Este parece ser un año complicado para el mundo y para quienes creemos —ingenuamente, tal vez— en la democracia y la libertad. Los movimientos nacionalistas blancos parecen fortalecerse en toda Europa, la Unión Europea se desintegra y Trump tiene posibilidades —aunque sean remotas— de ganar las elecciones próximas. Además, ayer fue un día triste para muchas familias de migrantes indocumentados en Estados Unidos, quienes habían depositado su confianza en el presidente Obama y la Corte Suprema para mantener a sus familias juntas.

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En United States v. Texas, una coalición de 26 estados, liderada por Texas, impugnó una acción ejecutiva del presidente Obama que permitía a alrededor de 4.3 millones de migrantes indocumentados aplicar a un programa que les salvaría de ser deportados y obtener un permiso de trabajo, sin concederles un estatus migratorio regular.

Tras el éxito del programa Dreamers —o Deferred Action for Childhood Arrivals, “DACA”—, que benefició a por lo menos 1.2 millones de jóvenes, y ante la negativa reiterada de la mayoría republicana en el Congreso para discutir una reforma migratoria, Obama evaluó sus opciones jurídicas1 e implementó un nuevo programa, dirigido a los padres y madres de ciudadanos legales o residentes permanentes: Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA).

Texas y los demás estados demandantes impugnaron DAPA afirmando que el presidente Obama: (i) ignoró los procedimientos establecidos en la ley para la creación de normas administrativas; y (ii)se excedió en sus facultades constitucionales de ejecución de leyes. Además, argumentaron que, aun cuando la acción ejecutiva de Obama pudiera resultar constitucional y legal, el Departamento de Seguridad Nacional no tenía facultades para implementarla.

Sin embargo, a fin de dar procedencia a su acción, los estados demandantes tenían que demostrar cuál era el daño que les causaba el programa impugnado. Texas, en particular, argumentó que DAPA le perjudicaba porque: (i) era facultad de la Unión legislar en materia migratoria y ésta no había emprendido ninguna acción tendiente a ello; (ii)representaba a sus ciudadanos, quienes sufrirían consecuencias económicas perjudiciales ante la incorporación de los migrantes al mercado laboral legal; y (iii) tendría que expedir un número indeterminado de licencias de manejo, las cuales Texas cobra a un precio inferior a su costo real de emisión.

Por razones que aún no alcanzo a entender, el costo de expedir licencias de manejo fue el argumento que posibilitó a Texas impugnar DAPA y que llevó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con residencia en Nueva Orleans, a congelar indefinidamente la acción ejecutiva de Obama.

Al someter el asunto a revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el gobierno de Obama cuestionó la decisión de la Corte de Apelaciones respecto al daño económico de Texas y la procedencia de la acción intentada. La legalidad —y constitucionalidad— de DAPA sería materia de una resolución de fondo. La Casa Blanca afirmaba que el mismo tipo de acciones ejecutivas han sido utilizadas por presidentes demócratas y republicanos para ejecutar las leyes migratorias y que las facultades constitucionales del presidente le permitían tomar decisiones migratorias de forma casuística, como pretendía hacerlo el programa.

Ayer, 23 de junio de 2016, la Corte Suprema anunció su decisión en United States v. Texas o, mejor dicho, su imposibilidad para tomarla. Los jueces de la Corte empataron 4 a 4 y, así, confirmaron la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de congelar DAPA. El presidente Obama, por la tarde, dio una conferencia de prensa y dijo que el deadlock le rompía el corazón.

La derrota de DAPA es un golpe duro a Obama y al legado que buscó construir durante su presidencia. Una vez más, los republicanos, mediante su inacción, lograron frustrar los planes del demócrata. Primero, evitando a toda costa la discusión de una reforma migratoria; después, bloqueando la designación del juez Merrick Garland para ocupar la vacante en la Corte Suprema y, de esta manera, haciendo posible el empate 4-4.

El obstruccionismo de los republicanos es incomprensible. Garland es un candidato moderado, respetado y un firme creyente de que los jueces interpretan el derecho y no lo hacen2 —ideología que, creo, coincide con la del presidente Obama—. Quizás, después de todo, los republicanos merecen la crisis en que está metido su partido y son responsables del ascenso de Trump.3

Una  buena noticia —si es que hay alguna— es que la decisión de la Corte puede tener efectos positivos para los demócratas en esta contienda electoral. La derrota de Obama puede motivar a muchos hispanos a salir a votar en las elecciones noviembre próximo y darle la victoria a Hillary Clinton, quien ha prometido medidas migratorias ambiciosas.

Por otra parte, este no es el peor escenario. Muy probablemente, el juez Scalia hubiera votado en contra de la acción ejecutiva y eso hubiera generado un precedente complicado para el siguiente presidente y el futuro de los migrantes. Los empates de la Suprema Corte no crean un precedente firme y dejan abierta la posibilidad de que, en el futuro, la Corte analice casos similares.4

Julio M. Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1


1 Shear, Michael. “For Obama, Supreme Court Defeat Upends a Legacy on Immigration”, The New York Times, June 23, 2016.

2 Lithwick, Dahlia. “The GOP’s Treatment of Merrick Garland is Disgraceful”. Slate, March 17, 2016.

3 Rattner, Steven. “By Opposing Obama, The Republicans Created Trump”. The New York Times, April 13, 2016.

4 Feldman, Noah. “Three Lessons From Obama’s Immigration Defeat”. Bloomberg View, June 23, 2016.

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El martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.

El mensaje es importante y valiente: el Poder Ejecutivo en México es aliado de las personas LGBTTIQ y está dispuesto a proteger sus derechos y libertades. Me alegra, aunque me también me preocupa el riesgo de estar ante una mera simulación.

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La iniciativa de reforma constitucional del Presidente supone incorporar al artículo 4 constitucional la siguiente frase: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

Esto es, la iniciativa pretende, por un lado, constitucionalizar el derecho a contraer matrimonio y, por otro, prohibir la discriminación en relación a la propia institución matrimonial. Dicho en otras palabras, la iniciativa de reforma no pretende nada. Al menos, nada nuevo.

Desde agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio de mera interpretación constitucional, se ha pronunciado reiteradamente sobre el derecho a contraer matrimonio y la prohibición de excluir del mismo a las parejas del mismo sexo. Ello a partir del derecho de igualdad, recogido en el artículo 1 constitucional que desde junio de 2011 dispone: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…”.

Esto no significa que la iniciativa del Presidente suponga crear un nuevo derecho constitucional, sino que pretende explicitar lo que ya estaba previsto en otras porciones normativas del mismo orden. Si en retórica es “tautología” la repetición innecesaria de un pensamiento usando palabras similares, aquí podemos decir que estamos ante una “tautología constitucional”.

Tengo muchas dudas sobre la necesidad de explicitar todo en la Constitución, de seguir abigarrándola. Además, me preocupa que haya quien piense que, para ser democrática, una decisión judicial debe “constitucionalizarse”. Creo que ello deriva de la mala comprensión de lo que es una Constitución y del papel que juega la interpretación en el orden jurídico. Creo también que entender así el orden constitucional menoscaba el papel de los intérpretes de la norma.

El presidente Peña, además, propuso reformar el código civil federal para permitir a las parejas del mismo sexo casarse. La reforma me parece deseable y sin duda será de enorme utilidad para las parejas gay… que pretendan casarse en un consulado. Es decir, ¿qué pasan con aquellos que pretendan contraer matrimonio en los estados de la República? Esa es otra historia.

Diré lo obvio: el presidente no tiene facultades para iniciar leyes o reformas a nivel local. Las iniciativas presentadas no tendrán impacto alguno sobre los órdenes locales, no motivarán reformas a los códigos civiles y familiares de los estados ni “harán realidad los matrimonios igualitarios a nivel nacional” —como afirmaban las notas periodísticas de ayer—.

Incluso, la reforma al artículo 4 constitucional no cambiará nada para las miles de parejas gay que quieren contraer matrimonio en la mayoría de los estados de la República. Bienaventurados quienes viven en la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua y, recientemente, Michoacán. Desafortunados quienes viven en los otros 26 estados y que, al querer contraer matrimonio, tienen y tendrán que promover un juicio de amparo en contra de las normas que les restringen el acceso al mismo. Lo diré una vez más: de aprobarse las iniciativas del presidente, la necesidad de promover un juicio de amparo no cambiará.

Seamos críticos antes de aplaudir las buenas intenciones de un gobierno. Contribuyamos técnica e inteligentemente. La lucha por la igualdad y el respeto a las minorías sexuales lo exige.

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

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El pasado lunes 4 de enero, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, declaró formalmente abierto el primer periodo de sesiones del 2016. En este periodo, la Corte, estrenando una nueva integración, se enfrentará a litigios constitucionales de gran importancia, que pueden transformar diversos mercados e instituciones nacionales. Además, será el momento de conocer el pensamiento jurídico y constitucional de los ministros recientemente designados, quienes, durante los próximos 15 años, serán los responsables de aplicar e interpretar la Constitución. A continuación, algunos de los asuntos más importantes que resolverá la corte en este periodo de sesiones:

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1) Controversia constitucional 114/2013 – Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos

Conforme al artículo 1º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en México están prohibidos los “juegos de azar y los juegos con apuestas”. La fórmula es terminante y, no obstante, los casinos proliferan a lo largo y a lo ancho del país, operando con base en las disposiciones de su Reglamento, el cual otorga a la Secretaría de Gobernación las facultades para otorgar permisos y vigilar la operación de centros de juego. Quizás por ello y aprovechando las reformas que el ejecutivo federal hizo al Reglamento en 2013, la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional demandando la invalidez de diversas disposiciones de éste. El proyecto, de la ministra Luna Ramos, será discutido en los primeros meses de este año.

2) Acción de inconstitucionalidad 19/2014 – Síndrome de alienación parental

Desde 2014, el Código Civil para el D.F. prevé como supuesto de violencia familiar al “síndrome de alineación parental”, desorden patológico en el cual los menores son influenciados por uno de sus padres para insultar sin justificación al otro. Ese desorden psicológico, presente en los divorcios y el fin de las relaciones sentimentales, fue considerado por el legislador local como merecedor de diversas sanciones para el padre que influye negativamente en sus hijos. A éste pueden suspendérsele tanto su patria potestad como el régimen de visitas que hubiere sido decretado en su favor. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo que prevé el supuesto y las sanciones correspondientes.

3) Acción de inconstitucionalidad 33/2015 – Autismo

En abril del año pasado, fue expedida la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Dicha legislación no sólo reconoce derechos a personas autistas, sino que prevé ciertas obligaciones para las autoridades a fin de impulsar su integración social. El problema constitucional que enfrenta esta legislación reside en los “certificados de habilitación” que prevé y del cual requerirán las personas autistas para validar que pueden desempeñar ciertas actividades laborales. La CNDH pregunta a la Corte: ¿dicho certificado es violatorio del principio de no discriminación y del derecho humano a un trabajo digno y socialmente útil?

4) Acción de inconstitucionalidad 28/2015 – Matrimonio gay en Jalisco

A pesar de los esfuerzos de la Primera Sala de la Corte para dejar claro que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse en todo el país, la mayor parte de los códigos civiles de los estados siguen estableciendo que el matrimonio es una institución para “un solo un hombre y una sola mujer”. Sin embargo, la CNDH aprovechó una re-publicación del artículo 260 del Código Civil jalisciense para impugnar esta restricción heteronormativa y buscar su invalidez. Sin duda será una buena oportunidad para que los ministros Medina Mora, Laynez y Piña nos demuestren que se toman en serio el artículo 1º constitucional que prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual.

5) Acción de inconstitucionalidad 31/2014 – Comunidades indígenas en San Luis Potosí

A nadie queda duda que el derecho indígena es una materia prácticamente desconocida en México. Son muy pocos los litigios que sobre derecho indígena hemos visto en los últimos años y esta tendencia parece no cambiar. Sin embargo, en este periodo, la Corte tendrá la oportunidad de analizar la forma en la cual se integra el consejo consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de las Comunidades Indígenas de San Luis Potosí. Conforme a la norma impugnada por la Comisión de Derechos Humanos local, dicho consejo se integra por un número indeterminado de ciudadanos propuestos por las comunidades indígenas de los distintos municipios, quienes deberán elegir a un hombre y a una mujer para ser, indistintamente, titular y suplente.

6) Amparos sobre los límites a las deducciones

Uno de los grandes temas pendientes de la #ReformaFiscal de 2013 versa sobre la constitucionalidad de los límites establecidos en la Ley del ISR para las deducciones personales. El límite a las deducciones personales, considerado por expertos como regresivo y violatorio del derecho al mínimo vital, resultó en una avalancha de amparos fiscales, muchos de los cuales fueron impulsados por la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. Dichos amparos se encuentran pendientes de resolución en los tribunales federales de todo el país y seguirán así hasta en tanto la Corte establezca un criterio al respecto.

7) Constitucionalidad de la Ley de Amparo

La nueva Ley de Amparo, publicada en 2013, sigue siendo objeto de señalamientos de inconstitucionalidad a diestra y siniestra. Lo que parecía ser una legislación de avanzada para reglamentar el proceso jurisdiccional más importante del país, ha sido impugnada por abogados que ven en ella distintos candados para que los ciudadanos tengan acceso a la justicia constitucional. Este año, a la Corte le tocará resolver si el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo es inconstitucional al establecer ciertas condiciones –una resolución favorable y la promoción de un recurso de revisión fiscal por parte de la autoridad- para cuestionar la constitucionalidad de normas aplicadas en litigios fiscales y administrativos.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la SCJN. @julio_mr1

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La comparecencia de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle empezó y terminó con una defensa. Desde que se presentó en la terna, que integra junto con las magistradas Norma Piña y Sara Patricia Olea, salieron a la luz algunos antecedentes polémicos que marcaron, definitivamente, su comparecencia: (i) el caso Sauceda Guerra, a quien se le acusaba de lavado de dinero en los Estados Unidos y cuya solicitud de arresto para extradición fue negada por la entonces juez Sánchez Valle; (ii) el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, caso en el cual la juez consideró que no procedía la extradición; y (iii) la liberación de José Gerardo Ortaga Amaya, ex asesor del Secretario de Marina, acusado del delito de delincuencia organizada.

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La comparecencia de la magistrada Sánchez Valle, en este contexto, inició con cuestionamientos directos de la Senadora Martha Tagle respecto esos casos y concluyó con una interpelación en el mismo sentido por parte del Senador Armando Ríos Piter. La magistrada agradeció el espacio y sostuvo que era su oportunidad para exponer su versión de los hechos. En relación con el caso Sauceda Guerra, la magistrada explicó que emitió un fallo contrario a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ésta le presentó una persona cuyos apellidos y media filiación diferían de aquella respecto de la cual había sido solicitada una orden de arresto para fines de extradición. Por ello —justificó— su decisión fue ordenar la liberación inmediata de la persona presentada. Al respecto, sostuvo que en ese caso su papel como juzgadora federal se limitó a proteger la libertad personal de una persona distinta de Sauceda Guerra.

Como consecuencia de su decisión en el caso Sauceda Guerra, la PGR inició averiguación previa contra la entonces juez Sánchez Valle por delitos contra la administración de justicia. En su comparecencia ante el Senado, explicó que la orden de aprehensión fue negada en primera instancia y que dicha negativa fue confirmada en apelación. A pesar de reconocer la incomodidad que pasó entonces, Sánchez Valle dijo “estar en paz” y convencida de haber actuado bien e, incluso, destacó que con posterioridad a ese incidente el Consejo de la Judicatura Federal le ratificó en el cargo y, después, la ascendió a magistrada de Circuito.

La magistrada, quien mañana cumple 45 años, tuvo también la oportunidad de explicar que en el caso de la extradición de Portillo no se cumplían los requisitos señalados en el tratado de extradición respectivo –lo cual hizo saber, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Ortega Maya, Sánchez Valle dijo estar imposibilitada para hacer muchos comentarios ya que el caso sigue pendiente de resolución, pero sostuvo que su actuar como juez de proceso penal fue limitado por una ejecutoria de amparo a la cual tuvo que dar cumplimiento.

Como parte de la defensa que la magistrada hizo de su papel como juzgadora federal, casi al final de su intervención, destacó la necesidad de revisar la comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal. Manifestó que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no tenemos información completa o cierta sobre las resoluciones judiciales federales y, en consecuencia, se hacen juicios incorrectos respecto los mismos.

A la largo de su comparecencia, la magistrada Sánchez Valle mostró mayor seguridad al responder preguntas relativas a la materia penal. Es más: dijo preferir la materia penal sobre la administrativa —en la cual trabaja actualmente—. En particular, explicó que el derecho del enemigo es una doctrina que justifica la imposición de penas por encima de los derechos humanos, dentro de esa doctrina identificó los casos de la punibilidad anticipada y la extinción de dominio. Por otra parte, sostuvo que, en su labor como jueza penal, había encontrado una gran dificultad para acreditar todos los elementos que integran el tipo penal de trata de personas, por lo cual hizo un llamado a revisarlo en sede legislativa.

Asimismo, en cuanto a su perspectiva acerca del alcance y protección de los derechos humanos, al igual que acerca de las limitaciones a los que éstos pueden ser sujetos, la magistrada expresó estar comprometida con su protección y maximización. Sin embargo, en cuanto al arraigo, expresó que debe ponderarse la seguridad pública y la libertad personal, manifestando que la primera tiene mayor peso. De igual forma expresó la importancia de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, erróneamente afirmó que cuando el Estado mexicano no es parte en una resolución emitida por dicha Corte, los criterios únicamente son orientadores, pero no obligatorios —criterio que ya fue superado por la Suprema Corte—.

En cuanto al tema de interrupción legal del embarazo, la magistrada manifestó que debe de existir una ponderación entre el “derecho a una vida digna del menor” y los derechos de libertad y a la salud de la madre —dejando ver su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo—.

Después de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña, la magistrada Sánchez Valle dijo entender la responsabilidad que implica ser propuesta para sentarse en la silla de la ministra Sánchez Cordero. Además, dijo no conocer a nadie ni estar apadrinada por un grupo político y recordó sus sencillos orígenes en el Poder Judicial de la Federación.

En general, la magistrada se vio segura en sus respuestas y, con lenguaje coloquial —“el negrito en el arroz” y “a ojo de buen cubero”—, expuso su punto de vista sobre diversas problemáticas jurídicas a las cuales se enfrenta el Poder Judicial de la Federación. No obstante, el eje central de la comparecencia fue su propia defensa, lo cual opacó temas de mayor trascendencia para el orden jurídico nacional.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Mariana Aziz Pico. Estudiante de la licenciatura en derecho en el ITAM y colaboradora de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @marianaaziz

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El pasado 17 de septiembre, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) mandó una carta al presidente de la República, solicitándole que las ternas de candidatos para suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza se compongan exclusivamente de mujeres.1 Esta no es la primera vez que un grupo de abogados o un sector de la opinión pública manifiestan su inconformidad con la visible minoría de mujeres que integran a la Suprema Corte. Dos mujeres para 11 asientos es un número francamente vergonzoso para un espacio de deliberación constitucional.

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Es evidente que no basta que las candidatas a suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza sean mujeres para que podamos afirmar que estamos ante buenos prospectos. Tras renunciar a la Corte estadounidense, el juez afroamericano Thurgood Marshall decía que no bastaba con que su sucesor fuese de raza negra, sino que fuera “the right black man”.2 Esto se debe a que, más allá de su género o raza, en gran medida lo que más importa son los antecedentes profesionales, así como las fobias y filiaciones partidistas, de quienes integran a nuestra Corte. Por ello, un ejercicio que puede resultar interesante es conocer precisamente los antecedentes profesionales de las poquísimas mujeres que han formado parte de nuestro tribunal constitucional.

La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería designada en 1961. Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la “Suprema Corte y Confección”.3 Para contextualizar la designación de esta ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.

La ministra Salmorán cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, titulándose con la tesis “La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo”. Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer).

La siguiente mujer designada fue la abogada de PEMEX Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien, lamentablemente, nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la Ministra Ayala falleció.

También en 1976 el presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.

A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del Pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.

En 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido Secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como Juez de Distrito en materia administrativa.

En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green(1939- ), abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, Subprocuradora y, posteriormente, Procuradora de Justicia de la ciudad de México.

Tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte, incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la CNDH.

Si bien en 1985, la ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón (1925- ), primera doctora en derecho “con mención honorífica” de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue Senadora y Diputada federal por el PRI.

También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte (1938- ). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la CNOP y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido.

El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937- ) en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.

Así, la última mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la Federación: ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, Juez de Distrito, Magistrada de Circuito y Consejera de la Judicatura Federal.

Estoy seguro de que son muchas las voces que exigen una Suprema Corte más igualitaria. Pero, nunca está de más una pregunta no menor: ¿a qué mujeres queremos para ocupar el importantísimo cargo de jueza constitucional?

Julio Martínez Rivas, Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1


1 Fierro, Juan Omar, “Magistradas piden reunirse con Enrique Peña Nieto”, El Universal, 3 de octubre de 2015.

2 Evidentemente Clarence Thomas, de extrema derecha, no fue el candidato preferido por Marshall.

3 Luna Ramos, Margarita. “La mujer en la Suprema Corte”. El Universal, 11 de marzo de 2014.

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El pasado viernes 26 de junio, la Suprema Corte de los Estados Unidos anunció su decisión en el caso Obergefell v. Hodges, el blockbuster del año. La fecha es muy especial para la comunidad gay, no solo porque junio es el mes del orgullo LGBTTIQ, sino porque, además, el 26 de junio de 2003, hace sólo 12 años, la propia Corte estadounidense declaró inconstitucional la ley penal de Texas que criminalizaba la sodomía.1

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La decisión en Obergefell fue adoptada por mayoría de 5 votos de los jueces Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan y Kennedy. Éste último, quien otorgó el voto decisivo para la toma de esta decisión, fue el encargado de escribir la sentencia.2 En este artículo pretendo sintetizar el contenido fundamental de la misma, así como de los votos disidentes.

Empecemos por los antecedentes del caso: el asunto fue llevado a la Corte Suprema por 14 parejas del mismo sexo y dos hombres gay viudos,3 quienes cuestionaron la constitucionalidad de la legislación de los estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, en las cuales se definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. En esos estados, se negó a las parejas el reconocimiento de sus matrimonios, contraídos en otros estados de la Unión americana.

El resultado todos los conocemos: la Suprema Corte dio la razón a los actores, expandió el derecho constitucional de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo y dio inicio a una alentadora cadena de mensajes, estados, tweets y arcoíris en las redes sociales.

En Obergefell, la litis del caso se centraba en dilucidar: (i) si conforme a la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, los estados tienen la obligación de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y (ii) si la misma Enmienda obliga a los estados a reconocer los matrimonios gay celebrados en otros estados. Estas preguntas no habían sido abordadas expresamente por la Corte en asuntos anteriores.4

Para considerar la primera pregunta, la sentencia de Kennedy (quien insistió en el tema durante los argumentos orales5) partió de un breve recuento sobre la historia del matrimonio. Al respecto, sostuvo que de los antecedentes históricos de dicha institución, se desprende su enorme importancia para la vida las personas y la necesidad de que algo tan importante para los individuos sea protegido por el Estado. Sin embargo, y reconociendo que la historia moldeó tradicionalmente la institución como la unión de un hombre y una mujer, la sentencia precisa que la tradición pueden ayudar a entender una institución, pero no puede significar un límite a las libertades constitucionales.

En esta última afirmación, la sentencia de Kennedy combate frontalmente la doctrina del originalismo, según la cual la interpretación constitucional debe partir de las consideraciones hechas por las personas que participaron en el proceso de construcción del documento constitucional (1789 y sus enmiendas). De hecho, la sentencia de Kennedy ataca la doctrina de los jueces Scalia y Thomas en más de una ocasión, por ejemplo al afirmar que quienes escribieron y ratificaron el Bill of Rights y la 14ª Enmienda no tenían la pretensión de conocer la amplitud de las libertades constitucionalmente protegidas, sino que delegaron el desarrollo de las mismas a generaciones futuras, conforme éstas fueran “aprendiendo cuál es su significado”.6

Por supuesto, el ataque frontal (y brutal) de Kennedy a la doctrina de Scalia merecía un revés. En su voto disidente, Scalia no sólo llamó a la decisión un “golpe de Estado”,7 “pretenciosa” y “egocéntrica”,8 así como atentatoria de la reputación de la Corte para “pensar claro” y “ejercer un análisis sobrio”,9 sino que también la cuestionó por pretender dotar a los jueces de un poder “super-legislativo”10 y asumir que encontraba un derecho constitucional olvidado por generaciones enteras de jueces y abogados.

En realidad, contrario a lo que afirmó Scalia, la Corte no pretendió establecer un “derecho constitucional al matrimonio gay”, sino que, considerando la existencia (no cuestionada) de un derecho a casarse, la Corte desentrañó el sentido del mismo y lo hizo extensivo a las parejas del mismo sexo. La distinción es sutil e inteligente.

Thomas, también inconforme con la postura de la mayoría frente a la doctrina del originalismo, escribió un disenso cáustico, acusando a la Corte de emprender una postura revisionista de la historia y la tradición jurisdiccional.11

Ahora bien, la mayoría, conforme a la doctrina de stare decisis, sustentó su decisión en casos pasados, a fin de demostrar que Obergefell era la consecuencia natural de un proceso evolutivo de criterios jurisprudenciales.12 Así, recordó que la protección de la 14ª Enmienda se extendía no sólo a los derechos y libertades consagrados en el Bill of Rights, sino también a otros derechos importantes relativos a la dignidad y la autonomía humana. Asimismo, recordó el famoso caso Loving v. Virginia (1967), en el cual invalidó la prohibición al matrimonio interracial por restringir la autonomía de las personas para establecer relaciones afectivas. Finalmente, insistió en retomar las consideraciones centrales del ya mencionado Lawrence, tanto para reafirmar la libertad sexual de las personas, como para abonar a la interpretación del derecho a contraer matrimonio como una decisión personal esencialmente íntima.13

Me interesa detenerme en dos temas más, mismos que suscitaron un enfrentamiento no menor entre la mayoría y minoría de este caso: el vínculo entre el matrimonio y la procreación, así como las facultades del Poder Judicial para entrar en el debate relativo al matrimonio gay.

En relación con el primer tema, la sentencia de Kennedy simplemente establece que “la habilidad, deseo o promesa de procrear no es y nunca ha sido un prerrequisito para contraer un matrimonio válido en un estado.”14 Sin embargo, la opinión disidente de Alito se sustenta esencialmente en ese vínculo reproductivo y afirma que, con independencia de la postura que considera al matrimonio como algo fundado en la felicidad de las personas, lo esencial del matrimonio es el coito y la perpetuación de la especie, visión que, a su juicio, los estados pueden adoptar legítimamente.

Por otra parte, dentro de un debate interno interesante, la posición de la mayoría afirma que pudiese pensarse que el asunto merece más legislación, litigio y debate, pero lo cierto es que: (i) ha habido discusión suficiente y (ii) la propia Constitución estadounidense ha garantizado el acceso al proceso jurisdiccional a fin de garantizar ciertos derechos de los ciudadanos y evitar que los mismos sean sometidos al voto y al resultado de las elecciones. Sin embargo, todos los disidentes (Scalia, Roberts, Alito y Thomas) insisten en que la cuestión debió dejarse a consideración del proceso legislativo y la discusión política de los estados de la Unión. Los disidentes cuestionan el que cinco jueces constitucionales decidieran la cuestión, arrebatando de las personas la libertad de decidir en democracia.15

La sentencia de Kennedy es un buen documento jurídico y, claro está, una victoria para las personas gay y sus familias. El mensaje de la Corte Suprema estadunidense no sólo es realmente positivo a nivel político, sino que representa algo aún más relevante: un ambicioso proyecto de construcción doctrinal de los derechos y libertades de autonomía, privacidad e igualdad.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


1 Lawrence v. Texas (2003). Decisión adoptada por mayoría de 6 votos de los jueces Kennedy, Stevens, Souter, Breyer, Ginsburg y O’Connor (voto concurrente). Los jueces Scalia, Thomas y Rehnquist votaron en contra.

2 La facultad de asignar la responsabilidad de escribir la sentencia correspondió a la juez decano de la mayoría, Ruth B. Ginsburg, quien, asumo, asignó el caso a Kennedy por razones estratégicas.

3 Tomemos en cuenta el caso de James Obergefell, quien dio nombre al caso en comento. La pareja sentimental de Obergefell, con quien contrajo matrimonio en Maryland, murió de esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, el estado de residencia de la pareja, Ohio, no permitía al supérstite ser considerado tal para efectos legales.

4 En United States v. Windsor (2013), por ejemplo, la Suprema Corte declaró inconstitucional la exclusión de los beneficios materiales previstos en la legislación federal a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, al decidir aquel asunto, la Corte no abordó las preguntas planteadas el Obergefell, sino que se limitó a considerar si era o no válida la exclusión de beneficios a parejas casadas legalmente conforme a la legislación de los estados más progresistas del país.

5 Los audios están disponibles aquí.

6 “… as we learn its meaning.” Página 11.

7Putsch“. Página 6 del voto disidente del juez Scalia.

8 Página 7 del voto disidente del juez Scalia.

9 Página 9 del voto disidente del juez Scalia.

10 Página 5 del voto disidente del juez Scalia.

11 Página 3 del voto disidente del juez Thomas.

12 “The gay-marriage decision is no outlier. It stands in a long line of prior decisions, all of which were highly controversial at the time, but most of which are now widely celebrated, even taken as iconic.” Sunstein, Cass. “Gay Marriage Shows Court at its Best”. Bloomberg View, June 26, 2015. Disponible aquí.

13 Recordemos que el derecho a la intimidad es considerado por el sector conservador de la Suprema Corte como un constructo artificial derivado de los casos de aborto y anticoncepción.

14 Página 15.

15 “But why should the people who control a state have the right to deny the right of some of their fellow citizens to marry, without a reason? Alito has no answer.” Posner, Richard A. “The chief justice’s dissent is heartless”. Slate, June 26, 2015. Disponible aquí.

Lithwick, Dahlia. “Where was all this “five unelected judges” chatter when they handed down Citizens United?”. Slate, June 26, 2015. Disponible aquí.

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Uno de los puntos medulares de cualquier democracia es que en este tipo de gobierno las decisiones se toman a través de la regla mayoría. El 50% + 1 es la regla a la cual se ajustan casi todos los procedimientos de toma de decisiones en los regímenes democráticos.

Las resoluciones judiciales, en este contexto, no son la excepción: también se deciden por mayoría de votos. Cuando un conflicto de intereses se somete a consideración de un tercero imparcial, ajeno a la controversia, los litigantes concienzudamente aceptan todas las reglas del proceso, incluyendo las reglas de decisión de los tribunales colegiados: la mayoría de los integrantes de un panel judicial habrá de dictar la resolución que dirima la controversia y subordine el interés de una de las partes al interés ajeno.

Pero, ¿qué sucede con los jueces disidentes, aquellos que votan en contra de la decisión mayoritaria que pone fin al juicio?

En ocasiones, la publicidad de la disidencia al interior de un órgano judicial puede poner en entredicho la corrección de la decisión tomada por la mayoría de los miembros de aquél. El voto disidente —particular o concurrente— puede surgir de legítimas diferencias en la interpretación jurídica o puntos de vista sobre la litis de un asunto, pero su sola existencia revela la posibilidad de que la decisión adoptada sea incorrecta –su defectibilidad.

En este sentido, por ejemplo, inconforme con la serie decisiones de la Suprema Corte que declaraban la inconstitucionalidad de diversas medidas económicas del New Deal, Franklin D. Roosevelt afirmaba que la Corte no estaba constitucionalmente obligada a invalidar diversas medidas de su política económica y, por el contrario, la mayoría de los jueces que integraban el tribunal habían votado en contra del New Deal por una cuestión de mera incompatibilidad ideológica. El discurso de Roosevelt descansaba en la opinión de la minoría de jueces que apoyaron la validez constitucional de su política económica.

Los votos disidentes imponen importantes costos a las decisiones de mayoría. No sólo incrementan la presunción de que la sentencia o resolución dictada haya sido incorrecta, sino que pueden resultar reveladores de las discapacidades e incongruencias de una sentencia aprobada por mayoría. En algunos países de Europa continental —Alemania, por ejemplo— el disenso se reserva a las deliberaciones secretas de la Corte Constitucional, a fin de evitar que las discusiones se ventilen y puedan menoscabar la legitimidad de la resolución.

Sin embargo, si lo vemos de forma distinta, el disenso judicial puede contribuir a la legitimidad de la decisión. El disenso público es una expresión de la independencia de cada juzgador, de la diversidad de sujetos y opiniones que integran un órgano aplicador del derecho, en tanto reflejo de la diversidad de personas que componen una sociedad. Además, da cuenta de la seriedad del debate, del análisis y ponderación de opciones que se suscitaron al interior del tribunal antes de la toma de una decisión mayoritaria.

disenso3La información y argumentación que un disidente aporta a la discusión judicial es valiosa desde el punto de vista epistemológico. La incorporación de este bagaje informativo y argumentativo un proceso de toma de decisiones siempre es valiosa en la medida en que aquélla resulte pertinente. Además, la expresión del desacuerdo revela la existencia de diferencias —deseables— entre los jueces que comparten la labor de impartir justicia en un órgano colegiado. Experiencias personales y antecedentes profesionales distintos, así como ideología diversa, pueden abonar a la mejor toma de decisiones judiciales. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas de distinta raza, origen social, orientación sexual e identidad de género, tenemos distintas formas de ver al mundo y los problemas sociales que se racionalizan a través del derecho. Cada uno de nosotros posee información distinta, la cual es importante compartir. Un par de ejemplos: la presencia de Michael Kirby, juez abiertamente homosexual, en la Suprema Corte de Australia, o de Sonia Sotomayor, mujer latina, en la Corte estadounidense, no han sido sino benéficas para los órganos que integran.

El voto particular es una figura importante para la impartición de justicia en los tribunales judiciales y, especialmente, en nuestra Suprema Corte de Justicia, órgano en el cual se deciden los litigios constitucionales de mayor envergadura y trascendencia nacional.

El disenso judicial importa; las minorías también. Lo cual exige poner mayor atención a los votos particulares y utilizarlos como herramienta de análisis de los precedentes judiciales que, por mayoría de votos, son fuentes de derecho. En nuestro país hace falta un escrutinio intenso a las sentencias de nuestros tribunales: del voto de la mayoría de los ministros, pero también de los disidentes.

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

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El 23 de marzo pasado, en la Liberty University de Virginia, Estados Unidos, Ted Cruz anunció su intención de participar en la contienda presidencial de 2016. Cruz, senador republicano por el estado de Texas, escogió una universidad cristiano-evangélica para llamar a las “personas de fe” a participar en las elecciones y votar por él para convertirse en el candidato del Partido Republicano y, eventualmente, en el presidente de los Estados Unidos.

Como un predicador cristiano, Ted Cruz dirigió un largo y emotivo sermón a su público, llamándoles a imaginar un gobierno federal respetuoso de la libertad religiosa de las personas, un gobierno capaz de desaparecer a las autoridades fiscales (el “IRS”) y respetar el derecho de los ciudadanos de tener armas de fuego en sus casas. El discurso de Cruz llamó también a la defensa de la “santidad de la vida humana” y del “sacramento del matrimonio”.[1]

El discurso de Cruz coincide, palabra por palabra, con las metas de la ultraderecha estadounidense, la cual ha buscado insistentemente, desde la era Reagan, transformar al derecho estadounidense.

Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales en 1981. Apoyado por grupos de católicos y protestantes conservadores —lo que se conoce como la Religious Right—, el presidente republicano emprendió un “disciplinado, bien orquestado y muy consciente esfuerzo”[2] para transformar el derecho constitucional de su país y, particularmente, aquél construido por la jurisprudencia liberal de las Cortes Warren y Burger.

La estrategia de Reagan consistió en poner mayor énfasis en el nombramiento de los jueces federales que, dentro del sistema difuso de regularidad constitucional, modelan a diario el derecho. En Estados Unidos, por exigencia constitucional, los jueces de la Suprema Corte son nominados por el presidente en turno y confirmados —o rechazados— por el Senado. Por disposición del Legislativo, lo mismo sucede con los jueces de distrito y de circuito que junto a la Suprema Corte y la Corte de Comercio Internacional integran el poder judicial federal —Artículo III de la Constitución estadounidense—. A fin de llenar las vacantes judiciales, Reagan y sus seguidores empezarían a interesarse no sólo en las cualidades profesionales de los candidatos, sino especialmente en la ideología política de los mismos. Un colaborador de la administración de Reagan diría que ésta buscaba “personas de determinada filosofía judicial”[3] para llenar las vacantes en los tribunales.

federalist-societyAdemás, el conservadurismo estadounidense fundaría organizaciones estudiantiles para combatir el nuevo status quo creado a partir de las decisiones liberales de la Suprema Corte. Ejemplo de ello es la Federalist Society for Law & Public Policy Studies, fundada en 1982 por un grupo de estudiantes de la escuelas de derecho de las universidades de Chicago y Yale, quienes se sentían incómodos con “la ideología ortodoxa liberal que domina a la profesión jurídica e impera en las escuelas de derecho”. Esta organización estudiantil creció con enorme rapidez y estableció capítulos en numerosas universidades de los Estados Unidos, a partir de la cual impulsaría la agenda conservadora de transformación del derecho. Hasta la fecha, esta organización sirve de plataforma para la discusión de ideas de derecha y su promoción dentro del mundo jurídico.

La estrategia ha resultado muy exitosa. Por supuesto, las metas más ambiciosas de los republicanos conservadores no han sido alcanzadas —particularmente en relación con el aborto— pero su influencia sobre el poder judicial es muy evidente, al grado que lo que antes era el centro del espectro político-judicial hoy es considerado como un filón de la izquierda. Me explico: la ideología política de los jueces se ha movido en general hacia el conservadurismo social y el libertarismo económico. En este sentido, Cass Sunstein afirma que jueces liberales de la talla de William Brennan y Thurgood Marshall no tienen sucesores, y que William Rehnquist, quien fuera en principio considerado el miembro más conservador de ese órgano colegiado, ha sido reemplazado por radicales como Antonin Scalia y Clarence Thomas.[4] Otros dos ejemplos muy claros son John Paul Stevens y Sandra Day O’Connor, miembros del viejo partido republicano y hoy considerados de los miembros más liberales de las Cortes Burger (1969-1986), Rehnquist (1986-2005) y Roberts (2005-presente), en las cuales participaron como colegas.[5] La doctrina de Stevens y O’Connor varió muy poco en el tiempo, lo que cambió fue el epicentro político de la Corte.[6]

La precandidatura de Ted Cruz se inscribe dentro de esta historia bélica del conservadurismo constitucional estadounidense para combatir las decisiones judiciales más importantes de la historia moderna. El conservadurismo contraataca desde todos los frentes.

Vale la pena saber qué sucede en latitudes jurídicas distintas de la nuestra para comprender más, armarnos y prevenir riesgos. Vale la pena, además, insistir en que —como lo dijo hace unas semanas la ministra Sánchez Cordero—la evolución jurisprudencial, la consecución de derechos y libertades, “no tiene marcha atrás”.[7]

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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[1] El discurso completo disponible en: “Transcript: Ted Cruz’s speech at Liberty University”, The Washington Post, Marzo 23 de 2015. Último acceso: 16 de abril de 2015.

[2] SUNSTEIN, Cass R. (2005). Radicals in Robes. Why Extreme Right-Wing Courts Are Wrong for America. Nueva York: Basic Books, 2005. Edición para Kindle. Introduction. The Constitution in Exile.

[3] FRIEDMAN, Barry (2009). The Will of the People. How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. Nueva York: Farrar, Strauss and Giroux, 2009. Pp. 314.

[4] SUNSTEIN, Cass R. (2005). Op. Cit. Introduction. The Constitution in Exile.

[5] En el caso de Sandra Day O’Connor, su participación en la Corte Roberts fue muy breve al haber renunciado en 2006, apenas un año después del nombramiento de John Roberts Jr. como el decimoséptimo presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

[6] SUNSTEIN, Cass R. (2005). Op. Cit. Introduction. The Constitution in Exile.

[7] Sesión pública solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, celebrada el martes 17 de marzo de 2015.

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Admitir, tramitar, resolver y archivar un juicio de amparo supone hacer uso de un enorme acervo de categorías, abstracciones y reglas técnicas. Por lo menos desde enero de 1936[i]  y hasta marzo de 2013[ii], los jueces y magistrados federales operaban a la luz de las mismas reglas de origen legislativo y jurisprudencial; las sentencias federales pudieron ajustarse gradualmente y sin complicaciones a las reformas legislativas y los cambios de criterio que se dieron en dicho periodo. Sin embargo, la introducción de una nueva Ley de Amparo en 2013 impuso a los juzgadores federales el enorme reto de ajustarse, no sólo a nuevas reglas de trámite sino a nuevas figuras procesales.

adhesivo1El juicio de amparo directo corresponde a quien considera que una autoridad jurisdiccional, al dictar una sentencia en sede ordinaria, ha violado sus derechos humanos. Si tiene razón el quejoso, el Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva el asunto, habrá de conceder el amparo y, naturalmente, ordenar el dictado de una nueva sentencia en la cual se corrijan los vicios constitucionales de la anterior. No obstante, en todos los procesos litigiosos intervienen dos partes y una siempre será desfavorecida por la decisión de la autoridad jurisdiccional y, en consecuencia, tendrá incentivos para promover una demanda de amparo, reclamando que se violaron sus derechos. La segunda sentencia ordinaria, dictada en cumplimiento del primer amparo, será igualmente combatida y podrá ser motivo de una nueva concesión de amparo. Probablemente la autoridad tenga que dictar una nueva sentencia, la tercera. Ésta, a su vez, puede ser objeto de otra demanda de amparo directo. El proceso parece interminable.

Imaginemos, por ejemplo, a dos padres capitalinos reclamando la guarda y custodia de su hijo menor. El juez familiar del Distrito Federal dará la razón a uno de los padres con base en las pocas pruebas que fueron aportadas al proceso. Uno de los padres estará inconforme con la sentencia dictada por el juez del Distrito Federal y, en consecuencia, solicitará el amparo argumentando que el juez de lo familiar no explicó las razones por las cuales otorgó poco valor probatorio a cierta prueba. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. De nuevo, uno de los padres estará molesto y es probable que promueva un nuevo amparo afirmando una violación a sus derechos humanos. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. Tal vez venga un nuevo amparo. En el litigo constitucional, tres strikes no bastan.

Para resolver el problema anterior, se ideó una nueva figura: el amparo adhesivo. Esta nueva acción procesal corresponde a quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria. Ante la promoción de un amparo directo por su contraparte, la parte vencedora podrá mostrar al Tribunal Colegiado las bondades de la sentencia que le dio la razón y tendrá que hacer valer aquellas violaciones procesales que, en caso de concederse el amparo al quejoso principal, pudieran perjudicarle en el dictado de una nueva sentencia. De esta forma, la parte vencedora podrá armarse ante la eventual concesión del amparo a su contraparte y el Tribunal Colegiado podrá estudiar, de una sola vez, todas las posibles violaciones de derechos.

La solución parece sencilla; sin embargo, en la práctica, ha causado severas inquietudes en los Tribunales Colegiados del país. ¿Qué tipo de argumentos deben hacerse en la demanda del adherente?[iii] ¿Cómo deben estudiarse los argumentos que no se ajusten a lo dispuesto por la Constitución y la nueva Ley de Amparo? ¿Puede el quejoso adherente criticar la demanda de su contraparte, sin aportar nada sustancial? ¿Merece un punto resolutivo independiente?

Ante los cuestionamientos anteriores, Tribunales Colegiados de Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal, Puebla, Coahuila y Tabasco han emitido criterios contradictorios. Por ello, en las semanas pasadas, la Primera Sala de la Suprema Corte ha resuelto algunas contradicciones de tesis, buscando dar certeza a los magistrados federales respecto a los límites y alcances del amparo adhesivo[iv].

En primer lugar, hay que destacar que la Primera Sala ha establecido que los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a las características argumentativas de cada amparo adhesivo del que conozcan[v]. Así, no merece un mismo tratamiento el amparo adhesivo que enuncia lo buena que resultó la labor del juez ordinario, de otro en el que se denuncien violaciones al procedimiento. Cada amparo adhesivo tendrá características propias, acordes a la finalidad que persigue quien lo promueve.

Por otra parte, la Sala ha enfatizado que el amparo adhesivo es una acción procesal que depende de la procedencia del amparo principal. Así, si el amparo resulta extemporáneo y el único objetivo del quejoso adherente es que la sentencia ordinaria que le dio la razón permanezca viva, es evidente que no existirá necesidad de que el Tribunal Colegiado se pronuncie respecto a esta nueva figura procesal. La sola negativa de amparo al principal implica la subsistencia de la sentencia que dio razón al adherente; en términos procesales: su pretensión ha sido colmada.

Además, la Sala ha dicho que cuando el amparo adhesivo se limita a cuestionar la corrección jurídica de los argumentos de su contraparte, el quejoso adherente en nada ayuda al Tribunal Colegiado. Esos argumentos necios no podrán ser atendidos por el Tribunal que resuelva la causa, éste deberá calificarlos de “inoperantes”.

Al resolver las contradicciones de tesis a que hago referencia, la Primera Sala ha abordado cuestiones técnico-procesales cuya delimitación resulta importante. Mediante la construcción jurisprudencial de lo que debe hacerse con un amparo adhesivo, los Tribunales Colegiados del país podrán resolver con mayor celeridad y certeza los asuntos que se someten a su jurisdicción. Además, los Tribunales podrán enfocarse en atender las cuestiones relevantes de cada proceso de amparo, sin hacerse cargo de argumentos necios, irrelevantes o, sencillamente, improcedentes.

Julio Manuel Martínez Rivas. Estudiante de Derecho en el ITAM y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte.

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[i] La vieja Ley de Amparo fue publicada y entró en vigor el 10 de enero de 1936.

[ii] La nueva Ley de Amparo fue publicada el 2 de abril de 2013 y entró en vigor al día siguiente.

[iii] Anticipo una cuestión que si bien no ha sido resuelta directamente por la Suprema Corte, ha sido abordada por algunos Tribunales Colegiados: ¿puede el quejoso adherente impugnar los puntos decisorios que le perjudiquen de la sentencia reclamada? Para ello, ¿no podría promover un amparo principal? Lo anterior, ¿no sería tanto como darle una segunda oportunidad procesal para combatir la sentencia?

[iv] Contradicciones de tesis 32/2014 (28 de mayo de 2014), 89/2014 (27 de agosto de 2014), 110/2014 (10 de septiembre de 2014) y 136/2014 (15 de octubre de 2014), todas elaboradas bajo la Ponencia del Ministro Cossío y resueltas por unanimidad de votos.

[v] “[…] dada la diversidad de formas que puede adoptar la argumentación de un amparo adhesivo —considerando que el artículo 182 de la Ley de Amparo señala las tres finalidades de dicha figura procesal—  la decisión judicial que recaiga al mismo debe acoplarse a la pretensión particular del quejoso adherente.” Contradicción de tesis 32/2014, párrafo 48.

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