Creer que el amparo es un medio de control constitucional omnipotente, una vía procesal pensada fundamentalmente para aguerridos y temerarios litigantes, ideado para que nuestros jueces Hércules solucionen toda problemática imaginable, resulta tan inconsistente con una visión integral de un sistema jurídico-político como falaz respecto a la salvaguarda de los derechos.

El litigio estratégico se vuelve estrambótico cuando en sede judicial reina la ocurrencia. El juez estrella se torna estrellado cuando el protagonismo prima sobre los argumentos. Y los derechos son banalizados cuando en las sentencias la retórica y las buenas intenciones opacan al derecho.

No son pocos los casos en los que, por desgracia, prima esta lógica. Los conocemos y, lamentablemente, son cada vez más frecuentes. Y, aunque nos gusten los resultados de algunos de ellos, conviene adoptar una postura crítica ante la esperanza de contribuir a consolidar un, de por sí frágil, sistema normativo. Lo que no deja de sorprender, a veces, es la ausencia de límites, la incapacidad de utilizar (buenos) argumentos para resolver litigios políticamente relevantes, pero jurídicamente claros, así como el afán de complicar innecesariamente las cosas.

Hace unos días, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, dictó la sentencia correspondiente al amparo indirecto 589/2018. Entre otras cosas, el juez Silva ordenó al presidente de la República “transparent[ar] la designación de los magistrados anticorrupción”. Y también ordenó que el Senado (o la Comisión Permanente) “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados.

No es difícil advertir por qué se trata de un asunto de la mayor relevancia política y social. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la más ambiciosa apuesta del Estado mexicano para atender uno de los más graves problemas de nuestra (aún) joven democracia. Y la falta del nombramiento de una de las piezas clave del sistema –los magistrados anticorrupción– es una de las más aberrantes omisiones del poder legislativo federal.

Por eso resulta particularmente significativo que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA1 hayan tomado la decisión de impugnar –según la sentencia del juez Silva– la “omisión en el cumplimiento de ratificar o, en su caso, rechazar, a los magistrados anticorrupción nombrados por el Ejecutivo federal mediante oficio fechado el 24 de abril de 2017 atribuido a la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura”.2

El planteamiento de los integrantes del Comité era preciso. Impugnaron una omisión constatada que afectaba –y aún afecta– la integración y el funcionamiento del SNA. Difícilmente se podría decir que dichos integrantes carecían de interés para presentar el amparo, pues la propia legislación señala expresamente que una de las atribuciones del Comité es la de “[d]ar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional”.3 La omisión, para decirlo de forma clara, les impedía cumplir con esa función.

Sucede, sin embargo, que la sentencia optó por hacer complejo lo simple. Durante la instrucción del juicio, el juez Silva pidió a los integrantes del CPC que “precisara[n] en específico lo que reclamaban de las autoridades responsables”. Y, a partir de una particular lectura de la demanda y del escrito aclaratorio, la sentencia redefinió los actos impugnados, modificó los conceptos de violación y resolvió una litis a modo.

En las siguientes líneas no pretendemos hacer una reconstrucción y análisis de toda la argumentación empleada por el juez Silva. La sentencia es pública y los lectores podrán juzgar los méritos de cada una de sus partes. Lo que sí ofrecemos es una reconstrucción crítica de algunos de los aspectos más cuestionables del fallo.4

1. La naturaleza del procedimiento de designación: entre la discrecionalidad y las reglas

Comencemos por la forma en que la sentencia aborda lo que quizá era el mayor obstáculo procesal que debían vencer los integrantes del CPC. El artículo 61, fracción VII, de la ley de amparo señala que éste será improcedente “[c]ontra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, […] en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.

Respecto tal punto, Silva argumentó que en los actos de elección de funcionarios pueden existir tanto “elementos discrecionales/soberanos de carácter político” (en los que aplica la causal) como “elementos reglados” (en los que no aplica). Con base en esto, el juez concluyó que la causal no se actualiza respecto de la omisión del Senado5 de pronunciarse sobre la ratificación de los magistrados, pues el “plazo” para dicha ratificación sí es un elemento reglado, de conformidad con el régimen transitorio de las leyes anticorrupción.6 La lógica subyacente es simple: no se está frente a una facultad soberana o discrecional del legislador federal en la medida en que existe un plazo para realizar la designación.

Sobre las omisiones del presidente –relativas a sujetar los nombramientos a los principios de transparencia e idoneidad–, Silva estimó que la causal de improcedencia sólo se actualizaba respecto del principio de idoneidad (subjetiva), ya que el presidente sí cuenta con discrecionalidad para considerar el “perfil, méritos y trayectoria” de los magistrados propuestos. En un primer momento, la sentencia es contundente en este sentido:

…el Poder Judicial de la Federación está impedido para reemplazar [a través del juicio de amparo] los aspectos discrecionales y exclusivos de las decisiones constitucionalmente atribuidas a las mencionadas ramas representativas del Estado, en función del principio de división de poderes y los fines que éste persigue […].

Hasta aquí, tenemos un razonamiento que es particularmente deferente con el del presidente. Por el contrario, el juez concluyó –de una forma por demás sorpresiva– una cosa diferente respecto del principio de transparencia. Para ello, utilizó una supuesta interpretación “teleológica y sistemática”, que en realidad consistió en la mera referencia de cuatro artículos constitucionales7 –los cuales ni siquiera consideró en citar y, menos aún, en interpretar– y en la transcripción de una parte de la controversia constitucional 4/2005, en la cual la SCJN señaló que la designación de juzgadores locales debe abrirse: “un expediente en el que consten los antecedentes curriculares que justifiquen [sus] atributos e, inclusive, someterse a la opinión pública la proposición relativa para corroborar la buena fama en el concepto público de la persona que se propone para ocupar el cargo”.8

Así, sin mayor explicación, el juez concluyó que “el deber de transparentar las designaciones de los Magistrados Anticorrupción es un elemento reglado y normativo”.

Veamos algunos problemas relacionados con esta argumentación. En qué manera la lectura “teleológica y sistemática” de la Constitución permite llegar a esa conclusión es un misterio. E igualmente son obscuras las razones específicas por las cuales un precedente que se refiere a designaciones locales es trasladable, así sin más, al ámbito federal. Otra cosa notable es que la sentencia ni siquiera explica cuáles son las normas específicas que hacen que, en materia de transparencia, estemos frente a un procedimiento reglado –y no frente a uno discrecional–. ¿Basta con que el presidente abra y haga público un expediente en el que se señalen los antecedentes curriculares de los juzgadores propuestos? ¿O existen deberes adicionales a cargo del titular del Ejecutivo? Esto es imposible de saber con la argumentación del juez Silva en esta parte de la sentencia.

Lo importante es que, gracias a esta peculiar interpretación del principio de transparencia, la sentencia abrió la puerta para analizar, en sede judicial, un procedimiento de designación que antes había sido calificado como discrecional –por lo menos en lo que hace a la idoneidad de los candidatos–.

2. El interés jurídico (y legítimo) de los integrantes del CPC

Un segundo aspecto sobre la procedencia que vale la pena enfatizar, es la existencia (o no) de un interés por parte los integrantes de CPC. Aquí la respuesta del juez Silva es doble puesto que los integrantes del CPC tienen tanto interés jurídico como interés legítimo. Analicemos.

El argumento empleado en la sentencia para justificar la existencia de un interés jurídico es relativamente directo. El juez Silva enfatizó que i) los quejosos promovieron la demanda en su carácter de integrantes del CPC, ii) el artículo 113 constitucional establece que el CPC es una “institución de la sociedad civil”9 y iii) la legislación secundaria señala que entre las atribuciones del CPC se encuentra la de “[d]ar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional”. A partir de lo anterior, la sentencia concluyó que:

…existe un interés jurídico de los miembros del Comité de Participación Ciudadana para promover el presente juicio de amparo porque el artículo 21, fracción XVII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorga una facultad legal para dar seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que existe un derecho objetivo en favor de dichos miembros para activar todas las acciones necesarias para que tenga plena operatividad del [sic] sistema anticorrupción.

Dejemos a un lado el tipo de derecho que Silva identifica para justificar el interés jurídico10 y concentrémonos en el resto de la argumentación. No conforme con reconocer dicho interés jurídico, Silva señala que también existe un interés legítimo y su razonamiento fue el siguiente:

…este juzgador advierte un interés legítimo de los miembros del Comité de Participación Ciudadana porque éstos se encuentran en una especial posición derivada del ordenamiento jurídico en que resienten una afectación en sentido amplio pues la ley les encomienda la función de ser garantes del Sistema Nacional Anticorrupción en beneficio de la sociedad mexicana.

¿Sorprende que los integrantes del CPC, además de interés jurídico, tuviesen interés legítimo? Por supuesto que no. La jurisprudencia de la SCJN ha entendido que existe una gradación entre el interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple, que atiende al “nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona”.11 El interés jurídico implica un mayor nivel de afectación que el interés legítimo y, este último, a su vez, exige una afectación mayor que el interés simple.12 Por ende, es evidente que si se reconocía interés jurídico a los integrantes CPC, por mayoría de razón, debía reconocérseles interés legítimo.

¿Era indispensable, pues, reconocer ambos tipos de interés? ¿Era necesario que la sentencia empleara varias páginas –en las que abunda la cita de disposiciones convencionales, de precedentes de la SCJN, el TEPJF y tribunales colegiados, y hasta del proceso legislativo de las reformas de amparo y anticorrupción– a fin de justificar el interés legítimo de los miembros del CPC? La respuesta, desde nuestro punto de vista, es negativa.13 Bastaba simplemente con reconocer el interés jurídico de los integrantes del CPC a fin de desestimar esta causal de improcedencia.

3. El derecho fundamental a “un ambiente libre de corrupción”

Otro punto que conviene destacar es la forma en que, de manera previa al estudio de fondo, el juez Silva sostiene la existencia de un derecho fundamental a vivir en un “ambiente libre de corrupción”. De nueva cuenta, lo que nos interesa destacar es la peculiar forma en que se construye este (nuevo) derecho fundamental. En un primer momento, Silva señala que:

[d]e conformidad con lo previsto en los artículos 6, 16, 108, 109, 113 y 134 y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, puede concluirse válidamente que la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la transparencia, honradez y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos públicos ya que establece un régimen de actuación y comportamiento Estatal, así como de responsabilidades administrativas.

Dicho sistema, de acuerdo con la sentencia, persigue dos finalidades: i) “[t]utelar el correcto, cabal, ético y lícito desarrollo de la función administrativa” y ii) “[e]stablecer principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los mencionados servidores públicos […] se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”.

Todo lo anterior es así –continúa el juez Silva– debido a que el artículo 134 de la Constitución señala que los recursos públicos que dispongan todas las autoridades deberán ser administrados con “imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. Más aún, de acuerdo con la sentencia, lo anterior permite concluir que las autoridades deberán cumplir sus funciones “no solo con eficacia y diligencia, sino con honradez y transparenciarendición de cuentas–, sobre todo, en los temas relacionados con los recursos públicos que tienen a su cargo y que se han obtenido de la contribución al gasto público que han hecho todos los mexicanos –cultura de la legalidad–“.

Y es así como, después de esta ensalada de adjetivos, conceptos y principios constitucionales, Silva deriva la existencia del mentado derecho fundamental:

De lo anterior, este juzgador –como lo señaló en el juicio de amparo 1311/2016– desprende que existe un derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, honestidad ética y transparencia.14

¿Qué fue lo que sostuvo el juez Silva en el amparo 1311/2016? La sentencia nada dice al respecto. Y la sentencia tampoco dice más sobre la particular metodología que emplea, esto es, derivar la existencia de auténticos derechos fundamentales a partir de la mera cita de principios constitucionales que rigen la actuación de autoridades. Pero quizá lo más sorprendente es que la construcción de este nuevo derecho fundamental resulta completamente irrelevante para la resolución del caso. Pasado este apartado, el derecho fundamental “a vivir en un medio ambiente libre de corrupción” no vuelve a mencionarse en la sentencia, ni resulta relevante para resolución de la litis.

4. El análisis de fondo: entre la transparencia en esteroides y la revisión light de la idoneidad

Pasemos al análisis de uno de los dos problemas jurídicos a resolver, según los (re)definió el juez Silva.15 Nos referimos, por supuesto, a la cuestión relativa a la “inconstitucionalidad de la omisión de transparentar y justificar la idoneidad de los Magistrados Anticorrupción nombrados por el presidente de la República”.16

Como ya fue mencionado en el apartado de procedencia, Silva fue claro al señalar que el presidente cuenta con discrecionalidad para evaluar la idoneidad de los magistrados anticorrupción. No obstante, en el estudio de fondo, Silva comienza a dar un giro argumentativo y lo discrecional termina por no serlo tanto. Nos explicamos. En un primer momento, Silva afirma –de una manera un tanto dogmática– lo siguiente:

…este juzgador observa que por causa de las funciones que los Magistrados Anticorrupción están llamados cumplir, existe un deber reforzado a cargo del presidente y del Senado de la República (o Comisión Permanente en su caso) de transparentar el procedimiento de nombramiento, derivado de una interpretación teológica y sistemática de los artículos 6º, 73, fracción XXIX-S, 109, 113 y 134 de la Constitución Federal.

De nueva cuenta, la sentencia no desarrolla la interpretación “teleológica y sistemática” referida, ni mucho menos especifica los fines relevantes de los artículos constitucionales citados, como tampoco explica de qué forma la lectura armónica de los mismos permite derivar un deber reforzado. Pero, más allá de estas deficiencias argumentativas, ¿en qué consiste el mencionado deber reforzado?

En primer lugar, tengamos presente que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) señala con claridad que, tratándose de la designación de magistrados, “…el titular del Ejecutivo Federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado […]”.

Además, recordemos que, en buena medida, eso fue lo que hizo el presidente al enviar las propuestas de magistrados anticorrupción: justificó su idoneidad, precisamente, al hacer constar su trayectoria profesional y académica.17 Pues bien, para el juez Silva lo anterior no fue suficiente. De acuerdo con su argumentación:

…a fin de cumplir con el principio de transparencia no basta con trascribir el currículum vitae o la experiencia profesional de las personas, sino que es necesario que se transparente y justifique su idoneidad, para lo cual es necesario detallar pormenorizadamente por qué dichas personas tienen los méritos suficientes, la calidad profesional y ética para acceder al cargo sobre la materia específica en que versa su propuesta.

Silva concluye insistiendo en que, con su sentencia, “no está calificando la idoneidad de los Magistrados Anticorrupción que han sido nombrados por el Ejecutivo, sino que solamente está declarando la inconstitucionalidad de la omisión de transparentar y justificar el perfil profesional y ético de los magistrados”.

Pero lo cierto es que, en realidad, la sentencia sí hace una revisión de la forma en que el presidente evaluó la idoneidad de las personas propuestas para el cargo de magistrados anticorrupción. Tan es así, que el juez llegó a la conclusión que la justificación dada por el presidente era inadecuada. Más aún, la sentencia incluso amplía los parámetros a los que debe sujetarse dicha justificación. Además de exigir méritos profesionales –establecidos expresamente por la ley–, Silva exige méritos éticos, los cuales son introducidos de manera francamente arbitraria en la sentencia, en la medida en que nunca se explica de dónde se deriva tal exigencia.18

5. Una sentencia con efectos paradójicos

Anotamos un último aspecto de la sentencia. Después de concluir que tanto el presidente como el legislativo federal incumplieron con sus deberes, el juez Silva precisa los efectos de su sentencia. Por una parte, el presidente de la República –dice la sentencia– en “forma inmediata” deberá transparentar la designación de los magistrados anticorrupción, para lo cual deberá:

…justificar la idoneidad de las personas designadas como Magistrados Anticorrupción, para lo cual deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar los cargos, detallando los méritos, calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas […].

Por otra parte –continúa la sentencia– el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente “con independencia del cumplimiento de [la] sentencia por parte del Ejecutivo” deberán decidir “inmediatamente sobre la ratificación o no de los magistrados anticorrupción”, para lo cual:

…deberán realizar una motivación reforzada en que expresen los razonamientos que detallen sustantivamente de manera objetiva y razonable, por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas […].

Pasemos por alto que –en el apartado de efectos– el deber de realizar una motivación reforzada se extiende también a la segunda etapa del procedimiento de designación. Concentrémonos simplemente en que, para Silva, las obligaciones del presidente y de los legisladores son independientes, como si la designación de magistrados anticorrupción no fuese un proceso complejo, constituido por una serie de pasos concatenados.

¿Qué sucedería, por ejemplo, si el Senado –de manera inmediata– cumple con su deber de designar a los magistrados, pero el presidente incumple su deber de “transparentar” la designación? ¿Estaríamos frente a nombramiento válidos? De nueva cuenta, la sentencia nos deja frente a un enigma.

6. A manera de conclusión

No cabe duda de que dispararse en el pie es todo un arte. Si estamos ávidos de soluciones rápidas y estridentes –aunque poco prácticas– sería bueno reconocer, de una vez por todas, el derecho humano a inventar derechos humanos. Pero la realidad es que poco avanzaremos mientras se siga creyendo que todo caso resulta en una oportunidad histórica para transformar y remediar, ipso facto, los lamentables pero complejos problemas de nuestro sistema de (in)justicia.

Ante una flagrante violación a la Constitución, uno esperaría una actitud firme, pero sensata, por parte de la judicatura, que permita contar en el corto plazo con una de las piezas más fundamentales del SNA. Esperemos, sinceramente, que esa sea la lógica que prime durante la segura revisión del amparo que hemos analizado.

También queremos pensar que hay juzgadores que toman en serio los derechos –pero también el derecho y la Constitución– y que frente a las tentaciones del reflector optan por una actuación responsable. Ese tipo de actitud, pensamos, es que convendría tener frente a casos tan relevantes como el amparo presentado por los integrantes de CPC.

Estamos convencidos que los esfuerzos desde la sede judicial son indispensables para combatir la corrupción y que, en definitiva, los jueces pueden fungir como detonantes de importantes transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Sin embargo, la mesura, la racionalidad y la sensatez son condiciones igualmente indispensables. Al menos si aspiramos a construir, en el largo plazo, un sistema de justicia que funcione.

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de planta de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre.


1 Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández Valdez e Irene Levy Mustri.

2 Aquí cabe señalar que por un lado, las personas seleccionadas como integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler. Por otro lado, las propuestas para las cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón Márquez, David Alejandro Alpide Tovar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco, Hortensia García Salgado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Luis Eduardo Iturriaga Velasco, Claudia Rosana Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulé y José Luis Stein Velasco.

3 Artículo 21, fracción XVII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

4 Retomamos parte de lo desarrollado en este hilo.

5 Recordemos que el juez Silva redefinió los actos impugnados, de tal forma que derivó dos omisiones particulares: 1) la omisión del Senado y la Comisión Permanente de ratificar o rechazar a los magistrados designados por el presidente y 2) la omisión del presidente de sujetar los nombramientos a los principios de “idoneidad” y “transparencia”.

6 De conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto de las leyes anticorrupción, “[a] partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción XI del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide por virtud del presente Decreto”. Dicha ley entró en vigor el 19 de julio de 2017.

7 Esto es, los artículos “6, 73, fracción XXIX-H, 109 y 113 de la Constitución”, según se lee textualmente en la sentencia.

8 Todos los énfasis son añadidos.

9 En realidad, la Constitución no establece directamente esta naturaleza, sino que se limita a señalar que el CPC estará integrado por ciudadanos. El artículo 113, fracción II, de la Constitución señala textualmente lo siguiente: “El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción […]”.

10 No deja de ser paradójico que, para justificar el interés jurídico del CPC, Silva enfatice la existencia de un derecho objetivo, y no de uno subjetivo, como habría de esperarse. Como ha señalado la propia SCJN, para acreditar un interés legítimo “debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo”. Véase la pág. 44 de la resolución dictada en la contradicción de tesis 111/2013 por el Pleno de la SCJN el 5 de junio de 2014, aprobada por unanimidad de votos y en la que fue ponente el ministro Zaldívar.

11 Véase la pág. 34 y siguientes de la citada CT 111/2013.

12 El interés legítimo, de acuerdo con la propia SCJN “se trata de una legitimación intermedia entre le interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción” (pág. 37 de la CT 111/2013).

13 A menos de que se pretenda sostener, por ejemplo, que el reconocimiento del interés legítimo era indispensable para sortear otras causales de improcedencia, tales como la posible violación al principio de relatividad. Ciertamente, en este tema el juez Silva construye su argumentación a partir de dos precedentes de la SCJN en los que se reconoció interés legítimo a dos asociaciones civiles: Artículo 19 (amparo en revisión 1359/2015) y Mexicanos Primero (amparo en revisión 323/2014). A partir de ello, alegó que la relatividad no se viola cuando “indirectamente y de forma eventual” se beneficia a terceros (caso Artículo 19) ni cuando “se actualiza un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo” (caso Mexicanos Primero). Por cuestiones de espacio, no entramos a discutir esta cuestión, pero baste con decir que, desde nuestro punto de vista, sería absurdo alegar que el principio de relatividad sólo puede ceder frente a una afectación intermedia (interés legítimo), pero no así frente a una afectación de mayor gravedad (interés jurídico).

14 Énfasis añadido.

15 Por un lado, “si en la designación de los Magistrados Anticorrupción por parte del presidente de la República se cumplió o no con el principio de transparencia exigido por la Constitución Federal como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”. Por el otro, “si existe o no incumplimiento del Senado de la República y de la Comisión Permanente a la obligación constitucional de decidir sobre la ratificación o no de los Magistrados Anticorrupción nombrados por el Ejecutivo Federal”.

16 La forma en que se resuelve la segunda cuestión, relativa al incumplimiento del Senado y de la Comisión Permanente de ratificar o rechazar las propuestas de magistrados anticorrupción, es bastante menos problemática. Baste con decir que el régimen transitorio de las leyes anticorrupción señala que el TFJA debía contar con 5 salas especializadas a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual sucedió el 19 de julio de 2017. Sin embargo, el Senado y la Comisión Permanente aún no se han pronunciado al respecto a la fecha en que se dictó la sentencia (el 31 de julio de 2018).

17 La propia sentencia reproduce la justificación que el presidente hizo de la idoneidad de tres propuestas. Véanse las págs. 57 a 60 de la sentencia.

18 Los méritos académicos, también mencionados en la legislación secundaria, al parecer no fueron relevantes para el juez Silva, pues prácticamente no formaron parte de la argumentación empleada para resolver el fondo del asunto.

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En días pasados hemos sido testigos de un inusual ánimo festivo por parte de nuestra clase política. Sin importar ideologías, orientaciones o partidos políticos, cualquier persona que se encuentre involucrada en el actual proceso electoral ha intentado aprovechar la intempestiva coyuntura reformista de nuestros diputados federales para celebrar una apresurada transformación del sistema de responsabilidades de los servidores públicos que marca la Constitución.

Cuando la unanimidad se descubre como un método redituable para conseguir votos, queda claro que los actores políticos están dispuestos a alcanzarla a cualquier costo. Aquí no se trata de negociación, ni de llegar a acuerdos por medio de un diálogo racional genuino y transparente, nada de eso. Lo ocurrido devela no solo un mero pragmatismo chantajista sino también la ignorancia e irreflexividad, el cortoplacismo y la búsqueda del aplauso fácil de sus impulsores y partidarios.

Si continuamos alimentando esa falsa creencia que postula la inmediata transformación de la realidad exclusivamente a través de las leyes, si seguimos regocijándonos de las reformas legales olvidando y menospreciando a quienes hacen funcionar las mismas, nos daremos cuenta que no hay nada que celebrar, que incluso la eliminación del “fuero” es lo de menos en comparación con las graves y peligrosas implicaciones que conlleva el conjunto de reformas propuestas.

No por nada el profesor José Roldán Xopa nominó este fenómeno como populismo constitucional, como una riesgosa manera de conciliar atractivas demandas sociales con la ley suprema. Enarbolando un dictamen tan irresponsable como oportunista, que quizá discursivamente pueda convencer en la forma pero definitivamente desatiende el fondo, parecería que los diputados desconocen por completo la forma cómo se estructuran los distintos tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos en México.

Así, sirva el presente artículo para detenernos un momento y tratar de explicar desde una óptica jurídica las responsabilidades de los servidores públicos en la Constitución para, posteriormente, enfocarnos en lo concerniente a la peligrosa inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político.

Los tipos de responsabilidad de los servidores públicos en la Constitución

Para dimensionar la gravedad de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados es preciso entender los distintos tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos en México. De conformidad con el título IV de la Constitución existen tres tipos de responsabilidad: política (artículos 109 I y 110), penal (artículos 109 II y 111) y administrativa (artículo 109 III). Cada una de estos tipos de responsabilidades tiene un objetivo y procedimiento distinto.

La regulación constitucional sobre la responsabilidad penal de los servidores públicos no hace referencia a las conductas por las que estos pueden ser sancionados. Más que una forma para exigir la responsabilidad penal, la Constitución prevé el denominado juicio de procedencia como vía para el retiro de lo que comúnmente se conoce como “fuero”. Sin la ejecución de este procedimiento es imposible que se ejerza la acción penal en contra de los servidores públicos señalados en el artículo 111 constitucional.

Toda vez que este tipo de responsabilidad se refiere a conductas delictivas, es necesaria la participación del Ministerio Público como órgano encargado de solicitar el inicio del procedimiento ante la Cámara de Diputados cuando estime que de su investigación se haya cometido un delito y que es probable que el servidor público señalado como imputado participó en su comisión. Si la mayoría absoluta de los diputados vota a favor de la solicitud del Ministerio Público éste podrá ejercer la acción penal ante los tribunales.

El listado de servidores públicos “con fuero” es amplio y comprende a todos los legisladores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Consejeros de la Judicatura Federal, Consejeros del Instituto Nacional Electoral, al Fiscal General, al Auditorio Superior de la Federación, los Secretarios de Estado, entre otros. Según lo establece el artículo 108, el juicio de procedencia contra el presidente de la República sólo se podrá llevar a cabo por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Por lo que hace a la responsabilidad administrativa, la Constitución prevé el marco general para la sanción de las mismas, dejando el detalle del procedimiento a las leyes secundarias, entre las cuales destaca la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Aquí vale la pena resaltar que el Congreso federal, como órgano de representación popular, no tiene participación alguna en estos procedimientos, sino que esto corresponde a los órganos de control interno y en su caso a los tribunales de justicia administrativa.

Finalmente llegamos a la responsabilidad política, sin duda la más difícil de explicar. A diferencia de la penal y la administrativa, en donde las conductas a sancionar están detalladas en los códigos penales y en la Ley General de Responsabilidad Administrativa respectivamente, en la responsabilidad política, que se exige a través del juicio político, no está claro qué conductas llevaría a una exigencia de responsabilidad.

El artículo 109, fracción I, señala que las sanciones previstas para el juicio político se impondrán a los servidores públicos que “…en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Por su parte, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos hace un esfuerzo por detallar cuáles son estos actos y omisiones:

I. El ataque a las instituciones democráticas; II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; III.- Las violaciones a los derechos humanos; IV.- El ataque a la libertad de sufragio; V.- La usurpación de atribuciones; VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

Como se observa, las conductas que pueden derivar en una exigencia de responsabilidad política son un auténtico popurrí, un listado de supuestos generales que otorgan un extenso margen discrecional para su interpretación.

En cuanto a su procedimiento, solamente participan las Cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados como órgano acusador y la de Senadores como jurado de sentencia. Primero, la Cámara de Diputados debe votar por mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión para proceder a la acusación y una vez realizada ésta el Senado deberá someter a votación la destitución del servidor público acusado. Si los senadores presentes en la sesión votan por dos terceras partes a favor de la destitución, el servidor público quedará separado del cargo y podrá quedar inhabilitado para el servicio público.

La inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político

La reforma aprobada el 19 de abril en la Cámara de Diputados propone la derogación del juicio de procedencia utilizando una fórmula interesante pero riesgosa, pues ahora se podrá ejercer acción penal en contra de los servidores públicos sin necesidad de contar con la autorización de la Cámara de Diputados, teniendo la particularidad que prohíbe al juez de control la imposición de dos medidas cautelares: la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo.

Esta propuesta merece un análisis detallado, más aún si se considera su relación con el sistema penal acusatorio y el incipiente proceso de transición hacía fiscalías con autonomía constitucional, sin embargo, en lo que quisiéramos centrar nuestra atención es la inclusión del presidente de la República en la lista de servidores públicos que pueden ser destituidos mediante un juicio político.

En la jurisprudencia de la Primera Sala 37/2010 se definió al procedimiento de juicio político como un control político que cuenta con las siguientes características: “a) responden a un criterio de oportunidad política, b) se controlan actos y personas, no normas o productos normativos, c) el parámetro de control es político o surge de la misma voluntad política del órgano que controla, y finalmente d) el resultado es una sanción de carácter político: destitución o inhabilitación en el cargo.”

La nota característica de los controles políticos es la amplia discrecionalidad con que cuenta el órgano encargado de ejercer el control. En el caso del juicio político el órgano controlante es el Congreso de la Unión. Es importante llamar la atención sobre los incisos a y c de la jurisprudencia citada. Ya que de éstas se desprende la naturaleza jurídica del órgano controlante y de todo el procedimiento. Al afirmar que el juicio político “responde a un criterio de oportunidad política”, y que “el parámetro de control… surge de la misma voluntad política del órgano que controla”, queda claro que su justificación no descansa en una racionalidad jurídica soportada con medios probatorios suficientes para acreditar que una persona es responsable de los hechos u omisiones que se le imputan.

¿Entonces qué se requiere para determinar que una persona es responsable políticamente? Muy  sencillo: votos suficientes para alcanzar las mayorías que precisa la Constitución.

Esta conclusión se fortalece si volvemos a ver qué es lo que motiva la destitución de un servidor público mediante el juicio político “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, una formula amplísima que será interpretada a conveniencia de la afinidad partidista que se tenga con el servidor público “acusado”. Aunado a lo anterior, se debe recordar que conforme al artículo 110 de la Constitución federal en contra de las resoluciones de las Cámaras no procede recurso alguno.

De prosperar en la Cámara de Senadores la iniciativa aprobada por los Diputados el Congreso de la Unión podría destituir al presidente de la República sin ningún otro requisito más allá que reunir los votos suficientes. No importa contra quién se pretenda utilizar, el uso de este tipo de instituciones en sistemas presidenciales al final genera más problemas de los que supuestamente pretende resolver.

Si se considera que desde las elecciones legislativas de 1997 México ha tenido gobierno divididos, es decir que el partido al que pertenece el presidente no tiene mayoría en el Poder Legislativo, esta modificación no sólo resultaría en una amenaza para quién ocupe la presidencia, sino que pondría en riesgo nuestra ya de por sí frágil estabilidad política, así como a nuestra perpetuamente incipiente democracia.

Iván de la Garza Santos. Abogado especialista en justicia penal y profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @dconstitucional.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre

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Amparo directo 40/2016 y revisión administrativa 3/2016

En noviembre de 2008, se estrelló una aeronave propiedad de la Secretaría de Gobernación; en la misma había seis pasajeros, entre los cuales se encontraban el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al determinar la causa probable del accidente, se concluyó que obedeció a “la pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno, por encuentro con la turbulencia de estela precedida por la aeronave que le precedía”. Al caer la aeronave se impactó sobre un automóvil en el que se encontraba una persona que sufrió quemaduras y lesiones de suma gravedad. Dos años después, esta misma persona interpuso reclamación de indemnización por daños causados por el Estado, en contra de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgándole un finiquito por $29,898,480 M.N. Después de varias inconformidades y diversas resoluciones administrativas, el involucrado promovió juicio de amparo directo mientras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso recurso de revisión. Ahí la Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de ambos procedimientos y sostuvo que los particulares son titulares de un derecho de rango constitucional que les permite reclamar una indemnización cuando, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de un acto que algún órgano estatal llevó a cabo sin acatar la normativa aplicable o los lineamientos, parámetros o protocolos administrativos respectivos, sin tener que demandar al funcionario en lo personal, y sin tener que demostrar si éste actuó de manera ilícita, dolosa o culposa. El hecho de que los daños se hayan generado por un accidente no excluye la posibilidad de que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado, pues resulta factible que el accidente se haya producido con motivo de una actividad administrativa irregular. Así, la perspectiva de derechos humanos se ve reflejada al momento en que se devela una íntima relación entre el derecho a obtener una reparación integral del daño y la dignidad de la persona, de la que derivan distintos derechos involucrados para su desarrollo integral, de lo cual se desprende la obligación del Estado de restituir a la persona en las condiciones de vida que debería tener, y de las cuales carece en virtud del daño que el propio Estado le ocasionó. Quizá solo valga tener en cuenta que el concepto de reparación integral a partir de lo construido en la sentencia se confunde con una indemnización, ya que la reparación integral involucra medidas pecuniarias y no pecuniarias –tal y como lo afirmó dicho órgano jurisdiccional–, sin embargo, esta no se limita a una indemnización, por lo que difícilmente se puede afirmar que con un pago de dinero a la víctima ya se reparó de forma integral el daño. El concepto llevado a la práctica difícilmente puede seguirse si antes no es congruente con los elementos que lo conforman.

Amparo en revisión 641/2017. Exigibilidad del derecho al medio ambiente sano a través de la omisión de diversas autoridades

San Andrés Mixquic es un pueblo campesino ubicado a las afueras de ciudad de México, que su economía se basa en la agricultura, en el turismo de ciertas épocas del año que reciben por las trajineras y por la construcción de los pozos de extracción de agua en sus canales. Sin embargo, la contaminación del agua provocada como efecto del descuido de diversas construcciones de índole privada, generó que las corrientes de dichos canales se convirtieran en aguas negras, imposibilitando el desarrollo de fauna marina y de su uso para el cultivo de plantas y frutos. Así, en febrero de 2014, diversos habitantes de dicho poblado promovieron una demanda de amparo; planteando como acto reclamado la omisión de las autoridades administrativas, tanto de ciudad de México como del gobierno federal, por “la omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear los canales del Pueblo de San Andrés Mixquic, en específico los canales del Barrio de San Miguel”. La Segunda Sala dictaminó que las autoridades responsables no han estado haciendo su labor de protección, restauración y vigilancia de las aguas de los canales en cuestión. Aunado, ya al alto grado de contaminación, las autoridades tampoco se están haciendo responsables para corregir ese daño dentro de los canales, por lo que incurren en una violación al derecho humano al medio ambiente para los habitantes de esa comunidad. Alegando que el derecho fundamental a un medio ambiente sano no puede concebirse meramente como “buenos deseos constitucionalizados” ni como “poesía constitucional”, la Corte afirmó que este derecho goza de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la autoridad para asegurar tales condiciones ambientales. Al momento en que la Segunda Sala pone el acento en la responsabilidad derivada de la contaminación de los particulares (afirmando que  le corresponde a las autoridades vigilar y castigar a cualquier ente que afecte el medio ambiente), así como la invocación a precedentes internacionales y el llamado de atención sobre la vulneración a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural “toda vez que la zona de San Andrés Mixquic es parte de la zona declarada patrimonio mundial de la UNESCO en 1987, por lo que se violó el artículo 4 de dicho instrumento internacional”, vienen a ejemplificar y bosquejar distintos principios subyacentes a los derechos humanos sobre los cuales descansa una visión activa de la Corte. Visión que, en definitiva, dependerá del cumplimiento de la sentencia en cuestión.

Amparo en revisión 158/2017. Usos y costumbres no se extienden a aquellos que no son parte de una comunidad indígena

La comunidad de Magdalena, Teitipac Tlacolula, en el estado de Oaxaca, conserva una práctica comercial desde años atrás con empresas como Coca-Cola, Pepsi, Sabritas y Corona. Por motivos de su fiesta anual, la comunidad habitúa contar con el apoyo de dichas empresas. Sin embargo, en 2013 ocurrieron una serie de desencuentros que terminaron en la negación de la empresa cervecera Corona para brindarles el apoyo de bebidas alcohólicas. Como resultado, la asamblea general de Magdalena, Teitipac Distrito de Tlacolula, Oaxaca, en conformidad con sus usos y costumbres, avisó a la empresa involucrada que quedaba prohibida la distribución y venta de bebidas embriagantes en dicho territorio, así como también que la autoridad municipal no se hacía responsable de algún daño o delito que surja a los vehículos repartidores de la empresa. A aquellos que distribuyan bebidas embriagantes en la jurisdicción aducida se les detendrá y se les sancionará con multa, se notificó. Así, la empresa tomó acción al promover una demanda en contra de lo resuelto por dicha asamblea. Y, en un primer momento, un juez de Distrito que conoció́ del asunto, falló en su contra, al determinar que si bien la asamblea está obligada a respetar la competencia federal en materia de restricciones al comercio, también resultaba cierto que el articulo dos constitucional reconfigura el sentido de tal prohibición, permitiendo a las comunidades indígenas su autodeterminación, ya que la restricción está ligada a la práctica de una actividad comercial (distribución y venta de bebidas embriagantes) que afecta su vida interna. Dicho caso representa un claro ejemplo de que los derechos humanos no son absolutos, que la existencia de límites a cualquier derecho fundamental puede ejercerse, siempre y cuando nunca vayan más allá de su contenido esencial. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión y, en ese sentido, la Segunda Sala dentro de sus facultades resolvió el caso y sentenció que la “libre determinación no debe ser un elemento constitutivo para la creación de Estado dentro del Estado Mexicano”, ya que la prohibición de acceso a la comunidad indígena constituye un acto ilegal y arbitrario que no encuentra justificación constitucional alguna. Para el caso concreto, ordenar la detención de vehículos o personas que circulen por la comunidad indígena aducida vulnera la constitución en la medida en que no permiten el libre desplazamiento por el territorio nacional. La interpretación que despliega la Segunda Sala de la SCJN en este caso no hace más que evitar la tergiversación y confusión de ciertos parámetros que invitan al uso indiscriminado y alegre de los derechos humanos. La interpretación armónica y la racionalidad práctica resultan fundamentales para poder dar coherencia y posibilitar la coexistencia de distintos sistemas normativos.

Conclusiones

Es necesario que cuando estudiemos el derecho en sede judicial vayamos dejando atrás esa estrecha visión, donde se cree que la SCJN es un tribunal unidimensional, en la que sus decisiones se pueden juzgar como si este fuera un ente uniforme o donde sus integrantes de forma indefectible emitan sus fallos conforme a su ideología. Resulta indispensable ampliar nuestro horizonte y aceptar que habrá sentencias que nos persuadan y otras que no, resoluciones buenas y resoluciones malas cuyos parámetros se irán construyendo conforme los casos que se presenten; comprendiendo que sus labores institucionales constituyen una garantía de la sociedad misma, que, bien encaminadas, sirven de apoyo para generar acciones transformadoras, porque “las sentencias no necesariamente pone fin al litigio, algunas veces es ahí donde germina y se perfilan cambios como el despertar de conciencia, el empoderamiento de grupos, la reivindicación de minorías, la modificación de estándares”.1

En ese sentido, no puedo más que emitir un juicio favorable sobre la mayoría de las sentencias de la Segunda Sala relacionadas con temas de derechos humanos que fueron seleccionadas para su análisis en el presente espacio. Antes que dejarnos guiar por posturas tan efímeras como extremas o propias de la siempre atractiva coyuntura, sería interesante estar cada vez más al pendiente de lo que deciden nuestros tribunales, pues el debate teórico y la discusión intelectual de la actividad jurisdiccional no es más que el motor de futuras sentencias y procesos que puedan propulsar, a su vez, otras ideas el día de mañana. Ideas que revolucionen a la sociedad y también la forma cómo entendemos el derecho.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 Vid. VILLARREAL, Martha, “El litigio estratégico como herramienta del Derecho de Interés Público”, en El Litigio Estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Distrito Federal, 2007, pp. 29 y 30.

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De un tiempo para acá la mediatización de nuestro entorno se ha visto revolucionada de forma vertiginosa a través de la profusión de vías de comunicación que antes resultaban impensables. Los canales de televisión que transmiten noticias veinticuatro horas al día, las redes sociales donde se comparten discrecionalmente tanto rumores como primicias informativas, los diarios a los que ahora, en sus versiones digitales, les resulta indiferente el transcurso del tiempo para su actualización… Este nuevo escenario acarrea consecuencias que, por su misma propulsión, generalmente no tenemos en cuenta.1

Dicho escenario tan vertiginoso no escapa a las formas y maneras cómo comprendemos el derecho y nos enteramos de sus dinámicas y transformaciones. Precisamente, Carlos María Cárcova ha llamado la atención sobre la quimera que implica presuponer que se conoce al derecho por el solo hecho de su publicación, puesto que los actuales modelos jurídicos son tan vastos y complejos que ni aun los expertos pueden conocerlo de forma íntegra.2

En ese orden de ideas, bien vale la pena detenerse unos momentos para prestar atención a distintos casos interesantes que, por varios motivos, han pasado desapercibidos por la opinión pública.

A continuación, y sin el ánimo de ser exhaustivos, se presenta un breve análisis de seis diferentes sentencias en las que durante los últimos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre múltiples aspectos en los que se involucran complejas y trascendentales cuestiones de derechos humanos. Esto antes que emitir un meticuloso balance respecto a sus labores en dicha materia, hacer un seguimiento puntual de sus fallos o bien entender de forma general sus formas de razonamiento, simple y sencillamente responde a un intento por aproximarse a importantes temas que ameritan una reflexión no solo respecto a cómo nos enteramos e informamos sobre lo que pasa en el ámbito jurídico sino también y, sobre todo, en relación al papel que está teniendo el máximo tribunal del país en torno a uno de los muchos aspectos que implica la salvaguarda y garantía de los derechos fundamentales bajo los esquemas que postula el actual modelo de democracia constitucional.

Amparo directo 18/2015. Sobre la reparación del daño mediante indemnización, con motivo del contagio del VIH/SIDA

Ejerciendo su facultad de atracción, la Segunda Sala conoció de un grave caso de negligencia por parte de servidores públicos del Centro Médico Nacional en el que debido a diversos descuidos en materia de trasfusión de sangre un menor de edad contrajo la infección de VIH/SIDA. Los hechos relatados en la sentencia resultan lamentables y dejan en evidencia la urgencia por elevar la calidad de los servicios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud. La revictimización resulta una nota común al momento en que los familiares de la víctima enfrentan los procesos para intentar reparar el daño causado por parte del Estado. En ese sentido, la sentencia se enfoca en contemplar a la reparación por vía de indemnización como una de las maneras más adecuadas para solventar lo sucedido, pero no ejerciendo o cuantificando la misma de forma mecánica, o parámetros exclusivamente objetivos (como lo había realizado el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa), sino debiéndose de acoplarse de forma directa a la afectación que la persona y sus familiares sufrieron. En definitiva, un criterio sensato y conforme a estándares de derechos humanos que condena al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a pagar la responsabilidad patrimonial del Estado por concepto de daño personal y moral atendiendo a las circunstancias específicas del grave caso ocurrido. Llama la atención, solo el declarar infundado la solicitud en la demanda para que el tratamiento médico del afectado sea prestado de manera subrogada (o sea en un hospital que no perteneciera al IMSS). Esto, aunque controversial por los inconvenientes que significaría el proceso de reencuentro de la víctima ante dicha institución, encuentra justificación, bajo una óptica integral, entendiendo que el Estado necesariamente tienen que encontrar soluciones de fondo a estos problemas, haciéndolos compatibles con las finalidades del régimen de responsabilidad patrimonial.

Amparo directo en revisión 6043/2016. Pensión por viudez sin distinción de género

En 2015, un hombre cuya esposa falleció después de haber trabajado durante varios años en el IMSS, promovió́ un juicio en materia  laboral para exigir el otorgamiento de una pensión por viudez. La Junta que conoció́ del asunto, emitió el laudo correspondiente en el que declaró como legítimo beneficiario al cónyuge, sin embargo, también determinó que el pago de la pensión por parte del IMSS solo sería factible cuando aquel demostrara su incapacitad absoluta y que dependía económicamente de su esposa fallecida, lo cual no pudo ser demostrado. Al inconformarse y solicitar amparo de la justicia federal, de nueva cuenta se le vuelven a negar sus pretensiones y el asunto es conocido por la Segunda Sala en revisión. La cual sentencia que la distinción establecida mediante la normatividad aplicable (es decir Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social), no resultó fundada en algún criterio objetivo que justifique la distinción en el trato entre hombres y mujeres; esto contraviene el principio de igualdad pues se hace una discriminación fundada en el género, exigiendo el cumplimiento de más requisitos de forma injustificada para casos específicos. Así, la presente sentencia viene a constituirse como garantía del principio de igualdad entendido como propulsor de situaciones jurídicas diferenciadas, para las que su establecimiento se encuentra exclusivamente condicionado a que se presenten elementos objetivos que justifiquen su existencia. El razonamiento desplegado por este proyecto viene a confirmar que la consistencia y congruencia de la Segunda Sala en relación con otros precedentes aplicables a problemáticas similares. Da gusto, saber que, por lo menos en estos temas específicos, pero de crucial importancia el máximo tribunal viene marcando una pauta (y corrigiendo otras a diferentes autoridades) respecto y siendo consecuentes con sus anteriores resoluciones.

Contradicción de tesis 422/2016. Carga probatoria a trabajadora despedida a causa de su embarazo depende del patrón

A partir de una posible contradicción de tesis entre los criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados de Circuito, la Segunda Sala dirimió la controversia a partir de dos asuntos similares en los que una trabajadora fue despedida de manera discriminatoria, aludiendo su situación de embarazo o periodo de licencia post natal. Al denunciar los hechos ante la justicia aboral, quedó constancia que la empresa ofreció de buena fe trabajo a la involucrada, por lo que la carga de probar el despido injustificado le correspondió a ella. Así, invocando el artículo primer constitucional, el máximo tribunal estableció que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana, por lo que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de evitar cualquier clase de discriminación. En ese sentido, se sentenció que la condición física y social en que se encuentra la trabajadora embarazada la coloca en una situación de vulnerabilidad, por lo que la tutela de la trabajadora embarazada llega al extremo de constituir lo que se denomina como un “fuero maternal” o de “estabilidad reformada”, que exige una mayor y particular protección del Estado. De modo que cualquier decisión que se tome desconociendo esta protección indebidamente, constituirá un claro ejemplo de discriminación por razón de sexo. El caso resulta interesante en el sentido que la jurisprudencia final de la Segunda Sala afirma que dicho tema en concreto obliga a aplicar la herramienta de perspectiva de género, la cual “implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular”. Sin duda, la resolución marca un interesante precedente en materia laboral pero cuando se pensaría que la perspectiva de género debe ser aplicada de manera invariable, el mismo fallo levanta sospechas sobre cuándo un tema debe o no ser abordado bajo dicha óptica.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 Vid. CARR, Nicholas, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Taurus, Madrid, 2011,  p. 22, 240 y 241.

2 Vid. CÁRCOVA, Carlos María, La opacidad del derecho, Trotta, Madrid, 1998, p. 28.

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En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 se presentó Filosofía del Derecho y transformación social (Trotta, 2017). El nuevo libro del profesor Manuel Atienza, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante y uno de los principales teóricos de la argumentación jurídica en el mundo latino.

La relevancia de su última obra radica en haber generado una reflexión dual en torno al derecho, tanto en la forma de interpretar como aplicar el mismo. Pero, sobre todo, respecto a concebir al saber jurídico como una herramienta de incidencia en sociedad.

Aprovechando su visita a México se tuvo la oportunidad de charlar con él para desarrollar algunos postulados que encierra esta obra suya. A continuación se destacan las principales ideas del diálogo entablado.

Juan Jesús Garza Onofre (JJGO). Es conocida la frase de Marx sobre Feuerbach en relación a que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; cuando de lo que se trata es de transformarlo. Después de leer y aproximarse a los diferentes temas que planteas en tu nuevo libro es posible vislumbrar que, en línea con Marx, piensas que la interpretación como la transformación tienen que ir unidas pues, como tú mismo escribes, “pretender transformar sin haber entendido es un disparate”. De hecho, mencionas que esta obra puede entenderse como un complemento al Curso de Argumentación Jurídica que publicaste hace algunos años, ¿por qué?, es decir, ¿de dónde surge la idea de escribir algo que tienda puentes entre la filosofía del Derecho y el cambio social?

Manuel Atienza (MA):En contra de lo que algunos han pensado, la argumentación jurídica me parece que no es un sustituto de la filosofía del Derecho. Como lo expuse en el “Curso”, en relación con la argumentación jurídica puede distinguirse una parte general (destinada a elaborar el concepto de argumentación) y una especial (en la que se trata de contestar a estas tres preguntas: cómo analizar una argumentación, cómo evaluarla, cómo argumentar). Pero todo ello presupone una base iusfilosófica.

De manera que, después de llevar a cabo una recapitulación sistemática de mucho de lo que había ido trabajando en los años anteriores (lo que hice en el “Curso”), ahora, en este libro, lo que he tratado es de elaborar la concepción del derecho que estaría en el trasfondo de la argumentación jurídica (y no solo). Porque me parece que hay un serio riesgo de que perdamos de vista la necesidad de contar con una filosofía del derecho propiamente dicha. La argumentación jurídica es, en parte, filosofía del derecho, pero no es toda la filosofía del derecho. Por ejemplo, y ahora te hablo desde el punto de vista de un docente, yo creo que no hay nada más formativo para un estudiante, para un estudiante de derecho, que la historia de la filosofía del derecho, o sea, de las grandes ideas que los filósofos y los juristas han construido sobre qué es el derecho, cuáles son sus límites, cómo debería ser, si está justificado o no obedecerlo, etcétera; que los estudiantes sean capaces de enfrentarse con las obras de los clásicos, o con fragmentos de las mismas, que puedan entenderlas, yo creo que eso es fundamental. Volviendo a mi libro, los temas que ahí trato son, entre otros, el del post-positivismo en cuanto concepción más adecuada del derecho en el Estado constitucional, el de la posibilidad de construir una filosofía del derecho regional, el del objetivismo moral, el de la deontología de las profesiones jurídicas y, sobre todo, el de la conexión entre la filosofía del derecho y la transformación social, que es lo que enlaza con la famosa tesis XI sobre Feuerbach de Marx, a la que tú te referías.

JJGO: Terminas tu trabajo citando a Marcuse y llamando la atención sobre las graves desigualdades y problemas de organización social que afectan a todo el mundo. En ese sentido, utilizo una cita endosada a este mismo autor que menciona que “cuanto más importante sea el intelectual, más compasivo será con los gobernantes” para preguntarte así, ¿cuál piensas que debería ser el rol de los intelectuales en la contemporaneidad, en concreto de los filósofos, y de los filósofos del derecho?

MA: Quizás lo de la compasión tenga que ver con el problema de descubrir dónde radica verdaderamente el poder. Pudiera ser que la dimensión más importante de poder en nuestras sociedades no dependa ya tanto de los políticos profesionales, sino que radique en otros lados, en los poderes financieros, por ejemplo, que son poderes privados. Y si fuera así, entonces cabría pensar que la crítica que usualmente se dirige a los políticos profesionales está, por así decirlo, un tanto desencaminada. O sea, es posible que los “gobernantes” merezcan nuestra compasión si nos damos cuenta de que, realmente, lo que ellos pueden hacer es bastante limitado. O, dicho de otra manera, uno tiene que hacer una crítica a los políticos poniéndose en su lugar, no en términos puramente abstractos, sin considerar cómo es el mundo. Y ya sabes que la idea de compasión tiene mucho que ver con la capacidad para ponerse en el lugar de otro.

JJGO: En una parte de tu libro hablas de la socialdemocracia, del liberalismo igualitario, como el modelo filosófico-político que puede ser el más adecuado para satisfacer las necesidades básicas de las personas y garantizar sus derechos. Sin embargo, me parece que dicho proyecto solo podría desplegarse bajo algún gobierno de izquierda, y por lo que vemos parecería que actualmente esta ideología no se encuentra en su mejor momento a nivel global. ¿Qué opinas al respecto?

MA: Por supuesto que ese es un proyecto de izquierda. Las señas de identidad de la izquierda no pueden ser otras que los valores de la igualdad y la solidaridad. El problema es que ahora hay una presunta izquierda, por ejemplo en España, que parece querer sustituir eso por los llamados “valores identitarios”. Yo creo que es un terrible error.

Yo prefiero hablar de socialismo democrático, aunque ya sé que en América, sobre todo en Estados Unidos, la palabra ‘socialismo’ asusta porque la gente lo asocia a concepciones totalitarias. Pero no es así, o no tiene por qué ser así. Y te aclaro que lo que estoy proponiendo no tiene nada que ver con proyectos como el “socialismo bolivariano” de Venezuela, por el que no siento la menor simpatía, ni la he sentido nunca. De lo que se trata es de lograr la emancipación humana, la igualdad de la gente por lo que se refiere a la satisfacción de sus necesidades básicas, porque esa es una condición sin la cual no cabe que cada individuo pueda desarrollar un plan de vida razonable, que pueda gozar de una verdadera libertad. Y se trata de hacerlo mediante procedimientos democráticos. ¿Que esto es difícil? Por supuesto. Yo creo que vivimos en un momento particularmente complejo, en el que el neoliberalismo y el individualismo más feroz se han convertido en la ideología hegemónica, que está presente hasta en la manera de hablar; nos lo hemos tragado, y en muchos casos, sin ser para nada conscientes de  ello. Un buen ejemplo de esto último es el Plan Bolonia en las Universidades españolas que está contribuyendo de manera decisiva a degradar la universidad. A mí me asombra que no hubiera ni un solo rector que se diera cuenta de lo que estaban aprobando, cuando tomaron la decisión hace años. Pero nadie parece tener mucho interés por examinar críticamente lo que son nuestros planes de estudio (yo he vivido varios a lo largo de mi carrera y sin exageración puedo decir que cada nuevo plan, en las facultades de derecho, fue peor que el anterior) el vergonzoso procedimiento de selección y promoción del profesorado y muchísimas otras cosas.

En fin, hay muchas razones para sentirse pesimista. Pero, por otro lado, me parece incuestionable que el único proyecto político que merece la pena es el del socialismo democrático. O sea, que uno tendría que luchar por esos valores aunque al mismo tiempo sea muy consciente de lo improbable que resulta el que vayan a ser puestos en práctica, al menos en un corto plazo.

JJGO: Bobbio al revisar la obra que Mario Cattaneo hizo sobre el positivismo jurídico se preguntó si ¿es siempre verdad que el tres es el número filosófico por excelencia? Pues al igual que él mismo y que Hart, todos utilizaron una triple categorización para abordar sus concepciones.

Al parecer tú has multiplicado y aumentado dicho número, pues, me parece, eres más de decálogos…  De hecho terminas el libro con diez ideas que pueden resumir, en mayor o menor medida tus ideas sobre la iusfilosofía y la transformación social, ¿qué puedes decir al respecto?

MA: Pues que es cierto que las clasificaciones en tres miembros han sido muy frecuentes en la filosofía o en la teología; pensemos por ejemplo en la trinidad. He visto también que en la tradición retórica, en la división, se aconsejaba distinguir solo tres o cuatro partes por razones, digamos, pragmáticas y que tienen que ver con una cultura de tipo oral: si el orador divide su discurso en muchas partes, corre el riesgo de que el auditorio no pueda seguirle, porque no retendrá en su memoria todas esas partes. Y recuerdo haberle escuchado alguna vez a Fernando Savater decir que estaba harto de que todas las clasificaciones fueran de tres miembros, y que por eso él se las apañaba para que las que él hacía no fueran así. Habría que revisar sus escritos, para comprobar si fue consecuente con ello. Para mí, lo del decálogo es una especie de manía, de broma al lector, pero que se me ha vuelto funcional. Las clasificaciones tienen siempre algo de arbitrarias y, por lo tanto, uno puede convertirlas en decálogos si se empeña en ello. Y a mí me hace gracia, porque, por un lado, refuerza mi idea de que la filosofía del Derecho tiene que tener necesariamente una dimensión normativa (y, en nuestra cultura eso va vinculado a los diez mandamientos) y, por otro lado, eso se vincula también con el sistema métrico decimal, que es una muestra de racionalismo, impuesto a partir de la revolución francesa.

JJGO: Parecería, precisamente, que en ese decálogo, realizas una defensa del activismo judicial aduciendo que, aunque dependerá de cada caso en concreto, de su contexto y demás circunstancias específicas, lo prefieres antes que al formalismo.

MA: Lo que trato de defender exactamente es que el juez no debe ser activista sino activo (activo en la defensa de los derechos fundamentales), aunque creo que hay cierto problema en relación a la manera cómo usamos la palabra ‘activismo’ o ‘activista’ referido a los jueces: es posible que no tengan exactamente el mismo significado en Europa y en Latinoamérica. Para nosotros, para mí, ‘activismo’ tiene una connotación peyorativa: un juez activista es un juez que no respeta los límites del Derecho y, por ello, un juez que actúa mal, que no cumple con las reglas del juego. Y el otro extremo que debe evitar el juez es el del formalismo. Pero yo creo que últimamente existe una preocupación excesiva, casi una obsesión, por combatir el activismo, cuando el problema fundamental de nuestras  culturas, las del mundo latino, no está ahí, sino más bien en la necesidad de superar el formalismo. O sea, creo que nuestros jueces pecan mucho más de formalismo que de activismo. Y esto es algo que no conviene perder de vista.

A mí me pareció que la contraposición entre ‘activo’ y ‘activista’ podía ayudar a aclarar las cosas. El juez activo es aquel que acepta los límites del derecho, pero que es también consciente de que los derechos del Estado constitucional son suficientemente complejos como para poner a su disposición muchos recursos, muchas técnicas, que le permiten, casi siempre, encontrar una solución correcta, una solución conforme con los valores del constitucionalismo. Ese, yo creo,  es el gran desafío al que se enfrentan los jueces y los juristas: contribuir a que el derecho pueda ser una práctica que contribuya a la emancipación social.

JJGO: En México, y sospecho que también en Latinoamérica y otras partes del mundo, existe, por llamarla de algún modo, una especie de “legislatosis”, es decir un animoso padecimiento tan desaforado como inconsciente en creer que la mera producción normativa genera cambios sociales de manera inmediata. Esto, en los últimos tiempos, se puede complementar y entender con la preponderancia que ha tenido en distintos contextos el uso simbólico del derecho, dejando de lado eficacia de las normas y, peor aun, también de las sentencias y, por ende, de la garantía de los derechos.

MA: Sí. Yo no estoy completamente en contra del uso simbólico del derecho; creo que, en ciertos casos, puede desempeñar una función positiva y, además, me parece que es algo inevitable. El problema es que todo, o casi todo, se quede en uso simbólico y el derecho, los cambios legislativos o jurisdiccionales, no sean más que ideología. Hay muchos ejemplos de ello; lo más fácil en relación con el terrible problema de la violencia contra la mujer es endurecer el código penal, pero yo creo que es bastante evidente que eso no es lo más eficaz; no podemos prescindir del derecho penal, pero tendríamos que implementar otras medidas en las que también juega un papel importante el derecho. Pero para el político de turno es lo más simple y lo más productivo (electoralmente hablando); por eso, en todas partes, cualquiera que sea la orientación política del gobierno, a lo que estamos asistiendo es a un progresivo endurecimiento de las sanciones penales. Justamente lo contrario del derecho penal mínimo que tanto se han esforzado por promover autores como Ferrajoli.

Yo creo que en culturas como las nuestras, las del mundo latino, es muy importante insistir en esto, porque somos muy propensos al simbolismo y a la anomia. Hay, por ello, que poner poner mucho el acento en la eficacia del derecho y preguntarse constantemente qué efectos tienen las decisiones de los jueces, los cambios legislativos, etc. Para discutir a fondo el problema del activismo judicial, necesitamos saber con alguna precisión qué efectos han tenido (a corto, a medio y a largo plazo) las decisiones a las que solemos calificar así. Pero el problema es que la teoría del derecho (al igual que las dogmáticas jurídicas) se ha construido bastante de espaldas al saber empírico, a la sociología del derecho. Tenemos una verdadera necesidad de contar con una buena sociología jurídica, lo que tampoco es tan fácil de lograr; porque lo que necesitamos, yo creo, no son concepciones muy abstractas como la de Luhmann (aunque puedan –a pesar de su carácter tan conservador- ayudarnos a entender algunas facetas de interés para el jurista), ni tampoco investigaciones empíricas puramente banales y que vienen a decirle al jurista lo que él ya sabía a través de su experiencia; la clave estaría en estudios de un grado medio de abstracción y que se centraran en cuestiones relevantes para la práctica jurídica y para la teoría del derecho lo que, por cierto, no creo que pueda llevar a cabo un sociólogo que no tenga una buena formación jurídica.

JJGO: ¿Te parece que este libro en concreto es uno de los más sociológicos que has escrito?

MA: Es un libro de filosofía del derecho que reivindica la posibilidad, la necesidad, de que ésta tome en cuenta la sociología del derecho. Naturalmente, se puede ser las dos cosas, sociólogo y filósofo del derecho, pero es difícil y, desde luego, no es mi caso. Yo soy filósofo del derecho, pero creo que la buena filosofía del derecho tiene que integrar elementos de carácter sociológico. Este libro es un intento de ello, aunque se mueva en un plano general.

JJGO: Pero entras a estudiar temas concretos y clásicos para la sociología jurídica como las profesiones jurídicas y el rol de los operadores del derecho.

MA:Claro. Hay que hacerlo, porque si uno se plantea en serio transformar la sociedad a través del derecho, para ello habrá que contar con los juristas. Habrá que conocer algo sobre los operadores jurídicos: quiénes son los jueces, los abogados, los fiscales, qué se puede esperar de ellos, etcétera.

JJGO: Después de este libro, que en gran medida refleja las ideas que has trabajado durante los últimos años, ¿qué sigue?, ¿tienes en mente algo para escribir próximamente?

MA: En los últimos meses, después de haber terminado ese libro, he escrito una serie de trabajos breves, muchos de los cuales, podría decirse, de encargo, aunque no por ello carentes de interés para mí. Por ejemplo, aquí en Guadalajara he participado en una mesa redonda sobre Mariano Otero; un autor al que no conocía, pero de extraordinario interés: nada menos que un precursor del constitucionalismo contemporáneo a mitad del XIX. A más largo plazo, tengo el propósito de volver al tema de los derechos humanos. Precisamente, en uno de esos trabajos breves he planteado algo así como el programa de trabajo que pienso seguir; y que, naturalmente, tiene 10 puntos.

Manuel Atienza. Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante y uno de los principales teóricos de la argumentación jurídica en el mundo latino.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre

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La modernidad ha venido a transformar por completo las maneras cómo nos organizamos en sociedad. Al momento en que se enlazan relaciones distantes y se expanden y transparentan los alcances del ejercicio del poder, nuestro entorno experimenta un proceso dinámico que al día de hoy resulta inacabado y que, en definitiva, tendrá consecuencias que resultan impredecibles.

Caracterizada por la interdependencia1 y la voraz expansión de las nuevas tecnologías de la información, la globalización ha fomentado la desintegración y la fusión de realidades que, en lo que respecta al derecho y al sistema de justicia, ha desembocado en la adecuación de las estructuras normativas de las diferentes tradiciones jurídicas a los fenómenos emergentes y en la integración cada vez mayor de los gobierno al foro público por medio de un complejo entramado comunicacional.

Las redes sociales como vehículo para la interacción inmediata, la difusión de información masificada, y la vinculación entre desconocidos, despliegan condiciones para promover la transversalización de las relaciones de poder. Como consecuencia de dichas transformaciones, las autoridades y los servidores públicos, de forma ineludible, se encuentran proclives a que su rol en el campo jurídico-político se vea trastocado por las complejas implicaciones que plantean estos procesos en la actualidad.

En ese sentido, hace unos días se difundió una singular sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora, en la que se conjugan diversos temas de los que se abordan en el presente artículo. A través de un amparo indirecto, el caso en cuestión garantiza el derecho al acceso a la información a un ciudadano (@raczoblue) que fue bloqueado en Twitter por el presidente municipal de Nogales (@temogalindo).

De entrada, el tema parecerá menor o tal vez una cuestión trivial sobre la naturaleza de dicha red social. Sin embargo, las implicaciones específicas que se desprenden de la sentencia para los servidores públicos que hacen uso oficial de estos medios electrónicos para comunicar sus actividades, resultan de crucial relevancia para comprender la naturaleza de sus actividades dentro de los márgenes que postulan los actuales procesos de representación política.

A grandes rasgos, el quejoso o “tuitero”, que fue bloqueado por el alcalde de Nogales, alegando vulneraciones al derecho a la libertad de información, libertad de expresión, discriminación y el acceso a los medios de comunicación, refiere en su demanda que los servidores públicos no deben privar a sus gobernados de forma unilateral de lo que, como tales, informan en sus redes sociales.

Precisamente ahí radica una de las principales cuestiones sobre los que se erigió el sentido del fallo, en la distinción que emana de emitir información desde una cuenta oficial y la susceptibilidad de si lo que ahí se publica puede ser considerado como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Y es que la defensa del presidente municipal de Nogales radicó en que su cuenta de Twitter es de carácter personal (que, incluso, la abrió antes de ostentar el cargo público que ejerce), por lo que no es posible demostrar una relación de supra-subordinación con el quejoso en el uso de aquélla, además de que al existir otros medios oficiales a través de los cuales puede acceder a la información pública gubernamental, se pueden solventar los derechos vulnerados.

En sentido contrario, el juzgador alegó que debido al interés público que documenta en la cuenta de la red social en cuestión, a través de las publicaciones que realiza, es posible distinguir una serie de actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto desempeñado. Y, por tanto, es sujeto obligado en cuanto se refiere a difundir información de interés público.

La clara y tajante distinción entre el ámbito público y el privado, me resulta difícil de solventar, por lo menos de una manera tan rápida e irreflexiva. Porque aunque, en la misma sentencia se pueda interpretar que lo concluyente para conceder el amparo fue la naturaleza de la información publicada por el alcalde en su cuenta de Twitter, lo cierto es que este tipo de distinciones destellan una forma ingenua de ejercicio profesional donde solo importará conocer y ceñirse a las reglar que se necesiten aplicar para las cuestiones públicas que se presenten en el día a día, de manera automática, sin entrar a su valoración personal o privada, ni mucho menos realizando algún tipo de consideración crítica respecto a aquellas.

Porque en caso de que se siga esta lógica, al momento en que las autoridades públicas ejercen sus labores, estos aceptan y comparten de forma implícita una determinada concepción moral que, supuestamente, les permite apartar su ámbito personal del profesional, para ser uno de los pocos y excéntricos trabajos en el que ser buen profesionista no necesariamente implica ser buena persona.

Imaginemos entonces que un funcionario público en su cuenta personal pueda discriminar, bloquear usuarios que lo cuestionen, e incluso crear todo un personaje, un alter ego erigido a la medida de las necesidades requeridas. Esta ambivalencia, fundada en la distinción, a todas luces resulta peligrosa, en el sentido de que, a veces, el solo hecho de no violar normas positivas no significa que ya se estén cumpliendo normas morales.

Ahora bien, respecto al concepto de acto de autoridad parece cuestionable la manera en la que el juzgador utiliza su razonamiento para dar cumplimiento a los supuestos requeridos para acreditar el mismo. Sobre todo en relación a la forma en cómo relaciona el bloqueo en la red social con la modificación o extinción de la esfera legal del particular.

Si una vez que el tema de la relación de supra-subordinación queda solventado al depender del contenido material de la información difundida en la cuenta de Twitter, el juez antes que echar mano de diversas tesis y criterios para acreditar el acto de autoridad, debería haber hecho explícita su predilección por ejecutar una interpretación pro persona de qué es lo que debe entenderse por este, antes que esperar el muy probable recurso de revisión por parte de la autoridad y probablemente se busque acotar el concepto en cuestión.

Es importante celebrar y difundir la creatividad y el atrevimiento de los litigantes que utilizan el derecho a la par del activismo y la estrategia como maneras de propulsar la transformación social pero siempre siendo conscientes que ningún derecho es absoluto y contemplando el amparo como un medio de control constitucional cuya mera interposición puede resultar contraproducente en ocasiones futuras, si este no se aborda desde una óptica integral y en constante diálogo y congruencia entre las autoridades jurisdiccionales involucradas.

Si bien es cierto que el fallo en análisis es un avance para la protección de los derechos en la era digital y para reconfigurar las relaciones que generamos entre gobernantes y gobernados, también lo es que la sentencia lejos de estar exenta de controversias, deja varios interrogantes abiertas no solo respecto a la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos sino también sobre el cumplimiento de la misma.

Queda claro que por la intempestiva emergencia de estos fenómenos, las soluciones que propone el derecho suelen llegar a destiempo y, por lo general, también ser inadecuadas. La escasa regulación normativa requerida por las interacciones que se dan en redes sociales y los derechos en juego, si bien resulta necesaria en aras de contener las posteriores consecuencias jurídicas, para nada viene a significar que de buenas a primera los jueces son los encargados de solventarlas para, finalmente, aceptar su papel creador en el derecho.

El mensaje de estos casos es contundente: las cosas que hacemos en la red importan (precisamente, el ejercicio transversal del poder tiene potencialidades por eso, por las consecuencias y responsabilidades que se pueden atribuir), importan tanto que los abogados, jueces, legisladores y, en general, los operadores jurídicos, deberían tener más cuidado cuando se presenten este tipo de cuestiones.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 Para William Twining, la interdependencia es, de manera extensa, una función de la proximidad o la cercanía: la proximidad puede ser espacial (contigüidad geográfica), colonial, militar, financiera, lingüística, religiosa, histórica o jurídica; y en ese sentido, dicha interdependencia es una cuestión relativa, pues una gran proporción de los procesos denominados como “globales” operan en niveles sub-globales más limitados. Para mayor abundamiento en el tema vid. Twining, William, “Implicaciones de la globalización para el derecho como disciplina”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Departamento de Filosofía del derecho de la Universidad de Granada, Vol. 44, 2010, pp. 345 y 346.

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El día de ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la validez de diversas disposiciones de la Constitución de Jalisco y del Código Electoral y de Participación Social de dicha entidad federativa;1 el conjunto de reformas políticas agrupadas y popularmente conocidas bajo el rubro de #SinVotoNoHayDinero.

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Impugnada por los partidos políticos Nueva Alianza, Verde Ecologista y Morena, a través de las acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, el ahora fallido proyecto propuesto por el ministro Jorge Pardo Rebolledo giraba, preponderantemente, en torno a la idea de inequidad en la distribución de recursos entre partidos políticos nacionales y estatales (no hay que olvidar que estos actores políticos reciben sus ingresos a partir de un sistema dualista, diferenciado a partir de su registro).

Así, cuando las reformas lideradas por el diputado independiente Pedro Kumamoto pretendían reducir los gastos electorales —a partir de la modificación de la fórmula con la que se destinan los recursos estatales en Jalisco para los partidos políticos con registro nacional—, lo proyectado por Pardo declaraba la inconstitucionalidad de la propuesta, pues a su entender el nuevo modelo no resultaba acorde con la Constitución federal ni con la Ley General de Partidos Políticos.

Respecto a la fórmula en cuestión, es pertinente mencionar que antes de la reforma el monto total del financiamiento partidista en Jalisco se obtenía al multiplicar el número de personas inscritas anualmente cada julio en el padrón electoral local por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo así el presupuesto distribuido entre todos los partidos políticos involucrados, sin importar el origen de su registro. Partiendo de bases distintas, #SinVotoNoHayDinero prevé modificaciones en la fórmula de asignación de recursos a partidos con registro nacional a partir de dos premisas: por un lado, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local por el 20% de la UMA en años no electorales y, por el otro, el número total de votos válidos obtenidos en la elección previa por el 65% de la UMA en año electoral.

En virtud del establecimiento de bases que atentan y distorsionan un modelo tendiente a generar equidad entre los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales (que mantengan su acreditación en la entidad federativa en cuestión para la realización de actividades ordinarias), según el ministro ponente, mediante #SinVotoNoHayDinero lo que se buscaba era únicamente reducir el financiamiento de los partidos políticos nacionales, sin que exista justificación clara para generar tal diferencia, causando un efecto desigual entre los partidos políticos dependiendo del nivel de gobierno al que se encuentren adscritos.

Si bien las entidades federativas gozan de libertad para configurar el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales, lo cierto es que esto debe ser acorde con las bases constitucionales y federales en juego. Así, la propuesta del ministro Pardo concluye planteando que la reforma de Kumamoto en Jalisco, por imprecisa, en realidad no reduce el gasto público, sino que lo incrementa al crear “bolsas” separadas para partidos nacionales y locales.

La votación final sobre este asunto en concreto fue de siete votos contra la invalidez, propuesta de Pardo, es decir, siete ministros defendieron la constitucionalidad de #SinVotoNoHayDinero, frente a una minoría de cuatro (Pardo, Aguilar, Luna y Piña).

Bajo ese orden de ideas, resulta un tanto contradictorio que los argumentos esgrimidos por la mayoría se focalizaran en el tema de la libertad configurativa de las entidades federativas. Debate añejo, pero constantemente resucitado y renovado que devela una de las mayores obsesiones que, en mayor o menor medida, tanto esta integración de la SCJN como otras anteriores, han venido construyendo no solo en torno al entendimiento del federalismo sino también respecto a los usos y abusos de sus propios precedentes.

Y es que parecería que la aplicabilidad y vinculatoriedad de las decisiones previas del máximo tribunal obedecen a una disparatada lógica contextual, quedando, muchas veces, completamente al arbitrio de los ánimos e intereses de los juzgadores en turno. El problema, por supuesto, no reside en que la Suprema Corte no pueda cambiar de criterio. Nada más errado. No obstante, lo que preocupa es que se cambie tan esporádica y radicalmente de posturas, ignorando muchos de sus precedentes y provocando una absoluta indeterminación respecto a las resoluciones en juego.

Que todo cambie para que todo siga igual. El gatopardismo nunca pasa de moda, parecería que en casos recientes la SCJN ha asumido de forma vehemente su rol como actor político, antes que como garante y generador de certeza jurídica y congruencia institucionales por medio de sus decisiones.

Cuando a mediados del siglo pasado los realistas norteamericanos entendían al derecho como un conjunto de predicciones respecto al trabajo de los jueces, promoviendo entre los abogados una especie de actividad profética, no imaginaron los niveles de volubilidad e indefinición que alcanzarían las labores jurisdiccionales hoy en día.

En ese sentido, el acceso a la justicia, la popularmente afamada #JusticiaAbierta, no solo radica en escribir sentencias cortas y evitar el uso de lenguaje rimbombante, estrafalario y dominguero, tampoco en transparentar y fomentar la interacción de nuestros juzgadores en redes sociales, mucho menos en televisar o transmitir por Internet sus deliberaciones. El aspecto sustantivo de una verdadera posibilidad de alcanzar la justiciablidad efectiva de los derechos conlleva una gran responsabilidad en cada decisión, implicando una coherencia dialógica entre sus titulares y provocando un andamiaje institucional sólido que resista no solo el mínimo examen de estabilidad sino también contextos y escenarios distintos. La discusión implica reflexión y la toma de decisiones una sólida fundamentación. Para nada se propone una apología de la tradición, simplemente se pretende fomentar la construcción de puentes que permitan visualizar un destino cierto.

De ahí entonces que resulta llamativo que, a pesar del gran interés en el tema, el proyecto de Pardo nunca se divulgó, ni se ventiló de forma pública hasta el momento de su discusión en sede jurisdiccional. De hecho, extrañamente, fue gracias a un conocido medio de información nacional en donde desde hace dos días se adelantaron algunas de las líneas argumentativas del sentido en el que serían proyectados los preceptos impugnados.

Si bien es posible criticar las reformas en cuestión por aducir un beneficio exclusivo a los partidos políticos más aventajados, desnivelando así la competencia entre todos los demás participantes, lo cierto es que #SinVotoNoHayDinero no es otra efímera reforma de índole electorera. Es una iniciativa que se ha convertido en un movimiento nacional, que viene a capitalizar el hartazgo social hacia los partidos políticos en México. Hacia esos entes descarados carentes de toda legitimidad que, precisamente, en días recientes abrazaron con gusto la noticia de que recibirán un presupuesto histórico de 6.7 mil millones de pesos para su financiamiento de cara a las elecciones de 2018.

Durante siglos, el derecho se ha enfrascado en una álgida batalla por separar la moral de sus aposentos. Tal vez, ya va siendo tiempo de dejar atrás dicha discusión y analizar las intrincadas relaciones entre esta disciplina y la política.

Estudiar el fallo de forma aislada, en definitiva, puede resultar útil exclusivamente en términos jurídicos. Sin embargo, bajo una visión integral y sobre todo en retrospectiva con otras decisiones, la magnitud del precedente que ayer se erigió devela al máximo tribunal del país como un actor político activo dentro del panorama nacional. Actor, por tanto, que debe asumir sus responsabilidades, dejando de confundir y aparentar criterios políticos con jurídicos.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 A pesar de abordarse otros importantes temas como el de paridad horizontal, en cuanto al estudio de fondo, que se desarrolla a partir del considerando séptimo del proyecto del ministro Pardo, el presente análisis se centrará en el numeral octavo relativo específicamente al financiamiento público de los partidos políticos nacionales.

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De un tiempo para acá, se suele vislumbrar que la abogacía se encuentra en una posición predilecta para favorecer intereses privados, mucho antes que las cuestiones públicas.

Al ser considerada históricamente como la profesión liberal por excelencia, y a propósito de los cambios que en épocas recientes ha sufrido la idea tradicional de Estado-nación, el ejercicio de la abogacía ha tendido a disminuir su carácter social. Y es que los abogados se distinguen por ser parte de un sistema jurídico, cuya organización y funcionamiento está reservado a la voluntad de un gran ente público, que es el Estado. En ese sentido, cuando los propios profesionistas del derecho atentan, ya sea por acción o por omisión, contra la entidad que les permite su participación y dejan de velar por la salud institucional del sistema en aras de lo individual, el ejercicio de la abogacía colisiona con los principios que sustentan a las estructuras político-sociales de una comunidad.

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Si la labor de los abogados se enfoca si, y solo si, en la defensa de los intereses privados, para por esa vía alcanzar el desarrollo profesional y mantener la endeble articulación de un sistema público, entonces, se diluye la noción cardinal de que la abogacía es una actividad estrechamente vinculada a la comunidad en la que se desenvuelve. La cual, de forma irremediable, se ve afectada por los sucesos que, a su vez, influyen en ésta.

Sin embargo, en días pasado, a propósito de las medidas adoptadas por el presidente norteamericano para frenar la entrada de refugiados y ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana a Estados Unidos, es posible distinguir no solo una manera de ejercer socialmente la abogacía sino, y sobre todo, concebir un perfil de operador jurídico que tiene el interés y la responsabilidad por proteger los derechos garantizados en la constitución y resguardar el estado de derecho.

Desde fiscales que ejercieron sus facultades como parte del sistema para fungir como oposición a las políticas públicas de Trump, pasando por representantes jurídicos de organizaciones civiles quienes interpusieron recursos de habeas corpus alegando la inconstitucionalidad de la detención de personas que tenían todos sus papeles en regla, hasta abogados de grandes firmas y despachos que asistieron voluntariamente a los aeropuertos para asistir a los viajeros que quedaron varados por la prohibición.

Este modelo de abogado que contrasta con el modelo liberal predominante y que, si bien no es socio-culturalmente considerado como paradigmático, descubre tanto las distintas facetas que se pueden ejercer en dicha profesión como también sus importantes potencialidades en sociedad.

Este tipo de profesionista, al que se le puede denominar abogado “activista o promotor”, suele implicarse en causas sociales con el objetivo de develar estructuras desde las que sistemáticamente se vulneran derechos, o bien intenta contravenir determinadas políticas públicas por medio de sus acciones.

Los abogados activistas contemplan sus litigios como “una actividad valorativa y creadora por el hecho de orientar —agitar— en uno u otro sentido el poder coercitivo del derecho; al punto que el abogado puede convertirse en un verdadero “agitador” político que lleva a cabo una guerrilla privada con las armas del derecho.”1 Así, sus acciones vienen a representar un contrapeso a los poderes dominantes en el entorno, a la vez que una manera de activismo social que, al explorar y trabajar alternativas jurídicas, propulsa el sistema en beneficio de personas o grupos que han sufrido injusticias.

Como afirma Charles Epp, en su conocido libro La revolución de los derechos, la paulatina democratización del acceso a la justicia no surgió “desde arriba” sino “desde abajo”, no fue el activismo judicial el principal motor del cambio, sino distintos fenómenos que manifiestan la existencia de actores y colectivos que han apoyado diversas causas de índole social y así ofrecen una posibilidad para aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para sostener una demanda.2 Bajo dicha lógica, son precisamente este tipo de abogados quienes ejecutan un rol crucial en sociedad, pues, entre otras muchas funciones, se encargan de defender los derechos de los demandantes en los juzgados, planean la estrategia jurídica a seguir y proporcionan gran parte de la información a sus representados.3

Visto así, las decisiones de los abogados resultan tan significativas como las de los jueces, ya que, en gran medida, de ellos dependerá el traslado de intereses privados hacia el terreno de lo público, pues buenas demandas generan buenas sentencias. Peticiones relevantes provocan fallos relevantes.

Así, antes que enaltecer unidimensionalmente de forma obnubilada a valerosos jueces independientes que garantizan los derechos de cualquier persona, no hay que olvidar que detrás de estos operadores se encuentra un gran número de abogados que trasladan pretensiones sociales al terreno jurisdiccional, para posibilitar la funcionabilidad del sistema y, después, revertir condiciones adversas.

Los abogados comprometidos con una forma distinta de pensar y ejercer la profesión, nunca despliegan sus actividades descontextualizadas del sistema político, ni tampoco anteponen intereses privados a cuestiones públicas.

Algo que Trump debería tener más en cuenta es que en un Estado contemporáneo, configurado a través de un modelo de democracia constitucional, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la ley… Y en caso de que el mandatario lo ignore, siempre habrá abogados dispuestos a recordárselo.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


1 Trazegnies, G., Fernando de, “El rol político del abogado litigante”, en Revista Derecho PUCP, Pontificia Universidad Católica de Perú – Facultad de Derecho, No. 32, 1974, p. 273.

2 Vid. EPP, Charles, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, University of Chicago Press, Chicago, 1998.

3 Ibíd., pp. 5 y 20.

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Imaginemos un juego de fútbol sin porterías, o una carrera de coches sin meta. Supuestos, a todas luces, extraños, un tanto absurdos, por desmerecer el sentido y la esencia de tales fenómenos. En el primer caso, al momento en que los futbolistas se enfrenten entre sí, sin tener noción alguna de los criterios para triunfar o perder en la contienda, estos quedarán al absoluto arbitrio de sus voluntades para valorar sus actuaciones. En la segunda hipótesis, cuando los vehículos en disputa no pueden distinguir el final del trayecto, la competencia deja de ser competencia por su carácter imperecedero. Al carecer de una línea de llegada, quienes manejan los coches están en posibilidad de utilizar cualquier tipo de habilidades con el fin de concluir su actividad.

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Utilizamos este par de ejemplos, a manera de metáforas, para enfatizar la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el actual panorama jurídico-político en México. Si bien en el juego electoral participan distintas autoridades —la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales locales—, el TEPJF es mucho más que un mero árbitro que vigila la aplicación de reglas del juego, mucho más que un órgano que fija parámetros para encauzar el buen desarrollo de determinados procesos.

En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre excepción, el TEPJF no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan el rumbo político de México cada mandato. Por la complejidad de nuestro sistema normativo, el TEPJF tiene la delicada labor de dotar de sentido a un sistema electoral que ahora es federal, local y concurrente. Debe, pues, armonizar y ensamblar las diferentes piezas del andamiaje institucional, para reflejar y proteger las decisiones populares, para garantizar los derechos político-electorales de los involucrados pero, también, para contribuir a la consolidación democrática de nuestra cultura jurídica.

En días pasados, la SCJN envió al Senado de la República siete ternas para integrar el órgano que está encargado de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de prácticamente todas las elecciones federales y locales de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la Sala Superior del TEPJF.

De 21 personas propuestas, durante las próximas semanas, solo siete serán designados para ocupar el cargo de magistrados electorales. La gran responsabilidad que recae sobre este encargo radica, más allá de fungir como piezas claves en la institucionalización democrática del país, en brindar certeza y confianza a la ciudadanía. Por eso debe garantizarse que las decisiones que emitan los futuros integrantes de Sala Superior no tengan más parámetro que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Por eso es indispensable que los designados no respondan a actores, públicos o privados, que buscan tener una influencia indebida en las elecciones.

Para bien y para mal, al día de hoy el resultado final de una elección no solo depende de las urnas. Pensemos, simplemente, en la posibilidad de anular elecciones, o bien, de decretar un cambio de ganador mediante la anulación de casillas. La importancia de la independencia judicial es directamente proporcional al poder de los jueces, y quizá lo es más en la arena electoral, en ese ámbito donde la política suele diluirse con el derecho.

La designación de los magistrados electorales es importante, además, por la forma en que ha funcionado la justicia electoral durante los últimos años. A lo largo de su actual integración, la Sala Superior ha dictado una serie de sentencias que no sólo resultan cuestionables en términos técnicos, sino que además han tenido el efecto de poner en jaque el funcionamiento de algunas piezas del sistema electoral. Así ha quedado documentado en diversos trabajos académicos, entre los que se encuentran Democracia sin garantes: las autoridades electorales vs. la reforma electoral (2009) y La (in)justicia electoral a examen (2016).

En general, parece que la Sala Superior no ha construido una línea jurisprudencial coherente y acorde con su papel de máxima autoridad en materia electoral. Si bien se puede celebrar el sentido de muchas determinaciones del TEPJF —pensemos, para no ir más lejos, en los asuntos relacionados con la paridad de género— lo cierto es que incluso en algunas de estas sentencias se advierte una falta de claridad y calidad argumentativa. Hace falta, pues, construir una justicia electoral más consistente y cercana la ciudadanía; una justicia electoral que brinde certeza y confianza.

Por eso creemos que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abrir una nueva etapa para la justicia electoral. Por la manera en que fueron conformadas las ternas, parecería que la Suprema Corte apostó por garantizar cierto grado de diversidad. Tendremos, pues, magistradas y magistrados electorales con trayectorias profesionales diversas. Falta, sin embargo, lo más importante: garantizar que a la Sala Superior lleguen perfiles sólidos en lo técnico, independientes en lo político y, sobre todo, con madera de jueces constitucionales.

No es poco lo que está en juego. Las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina y, como muchos han apuntado, muy probablemente sean las más complejas de la historia de la democracia mexicana. Por eso resulta indispensable que, en este contexto, la Sala Superior aporte a la certeza de las elecciones mediante el dictado de sentencias claras, consistentes y socialmente útiles. A nadie le conviene que las elecciones de 2018 se asemejen a un partido sin portería, a una carrera sin meta.

Juan Jesús Garza Onofre. Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales por la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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Probablemente, si a quienes leen estas líneas, se les hace la pregunta de quién es Florence Cassez, la mayoría podrá responder a la misma debido a que desde hace tiempo, el peculiar nombre de esta mujer de origen francés circula diariamente en los medios informativos.

No es casualidad, por tanto, que en los últimos días, la comentocracia mexicana haya decidido escribir o pronunciarse al respecto:[1] el tema de Florence Cassez ha cimbrado fuertemente cada uno de los ámbitos del entorno de nuestro país.

Ahora bien, a quince días de que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo 423/2010, se lanzan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede aportar? ¿Acaso ya está todo está dicho? ¿No debería ser un elemento clave en la discusión pública la información y argumentos vertidos en esta sentencia?

En efecto, más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de los elementos que se han presentado para creer que sea inocente o culpable, más allá de todo lo que se quiera creer y lo que no, vale la pena involucrarse de lleno en el expediente en cuestión[2]. Esto debido a que si bien leer un expediente de 1529 páginas significa casi un acto de fe, el analizar los argumentos de los magistrados involucrados para conocer el por qué se le negó el amparo, nos permite aportar elementos para elevar el nivel de discusión de la opinión pública y coadyuvar a que a las opiniones tengan como sustrato de la información judicial dura: la sentencia.

Por ello, el propósito del presente escrito consiste en ofrecer de manera sucinta y sencilla, los puntos más sobresalientes de la sentencia en cuestión, con especial atención en los argumentos en que se basó la negación de protección de la justicia a Cassez.[3]

Florence Cassez según ella misma

Marie Florence Cassez Crepin, ciudadana francesa, hija de Charlotte y Bernard Cassez, independiente de ellos desde los 16, viviendo hasta los 28 en su país natal (p. 325), llegó a México desde marzo de 2003 invitada por su hermano. Quien desde hace 17 años vive en el país, casado con una persona de nacionalidad mexicana. El primer trabajo de Cassez en México fue en una empresa dedicada a la elaboración de productos de depilación, en julio de 2004 crea su empresa dedicada a la distribución de aparatos de cosmetología (p. 326). Florence conoce a Israel Vallarta Cisneros en agosto de 2004 y para octubre inician una relación de noviazgo. Según él se dedicaba al negocio de compra de flotillas de autos chocados (p. 327); sin embargo, se intuye que también era parte de una banda de secuestradores.

Fechas relevantes del caso de Florence Cassez

  • 4 de octubre de 2005 secuestro de Ezequiel Elizalde Flores; 15 días después, secuestro de Cristina Ríos Valladares y de su hijo Christian Ramírez Ríos.
  • 8 de diciembre de 2005 arresto de Florence Cassez e Israel Vallarta.
  • 9 de diciembre de 2005 transmisión de la detención en vivo por televisión nacional.
  • 25 de abril de 2008 se condena a Florence Cassez a 96 años de prisión por medio de la sentencia emitida por la Juez 5º de Distrito de Procesos Penales Federales.
  • 3 de marzo de 2009 en apelación se reduce la condena de Florence Cassez a 60 años por medio de sentencia del 1º Tribunal Unitario en Materia Penal.
  • 7 de septiembre de 2010 se admite demanda de amparo del 7º Tribunal Colegiado en Materia Penal.
  • 10 de febrero de 2011 negación del amparo en cuestión.
  • 20 de febrero de 2011 se hace pública la sentencia de amparo.

Conceptos de violación que argumenta Florence Cassez

17 diferentes conceptos de violación –es decir, argumentos en contra de las sentencias condenatorias- se desarrollan en la demanda de amparo, estos se exponen en más de cien páginas del expediente (pp. 910 a 1026), destacando los siguientes argumentos:

1º.  Ignorar pruebas que acreditan un actuar ilícito de la parte acusadora:

a.    Cuestionando el hecho de no otorgar valor probatorio a los videos relacionados con la detención de los inculpados y la liberación de los ofendidos aduciendo que la escena de la casa de seguridad fue alterada (p. 1026).

2º.  Violaciones respecto al debido proceso:

a.    Inducción de victimas y parcialidad de las pruebas (p. 1049).

b.    Negación del derecho a una asistencia consular inmediata (p. 1081).

c.    Se aduce tortura (p. 1069) y no ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora (p. 1074).

d.    No existir certeza jurídica sobre la fecha y hora de su detención (p. 1061).

3º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (p. 1102).

4º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en la comisión de delitos de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (p. 1104).

¿Por qué la Justicia no ampara ni protege a Florence Cassez?

El 7º Tribunal Colegiado consideró probados los tres cargos de secuestro, así como los ilícitos de delincuencia organizada y portación y posesión de arma de fuego de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, negándole el amparo de la Justicia de la Unión y teniendo que cumplir una condena de 60 años de prisión. Los principales argumentos de esta decisión son:

1º.   No valorización de los videos relacionados con la detención de los inculpados.

a.    De manera puntual (a partir de la página 1136) se enlistan todos aquellos elementos que fueron tomados en consideración.[4] El acto reclamado se debe de apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de ahí entonces que los videos no fueron tomados en consideración ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa

2º.  Respecto al debido proceso

a.    Una vez que los ofendidos estuvieron en libertad y expuestos a la influencia de las noticias en los medios, no es imputable ni al Ministerio Público ni a los juzgadores, que fueran sometidos a inducción por parte de la autoridad investigadora ni que de lo que se hallan enterado los impulsó a falsear declaraciones (p. 1417).

b.    El Ministerio Público trató de comunicarse a la embajada, lo cual no fue posible, al no obtener respuesta de la citada representación diplomática (p. 1466).

c.    Al momento de la detención de los inculpados, Israel Vallarta menciona que: si no regresaban pronto a su domicilio, corría peligro la vida de los secuestrados, ya que por causas de fuerza mayor (preservar la vida y la integridad de los secuestrados), la inculpada no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público al ser detenida (p. 1427).

d.    La inculpada en su declaración ministerial, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no fue presionada ni inducida para inculparse y declaró con entera libertad, sin que haya referido nada relativo a que hubiera sido detenida desde el día anterior a su declaración (p. 1436).

3º.  Se acredita la responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada por que se demostró plenamente, que un mismo grupo delictivo de más de tres personas se regía por reglas estrictas de orden y disciplina, del cual ella era parte (p. 1312).

4º.  Se acredita la responsabilidad del delito de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea por el hallazgo de un fusil de asalto semiautomático en la camioneta en la que se trasladaba junto con Israel Vallarta, al momento de ser detenidos (pp. 1274, 1289 y 1292).

Curiosidades o cosas que nunca pensaste leer en el presente expediente

  • A pesar de que se trató de proteger los datos personales de víctimas, procesados y terceros involucrados en el expediente aparecen: 80 veces el apellido Elizalde Flores, 28 el apellido Ríos, 22 el apellido Cassez y 4 el apellido Vallarta; más de 7 números telefónicos (pp. 51, 52 y 427); nombres completos de: policías investigadores (pp. 20, 41, 52, 424 y 426) y comunicadores (pp. 313, 314, 686, 919 y 1156).
  • Diversos instrumentos internacionales se aducen por parte de la defensa de Cassez en la demanda de amparo.[5]
  • En el amparo, la defensa de Cassez inicia su exposición con citas peculiares: un párrafo de la obra “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord (p. 910), una cita bíblica del Deuteronomio (p. 916) y unas líneas de la célebre obra de Luigi Ferrajoli “Derecho y Razón” (p. 991), entre otras.
  • Tanto Ezequiel Elizalde como Florence Cassez eran miembros de “Sam´s Club” (pp. 442 y 579).
  • Durante el secuestro, Cristina Ríos menciona que siempre se escuchaba música a volumen alto y regularmente se sintonizaba la estación 99.3 o Radio Joya (p. 386).
  • Uno de los programas favoritos de Christian Ramírez es “El Chavo” (p. 489).
  • Existe un dictamen en materia de anatomía y patología en el que se concluyó que el color natural del pelo de Cassez es el pelirrojo (p. 792).
  • Relatan los secuestrados que durante el cautiverio llegaron a comer pizza y pollo “kentohy o kentoki” (sic) (pp. 526 y 1191).

Conclusiones

Probablemente muchos, por cultura general, podrán responder a la pregunta de quién es Florence Cassez. Sin embargo, no muchos lograremos responder con fundamentos ciertos, sino que contestaremos la pregunta basándonos en sentimentalismos, conspiraciones, opiniones e información poco seria. Inclusive  habiendo leído la sentencia para conocer el por qué se le negó la protección de la justicia federal a Cassez puede ser que no quede del todo claro, debido a la multiplicidad de inconsistencias, incongruencias y dudas tanto en los procedimientos como en su trasfondo político y diplomático.

¿Pronósticos? ¿Nos veremos en la Comisión Interamericana o, posteriormente, en la Corte Interamericana? ¿Es necesario que concluya el gobierno del presidente Calderón para espear una solución diplomática amistosa? No lo sé y la verdad no me atrevo a realizar un pronóstico en tan conocido y pintoresco caso. ¿Qué hacer por el momento? Sugiero la conocida frase francesa “soyons heureuses en attendant le bonheur”. Sin embargo, propongo cambiar diametralmente su sentido: esperemos (in)felices mientras llega la (in)felicidad. Lamentable el caso y sobretodos las consecuencias del mismo.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


[1] Desde Denise Maerker, Guillermo Osorno, Luis Rubio, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Pérez Gay, José Carreño, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Catón, pasando por Juan Villoro, Sergio Sarmiento, Jorge Castañeda, Juan Manuel Villalobos, Ezra Shabot, Guillermo Sheridan, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Jorge Zepeda Patterson, Jean Meyer, Carmen Aristegui, Guadalupe Loaeza y hasta Carlos Fuentes (más todos los que omito y/o llego a olvidar). Además, sumemos obviamente los pronunciamientos de muchos Secretarios de Estado, Senadores, Diputados, Diplomáticos, el rector de la UNAM y diversos actores sociales como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Eduardo Gallo.

[2] El cual fue publicado hace 5 días, en un acto de trasparencia realizado por el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Juan Silva Mesa (ahí el link: http://bit.ly/funVjS).

[3] Entre paréntesis se señala el número de página de la sentencia analizada.

[4] Declaraciones, ampliaciones, partes, informativas, dictámenes periciales, informes de policía, diligencias, etcétera.

[5] Tales como: Convención Americana de Derechos Humanos (950, 993, 1000, 1003 1435), Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (981, 986, 1081), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (991 y 992), Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (966 y 1069), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (953, 1061, 1434); además pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (989) y Jurisprudencia como Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (981, 986, 1004, 1025, 1086).

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