Imaginemos un juego de fútbol sin porterías, o una carrera de coches sin meta. Supuestos, a todas luces, extraños, un tanto absurdos, por desmerecer el sentido y la esencia de tales fenómenos. En el primer caso, al momento en que los futbolistas se enfrenten entre sí, sin tener noción alguna de los criterios para triunfar o perder en la contienda, estos quedarán al absoluto arbitrio de sus voluntades para valorar sus actuaciones. En la segunda hipótesis, cuando los vehículos en disputa no pueden distinguir el final del trayecto, la competencia deja de ser competencia por su carácter imperecedero. Al carecer de una línea de llegada, quienes manejan los coches están en posibilidad de utilizar cualquier tipo de habilidades con el fin de concluir su actividad.

senado

Utilizamos este par de ejemplos, a manera de metáforas, para enfatizar la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el actual panorama jurídico-político en México. Si bien en el juego electoral participan distintas autoridades —la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales locales—, el TEPJF es mucho más que un mero árbitro que vigila la aplicación de reglas del juego, mucho más que un órgano que fija parámetros para encauzar el buen desarrollo de determinados procesos.

En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre excepción, el TEPJF no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan el rumbo político de México cada mandato. Por la complejidad de nuestro sistema normativo, el TEPJF tiene la delicada labor de dotar de sentido a un sistema electoral que ahora es federal, local y concurrente. Debe, pues, armonizar y ensamblar las diferentes piezas del andamiaje institucional, para reflejar y proteger las decisiones populares, para garantizar los derechos político-electorales de los involucrados pero, también, para contribuir a la consolidación democrática de nuestra cultura jurídica.

En días pasados, la SCJN envió al Senado de la República siete ternas para integrar el órgano que está encargado de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de prácticamente todas las elecciones federales y locales de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la Sala Superior del TEPJF.

De 21 personas propuestas, durante las próximas semanas, solo siete serán designados para ocupar el cargo de magistrados electorales. La gran responsabilidad que recae sobre este encargo radica, más allá de fungir como piezas claves en la institucionalización democrática del país, en brindar certeza y confianza a la ciudadanía. Por eso debe garantizarse que las decisiones que emitan los futuros integrantes de Sala Superior no tengan más parámetro que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Por eso es indispensable que los designados no respondan a actores, públicos o privados, que buscan tener una influencia indebida en las elecciones.

Para bien y para mal, al día de hoy el resultado final de una elección no solo depende de las urnas. Pensemos, simplemente, en la posibilidad de anular elecciones, o bien, de decretar un cambio de ganador mediante la anulación de casillas. La importancia de la independencia judicial es directamente proporcional al poder de los jueces, y quizá lo es más en la arena electoral, en ese ámbito donde la política suele diluirse con el derecho.

La designación de los magistrados electorales es importante, además, por la forma en que ha funcionado la justicia electoral durante los últimos años. A lo largo de su actual integración, la Sala Superior ha dictado una serie de sentencias que no sólo resultan cuestionables en términos técnicos, sino que además han tenido el efecto de poner en jaque el funcionamiento de algunas piezas del sistema electoral. Así ha quedado documentado en diversos trabajos académicos, entre los que se encuentran Democracia sin garantes: las autoridades electorales vs. la reforma electoral (2009) y La (in)justicia electoral a examen (2016).

En general, parece que la Sala Superior no ha construido una línea jurisprudencial coherente y acorde con su papel de máxima autoridad en materia electoral. Si bien se puede celebrar el sentido de muchas determinaciones del TEPJF —pensemos, para no ir más lejos, en los asuntos relacionados con la paridad de género— lo cierto es que incluso en algunas de estas sentencias se advierte una falta de claridad y calidad argumentativa. Hace falta, pues, construir una justicia electoral más consistente y cercana la ciudadanía; una justicia electoral que brinde certeza y confianza.

Por eso creemos que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abrir una nueva etapa para la justicia electoral. Por la manera en que fueron conformadas las ternas, parecería que la Suprema Corte apostó por garantizar cierto grado de diversidad. Tendremos, pues, magistradas y magistrados electorales con trayectorias profesionales diversas. Falta, sin embargo, lo más importante: garantizar que a la Sala Superior lleguen perfiles sólidos en lo técnico, independientes en lo político y, sobre todo, con madera de jueces constitucionales.

No es poco lo que está en juego. Las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina y, como muchos han apuntado, muy probablemente sean las más complejas de la historia de la democracia mexicana. Por eso resulta indispensable que, en este contexto, la Sala Superior aporte a la certeza de las elecciones mediante el dictado de sentencias claras, consistentes y socialmente útiles. A nadie le conviene que las elecciones de 2018 se asemejen a un partido sin portería, a una carrera sin meta.

Juan Jesús Garza Onofre. Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales por la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

Leer completo

Probablemente, si a quienes leen estas líneas, se les hace la pregunta de quién es Florence Cassez, la mayoría podrá responder a la misma debido a que desde hace tiempo, el peculiar nombre de esta mujer de origen francés circula diariamente en los medios informativos.

No es casualidad, por tanto, que en los últimos días, la comentocracia mexicana haya decidido escribir o pronunciarse al respecto:[1] el tema de Florence Cassez ha cimbrado fuertemente cada uno de los ámbitos del entorno de nuestro país.

Ahora bien, a quince días de que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo 423/2010, se lanzan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede aportar? ¿Acaso ya está todo está dicho? ¿No debería ser un elemento clave en la discusión pública la información y argumentos vertidos en esta sentencia?

En efecto, más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de los elementos que se han presentado para creer que sea inocente o culpable, más allá de todo lo que se quiera creer y lo que no, vale la pena involucrarse de lleno en el expediente en cuestión[2]. Esto debido a que si bien leer un expediente de 1529 páginas significa casi un acto de fe, el analizar los argumentos de los magistrados involucrados para conocer el por qué se le negó el amparo, nos permite aportar elementos para elevar el nivel de discusión de la opinión pública y coadyuvar a que a las opiniones tengan como sustrato de la información judicial dura: la sentencia.

Por ello, el propósito del presente escrito consiste en ofrecer de manera sucinta y sencilla, los puntos más sobresalientes de la sentencia en cuestión, con especial atención en los argumentos en que se basó la negación de protección de la justicia a Cassez.[3]

Florence Cassez según ella misma

Marie Florence Cassez Crepin, ciudadana francesa, hija de Charlotte y Bernard Cassez, independiente de ellos desde los 16, viviendo hasta los 28 en su país natal (p. 325), llegó a México desde marzo de 2003 invitada por su hermano. Quien desde hace 17 años vive en el país, casado con una persona de nacionalidad mexicana. El primer trabajo de Cassez en México fue en una empresa dedicada a la elaboración de productos de depilación, en julio de 2004 crea su empresa dedicada a la distribución de aparatos de cosmetología (p. 326). Florence conoce a Israel Vallarta Cisneros en agosto de 2004 y para octubre inician una relación de noviazgo. Según él se dedicaba al negocio de compra de flotillas de autos chocados (p. 327); sin embargo, se intuye que también era parte de una banda de secuestradores.

Fechas relevantes del caso de Florence Cassez

  • 4 de octubre de 2005 secuestro de Ezequiel Elizalde Flores; 15 días después, secuestro de Cristina Ríos Valladares y de su hijo Christian Ramírez Ríos.
  • 8 de diciembre de 2005 arresto de Florence Cassez e Israel Vallarta.
  • 9 de diciembre de 2005 transmisión de la detención en vivo por televisión nacional.
  • 25 de abril de 2008 se condena a Florence Cassez a 96 años de prisión por medio de la sentencia emitida por la Juez 5º de Distrito de Procesos Penales Federales.
  • 3 de marzo de 2009 en apelación se reduce la condena de Florence Cassez a 60 años por medio de sentencia del 1º Tribunal Unitario en Materia Penal.
  • 7 de septiembre de 2010 se admite demanda de amparo del 7º Tribunal Colegiado en Materia Penal.
  • 10 de febrero de 2011 negación del amparo en cuestión.
  • 20 de febrero de 2011 se hace pública la sentencia de amparo.

Conceptos de violación que argumenta Florence Cassez

17 diferentes conceptos de violación –es decir, argumentos en contra de las sentencias condenatorias- se desarrollan en la demanda de amparo, estos se exponen en más de cien páginas del expediente (pp. 910 a 1026), destacando los siguientes argumentos:

1º.  Ignorar pruebas que acreditan un actuar ilícito de la parte acusadora:

a.    Cuestionando el hecho de no otorgar valor probatorio a los videos relacionados con la detención de los inculpados y la liberación de los ofendidos aduciendo que la escena de la casa de seguridad fue alterada (p. 1026).

2º.  Violaciones respecto al debido proceso:

a.    Inducción de victimas y parcialidad de las pruebas (p. 1049).

b.    Negación del derecho a una asistencia consular inmediata (p. 1081).

c.    Se aduce tortura (p. 1069) y no ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora (p. 1074).

d.    No existir certeza jurídica sobre la fecha y hora de su detención (p. 1061).

3º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (p. 1102).

4º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en la comisión de delitos de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (p. 1104).

¿Por qué la Justicia no ampara ni protege a Florence Cassez?

El 7º Tribunal Colegiado consideró probados los tres cargos de secuestro, así como los ilícitos de delincuencia organizada y portación y posesión de arma de fuego de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, negándole el amparo de la Justicia de la Unión y teniendo que cumplir una condena de 60 años de prisión. Los principales argumentos de esta decisión son:

1º.   No valorización de los videos relacionados con la detención de los inculpados.

a.    De manera puntual (a partir de la página 1136) se enlistan todos aquellos elementos que fueron tomados en consideración.[4] El acto reclamado se debe de apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de ahí entonces que los videos no fueron tomados en consideración ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa

2º.  Respecto al debido proceso

a.    Una vez que los ofendidos estuvieron en libertad y expuestos a la influencia de las noticias en los medios, no es imputable ni al Ministerio Público ni a los juzgadores, que fueran sometidos a inducción por parte de la autoridad investigadora ni que de lo que se hallan enterado los impulsó a falsear declaraciones (p. 1417).

b.    El Ministerio Público trató de comunicarse a la embajada, lo cual no fue posible, al no obtener respuesta de la citada representación diplomática (p. 1466).

c.    Al momento de la detención de los inculpados, Israel Vallarta menciona que: si no regresaban pronto a su domicilio, corría peligro la vida de los secuestrados, ya que por causas de fuerza mayor (preservar la vida y la integridad de los secuestrados), la inculpada no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público al ser detenida (p. 1427).

d.    La inculpada en su declaración ministerial, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no fue presionada ni inducida para inculparse y declaró con entera libertad, sin que haya referido nada relativo a que hubiera sido detenida desde el día anterior a su declaración (p. 1436).

3º.  Se acredita la responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada por que se demostró plenamente, que un mismo grupo delictivo de más de tres personas se regía por reglas estrictas de orden y disciplina, del cual ella era parte (p. 1312).

4º.  Se acredita la responsabilidad del delito de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea por el hallazgo de un fusil de asalto semiautomático en la camioneta en la que se trasladaba junto con Israel Vallarta, al momento de ser detenidos (pp. 1274, 1289 y 1292).

Curiosidades o cosas que nunca pensaste leer en el presente expediente

  • A pesar de que se trató de proteger los datos personales de víctimas, procesados y terceros involucrados en el expediente aparecen: 80 veces el apellido Elizalde Flores, 28 el apellido Ríos, 22 el apellido Cassez y 4 el apellido Vallarta; más de 7 números telefónicos (pp. 51, 52 y 427); nombres completos de: policías investigadores (pp. 20, 41, 52, 424 y 426) y comunicadores (pp. 313, 314, 686, 919 y 1156).
  • Diversos instrumentos internacionales se aducen por parte de la defensa de Cassez en la demanda de amparo.[5]
  • En el amparo, la defensa de Cassez inicia su exposición con citas peculiares: un párrafo de la obra “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord (p. 910), una cita bíblica del Deuteronomio (p. 916) y unas líneas de la célebre obra de Luigi Ferrajoli “Derecho y Razón” (p. 991), entre otras.
  • Tanto Ezequiel Elizalde como Florence Cassez eran miembros de “Sam´s Club” (pp. 442 y 579).
  • Durante el secuestro, Cristina Ríos menciona que siempre se escuchaba música a volumen alto y regularmente se sintonizaba la estación 99.3 o Radio Joya (p. 386).
  • Uno de los programas favoritos de Christian Ramírez es “El Chavo” (p. 489).
  • Existe un dictamen en materia de anatomía y patología en el que se concluyó que el color natural del pelo de Cassez es el pelirrojo (p. 792).
  • Relatan los secuestrados que durante el cautiverio llegaron a comer pizza y pollo “kentohy o kentoki” (sic) (pp. 526 y 1191).

Conclusiones

Probablemente muchos, por cultura general, podrán responder a la pregunta de quién es Florence Cassez. Sin embargo, no muchos lograremos responder con fundamentos ciertos, sino que contestaremos la pregunta basándonos en sentimentalismos, conspiraciones, opiniones e información poco seria. Inclusive  habiendo leído la sentencia para conocer el por qué se le negó la protección de la justicia federal a Cassez puede ser que no quede del todo claro, debido a la multiplicidad de inconsistencias, incongruencias y dudas tanto en los procedimientos como en su trasfondo político y diplomático.

¿Pronósticos? ¿Nos veremos en la Comisión Interamericana o, posteriormente, en la Corte Interamericana? ¿Es necesario que concluya el gobierno del presidente Calderón para espear una solución diplomática amistosa? No lo sé y la verdad no me atrevo a realizar un pronóstico en tan conocido y pintoresco caso. ¿Qué hacer por el momento? Sugiero la conocida frase francesa “soyons heureuses en attendant le bonheur”. Sin embargo, propongo cambiar diametralmente su sentido: esperemos (in)felices mientras llega la (in)felicidad. Lamentable el caso y sobretodos las consecuencias del mismo.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


[1] Desde Denise Maerker, Guillermo Osorno, Luis Rubio, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Pérez Gay, José Carreño, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Catón, pasando por Juan Villoro, Sergio Sarmiento, Jorge Castañeda, Juan Manuel Villalobos, Ezra Shabot, Guillermo Sheridan, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Jorge Zepeda Patterson, Jean Meyer, Carmen Aristegui, Guadalupe Loaeza y hasta Carlos Fuentes (más todos los que omito y/o llego a olvidar). Además, sumemos obviamente los pronunciamientos de muchos Secretarios de Estado, Senadores, Diputados, Diplomáticos, el rector de la UNAM y diversos actores sociales como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Eduardo Gallo.

[2] El cual fue publicado hace 5 días, en un acto de trasparencia realizado por el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Juan Silva Mesa (ahí el link: http://bit.ly/funVjS).

[3] Entre paréntesis se señala el número de página de la sentencia analizada.

[4] Declaraciones, ampliaciones, partes, informativas, dictámenes periciales, informes de policía, diligencias, etcétera.

[5] Tales como: Convención Americana de Derechos Humanos (950, 993, 1000, 1003 1435), Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (981, 986, 1081), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (991 y 992), Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (966 y 1069), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (953, 1061, 1434); además pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (989) y Jurisprudencia como Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (981, 986, 1004, 1025, 1086).

Leer completo