Uno de los factores que ha propiciado la caída de la recaudación tributaria han sido los “esquemas agresivos de evasión fiscal”, los cuales pretenden burlar la hipótesis de causación del tributo; es decir, del pago de impuestos.

Por mucho tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo que tales esquemas eran reproducidos por empresas multinacionales, al pretender migrar recursos y capitales de un país fiscalmente costoso a otro bajo o a un régimen fiscal preferente; sin embargo, a partir del ejercicio de las facultades de comprobación, en específico, de la visita domiciliaria, la autoridad hacendaria se percató de que aquéllas han sido replicadas por personas físicas y morales nacionales. Particularmente, notó que los contribuyentes no cuentan con la infraestructura necesaria para brindar los servicios que los comprobantes amparan, de forma que aquéllos consignan operaciones simuladas o inexistentes y, sin embargo, son deducibles para efectos fiscales, lo cual altera la base gravable del impuesto sobre la renta, disminuyendo así los niveles de recaudación.

impuestos

Al respecto, uno de los objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido regularizar la erosión de la base gravable del impuesto sobre la renta e incrementar los niveles de recaudación en México. Los cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), están 15% por debajo del promedio del resto de los países que la integran. En este sentido, fueron propuestas las siguientes acciones: 1) la creación del Régimen de Incorporación Fiscal, 2) el fortalecimiento de las facultades de comprobación del SAT y 3) la creación de procedimientos que erradiquen los esquemas agresivos de evasión.

Por su parte, vale señalar que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) introduce un procedimiento especial para que el SAT investigue y presuma la inexistencia de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales, con el objeto de potencializar la recaudación tributaria y disminuir la tasa de evasión fiscal; el artículo referido establece que la autoridad podrá presumir la inexistencia de las operaciones, cuando: 1) se detecte que los emisores no cuentan con el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o para producir, comercializar o entregar los bienes; o 2) que aquéllos no se encuentran localizables. El procedimiento propuesto consiste en notificar, a través del buzón tributario y el Diario Oficial de la Federación, a los contribuyentes ubicados en estos supuestos normativos, para que en un plazo de 15 días desvirtúen tal presunción. Posteriormente, la autoridad valorará las pruebas y notificará el listado definitivo, a través de los mismos medios, en un plazo máximo de cinco días.

Como consecuencia, un gran número de contribuyentes ha acudido al juicio de amparo, argumentando que la medida viola en su perjuicio los principios de irretroactividad de la ley y de presunción de inocencia, así como la garantía de audiencia y el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Hasta ahora, aún existen juicios radicados en juzgados de distrito y en tribunales colegiados; sin embargo, dada la relevancia y la trascendencia del tema, la Suprema Corte de Justicia resolvió cinco amparos en revisión a favor de la autoridad estatal por las siguientes razones:

· No existe violación a la garantía de audiencia, toda vez que la publicación de la lista de los presuntos emisores de facturas falsas en el Diario Oficial de la Federación, representa un acto de comunicación procesal pública y no un acto privativo, lo cual lo excluye automáticamente de la obligación de observar los requisitos del artículo 14 constitucional.

· El artículo impugnado no transgrede el principio de presunción de inocencia, toda vez que no representa un procedimiento administrativo sancionador; en el caso en concreto, la Corte determinó que el artículo 69-B del CFF no tiene por objeto imponer una sanción, sino verificar si los comprobantes carecen de sustento para otorgarles efectos fiscales.

· No existe violación al principio de irretroactividad, toda vez que no tiene por objeto eliminar los efectos que produjeron los comprobantes fiscales emitidos, sino sólo corroborar que los contribuyentes que los emitieron realmente hayan realizado las operaciones consignadas.

En realidad, la Suprema Corte consideró que este procedimiento no violenta los derechos humanos, al considerar que aquél es sólo un medio de comunicación procesal que no constituye un acto privativo, sino de molestia y que éste no transgrede el principio de presunción de inocencia. Toda vez que no tiene por objeto imponer una sanción, sino sólo verificar la legalidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales. Es decir, el máximo tribunal fortaleció las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria con el propósito de potencializar los índices de recaudación y disminuir la evasión fiscal en México.

Lo anterior demuestra que, tratándose de materia fiscal, la Corte no siempre recurre al test de proporcionalidad de la medida, pues si bien el artículo 69-B del CFF no constituye un acto privativo, sí es un acto de molestia y éste debe atender a los requisitos del artículo 16 constitucional. En este sentido, los contribuyentes aún continúan cuestionándose si la notificación, a través del Diario Oficial de la Federación, es o no excesiva en atención a la finalidad propuesta por el legislador. Es claro que la Corte dio por sentado que los beneficios del artículo 69-B del CFF son superiores a los perjuicios que aquél podría representar.

En este sentido, la resolución en cuestión evidencia que no sólo los servidores públicos deben ser objeto de fiscalización permanente, respecto de sus ingresos, gastos y el uso de los recursos públicos, sino también la iniciativa privada. Pues a través de esquemas agresivos de evasión, las personas morales nacionales y extranjeras replican prácticas de corrupción que inciden directamente en la recaudación, disminuyendo el gasto público y sacrificando parte del presupuesto público que constitucionalmente debería ser designado a fortalecer los programas para el desarrollo humano y social.

Lidana Montoya Fernández. Abogada por el CIDE. Twitter: @Lidana_Montoya

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En meses pasados, la Suprema Corte de Justicia resolvió dos asuntos que han cambiado de manera significativa la percepción jurídica y social del juicio de amparo. Me refiero a los casos conocidos como Yo Contribuyente y Mexicanos Primero. Ambos presentan diferencias sustanciales entre sí, pero comparten un elemento en común no menor: el interés legítimo.

amparo

En efecto, en los dos casos, buena parte de su punto neurálgico giraba en torno al interés legítimo; y si bien los demandantes ofrecieron argumentos sólidos para probarlo, los fallos varían justo en este aspecto: mientras que el interés legítimo no fue reconocido en Yo Contribuyente; en Mexicanos Primero, sí. Veamos.

A diferencia del interés jurídico, el interés legítimo no exige un derecho subjetivo literal y expresamente tutelado para poder utilizar el juicio de amparo. Más bien, exige un vínculo entre el quejoso y un derecho humano, del cual derive una afectación a su esfera jurídica, dada una especial situación frente al orden jurídico. Es decir, el quejoso debe diferenciarse del resto de los ciudadanos para poder alegar una violación a su esfera jurídica y no confundir su interés con uno simple.

En este contexto, en diciembre de 2012, el Ejecutivo Federal publicó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF-2013). El artículo 9º de esta ley otorgó diversos beneficios fiscales a los estados y los municipios; entre ellos, la condonación del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de ejercicios anteriores hasta 2012, y otorgó una reducción de 60% y 30% para los años de 2013 y 2014, respectivamente.

En consecuencia, un grupo de 19 ciudadanos presentó una demanda de amparo en la que reclamó una afectación a su patrimonio, en su carácter de contribuyentes. Esto debido a que la condonación disminuye el potencial recaudatorio de ingresos, lo que implica que el Estado esté obligado a requerir mayores contribuciones y se diseñen mayores impuestos, los cuales recaerían sobre el patrimonio de los contribuyentes.

Sin embargo, la Suprema Corte sostuvo que los quejosos no tenían interés legítimo, ya que no contaban con una especial situación frente al orden jurídico porque los efectos del reconocimiento del interés legítimo –y, en consecuencia, de la concesión del amparo- beneficiarían a un colectivo más amplio: contribuyentes y no contribuyentes. Es decir, de otorgar el amparo, el incremento en la recaudación que implicaría la declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 9° de la LIF, sería resentida por cualquier ciudadano mexicano contribuyente o no, en mayores y mejores obras públicas, asistencia social, calidad en la educación, etcétera.

Por su parte, el caso Mexicanos Primero parte de lo siguiente: dentro del Informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública de los años de 2009 y 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo, destino y aplicación de los recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Tales como, por ejemplo, pagos ilegales y pagos a comisionados y aviadores. Sin embargo, la ASF incumplió con algunas de las acciones a que está obligada constitucionalmente; en concreto, promover la aplicación de sanciones administrativas y penales contra los responsables ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.

Ante esto, dos asociaciones civiles, Mexicanos Primero, A.C. y Justicia Justa, A.C., promovieron un juicio de amparo en el que se ostentaron como quejosas y reclamaron la violación al derecho a la educación, en relación con los fines y objetivos de ambas asociaciones.

Aquí la Corte, sin embargo, en la correspondiente sentencia, sí sostuvo que sólo una de las dos asociaciones (Mexicanos Primero) contaba con interés legítimo porque existía una relación entre la asociación y el derecho humano violado –en este caso, el derecho humano a la educación-, toda vez que el objeto social de Mexicanos Primero consiste precisamente en la defensa de los derechos educativos; no así el caso de Justicia Justa. En este sentido, si no se hubiese concedido el amparo, la Corte impediría que esta asociación se desarrollara conforme a los fines y objetivos para los cuales fue creada.

Ahora bien, resulta evidente que los mexicanos que contribuyen al gasto público, conforme lo establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, se ubican dentro de la categoría de contribuyentes, lo cual los diferencía del resto de los ciudadanos y, en consecuencia, aquéllos están en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de la sociedad. No obstante, en Yo Contribuyente, la Corte decidió no reconocer el interés legítimo porque los efectos de la sentencia implicaban beneficiar no sólo a los quejosos, sino a toda la sociedad.  En cambio, en Mexicanos Primero, a pesar de que los efectos de la sentencia también beneficiaban a toda la sociedad, los ministros determinaron sí reconocer el reconocimiento del interés legítimo.

Esto indica que el estudio de los efectos de las sentencia va de la mano con las características de la parte quejosa y, por ello, resulta más complicado para los ciudadanos de a pie acudir al juicio de amparo invocando un interés legítimo, que una asociación civil, constituida y reconocida. De ser así, la figura del interés legítimo –al menos como la están entendiendo la mayoría de los ministros de la Suprema Corte- ignoraría los efectos prácticos para los cuales fue creada: fomentar el acceso a la justicia en una sociedad heterogénea y en constante cambio.

Pero, con independencia de los criterios de la Corte para reconocer o no el interés legítimo, la labor de los litigantes ha sido extraordinaria. La trascendencia de estos amparos no es menor; el impacto jurídico ha logrado materializar la figura del interés legítimo y modificar principios como el de relatividad de la sentencia, construida sobre la base del interés jurídico, la cual, paulatinamente, ha logrado interpretarse de forma progresiva acorde con los derechos humanos.

Lidana Montoya Fernández. Abogada por el CIDE. Twitter: @Lidana_Montoya Agradezco a Luis M. Pérez de Acha y a José Roldán Xopa, los conocimientos y la información que me han brindado para la elaboración de este texto.

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