Desde 2015, Fundar se encuentra en una batalla judicial por vencer el secreto fiscal y acceder al nombre de los contribuyentes que se beneficiaron de las amnistías fiscales de los últimos sexenios. En esta lucha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los grandes contribuyentes han impedido por todas las vías posibles el cumplimiento de una sentencia en donde se ordenó la entrega de dicha información. Frente a la posibilidad de que se implemente otra amnistía fiscal en 2019, la cual implicaría condonar hasta 187 mil 532 millones de pesos, más vale tener presente este caso para evitar que se obstaculice nuevamente el acceso a la información.

Privilegios fiscales para unos cuantos

El principal objetivo de todo sistema tributario consiste en captar los recursos necesarios para que puedan financiarse las funciones estatales. Sin embargo, también es posible renunciar a la recaudación de una parte de esos recursos, siempre y cuando con esto busque apoyarse a la población en situación de vulnerabilidad o mejorar la eficiencia recaudatoria. Dentro de este tipo de medidas se encuentra la condonación de impuestos y créditos fiscales.

Hasta el momento estos programas de condonación han beneficiado principalmente a los grandes contribuyentes y no son políticas efectivas para regularizar su situación fiscal. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el programa “Ponte al Corriente” de 2013 propició la evasión fiscal e identificó que un grupo de 15 contribuyentes que ya habían sido beneficiados en 2007 –y a quienes el SAT prácticamente nunca pudo cobrarles impuestos durante siete años– se les perdonaron más de 46 mil millones de pesos.

El propio SAT recomendó que este tipo de políticas no se repitan y, en caso de volver a utilizarse, se diseñen con controles suficientes para evitar la evasión fiscal. A pesar de los resultados del pasado, Arturo Herrera, actual subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró en septiembre de 2018 que no descartaba la posibilidad de implementar una nueva amnistía fiscal.

Las irregularidades y la concentración de los beneficios otorgados en 2013, motivaron a Fundar a solicitar más información sobre las condonaciones de créditos fiscales del periodo 2007-2015. El SAT se negó a entregar la información, argumentando que las condonaciones previas a la entrada en vigor de la ley general en materia de transparencia en mayo de 2015 se encontraban protegidas por el secreto fiscal.1

Inconforme con la respuesta, Fundar presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que resolvió entregar la información por tratarse de información de interés público, que permitiría evaluar cómo actuaron las autoridades al momento de beneficiar a ciertos contribuyentes. Sin embargo, tal y como ya había sucedido en por lo menos otros 33 recursos resueltos por el INAI, el SAT incumplió la resolución.

Ante esa situación, Fundar presentó un amparo indirecto que fue otorgado por Fernando Silva, Juez 8° de Distrito en Materia Administrativa, para que las autoridades competentes del SAT cumplieran con la resolución y entregaran al solicitante la información requerida. De nueva cuenta, el SAT intentó impedir la entrega de la información e impugnó esa resolución; no obstante, el 16° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia del juez.

Cuando parecía que el SAT no tendría más remedio que entregar la información, decidieron utilizar un último recurso: involucrar a las personas morales beneficiadas por la amnistía de 2013.

Fue así que más de 50 personas morales –entre ellas bancos y grandes corporativos– extrañamente comparecieron ante el SAT y se les notificó la resolución del INAI, contra la que se ampararon más tarde. Este grupo de contribuyentes reclamaron que el INAI había violado su derecho a la protección de datos personales y que durante el procedimiento no se les había permitido participar como terceros interesados. Con la simple presentación de esos amparos, el SAT consiguió una nueva justificación para no proporcionar la información: debido a la existencia de estos casos, era “jurídicamente” imposible cumplir con la sentencia dictada en favor de Fundar.

A pesar de los argumentos del SAT, el juez Fernando Silva continúo exigiendo el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, los juicios de las personas morales provocaron que el Juez matizara la forma en que la sentencia debía ser cumplida. Así, ordenó que se entregara la información de los contribuyentes que no se hubieran amparado, y que el resto fuera revelado dependiendo del resultado de los juicios promovidos por las empresas.

El SAT, sin embargo, se mantuvo firme en desobedecer la resolución. Por ello, en abril de 2017, el juez Fernando Silva mandó el amparo a un tribunal colegiado, que también determinó que hubo incumplimiento de la sentencia, y remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) con la propuesta de separar del cargo al Jefe del SAT.

Ante este escenario, la Segunda Sala de la SCJN prefirió regresar el caso al juez Silva para que reuniera toda la información sobre los amparos interpuestos. De esta forma, cuando el juez ordenara nuevamente al SAT que hiciera pública la información, no se revelaran los datos de quienes se ampararon.

Actualmente, el juez se encuentra reuniendo la información sobre la situación procesal de los amparos promovidos por las empresas. En estos juicios, los criterios judiciales no han sido homogéneos: mientras que algunos jueces y tribunales han negado o sobreseído el amparo, otros han obligado al INAI a dictar una nueva resolución en donde llame a procedimiento a las personas morales.

Esta incertidumbre podría ser solucionada por la SCJN, sin embargo, en los diversos juicios que ha tenido oportunidad de atraer ha preferido no pronunciarse. Aunque desde la perspectiva de Fundar no existe duda sobre la naturaleza pública de la información, el involucramiento de la SCJN es importante para dejar en claro que la información sobre los beneficiarios de una amnistía fiscal es de naturaleza pública y que, por lo tanto, su acceso no puede obstaculizarse por el secreto fiscal ni otras cuestiones procesales.

Este proceso judicial demuestra que aún existen obstáculos para el acceso a la información en materia de condonación de adeudos fiscales. Aunque hoy contamos con un marco jurídico que permite la publicidad de este tipo de información, aún existe el riesgo de que los intereses particulares se impongan frente al derecho de la información. Esto debe considerarse no sólo por la SCJN y los jueces que actualmente conocen de los amparos, sino también por el nuevo gobierno en caso de que decidan aplicar otra amnistía fiscal en 2019.

Karla Tesillo. Consultora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.


1 A partir de la entrada en vigor de la LGTAIP, el 5 de mayo de 2015, el SAT publica el monto y el nombre de las personas físicas y morales que han sido beneficiadas con la condonación de créditos fiscales.

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