Como cada año, El juego de la Suprema Corte presenta los 10 textos más leídos en este espacio.


1. Caso “Porkys”: explicación y análisis de la (indignante) sentencia. 29 de marzo. Estefanía Vela. Una aguda y sólida crítica a una de las sentencias más controvertidas de los últimos años y que alude a una creciente problemática social en el país.

2. El amparo que “detuvo” las labores de búsqueda y rescate del sismo. 23 de septiembre. Joseph Irwing Olid Aranda. Estudio de una peculiar sentencia que, en las primeras horas después del temblor del 19 de septiembre, frenó las labores de búsqueda y rescate en una edificio de ciudad de México.

3. El caso “Porkys” y la importancia del análisis de las pruebas. 3 de abril. Raymundo Gama Leyva. Un texto que estudia este escandaloso asunto, pero desde la perspectiva del estudio y ponderación de las pruebas en un proceso judicial penal.

4. Militares, derechos humanos y seguridad interior. 9 de enero. José Antonio Guevara Bermúdez. Uno de los primeros análisis, bien fundamentado de acuerdo al contexto de violencia en el país, de lo que en su momento era la iniciativa de Ley de seguridad interior.

5. Trump y el TLC, ¿realmente lo puede destruir? 25 de enero. Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes. Un breve análisis sobre los obstáculos institucionales, al interior de los Estados Unidos, que enfrentaría el presidente Trump si decide retirar a su país del TLC.

6. La Suprema Corte y el principio de confianza legítima. 17 de abril. Héctor Ivar Hidalgo Flores. Texto que analiza los primeros casos resueltos en la Suprema Corte sobre un criterio en construcción en el país: confianza legítima.

7. Catalunya incomprendida: la historia detrás del reclamo de autodeterminación. 24 de marzo. Miguel Lisbona Guillén. Un texto que, con un pie en la perspectiva jurídica pero también en la histórica, analiza el reclamo de autodeterminación de Cataluña.

8. Prefiero ser tu amante, ¿o no? De hijos, trabajo doméstico y pensiones. 14 de marzo. Paula Sofía Vázquez. Un interesante texto que explica un caso, resuelto por un pleno de circuito a partir de una contradicción de tesis, sobre un tema que frecuentemente se regula a partir de prejuicios y sin equidad de género: las pensiones.

9. Caso Santiago Nieto: PGR vs. Senado. 23 de octubre. Luis Pérez de Acha. Un texto que pondera de manera objetiva las diversas aristas alrededor de la destitución del entonces titular de la FEPADE y los motivos de ésta.

10. ¿Qué tan viable es el impeachment en contra del presidente Trump? 13 de febrero. Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes. Un análisis de los diferentes retos jurídicos que es indispensable sortear por el sistema político estadunidense para destituir al presidente Trump.

El juego de la Suprema Corte

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Como cada año, a continuación se ofrece una breve descripción de los 10 textos más leídos en El juego de la Suprema Corte en el año 2016.

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1. La Suprema Corte y el futuro de la destitución de Cuauhtémoc Blanco, Francisco Zorrilla. 12 de diciembre.
Un texto que analiza los diferentes ataques institucionales que ha sufrido recientemente el presidente municipal de Cuernavaca y, sobre todo, su viabilidad de éstos ante la Suprema Corte de Justicia.

2. Carta abierta al ministro en retiro Salvador Aguirre Anguiano, GIRE. 6 de diciembre.
Se trata de una batería de argumentos en contra de la posición del ministro en retiro Aguirre Anguiano respecto uno de los temas más peliagudos de la justicia constitucional: la interrupción del embarazo.

3. Santa Claus en los tribunales, Alejandro Anaya. 19 de diciembre.
Un texto emblemático de la sección Absurdos jurídicos que reúne que da cuenta de un variopinto abanico de juicios en diferentes partes del mundo, que han girado en torno a la figura de Santa Claus.

4. Ciencia y pseudo-ciencia de nuevo al centro del debate respecto el aborto, Raffaela Schiavon. 3 de diciembre.
Un texto por demás didáctico que explica las principales diferencias entre ciencia y pseudo-ciencia respecto la interrupción del embarazo y demás aspectos en torno a éste proceso médico.

5. ¿Qué no está haciendo la Suprema Corte? El año 2016 del máximo tribunal, Alberto Abad Suárez. 14 de diciembre.
Un balance del desempeño jurisdiccional y del rol político de la Suprema Corte durante el año 2016.

6. Nuevas designaciones en el Tribunal Electoral, a cubrir las vacantes, Arturo Espinosa. 8 de diciembre.
Un texto que explica y analiza un proceso de designación de enorme relevancia para la vida democrática del país pero que pasó desapercibido por la opinión pública: las designaciones de los magistrados electorales de varias salas regionales.

7. La Corte, seguridad nacional e intervención de comunicaciones privadas, Danya Centeno. 12 de diciembre.
Se trata de un artículo que explica uno de los últimos casos respecto una de los temas que ha tomado enorme relevancia en la agenda de la Suprema Corte: intervención de comunicaciones privadas. En concreto, este texto analiza la decisión de los ministros de la Corte de otorgarle el carácter de público al número de comunicaciones intervenidas por el CISEN.

8. La reforma a la justicia laboral: lo bueno, lo malo y lo feo, Erick López Serrano. 17 de octubre.
Un texto que subraya los aspectos positivos y negativos de la reforma al texto constitucional para que las juntas de conciliación y arbitraje dejen ser parte del poder ejecutivo y se integren al poder judicial.

9. Halconeo: el delito de buscar información, Leopoldo Maldonado. 4 de abril.
Análisis riguroso sobre uno de los casos más relevantes de este año de la Suprema Corte respecto la libertad de expresión periodística.

10. La Corte Suprema estadounidense en manos de Trump, Luis Enrique Rosas. 14 de noviembre.
Un texto que, recién confirmada la victoria presidencial de Trump, esboza algunos escenarios respecto el futuro de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto el tipo de justices que llegarían y, en este sentido, la agenda de casos que vendría.

 

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El contexto: las designaciones y la propuesta de un fast track legislativo

El pasado jueves 20 de octubre, el Senado de la República concluyó la última etapa del procedimiento para renovar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Tres magistrados (Felipe de la Mata, Janine Otálora y Mónica Soto) fueron nombrados por un periodo de nueve años; otros dos (Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez) por un periodo de seis años; y los dos restantes (Indalfer Infante y José Luis Vargas) por un periodo de tres. Con esto, los Senadores cumplieron con uno de los principales propósitos de la reforma electoral de 2007-2008: terminar con la lógica del “borrón y cuenta nueva” y establecer un sistema de nombramientos escalonados que facilitara el aprendizaje institucional de la Sala Superior, brindando de esta forma estabilidad y certeza jurídica al sistema electoral, al tiempo en que se renovaría de manera paulatina, como ocurre en muchos otros órganos colegiados (SCJN, INAI, INE, etc).

Sin embargo, en días recientes en ciertas columnas políticas y algunos senadores del PRI y del PAN1 han señalado que junto con el acuerdo al que llegaron los partidos políticos para la designación de quienes integrarán la Sala Superior a partir de este 4 de noviembre, también pactaron modificar el tiempo que durará el cargo de aquellos que fueron designados por tres y seis años. A pesar de que el proceso de designaciones ya concluyó y que los nuevos magistrados ya tomaron protesta, se ha dicho que en los siguientes días se pretende presentar y aprobar, fast track, una reforma que busca “prorrogar” el nombramiento de cuatro de los magistrados. Así, quienes fueron nombrados por tres años desempeñarían el cargo por seis, mientras que los nombrados por seis años incrementarían su periodo a ocho.

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Los dichos de los senadores del PRI y del PAN –pues hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa para reformar en este sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF)- no sólo levantan sospechas por el tiempo y la forma en que se han lanzado; esto es, justo después de concluido este proceso de designación. Estamos, entonces, frente a una posible decisión que de tomarse sería por demás cuestionable en términos jurídicos, institucionales y políticos.

Jurídicamente, la reforma sería a todas luces inconstitucional, pues, con ella se violaría el procedimiento de designación establecido en la Constitución, el principio de separación de poderes, así como el artículo 13 constitucional. Institucionalmente, se trata de una reforma que anularía los beneficios de la renovación escalonada y afectaría la lógica de aprendizaje colectivo de la Sala Superior del TEPJF. Finalmente, en términos políticos, estamos frente a una eventual decisión que afectaría gravemente la credibilidad de los magistrados recién nombrados y que amenazaría con disminuir aún más la baja legitimidad de la Sala Superior.

Violación al procedimiento de designación y al principio de separación de poderes

En este contexto, el artículo 99 constitucional resulta relevante al menos por tres razones. Primero, en él se establece un procedimiento de designación mixto, en el cual intervienen tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien propone a los candidatos, así como el Senado de la República, quien realiza la elección final a partir de esas propuestas.2 Segundo, el artículo 99 también establece, con toda claridad, que la elección de magistrados del TEPJF “será escalonada” y que se realizará “conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley”. Tercero, en dicho artículo constitucional establece –más allá de la temporalidad ordinaria de los nombramientos– un principio de “improrrogabilidad” que prohíbe extender el nombramiento de los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales.3

El nombramiento del pasado jueves cumplió con esos requisitos. En primer lugar, tanto la SCJN como el Senado de la República cumplieron con el mandato constitucional y legal de realizar una renovación escalonada a partir de las reglas preestablecidas, así como conforme a la convocatoria emitida para iniciar el proceso de renovación. En particular, los ministros de la Corte y los senadores cumplieron con lo dispuesto en los artículos transitorios de la reforma constitucional4 de 2007 y la reforma legal5 de 2008, los cuales establecen puntualmente periodos diferenciados e improrrogables (de tres, seis y nueve años) para los magistrados que inicien su mandato el 4 de noviembre de 2016.

A partir de estas reglas –que nunca fueron controvertidas ni cuestionadas ni antes ni durante el proceso de renovación– fue que se desarrolló una larga cadena de actos que terminó con la designación del pasado jueves. Dicho de otro modo, estas fueron las reglas con las que la SCJN emitió la convocatoria; con las que los aspirantes decidieron (o no) participar en el proceso de designación; con las que se realizaron las votaciones y comparecencias en la SCJN; con las que se aprobó la conformación final de las ternas; con las que se realizaron las segundas comparecencias ante el Senado y; finalmente, con las que se aprobaron las designaciones correspondientes. Estas fueron, pues las reglas del juego.

De ahí que no sea difícil ver por qué el Congreso de la Unión carece de facultades para aprobar una reforma que prorrogue el periodo de magistrados cuyo proceso de designación ya concluyó. En primer lugar, la Constitución sigue una lógica de pesos y los contrapesos al establecer que en el proceso de designación participen dos poderes del Estado: el legislativo, a través del Senado, y el judicial, a través de la SCJN. La eventual propuesta de reforma de los senadores del PAN y del PRI violaría lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, pues permitiría que un solo poder (el legislativo) modificara, de manera unilateral, una designación concluida en la que –por mandato constitucional– deben participar dos poderes del Estado mexicano. Desde esta perspectiva, la reforma propuesta implicaría que, en los hechos, una invasión a las facultades que la Constitución confiere a nuestro tribunal constitucional.

En segundo lugar, la reforma también sería inconstitucional en la medida en que violaría el principio de improrrogabilidad establecido en el artículo 99 constitucional. Si bien en dicho artículo se establece la temporalidad que ordinariamente tendrán los nombramientos (9 años), lo cierto es que ahí también se establece que, en todo caso, lo nombramientos serán improrrogables. Lo anterior no es algo menor, pues la improrrogabilidad es una garantía de independencia judicial que busca que los integrantes de la máxima autoridad en materia electoral puedan desempeñar su encargo sin presiones de tipo político. Dicho de otro modo, lo que la Constitución busca es eliminar los incentivos perversos que se generarían si los magistrados electorales tuviesen que “quedar bien” con los Senadores para poder continuar en su encargo. Estamos, pues, frente a una iniciativa que atenta contra una de las garantías de la independencia judicial.

Violación al artículo 13 constitucional: prohibición de leyes privativas

Pero en caso de que esta iniciativa de reforma se presente en los términos que ha saltado a la opinión pública, con propósito de prorrogar el periodo de los magistrados electorales, además, constituye una violación directa al artículo 13 de la Constitución, toda vez que se trataría de ley privativa6. En efecto, la SCJN ha sostenido, de manera constante y reiterada, que son inconstitucionales aquellas leyes que no cumplen con las características de generalidad, abstracción y permanencia. Específicamente, en un innumerable número tesis y jurisprudencias7, la SCJN ha establecido que deben considerarse como leyes privativas a aquellas disposiciones que:

(1) Se refieren a situaciones que se agotan en un número predeterminado y previamente definido de casos.

(2) Pierden su vigencia una vez que se aplican a un caso previsto y determinado de antemano.

Tampoco es difícil ver por qué una reforma en estos términos, sería un claro ejemplo –casi de libro de texto– de lo que constituye una ley privativa. Por una parte, es claro que la prórroga propuesta se refiere a un número predeterminado y previamente definido de casos; esto es, los dos magistrados que fueron nombrados por seis años (Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez) y los dos nombrados tres (Indalfer Infante y José Luis Vargas). Por otra parte, también es evidente que la reforma perderá vigencia una vez que se aplique a un caso previsto y determinado de antemano, esto es, la designación de estos cuatro individuos en particular.

Incluso si los senadores tienen la delicadeza de no señalar el nombre de estos cuatro magistrados en la iniciativa, resulta más que evidente que estamos frente a una reforma legislativa que, en la práctica, va dirigía a personas con nombre y apellido. Las designaciones ya están hechas, por lo que no queda la menor duda de quiénes son los cuatro individuos que se beneficiarían con la aprobación de esta reforma.

No se puede modificar normas que ya no existen 

En la reforma constitucional en materia electoral de 2007, se estableció en el artículo 99 constitucional que la renovación de quienes integren la Salas del TEPJF sería escalonada. Para ello, se señaló en el artículo quinto transitorio de este decreto de reforma que sería en la LOPJF donde se regularía tal escalonamiento. En consecuencia, en el decreto de reforma de la LOPJF de 2008, en sus artículos transitorios, se señaló la manera en que se escalonaría tal renovación. En efecto, en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma de la LOPJF, del 1º de julio de 2008, estableció que para la renovación escalonada de la Sala Superior: “la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados, de los cuales dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.”

En este sentido, los plazos de duración de los cargos para quienes integren la Sala Superior a partir de la designación recién realizada por el Senado de la República se establecieron en el régimen transitorio tanto de la Constitución –al establecer el sistema escalonado y remitir a la ley secundaria para definir los tiempos de éste-, así como en el transitorio de la LOPJF. Por lo que en caso de que el Congreso de la Unión decida modificar estos plazos tendríamos que preguntarnos: ¿Es modificable el régimen transitorio de una ley?

En principio pareciera que no, pues, dichas disposiciones son justo transitorias. Es decir, precisamente tienen la función de establecer las reglas que se deben seguir entre la pérdida de vigencia de una norma y la entrada en vigor de otra. De ahí que en este caso, lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional de 2007 y el cuarto transitorio del decreto de reforma de la LOPJF de 2008, se agotó con la conclusión del actual proceso de designación de quienes integraran la Sala Superior del TEPJF a partir del 4 de noviembre próximo. De tal manera que dichas disposiciones carecen de vigencia y, por ello, no pueden ser modificables. Los senadores, si consideraban pertinente modificar los plazos de estos cargos de magistrados, debieron realizarlo previamente a que iniciará este proceso de renovación –pues éste, una vez que tomaron protesta los candidatos designados conforme a las bases de la convocatoria emitida por la SCJN, ya finalizó.

Para concluir: aprendizaje institucional truncado y crisis de legitimidad

Las razones, expuestas en los apartados precedentes, debiesen ser suficientes para entender por qué una reforma como la que pretenden proponer los senadores del PRI y del PAN, sufriría de serios vicios de inconstitucionalidad. Pero, más allá de estas razones jurídicas, existen otras que permiten apreciar que una reforma de este tipo no sería una idea atinada.

Por una parte, si bien un ajuste legal en estos términos no rompería en sentido estricto y formal el esquema de escalonamiento que estableció la reforma constitucional de 2007 para el TEPJF. Lo cierto es que su lógica claramente sería trastocada, pues, ésta lo que busca es que los cambios en la integración de las salas se den de manera paulatina y ordenada. El sistema actual garantiza que, en el futuro, toda persona que sea nombrada como magistrado electoral se integre a un órgano colegiado en el que aproximadamente un tercio de sus integrantes cuente con amplia experiencia en el cargo (esto es, con seis años de servicio) y aproximadamente otro tercio cuente con una experiencia intermedia (tres años de servicio). Esto facilita la integración de los nuevos miembros, garantiza continuidad institucional y, sobre todo, hace que la curva de aprendizaje colectiva sea menos pronunciada.

Es falso que el sistema de escalonamiento sea un “despropósito” o un “sinsentido”, como algunos senadores han sugerido. En realidad, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han realizado un enorme número de nombramientos que siguen un esquema similar o, de plano, idéntico. Tal sería el caso, para no ir más lejos, de la designación de 15 magistrados electores de Salas Regionales en 2013 y de los integrantes de la Sala Regional Especializada en 2014, así como del nombramiento de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2007 y de los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014. No queda claro, pues, por qué si la renovación escalonada es “altamente inconveniente”, los actuales senadores han aprobado reformas que establecen dicho esquema o, en su caso, por qué guardaron silencio en designaciones pasadas.

Por último, es importante señalar que la aprobación de una eventual reforma como la han esbozado senadores del PRI y del PAN representaría un duro golpe a la legitimidad del TEPJF y, en particular, de los magistrados recién nombrados. No han sido pocas las voces que han señalado, de manera documentada y reiterada, los muchos problemas de la justicia electoral federal. La renovación de la Sala Superior abrió la puerta para que los nuevos magistrados electorales, con sus sentencias, corrijan los errores del pasado e impulsen una mejor justicia electoral. En este sentido, flaco favor le harían los senadores a la nueva integración de la Sala Superior si aprueban, en fast track, una reforma que sólo terminaría por abonar a la idea de que esta designación siguió una perversa lógica de cuotas y cuates. Vale mencionar que entre los magistrados recién designados hay abogados con enorme capacidad técnica y solvencia ética. De los cuales se espera que eleven el nivel de discusión constitucional y electoral en esta institución. No merecen que sus nombres sean asociados a una reforma que viola la Constitución, que rompe el desarrollo institucional del TEPJF y que amenaza con destruir la credibilidad de la nueva integración. Ojalá se traté de sólo de meros dichos de algunos senadores a los medios de comunicación y no resulté en una reforma legislativa con estos problemas legales y políticos.

Nota al calce: Como lo anunciaron algunos senadores del PRI y del PAN, el 25 de octubre de 2016, al día siguiente de la publicación de este texto, se presentó en el Senado de la República la iniciativa de reforma legislativa para modificar el cuarto transitorio de la LOPJF. El propósito es –tal como se había especulado– extender el período de los magistrados ya designados por 3 años (a 7) y los de 6 años (a 8). Como se esperaba, los términos de esta iniciativa la ubican en los supuestos de inconstitucionalidad señalados en este texto. Se trata no sólo de un error jurídico mayúsculo sino también de una irresponsabilidad política sin precedentes. Lo peor es que, si prospera esta iniciativa, el mayor costo lo asumiría el TEPJF; en particular, los magistrados recién designados. Sería, pues, claro retroceso en los esfuerzos por mejorar la justicia electoral del país.

Editorial El Juego de la Suprema Corte


1 Véanse las notas publicadas en La Jornada y en El Universal.

2 El artículo 99, párrafo undécimo, de la Constitución establece lo siguiente: “Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será́ escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley”.

3 Los párrafos duodécimo y decimotercero del artículo 99 constitucional establecen lo siguiente: “Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.” “Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores”.

4 El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 establece lo siguiente: “Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.”

5 La fracción II del artículo transitorio cuarto de la reforma legal en materia electoral de 2008 señala lo siguiente: “A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos.”

6 El artículo 13 de la Constitución establece literalmente lo siguiente: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

7 Véanse, sólo por mencionar algunos ejemplos, las jurisprudencias identificadas con las claves 1a./J. 117/2012 (“las leyes privativas… son las dirigidas a personas nominalmente designadas, que atienden a criterios subjetivos y que pierden su vigencia después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano.”) y P./J. 59/2007 (“el último párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones… al dirigirse específicamente a los comisionados que ocupaban el cargo a la fecha de entrada en vigor del precepto y ser sólo aplicable a la primera designación, constituye una norma de carácter privativo que carece de los atributos de generalidad, abstracción y permanencia.”); así como las tesis identificadas con las claves 1a. CCLXXX/2015 (“Las leyes privativas se refieren a personas nominalmente designadas o a situaciones que se agotan en un número predeterminado de casos), 1a. CIX/2011 (“las leyes privativas se caracterizan por referirse a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado pierden su vigencia”), 1a. XXVII/2009 (“Las leyes privativas son aquellas cuyas disposiciones se extinguen por su validez después de aplicarse a un caso concreto y determinado, y que se aplican en consideración de especie o persona”), P. XII/2008 (“las leyes privativas, prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos, y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia”), 2a. CXXVIII/2005 (“Del análisis de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de leyes privativas, se advierte que la ley: a) Es privativa si la materia de que se trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano”).

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A continuación presentamos los 10 posts más vistos durante el 2015 en el blog judicial de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte:

1. La comparecencia de la magistrada Patricia Orea: un bochornoso episodio. 30 de noviembre. Saúl López Noriega.
Una crónica de uno de los momentos más vergonzosos en la historia de las designaciones de ministros del país.

2. Mi amiga, mi esposa, mi amante… y las pensiones que les corresponden. 21 de septiembre. Paula Sofía Vázquez.
Un análisis de uno de los precedentes más relevantes en el año de la Suprema Corte, para efectos de proteger a las personas más vulnerables sin importar prejuicios ni tabúes sociales.

3. Caso Carmen Aristegui: el amparo inédito. 23 de abril. José Roldán Xopa.
Un texto sobre la sentencia del Juez de Distrito que le dio entrada a uno de los juicios de amparo que, sin duda, más allá de la polarización que suscita la demandante como figura pública, representó varios aspectos jurídicos por demás novedosos.

4. El Senado y la magistrada Norma Piña: los matices de la mediocridad. 1º de diciembre. Saúl López Noriega.
Una crónica y balance de la comparecencia, ante la comisión de justicia del Senado, de la ahora ministra de la Suprema Corte, Norma Piña.

5. Ya hay jurisprudencia del matrimonio gay, ¿ahora qué sigue? 22 de junio. Gerardo Mata Quintero.
Un texto que explora los diferentes escenarios en términos de litigio y legislación que se abrieron una vez que la Suprema Corte emitió una tesis de jurisprudencia para garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

6. Crónica: la tarde que Medina Mora se volvió ministro de la Corte. 10 de marzo. Juan I. Zavala.
Una crónica de la sesión del pleno del Senado de la República que ratificó el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte y que evidencia el pobre escrutinio por parte de los senadores a quienes aspiran acceder a estos cargos públicos.

7. El reto de sustituir a Sánchez Cordero y Silva Meza. 1º de octubre. Alberto Abad Suárez Ávila.
Un texto que de manera breve esboza las aportaciones de los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza a la justicia constitucional del país y de ahí la difícil tarea de sustituirlos con abogados del mismo calibre.

8. El fin de las horas extras laborables. 27 de agosto. Erick López Serrano.
Un texto que analiza una serie de sentencias sobre un tema que pasó desapercibido para la opinión pública, pero que resulta de enorme relevancia para los trabajadores del país: el estatus jurídico de las horas extras en el trabajo.

9. Zaldívar y su proyecto sobre uso recreativo de la marihuana. 23 de octubre. Karen Silva Mora.
Un balance de uno de los proyectos de sentencia más relevantes y controvertidos en la historia judicial del país.

10. La comparecencia de Javier Laynez: al fin, un candidato con perfil de ministro. 7 de diciembre. Javier Martínez Reyes.
Una crónica de la comparecencia ante la comisión de justicia del Senado del ahora ministro Javier Laynez.

El Juego de la Suprema Corte

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justicia.coditidianaEl Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) junto con 17 instituciones desarrolló, por encomienda del presidente Enrique Peña Nieto, un ejercicio plural de consulta en materia de justicia cotidiana que tuvo como propósito fortalecer al Estado de derecho mediante incentivos institucionales para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver, de manera pacífica y ordenada, los conflictos propios de la vida democrática.

Por justicia cotidiana se entienden las instituciones y procedimientos que permiten que las personas tengan acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita resolver los conflictos que surgen de la convivencia cotidiana. Estos incluyen, entre otros, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales  y administrativos. Se consideró que la materia penal no forma parte de la justicia cotidiana.

A partir de testimonios presentados por ciudadanos se lograron identificar los problemas en materia de justicia cotidiana y proponer un conjunto de recomendaciones al titular del Poder Ejecutivo y de manera más amplia a todos los poderes de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). En esta consulta participaron 425 personas expertas en 15 foros presenciales en 12 ciudades y se generó una plataforma interactiva (www.justiciacotidiana.mx).

La consulta permitió exponer a la luz pública un problema olvidado –el acceso a la justicia– que incide en la calidad de vida de los mexicanos, el ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo económico y la consolidación del Estado de derecho.

A pesar de los avances que pueden constatarse en el marco institucional, la mayoría de los mexicanos no tienen un acceso adecuado a la justicia. Uno de los problemas identificados es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlos.

El catálogo de problemas encontrados es largo, heterogéneo y complejo, por ello se recomiendan 217 acciones que constituyen la base para elaborar una política pública para mejorar el acceso a la justicia en el Estado mexicano.

Aquí se puede consultar el informe completo, así como su  síntesis ejecutiva.

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top10A continuación presentamos los 10 posts más vistos durante 2014 en el blog judicial de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte:

1. La Suprema Corte, salarios caídos y justicia laboral. Febrero 25

Un análisis de las últimas decisiones de la Suprema Corte respecto los límites y alcances de los salarios caídos cuando se está ante un despido injustificado.

2. ​Prostitución: sí es un trabajo protegido por la Constitución. Febrero 13

Un agudo estudio de la sentencia, y de sus eventuales consecuencias sociales, del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa del Distrito que reconoció que la prostitución es una forma de trabajo más protegida por la Constitución.

3. ​La Corte y el fin del principio pro homine en México. Mayo 5

Una disección de los argumentos de la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte y, sobre todo, del impacto de tal decisión respecto la viabilidad del principio pro homine y del bloque de constitucionalidad.

4. Ayotzinapa: ¿Es responsable jurídicamente Peña Nieto? Diciembre 1

Un recorrido por las correas jurídicas que componen la red de responsabilidad en los diferentes niveles de gobierno en el caso Ayotizinapa.

5. Angélica Rivera, transparencia e impuestos. Diciembre 19

Un breve video donde se explica la solicitud de información que se interpuso ante el SAT para conocer datos relacionados con la declaración de impuestos de la primera dama de nuestro país, Angélica Rivera.

6. ¿Por qué la Corte debería declarar inconstitucional la reforma energética? Enero 27

Una batería de argumentos de los vicios de constitucionalidad que tenía la reforma constitucional en materia energética tanto en su procedimiento de aprobación, como en sus aspectos sustantivos.

7. Entre derechos, fisgones y entrepiernas I/II. Abril 21

Una exploración de la privacidad, los límites de lo público y la regulación de la sexualidad a partir de la cada vez más popular práctica del upskirting –que no es más que fotografiar debajo de la falda de las mujeres.-

8. ¿Fue el Estado? Una respuesta desde el derecho internacional. Noviembre 27

Una exploración, a partir de las herramientas jurídicas que ofrece el derecho internacional, para determinar si en efecto es posible considerar responsable al Estado de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa.

9. ¿Es posible y deseable inaplicar la jurisprudencia de la Corte? Octubre 14

Uno de los casos más técnicos que resolvió la Suprema Corte durante el año 2014, pero que tiene enorme repercusiones respecto la manera de pensar y modificar los criterios jurídicos que afectan día a día a millones de personas.

10. La demanda en contra del desodorante Axe… y otras mentiras jurídicas. Octubre 13

Una de las joyas de la sección Absurdos jurídicos, donde se estudia diversos casos relacionados con falsa publicidad y otras mentiras que fueron atacadas por la vía jurídica.

El Juego de la Suprema Corte

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A continuación presentamos los 10 posts más vistos durante 2013 en el blog judicial de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte

1) Derecho y ciudadanía: el caso del matrimonio gay en México.  

Estefanía Vela analiza el despertar constitucional de la ciudadanía –vía litigio estratégico, demanda de reformas legislativas etc.- que ha suscitado el tema del matrimonio gay en México.

 

2) Caso Cassez: nuevo proyecto de sentencia, nueva discusión, nuevos escenarios

La redacción de El Juego de la Suprema Corte estudia las principales diferencias entre el proyecto del ministro Zaldívar sobre el caso Cassez –que, en su momento, no alcanzó una mayoría para definir una decisión- y el proyecto de la ministra Sánchez Cordero –que finalmente desencadenó la liberación inmediata de Cassez-.

 

3) ¿Cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación?  

Regina Larrea explica de manera breve y puntual los principales órganos al interior de la Suprema Corte, así como su dinámica respecto las funciones judiciales clave de nuestra corte constitucional.

 

4) Tenemos bloque de constitucionalidad, pero con restricciones

Pedro Salazar disecciona con precisión uno de los casos más relevantes que discutieron los ministros de la Suprema Corte en el año 2013: los alcances y límites del bloque de constitucionalidad.

 

5) …Kelsen ha muerto, ¡Viva Kelsen!

José Roldan hace un balance de los principales puntos teóricos que estuvieron en juego durante la discusión de los alcances y límites del bloque de constitucionalidad.

 

6) ¿Qué pasó, entonces, en la Suprema Corte?

Geraldina González, ante el galimatías que decidió la Suprema Corte respecto las características del bloque de constitucionalidad en México, explica de manera clara y breve las aristas de esta decisión.

 

7) Yssel Reyes a HSBC: “No soy delincuente, soy VIH positivo” (I/II)

Esteban Illades, en un ejercicio de buen periodismo judicial, explica uno de los casos más relevantes -que aún no logra resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte: la posibilidad de ubicar como responsable a un poder privado de violar derechos humanos de una persona con VIH.  

 

8) ¿Es constitucional la condonación del ISR a estados y municipios?

Luis M. Pérez de Acha crítica, a partir de una batería de argumentos constitucionales, la decisión del gobierno federal de condonar el impuesto ISR a entidades federativas y municipios. 

 

9) ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?

Regina Larrea, con el ánimo de traducir la jerga jurídica al lenguaje coloquial, ofrece una digerible definición de unos de los medios de control constitucional más relevantes de nuestro país: la acción de inconstitucionalidad.

 

10) ¿Jerarquía entre derechos constitucionales e internacionales?

Pedro Salazar explica los principales punto alrededor del bloque de constitucionalidad y, en este sentido, de la posibilidad de que exista una jerarquía entre derechos constitucionales e internacionales.

 

El Juego de la Suprema Corte

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Caja registradora

El caso Cassez, como se sabe, ha sido de los más relevantes para la justicia mexicana en los últimos años. Sea desde su lectura política, mediática, internacional y, por supuesto, de las exigencias del debido proceso, Cassez es un caso emblemático. En este sentido, más allá de lo decidido en este asunto por los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, es de enorme relevancia las tesis derivadas de esta sentencia. Es decir, los criterios que eventualmente, una vez que formen jurisprudencia, impactarán en todo el ordenamiento jurídico del país. La Corte, hace algunos meses, emitió justo las tesis aisladas que resultaron del caso Cassez. Y que pueden erigirse, para bien o para mal, en el legado más importante de este caso.

TESIS AISLADA CLXVI/2013 (10ª)

EFECTO CORRUPTOR PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el proceso, así como de sus resultados, lo cual imposibilitará al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona. Esta Primera Sala considera que el efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realicen alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, decretará la libertad del acusado.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

 

TESIS AISLADA CLXXV/2013 (10ª)

DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal–. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquéllas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.

 

TESIS AISLADA CLXXVI/2013 (10ª)

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a la presunción de inocencia como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. Asimismo, es necesario señalar que la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se puede desplazar a la imputación pública realizada por la policía.

Amparo directo en revisión 517/2011 . 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.

 

TESIS AISLADA CLXXVII/2013 (10ª)

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa. Así, la presunción de inocencia como regla de trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio. Particularmente, la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la realidad, tienda a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobra la culpabilidad del detenido; y, (v)el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.

 

Aquí el resto de las tesis.

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El 23 de enero de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia retomará la discusión del amparo directo en revisión ADR 517/2011: el caso Cassez. El 21 de marzo del año pasado, la Primera Sala retiró el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea porque, aunque tres ministros (José Ramón Cossío, el propio Zaldívar y Olga Sánchez Cordero) se pronunciaron a favor de otorgar el amparo a Florence Cassez, no lograron construir consenso con relación a los efectos que debe producir esa concesión de amparo a favor de Florence.

El proyecto quedó en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien con ánimo de generar una resolución que convenza a sus colegas en la Primera Sala, ha elaborado un nuevo proyecto de resolución.

A continuación, se exponen algunas diferencias entre lo propuesto el año pasado por el Ministro Arturo Zaldívar y el proyecto de Olga Sánchez Cordero.

Efectos

El proyecto de Arturo Zaldívar proponía otorgar un amparo liso y llano a favor de Florence Cassez, dada la naturaleza grave e irreparable de las violaciones cometidas en su contra. Por esa razón, los efectos del amparo no podían ser otros que ordenar la libertad inmediata de Florence. Zaldívar proponía la anulación total de proceso como resultado de la contaminación íntegra que produjo tanto el montaje elaborado por las autoridades federales como el “filtro” que este impuso tanto a los testigos de cargo (víctimas), como a las autoridades ministeriales y judiciales.

Sobre la base de tres derechos fundamentales, Zaldívar construyó la noción de “efecto corruptor” como un detonador de consecuencias jurídicas muy particulares en el caso, que en el conjunto habrían afectado irreparablemente los derechos fundamentales de Florence Cassez.

El proyecto de la ministra Sánchez Cordero propone otorgar un amparo para efectos a Florence Cassez, es decir, no ordena su liberación inmediata y tampoco elabora un estudio exclusivo de constitucionalidad, de modo que el Tribunal Colegiado que resolvió el amparo directo no será quien decida en definitiva “con plenitud de jurisdicción”. En su lugar, propone anular varios elementos de prueba y regresar el expediente al Tribunal Unitario de apelación, para que éste emita una nueva sentencia sin tomar en cuenta los elementos viciados.

Análisis

Además de identificar violaciones a derechos constitucionales, el proyecto de Sánchez Cordero elabora un estudio de “legalidad” que, dada la naturaleza del recurso promovido por Florence (que en principio centra la discusión en el marco constitucional con base en el cual deberá resolverse el caso, sin analizar directamente la evidencia y sin pronunciamiento sobre normas que no sean propiamente constitucionales) podría producir una discusión sobre los límites que la Corte tiene para la discusión de este caso: si puede o no hacer lo que la Ministra propone.

El proyecto de Olga Sánchez Cordero basa la concesión del amparo en tres violaciones constitucionales, al igual que el proyecto de Zaldívar. No obstante, la argumentación que propone la ministra difiere de la ofrecida por Zaldívar el año pasado. Las violaciones identificadas son:

  1. Violación al derecho fundamental de un detenido a ser puesto a disposición sin demora;
  2. Violación al principio constitucional de inocencia;
  3. Violación al derecho a la asistencia consular.

A diferencia de Zaldívar, Sánchez Cordero no ubica al montaje de la aprehensión urdido por la Agencia Federal de Investigación como la fuente y explicación de las violaciones ni lo coloca como el elemento que desencadenó las demás consecuencias jurídicas.

Aunque la ministra considera que el montaje violó los derechos fundamentales de Florence Cassez, para ella, este elemento es eficiente para “contaminar” (e invalidar) sólo algunos de los elementos de prueba con los que se juzgó a Florence Cassez, principalmente las declaraciones y ampliaciones de declaración de los testigos de cargo Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos. La ministra no conecta directamente al montaje con la nulidad de estas pruebas, sino que desarrolla cómo es que el montaje y la manipulación –por parte de la AFI– de elementos objetivos de la investigación autorizan a realizar un análisis de “legalidad” sobre la confiabilidad de los testimonios que posteriormente plasmaron estos testigos.

El análisis de legalidad se propone como método para respetar el principio de presunción de inocencia, que en el caso fue violado en más de una forma.

Asimismo, el proyecto propone anular los partes informativos elaborados por los policías que aprehendieron a Florence Cassez. Sánchez Cordero sostiene que los partes policiales se contradicen con las imágenes transmitidas a virtud del montaje televisivo y que, posteriormente, los policías federales cambiaron su versión de los hechos en declaraciones vertidas ante la Visitaduría de la Procuraduría General de la República, principalmente, para apoyar la versión de los hechos ofrecida por el montaje. Para la ministra, lo anterior resulta inconstitucional y por tanto propone la anulación de estos partes policiales.

La anulación de los partes policiales “derribaría” los delitos de portación y posesión de armas prohibidas, delito por el que también fue condenada en las instancias ordinarias.

El ministro Zaldívar construyó un respaldo de normas constitucionales para explicar la secuela procesal en el caso Cassez, desde el momento de la detención de Florence y hasta la sentencia del Tribunal Colegiado de amparo. Para Zaldívar, el montaje significó una “escenificación ajena a la realidad” que produjo violaciones a derechos fundamentales por sí misma –el derecho a la asistencia consular y el derecho a ser puesto a disposición sin demora–, pero que, además, habilitó la violación de otros derechos constitucionales, particularmente el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato y como regla probatoria.

Por su parte, la ministra Sánchez Cordero no basó su proyecto en la violación al derecho a la asistencia consular como elemento indispensable para una defensa adecuada, como había anticipado durante su intervención en la sesión de 21 de marzo de 2012, sino en el derecho a la presunción de inocencia y en el estudio de legalidad (valoración de elementos de prueba) que el proyecto realiza con base en lo que se denominó “principio de congruencia”.

El efecto que la ministra concede a la violación al derecho a la asistencia consular de Florence Cassez es únicamente la anulación de su declaración ministerial.

El proyecto de Sánchez Cordero finaliza argumentando que los elementos de prueba anulados por las violaciones a derechos fundamentales no deberán ser tomados en cuenta por el Tribunal Unitario que resuelva en definitiva y que, dado que una persona no puede ser juzgada con base en el contenido de tan solo un testimonio, la declaración que quedó exenta del análisis de nulidad propuesta por la ministra, no sería suficiente para condenar a Florence Cassez. Esto último, no es una afirmación contenida expresamente en el proyecto, sino una inferencia derivada de las consideraciones de la parte final.

Escenario

El proyecto de Olga Sánchez Cordero tiene la encomienda de convencer al menos a dos ministros de la Primera Sala para ser aprobado por mayoría. Por un lado, deberá convencer al ministro Cossío sobre los efectos propuestos y los alcances de las violaciones a derechos fundamentales con relación a las pruebas que deben ser anuladas particularmente. Por otro lado, el proyecto debe convencer tanto en sus razones de fondo como en sus efectos al ministro Arturo Zaldívar, quien inicialmente propuso otorgar un amparo liso y llano (con efectos absolutos y de libertad inmediata). Asimismo, la ministra Olga Sánchez Cordero provocará un nuevo pronunciamiento del ministro Pardo Rebolledo, quien en principio estaba de acuerdo con la estructura y argumentos de Zaldívar, pero no con sus efectos. Por último, la propuesta de este miércoles forzará al nuevo integrante de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, a pronunciarse en el caso Cassez. Como se ha adelantado en algunos comentarios sobre los antecedentes del ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, su criterio jurídico continúa siendo un misterio con relación a los temas que son materia de la Primera Sala.

De no aprobarse el proyecto de Olga Sánchez, existen varios escenarios posibles, dada la falta de reglas claras en la práctica de la Primera Sala para casos en los que, por segunda ocasión, no se resuelve en definitiva.

El expediente ADR 517/2011 podría turnarse al Pleno de la Corte, en cuyo caso serían los 11 ministros quienes decidirían el futuro de Florence Cassez. Otras posibilidades son que el proyecto se turne nuevamente a un ministro de la Primera Sala –probablemente Ortiz-Mena – o incluso a algún ministro de la Segunda Sala.

Finalmente, los ministros pueden decidir abandonar las consideraciones del proyecto de Olga Sánchez (si ella se suma) y llegar a un acuerdo sobre la concesión de amparo y sus efectos durante la sesión, pero dejando los argumentos y los lineamientos particulares para otro momento, esto es, pendientes de “engrose”. Esto quiere decir que las razones y los efectos del amparo que, en su caso, se otorgue a Florence Cassez quedarán pendientes a la elaboración de un documento escrito, que deberá conciliar los argumentos vertidos en la sesión y que sería encargado a un ministro en particular.

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Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra,

Presidente de la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados

LXII Legislatura

Señoras y señores diputados:

Como es de su conocimiento, el pasado 3 de enero del año en curso se publicó  en la gaceta parlamentaria una iniciativa de reforma que busca modificar el segundo párrafo del artículo 1° constitucional para quedar como sigue:

Artículo 1.  (…)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.

Al respecto, nos permitimos manifestarles que la propuesta de reforma en cita, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo 1° al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el día 10 de junio de 2011, conocidas como “reforma en materia de derechos humanos” representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo 1° implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares.

La reforma al artículo 1° refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental.

Ello implica que los derechos humanos reconocidos vía tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter convencional se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos y la norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como “principio pro personae” se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

El hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos

Sin embargo, debe aclararse que ello no implica que la Constitución pierda su supremacía, ni tampoco que los derechos se conviertan en absolutos.

No hay pérdida de la supremacía constitucional pues el artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico nacional, de manera que la Constitución mexicana permanece como “el filtro” de  ingreso al sistema. Sin embargo, una vez ratificado el tratado, al formar parte del sistema jurídico mexicano, la norma internacional de derechos humanos –cuya compatibilidad con la Constitución ya fue revisada por el Senado- funciona a la par de la Constitución como parámetro de validez para controlar la coherencia del sistema.

Por lo anterior, consideramos que la presentada el pasado 3 de enero es una reforma regresiva en atención a que:

  1. Establece una jerarquía normativa para la interpretación, con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae” y la interpretación conforme a tratados, pues al establecer que el texto constitucional es el que debe prevalecer, desnaturaliza y nulifica dichos criterios constitucionales de interpretación.
  2. Retrocede en el número y la amplitud de la protección de derechos humanos reconocidos, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos textualmente en la Constitución.
  3. Va en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos, que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas.
  4. Excluye a nuestra Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América, regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias débiles o en proceso de consolidación.

Por todo lo dicho en esta carta, las personas e instituciones suscritos solicitamos atentamente se deseche dicha iniciativa que pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011 y se reorienten los esfuerzos legislativos en la materia para profundizar y ampliar los derechos que nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos reconoce a todas las personas en México. Pueden tener la confianza que, bajo ese espíritu acompañaremos los trabajos de la Legislatura en todo lo pertinente.

ATENTAMENTE,

Geraldina González de la Vega, Karlos Castilla, Mariclaire Acosta Urquidi, Pedro Salazar Ugarte, Tatiana Clouthier, Eliana García Laguna, José Antonio Guevara Bermúdez, Silvano Cantú, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Sarre Ìguiniz, Miguel Carbonell, Miguel Concha Malo, José Luis Caballero Ochoa, Claudio X. González, Marcos Celis Quintal, Armando Ríos Píter, Clara Jusidman, Rolando Cordera Campos Cuauhtémoc de Dienheim, Pbro. Wilfrido Mayrén Peláez, Ricardo Sepúlveda Íguiniz, Julio Hernández Barros, Brisa Solis, Iván Pedroza, Carlos Vital Punzo, David Calderón Martín del Campo, Minerva Nora Martínez Lázaro, Édgar Cortez, Enrique González Ruiz, Alicia Mesa, Claudia Campero, Imelda Marrufo, Adriana Muro, Juan Martín Pérez García, David Peña Rodríguez, Adolfo Sánchez Rebolledo, Luis Emilio Giménez Cacho, Ximena Medellín Urquiaga, Gloria Ramirez, Héctor Díaz Polanco, Guadalupe Barrena, Miguel Elizalde Carranza, Aleida Tovar, José Luis Gutiérrez Román, Gabriela Delgado Ballesteros, Enrique Contreras Montiel, Gabriela Mendoza Correa, Alonso González de la Vega, Iván García Gárate, Paulina Gutiérrez Jiménez, Karla Micheel Salas Ramírez, Agustín Castilla Marroquín, Ernesto Villanueva, Consuelo Morales Elizondo, Alberto Serdán Rosales, Rocío Culebro, Juan Carlos Arjona Estevez, Teresa Incháustegui, Luis Daniel Vázquez Valencia, Mario Hernández Martínez, Claudia Torres, Daniel Antonio García Huerta, Anamaris Gomis, Enrique Barber González de la Vega, Leopoldo Gama, Raúl Zepeda Gil, Roberto Mancilla, Olga Salazar Camacho, José Manuel Ruiz Ramírez, Hortensia Santiago, Palmira Silva Culebro, Graciela Rodríguez Manzo, Luis Miguel Cano López, Francisco Miguel Mora Sifuentes, Amalia Suárez Cid, Teresa Aguilar Álvarez Castro, Claudia Verónica Torres Patiño, Daniel Gershenson, Rodrigo Santisteban Maza, Alex Alí Méndez Díaz, Elizabeth Valderrama, Mila Paspalanova, Luis Sánchez Barbosa, Saúl López Noriega, Edgar S. Caballero González, John C. Ackerman, Daniel Joloy Amkie, Regina Tames, Claudia Aguilar, Nashieli Ramírez, Sergio Ramírez Caloca, Elsa Cadena González, Paloma Mora, Alexandra Zenzes, Octavio Amezcua, Arturo Balderas, Federico Novello, Carlos Alberto Zetina Antonio, Luis Enrique Cordero Aguilar, Rosaura Cadena, Elsa Herrera Bautista, Siria Oliva Ruiz, Clara Gabriela Meyra Segura, José de Jesús Palacios Serrato, Areli Caballero Santiago, Alma Rosa Bahena Villalobos, Francisco Rubio, Alfredo Nateras Domínguez, Ricardo Lagunes Gasca, Carlos Ariel Olvera Atondo, Pablo A. de la Vega, César Madrigal Martínez, Raúl Ramírez Baena, Raymundo Gil Rendón, Marisol Aguilar, Jorge Lavalle, Aurora Loyo Brambila, Maurilio Santiago Reyes, Natalia Saltalamacchia, Cristina Reyes Ortiz, Paula Sofía Vázquez Sánchez, Ernesto Cárdenas, Marco Antonio Ayala Alipio, Arantza Vargas Rubio, Ma. Eugenia Linares Pontón, José Arturo Yáñez, René Sánchez Galindo, Edith López Hernández, Javier Huicab Poot

ORGANIZACIONES

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Casa y Ciudad, A.C., Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C. (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Arquidiócesis de Oaxaca, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Documenta, A.C., Evolución Mexicana, A.C., Freedom House Mexico, Fundación JUCONI  AC, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Hacia una Cultura Democrática A.C. (ACUDE), Humaniza, Grupo Académico, A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C., Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.), Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C. (INSADE), Litiga OLE, Mexicanos Primero, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Ririki Intervención Social, Tendiendo Puentes, A.C.

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” (RED TDTT)

Conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.), Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.), Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A.  C. (Torreón, Coah., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.), Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.), Centro de los Derechos del Migrante (DF), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.), Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.), Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco), Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal), Comité Cerezo (Distrito Federal), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.), Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.), Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.), Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.), Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), El Caracol (DF), Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.), Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal), Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México), PODER (Distrito Federal), Respuesta Alternativa, A. C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo), Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrado por 17 organizaciones:

Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal), Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal), Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).

C.c.p. Enrique Peña Nieto. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presidentes de los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país

Nota:  Esta carta está permanentemente abierta a firmas de apoyo adicionales consultables aquí.

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