimen y la transición en México”. Editorial Planeta/Joaquín Mortiz. México, 1999. P. 37

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