La sentencia Lautsi and Others v. Italy ha causado gran conmoción en el mundo jurídico europeo, no solo por el tema que conlleva una gran carga ideológica e histórica, sino por lo paradójico que puede parecer el hecho de que la Gran Sala haya revocado el pasado 18 de marzo la decisión de la Segunda Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La cual había declarado, por unanimidad de votos, que la presencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas era contrario al Convenio Europeo.

El caso Lautsi surge durante el curso escolar 2001 – 2002, cuando los hijos de Soile Lautsi (Dataico y Sami Albertin Lautsi) acudían a una escuela pública italiana en la que había un crucifijo colgado en la pared de cada aula. Así, tras agotar los recursos nacionales que desestimaron sus pretensiones, la señora Lautsi interpuso el 27 de julio de 2006 su demanda ante el TEDH (más tarde se sumarían sus dos hijos). Los demandantes arguyeron que la presencia de los crucifijos en las aulas de la escuela a la que asistían Dataico y Sami vulneraba su derecho a la educación, garantizado por el artículo 2º del Protocolo número 1, así como su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión consagrado en el artículo 9º del Convenio Europeo.

La demanda fue admitida por la Segunda Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el 3 de noviembre de 2009 resolvió el caso declarando que había existido una violación al artículo 2º del Protocolo número 1 en relación con el artículo 9º del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En esa sentencia el Tribunal dijo que la jurisprudencia europea establecía una obligación para el Estado de abstenerse de imponer creencias, incluso en forma indirecta, particularmente en lugares donde las personas se encuentren en una situación vulnerable, enfatizando que la educación de los niños es un área sensible a ese respecto.

Esta sentencia -a la que Rafael Navarro-Valls denomina Lautsi I-, determinó que entre la pluralidad de significados que tiene el crucifijo, predomina el significado religioso. En ese sentido, la libertad de religión, en su dimensión negativa no se encuentra limitada a la mera ausencia de servicios religiosos o educación religiosa, sino que se extiende a prácticas o símbolos que expresen, en forma particular o general, una creencia, una religión o ateismo.  Por tanto, la Sección establece que el Estado tiene una obligación de defender la neutralidad en la educación pública. Asimismo, la sentencia considera que mostrar un símbolo de una religión en un aula de clases restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus creencias, así como en la libertad de creencias de los educandos.

La sentencia causó gran conmoción en el mundo académico y religioso, por un lado hubo sectores que la aplaudieron, mientras que otro sector la criticó duramente. Si bien hay varios argumentos al respecto, llama la atención la postura de algunos académicos que criticaron la decisión basados en precedentes que a mi juicio carecen de eje de comparación. Por ejemplo, se dijo respecto a los símbolos religiosos que “no [es] posible afirmar que su presencia en el espacio público vulnera el principio de laicidad del Estado. Como apuntó nuestro Tribunal Constitucional [Español] en su sentencia de 6 de junio de 1991 – referida a la remoción de la Virgen de la Sapiencia en el escudo de la Universidad de Valencia- la neutralidad religiosa no exige la retirada de los símbolos religiosos de significación trascendente.

Me parece que ese tipo de argumentos es incorrecto, por un lado, porque no puede recibir el mismo trato un estudiante universitario que difícilmente puede ser adoctrinado, en comparación con estudiantes de 11 y 13 años (edad que tenían los hijos de la Señora Lautsi al momento del inicio de su contienda judicial) y; por el otro, en virtud de que tal sentencia del Tribunal Constitucional español examina un caso que nada tiene que ver con el tema del crucifijo en las escuelas. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional conoció de un recurso de amparo (STC 130/1985) en el que se analizó la constitucionalidad de las sentencias que anularon los acuerdos del Claustro Constituyente de la Universitat de Valencia que suprimieron la imagen de la Virgen de la Sapiencia del escudo de la Universidad.

Sin embargo, la sentencia de la Sección fue recurrida por el Gobierno Italiano ante la Gran Sala, quien resolvió el pasado 18 de marzo en forma definitiva el caso Lautsi. A este respecto, la Gran Sala revocó la decisión de la Segunda Sección del TEDH. Como bien dice Rafael Navarro-Valls, esto es poco frecuente, más aun cuando la sentencia revocada fue adoptada por unanimidad. Lo insólito, vale mencionar, se extendió hasta el ámbito procesal, pues diez Estados miembros del Consejo de Europa solicitaron intervenir en el proceso como “terceros interesados”, lo cual les permitió intervenir con alegaciones orales y escritas (todos los Estados que intervinieron lo hicieron en contra de la sentencia de la Sección).

El TEDH resolvió revocar la Sentencia de su Sección aduciendo que los Estados contratantes gozan de un amplio margen de apreciación para adoptar las medidas que mejor se alineen con la Convención. Asimismo, el declaró que la organización del ambiente escolar es una cuestión de las autoridades públicas, por lo cual, la educación y enseñanza deben ser vistos como una función asumida por el Estado. En este orden de ideas, la decisión de tener crucifijos colgados en las paredes de las aulas de las escuelas públicas, forma parte de las funciones asumidas por el Estado.

Por otro lado, el TEDH consideró que el crucifijo es sobre todo un símbolo religioso, a esa misma conclusión llegaron los Tribunales nacionales. Sin embargo, también sostuvo que no hay evidencia reveladora de que un símbolo religioso en un salón de clases pueda tener alguna influencia sobre los pupilos y, por tanto, no puede aducirse de forma razonable si ello tiene o no un efecto sobre la juventud cuyas convicciones aún se encuentran en proceso de formación.

De esta forma, y tomando en cuenta que Europa se encuentra compuesta de una gran diversidad de Estados que se encuentran conformados en diferentes esferas de cultura y desarrollo, el TEDH llega a la conclusión de que la decisión de mantener o no una tradición recae en principio dentro del margen de apreciación del Estado nacional.

El Tribunal concluye que el hecho de que no exista un consenso europeo en la presente cuestión refuerza la decisión alcanzada. Con estos argumentos, el TEDH determinó por una votación de quince votos contra dos que no existe violación al Convenio.

El principio de Laicidad no implica la expulsión de los símbolos del espacio público, sino únicamente de aquellos que vulneren la libertad religiosa o que puedan ser considerados perturbantes o adoctrinantes para sectores especialmente vulnerables, como lo es la juventud. En este sentido, me parecen falaces las críticas que se hacen a Lautsi I respecto a que ello pudo haber sido el primer paso para censurar, por ejemplo el escudo de la Comunidad de Aragón por presentar entre otras, la cruz de San Jorge. O bien, como me lo hizo saber una colega en plan de sátira, “tirar con un cincel las cruces y demás elementos religiosos de la Universidad de Salamanca”. No, no se trata de eso, sino de mantener una coherencia y seriedad en torno a estos temas, no de reducción al absurdo.

Sin embargo, no puedo decir que la sentencia de la Gran Sala del TEDH haya estado equivocada, es cierto que no hay un consenso europeo en estos temas, y también es cierto que es muy distinta la concepción religiosa de Turquía con respecto a Italia, por citar un ejemplo. En este sentido, me parece que Estrasburgo entendió el tirón de orejas que le dieron los países que conforman el Consejo de Europa. Sin embargo, respecto a la cuestión de fondo, me parece que los argumentos y fallo de la Segunda Sección (Lautsi I) son los más sensatos y razonables. Quizás lo más prudente sea decir que los tribunales italianos fueron los que erraron el camino, pues fueron estos quienes tuvieron la oportunidad de dar una respuesta acorde a la libertad religiosa y a los principios democráticos en el caso Lautsi, es una lástima que no lo hayan hecho.

Luis Alberto Trejo Osornio: Becario del Tribunal Constitucional Español (twitter: @ltrejoo)

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La suspensión provisional otorgada por la juez del 12º juzgado de distrito en materia administrativa en el caso “Presunto Culpable”, ha vuelto a circular el debate sobre los límites a la libertad de expresión. Incluso, hemos escuchado voces condenando la resolución judicial por ser un “acto monumental de censura”.

En nuestra opinión, la efervescencia mediática y las críticas vertidas en relación con la decisión de la jueza han iniciado una serie de juicios paralelos, perdiendo de vista que lo que se ha dictado hasta el momento es una medida cautelar provisional otorgada en un procedimiento sumario, que puede revisarse en cualquier momento y levantarse en cuanto desaparezcan las causas que la hayan motivado.

El Tribunal Constitucional de España tuvo oportunidad de conocer y resolver un asunto similar al que nos ocupa. En la STC 187/1999, de 25 de octubre, el Tribunal reconoció la constitucionalidad de un auto dictado por un juez de instrucción de Madrid que prohibía la emisión del programa de televisión “La máquina de la verdad”, en el que se iban a reproducir declaraciones que podían afectar el derecho al honor, a la propia imagen e intimidad personal y familiar de un tercero.

En su argumentación, este Tribunal nos brinda algunos parámetros para analizar la constitucionalidad de éstas medidas cautelares. Dice este órgano jursidiccional:

El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, quedada vedada cualquier interferencia, principalmente la censura previa. Los límites constitucionales a la libertad de expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones, y el derecho a comunicar y recibir información a través de cualquier medio de difusión, son a título enunciativo y nunca numerus clausus: los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Ahora bien, por censura previa debe entenderse cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, que consista en el sometimiento a un previo examen por un poder público del contenido de la misma, cuya finalidad sea la de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el placet a la publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario.

De acuerdo con el Tribunal, el rigor de la censura previa se dirige en principio con toda su intensidad a la tradicionalmente denominada censura “gubernativa” y no a la posibilidad de que un juez o tribunal, debidamente habilitado por la ley, adopte ciertas medidas restrictivas del ejercicio de las libertades de expresión e información. Es decir, la debida protección de los derechos fundamentales y otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente protegidos, pueden fundamentar la existencia de medidas de urgencia.

La Constitución tan sólo prohíbe que dichas medidas de urgencia puedan ser adoptadas por un poder público distinto al judicial, cuando impliquen un examen crítico del contenido del mensaje cuya difusión pueda negarse o restringirse. Éstas sólo pueden ser adoptadas en los supuestos que una ley lo permita, por efecto de la pertinente resolución judicial motivada y recaída en un proceso ad hoc.

Las medidas deben adoptarse en el curso de un proceso judicial en el que se pretendan hacer valer o defender los derechos y bienes jurídicos que sean límite de la libertad de expresión y/o información, y al que ha de recaer una resolución judicial motivada, que deberá estribar la medida en la protección de tales derechos y bienes jurídicos, con severa observancia tanto de las garantías formales como de las pautas propias del principio de proporcionalidad (STC 62/1982, 13/1985, 151/1997, 175/1997, 200/1997, 177/1998, 18/1999).

Se deberá exteriorizar con precisión el fundamento de la resolución, que no puede ser otro que la debida protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, sin que baste una referencia genérica a esas libertades y sus límites. Tampoco se cumple con esa exigencia con la mera indicación del motivo o motivos por los cuales dichos derechos y bienes se pueden encontrar en un peligro actual y efectivo, sin precisar en qué consista ese daño, y si es razonable el indicio fundado de su inminencia y su irreversibilidad.

La resolución judicial debe ofrecer los elementos necesarios para poder realizar el juicio de proporcionalidad entre los fines perseguidos por la medida restrictiva y el sacrificio que deben sufrir las libertades afectadas por ella, momento en el que el órgano judicial habrá de tener en cuenta el contenido constitucional de los derechos fundamentales en liza (STC 200/1997).

Finalmente, las medidas cautelares deben poder ser revisables en cualquier momento, recurribles, como es el caso, ante una instancia superior, y, si afectan a terceros al proceso, debe serles permitida su inmediata personación y comparecencia en el incidente a los efectos de que puedan defender sus intereses, y hacer uso de cuantos recursos ponga a su disposición la legislación procesal (SSTC 235/1998 y 24/1999, ATC 36/1984).

Así, más allá del escándalo mediático, creemos que un estudio sensato sobre la MEDIDA CUATELAR tomada por la Jueza Blanca Lobo debe seguir estos pasos u otros parecidos. Más allá de si la sentencia ampare o no al quejoso.

Roberto Niembro Ortega y Luis Alberto Trejo Osornio. Becarios del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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