El pasado lunes 4 de marzo, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestas por AMLO, en razón del término del periodo de Margarita Luna Ramos. Esta es la segunda terna que el actual presidente de la República propone para ocupar un lugar en la Suprema Corte. La primera, y tan cuestionada, terna, que sustituía a José Ramón Cossío, tuvo como resultado la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro la Suprema Corte.

A pesar de las críticas suscitadas en su momento, AMLO propuso por segunda ocasión a la magistrada Celia Maya García y la académica Loretta Ortiz Ahlf. Así, la nueva integrante de esta terna sería la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa.

En cuanto al procedimiento no hubo grandes cambios, en términos generales, con respecto a las comparecencias de diciembre pasado. Nuevamente comparecieron de individualmente, en horarios previamente establecidos. Cada candidata contó con 20 minutos ininterrumpidos para exponer su idoneidad para el cargo, así como su posible contribución a la Suprema Corte. Posteriormente, los integrantes de la Comisión de Justicia, así como otros siete senadores ajenos a esta Comisión, tuvieron dos rondas para formular las preguntas.

En una muestra de apertura política, la Comisión de Justicia volvió a instaurar el sistema de parlamento abierto, por el que se convocó a la ciudadanía y miembros de la sociedad civil a enviar preguntas dirigidas a las integrantes. Así, al final de las rondas serían escogidas aleatoriamente hasta 10 de éstas para que las candidatas las respondieran sin límite de tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio volvió a dar cuenta de lo lejos que nos encontramos de presenciar un riguroso proceso de designación de los integrantes de la Suprema Corte. Si bien la asistencia de los legisladores fue mayor al proceso de diciembre pasado, este número disminuía notablemente al término de cada comparecencia. Al igual que las comparecencias de la primera terna, ningún senador de la bancada del PRI se hizo presente durante el ejercicio.

Yasmín Esquivel: la izquierda conservadora

En esta ocasión, la primera comparecencia fue la de la magistrada Yasmín Esquivel. En su exposición inicial, la magistrada se apuró en desprestigiar los posibles señalamientos por conflicto de interés que pudieran surgir en su contra; expresó que ella “no era la señora de” y que no había ningún vínculo de amistad o parentesco que afectara su imparcialidad como juzgadora, insinuando que cualquier comentario en este sentido sería una un atentado contra su dignidad en razón de género -esto en alusión a que es esposa de José María Riobóo, empresario cercano al presidente López Obrador-. Prosiguió a dar un breve resumen de su carrera profesional, su paso por el Tribunal Agrario, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como los avances que ella considera se lograron durante los años que presidió la presidencia del tribunal. De lo cual, tenemos que decir, no hay nada especialmente destacado que nos haga pensar que es meritoria del puesto de ministra. En cuanto a su visión constitucional y aportaciones al máximo tribunal, no pudo apartarse de los lugares comunes: combatir la impunidad, servir de contrapeso, resolver con independencia, aumentar la protección de derechos humanos y promover una justicia con visión social.

Llegada la ronda de preguntas, su participación se volvió confusa, contradictoria y ciertamente decepcionante. A pesar de haber mencionado en su exposición inicial su inclinación por la protección progresiva de los derechos humanos y la convencionalidad de las normas, cuando la senadora Geovanna Bañuelos la preguntó su opinión sobre la prisión preventiva oficiosa la compareciente respondió que esta figura podría ser un elemento que le permita al Estado mexicano detener a los “delincuentes que hoy se encuentran libres”, mostrando un claro desprecio a la presunción de inocencia y su desconocimiento del papel de la prisión preventiva en las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. No menos preocupantes fueron sus respuestas en cuanto a la adopción homoparental y el aborto; respecto el primer punto, comentó que se debería revisar si es conveniente para el niño llegar a una familia homoparental y, en cuanto al segundo, declaró que ella estaba “a favor de la vida” y que la Suprema Corte debe ajustarse a lo establecido por los legisladores locales. Aquí, es preciso aclarar que lo preocupante no es su postura conservadora en torno a estos temas, sino su nulo entendimiento de la Corte como un tribunal constitucional.

Asimismo, evidenció su desconocimiento en derecho constitucional al afirmar que, de crearse un nuevo tribunal constitucional, este “estaría por encima de los tres poderes” y, al plantearle la posibilidad de que un poder constituido desapareciera a la Suprema Corte, se limitó a contestar que el poder legislativo, mediante reforma constitucional podría hacerlo, pero que lo veía muy poco probable. A su vez, la magistrada mostró una noción muy limitada de los retos que enfrenta el Poder Judicial para la consecución de un verdadero Estado de Derecho. Parece ser que, desde su apreciación, la capacitación en perspectiva de género, el combate al nepotismo, los excesos de formalidades y la falta de claridad de las sentencias, por mencionar algunos, son problemas secundarios frente al incorrecto manejo de los expedientes.

En conclusión, contrario a lo expuesto en su discurso inicial, la magistrada se mostró como una candidata extremadamente formalista y conservadora. Conforme avanzaba la comparecencia quedó de manifiesto que su máxima directriz es la de la aplicación irrestricta de la ley. La mayoría de las preguntas fueron sorteadas en el sentido de que a los juzgadores únicamente les correspondía aplicar la ley, independientemente de si esta fuese “buena o mala”, algo sumamente decepcionante para quien aspira a ser jueza del órgano de control constitucional más importante de nuestro país. Asimismo, mostró una severa ignorancia en cuanto a temas de la mayor relevancia para el país como la prisión preventiva oficiosa y el control difuso de la Constitución. De las tres candidatas es la que mostró una visión más restrictiva de los derechos humanos, por lo que consideramos que su elección sería un retroceso en esta materia.

Celia Maya García: otro lamentable episodio

Al igual que en la terna de diciembre de 2018, la magistrada Celia Maya García fue la segunda candidata en llevar a cabo su comparecencia. En esta ocasión, la doctora Maya sí se acompañó de un discurso preparado para su exposición inicial. Desafortunadamente, durante su discurso la magistrada pasó por alto el requerimiento de revelar su idoneidad –si es que la había– para el cargo de ministra de la Suprema Corte. Así, Maya se propuso persuadir a los Senadores de que incorporar a una juzgadora local al cargo más alto de la judicatura nacional era congruente con la consecución de la pluralidad en la integración de la Suprema Corte y una especie de justicia con los olvidados juzgadores locales y el pacto federal. Lejos de proponer un proyecto de trabajo, su discurso parecía el de algún político en campaña, con mucha retórica y muy poco fondo. De aquel circunloquio, es apenas rescatable la mención de la perspectiva que tiene la ciudadanía de la Corte como un ente ajeno a la salvaguarda de sus derechos, así como la creación de sentencias claras, cortas y directas.

Durante las rondas, la participación de Maya no fue mejor que la de su primera comparecencia en diciembre del año pasado. Ejemplo de ello fue cuando el senador Miguel Ángel Mancera le solicitó su opinión acerca de la adopción homoparental; Maya no sólo omitió años de criterio de la Suprema Corte en donde se establece que la orientación sexual de una persona no es razón para determinar la calidad parental, sino que insinuó que la adopción homoparental podría causar afectaciones al niño. Bajo esta tesitura, también se pronunció en el sentido de establecer una carga desproporcional de la prueba contra las parejas del mismo sexo, a fin de que demostraran en el “expediente” que “quieren lo suficiente” al niño para protegerlo del exterior, justificándose en el lamentable argumento del contexto cultural mexicano. Así, fue evidente la contradicción entre la progresividad en materia de derechos humanos que la magistrada expuso en su discurso introductorio y la verdadera ignorancia en el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

La situación era tan bochornosa que los mismos Senadores desistían de recordarle a la magistrada las preguntas que le faltaban por responder. No tenía caso. En este contexto, la situación de su independencia –cuestión que se abordó en más de una ocasión en su primera comparecencia– pasó a un segundo plano y únicamente fue cuestionada en una sola ocasión: no había necesidad de demostrar su parcialidad o dependencia cuando ya había exhibido su incompetencia —por segunda ocasión—.

Más allá del desconocimiento jurídico que se advertía en más de una respuesta de la magistrada, la frágil comprensión de las preguntas, así como la escasa coherencia en las ideas que formulaba, únicamente confirmaba la incapacidad de la candidata para ocupar un cargo de esta magnitud —e inclusive su propio cargo en el tribunal queretano—. En el mismo sentido, es inevitable volver a cuestionar la preparación y calidad técnica de los juzgadores locales, así como la integridad profesional de la magistrada: después de no haber obtenido un sólo voto en el proceso del diciembre pasado, y haber sido evidente que su candidatura solamente pretendía cumplir con un mero requisito formal —su comparecencia fue la más corta y menos concurrida de las tres—, aceptó de nuevamente su participación en la terna, por lo que es pertinente cuestionarnos: ¿por qué se volvió a prestar para este montaje?

Loretta Ortiz: mucha asertividad, poca sustancia

La tercera candidata en comparecer fue, de nueva cuenta, la doctora Loretta Ortiz. A diferencia de la comparecencia anterior, donde agotó los primeros minutos de su exposición defendiendo su idoneidad dada su militancia partidista, Loretta hizo uso de la palabra para defender la conveniencia de contar con un perfil académico en la Suprema Corte. Al respecto, mencionó a la Corte Suprema de Chile cuya composición requiere de al menos cinco miembros ajenos a la administración de justicia, a fin de presentar a la pluralidad de perfiles como una garantía para la diversidad de las deliberaciones. En cuanto a su visión constitucional y su posible aportación a la Suprema Corte su esquema se mantuvo intacto.  Concretamente, manifestó su inconformidad con el criterio actual en cuanto a las restricciones constitucionales de derechos humanos y mencionó la necesidad de hacer efectivo el derecho a la indemnización por error judicial. Por último, cerró su exposición reafirmando su compromiso en el combate a la impunidad y la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción.

En la ronda de preguntas, la académica, al igual que en la comparecencia pasada, mostró ser la más progresista de las candidatas. Se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa por violar la presunción de inocencia y a favor de la inconstitucionalidad de reformas constitucionales que restrinjan derechos humanos previamente reconocidos. Si bien es controversial su postura en tanto a que la interpretación conforme no tiene límites —esto es, la obligación de los juzgadores mexicanos de interpretar toda norma conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos en la Constitución—, da una prueba más de su inclinación garantista.

No obstante, dejó mucho que desear en áreas fuera de su especialidad -que es, en concreto, el sistema interamericano-. Por ejemplo, Ortiz criticó a la figura de interés legítimo valiéndose de una supuesta exigencia de que el daño “fuera real y actual” para su actualización; no obstante, esta concepción es errónea en tanto la afectación de la esfera jurídica no requiere de un daño real y actual. También es de extrañar que la doctora Ortiz, siendo una experta en derecho internacional, no haya citado una sola sentencia de un tribunal distinto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haya evitado el tema del diálogo jurisprudencial existente entre las distintas cortes. Asimismo, en cuanto a temas como la mariguana, el aborto y la adopción homoparental, la compareciente únicamente se pronunció en el sentido de que acataba lo ya resuelto por la Suprema Corte. Otro punto que no logró sortear del todo bien fue el relativo a su casi nula experiencia litigiosa: tal fue su confusión que cuando se le cuestionó al respecto, respondió diciendo que su experiencia con tribunales no había sido del todo negativa, pero que podría mejorar, como si se tratará de una encuesta de satisfacción del cliente y no de su actual experiencia profesional.

A diferencia de la comparecencia pasada, en esta ocasión Loretta Ortiz se pronunció de forma clara y directa en contra de ciertas propuestas y acciones del gobierno encabezado por MORENA; tales como el recorte a estancias infantiles, el dictamen de la Guardia Nacional enviado por la Cámara de Diputados y la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, consiguiendo cierto nivel de convencimiento entre los senadores de oposición sobre su imparcialidad e independencia —incluso Xóchitl Gálvez y María Murguía la felicitaron abiertamente—.

Loretta se mostró mejor en comparación con su pasada presentación ante el Senado. Logró ser más contundente con sus respuestas y fue capaz de aterrizar a casos concretos los principios orientadores que desde diciembre había adelantado. Ahora, si bien Loretta Ortiz dista mucho de ser una de las tres juristas más preparadas del país, es grato ver un perfil dentro de la terna a favor de los derechos humanos; especialmente, después de presenciar un ejercicio donde las otras dos postulantes se mostraron reacias a hablar de los derechos de las parejas homoparentales y el control constitucional de las normas. Sin embargo, la asertividad no es una virtud suficiente para ocupar el cargo de ministro del máximo órgano jurisdiccional del país, hace falta algo más: conocimiento.

Luis Alberto Cifuentes Enríquez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.

Leonardo Roldán Gutiérrez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.

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El día de ayer, 17 de diciembre, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia del Senado las comparecencias de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta terna va a salir quien vaya a sustituir a José Ramón Cossío, reconocido jurista mexicano que terminó su encargo el pasado noviembre y, después de 15 años en el máximo tribunal mexicano, deja un muy importante legado en el sistema judicial de nuestro país.

¿Cuáles fueron las reglas del juego? Cada candidato comparecería individualmente conforme al horario establecido por la comisión; el ejercicio tiene inicio con una intervención ininterrumpida de 20 minutos, a través del cual los candidatos debían exponer su idoneidad para el puesto y —lo más importante— la manera en que contribuirían al máximo tribunal. Posteriormente, tienen lugar dos rondas de preguntas realizadas por los senadores —en las que podían participar los miembros de la Comisión y hasta siete senadores externos a ésta—; cada senador contaba con cinco minutos para formular sus interrogantes sin que el candidato tuviera tiempo límite para responderlas.

Cabe mencionar que si bien todas las comparecencias fueron transmitidas por el canal del Congreso, éste no estuvo exento de fallas notables; por ejemplo, durante la comparecencia de la Loretta Ortiz, la transmisión empezó algunos minutos tarde, por lo que no fueron públicos los primeros minutos de su exposición.

Del desarrollo de las comparecencias podemos destacar tres grandes ausencias: la primera, fue la sociedad civil. A diferencia de los procedimientos de designación de ministros de 2012 y 2015, en esta ocasión no hubo oportunidad para que actores no gubernamentales participaran en la realización de preguntas. La segunda gran ausencia fue la poca disposición de los senadores; en ninguna de las comparecencias hubo un solo asistente del PRD o del PRI. Por último, la tercera gran ausencia fue algo indispensable en estos ejercicios:  escrutinio; en efecto, las intervenciones por parte de los senadores poco ayudaron a entender la visión de justicia constitucional de los candidatos y, en su mayoría, sólo dieron muestra de la falta de preparación, conocimiento técnico e interés de estos.

Juan Luis González Carrancá: el candidato

La primera comparecencia fue la del magistrado Juan Luis González. Conforme al procedimiento establecido, el candidato hizo uso de la voz de forma ininterrumpida agotando los veinte minutos establecidos para ello.  Durante esta intervención, su discurso parecía más el de un catedrático dando clase a futuros jueces que el de un candidato a ministro de la Suprema Corte, nunca estuvo claro cuál sería su proyecto de trabajo ni defendió su idoneidad para el puesto. Aludió a la fidelidad que debe de tenerse por la letra de la Constitución, así como aquello que define a un buen juez: el dominio técnico y, en ulterior nivel, la calidad humana.

Llegado el momento de la ronda de preguntas, el magistrado González logró ser puntual y, en la mayoría de las veces, claro con aquellas preguntas que de igual manera eran puntuales. El intercambio de ideas más enriquecedor lo tuvimos con el panista Damián Zepeda, quien fue de los pocos senadores que se tomó con seriedad la labor. Como producto de esta interlocución fue posible conocer la postura del candidato respecto a temas relevantes. El candidato demostró poseer por lo menos una idea de la justicia constitucional al momento de pronunciarse a favor de un tribunal constitucional bien diseñado y utilizar referentes internacionales pertinentes. Respecto al aborto, señaló que correspondía únicamente a las mujeres decidir sobre la terminación anticipada del embarazo. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el candidato fue claro al declararse en contra por considerarla violatoria de la presunción de inocencia y la calificó como una comprobación del fracaso del sistema de impartición de justicia. Asimismo, Carrancá se pronunció en contra de que las fuerzas armadas realicen funciones de seguridad pública; no obstante, advirtió que, dadas las condiciones de las policías actuales, era necesario usar a la milicia siempre que sus actividades en la calle tengan estuvieran sujetas a un término. Para finalizar, el senador por la bancada del PAN solicitó la opinión del compareciente respecto a las acusaciones de tráfico de influencias en su contra en el polémico caso del exministro Góngora. En este sentido, el candidato puntualizó que durante todo el procedimiento y, durante todas las instancias, existió un estricto apego al derecho, inclusive mostró una resolución de la CNDH que, afirma, le exculpaba de cualquier acusación.

La calidad de la comparecencia fue disminuyendo con el paso del tiempo, no solo por el cansancio del candidato sino por la falta de preparación de los entrevistadores; salvo dos o tres intervenciones, creo que es franco calificar el actuar de los legisladores como indignante: muchos de ellos hicieron uso de sus cinco minutos para exponer sus propias posturas en lugar de realizar cuestionamientos, fueron desordenados y poco puntuales y; ciertamente, mostraron un total desconocimiento de lo que se debe de esperar de alguien que aspira a ser miembro del máximo tribunal constitucional de nuestro país.

En algunos momentos de la comparecencia, sorprendió que el candidato mostró tintes conservadores, por ejemplo, cuando el senador Eduardo Murat lo cuestionó sobre la eutanasia, el magistrado justificó la moralidad  de la medida sirviéndose de la autoridad del Papa Juan Pablo II; asimismo, el candidato se mostró muy incómodo al hablar de la comunidad LGBTQ+, al punto en que llegó a declarar: “yo tengo respeto, los veo como seres humanos, no los estigmatizo, simplemente que tienen sus gustos, como a uno le pueden gustar las gordas o a otros les pueden gustar las jóvenes”. Lo cual, sobra mencionar, exhibió un total alejamiento con las causas LGBTQ+. No obstante, salvo estos y otros deslices menores —como su disertación sobre los hábitos alimenticios—, la participación del magistrado no fue desastrosa. Durante las poco más de tres horas que duró su comparecencia mostró varios momentos de lucidez y criterio. Son especialmente esperanzadoras sus posturas sobre la prisión preventiva oficiosa y la necesidad de eliminar los excesos de formalismos en la práctica jurídica, logró sortear adecuadamente los señalamientos por el caso de Góngora Pimentel y, lo más importante, consiguió mostrarse ante los opositores como un candidato independiente del poder ejecutivo federal.

Celia Maya: la incompetencia en persona

“Noventa minutos bastaron para mostrar que Celia Maya está muy lejos de ser una candidata idónea para la Suprema Corte”, apuntó ayer en su cuenta de Twitter, el académico Javier Martín. Y es que lo de Celia Maya no es algo menor, pocas veces se había visto una participación tan bochornosa como la de la magistrada queretana.

Para empezar, se debe mencionar la evidente falta de preparación de un discurso sobre su proyecto de trabajo y su idoneidad para la ocupación del cargo. Tal fue el caso, que no fue capaz de agotar la totalidad de su tiempo; por el contrario, concluyó diciendo que ya no sabía qué más podía decirles. En esa exposición desordenada de ideas, la magistrada señaló que su método de hacer justicia es “tener sensibilidad”, asimismo, destacó que su presencia era buena para la representación estatal, punto en el cual debo expresar mi más respetuosa disidencia, su partición fue tan vergonzosa que no hizo más que poner en tela de juicio la calidad técnica de los juzgadores locales.

Al momento de ser cuestionada por los senadores, exhibió su débil capacidad de comprensión y nulo conocimiento de justicia constitucional. Al momento de ser cuestionada por el senador Zepeda, sobre la legalidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública bajo el marco constitucional vigente, la candidata se limitó a mencionar la falta de preparación de los policías civiles y la necesidad de utilizar al ejército, en ningún momento parecieron pasar por su cabeza los artículos 29 y 129 constitucionales. Asimismo, sus siguientes intervenciones estuvieron plagadas de lugares comunes y no ofreció mayor justificación de sus posiciones: en relación con el tema de las fuerzas armadas únicamente declaró que estaba a favor de la guardia nacional propuesta; pero en contra de no estar bajo un mando civil. Con respecto prisión preventiva oficiosa, comentó su negativa a la misma por violar el principio de presunción de inocencia. Al momento de hablar sobre los retos del nuevo sistema de justicia penal, la magistrada aclaró que en aquel momento no podía hablar de las fallas del nuevo sistema puesto que la materia que ejerce es civil y no penal, a pesar de contar con una maestría en derecho procesal penal. Aunado a esto, la respuesta que ofreció la magistrada respecto al matrimonio igualitario fue únicamente en el sentido de respetar lo que ya había declarado la Suprema Corte como derecho humano.

La magistrada fue incapaz de separarse de la figura del presidente y de MORENA. Al mismo tiempo en que afirmaba ser independiente y libre de influencias, declaraba que los órganos (judiciales) respondían a una visión neoliberal y que ahora debían responder a la nueva visiónde justicia social; tampoco tuvo problema en decir que participaba “en el proyecto nuevo de este país”, lo que parece aludir, en ambos casos, a la llamada cuarta transformación.

En algún momento, durante su intercambio de palabras con Damián Zepeda, la magistrada se dolió de la influencia de las relaciones políticas en la designación de los ministros; “habiendo otra gente con mayor capacidad y más preparada ¿por qué nada más van a entrar los amigos?” Debemos reconocer que no podríamos estar más de acuerdo con sus palabras, y, siguiendo su hilo de ideas, creo que deberíamos preguntar al presidente López Obrador lo siguiente: habiendo mujeres con mayor capacidad y mucho más preparadas, ¿por qué Celia Maya?

Loretta Ortiz: la académica de Andrés

Para la última comparecencia tocó el turno de Loretta Ortiz. En su intervención inicial Loretta hizo buen uso de la palabra para demostrarse conocedora del papel de la Corte en el control de convencionalidad de las normas. A su vez, dedicó gran parte de su exposición en defender su idoneidad para el cargo argumentando que prejuzgarla por su militancia partidista sería violatorio de sus derechos humanos, así como la relevancia de tomar en cuenta sus credenciales. En la misma línea, la candidata expuso su carta de renuncia a MORENA para intentar demostrar —de forma risible— su compromiso con la independencia judicial.

En torno a la ronda de preguntas, la senadora Geovanna Bañuelos del Partido del Trabajo inició con un par de cuestionamientos sobre la idoneidad de la compareciente dada su poca o nula experiencia judicial y sobre si su exmilitancia partidista afectaría su capacidad para tomar decisiones. Al respecto, la candidata señaló que, en efecto, contaba con experiencia judicial y remitió a su participación en un caso ante la Corte canadiense. Además, apuntó que la Constitución no dispone la experiencia judicial como requisito para ser ministro justamente para que el sector académico pueda participar en la Suprema Corte; en esta tesitura, comparó su perfil académico con el que tuvo en su tiempo José Ramón Cossío. En cuanto a la capacidad de toma de decisiones, la académica mencionó —sin mucho poder de convencimiento— que durante su gestión en la Universidad Iberoamericana jamás comprometió sus resoluciones a pesar de tener que soportar fuertes presiones externas.

En general, Ortiz develó ser la postulante más progresista de la terna de candidatos en cuanto a la protección de los derechos humanos. Se mostró partidaria de temas como el aborto, acceso a la justicia, protección del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, eutanasia y muerte asistida, así como la adopción por personas del mismo sexo. Del mismo modo, expresó que no está a favor la prisión preventiva oficiosa y fue bastante tajante sobre su rechazo a la permanencia del arraigo en nuestro sistema constitucional.  Sin embargo, en un tema que dejó mucho que desear fue la militarización de la seguridad pública, pues, si bien se pronunció en contra de que esta medida fuera permanente, al igual que sus pares, dijo que la situación de emergencia del país la justificaba y evitó meterse en la discusión de los artículos 29 y 129 constitucional y sobre si el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública superaba el rasero de la Constitución.

Gran parte del debate se perdió en una discusión algo estéril sobre su idoneidad para ocupar el cargo de ministro dada su militancia partidista y su cercanía personal con el presidente López Obrador, a quién acompañó en los foros de justicia que se realizaron por el país durante la transición del cambio de gobierno federal. Al igual que la candidata Maya, la Ortiz fracasó en desasociar su persona a la de AMLO, varios de los senadores de la oposición no parecieron convencidos con sus argumentos al respecto —mismos que básicamente giraron en torno a su preparación académica y su trayectoria personal—. Poco ayudó a su causa que algunos senadores de MORENA en lugar de cuestionarla hayan dedicado su tiempo en halagarla y externarle su apoyo abiertamente.

Vale señalar que Loretta Ortiz fue la única candidata que pareció entender el formato de la comparecencia. Manifestó un proyecto claro sobre lo que sería su trabajo en la Suprema Corte: cero tolerancia a la corrupción y nepotismo; así como, modificar el criterio de la Corte para poner en la misma posición jerárquica a los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución en conjunto con una interpretación pro persona. Además, fue la candidata que mayor esfuerzo hizo en convencer a los senadores sobre su capacidad. A pesar de esto, se le notó incomoda fuera de su área de especialidad —el derecho internacional público—, y no logró acreditarse como la gran conocedora del derecho, que en más de una ocasión aseguró ser ni quitarse el peso de ser vista como la académica del presidente López Obrador.

Conclusión

Una vez más, nos encontramos frente a un procedimiento que carece de la rigurosidad que exige la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de que los tres candidatos comparezcan el mismo día y en menos de tres horas por turno impide su evaluación minuciosa. La exclusión de la sociedad civil en la formulación de preguntas empobreció el ejercicio democrático de la designación. Las intervenciones de los senadores, en su mayoría, no dejan de ser desastrosas: desordenadas, desinteresadas e infructuosas; estuvieron lejos de conducir a los entrevistados a verdaderos debates sobre justicia constitucional. La participación de los candidatos no fue mejor. El primer candidato, si bien fue pulcro en la técnica jurídica, no dejó claro cuál sería su aportación y su papel en el máximo tribunal. La segunda candidata tuvo una participación verdaderamente vergonzosa, donde exhibió su incapacidad para ocupar un cargo de tal magnitud. Por último, la tercera candidata, quien mostró un mejor entendimiento del ejercicio y demostró claridad en la exposición de su proyecto judicial, fracasó en mostrarse como una jurista brillante y, más importante, como una figura independiente del presidente.

 

Luis Alberto Cifuentes Enríquez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.

Leonardo Roldán Gutiérrez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.

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