El día de ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la validez de diversas disposiciones de la Constitución de Jalisco y del Código Electoral y de Participación Social de dicha entidad federativa;1 el conjunto de reformas políticas agrupadas y popularmente conocidas bajo el rubro de #SinVotoNoHayDinero.

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Impugnada por los partidos políticos Nueva Alianza, Verde Ecologista y Morena, a través de las acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, el ahora fallido proyecto propuesto por el ministro Jorge Pardo Rebolledo giraba, preponderantemente, en torno a la idea de inequidad en la distribución de recursos entre partidos políticos nacionales y estatales (no hay que olvidar que estos actores políticos reciben sus ingresos a partir de un sistema dualista, diferenciado a partir de su registro).

Así, cuando las reformas lideradas por el diputado independiente Pedro Kumamoto pretendían reducir los gastos electorales —a partir de la modificación de la fórmula con la que se destinan los recursos estatales en Jalisco para los partidos políticos con registro nacional—, lo proyectado por Pardo declaraba la inconstitucionalidad de la propuesta, pues a su entender el nuevo modelo no resultaba acorde con la Constitución federal ni con la Ley General de Partidos Políticos.

Respecto a la fórmula en cuestión, es pertinente mencionar que antes de la reforma el monto total del financiamiento partidista en Jalisco se obtenía al multiplicar el número de personas inscritas anualmente cada julio en el padrón electoral local por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo así el presupuesto distribuido entre todos los partidos políticos involucrados, sin importar el origen de su registro. Partiendo de bases distintas, #SinVotoNoHayDinero prevé modificaciones en la fórmula de asignación de recursos a partidos con registro nacional a partir de dos premisas: por un lado, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local por el 20% de la UMA en años no electorales y, por el otro, el número total de votos válidos obtenidos en la elección previa por el 65% de la UMA en año electoral.

En virtud del establecimiento de bases que atentan y distorsionan un modelo tendiente a generar equidad entre los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales (que mantengan su acreditación en la entidad federativa en cuestión para la realización de actividades ordinarias), según el ministro ponente, mediante #SinVotoNoHayDinero lo que se buscaba era únicamente reducir el financiamiento de los partidos políticos nacionales, sin que exista justificación clara para generar tal diferencia, causando un efecto desigual entre los partidos políticos dependiendo del nivel de gobierno al que se encuentren adscritos.

Si bien las entidades federativas gozan de libertad para configurar el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales, lo cierto es que esto debe ser acorde con las bases constitucionales y federales en juego. Así, la propuesta del ministro Pardo concluye planteando que la reforma de Kumamoto en Jalisco, por imprecisa, en realidad no reduce el gasto público, sino que lo incrementa al crear “bolsas” separadas para partidos nacionales y locales.

La votación final sobre este asunto en concreto fue de siete votos contra la invalidez, propuesta de Pardo, es decir, siete ministros defendieron la constitucionalidad de #SinVotoNoHayDinero, frente a una minoría de cuatro (Pardo, Aguilar, Luna y Piña).

Bajo ese orden de ideas, resulta un tanto contradictorio que los argumentos esgrimidos por la mayoría se focalizaran en el tema de la libertad configurativa de las entidades federativas. Debate añejo, pero constantemente resucitado y renovado que devela una de las mayores obsesiones que, en mayor o menor medida, tanto esta integración de la SCJN como otras anteriores, han venido construyendo no solo en torno al entendimiento del federalismo sino también respecto a los usos y abusos de sus propios precedentes.

Y es que parecería que la aplicabilidad y vinculatoriedad de las decisiones previas del máximo tribunal obedecen a una disparatada lógica contextual, quedando, muchas veces, completamente al arbitrio de los ánimos e intereses de los juzgadores en turno. El problema, por supuesto, no reside en que la Suprema Corte no pueda cambiar de criterio. Nada más errado. No obstante, lo que preocupa es que se cambie tan esporádica y radicalmente de posturas, ignorando muchos de sus precedentes y provocando una absoluta indeterminación respecto a las resoluciones en juego.

Que todo cambie para que todo siga igual. El gatopardismo nunca pasa de moda, parecería que en casos recientes la SCJN ha asumido de forma vehemente su rol como actor político, antes que como garante y generador de certeza jurídica y congruencia institucionales por medio de sus decisiones.

Cuando a mediados del siglo pasado los realistas norteamericanos entendían al derecho como un conjunto de predicciones respecto al trabajo de los jueces, promoviendo entre los abogados una especie de actividad profética, no imaginaron los niveles de volubilidad e indefinición que alcanzarían las labores jurisdiccionales hoy en día.

En ese sentido, el acceso a la justicia, la popularmente afamada #JusticiaAbierta, no solo radica en escribir sentencias cortas y evitar el uso de lenguaje rimbombante, estrafalario y dominguero, tampoco en transparentar y fomentar la interacción de nuestros juzgadores en redes sociales, mucho menos en televisar o transmitir por Internet sus deliberaciones. El aspecto sustantivo de una verdadera posibilidad de alcanzar la justiciablidad efectiva de los derechos conlleva una gran responsabilidad en cada decisión, implicando una coherencia dialógica entre sus titulares y provocando un andamiaje institucional sólido que resista no solo el mínimo examen de estabilidad sino también contextos y escenarios distintos. La discusión implica reflexión y la toma de decisiones una sólida fundamentación. Para nada se propone una apología de la tradición, simplemente se pretende fomentar la construcción de puentes que permitan visualizar un destino cierto.

De ahí entonces que resulta llamativo que, a pesar del gran interés en el tema, el proyecto de Pardo nunca se divulgó, ni se ventiló de forma pública hasta el momento de su discusión en sede jurisdiccional. De hecho, extrañamente, fue gracias a un conocido medio de información nacional en donde desde hace dos días se adelantaron algunas de las líneas argumentativas del sentido en el que serían proyectados los preceptos impugnados.

Si bien es posible criticar las reformas en cuestión por aducir un beneficio exclusivo a los partidos políticos más aventajados, desnivelando así la competencia entre todos los demás participantes, lo cierto es que #SinVotoNoHayDinero no es otra efímera reforma de índole electorera. Es una iniciativa que se ha convertido en un movimiento nacional, que viene a capitalizar el hartazgo social hacia los partidos políticos en México. Hacia esos entes descarados carentes de toda legitimidad que, precisamente, en días recientes abrazaron con gusto la noticia de que recibirán un presupuesto histórico de 6.7 mil millones de pesos para su financiamiento de cara a las elecciones de 2018.

Durante siglos, el derecho se ha enfrascado en una álgida batalla por separar la moral de sus aposentos. Tal vez, ya va siendo tiempo de dejar atrás dicha discusión y analizar las intrincadas relaciones entre esta disciplina y la política.

Estudiar el fallo de forma aislada, en definitiva, puede resultar útil exclusivamente en términos jurídicos. Sin embargo, bajo una visión integral y sobre todo en retrospectiva con otras decisiones, la magnitud del precedente que ayer se erigió devela al máximo tribunal del país como un actor político activo dentro del panorama nacional. Actor, por tanto, que debe asumir sus responsabilidades, dejando de confundir y aparentar criterios políticos con jurídicos.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 A pesar de abordarse otros importantes temas como el de paridad horizontal, en cuanto al estudio de fondo, que se desarrolla a partir del considerando séptimo del proyecto del ministro Pardo, el presente análisis se centrará en el numeral octavo relativo específicamente al financiamiento público de los partidos políticos nacionales.

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De un tiempo para acá, se suele vislumbrar que la abogacía se encuentra en una posición predilecta para favorecer intereses privados, mucho antes que las cuestiones públicas.

Al ser considerada históricamente como la profesión liberal por excelencia, y a propósito de los cambios que en épocas recientes ha sufrido la idea tradicional de Estado-nación, el ejercicio de la abogacía ha tendido a disminuir su carácter social. Y es que los abogados se distinguen por ser parte de un sistema jurídico, cuya organización y funcionamiento está reservado a la voluntad de un gran ente público, que es el Estado. En ese sentido, cuando los propios profesionistas del derecho atentan, ya sea por acción o por omisión, contra la entidad que les permite su participación y dejan de velar por la salud institucional del sistema en aras de lo individual, el ejercicio de la abogacía colisiona con los principios que sustentan a las estructuras político-sociales de una comunidad.

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Si la labor de los abogados se enfoca si, y solo si, en la defensa de los intereses privados, para por esa vía alcanzar el desarrollo profesional y mantener la endeble articulación de un sistema público, entonces, se diluye la noción cardinal de que la abogacía es una actividad estrechamente vinculada a la comunidad en la que se desenvuelve. La cual, de forma irremediable, se ve afectada por los sucesos que, a su vez, influyen en ésta.

Sin embargo, en días pasado, a propósito de las medidas adoptadas por el presidente norteamericano para frenar la entrada de refugiados y ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana a Estados Unidos, es posible distinguir no solo una manera de ejercer socialmente la abogacía sino, y sobre todo, concebir un perfil de operador jurídico que tiene el interés y la responsabilidad por proteger los derechos garantizados en la constitución y resguardar el estado de derecho.

Desde fiscales que ejercieron sus facultades como parte del sistema para fungir como oposición a las políticas públicas de Trump, pasando por representantes jurídicos de organizaciones civiles quienes interpusieron recursos de habeas corpus alegando la inconstitucionalidad de la detención de personas que tenían todos sus papeles en regla, hasta abogados de grandes firmas y despachos que asistieron voluntariamente a los aeropuertos para asistir a los viajeros que quedaron varados por la prohibición.

Este modelo de abogado que contrasta con el modelo liberal predominante y que, si bien no es socio-culturalmente considerado como paradigmático, descubre tanto las distintas facetas que se pueden ejercer en dicha profesión como también sus importantes potencialidades en sociedad.

Este tipo de profesionista, al que se le puede denominar abogado “activista o promotor”, suele implicarse en causas sociales con el objetivo de develar estructuras desde las que sistemáticamente se vulneran derechos, o bien intenta contravenir determinadas políticas públicas por medio de sus acciones.

Los abogados activistas contemplan sus litigios como “una actividad valorativa y creadora por el hecho de orientar —agitar— en uno u otro sentido el poder coercitivo del derecho; al punto que el abogado puede convertirse en un verdadero “agitador” político que lleva a cabo una guerrilla privada con las armas del derecho.”1 Así, sus acciones vienen a representar un contrapeso a los poderes dominantes en el entorno, a la vez que una manera de activismo social que, al explorar y trabajar alternativas jurídicas, propulsa el sistema en beneficio de personas o grupos que han sufrido injusticias.

Como afirma Charles Epp, en su conocido libro La revolución de los derechos, la paulatina democratización del acceso a la justicia no surgió “desde arriba” sino “desde abajo”, no fue el activismo judicial el principal motor del cambio, sino distintos fenómenos que manifiestan la existencia de actores y colectivos que han apoyado diversas causas de índole social y así ofrecen una posibilidad para aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para sostener una demanda.2 Bajo dicha lógica, son precisamente este tipo de abogados quienes ejecutan un rol crucial en sociedad, pues, entre otras muchas funciones, se encargan de defender los derechos de los demandantes en los juzgados, planean la estrategia jurídica a seguir y proporcionan gran parte de la información a sus representados.3

Visto así, las decisiones de los abogados resultan tan significativas como las de los jueces, ya que, en gran medida, de ellos dependerá el traslado de intereses privados hacia el terreno de lo público, pues buenas demandas generan buenas sentencias. Peticiones relevantes provocan fallos relevantes.

Así, antes que enaltecer unidimensionalmente de forma obnubilada a valerosos jueces independientes que garantizan los derechos de cualquier persona, no hay que olvidar que detrás de estos operadores se encuentra un gran número de abogados que trasladan pretensiones sociales al terreno jurisdiccional, para posibilitar la funcionabilidad del sistema y, después, revertir condiciones adversas.

Los abogados comprometidos con una forma distinta de pensar y ejercer la profesión, nunca despliegan sus actividades descontextualizadas del sistema político, ni tampoco anteponen intereses privados a cuestiones públicas.

Algo que Trump debería tener más en cuenta es que en un Estado contemporáneo, configurado a través de un modelo de democracia constitucional, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la ley… Y en caso de que el mandatario lo ignore, siempre habrá abogados dispuestos a recordárselo.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


1 Trazegnies, G., Fernando de, “El rol político del abogado litigante”, en Revista Derecho PUCP, Pontificia Universidad Católica de Perú – Facultad de Derecho, No. 32, 1974, p. 273.

2 Vid. EPP, Charles, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, University of Chicago Press, Chicago, 1998.

3 Ibíd., pp. 5 y 20.

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Imaginemos un juego de fútbol sin porterías, o una carrera de coches sin meta. Supuestos, a todas luces, extraños, un tanto absurdos, por desmerecer el sentido y la esencia de tales fenómenos. En el primer caso, al momento en que los futbolistas se enfrenten entre sí, sin tener noción alguna de los criterios para triunfar o perder en la contienda, estos quedarán al absoluto arbitrio de sus voluntades para valorar sus actuaciones. En la segunda hipótesis, cuando los vehículos en disputa no pueden distinguir el final del trayecto, la competencia deja de ser competencia por su carácter imperecedero. Al carecer de una línea de llegada, quienes manejan los coches están en posibilidad de utilizar cualquier tipo de habilidades con el fin de concluir su actividad.

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Utilizamos este par de ejemplos, a manera de metáforas, para enfatizar la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el actual panorama jurídico-político en México. Si bien en el juego electoral participan distintas autoridades —la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales locales—, el TEPJF es mucho más que un mero árbitro que vigila la aplicación de reglas del juego, mucho más que un órgano que fija parámetros para encauzar el buen desarrollo de determinados procesos.

En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre excepción, el TEPJF no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan el rumbo político de México cada mandato. Por la complejidad de nuestro sistema normativo, el TEPJF tiene la delicada labor de dotar de sentido a un sistema electoral que ahora es federal, local y concurrente. Debe, pues, armonizar y ensamblar las diferentes piezas del andamiaje institucional, para reflejar y proteger las decisiones populares, para garantizar los derechos político-electorales de los involucrados pero, también, para contribuir a la consolidación democrática de nuestra cultura jurídica.

En días pasados, la SCJN envió al Senado de la República siete ternas para integrar el órgano que está encargado de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de prácticamente todas las elecciones federales y locales de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la Sala Superior del TEPJF.

De 21 personas propuestas, durante las próximas semanas, solo siete serán designados para ocupar el cargo de magistrados electorales. La gran responsabilidad que recae sobre este encargo radica, más allá de fungir como piezas claves en la institucionalización democrática del país, en brindar certeza y confianza a la ciudadanía. Por eso debe garantizarse que las decisiones que emitan los futuros integrantes de Sala Superior no tengan más parámetro que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Por eso es indispensable que los designados no respondan a actores, públicos o privados, que buscan tener una influencia indebida en las elecciones.

Para bien y para mal, al día de hoy el resultado final de una elección no solo depende de las urnas. Pensemos, simplemente, en la posibilidad de anular elecciones, o bien, de decretar un cambio de ganador mediante la anulación de casillas. La importancia de la independencia judicial es directamente proporcional al poder de los jueces, y quizá lo es más en la arena electoral, en ese ámbito donde la política suele diluirse con el derecho.

La designación de los magistrados electorales es importante, además, por la forma en que ha funcionado la justicia electoral durante los últimos años. A lo largo de su actual integración, la Sala Superior ha dictado una serie de sentencias que no sólo resultan cuestionables en términos técnicos, sino que además han tenido el efecto de poner en jaque el funcionamiento de algunas piezas del sistema electoral. Así ha quedado documentado en diversos trabajos académicos, entre los que se encuentran Democracia sin garantes: las autoridades electorales vs. la reforma electoral (2009) y La (in)justicia electoral a examen (2016).

En general, parece que la Sala Superior no ha construido una línea jurisprudencial coherente y acorde con su papel de máxima autoridad en materia electoral. Si bien se puede celebrar el sentido de muchas determinaciones del TEPJF —pensemos, para no ir más lejos, en los asuntos relacionados con la paridad de género— lo cierto es que incluso en algunas de estas sentencias se advierte una falta de claridad y calidad argumentativa. Hace falta, pues, construir una justicia electoral más consistente y cercana la ciudadanía; una justicia electoral que brinde certeza y confianza.

Por eso creemos que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abrir una nueva etapa para la justicia electoral. Por la manera en que fueron conformadas las ternas, parecería que la Suprema Corte apostó por garantizar cierto grado de diversidad. Tendremos, pues, magistradas y magistrados electorales con trayectorias profesionales diversas. Falta, sin embargo, lo más importante: garantizar que a la Sala Superior lleguen perfiles sólidos en lo técnico, independientes en lo político y, sobre todo, con madera de jueces constitucionales.

No es poco lo que está en juego. Las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina y, como muchos han apuntado, muy probablemente sean las más complejas de la historia de la democracia mexicana. Por eso resulta indispensable que, en este contexto, la Sala Superior aporte a la certeza de las elecciones mediante el dictado de sentencias claras, consistentes y socialmente útiles. A nadie le conviene que las elecciones de 2018 se asemejen a un partido sin portería, a una carrera sin meta.

Juan Jesús Garza Onofre. Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales por la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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Probablemente, si a quienes leen estas líneas, se les hace la pregunta de quién es Florence Cassez, la mayoría podrá responder a la misma debido a que desde hace tiempo, el peculiar nombre de esta mujer de origen francés circula diariamente en los medios informativos.

No es casualidad, por tanto, que en los últimos días, la comentocracia mexicana haya decidido escribir o pronunciarse al respecto:[1] el tema de Florence Cassez ha cimbrado fuertemente cada uno de los ámbitos del entorno de nuestro país.

Ahora bien, a quince días de que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo 423/2010, se lanzan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede aportar? ¿Acaso ya está todo está dicho? ¿No debería ser un elemento clave en la discusión pública la información y argumentos vertidos en esta sentencia?

En efecto, más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de los elementos que se han presentado para creer que sea inocente o culpable, más allá de todo lo que se quiera creer y lo que no, vale la pena involucrarse de lleno en el expediente en cuestión[2]. Esto debido a que si bien leer un expediente de 1529 páginas significa casi un acto de fe, el analizar los argumentos de los magistrados involucrados para conocer el por qué se le negó el amparo, nos permite aportar elementos para elevar el nivel de discusión de la opinión pública y coadyuvar a que a las opiniones tengan como sustrato de la información judicial dura: la sentencia.

Por ello, el propósito del presente escrito consiste en ofrecer de manera sucinta y sencilla, los puntos más sobresalientes de la sentencia en cuestión, con especial atención en los argumentos en que se basó la negación de protección de la justicia a Cassez.[3]

Florence Cassez según ella misma

Marie Florence Cassez Crepin, ciudadana francesa, hija de Charlotte y Bernard Cassez, independiente de ellos desde los 16, viviendo hasta los 28 en su país natal (p. 325), llegó a México desde marzo de 2003 invitada por su hermano. Quien desde hace 17 años vive en el país, casado con una persona de nacionalidad mexicana. El primer trabajo de Cassez en México fue en una empresa dedicada a la elaboración de productos de depilación, en julio de 2004 crea su empresa dedicada a la distribución de aparatos de cosmetología (p. 326). Florence conoce a Israel Vallarta Cisneros en agosto de 2004 y para octubre inician una relación de noviazgo. Según él se dedicaba al negocio de compra de flotillas de autos chocados (p. 327); sin embargo, se intuye que también era parte de una banda de secuestradores.

Fechas relevantes del caso de Florence Cassez

  • 4 de octubre de 2005 secuestro de Ezequiel Elizalde Flores; 15 días después, secuestro de Cristina Ríos Valladares y de su hijo Christian Ramírez Ríos.
  • 8 de diciembre de 2005 arresto de Florence Cassez e Israel Vallarta.
  • 9 de diciembre de 2005 transmisión de la detención en vivo por televisión nacional.
  • 25 de abril de 2008 se condena a Florence Cassez a 96 años de prisión por medio de la sentencia emitida por la Juez 5º de Distrito de Procesos Penales Federales.
  • 3 de marzo de 2009 en apelación se reduce la condena de Florence Cassez a 60 años por medio de sentencia del 1º Tribunal Unitario en Materia Penal.
  • 7 de septiembre de 2010 se admite demanda de amparo del 7º Tribunal Colegiado en Materia Penal.
  • 10 de febrero de 2011 negación del amparo en cuestión.
  • 20 de febrero de 2011 se hace pública la sentencia de amparo.

Conceptos de violación que argumenta Florence Cassez

17 diferentes conceptos de violación –es decir, argumentos en contra de las sentencias condenatorias- se desarrollan en la demanda de amparo, estos se exponen en más de cien páginas del expediente (pp. 910 a 1026), destacando los siguientes argumentos:

1º.  Ignorar pruebas que acreditan un actuar ilícito de la parte acusadora:

a.    Cuestionando el hecho de no otorgar valor probatorio a los videos relacionados con la detención de los inculpados y la liberación de los ofendidos aduciendo que la escena de la casa de seguridad fue alterada (p. 1026).

2º.  Violaciones respecto al debido proceso:

a.    Inducción de victimas y parcialidad de las pruebas (p. 1049).

b.    Negación del derecho a una asistencia consular inmediata (p. 1081).

c.    Se aduce tortura (p. 1069) y no ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora (p. 1074).

d.    No existir certeza jurídica sobre la fecha y hora de su detención (p. 1061).

3º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (p. 1102).

4º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en la comisión de delitos de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (p. 1104).

¿Por qué la Justicia no ampara ni protege a Florence Cassez?

El 7º Tribunal Colegiado consideró probados los tres cargos de secuestro, así como los ilícitos de delincuencia organizada y portación y posesión de arma de fuego de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, negándole el amparo de la Justicia de la Unión y teniendo que cumplir una condena de 60 años de prisión. Los principales argumentos de esta decisión son:

1º.   No valorización de los videos relacionados con la detención de los inculpados.

a.    De manera puntual (a partir de la página 1136) se enlistan todos aquellos elementos que fueron tomados en consideración.[4] El acto reclamado se debe de apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de ahí entonces que los videos no fueron tomados en consideración ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa

2º.  Respecto al debido proceso

a.    Una vez que los ofendidos estuvieron en libertad y expuestos a la influencia de las noticias en los medios, no es imputable ni al Ministerio Público ni a los juzgadores, que fueran sometidos a inducción por parte de la autoridad investigadora ni que de lo que se hallan enterado los impulsó a falsear declaraciones (p. 1417).

b.    El Ministerio Público trató de comunicarse a la embajada, lo cual no fue posible, al no obtener respuesta de la citada representación diplomática (p. 1466).

c.    Al momento de la detención de los inculpados, Israel Vallarta menciona que: si no regresaban pronto a su domicilio, corría peligro la vida de los secuestrados, ya que por causas de fuerza mayor (preservar la vida y la integridad de los secuestrados), la inculpada no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público al ser detenida (p. 1427).

d.    La inculpada en su declaración ministerial, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no fue presionada ni inducida para inculparse y declaró con entera libertad, sin que haya referido nada relativo a que hubiera sido detenida desde el día anterior a su declaración (p. 1436).

3º.  Se acredita la responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada por que se demostró plenamente, que un mismo grupo delictivo de más de tres personas se regía por reglas estrictas de orden y disciplina, del cual ella era parte (p. 1312).

4º.  Se acredita la responsabilidad del delito de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea por el hallazgo de un fusil de asalto semiautomático en la camioneta en la que se trasladaba junto con Israel Vallarta, al momento de ser detenidos (pp. 1274, 1289 y 1292).

Curiosidades o cosas que nunca pensaste leer en el presente expediente

  • A pesar de que se trató de proteger los datos personales de víctimas, procesados y terceros involucrados en el expediente aparecen: 80 veces el apellido Elizalde Flores, 28 el apellido Ríos, 22 el apellido Cassez y 4 el apellido Vallarta; más de 7 números telefónicos (pp. 51, 52 y 427); nombres completos de: policías investigadores (pp. 20, 41, 52, 424 y 426) y comunicadores (pp. 313, 314, 686, 919 y 1156).
  • Diversos instrumentos internacionales se aducen por parte de la defensa de Cassez en la demanda de amparo.[5]
  • En el amparo, la defensa de Cassez inicia su exposición con citas peculiares: un párrafo de la obra “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord (p. 910), una cita bíblica del Deuteronomio (p. 916) y unas líneas de la célebre obra de Luigi Ferrajoli “Derecho y Razón” (p. 991), entre otras.
  • Tanto Ezequiel Elizalde como Florence Cassez eran miembros de “Sam´s Club” (pp. 442 y 579).
  • Durante el secuestro, Cristina Ríos menciona que siempre se escuchaba música a volumen alto y regularmente se sintonizaba la estación 99.3 o Radio Joya (p. 386).
  • Uno de los programas favoritos de Christian Ramírez es “El Chavo” (p. 489).
  • Existe un dictamen en materia de anatomía y patología en el que se concluyó que el color natural del pelo de Cassez es el pelirrojo (p. 792).
  • Relatan los secuestrados que durante el cautiverio llegaron a comer pizza y pollo “kentohy o kentoki” (sic) (pp. 526 y 1191).

Conclusiones

Probablemente muchos, por cultura general, podrán responder a la pregunta de quién es Florence Cassez. Sin embargo, no muchos lograremos responder con fundamentos ciertos, sino que contestaremos la pregunta basándonos en sentimentalismos, conspiraciones, opiniones e información poco seria. Inclusive  habiendo leído la sentencia para conocer el por qué se le negó la protección de la justicia federal a Cassez puede ser que no quede del todo claro, debido a la multiplicidad de inconsistencias, incongruencias y dudas tanto en los procedimientos como en su trasfondo político y diplomático.

¿Pronósticos? ¿Nos veremos en la Comisión Interamericana o, posteriormente, en la Corte Interamericana? ¿Es necesario que concluya el gobierno del presidente Calderón para espear una solución diplomática amistosa? No lo sé y la verdad no me atrevo a realizar un pronóstico en tan conocido y pintoresco caso. ¿Qué hacer por el momento? Sugiero la conocida frase francesa “soyons heureuses en attendant le bonheur”. Sin embargo, propongo cambiar diametralmente su sentido: esperemos (in)felices mientras llega la (in)felicidad. Lamentable el caso y sobretodos las consecuencias del mismo.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


[1] Desde Denise Maerker, Guillermo Osorno, Luis Rubio, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Pérez Gay, José Carreño, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Catón, pasando por Juan Villoro, Sergio Sarmiento, Jorge Castañeda, Juan Manuel Villalobos, Ezra Shabot, Guillermo Sheridan, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Jorge Zepeda Patterson, Jean Meyer, Carmen Aristegui, Guadalupe Loaeza y hasta Carlos Fuentes (más todos los que omito y/o llego a olvidar). Además, sumemos obviamente los pronunciamientos de muchos Secretarios de Estado, Senadores, Diputados, Diplomáticos, el rector de la UNAM y diversos actores sociales como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Eduardo Gallo.

[2] El cual fue publicado hace 5 días, en un acto de trasparencia realizado por el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Juan Silva Mesa (ahí el link: http://bit.ly/funVjS).

[3] Entre paréntesis se señala el número de página de la sentencia analizada.

[4] Declaraciones, ampliaciones, partes, informativas, dictámenes periciales, informes de policía, diligencias, etcétera.

[5] Tales como: Convención Americana de Derechos Humanos (950, 993, 1000, 1003 1435), Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (981, 986, 1081), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (991 y 992), Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (966 y 1069), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (953, 1061, 1434); además pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (989) y Jurisprudencia como Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (981, 986, 1004, 1025, 1086).

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