El pasado proceso electoral 2017-2018 tuvo como resultado una histórica redistribución del poder entre hombres y mujeres, tanto a nivel federal como local. En el ámbito legislativo, de las 585 curules de mayoría relativa en las 27 entidades que renovaron sus congresos locales, las mujeres obtuvieron 46.6 por ciento del total. En la Cámara de Diputados ganaron 48 por ciento de escaños y 49 por ciento en el Senado de la República.

El notable incremento de mujeres en los cargos de elección fue producto de la adopción de la paridad constitucional aprobada en la reforma político-electoral de 2014, así como de acciones sociales e institucionales para vigilar y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las candidaturas, una de ella es la emisión de lineamientos para cumplir la paridad por parte de las autoridades administrativas electorales. Dos disposiciones que implementaron las entidades federativas fueron la adopción de escaños reservados para mujeres y las cuotas paritarias aplicables a los resultados electorales en los órganos legislativos locales.1

En Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas los criterios de paridad establecieron que, además de la paridad en las candidaturas, la integración de los congresos locales debe ser paritaria.2 Para ello, las autoridades administrativas electorales tienen la facultad de modificar el orden de prelación de las listas de representación proporcional y, de esa manera, garantizar que las mujeres tengan acceso, no sólo al cincuenta por ciento de las candidaturas legislativas, sino también al cincuenta por ciento de los escaños.

La paridad constitucional obliga a la inclusión de mujeres en igualdad con los hombres en la postulación de candidaturas, por lo que la paridad en la integración de los órganos es una interpretación de la autoridad electoral (y en algunos casos, del legislativo local), tendiente a hacer de México una democracia paritaria.

Hay dos maneras de concebir esta diferencia. La primera es como acción afirmativa de escaños reservados —distinta de la paridad en las candidaturas—, que destina a las mujeres un número o porcentaje predeterminado de lugares en los órganos legislativos. Un ejemplo de la aplicación de este sistema es Colombia, donde la Cámara de Representantes cuenta con un representante elegido por los residentes en el exterior, otro elegido por las comunidades indígenas, dos por las comunidades negras, y tres para minorías políticas y sociales que cumplan los requisitos de ley.

La segunda, como una cuota o paridad aplicable a los resultados electorales. Desde esta perspectiva, se exige que los órganos cuya composición se define a través de una elección están conformados por un porcentaje mínimo de mujeres o máximo de cualquiera de los sexos. La diferencia de este mecanismo respecto de los escaños reservados es que su reglamentación suele involucrar la confección de listas separadas para mujeres y para hombres. Un ejemplo de este sistema es el adoptado por el Partido Socialdemócrata Alemán,3 aplicable a la designación de órganos colegiados dentro del partido, para lo cual diseñan tres listas separadas (una de hombres, una de mujeres y una compuesta) y se vota en dos vueltas, una para cubrir la cuota mínima de cada sexo, y otra para los cargos restantes.

La adopción de escaños reservados y la aplicación de la paridad sobre los resultados electorales evitan el problema de la disminución significativa entre el porcentaje de mujeres candidatas y las que obtienen el cargo. En otras palabras, se garantiza la efectividad de la paridad como mecanismo de promoción de las mujeres a cargos de decisión.

En cambio, los escaños reservados, a diferencia de las cuotas de candidaturas y las cuotas aplicadas a resultados, establecen implícitamente un tope a la presencia de mujeres en los órganos electivos. Esta situación no ocurrió en Aguascalientes y Querétaro, pero sí sucedió en Zacatecas y Veracruz. Ciudad de México se identifica más con el sistema de aplicación de la cuota sobre los resultados, toda vez que implementa diferentes listas de candidaturas para equilibrar la representación de mujeres cuando no se haya obtenido el resultado buscado por el principio de mayoría relativa.

Mujeres y hombres obtuvieron 50 por ciento de los escaños en los resultados electorales de la Ciudad de México, Zacatecas y Veracruz, entidades que adoptaron la paridad en la integración de sus congresos. En Aguascalientes y Querétaro las mujeres obtuvieron 56 y 52 por ciento de las diputaciones locales, respectivamente; en Yucatán, 48 por ciento. En estos tres casos no sería factible obtener cincuenta por ciento para cada género debido al número impar de curules.

En Ciudad de México, Coahuila y Veracruz la paridad en la integración de sus congresos se contempla en la legislación electoral local. Por ello, si no hay una reforma en la materia, esta medida aplicará en posteriores procesos electorales locales. En cambio, en Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Zacatecas la acción afirmativa contemplada sólo en los lineamientos se acordó para el proceso electoral local 2017-2018 y su aplicación en elecciones subsecuentes no está garantizada.

La adopción de la paridad en la integración de sus congresos locales no es un asunto menor para la federación. Las estrategias de innovación en la implementación de las cuotas de género y paridad en nuestro país han sido, en algunas ocasiones, diseñadas originalmente en lo local y, posteriormente, en el nivel federal, como ocurrió con la paridad horizontal4 y la violencia política de género como delito electoral.5

La adopción de la paridad en la integración de los congresos locales constituye un avance para fortalecer la representación de las mujeres. Sin embargo, persisten retos para avanzar hacia una mayor representación sustantiva, la igualdad en la distribución del poder y la construcción de una democracia paritaria en el país, entre los que se encuentran homologar los criterios de aplicación del principio de paridad en las 32 entidades federativas y garantizar que éste se mantenga como un piso mínimo, y no como un tope máximo en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

Lorena Vázquez Correa. Investigadora parlamentaria en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.


1 Instituto Nacional Electoral, Informe sobre los lineamientos de paridad en las entidades federativas para el proceso electoral 2017-2018, México, 2018.

2 Coahuila también se incluye en este grupo de entidades federativas, al contemplar en su ley electoral la paridad en la integración del congreso. Dicho criterio se aplicó en el proceso electoral local 2016-2017.

3 Bareiro, Line y Soto, Clyde, “Cuota de género” en Diccionario Electoral, IIDH, UNAM, IFE, Tercera edición, México, 2003.

4 Vázquez Correa, Lorena, y Ponce Sernicharo, Gabriela “Paridad vertical y horizontal en el Congreso de la Unión”, Temas de la Agenda, N° 1, Ciudad de México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 6 p.

5 Vázquez Correa, “Legislar sobre violencia política contra las mujeres en México”, Mirada Legislativa No.122, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 22 p.

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