En la mañanera del día de hoy, el presidente de la República envió la terna para ocupar el puesto que dejó el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un contexto enturbiado por su escandalosa renuncia y por la designación inconstitucional de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha decido proponer a tres mujeres para un asiento en el más alto tribunal del país.

“Son mujeres con muy buena trayectoria académica y en el servicio público, de modo que los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad”, afirmó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa matutina.

Aunque parecería que esta terna llega tarde, lo cierto es que se trata de una terna diferente, que por fortuna contrasta con las enviadas por el propio presidente AMLO en los últimos procesos de designación. En efecto, en estos últimos procesos de renovación de ministros, lo que vimos fueron  “ternas de uno”, con perfiles improvisados y abiertamente partidistas y que evidenciaban la falta de conocimiento respecto de las funciones más básicas de nuestro tribunal constitucional. Los parámetros que enmarca la Constitución fueron rebasados y reinó la conveniencia de la coyuntura política.

Ilustración: Alma Rosa Pacheco Marcos

Como si se intentara dejar atrás apresuradamente estos bochornosos episodios, hoy el lopezobradorismo en principio ha apostado por algo distinto en materia de justicia constitucional. La inclusión de una notable constitucionalista (Ana Laura Magaloni) y dos servidoras públicas con amplia experiencia (Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez) parecer ser, en el agregado, una buena señal.

No obstante, la experiencia enseña ser cautelosos. Durante años hemos visto varios procedimientos de designación mediocres, en los que parecería que algunos se conforman con la mera garantía de independencia (es un decir) que otorga la conformación plural de un cuerpo colegiado. Por ello, mal haríamos en normalizar el desprecio por la Constitución. No podemos tomarnos a la ligera la designación de ministros de nuestro máximo tribunal.

Veamos cuatro razones en específico para evitar echar andar las campanas al vuelo de forma apresurada con esta terna para ocupar la vacante que dejo Medina Mora.

En primer lugar, el papel que ha jugado el Senado en los procesos de designación que le han correspondido durante el presente sexenio resulta reprochable, por no decir lamentable. Lejos de estándares de escrutinio serios. Es más: por debajo de lo visto en legislaturas pasadas claramente vergonzantes —episodios que, en su momento, también los criticamos—.

Desestimando y llegando a incomprensibles acuerdos políticos, con votaciones que no son más que un fiasco e insultando antes que deliberando y entre risas burlonas de sus integrantes, el actual Senado -MORENA y la oposición- ha revelado su desdén por las reglas. En este caso, y aunque AMLO haya explícitamente mencionado que “la línea es que no hay línea”, una de las preocupaciones fundamentales del proceso es que los senadores se tomen en serio su trabajo, realizando un escrutinio de verdad y haciendo preguntas pertinentes a las candidatas, investigando sus antecedentes y poniendo a prueba sus conocimientos. Se trata, por tanto, de que el Senado tenga visión de Estado y justifique sus decisiones finales.

En segundo lugar, conviene enfatizar qué el simple hecho de enviar una terna conformada sólo por mujeres no significa un avance sustantivo en materia de género. Si bien, en el plano formal, el hecho de que existan tres ministras en la Suprema Corte resultaría algo inédito desde la reforma de 1994 y abonaría, por sí mismo, a la igualdad, es importante destacar que en cargos de esta magnitud lo primordial es identificar su compromiso con las mujeres, sus opiniones respecto a las luchas feministas, así como su orientación ideológica.

Cabe recordar aquí las posturas conservadoras de la ministra Margarita Luna Ramos en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos o, el hecho de que hace unos meses, en el pasado proceso de designación, la ahora ministra Yasmín Esquivel se declaró abiertamente “a favor de la vida” en detrimento de la autonomía de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. Aquí no se trata de imponer una agenda de género a quien resulte electa como nueva ministra; simple y sencillamente, se trata de conocer si en efecto todas las candidatas tienen una visión que permita garantizar los derechos de las mujeres y si comparten (o no) las importantes sentencias que la SCJN ha venido construyendo desde hace varios años.

En tercer lugar, no debe olvidarse que estamos frente a un contexto poco favorable para la independencia judicial. La grieta que dejó la renuncia de Eduardo Medina Mora es sólo el último eslabón de una preocupante cadena de decisiones. No se puede ocultar que existe cierta preocupación sobre la captura a la SCJN y que al final AMLO y Morena cuentan con la mayoría para facilitar un procedimiento que les da todas las de ganar.

Al no haber discusión alguna sobre cómo el método constitucional de designación de ministros de la Corte, parecería que la única alternativa posible consiste en exigir una auscultación que permita constatar la solvencia y calidad de las personas propuestas.

Finalmente, en cuarto lugar, es importante recordar la compleja relación de la 4T con el conocimiento experto y, especialmente, con el de índole jurídica. Durante los meses que lleva este nuevo gobierno es sabido que los perfiles técnicos, más orientados hacia el ámbito funcional, no son del todo bien vistos. Como si la experiencia se menospreciara en aras del compromiso militante o, incluso, de las afinidades personales, parecería que en la administración de López Obrador lo mismo vale en términos técnicos el nombramiento de un jefe de departamento que la designación de un ministro de la SCJN.

En la autonombrada 4T, da igual la carrera, los méritos, la pericia o sus habilidades sobre los temas relevantes de la función. De lo que se trata es de alinearse con el discurso transformador, asegurar ser honestos y no robar, de preferencia en sintonía con la austeridad y velar por el bien de México… Pero más allá de las bondades de parte de esta retórica, valga decir que, en el largo plazo, el desestimar o el no saber combinar distintos perfiles puede llevar a resultados catastróficos, que terminarán minando el funcionamiento de instituciones que poco a poco se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo.

Es por esto que, más allá de las simpatías que naturalmente despierta, en el agregado, el perfil de esta terna, lo cierto es que la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es el futuro y viabilidad de un tribunal constitucional independiente y, en esa medida, de la protección y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del departamento de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, España. Twitter: @garza_onofre

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes

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Resultan evidentes las consecuencias que conlleva el disenso respecto su exclusión social, sin embargo, es importante llamar la atención sobre las razones que lo motivan, pues, como aquél que ilusamente cree que con el mero hecho de alzar la voz tiene más razón, si la disidencia no se justifica de forma adecuada, ésta se devela como un efímera performance que encierra la inutilidad del disentir por disentir. En este sentido, siguiendo a Ernesto Garzón Valdés, vale apuntar que “la calidad ética del disenso habrá de depender de la calidad ética de lo negado”,1 es decir, lo importante no es la negación en sí, sino lo que se niega y por qué se niega, o sea, las razones para el disenso.

Así, antes de realizar propiamente una reseña del nuevo libro de José Ramón Cossío, Voto en Contra,2 presentaré algunas ideas que me provocó su lectura, no en línea con el carácter solitario que encierra la disidencia y sus costos, sino en sentido opuesto justo para entender a la disidencia como posibilidad, como un arriesgado ejercicio crítico de índole colectiva e importantes beneficios sociales.

Sobre los riesgos del consenso

En el país, del no pasa nada y sí pasa, tampoco parecería que la sumisión es redituable y guardar silencio una sigilosa manera de rendir honores. Acostumbrados a la zalamería, las buenas costumbres y las formas, en donde una crítica puede pasar hipócritamente desapercibida si se antecede de la fórmula “con todo respeto”, es evidente que el consenso será preferido sobre el disenso.

Se podrá molestar al amigo o incordiar al vecino pero siembre guardando las formas, nunca ofendiendo, ni tampoco siendo groseros, pues “lo cortés no quita lo valiente”. Como escribió Ibargüengoitia, en México, “la cortesía es por definición, una apariencia. Uno puede pensar lo que se le dé la gana, pero tiene cierta obligación de decir cosas que no resulten ofensivas para el interlocutor”.3 Y más en un campo tan hermético como el jurídico, en el que los conflictos son neutralizados en aras de la certeza, que si bien vela por el texto de la ley también se encarga de menospreciar las razones en las que ella se fundamenta.

De ahí que la crítica al sistema, el desmantelamiento del formalismo jurídico como concepción del derecho preponderante en México, no sea del todo aceptado. Mejor dicho, no resulte una actividad constante, sino una excepción. Porque hay un miedo implícito en esta actitud, ya que podría confundir al crítico con el irrespetuoso, al incómodo con el terco, y al rebelde comprometido con el chairo de ocasión.

Desde esta perspectiva, el conocimiento de las reglas no es lo que tiene un papel decisivo en la dinámica social; lo que es protagónico es que estas son obligatorias.4 Pero más allá del respeto y el cumplimiento de las normas, la obediencia referida entendida en términos de sometimiento, provoca que éstas sean contempladas como mecanismo prodigioso de solución de cualquier controversia y, a su vez, originen que, quienes sean los encargados de manejarlas las divisen como algo sacro, imposible de criticar. ¡Nada más errado!

La racionalidad en el sentido de razón práctica implica una actitud crítica con un anclaje a cierto grado de objetivismo moral, que busque la consecución de determinados fines por medio de procedimientos deliberativos. Lejos quedó una visión pactista de nuestros sistemas políticos, pues el daño que le ha hecho a este país una democracia ornamental es incalculable, es el encumbramiento de la forma sobre el fondo.

Se vale objetar; se vale decir que no. Es un deber decir que no cuando las circunstancias lo exijan, no importando se le diga que no a la ley, a los amigos y colegas, al jefe, a las instituciones o, inclusive, a las mayorías.

Si los contextos y las razones alcanzan, quizá en un futuro se pueda revertir lo decidido; no olvidemos que al final a lo que aspira el disidente es que los otros lleguen a un consenso anclado en los argumentos de su disidencia, pero no a base de politiquería o turbios intereses, no siendo parte del mismo juego que construye un consenso tan falaz como uniforme, sino uno razonado y justificado. Pues no hay que olvidar que el disenso parte de un consenso anterior, el disenso sólo encuentra cabida bajo la idea de un escenario perfectible y mutable.

Precisamente, existe un pasaje del afamado juez de la Corte Suprema estadounidense, Oliver Wendell Holmes, conocido como “el Gran Disidente” por su extensa y pertinente producción discrepante a lo largo de su carrera: “Confío en que nadie habrá de pensar que, por criticar tan libremente el Derecho, dejo de sentir respeto por el mismo. Tengo veneración por el Derecho…, como uno de los productos más vastos del pensamiento humano… Pero se puede criticar aun lo que se venera. Mi vida está consagrada al Derecho, y sentiría que falto a la devoción que le profeso si no hiciera lo que dentro de mí me impulsa a mejorarlo, y, cuando alcanzo a percibir lo que me parece el ideal de su futuro…”.5

Muy en sintonía con estas palabras es posible encontrar las primeras ideas de José Ramón Cossío al inicio de su obra, cuando escribe sobre lo que experimentó como crítico tanto fuera como dentro de la Corte mexicana, así como de las consecuencias que tal ejercicio tuvo.

Y es que en un México en el que se reafirma la unidad nacional, algunos parecerían olvidar que el disenso se encuentra en el origen de la legitimidad de cualquier sociedad. No por nada, Bobbio escribe que: “solamente en una sociedad pluralista es posible el disenso; antes bien, no es sólo posible sino necesario”.6

Sobre la lectura de Voto en contra

La obra se compone de una presentación, la parte, propiamente del contenido, subdividido en cuatro apartados generales en los que se relatan doce votos en contra de sus colegas, tomadas a lo largo de los quince años que el autor fungió como ministro de la Suprema Corte, y finaliza con los agradecimientos. Resalto tres cuestiones de este abordaje general del libro.

• La primera, la importancia de destacar el carácter un tanto heterogéneo del contenido de la obra, pues por el título, y por la propia inercia que conlleva el pensar “como abogado” y creer que estamos ante un libro “para abogados”, uno podría suponer que siguiendo la estela de lo que hizo Holmes hace ya algunos años,7 Cossío se daría a la tarea de compilar algunas de sus más afamadas discrepancias al sentenciar en un órgano colegiado, es decir, presentar una recopilación de los votos particulares —los votos en contra del sentido de la decisión y argumentos de ésta— o los votos concurrentes —los votos en contra sólo de los argumentos del sentido de la decisión—. Sin embargo, esto no es del todo así. Pues de la lectura del libro es posible distinguir algún voto en minoría —los votos en contra junto con los otros ministros que disienten de la mayoría— (como el del llamado poeta maldito con el ministro Silva Mesa), o simplemente posturas que no lograron mayoría de índole no jurisdiccional, como el ejercer una facultad de atracción (para un caso de desapariciones forzadas). Esto parecería algo menor, pero no es así. Pues, a mi consideración, sirve para evidenciar la esencia del trabajo colaborativo, que el compartir un proyecto común a pesar de diferentes formaciones, ideologías, predilecciones o agendas, abona en la contraposición de razones para el fortalecimiento de las instituciones. Si bien los abogados tenemos fama de que no sabemos trabajar en equipo, de que somos individualistas y competitivos, también habrá que puntualizar que mientras se trabaje con un buen equipo, cuando se construyan ideas con personas dispuestas a escuchar, a razonar, a cambiar de opinión…, esta actividad sí puede llegar a funcionar.

• La segunda, que no creo que sea casualidad, y relacionada con el anterior punto, es respecto a la forma en la que inicia y termina el libro. Llamo la atención sobre la disidencia como proyecto minoritario, más no solitario. Es decir, como un discreto ejercicio común pero nunca insociable. Pues, en definitiva, el trabajo de cualquier juez está analizado, cuestionado y criticado por un equipo, por una ponencia de disidentes e, incluso, disidentes de los disidentes. Personas, precisamente, a quién está dedicado el libro, y que el autor agradece personalmente en la última página de la obra. Y es que nombres de grandes profesores y abogados que ahora se encuentran instruyendo a las nuevas generaciones, en definitiva, no sólo respaldan las disidencias expuestas sino que, y sobre todo, generan posibilidades para reflexiones futuras.

• Y por último, creo que vale la pena comentar, el estilo en el que está escrito Voto en contra. Pues con una prosa amena e incluso de índole narrativa, el autor explica de manera didáctica no sólo decisiones jurisdiccionales sino también procedimientos y mecanismos jurídicos. Evitando el carácter técnico del sistema y lejos de términos domingueros, la verdad es que el libro resulta bastante pedagógico. Aunque he de confesar, a manera de crítica, que hubiera venido bien incluir en cada decisión su número de expediente, así como también la integración de la sala o el pleno en el que se decidió cada asunto. A pesar de esto, lo cierto es que uno no suele estar acostumbrado a un libro que traduzca complejos casos jurídicos a sencillas historias de personas cuyos derechos se han visto afectados. Incluso, me atrevería a decir que en un descuido, de su lectura, alguien que no conoce cómo funciona el derecho podría creer que esto es así de grato, emocionante y placentero. No se confundan, lean los libros de Cossío publicados en editoriales jurídicas, y sean felices lejos del gremio abogadil. Bromas aparte, en relación al tema de cómo difundir el trabajo de los jueces más allá de sus sentencias vienen a mi mente un sinfín de disparatadas estrategias comunicacionales por parte de los poderes judiciales. Cualquier soberana ocurrencia por ser todo menos prudente con la impartición de justicia. Mi recomendación sería: limitarse a juzgar con imparcialidad, conformar buenos equipos, razonar, argumentar…, en pocas palabras, que hagan bien su trabajo, poco más; de sus redes sociales, de salir en la tele, de gastarse fortunas en propulsar su narcisismo, tal vez, cuando tengan la conciencia tranquila después de haber cumplido su encargo, estén en posibilidades para hacer esas cosas o muchas otras, como quizá escribir algo decente que ayude a socializar lo realizado. No tengo duda de que este libro, más de índole divulgativa que académica, es prueba de ello, es prueba del trabajo de uno de los pocos jueces constitucionales en México que al finalizar su mandato no sólo ha seguido velando por “su conducta individual, sino que se ha esforzado para que la institución a la que perteneció sea la mejor posible”.8

Sobre el proyecto político de José Ramón Cossío

En tiempos en que la izquierda se comporta como la derecha, y la derecha como extrema derecha, no viene mal leer este libro y entenderlo como una apología de la congruencia.

Cuando la inmediatez marca la pauta de la agenda pública y los cambios parecerían que solo son posibles en el corto plazo, esta obra es una apuesta por el trabajo paciente y constante a través de varios años. No cabe duda que las grandes transformaciones, anunciadas rimbombantemente, quizá puedan posicionarse en el imaginario discursivo de forma rápida, sin embargo, su concreción en la vida real conlleva mucho más tiempo.

La actividad intelectual y política que vivió José Ramón Cossío como ministro apenas comienzan a vislumbrar su impacto en el modelo de justicia constitucional en México. Los derechos cuando se protegen adecuadamente en una democracia, deben servir justo como derechos contramayoritarios, por usar una expresión de Dworkin; como instrumentos enarbolados desde la disidencia. De ahí que nuestros jueces constitucionales deben distinguir entre oportunidad y oportunismo, estando atentos a su trabajo diario y contemplado sus actividades integralmente, más allá de un determinado momento coyuntural.

Tanto en el plano jurisdiccional como en el político, las disidencias de Cossío se encuentran resguardadas por el correcto manejo de las instituciones, por entender “El Derecho como guardián de la diferencia”, por utilizar el título de un libro del profesor Javier de Lucas.

La disidencia como posibilidad sólo tiene sentido si entendemos al ser humano como sujeto “imprevisible, único, capaz de romper las reglas, de desobedecer, porque es capaz de un pensamiento no dogmático sino problemático.”9

No me queda más que recomendar Voto en contra y celebrar la manera en la que José Ramón Cossío está llevando su nuevo rol como ministro en retiro y su renovada faceta como intelectual público.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del departamento de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, España.


1 Garzón Valdés, Ernesto, “El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las minorías”, en Isonomía, No. 12, 2000, p. 16.

2 Cossío Díaz, José Ramón, Voto en contra, México, Debate, 2019.

3 Ibargüengoitia, Jorge, “Cortesía mexicana. Lo cortés no quita lo valiente”, Misterios de la vida diaria, México, Editorial: Joaquín Mortiz, 2018, p. 244.

4 Véase Cárcova, Carlos María, La opacidad del derecho, Madrid, Trotta, 1998, p. 28.

5 Holmes, Oliver Wendell, La senda del Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, p. 43.

6 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, FCE, 1986, p. 49.

7 Véase Holmes, O. W., Los votos discrepantes del juez O. W. Holmes, estudio preliminar y traducción de César Arjona Sebastià, iustel Biblioteca Jurídica Básica, Madrid, 2006, pp. 34 y ss.

8 Atienza, Manuel, “El juez Perfecto”, en Jueces para la democracia, No. 90, 2017, p. 43.

9 de Lucas, Javier, Blade Runner. El derecho, guardián de la diferencia, Valencia, Tirant, 2003, p. 34.

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La renuncia de Eduardo Medina Mora es un acontecimiento de proporciones históricas. Sin que exista algún otro precedente en la época contemporánea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hace unas horas se anunció que quien en administraciones pasadas fuera director del Cisen, Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República, renunció a sus funciones como ministro de nuestro tribunal constitucional.

Las horas siguientes al anuncio fueron de absoluta incertidumbre. Brotaron las notas vagas y las especulaciones de los trascendidos. Incluso la SCJN emitió un escueto comunicado en el que se limitó a afirmar que “no cuenta con elementos para confirmar [la renuncia]”, por lo que se mantenía “a la espera del trámite”. Fue un tuit de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, el que terminó de despejar las dudas: “El presidente de la República […] ha aceptado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora”.

Ilustración: Víctor Solís

Se trata de un hecho extraordinario, pero que no es extraño a los procedimientos constitucionales. El artículo 98 de la Constitución señala que i) procederán las renuncias de los integrantes de la SCJN exclusivamente “por causas” graves, ii) que éstas serán sometidas al presidente de la República y iii) que si éste las acepta, el Senado deberá dar su aprobación.

Pero, más allá de lo estrictamente normativo, la renuncia de Medina Mora se da en un contexto político por demás enrarecido. Hace algunos meses, el todavía ministro difundió una carta para defender su “derecho al honor” y explicar una serie de acusaciones periodísticas respecto sus bienes. En concreto, diversos medios señalaron la realización de múltiples transferencias internacionales por montos sospechosos, por decir lo menos, para quien ha tenido una larga carrera en cargos públicos.

En su carta de defensa, después de proporcionar datos duros sobre sus cuentas bancarias, Medina Mora terminó su texto afirmando que “a lo largo de su vida profesional se ha guiado por la convicción de que los problemas más serios que aquejan a nuestra sociedad se deben a la debilidad de las instituciones” y que, por tanto, “seguiría cumpliendo sus funciones constitucionales como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera íntegra, imparcial e independiente”. Poco duraron sus palabras.

Ahora bien: más importante aún es destacar las consecuencias institucionales de esta decisión.En medio de un mar de especulaciones y de columnas que son poco más que chismógrafos, lo cierto es que algunas cosas parecen claras. Por ejemplo, sabemos que, por el momento en que se produce, la renuncia de Medina Mora para nada abona en la consolidación de la SCJN como institución independiente y de contrapeso frente a otros poderes.

Se podrá alegar que la forma en la que llegó Medina Mora al máximo tribunal del país se encontraba viciada de origen, que era un ministro impopular para la actual coyuntura política y que para algunos representaba todo lo que significaban los antiguos gobiernos. Sin embargo, simplificar las cosas de esta manera sólo evidencia un profundo desconocimiento de los riesgos en las instituciones de justicia en México. Veamos.

Si se confirma que el Presidente ha aceptado la renuncia de Medina Mora y si el Senado la aprueba, entraremos al proceso de designación de un nuevo integrante de la SCJN.

López Obrador propondrá una terna al Senado para cubrir la tercera vacante en lo que va de su mandato (¡que no llega ni a un año!) Y, como en todas las designaciones, las reglas constitucionales darán un enorme poder al Presidente: si el Senado no actúa a tiempo o rechaza una eventual segunda terna, López Obrador podrá designar directamente al sustituto de Medina Mora.

Peor aún, todo parece indicar que tendremos un procedimiento de designación no digno de una designación de tribunal constitucional. Si las cosas no cambian, y especialmente si la oposición no se toma en serio su papel de contrapeso, veremos una designación donde reinarán las prisas, la opacidad y la simulación. Así sucedió, por desgracia, tanto con la designación del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá como con la de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Basta con recordar el desempeño de quienes los acompañaron bochornosamente en sus respectivas ternas.

Las implicaciones institucionales de la nueva designación no serán menores. Vivimos un periodo en el que la autodenominada cuarta transformación impulsa cambios mayúsculos, muchos de los cuales pasan necesariamente por reformas a las leyes vigentes. A través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, la SCJN tiene el poder de invalidar cualquier ley, pero para ello es indispensable contar con 8 votos. Por ello, al presidente de la República le basta el voto de cuatro ministros para blindar la constitucionalidad de la legislación que impulse él y su partido político en el Congreso.

Quienes con la renuncia de Medina Mora –más allá del juicio que tengan respecto su trabajo como ministro, la manera como llegó a la SCJN y, en general, su carrera en el servicio público– no ven algún riesgo, ni mucho menos un atisbo de las consecuencias jurídicas que entraña el carácter político de una posible mayoría afín al actual gobierno, en definitiva, no quieren ver lo evidente.

En los siguientes días, como mínimo, debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia —pues en su carta de renuncia no esgrime ni una sola razón de ésta—, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del departamento de filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España. Twitter: @garza_onofre

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes

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Picapleitos, cuervos, avenegras, abogansters, coyotes, chicaneros, “chocarreros, pánfilos, seres de chicha o nabo, o tontos de capirote”…,1 son algunos motes endilgados a las personas que ejercen la abogacía; provocados, generalmente, por su comportamiento tan despistado como malicioso. Y es que estos operadores jurídicos, al confundir lo pragmático con lo indebido, terminan negando la posibilidad de declarar válida o inválida cualquier tipo de acción desarrollada dentro de la faceta que desempeñan.

No hay que olvidar que, si bien cada profesión es un trabajo, no cada trabajo es una profesión. Es decir, no cada trabajo es una forma de ganarse la vida pues, de alguna u otra manera, la idea que encierra una profesión suele empatarse con cierto prestigio y cierta dignidad que otros trabajos no profesionales a menudo excluyen.

Cuando, por lo general, las noticias sobre abogados (limitadas a efímeros escándalos locales, notas rojas, o intrascendentes chimes sociales) quedan relegadas de la agenda pública, por la atención que reciben los actos de otros agentes del derecho (como los jueces o los propios servidores públicos de la administración en turno), en días pasados, un par de casos sobre abogados han sido la excepción, llamando la atención no solo de una gran parte del gremio sino de la comunidad en general. El impacto de ambas noticias descubre una soberana confusión respecto al tratamiento de los conflictos profesionales de los abogados en nuestro entorno, y de sus respectivas consecuencias para con sus clientes y el sistema con el que trabajan.

Ilustración: Patricio Betteo

El primer caso2 trata sobre el prestigioso abogado Javier Coello Trejo, quien encabeza la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya (actualmente prófugo de la justicia, por estar presuntamente implicado en la trama de Odebrecht por lavado de dinero y corrupción), pero, al mismo tiempo, también funge desde hace años como el apoderado legal de Alejandro Gertz Manero, nada más y nada menos que, el Fiscal General de la República que está a cargo de investigar a dicho exfuncionario.

El segundo caso (difundido por la mayoría de los medios de comunicación del país) implica la detención del célebre y mediático abogado Juan Collado (quien ha sido defensor de personajes como Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Mario Villanueva…, incluso recientemente se encargó de llevar a cabo el divorcio de Enrique Peña Nieto), por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.

En ambos supuestos, y en términos generales, podría llegar a afirmarse que la lógica que impregna lo sucedido se equipara con aquella memorable declaración atribuida al lúgubre cacique del partido político hegemónico que durante muchos años gobernó en México, Gonzalo N. Santos, quien al ser cuestionado sobre los límites de sus turbias prácticas gubernamentales en provecho personal, respondió que: “la moral es un árbol que da moras…”. Pues, mientras se deforma y se desconoce un ámbito al que necesariamente se tiene que recurrir para reconocer alguna concepción de la justicia de una realidad jurídica, parecería que los abogados involucrados aprovechan el carácter liberal de su profesión para situarse en una cómoda posición que justifica todas y cada una de sus diligencias.

Y aunque lo sucedido con Coello y Collado parecería coincidente, lo cierto es que cada uno pone en evidencia particularidades de la forma en que la moral se ve relacionada con el ejercicio profesional del Derecho. Vale la pena hacer algunas breves reflexiones respecto de lo sucedido con cada caso.

Conflictos de intereses excusados en el libre ejercicio de la abogacía: Caso Coello

El caso de Javier Coello, en cualquier entorno medianamente civilizado en el que el Estado de derecho se intente respetar (y con mayor énfasis en el que un cambio de administración anhele dar un gran golpe contra la corrupción, siendo la trama de Odebrecht una oportunidad inmejorable para marcar un importante precedente) sería a todas luces un escándalo, un hecho indefendible que mancharía la reputación de defensores y defendidos.

Sin embargo, aprovechando un panorama tan impreciso, en el que las cuestiones públicas y privadas se intrincan, el abogado Coello fluctúa indistintamente dentro de un espectro moral que depende, en mayor o menor medida, de las su increíble capacidad para poder identificar cuando al mismo tiempo funge como coadyuvante del Estado mexicano y como detractor del mismo, aconsejando que su cliente se dé a la fuga y obstaculizando la investigación por el mayor caso de corrupción en la historia reciente del país.

Y es que cuando el mismo abogado que acusa, está contratado por el defensor, resulta innegable el conflicto de intereses. Lo sorprendente es que, a diferencia de la mayoría de este tipo de casos, los vínculos entre Gertz, su abogado y Lozoya no resultan sigilosos, ni discretos, sino que son bastante groseros, tan explícitamente burdos que los involucrados ¡lo aceptan sin el menor pudor! Atreviéndose a excusarse en el libre ejercicio de la profesión, en antiguas amistades antes de la obtención de un determinado cargo, en su hipotético profesionalismo, o incluso en intermediarios que ahora han intercambiado puestos.

Queda claro que una visión excesivamente liberal de la abogacía está generalizada y normalizada en México. Incluso, podría decirse apresuradamente, que todo lo que hizo Coello y sus colegas es válido, porque así es el oficio de abogado, nos guste o no. Porque es el profesionista liberal por excelencia, el free rider del ámbito jurídico. Ni un juez “atado” al sistema, mucho menos un legislador que tiene que responder a ciertos líderes o ideologías, así, el abogado “goza” de amplias y dilatadas libertades para ampliar su espectro y  poder tener muchos clientes. Nada más equivocado.

Lo cierto es que en este tipo relaciones profesionales, en que los abogados tienen como clientes a partes encontradas (¡y peor aun cuando una de ellas es el Estado!), su rol no es el de ser simple y sencillamente espectadores y objetivos aplicadores de reglas procesales, apegándose a lo que dice el derecho, sino que los abogados fungen como personas de confianza, como los agentes encargados de conocer estrategias exclusivas y manejar información importante cuyo impacto, irremediablemente, repercutirá sobre alguno  de los representados de manera contraproducente.

Conocer las dos caras de la misma moneda, quizá sea algo bueno para este tipo de abogados, pues lo que les interesa es tejer una amplia red clientelar, donde los favores y el dinero aceitan las relaciones para intercambiar a su vez otros favores. Pero para alguno de sus clientes, tarde que temprano, la historia acabará mal.

Precisamente, de esa tensión emanan los riesgos para que un abogado no se limite a desarrollar sus actividades de forma estricta dentro del campo jurídico, sino que, aprovechando la coyuntura política en la que se desenvuelve, sea cómplice de una estrategia diseñada para ir más allá del caso inmediato y del cliente particular, buscando el perjuicio de la otra parte en disputa. De manera que su inmoralidad profesional afecta a toda la sociedad en su conjunto.

Aquella popular frase satírica del humorista estadounidense Groucho Marx que postula: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”, cobra sentido en la profesión forense para ejemplificar el caso de Coello; pues las divergentes razones que motivan sus medios de acción se vuelven pretextos para justificar cualquier fin.

La ética está mermada por la rentabilidad: caso Collado

El caso de Juan Collado es un claro ejemplo de cómo en el ejercicio del derecho la ética está mermada por la rentabilidad. Abogados como este se caracterizan por aparentar profesionalidad, por cultivar más las relaciones sociales que por cuidar diligentemente el ejercicio del derecho, de ahí su prestigio, su “fama”, su afamada reputación de casos ganados y su cartera de clientes, de enarbolarse bajo la bandera de técnicos jurídicos carentes de toda moralidad, dispuestos a conseguir a cualquier costa lo que el cliente desee…, siempre y cuando pueda pagar sus honorarios. En definitiva, una visión de la abogacía que solo responde a sus propios intereses.

Sin cuestionarse los límites, las consecuencias y mucho menos la posibilidad de poder decir no, Collado durante muchos años tuvo el atrevimiento de animar relaciones y cerrar negocios que, indefectiblemente, terminó por complicar. Al cruzar tantas zonas grises, claramente comprometidas entre lo público y lo privado, este tipo de abogado deja de ser el puente entre dichos ámbitos y termina por convertirse en un infiltrado, un jugador tramposo, un agente sesgado con información y contactos privilegiados para saber de qué manera construir sus estrategias para obtener beneficios.

El pretexto de que para un abogado todo vale, de que todo es permitido mientras se consiga la satisfacción de las pretensiones de su cliente, se torna tan vago como peligroso al momento en que se confinan los juicios valorativos que llegaran a confrontar sus intereses.

Parecería que lo apasionante y entretenido de las series norteamericanas sobre abogados es directamente proporcional a la imagen tan distorsionada como idílica que un sinfín de supuestos profesionistas en México se han construido a la medida para poder tener su conciencia tranquila.

Y es que enseñar ética a los abogados a partir de Suits, Ally McBeal o The Good Wife, en definitiva, puede ser entretenido incluso apasionante y temerario. Sin embargo, en un país tan desigual, con graves problemas de acceso a la justicia, donde la corrupción impera en múltiples espacios, y en donde las partes en los procesos probablemente no ganen debido a un sistema imparcial y justo sino en ocasión de quién tenga más dinero para pagar al mejor abogado; difícilmente, la ética jurídica puede tomarse en serio.

El sistema norteamericano no es el mexicano, ni Collado una versión campechana del protoabogado hollywoodense: líder, empresario, amigo de los poderosos y hasta estrella de la farándula. El ejercicio profesional de la abogacía exige límites éticos, ya que las reglas siempre serán imperfectas e interpretables.

A manera de cierre

Habrá que tener muy presente que el derecho en sí mismo resulta insuficiente ante estos casos que evidencian turbias prácticas profesionales; la moral, sin duda, puede ayudar bastante pero se requieren esfuerzos institucionales y luchar incesantemente contra lógicas retrógradas en la abogacía para que las actuaciones de Coello y Collado tengan repercusiones en su actuar profesional.

Qué bueno que las diversas barras y colegios de abogados, hoy más que nunca, tengan un rol tan politizado, firmando desplegados e incitando a levantar la voz contra cualquier acto de autoridad cuando sea necesario. Sin lugar a dudas, es digno de celebrarse. Pero, más allá de cuestionar por qué no lo habían realizado con esta vehemencia en anteriores sexenios, lo importante sería saber si alguno de estos abogados que se han visto involucrados en distintos escándalos se encuentra afiliado a estos colectivos y cuál es su opinión al respecto. Sería bueno conocer cuántos procesos disciplinarios en contra de sus abogados tienen registrados, las consecuencias de ellos o, simplemente, su idea respecto a los efectos que casos como los de Coello y Collado impactan sobre todo el gremio.

Se demanda combatir la corrupción, reformando incesantemente el sistema, y se enfocan en los jueces, en los servidores públicos, en idear bondadosas e inútiles campañas de cultura de la legalidad… ¡Se olvida al mayor gremio del país! Los abogados.

Cuando deje de ser más sencillo obtener un reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) para una escuela de derecho -la “licencia” que emite la SEP o las secretarías locales en la materia para poder abrir una institución educativa- que poner un Oxxo, y tener una cédula de abogado sea más difícil que comprarla o contratar un coyote, al momento en que el acceso a la justicia no sea una cuestión de clase, tal vez podamos empezar a elevar la calidad de los abogados en México.

Dudo que lo de Coello y de Collado sirva para algo. Pero ojalá entendamos que no habrá reformas estructurales, ni propaganda política como lo que es la llamada cuarta transformación hasta incluir a quienes ejecutan todos esos cambios, a quienes accionan el proceso, a quienes tienen la posibilidad de conocer las pretensiones de los clientes y, por ende, su noción de comunidad y de Estado de derecho: los abogados.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España. Twitter: @garza_onofre.


1 Loperena, José María, El circo de la justicia, Barcelona, Flor de vientos, 2006, p. 11.

2 Investigado por Arturo Ángel y Andrea Cárdenas, Animal Político y Quinto Elemento Lab, “Emilio Lozoya y Alejandro Gertz: acusado y fiscal tienen el mismo abogado”, en Animal Político, 25 de junio de 2019.

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Durante estos días se ha comenzado a discutir la posibilidad de una nueva reforma en materia electoral, impulsada (ahora) por Morena. Su vocero más visible ha sido el diputado Pablo Gómez Álvarez, pero no han sido pocas las ideas, propuestas, ocurrencias y disparates que se han puesto sobre la mesa.

En principio, se trata de planteamientos que no sorprenden. Parecería que estamos frente a una reincidente regla no escrita, que fortalece una tradición tan lamentable como sacrosanta, que bien podría ser escrita así: en México las leyes electorales tienen que modificarse, sí y siempre sí, después de cada elección presidencial. No importa que el último proceso electoral se haya realizado razonablemente bien o que, simple y sencillamente, se requiera de tiempo para consolidar los cambios trazados en años pasados.

De lo que se trata es de reformar por reformar, de armar una transformación a la medida de la nueva coyuntura política, de impulsar una grandilocuente y rimbombante revolución electoral que, por enésima ocasión, cambie las reglas de un juego que no se le permite madurar. Da igual que muchas de las propuestas carezcan de toda lógica —como por ejemplo, la eliminación de los 32 institutos y tribunales locales, así como las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), según planteó el diputado Gómez—. Poco vale que esté en riesgo el funcionamiento y autonomía de un complejo sistema que se ha construido paulatina y colectivamente más allá de diferencias ideológicas a través de los últimos años.

Reforma electoral

Ilustración: Víctor Solís

Rechazar de antemano una reforma así no implica posicionarse del lado del conservadurismo, ni mucho menos apostar por el mantenimiento del statu quo. Todo lo contrario. Resulta necesario realizar un diagnóstico serio y técnicamente sólido sobre nuestras autoridades electorales, los procesos de designación de sus integrantes, los costos de nuestra democracia —incluidos, por supuesto, los recursos de los partidos políticos— y la distribución y coordinación de competencias, el papel de las nuevas tecnologías, entre muchas cuestiones que ameritan una reflexión amplia y pausada.

Hoy, más que nunca, es indispensable criticar y repensar los procedimientos, vías y formas del ejercicio de los derechos de participación política en el país. Pero todo cambio al ordenamiento debe ser producto de la deliberación y el consenso cimentado a partir de la regla de oro de la democracia moderna: las mayorías de hoy deben tener la posibilidad de convertirse en las minorías de mañana —y viceversa—, siendo todos los actores políticos corresponsables del mantenimiento de instituciones que trasciendan personas y gobiernos.

Y es que, precisamente, sería tramposo y hasta cierto punto antidemocrático impulsar una reforma electoral ideada desde una visión tan cortoplacista como monolítica. Si bien a Morena le basta un puñado de legisladores de oposición para modificar la Constitución a su antojo, la historia reciente muestra que, tarde que temprano, los errores de las reformas electorales terminan jugando en contra de la fuerza política que en su momento la diseñó y ejecutó.

El ensañamiento contra el INE de algunos de quienes hoy apoyan una nueva reforma electoral es producto de una ambiciosa irresponsabilidad democrática, alimentada por la incesante tentación de mantener el poder a toda costa. Se busca descabezar a la autoridad nacional porque, paradójicamente, ha cumplido con su papel de garante, porque —más allá de sus tropiezos— ha tomado decisiones que afectan a todos los partidos por igual.

En ese sentido, resulta curioso, por decir lo menos, que la discusión sobre la nueva reforma electoral que impulsa Morena se haya centrado en la purga INE y no en el Tribunal Electoral (TEPJF), ese órgano que, como dice el diputado Gómez, puede siempre modificar o revocar las decisiones de aquél. Y es que, una vez que Andrés Manuel López Obrador consiguió la presidencia de la República y su partido arrasó en las pasadas elecciones, la judicatura electoral ha dado un drástico viraje en sus criterios, sin la necesidad de reformar leyes o trastocar atribuciones. Desde el bochornoso fallo del fideicomiso “Por los demás”, parecería que se inauguró una renovada e idílica relación de la mayoría de la Sala Superior con el partido que actualmente gobierna.

Lejos quedó aquella vigorosa protesta que, con toda razón, realizó Morena cuando la mayoría del Congreso alteró la designación de los magistrados de Sala Superior mediante la llamada #LeyDeCuates. Hoy los jueces electorales pueden estar tranquilos. Se han alineado. Y muy seguramente no sufrirán las amenazas que pesan sobre sus colegas consejeros.

De ahí que plantear la eliminación del INE por el supuesto carácter político de los integrantes del Consejo General (su presunta falta de independencia e imparcialidad), resulta un argumento que puede exactamente trasladarse, y quizá con mayor peso, hacia los magistrados del TEPJF. Sin embargo, en esta ocasión, aunque tal parece que se les viene la noche a las autoridades electorales, queda claro no todos los gatos son pardos.

En democracia, no vale ni el triunfalismo acrítico ni el pesimismo irreflexivo. No son pocos los problemas que tiene nuestro barroco sistema electoral. Pero resulta evidente que hoy en día estamos mejor que hace varios sexenios, que poco a poco se han ido forjando condiciones de estabilidad democrática y fortaleciendo órganos electorales que han permitido que, entre otras cosas, el día de hoy Morena sea, por mandato ciudadano, el partido dominante.

Se ha dicho que la –autoproclamada- cuarta transformación desprecia lo técnico, que su relación con el derecho no es ni la más pacífica, ni la más saludable. Las aberraciones orquestadas por sus operadores jurídicos, los amparos que tienen en suspenso una de las principales obras del sexenio, y los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han tumbado leyes hechas con mucha prisa y poco seso, dan prueba plena de ello.

Tal vez, pero solo tal vez, vaya siendo tiempo de asimilar que el discurso morenista ha sido muy efectivo para fortalecer los ánimos y avivar la esperanza por el cambio, lo cual le ha permitido justificar un sinfín de cuestionables decisiones tras los más de 30 millones de votos que obtuvieron. Pero también queda claro que, bajo las actuales condiciones políticas y las enmarañadas estructuras que durante años han regido este país, resulta imposible disociar cualquier transformación significativa de la técnica jurídica, de un diligente ejercicio del derecho.

La transformación será aún más difícil si la llamada 4t, en vez de concentrarse en los problemas apremiantes del país, se empeña en reproducir las viejas prácticas que tanto criticó. Reformar por reformar el pantanoso campo del derecho electoral será contraproducente. Descabezar a las autoridades electorales para imponer nuevas cuotas y cuates no es una de las transformaciones que México necesita.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Profesor Asociado en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Twitter: @jmartinreyes.

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La propia complejidad y polivalencia que implica el ejercicio de la abogacía, en relación a diversas estructuras sociales, exige precisamente la necesidad de un estudio integral que examine de manera interdisciplinar los fenómenos que lo configuran, las luchas que libra y las proximidades que puede guardar con los agentes de otros campos sociales. Así, antes que decantarse por un proyecto rigurosamente demarcado y exhaustivo desde una visión unidimensional, la elaboración de este proyecto oscila entre la interdisciplinariedad y la transversalidad, adoptando un amplio marco conceptual que permite la incorporación de múltiples elementos heterogéneos para sostener y agrupar un común denominador de ciertos rasgos presentes en la figura del abogado.

De ahí que, a pesar de que cada capítulo, o grupo de capítulos, que conforma la integralidad del presente trabajo, responde a un análisis disciplinar específico —el primero, histórico-crítico; el segundo, ético-moral; el tercero, cuarto, y quinto, filosófico-jurídico y; el último, sociopolítico o institucional—, no se puede entender cada uno de estos como compartimentos estancos. Se trataría de entender los límites no como delimitaciones concluyentes, sino como vasos comunicantes enlazados entre sí, sugiriendo que quizá para su lectura y cabal comprensión sea preferible tener en mente la idea de borde, de algo que está muy cerca, que se influye de forma recíproca, pero mantiene su individualidad.

De tal forma que se intentará explicitar la complejidad de la figura del abogado y la relación que fragua al momento de operar con el derecho. En efecto, por sus profundas implicaciones sociales, es posible descubrir en su accionar un sinfín de matices y claroscuros que rompen por completo el tradicional esquema binario en el que se le configura. Y es que la abogacía ha sido identificada como uno de los ejemplos más claros de profesiones liberales, cuyas labores se encuentran indefectiblemente subordinadas a los intereses de parte. Pero las cosas son más complejas.

Posiciones y términos incompatibles se fusionan para develar la dificultad por comprender a la figura del abogado. Al oscilar entre la posibilidad de transformación y el mantenimiento y defensa de los intereses de los poderes dominantes; el conflicto y la conciliación; lo claro y lo confuso; estos profesionistas navegan entre enfoques imprecisos que alteran su ejercicio y dificultan enormemente su temática teórica.

A diferencia del derecho, donde constantemente se ha teorizado sobre su definición, para el caso de los operadores jurídicos, esto ha sido profundamente contrastante, acarreando un sinnúmero de problemáticas y desequilibrando su comprensión práctica. Y no solo existe una desatención de los operadores jurídicos respecto al estudio del derecho en general, sino también en relación a otros actores en lo específico; como lo hace notar Luigi Ferrajoli, la singular desproporción de la vasta literatura, no solo jurídica sino también sociológica y filosófica-política, dedicada a los jueces y los fiscales, e incluso a la figura del legislador, contrasta con la que analiza a los abogados, develando así, más que un descuido intencional, un menosprecio estructural respecto a su figura en sociedad.

Gregorio Peces-Barba afirmaba que los operadores jurídicos se diferencian del común de los ciudadanos por actuar en el ámbito legal, a través de la intervención profesional estable en un cargo u oficio, como creadores, como intérpretes, como consultores o como aplicadores del derecho. A la luz de dicha postura, los abogados tienen el compromiso de fungir como los principales intermediarios entre el derecho y sus destinatarios, pues sus acciones afectan vigorosamente al mejoramiento del sistema. El abogado no es solo un representante de un cliente, sino también un actor cuyas acciones influyen profundamente en el sistema. No obstante, esta última afirmación, por sí sola, no implica contemplar el trabajo de los abogados como meros oficiales de la cuestión pública, sino que, por el contrario, al aglutinar una serie de funciones tan difusas como divergentes, estos operadores manifiestan su carácter ambivalente, dependiendo, en gran medida, de si el rol que realizan lo hacen en complicidad con el sistema en el que se desempeñan o, en el extremo opuesto, a través de la faceta de agente que intenta desestabilizar al mismo, para propulsarlo e intentar la transformación de su entorno más allá de las vías legales.

Bajo dicha lógica, la pregunta de cómo entender a la figura del abogado ha buscado esclarecer la función que este profesional del derecho ejerce en sociedad y, de forma casi invariable, ha tendido a expresarse en términos absolutos. Pero quizás vaya siendo tiempo de matizar y flexibilizar esta respuesta a partir de la idea de ambivalencia. Ni superhéroe, ni vindicador, ni revanchista: al adentrarse en el estudio de la abogacía y relacionar esta profesión con la importancia del rol que tiene en la reproducción del sistema o en su mutación, es posible dar cuenta sobre lo intrincado de sus acciones y así reflexionar en torno a su incomprendido papel en sociedad.

De ahí, precisamente, que, en este trabajo, a pesar de rastrear rasgos que se descubren comunes a la figura del abogado en distintos espacios y lugares, no se aborde a este operador del derecho de forma uniforme y desde una sola perspectiva, sino que su estudio se remite a ciertos contextos particulares y enfoques específicos. Así, lo interesante de esta investigación resulta de indagar en las causas que explican por qué el abogado despliega determinadas acciones, por qué es visto de alguna u otra manera, o por qué se relaciona con el poder de cierta forma. Por tanto, renunciando de antemano a establecer un concepto preciso para evitar menoscabar tanto las clases de abogados como la polivalencia de este profesionista, lo que ha resultado más conveniente a la hora de realizar este estudio es la adopción de una definición de trabajo flexible que permita adecuarse tanto a su rol procesal en general, como a algunas de las diferentes facetas que despliega en particular. Así, para responder a la pregunta sobre qué tipo de abogado versará este estudio, vale la pena tener en consideración una distinción metodológica importante. Por un lado, cuando a lo largo del trabajo se aborda a este actor de manera general, lo que se pretende explorar es el rol procesal del abogado, es decir, la función habitual de este operador del derecho, que se enfoca en salvaguardar al sistema de la tentación inquisitorial-monológica, dando pie al diálogo y al conflicto procesal entre las partes involucradas. Por otro lado, cuando se habla de algún tipo de abogado en particular (especialmente en los apartados iusfilosóficos, al repasar cada escuela de pensamiento), lo que se intenta es llamar la atención sobre alguna de sus funciones específicas, que dependerán de las posibilidades de cada contexto determinado.

Esta precisión analítica sirve para ser conscientes del alcance de la presente investigación y dejar en evidencia de sus límites. Resulta claro que el término abogado en sentido amplio puede conllevar una completa indeterminación y vaguedad. Por eso, el camino que se ha trazado para abordar al mismo considera primordial tener en consideración la singularidad de cada análisis en lo específico (respetando los métodos de las disciplinas involucradas y sobre todo sentando las bases para estructurar un discurso coherente que pueda guiar y comprender a este actor), para reiterar que este trabajo no solo abraza la interdisciplinariedad sino que enfoca su objeto de estudio desde una convicción política y epistemológica en donde la descripción y la prescripción se enlazan. En función de esta metodología recién descrita, la estructura general que se eligió fue la siguiente.

El primer capítulo aborda la figura del abogado desde una óptica histórica-crítica, ya que resulta bastante usual que la historia del abogado se relate desde una trinchera muy alejada de la realidad, impregnada por la cordialidad y la clemencia, edulcorada hasta el extremo. Así entonces, se realizará un repaso crítico sobre los orígenes de la figura del abogado a través de los periodos en los que tradicionalmente se ha segmentado la historia, recogiendo una serie de aspectos y condiciones que, aunque identificables durante su transcurso en el tiempo, por lo general, suelen pasar inadvertidos o quedan relegados por no encontrarse alineados con un relato oficial, estándar y acrítico de la profesión. Después, se procederá a estudiar su proyección dentro del complicado entramado contemporáneo, haciendo énfasis en diversos fenómenos que afectan de manera directa a la abogacía, en el marco de la globalización y la crisis. Además de cimentar una base para sostener el carácter transversal de ciertos rasgos presentes en la figura del abogado, el objetivo de este apartado sería cuestionar las insuficiencias de la comprensión de la abogacía desde una óptica exclusivamente unidimensional. La inercia desplegada a través de los siglos ha generado que muchos problemas se aborden solo superficialmente y sin considerar las verdaderas cuestiones materiales que resulta necesario poner en discusión.

En el segundo capítulo se realizará un análisis de las cuestiones ético-morales en la figura del abogado, que será guiado integralmente por la idea de la ambivalencia en la profesión. Los múltiples vínculos relacionales que entabla este actor al desarrollar sus actividades develan tensiones que difícilmente podrán ser ignoradas; contradicciones que, sin embargo, revelan la lamentable manera en que la retórica del profesionalismo y la deontología decorativa han ido poco a poco socavando el tratamiento de los conflictos morales en el ejercicio de la abogacía, influyendo negativamente sobre la comprensión de su rol en las dinámicas jurídico-políticas. Así, sirva este apartado para llamar la atención sobre la urgente necesidad de entender las complejidades éticas de los abogados desde una óptica sustantiva y formular una propuesta teórica que pueda, en mayor o menor medida, detonar una amplia reflexión en torno a las formas de abordar la moralidad en su práctica diaria. Se tratará de evidenciar la enmarañada urdimbre moral que enfrentan los abogados, para concluir que resulta fundamental tender puentes hacia otras disciplinas que permitan que el derecho cobre sentido a partir de los individuos que lo accionan. Bajo esta óptica, el rol de los abogados resulta cardinal e indispensable, pues estos se encargan de dotar de contenido a las prerrogativas que consagra dicho conglomerado de reglas y principios, al tiempo que también moldean las pretensiones de terceros. De ahí entonces que, en el siguiente apartado, que comprende los tres capítulos subsecuentes, se realice un barrido por distintas escuelas y teorías iusfilosóficas respecto a la figura del abogado. Solo así se podrán desentrañar las implicaciones que las principales concepciones del Derecho tienen respecto a los abogados.

La tajante distinción entre teoría y práctica produce una dañina comprensión del derecho que inhibe su estudio desde diferentes aristas, delimitando su incidencia social a un tan exclusivo como reducido grupo de personas. De tal forma que, en los capítulos III, IV y V, se despliega un análisis de la figura del abogado desde la filosofía jurídica, un estudio integral que conjuga las ideas con el ejercicio práctico. El objetivo de esto es abrir nuevas perspectivas de conocimiento que posibiliten dotar a los abogados de un mayor entendimiento de su profesión, para la posterior comprensión de sus implicaciones desde una óptica que invite tanto a la reflexión como a la generación de mejores prácticas. Así, por sus amplias posibilidades, la filosofía jurídica resulta un campo tan fértil como fundamental para conjugar la teoría y la práctica, y analizar una figura como la de los abogados. Por lo que, haciendo un barrido por las principales corrientes, escuelas, y autores que han marcado pauta dentro de las trayectorias contemporáneas de esta disciplina del derecho es posible advertir una ausencia generalizada de la figura del abogado. Se trata de una laguna que ha intentado ser paliada a partir de su subordinación a otros operadores jurídicos, endosándole un rol más bien tangencial impuesto por las condiciones que requiere el propio sistema en el que se desempeña. Sin embargo, es dicha falta de teorización la que permite explorar la relación de este operador con ciertos esquemas impuestos por los modelos jurídico-políticos preponderantes en cada época. De ahí que a lo largo de este apartado —segmentado a su vez en tres grandes corrientes preponderantes dentro de la teoría del derecho contemporánea (positivismo, movimientos antiformalistas y postpositivismo)—, el hilo conductor del mismo consista en demostrar una desatención colectiva respecto a la figura del abogado. No de forma uniforme, ni tampoco consciente, sino más bien de manera gradual e inconsciente, oscilando entre la inercia y el hermetismo que destellan los rígidos márgenes en los que tradicionalmente se han concentrado los juristas teóricos. El objetivo específico de este grupo de capítulos, en lo que se podría considerar la parte medular de la tesis, se alinea no solo con levantar acta respecto a la ausencia, invisibilidad, o menosprecio del abogado dentro de ciertos temas específicos que han configurado las trayectorias contemporáneas de la teoría del derecho, sino, y sobre todo, con la promoción de una ciencia jurídica comprometida con la práctica de los operadores del derecho, que pueda generar una mayor contextualización del tema a desarrollarse desde la teoría o, en otras palabras, de la importancia teórica de los abogados como conectores prácticos del sistema con los intereses sociales y las pretensiones de justicia.

Siguiendo ese orden de ideas, la figura del abogado, con sus propias características y las potencialidades que atesora si se contempla desde otras perspectivas, resulta adecuada para que sus actividades se dirijan hacia la promoción y defensa de causas sociales. Se trata de un actor, en efecto, capacitado para generar un vínculo especial con otros operadores del derecho. Así, antes que continuar con la lógica de analizar a este actor desde una óptica particular, se propone —para finalizar el trabajo— un capítulo de índole no analítica sino propositiva, conjugando acciones sociales e institucionales que puedan abrir un abanico de posibilidades desde diferentes trincheras, para que la figura del abogado pueda ayudar a solventar problemáticas que obstaculizan una mejor calidad de nuestros sistemas jurídico-políticos. El eclecticismo de alternativas planteadas y su respectiva adjudicación no solo a abogados, sino también a otros operadores del derecho, responde a la búsqueda de mecanismos que además de permitir que cualquier persona ponga en movimiento las estructuras jurídicas y evite incesantes o futuras violaciones a los derechos de los involucrados, abran cauces que permitan imaginar y repensar distintos modelos de ejercicio de la abogacía. Es decir, la hipocresía se desprende del incesante uso y manipulación de las palabras, del clasismo y elitismo en la profesión, de la constante tendencia al conflicto, de la predilección por el desentendimiento de las cuestiones sociales, o de cualquier otro rasgo peyorativo que pudiera identificar a las labores de los abogados, pueden atajarse a partir de un ejercicio de creatividad que propulse acciones políticas e institucionales concretas para aterrizar todo lo pensado y teorizado en torno a los abogados.

Así, al seguir un método pluridisciplinario —que conjuga el análisis histórico, ético, filosófico y sociológico—, la presente investigación forma parte de un amplio trabajo que estudia la figura del abogado a partir de la combinación del razonamiento teórico y su práctica cotidiana. El preponderante papel de los abogados en la construcción del derecho resulta crucial para el análisis de los efectos que tiene la traducción de cualquier conflicto material a términos jurídicos, es decir, la expropiación del problema en relación a los verdaderos afectados y su posterior tratamiento por expertos (con base en procedimientos reglados y un lenguaje técnico y altamente especializado). De ahí entonces que, en el fondo, se descubre a los abogados como agentes posibilitados para el uso político de las formas jurídicas, tanto en su vertiente de dominación como de emancipación. El rol que juegan en esas luchas y las maneras mediante los que pueden aprovecharse del sistema jurídico, en definitiva, no se pueden disociar de una determinada idea de justicia.

No es demasiado tarde para intentar refundar la profesión. Tampoco es momento de seguir ignorando el problema, o bien de atribuir culpas y señalar responsables respecto a los graves problemas en el ejercicio de la abogacía, sino que, simple y sencillamente, la coyuntura actual despliega excelentes condiciones para recuperar el tiempo perdido y estudiar y comprender de mejor manera la figura del abogado. Pues solo así nos percataremos de que, hoy más que nunca, su rol en sociedad resulta fundamental para generar mejores prácticas en el ejercicio de la profesión, y, por ende, en el derecho.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de planta de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre

Nota: este texto es un breve resumen de la tesis para obtener el grado de doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, recientemente defendida y aprobada, con la nota Magna Cum Laude.

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No nos equivoquemos. La renuncia de la magistrada Janine M. Otálora como presidenta del Tribunal Electoral (TEPJF) es solo la cereza de un pastel que ya olía bastante mal, y que ahora está en pleno proceso de descomposición. Durante los últimos años –pero especialmente a partir de la designación de los nuevos magistrados en 2016– la Sala Superior ha sido el protagonista de una serie de desvaríos judiciales y bochornosos errores políticos. La escasa legitimidad que le quedaba, se ha desvanecido. Y quizá ya sea hora de asumir, de una vez por todas, que la justicia electoral no es más que grilla partidista.

Sería ingenuo pensar que la “crisis” del TEPJF es producto de los desencuentros generados por la decisión de no anular la elección de gobernador en Puebla. La confrontación es añeja. Basta con hacer memoria. Quien haya seguido de cerca las sesiones de la Sala Superior estará al tanto de las vergonzosas rencillas ventiladas a través de sus deliberaciones públicas, de su ínfimo nivel de argumentación, de sus múltiples contradicciones de criterios pero, sobre todo, de su increíble capacidad para seguir desmantelando la autonomía de una institución que en otras épocas se ha conducido con decoro y firmeza.

Mentira que no se pueda caer más bajo. Falso que ya no se puede estar peor. La mayoría de la Sala Superior se supera día tras día, evidenciando tanto su minúscula estatura moral como su incapacidad de asumirse como genuinos impartidores de justicia. Se dicen jueces constitucionales, pero operan como mercenarios al servicio del mejor postor. Se llenan la boca de sentencias “progresistas”, “protectoras”, “innovadoras”, “garantistas” y de una “justicia abierta”, pero se muestran incompetentes para cumplir con su papel más elemental: fungir como contrapeso a las mayorías partidistas.

En esta integración, las cosas empezaron mal y siguieron en picada. Que no se nos olvide cómo, en una maniobra a todas luces inconstitucional, los diputados y senadores, de la anterior legislatura, ampliaron el mandato de los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes, quien ahora despacha como presidente de la “transición del tribunal” (lo que sea que esto signifique). En ese momento primó la lógica de las cuotas y los amiguismos; la de repartirse el pastel entre la coalición entonces mayoritaria. Y aunque ciertamente podría decirse que la #LeyDeCuates no fue responsabilidad directa de los magistrados beneficiados, lo cierto es que, con el paso de los meses, los integrantes de la Sala Superior hicieron méritos suficientes para ganarse un lugar en la historia de la infamia judicial.

Tengamos presentes las decisiones que, por mayoría o por unanimidad, trazaron la ruta del descalabro. Recordemos, por ejemplo, como la Sala Superior hizo hasta lo imposible para no anular la elección del actual gobernador de Coahuila, a pesar del flagrante rebase del tope de gastos de campaña del candidato del PRI. No olvidemos, también, los malabares argumentativos que emplearon para subir a la boleta presidencial a “El Bronco”. Y tengamos en cuenta, por supuesto, cómo –ya con un nuevo partido dominante en el escenario político del país– los magistrados dieron un carpetazo al caso del Fideicomiso de Morena, uno de los mayores escándalos de fiscalización de los últimos tiempos.

En un críptico tuit de despedida, la expresidenta afirmó que “hoy, la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios”. Quizá tenga razón. Todo órgano jurisdiccional debe hacerse cargo del contexto en el que opera. Acierta la magistrada en la necesidad de adaptarse, pero yerra en la dirección. El nuevo equilibrio de poderes demanda independencia y altura de miras. Lo que hemos visto, sin embargo, es una decepcionante claudicación.

Hace unos meses, en un lúcido discurso de despedida, el ministro José Ramón Cossío se los dijo con elocuencia: “Una justicia constitucional requiere –y perdón que parezca simple pero no lo es– jueces constitucionales; jueces que estén sosteniendo una plaza que es la Constitución”. Esa era, precisamente, la decisión ética y políticamente responsable que le correspondía a los jueces electorales: defender, con vehemencia, la Constitución. Hoy, por desgracia, el TEPJF ha cedido ante las presiones, so pretexto de una captura disfrazada de transición. Sobra subrayarlo: presiones para jueces electorales –que pueden llegar a definir, en última instancia, la suerte del reparto de poder en un sistema político- siempre habrá. La principal responsabilidad, en este sentido, de los jueces es resistir ante tales presiones. Pero justo por este motivo es que fueron elegidos estos abogados como magistrados del TEPJF, aunque en su momento ninguno de sus padrinos políticos vislumbrara que quien sacaría provecho de esta enclenque integración sería otra fuerza política.

Ignorando la profunda crisis por la que atraviesa la justicia electoral, haciendo como si nada hubiera pasado, Felipe Fuentes ha asumido la presidencia del TEPJF. Su primer comunicado es un buen ejemplo de neolengua orwelliana: la ruptura se pinta de unidad; lo político, de personal; la subordinación, de coordinación. El presidente habla de “seguir dando certeza y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones y así fortalecer el Estado de Derecho”. Sus bríos apuestan al engaño –¿cuándo ha dado el tribunal certeza?–, a la desmemoria, a la ilusión de un imposible borrón y cuenta nueva. Esta no será la presidencia de la transición, sino de la captura partidista.

Estamos ante la crónica de una claudicación anunciada. El TEPJF se ha convertido en la corte de las tres mentiras: ya no es ni tribunal, ni electoral, ni judicial. Tenemos, en cambio, una oficina de gestiones cortesanas. En avenida Carlota Armero no es el tiempo de la justicia electoral, sino de la política partidista.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de planta de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes


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Creer que el amparo es un medio de control constitucional omnipotente, una vía procesal pensada fundamentalmente para aguerridos y temerarios litigantes, ideado para que nuestros jueces Hércules solucionen toda problemática imaginable, resulta tan inconsistente con una visión integral de un sistema jurídico-político como falaz respecto a la salvaguarda de los derechos.

El litigio estratégico se vuelve estrambótico cuando en sede judicial reina la ocurrencia. El juez estrella se torna estrellado cuando el protagonismo prima sobre los argumentos. Y los derechos son banalizados cuando en las sentencias la retórica y las buenas intenciones opacan al derecho.

No son pocos los casos en los que, por desgracia, prima esta lógica. Los conocemos y, lamentablemente, son cada vez más frecuentes. Y, aunque nos gusten los resultados de algunos de ellos, conviene adoptar una postura crítica ante la esperanza de contribuir a consolidar un, de por sí frágil, sistema normativo. Lo que no deja de sorprender, a veces, es la ausencia de límites, la incapacidad de utilizar (buenos) argumentos para resolver litigios políticamente relevantes, pero jurídicamente claros, así como el afán de complicar innecesariamente las cosas.

Hace unos días, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, dictó la sentencia correspondiente al amparo indirecto 589/2018. Entre otras cosas, el juez Silva ordenó al presidente de la República “transparent[ar] la designación de los magistrados anticorrupción”. Y también ordenó que el Senado (o la Comisión Permanente) “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados.

No es difícil advertir por qué se trata de un asunto de la mayor relevancia política y social. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la más ambiciosa apuesta del Estado mexicano para atender uno de los más graves problemas de nuestra (aún) joven democracia. Y la falta del nombramiento de una de las piezas clave del sistema –los magistrados anticorrupción– es una de las más aberrantes omisiones del poder legislativo federal.

Por eso resulta particularmente significativo que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA1 hayan tomado la decisión de impugnar –según la sentencia del juez Silva– la “omisión en el cumplimiento de ratificar o, en su caso, rechazar, a los magistrados anticorrupción nombrados por el Ejecutivo federal mediante oficio fechado el 24 de abril de 2017 atribuido a la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura”.2

El planteamiento de los integrantes del Comité era preciso. Impugnaron una omisión constatada que afectaba –y aún afecta– la integración y el funcionamiento del SNA. Difícilmente se podría decir que dichos integrantes carecían de interés para presentar el amparo, pues la propia legislación señala expresamente que una de las atribuciones del Comité es la de “[d]ar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional”.3 La omisión, para decirlo de forma clara, les impedía cumplir con esa función.

Sucede, sin embargo, que la sentencia optó por hacer complejo lo simple. Durante la instrucción del juicio, el juez Silva pidió a los integrantes del CPC que “precisara[n] en específico lo que reclamaban de las autoridades responsables”. Y, a partir de una particular lectura de la demanda y del escrito aclaratorio, la sentencia redefinió los actos impugnados, modificó los conceptos de violación y resolvió una litis a modo.

En las siguientes líneas no pretendemos hacer una reconstrucción y análisis de toda la argumentación empleada por el juez Silva. La sentencia es pública y los lectores podrán juzgar los méritos de cada una de sus partes. Lo que sí ofrecemos es una reconstrucción crítica de algunos de los aspectos más cuestionables del fallo.4

1. La naturaleza del procedimiento de designación: entre la discrecionalidad y las reglas

Comencemos por la forma en que la sentencia aborda lo que quizá era el mayor obstáculo procesal que debían vencer los integrantes del CPC. El artículo 61, fracción VII, de la ley de amparo señala que éste será improcedente “[c]ontra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, […] en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.

Respecto tal punto, Silva argumentó que en los actos de elección de funcionarios pueden existir tanto “elementos discrecionales/soberanos de carácter político” (en los que aplica la causal) como “elementos reglados” (en los que no aplica). Con base en esto, el juez concluyó que la causal no se actualiza respecto de la omisión del Senado5 de pronunciarse sobre la ratificación de los magistrados, pues el “plazo” para dicha ratificación sí es un elemento reglado, de conformidad con el régimen transitorio de las leyes anticorrupción.6 La lógica subyacente es simple: no se está frente a una facultad soberana o discrecional del legislador federal en la medida en que existe un plazo para realizar la designación.

Sobre las omisiones del presidente –relativas a sujetar los nombramientos a los principios de transparencia e idoneidad–, Silva estimó que la causal de improcedencia sólo se actualizaba respecto del principio de idoneidad (subjetiva), ya que el presidente sí cuenta con discrecionalidad para considerar el “perfil, méritos y trayectoria” de los magistrados propuestos. En un primer momento, la sentencia es contundente en este sentido:

…el Poder Judicial de la Federación está impedido para reemplazar [a través del juicio de amparo] los aspectos discrecionales y exclusivos de las decisiones constitucionalmente atribuidas a las mencionadas ramas representativas del Estado, en función del principio de división de poderes y los fines que éste persigue […].

Hasta aquí, tenemos un razonamiento que es particularmente deferente con el del presidente. Por el contrario, el juez concluyó –de una forma por demás sorpresiva– una cosa diferente respecto del principio de transparencia. Para ello, utilizó una supuesta interpretación “teleológica y sistemática”, que en realidad consistió en la mera referencia de cuatro artículos constitucionales7 –los cuales ni siquiera consideró en citar y, menos aún, en interpretar– y en la transcripción de una parte de la controversia constitucional 4/2005, en la cual la SCJN señaló que la designación de juzgadores locales debe abrirse: “un expediente en el que consten los antecedentes curriculares que justifiquen [sus] atributos e, inclusive, someterse a la opinión pública la proposición relativa para corroborar la buena fama en el concepto público de la persona que se propone para ocupar el cargo”.8

Así, sin mayor explicación, el juez concluyó que “el deber de transparentar las designaciones de los Magistrados Anticorrupción es un elemento reglado y normativo”.

Veamos algunos problemas relacionados con esta argumentación. En qué manera la lectura “teleológica y sistemática” de la Constitución permite llegar a esa conclusión es un misterio. E igualmente son obscuras las razones específicas por las cuales un precedente que se refiere a designaciones locales es trasladable, así sin más, al ámbito federal. Otra cosa notable es que la sentencia ni siquiera explica cuáles son las normas específicas que hacen que, en materia de transparencia, estemos frente a un procedimiento reglado –y no frente a uno discrecional–. ¿Basta con que el presidente abra y haga público un expediente en el que se señalen los antecedentes curriculares de los juzgadores propuestos? ¿O existen deberes adicionales a cargo del titular del Ejecutivo? Esto es imposible de saber con la argumentación del juez Silva en esta parte de la sentencia.

Lo importante es que, gracias a esta peculiar interpretación del principio de transparencia, la sentencia abrió la puerta para analizar, en sede judicial, un procedimiento de designación que antes había sido calificado como discrecional –por lo menos en lo que hace a la idoneidad de los candidatos–.

2. El interés jurídico (y legítimo) de los integrantes del CPC

Un segundo aspecto sobre la procedencia que vale la pena enfatizar, es la existencia (o no) de un interés por parte los integrantes de CPC. Aquí la respuesta del juez Silva es doble puesto que los integrantes del CPC tienen tanto interés jurídico como interés legítimo. Analicemos.

El argumento empleado en la sentencia para justificar la existencia de un interés jurídico es relativamente directo. El juez Silva enfatizó que i) los quejosos promovieron la demanda en su carácter de integrantes del CPC, ii) el artículo 113 constitucional establece que el CPC es una “institución de la sociedad civil”9 y iii) la legislación secundaria señala que entre las atribuciones del CPC se encuentra la de “[d]ar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional”. A partir de lo anterior, la sentencia concluyó que:

…existe un interés jurídico de los miembros del Comité de Participación Ciudadana para promover el presente juicio de amparo porque el artículo 21, fracción XVII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorga una facultad legal para dar seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que existe un derecho objetivo en favor de dichos miembros para activar todas las acciones necesarias para que tenga plena operatividad del [sic] sistema anticorrupción.

Dejemos a un lado el tipo de derecho que Silva identifica para justificar el interés jurídico10 y concentrémonos en el resto de la argumentación. No conforme con reconocer dicho interés jurídico, Silva señala que también existe un interés legítimo y su razonamiento fue el siguiente:

…este juzgador advierte un interés legítimo de los miembros del Comité de Participación Ciudadana porque éstos se encuentran en una especial posición derivada del ordenamiento jurídico en que resienten una afectación en sentido amplio pues la ley les encomienda la función de ser garantes del Sistema Nacional Anticorrupción en beneficio de la sociedad mexicana.

¿Sorprende que los integrantes del CPC, además de interés jurídico, tuviesen interés legítimo? Por supuesto que no. La jurisprudencia de la SCJN ha entendido que existe una gradación entre el interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple, que atiende al “nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona”.11 El interés jurídico implica un mayor nivel de afectación que el interés legítimo y, este último, a su vez, exige una afectación mayor que el interés simple.12 Por ende, es evidente que si se reconocía interés jurídico a los integrantes CPC, por mayoría de razón, debía reconocérseles interés legítimo.

¿Era indispensable, pues, reconocer ambos tipos de interés? ¿Era necesario que la sentencia empleara varias páginas –en las que abunda la cita de disposiciones convencionales, de precedentes de la SCJN, el TEPJF y tribunales colegiados, y hasta del proceso legislativo de las reformas de amparo y anticorrupción– a fin de justificar el interés legítimo de los miembros del CPC? La respuesta, desde nuestro punto de vista, es negativa.13 Bastaba simplemente con reconocer el interés jurídico de los integrantes del CPC a fin de desestimar esta causal de improcedencia.

3. El derecho fundamental a “un ambiente libre de corrupción”

Otro punto que conviene destacar es la forma en que, de manera previa al estudio de fondo, el juez Silva sostiene la existencia de un derecho fundamental a vivir en un “ambiente libre de corrupción”. De nueva cuenta, lo que nos interesa destacar es la peculiar forma en que se construye este (nuevo) derecho fundamental. En un primer momento, Silva señala que:

[d]e conformidad con lo previsto en los artículos 6, 16, 108, 109, 113 y 134 y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, puede concluirse válidamente que la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la transparencia, honradez y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos públicos ya que establece un régimen de actuación y comportamiento Estatal, así como de responsabilidades administrativas.

Dicho sistema, de acuerdo con la sentencia, persigue dos finalidades: i) “[t]utelar el correcto, cabal, ético y lícito desarrollo de la función administrativa” y ii) “[e]stablecer principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los mencionados servidores públicos […] se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”.

Todo lo anterior es así –continúa el juez Silva– debido a que el artículo 134 de la Constitución señala que los recursos públicos que dispongan todas las autoridades deberán ser administrados con “imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. Más aún, de acuerdo con la sentencia, lo anterior permite concluir que las autoridades deberán cumplir sus funciones “no solo con eficacia y diligencia, sino con honradez y transparenciarendición de cuentas–, sobre todo, en los temas relacionados con los recursos públicos que tienen a su cargo y que se han obtenido de la contribución al gasto público que han hecho todos los mexicanos –cultura de la legalidad–“.

Y es así como, después de esta ensalada de adjetivos, conceptos y principios constitucionales, Silva deriva la existencia del mentado derecho fundamental:

De lo anterior, este juzgador –como lo señaló en el juicio de amparo 1311/2016– desprende que existe un derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, honestidad ética y transparencia.14

¿Qué fue lo que sostuvo el juez Silva en el amparo 1311/2016? La sentencia nada dice al respecto. Y la sentencia tampoco dice más sobre la particular metodología que emplea, esto es, derivar la existencia de auténticos derechos fundamentales a partir de la mera cita de principios constitucionales que rigen la actuación de autoridades. Pero quizá lo más sorprendente es que la construcción de este nuevo derecho fundamental resulta completamente irrelevante para la resolución del caso. Pasado este apartado, el derecho fundamental “a vivir en un medio ambiente libre de corrupción” no vuelve a mencionarse en la sentencia, ni resulta relevante para resolución de la litis.

4. El análisis de fondo: entre la transparencia en esteroides y la revisión light de la idoneidad

Pasemos al análisis de uno de los dos problemas jurídicos a resolver, según los (re)definió el juez Silva.15 Nos referimos, por supuesto, a la cuestión relativa a la “inconstitucionalidad de la omisión de transparentar y justificar la idoneidad de los Magistrados Anticorrupción nombrados por el presidente de la República”.16

Como ya fue mencionado en el apartado de procedencia, Silva fue claro al señalar que el presidente cuenta con discrecionalidad para evaluar la idoneidad de los magistrados anticorrupción. No obstante, en el estudio de fondo, Silva comienza a dar un giro argumentativo y lo discrecional termina por no serlo tanto. Nos explicamos. En un primer momento, Silva afirma –de una manera un tanto dogmática– lo siguiente:

…este juzgador observa que por causa de las funciones que los Magistrados Anticorrupción están llamados cumplir, existe un deber reforzado a cargo del presidente y del Senado de la República (o Comisión Permanente en su caso) de transparentar el procedimiento de nombramiento, derivado de una interpretación teológica y sistemática de los artículos 6º, 73, fracción XXIX-S, 109, 113 y 134 de la Constitución Federal.

De nueva cuenta, la sentencia no desarrolla la interpretación “teleológica y sistemática” referida, ni mucho menos especifica los fines relevantes de los artículos constitucionales citados, como tampoco explica de qué forma la lectura armónica de los mismos permite derivar un deber reforzado. Pero, más allá de estas deficiencias argumentativas, ¿en qué consiste el mencionado deber reforzado?

En primer lugar, tengamos presente que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) señala con claridad que, tratándose de la designación de magistrados, “…el titular del Ejecutivo Federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado […]”.

Además, recordemos que, en buena medida, eso fue lo que hizo el presidente al enviar las propuestas de magistrados anticorrupción: justificó su idoneidad, precisamente, al hacer constar su trayectoria profesional y académica.17 Pues bien, para el juez Silva lo anterior no fue suficiente. De acuerdo con su argumentación:

…a fin de cumplir con el principio de transparencia no basta con trascribir el currículum vitae o la experiencia profesional de las personas, sino que es necesario que se transparente y justifique su idoneidad, para lo cual es necesario detallar pormenorizadamente por qué dichas personas tienen los méritos suficientes, la calidad profesional y ética para acceder al cargo sobre la materia específica en que versa su propuesta.

Silva concluye insistiendo en que, con su sentencia, “no está calificando la idoneidad de los Magistrados Anticorrupción que han sido nombrados por el Ejecutivo, sino que solamente está declarando la inconstitucionalidad de la omisión de transparentar y justificar el perfil profesional y ético de los magistrados”.

Pero lo cierto es que, en realidad, la sentencia sí hace una revisión de la forma en que el presidente evaluó la idoneidad de las personas propuestas para el cargo de magistrados anticorrupción. Tan es así, que el juez llegó a la conclusión que la justificación dada por el presidente era inadecuada. Más aún, la sentencia incluso amplía los parámetros a los que debe sujetarse dicha justificación. Además de exigir méritos profesionales –establecidos expresamente por la ley–, Silva exige méritos éticos, los cuales son introducidos de manera francamente arbitraria en la sentencia, en la medida en que nunca se explica de dónde se deriva tal exigencia.18

5. Una sentencia con efectos paradójicos

Anotamos un último aspecto de la sentencia. Después de concluir que tanto el presidente como el legislativo federal incumplieron con sus deberes, el juez Silva precisa los efectos de su sentencia. Por una parte, el presidente de la República –dice la sentencia– en “forma inmediata” deberá transparentar la designación de los magistrados anticorrupción, para lo cual deberá:

…justificar la idoneidad de las personas designadas como Magistrados Anticorrupción, para lo cual deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar los cargos, detallando los méritos, calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas […].

Por otra parte –continúa la sentencia– el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente “con independencia del cumplimiento de [la] sentencia por parte del Ejecutivo” deberán decidir “inmediatamente sobre la ratificación o no de los magistrados anticorrupción”, para lo cual:

…deberán realizar una motivación reforzada en que expresen los razonamientos que detallen sustantivamente de manera objetiva y razonable, por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas […].

Pasemos por alto que –en el apartado de efectos– el deber de realizar una motivación reforzada se extiende también a la segunda etapa del procedimiento de designación. Concentrémonos simplemente en que, para Silva, las obligaciones del presidente y de los legisladores son independientes, como si la designación de magistrados anticorrupción no fuese un proceso complejo, constituido por una serie de pasos concatenados.

¿Qué sucedería, por ejemplo, si el Senado –de manera inmediata– cumple con su deber de designar a los magistrados, pero el presidente incumple su deber de “transparentar” la designación? ¿Estaríamos frente a nombramiento válidos? De nueva cuenta, la sentencia nos deja frente a un enigma.

6. A manera de conclusión

No cabe duda de que dispararse en el pie es todo un arte. Si estamos ávidos de soluciones rápidas y estridentes –aunque poco prácticas– sería bueno reconocer, de una vez por todas, el derecho humano a inventar derechos humanos. Pero la realidad es que poco avanzaremos mientras se siga creyendo que todo caso resulta en una oportunidad histórica para transformar y remediar, ipso facto, los lamentables pero complejos problemas de nuestro sistema de (in)justicia.

Ante una flagrante violación a la Constitución, uno esperaría una actitud firme, pero sensata, por parte de la judicatura, que permita contar en el corto plazo con una de las piezas más fundamentales del SNA. Esperemos, sinceramente, que esa sea la lógica que prime durante la segura revisión del amparo que hemos analizado.

También queremos pensar que hay juzgadores que toman en serio los derechos –pero también el derecho y la Constitución– y que frente a las tentaciones del reflector optan por una actuación responsable. Ese tipo de actitud, pensamos, es que convendría tener frente a casos tan relevantes como el amparo presentado por los integrantes de CPC.

Estamos convencidos que los esfuerzos desde la sede judicial son indispensables para combatir la corrupción y que, en definitiva, los jueces pueden fungir como detonantes de importantes transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Sin embargo, la mesura, la racionalidad y la sensatez son condiciones igualmente indispensables. Al menos si aspiramos a construir, en el largo plazo, un sistema de justicia que funcione.

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de planta de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre.


1 Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández Valdez e Irene Levy Mustri.

2 Aquí cabe señalar que por un lado, las personas seleccionadas como integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler. Por otro lado, las propuestas para las cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón Márquez, David Alejandro Alpide Tovar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco, Hortensia García Salgado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Luis Eduardo Iturriaga Velasco, Claudia Rosana Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulé y José Luis Stein Velasco.

3 Artículo 21, fracción XVII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

4 Retomamos parte de lo desarrollado en este hilo.

5 Recordemos que el juez Silva redefinió los actos impugnados, de tal forma que derivó dos omisiones particulares: 1) la omisión del Senado y la Comisión Permanente de ratificar o rechazar a los magistrados designados por el presidente y 2) la omisión del presidente de sujetar los nombramientos a los principios de “idoneidad” y “transparencia”.

6 De conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto de las leyes anticorrupción, “[a] partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción XI del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide por virtud del presente Decreto”. Dicha ley entró en vigor el 19 de julio de 2017.

7 Esto es, los artículos “6, 73, fracción XXIX-H, 109 y 113 de la Constitución”, según se lee textualmente en la sentencia.

8 Todos los énfasis son añadidos.

9 En realidad, la Constitución no establece directamente esta naturaleza, sino que se limita a señalar que el CPC estará integrado por ciudadanos. El artículo 113, fracción II, de la Constitución señala textualmente lo siguiente: “El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción […]”.

10 No deja de ser paradójico que, para justificar el interés jurídico del CPC, Silva enfatice la existencia de un derecho objetivo, y no de uno subjetivo, como habría de esperarse. Como ha señalado la propia SCJN, para acreditar un interés legítimo “debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo”. Véase la pág. 44 de la resolución dictada en la contradicción de tesis 111/2013 por el Pleno de la SCJN el 5 de junio de 2014, aprobada por unanimidad de votos y en la que fue ponente el ministro Zaldívar.

11 Véase la pág. 34 y siguientes de la citada CT 111/2013.

12 El interés legítimo, de acuerdo con la propia SCJN “se trata de una legitimación intermedia entre le interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción” (pág. 37 de la CT 111/2013).

13 A menos de que se pretenda sostener, por ejemplo, que el reconocimiento del interés legítimo era indispensable para sortear otras causales de improcedencia, tales como la posible violación al principio de relatividad. Ciertamente, en este tema el juez Silva construye su argumentación a partir de dos precedentes de la SCJN en los que se reconoció interés legítimo a dos asociaciones civiles: Artículo 19 (amparo en revisión 1359/2015) y Mexicanos Primero (amparo en revisión 323/2014). A partir de ello, alegó que la relatividad no se viola cuando “indirectamente y de forma eventual” se beneficia a terceros (caso Artículo 19) ni cuando “se actualiza un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo” (caso Mexicanos Primero). Por cuestiones de espacio, no entramos a discutir esta cuestión, pero baste con decir que, desde nuestro punto de vista, sería absurdo alegar que el principio de relatividad sólo puede ceder frente a una afectación intermedia (interés legítimo), pero no así frente a una afectación de mayor gravedad (interés jurídico).

14 Énfasis añadido.

15 Por un lado, “si en la designación de los Magistrados Anticorrupción por parte del presidente de la República se cumplió o no con el principio de transparencia exigido por la Constitución Federal como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”. Por el otro, “si existe o no incumplimiento del Senado de la República y de la Comisión Permanente a la obligación constitucional de decidir sobre la ratificación o no de los Magistrados Anticorrupción nombrados por el Ejecutivo Federal”.

16 La forma en que se resuelve la segunda cuestión, relativa al incumplimiento del Senado y de la Comisión Permanente de ratificar o rechazar las propuestas de magistrados anticorrupción, es bastante menos problemática. Baste con decir que el régimen transitorio de las leyes anticorrupción señala que el TFJA debía contar con 5 salas especializadas a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual sucedió el 19 de julio de 2017. Sin embargo, el Senado y la Comisión Permanente aún no se han pronunciado al respecto a la fecha en que se dictó la sentencia (el 31 de julio de 2018).

17 La propia sentencia reproduce la justificación que el presidente hizo de la idoneidad de tres propuestas. Véanse las págs. 57 a 60 de la sentencia.

18 Los méritos académicos, también mencionados en la legislación secundaria, al parecer no fueron relevantes para el juez Silva, pues prácticamente no formaron parte de la argumentación empleada para resolver el fondo del asunto.

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En días pasados hemos sido testigos de un inusual ánimo festivo por parte de nuestra clase política. Sin importar ideologías, orientaciones o partidos políticos, cualquier persona que se encuentre involucrada en el actual proceso electoral ha intentado aprovechar la intempestiva coyuntura reformista de nuestros diputados federales para celebrar una apresurada transformación del sistema de responsabilidades de los servidores públicos que marca la Constitución.

Cuando la unanimidad se descubre como un método redituable para conseguir votos, queda claro que los actores políticos están dispuestos a alcanzarla a cualquier costo. Aquí no se trata de negociación, ni de llegar a acuerdos por medio de un diálogo racional genuino y transparente, nada de eso. Lo ocurrido devela no solo un mero pragmatismo chantajista sino también la ignorancia e irreflexividad, el cortoplacismo y la búsqueda del aplauso fácil de sus impulsores y partidarios.

Si continuamos alimentando esa falsa creencia que postula la inmediata transformación de la realidad exclusivamente a través de las leyes, si seguimos regocijándonos de las reformas legales olvidando y menospreciando a quienes hacen funcionar las mismas, nos daremos cuenta que no hay nada que celebrar, que incluso la eliminación del “fuero” es lo de menos en comparación con las graves y peligrosas implicaciones que conlleva el conjunto de reformas propuestas.

No por nada el profesor José Roldán Xopa nominó este fenómeno como populismo constitucional, como una riesgosa manera de conciliar atractivas demandas sociales con la ley suprema. Enarbolando un dictamen tan irresponsable como oportunista, que quizá discursivamente pueda convencer en la forma pero definitivamente desatiende el fondo, parecería que los diputados desconocen por completo la forma cómo se estructuran los distintos tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos en México.

Así, sirva el presente artículo para detenernos un momento y tratar de explicar desde una óptica jurídica las responsabilidades de los servidores públicos en la Constitución para, posteriormente, enfocarnos en lo concerniente a la peligrosa inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político.

Los tipos de responsabilidad de los servidores públicos en la Constitución

Para dimensionar la gravedad de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados es preciso entender los distintos tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos en México. De conformidad con el título IV de la Constitución existen tres tipos de responsabilidad: política (artículos 109 I y 110), penal (artículos 109 II y 111) y administrativa (artículo 109 III). Cada una de estos tipos de responsabilidades tiene un objetivo y procedimiento distinto.

La regulación constitucional sobre la responsabilidad penal de los servidores públicos no hace referencia a las conductas por las que estos pueden ser sancionados. Más que una forma para exigir la responsabilidad penal, la Constitución prevé el denominado juicio de procedencia como vía para el retiro de lo que comúnmente se conoce como “fuero”. Sin la ejecución de este procedimiento es imposible que se ejerza la acción penal en contra de los servidores públicos señalados en el artículo 111 constitucional.

Toda vez que este tipo de responsabilidad se refiere a conductas delictivas, es necesaria la participación del Ministerio Público como órgano encargado de solicitar el inicio del procedimiento ante la Cámara de Diputados cuando estime que de su investigación se haya cometido un delito y que es probable que el servidor público señalado como imputado participó en su comisión. Si la mayoría absoluta de los diputados vota a favor de la solicitud del Ministerio Público éste podrá ejercer la acción penal ante los tribunales.

El listado de servidores públicos “con fuero” es amplio y comprende a todos los legisladores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Consejeros de la Judicatura Federal, Consejeros del Instituto Nacional Electoral, al Fiscal General, al Auditorio Superior de la Federación, los Secretarios de Estado, entre otros. Según lo establece el artículo 108, el juicio de procedencia contra el presidente de la República sólo se podrá llevar a cabo por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Por lo que hace a la responsabilidad administrativa, la Constitución prevé el marco general para la sanción de las mismas, dejando el detalle del procedimiento a las leyes secundarias, entre las cuales destaca la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Aquí vale la pena resaltar que el Congreso federal, como órgano de representación popular, no tiene participación alguna en estos procedimientos, sino que esto corresponde a los órganos de control interno y en su caso a los tribunales de justicia administrativa.

Finalmente llegamos a la responsabilidad política, sin duda la más difícil de explicar. A diferencia de la penal y la administrativa, en donde las conductas a sancionar están detalladas en los códigos penales y en la Ley General de Responsabilidad Administrativa respectivamente, en la responsabilidad política, que se exige a través del juicio político, no está claro qué conductas llevaría a una exigencia de responsabilidad.

El artículo 109, fracción I, señala que las sanciones previstas para el juicio político se impondrán a los servidores públicos que “…en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Por su parte, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos hace un esfuerzo por detallar cuáles son estos actos y omisiones:

I. El ataque a las instituciones democráticas; II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; III.- Las violaciones a los derechos humanos; IV.- El ataque a la libertad de sufragio; V.- La usurpación de atribuciones; VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

Como se observa, las conductas que pueden derivar en una exigencia de responsabilidad política son un auténtico popurrí, un listado de supuestos generales que otorgan un extenso margen discrecional para su interpretación.

En cuanto a su procedimiento, solamente participan las Cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados como órgano acusador y la de Senadores como jurado de sentencia. Primero, la Cámara de Diputados debe votar por mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión para proceder a la acusación y una vez realizada ésta el Senado deberá someter a votación la destitución del servidor público acusado. Si los senadores presentes en la sesión votan por dos terceras partes a favor de la destitución, el servidor público quedará separado del cargo y podrá quedar inhabilitado para el servicio público.

La inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político

La reforma aprobada el 19 de abril en la Cámara de Diputados propone la derogación del juicio de procedencia utilizando una fórmula interesante pero riesgosa, pues ahora se podrá ejercer acción penal en contra de los servidores públicos sin necesidad de contar con la autorización de la Cámara de Diputados, teniendo la particularidad que prohíbe al juez de control la imposición de dos medidas cautelares: la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo.

Esta propuesta merece un análisis detallado, más aún si se considera su relación con el sistema penal acusatorio y el incipiente proceso de transición hacía fiscalías con autonomía constitucional, sin embargo, en lo que quisiéramos centrar nuestra atención es la inclusión del presidente de la República en la lista de servidores públicos que pueden ser destituidos mediante un juicio político.

En la jurisprudencia de la Primera Sala 37/2010 se definió al procedimiento de juicio político como un control político que cuenta con las siguientes características: “a) responden a un criterio de oportunidad política, b) se controlan actos y personas, no normas o productos normativos, c) el parámetro de control es político o surge de la misma voluntad política del órgano que controla, y finalmente d) el resultado es una sanción de carácter político: destitución o inhabilitación en el cargo.”

La nota característica de los controles políticos es la amplia discrecionalidad con que cuenta el órgano encargado de ejercer el control. En el caso del juicio político el órgano controlante es el Congreso de la Unión. Es importante llamar la atención sobre los incisos a y c de la jurisprudencia citada. Ya que de éstas se desprende la naturaleza jurídica del órgano controlante y de todo el procedimiento. Al afirmar que el juicio político “responde a un criterio de oportunidad política”, y que “el parámetro de control… surge de la misma voluntad política del órgano que controla”, queda claro que su justificación no descansa en una racionalidad jurídica soportada con medios probatorios suficientes para acreditar que una persona es responsable de los hechos u omisiones que se le imputan.

¿Entonces qué se requiere para determinar que una persona es responsable políticamente? Muy  sencillo: votos suficientes para alcanzar las mayorías que precisa la Constitución.

Esta conclusión se fortalece si volvemos a ver qué es lo que motiva la destitución de un servidor público mediante el juicio político “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, una formula amplísima que será interpretada a conveniencia de la afinidad partidista que se tenga con el servidor público “acusado”. Aunado a lo anterior, se debe recordar que conforme al artículo 110 de la Constitución federal en contra de las resoluciones de las Cámaras no procede recurso alguno.

De prosperar en la Cámara de Senadores la iniciativa aprobada por los Diputados el Congreso de la Unión podría destituir al presidente de la República sin ningún otro requisito más allá que reunir los votos suficientes. No importa contra quién se pretenda utilizar, el uso de este tipo de instituciones en sistemas presidenciales al final genera más problemas de los que supuestamente pretende resolver.

Si se considera que desde las elecciones legislativas de 1997 México ha tenido gobierno divididos, es decir que el partido al que pertenece el presidente no tiene mayoría en el Poder Legislativo, esta modificación no sólo resultaría en una amenaza para quién ocupe la presidencia, sino que pondría en riesgo nuestra ya de por sí frágil estabilidad política, así como a nuestra perpetuamente incipiente democracia.

Iván de la Garza Santos. Abogado especialista en justicia penal y profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @dconstitucional.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre

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Amparo directo 40/2016 y revisión administrativa 3/2016

En noviembre de 2008, se estrelló una aeronave propiedad de la Secretaría de Gobernación; en la misma había seis pasajeros, entre los cuales se encontraban el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al determinar la causa probable del accidente, se concluyó que obedeció a “la pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno, por encuentro con la turbulencia de estela precedida por la aeronave que le precedía”. Al caer la aeronave se impactó sobre un automóvil en el que se encontraba una persona que sufrió quemaduras y lesiones de suma gravedad. Dos años después, esta misma persona interpuso reclamación de indemnización por daños causados por el Estado, en contra de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgándole un finiquito por $29,898,480 M.N. Después de varias inconformidades y diversas resoluciones administrativas, el involucrado promovió juicio de amparo directo mientras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso recurso de revisión. Ahí la Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de ambos procedimientos y sostuvo que los particulares son titulares de un derecho de rango constitucional que les permite reclamar una indemnización cuando, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de un acto que algún órgano estatal llevó a cabo sin acatar la normativa aplicable o los lineamientos, parámetros o protocolos administrativos respectivos, sin tener que demandar al funcionario en lo personal, y sin tener que demostrar si éste actuó de manera ilícita, dolosa o culposa. El hecho de que los daños se hayan generado por un accidente no excluye la posibilidad de que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado, pues resulta factible que el accidente se haya producido con motivo de una actividad administrativa irregular. Así, la perspectiva de derechos humanos se ve reflejada al momento en que se devela una íntima relación entre el derecho a obtener una reparación integral del daño y la dignidad de la persona, de la que derivan distintos derechos involucrados para su desarrollo integral, de lo cual se desprende la obligación del Estado de restituir a la persona en las condiciones de vida que debería tener, y de las cuales carece en virtud del daño que el propio Estado le ocasionó. Quizá solo valga tener en cuenta que el concepto de reparación integral a partir de lo construido en la sentencia se confunde con una indemnización, ya que la reparación integral involucra medidas pecuniarias y no pecuniarias –tal y como lo afirmó dicho órgano jurisdiccional–, sin embargo, esta no se limita a una indemnización, por lo que difícilmente se puede afirmar que con un pago de dinero a la víctima ya se reparó de forma integral el daño. El concepto llevado a la práctica difícilmente puede seguirse si antes no es congruente con los elementos que lo conforman.

Amparo en revisión 641/2017. Exigibilidad del derecho al medio ambiente sano a través de la omisión de diversas autoridades

San Andrés Mixquic es un pueblo campesino ubicado a las afueras de ciudad de México, que su economía se basa en la agricultura, en el turismo de ciertas épocas del año que reciben por las trajineras y por la construcción de los pozos de extracción de agua en sus canales. Sin embargo, la contaminación del agua provocada como efecto del descuido de diversas construcciones de índole privada, generó que las corrientes de dichos canales se convirtieran en aguas negras, imposibilitando el desarrollo de fauna marina y de su uso para el cultivo de plantas y frutos. Así, en febrero de 2014, diversos habitantes de dicho poblado promovieron una demanda de amparo; planteando como acto reclamado la omisión de las autoridades administrativas, tanto de ciudad de México como del gobierno federal, por “la omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear los canales del Pueblo de San Andrés Mixquic, en específico los canales del Barrio de San Miguel”. La Segunda Sala dictaminó que las autoridades responsables no han estado haciendo su labor de protección, restauración y vigilancia de las aguas de los canales en cuestión. Aunado, ya al alto grado de contaminación, las autoridades tampoco se están haciendo responsables para corregir ese daño dentro de los canales, por lo que incurren en una violación al derecho humano al medio ambiente para los habitantes de esa comunidad. Alegando que el derecho fundamental a un medio ambiente sano no puede concebirse meramente como “buenos deseos constitucionalizados” ni como “poesía constitucional”, la Corte afirmó que este derecho goza de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la autoridad para asegurar tales condiciones ambientales. Al momento en que la Segunda Sala pone el acento en la responsabilidad derivada de la contaminación de los particulares (afirmando que  le corresponde a las autoridades vigilar y castigar a cualquier ente que afecte el medio ambiente), así como la invocación a precedentes internacionales y el llamado de atención sobre la vulneración a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural “toda vez que la zona de San Andrés Mixquic es parte de la zona declarada patrimonio mundial de la UNESCO en 1987, por lo que se violó el artículo 4 de dicho instrumento internacional”, vienen a ejemplificar y bosquejar distintos principios subyacentes a los derechos humanos sobre los cuales descansa una visión activa de la Corte. Visión que, en definitiva, dependerá del cumplimiento de la sentencia en cuestión.

Amparo en revisión 158/2017. Usos y costumbres no se extienden a aquellos que no son parte de una comunidad indígena

La comunidad de Magdalena, Teitipac Tlacolula, en el estado de Oaxaca, conserva una práctica comercial desde años atrás con empresas como Coca-Cola, Pepsi, Sabritas y Corona. Por motivos de su fiesta anual, la comunidad habitúa contar con el apoyo de dichas empresas. Sin embargo, en 2013 ocurrieron una serie de desencuentros que terminaron en la negación de la empresa cervecera Corona para brindarles el apoyo de bebidas alcohólicas. Como resultado, la asamblea general de Magdalena, Teitipac Distrito de Tlacolula, Oaxaca, en conformidad con sus usos y costumbres, avisó a la empresa involucrada que quedaba prohibida la distribución y venta de bebidas embriagantes en dicho territorio, así como también que la autoridad municipal no se hacía responsable de algún daño o delito que surja a los vehículos repartidores de la empresa. A aquellos que distribuyan bebidas embriagantes en la jurisdicción aducida se les detendrá y se les sancionará con multa, se notificó. Así, la empresa tomó acción al promover una demanda en contra de lo resuelto por dicha asamblea. Y, en un primer momento, un juez de Distrito que conoció́ del asunto, falló en su contra, al determinar que si bien la asamblea está obligada a respetar la competencia federal en materia de restricciones al comercio, también resultaba cierto que el articulo dos constitucional reconfigura el sentido de tal prohibición, permitiendo a las comunidades indígenas su autodeterminación, ya que la restricción está ligada a la práctica de una actividad comercial (distribución y venta de bebidas embriagantes) que afecta su vida interna. Dicho caso representa un claro ejemplo de que los derechos humanos no son absolutos, que la existencia de límites a cualquier derecho fundamental puede ejercerse, siempre y cuando nunca vayan más allá de su contenido esencial. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión y, en ese sentido, la Segunda Sala dentro de sus facultades resolvió el caso y sentenció que la “libre determinación no debe ser un elemento constitutivo para la creación de Estado dentro del Estado Mexicano”, ya que la prohibición de acceso a la comunidad indígena constituye un acto ilegal y arbitrario que no encuentra justificación constitucional alguna. Para el caso concreto, ordenar la detención de vehículos o personas que circulen por la comunidad indígena aducida vulnera la constitución en la medida en que no permiten el libre desplazamiento por el territorio nacional. La interpretación que despliega la Segunda Sala de la SCJN en este caso no hace más que evitar la tergiversación y confusión de ciertos parámetros que invitan al uso indiscriminado y alegre de los derechos humanos. La interpretación armónica y la racionalidad práctica resultan fundamentales para poder dar coherencia y posibilitar la coexistencia de distintos sistemas normativos.

Conclusiones

Es necesario que cuando estudiemos el derecho en sede judicial vayamos dejando atrás esa estrecha visión, donde se cree que la SCJN es un tribunal unidimensional, en la que sus decisiones se pueden juzgar como si este fuera un ente uniforme o donde sus integrantes de forma indefectible emitan sus fallos conforme a su ideología. Resulta indispensable ampliar nuestro horizonte y aceptar que habrá sentencias que nos persuadan y otras que no, resoluciones buenas y resoluciones malas cuyos parámetros se irán construyendo conforme los casos que se presenten; comprendiendo que sus labores institucionales constituyen una garantía de la sociedad misma, que, bien encaminadas, sirven de apoyo para generar acciones transformadoras, porque “las sentencias no necesariamente pone fin al litigio, algunas veces es ahí donde germina y se perfilan cambios como el despertar de conciencia, el empoderamiento de grupos, la reivindicación de minorías, la modificación de estándares”.1

En ese sentido, no puedo más que emitir un juicio favorable sobre la mayoría de las sentencias de la Segunda Sala relacionadas con temas de derechos humanos que fueron seleccionadas para su análisis en el presente espacio. Antes que dejarnos guiar por posturas tan efímeras como extremas o propias de la siempre atractiva coyuntura, sería interesante estar cada vez más al pendiente de lo que deciden nuestros tribunales, pues el debate teórico y la discusión intelectual de la actividad jurisdiccional no es más que el motor de futuras sentencias y procesos que puedan propulsar, a su vez, otras ideas el día de mañana. Ideas que revolucionen a la sociedad y también la forma cómo entendemos el derecho.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 Vid. VILLARREAL, Martha, “El litigio estratégico como herramienta del Derecho de Interés Público”, en El Litigio Estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Distrito Federal, 2007, pp. 29 y 30.

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