A finales de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis 346/2019. Con ello, determinó que la vía idónea para el cambio de actas de nacimiento de personas trans es la administrativa. Este pronunciamiento representa un paso hacia la interrupción de los ciclos de discriminación y violencia a los que está expuesta esta comunidad.1 Para hablar sobre este avance y su potencial transformador,  primero, pongámonos en contexto.

Actualmente en México, la mayoría de esos procedimientos legales —regulados en las legislaciones civiles— requieren la opinión de terceros para convalidar la identidad de las personas trans.2 En nuestro país, solo en 10 entidades federativas de 32 se pueden modificar las actas de nacimiento sin judicializar la solicitud: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala.3 La fijación del criterio jurisprudencial derivado de la contradicción de tesis 346/2019,  tiene el potencial de cambiar esta situación.

Ilustración: Gonzalo Tassier

Los orígenes de la contradicción de tesis 346/2019

En 2016, Amicus DH comenzó un proceso de litigio en el que acompañó a personas trans en Guanajuato para la modificación de sus actas de nacimiento mediante un proceso administrativo. Los Tribunales Colegiados de ese Circuito, como órganos terminales, conocieron en revisión de los asuntos.4 Los juicios dieron origen a la jurisprudencia XVI.1ª.A. J/47 (10ª.). Sustancialmente, la postura fue que exigir un procedimiento judicial para el cambio de las actas de nacimiento no era desproporcionado ni discriminatorio en atención al principio instrumental de seguridad jurídica.

Por otra parte, en Chihuahua, Cheros AC y México Igualitario impulsaron litigios similares a partir de 2017. A diferencia del caso de Guanajuato, los órganos del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua se decantaron, con la tesis PC. XVII.J/20A (10a), por sostener que la vía administrativa, por su naturaleza, era la más idónea para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. Ante ese contexto, el representante legal de los asuntos que dieron origen al criterio en Chihuahua, denunció la contradicción de tesis ante la SCJN.

A pesar de que el pasado 20 de febrero de 2019, la SCJN evadió pronunciarse sobre el tema al declarar inexistente la contradicción de tesis 130/2018,5 la denuncia en Chihuahua permitió insistir en la relevancia de esta discusión jurídica. Así, el pronunciamiento de la SCJN al resolver la CT 346/2019, implica un avance fundamental para los derechos de la comunidad trans. De tal manera que, a partir de su publicación, la modificación de actas de nacimiento podrá solicitarse mediante un juicio de amparo y ningún juzgador federal podrá negarse a otorgarlo. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ello implica tiempo, costos y la exposición de la solicitud —todavía— ante las instancias judiciales.  Es decir, el criterio de la SCJN implica un instrumento para judicializar, constitucionalmente, la solicitud del cambio de las actas de nacimiento.

El papel fundamental de la sociedad civil

Visto fuera de las paredes de la SCJN, este pronunciamiento es un criterio construido desde la sociedad civil. Los primeros intentos formales comenzaron a principios de 20056 y, a lo largo de los años, el trabajo de incidencia de decenas de colectivos y organizaciones ha rendido frutos legales. Lo que este proceso demuestra es que los cambios jurídicos más trascendentales en materia de diversidad sexual han sido procesos largos, complejos y sobre todo, que son producto del trabajo de una cantidad muy variada de actores.

Una lectura de estos procesos, desde el constitucionalismo democrático,7 nos demuestra que la judicatura es una voz importante. Que a pesar de ser la última no es la única y que, en todo caso, en el reconocimiento de estos derechos, su papel ha sido el de funcionar como un catalizador de voces para la construcción de la vida constitucional en nuestro país.

Ante la práctica de los órganos jurisdiccionales de no reconocer los derechos de las identidades diversas, se debe insistir en que su implementación es una obligación para el Estado mexicano y particularmente para los órganos jurisdiccionales. Desde la academia se ha identificado esta  resistencia. Así, Karina Ansolabehere, a partir de la categoría “tribunales difusores”, ha nombrado a los órganos que hacen referencia en sus ejecutorias a convenciones,  instrumentos de soft law, y otras herramientas de derecho internacional, sin que necesariamente impacten en el fondo de los asuntos.8 Algunas de las ejecutorias de las que derivó la contradicción de tesis 346/2019, incurren en esta práctica: en el uso de los derechos humanos como accesorios procesales.

De esta manera, la jurisprudencia de la SCJN pone fin a la práctica de difundir los derechos de las personas trans sin aprovecharlos para resolver, de fondo, los asuntos sobre el cambio de actas de nacimiento. Sin embargo, como han evidenciado otros autores, los efectos de esperar soluciones “desde arriba” por conducto de una “corte redentora”,9 implica —al menos procesalmente— la espera de un tiempo considerable para que la SCJN ejerza facultad de atracción y, posteriormente, fije criterios con carácter obligatorio. De igual manera, el entendimiento de la SCJN como proveedora única de los criterios jurisprudenciales, inhibe una discusión con la que el resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberían estar comprometidos.

La jurisprudencia de la SCJN es vital, pero implica apenas un logro tangible para que se garanticen materialmente otros derechos de la comunidad trans en México. Habrá que sacar del armario a los congresos estatales para que, en cumplimiento de su obligación de garantizar derechos humanos, legislen al respecto.

La ruta de litigio que emprendan las personas trans y las organizaciones de la sociedad civil, debe tomar en cuenta que las paredes del armario que representa la transfobia institucionalizada, no terminan por abolirse con un pronunciamiento judicial. Como afirma Eve Kosofsky, la epistemología del armario, por la fuerza de la estructura dicotómica de la que deriva “encuentra muros que se levantan alrededor suyo”, incluso mientras los sujetos que salen de él “dormitan”.10 Ante este panorama, la contradicción de tesis 346/2019, tiene la capacidad para desdibujar las desigualdades de la población trans en México y expulsar a las instituciones estatales de la opacidad.

Rebeca Lora Hernández. Abogada por la Universidad Iberoamericana, León y cofundadora de Amicus DH A.C. Twitter: @Rebeca_lorea.

Luis Alfredo García Martínez. Estudiante de la maestría en justicia constitucional en la Universidad de Guanajuato. Twitter: @alfredogamt.


1 Veáse Flores, Andrew R., Park,  Andrew s., et al., “Public Support for Transgender Rights: A Twenty-three Country Survey”, IPSOS, The William Institute, UCLA School of Law, diciembre de 2016.

2 Para una cartografía global de los requisitos legales, médicos y psiquiátricos que se exigen para el cambio de actas de nacimiento véase Duffy, Sandra & González Gil, Matilda, et al., (coords.), “Informe de mapeo legal trans”, 2016.

3 En el caso de Chihuahua, la legislación no ha sido modificada. Sin embargo, la Dirección General del Registro Civil anunció, unos días antes de la resolución de la CT 346/2019, que permitirán la adecuación en la vía administrativa. En San Luis Potosí, la ley tampoco ha sido reformada, pero se adoptó un procedimiento administrativo a partir de una reforma al Reglamento de la Ley del Registro Civil, publicada el 17 de mayo de 2019.

4 Los criterios contendientes en la CT de los casos que acompañó Amicus corresponden a los Amparos en revisión administrativa 42/2017, 80/2017, 35/2017, 313/2016. También formó parte de la CT 346/2019 y el Amparo en revisión administrativa 40/2017.

5 La SCJN basó su decisión en la diferencia de modelos legislativos para declarar inexistente la CT. Pero la discrepancia de criterios de origen no era sobre si había modelos legislativos distintos, sino sobre si judicializar era necesario e idóneo y sí exigir no era un requisito discriminatorio y excesivo para las personas trans. Señaló que en Guanajuato hay dos procedimientos para el cambio de las actas de nacimiento (rectificación judicial y aclaración administrativa), mientras que en Baja California solo existe un modelo para la modificación de las actas de nacimiento.

6 Véase Vázquez, Daniela Esmeralda, et al., “El movimiento trans en México. Una mirada desde Almas Cautivas”, Almas Cautivas, 2017.

7 En términos generales, el constitucionalismo democrático se pregunta por el papel de los jueces en las democracias. Parte de la aceptación del conflicto como algo necesario. Particularmente, Robert Post, considera que el proceso de adjudicación debe realizarse escuchando a la mayor cantidad de voces que integran las democracias. La prensa, la academia y el activismo son elementos indispensables que deben ser tomados en cuenta. De esta manera, el conflicto y la discusión es vista como algo que nutre la deliberación. Post, Robert & Siegel, Reva, “Constitucionalismo democrático. Por una reconciliación entre Constitución y pueblo”, trad. de García Jaramillo, Leonardo,  Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI Editores, 2013. p. 65.

8 Ansolabehere, Karina, “Difusores y justicieros. Las instituciones judiciales en la política de derechos humanos”, Perfiles Latinoamericanos, FLACSO, vol. 22, núm. 44, México, Julio-Diciembre 2014, pp. 143-169.

9 Pou, Francisca & Lara Chagoyán, Roberto, “¿De verdad deseamos una corte redentora?”, en Vázquez Rodolfo (coord.), Corte jueces y política, 2ª. ed., Fontamara, México, 2012, pp. 135-147.

10 Véase Kosofsky Sedgwick, Eve, “La epistemología del armario”,  trad. de Bladé Costa, Teresa, Ediciones de la tempestad, Barcelona, 1998, p. 92.

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En mayo de 2016, Costa Rica trajo al debate jurídico en Latinoamérica algo que, pese a los avances tan aclamados en la región en materia de derechos humanos de personas LGBTTIQ+, permaneció por mucho tiempo en el clóset legal: ¿con qué herramientas cuentan los países del sistema interamericano para garantizar el reconocimiento de la identidad de las personas trans? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por medio de la Opinión Consultiva OC-24/17, deliberó al respecto.

Con la intención de que la CoIDH se pronunciara sobre la convencionalidad de las normas que exigen acudir ante la jurisdicción voluntaria, como señala el artículo 54 del Código Civil de ese país, para cambiar el nombre y el dato de género de las personas en los registros y documentos de identidad, Costa Rica inició el procedimiento de solicitud correspondiente. Asimismo, cuestionó la transmisión patrimonial en el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo.1

Sin duda, siguiendo el análisis de Laura Saldivia Menajovsky publicado en este mismo espacio, este instrumento internacional representa un avance para el sistema interamericano. Sin embargo, este texto busca enfocarse en las tareas pendientes para México. En efecto, la discusión planteada por Costa Rica es valiosísima en una región del planeta en donde el promedio de vida de una persona transexual es de 35 años.2 Los cuerpos que viven con patrones de identidad diversos a los tradicionalmente esperados, buscan el reconocimiento de los sistemas legales aun cuando éstos les piden, en la mayoría de los casos, que hagan una “doble fila” para el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en países como México –donde la mayoría de sus entidades federativas exigen demostrar jurisdiccionalmente el derecho a la identidad y, con ello, a la modificación de los datos de nombre y género atribuidos legalmente al nacer-, esta opinión consultiva pone a la luz la inconvencionalidad de la mayoría de las legislaciones civiles a lo largo del país y, por ello, debiese ser un instrumento esclarecedor para quienes administran justicia.

La CoIDH declaró que aun cuando cada país puede establecer las condiciones propias para el cambio de los datos en los documentos y bases de registro (vía jurisdiccional3 o administrativa), de acuerdo a su contexto, la naturaleza materialmente administrativa o notarial es la que más se adecúa a una serie de requisitos, que protegen de forma más amplia y efectiva los derechos de la comunidad trans.

Previo a los elementos a tomar en cuenta en los procedimientos, se abordó la idea de que en ningún caso estos cambios suponen o deben suponer el desconocimiento de la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas.4 La CoIDH insistió que aun cuando la seguridad jurídica es un principio que tiene vínculo ineludible con cada una de las disposiciones de la convención, el reconocimiento de la identidad de las personas y, la respectiva modificación en los datos de la identidad, no supone que las obligaciones adquiridas con anterioridad a los cambios se extingan.5 Este argumento, sobra mencionar, atiende a la inquietud expresada por los detractores del cambio de la identidad de género por la vía administrativa, que comúnmente apelan a la “seguridad jurídica” en aras de proteger a terceros en contra de la posible evasión de responsabilidades.

El anterior punto resulta importante, porque en el caso mexicano, en el primer asunto (amparo directo 6/2008) que llegó a la Suprema Corte7 sobre modificaciones de datos de nombre y género, uno de los puntos centrales fue la discusión del principio de seguridad jurídica. En este debate, en el que aún parece producir estragos la idea de que la seguridad jurídica debe imponerse sobre el derecho a la identidad, suponiendo un antagonismo irreconciliable, se deja de lado la posibilidad de balancear los principios, como lo exige un enfoque de derechos humanos.

Esta discusión, al menos en nuestro país, desconoce que en los casos que existen modificaciones, éstas permanecen  registradas en los libros de origen de los registros civiles. Lo anterior permite que la información que pudiera tener relación sobre responsabilidad con terceros, pueda ser perseguible en caso de que sea necesario. Al respecto, la CoIDH señaló que el procedimiento más apropiado para la rectificación de actas, de acuerdo con la autopercepción de la identidad debe tomar en cuenta, en términos generales, los siguientes elementos:

a) Debe ser integral (implica la posibilidad de modificar nombre de pila, el dato de sexo o género y la fotografía en caso de que el documento así lo contenga).

b) Debe basarse únicamente en el reconocimiento libre e informado de los solicitantes.

c) La modificación debe de ser confidencial y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios.

d) Los procedimientos deben ser expeditos y tender a la gratuidad.

e) Reconocer el derecho no puede tener como presupuesto la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.

No reconocer el derecho a la identidad de una persona o, retrasar su reconocimiento, implica que se desconozca que existe para el derecho. En ese limbo legal, el halo de violaciones aumenta y en el mundo real, estas poblaciones se vuelven más vulnerables. Este factor es quizá en el que más debemos insistir cuando busquemos argumentar por qué es urgente darle prioridad a este tema en las agendas de las diversas naciones. Reconocer que no sólo las condiciones, si no la vida misma de las personas depende de que el derecho acepte nombrarlas, es una premisa fundamental para que las violaciones sistemáticas a la población trans comiencen a desdibujarse.

La discusión y el pronunciamiento de la CoIDH es apenas un primer paso. El proceso es complejo, requiere que los procedimientos administrativos no sigan entorpeciendo el ejercicio de los derechos, como lo señala Dean Spade. Nombrar lo trans, no significa apostar únicamente por reformas legales, por medio de las cuales, inscribir la categoría “trans” en las leyes sea la clave para acabar con la situación de vulnerabilidad que viven estas personas.7

Parte de la línea argumentativa tanto de los pronunciamientos de organizaciones y del propio documento final de la opinión consultiva OC-24/17, reconoce que el derecho a la identidad, no requiere procedimientos especiales, ni amplios cuerpos de normas. En suma, lo que se requiere, es que las entidades federativas y las autoridades propicien las condiciones para que los sistemas de registro civil, sirvan para todas las personas en igualdad de condiciones. En nuestro país, sólo en Michoacán, ciudad de México y Nayarit es posible hacer las modificaciones del acta de nacimiento sin judicializar el proceso.8 En el resto de los estados del país las personas trans tienen que hacerlo.

Si bien las opiniones consultivas no son vinculantes, debido a su naturaleza proveniente de un proceso no contencioso, sí representan una herramienta argumentativa para los juzgadores. Los casos en México, que debido a las legislaciones civiles, es necesario someter a la jurisdicción voluntaria el derecho a la identidad y, por ello, esta opinión consultiva es una herramienta determinante para que se concedan más amparos.

La obligación de reconocer el derecho a la identidad, en el caso de las legislaturas estatales, deberá atender, por un lado, a la no sobrerregulación y; por el otro, a una perspectiva que se aleje de formular interminables listas de excluidos. Un error en que podrían incurrir sería el de modificar sus legislaciones para incluir textualmente a las personas que “no estaban incluidas” o la de crear procedimientos aparte para el reconocimiento del derecho a la identidad. Estas prácticas comunes en nuestra región, pueden generar efectos contraproducentes.

Respecto a este punto, la CoIDH le recordó a los Estados su obligación de armonizar su derecho interno con la convención. Reiteró que la expresión “cualquier otra condición social” contenida en el artículo 1.1 de la convención, debe estar sujeta a una interpretación amplia y armónica con las otras disposiciones del mismo ordenamiento.9

Las “categorías sospechosas” surgen con lo que Roberto Saba denomina “igualdad como no discriminación”, esta idea ha sido valiosa en varios sentidos; sin embargo, entender el principio de igualdad  exclusivamente bajo esta perspectiva, puede  perpetuar la práctica negativa de las autoridades de no ver como discriminación todo aquello que textualmente no está expresado en las normas.

Para Saba la igualdad formal ante la ley, entendida como no discriminación, nace de una interpretación individualista de los derechos. Este enfoque pierde de vista el contexto. El principio de “igualdad como no subordinación”, por su parte, asimila a las personas desde una perspectiva enteramente sociológica; según esta postura, las personas reciben un trato determinado en razón del grupo al que pertenecen.10

La idea de igualdad como no subordinación, que exige un nivel de argumentación más sólido tomando en cuenta las desigualdades estructurales es compatible con las ideas señaladas en la opinión consultiva y, por tanto, con nuestro sistema constitucional. Por lo anterior, el recordatorio de la CoIDH es el de transitar al entendimiento de la igualdad, bajo una perspectiva, que se asemeja a la percepción teórica de la no subordinación (en las normas, las interpretaciones judiciales y en los actos de autoridad) con la intención de que en la defensa de otros principios tanto procesales como constitucionales, o en la interpretación limitada de categorías como la igualdad no se vulneren derechos humanos.

Con las anteriores consideraciones, se abre un espacio para que el derecho en México —sobre todo en la práctica— fije nuevos paradigmas y que las categorías que reconoce sean repensadas propiciando que cada vez más personas pueden vivir con dignidad.

En un sistema legal como el nuestro, en el que tienes que demostrar ante un tribunal que existes y quién eres, la opinión consultiva OC-24/17 de la CoIDH es un recordatorio contundente: alegar la seguridad jurídica o limitarse a las expresiones textuales de la ley, no puede seguir siendo un remedio para calmar los espasmos de la transfobia nacional.

Nota: A lo largo del presente texto, se hace referencia al término “trans” porque del glosario –contenido en la propia  opinión consultiva– se desprende que la CoIDH entiende a este concepto como un “término sombrilla”. Esta expresión permite que varias identidades sean nombradas bajo un mismo concepto.   Al respecto dice: El término trans, es un término sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona transgénero o trans puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y meti. (Opinión Consultiva OC-24/17. P. 18).

Luis Alfredo García Martínez. Estudiante de la licenciatura en derecho en la Universidad de Guanajuato. Twitter: @alfredogamt


1 Resulta valioso cuestionarnos los alcances mediáticos de esta resolución. El discurso noticioso de esta opinión se centró sobre el reconocimiento que la CoIDH hizo sobre los matrimonios igualitarios. Pese a lo anterior, tres de las cinco preguntas que le dieron origen a este pronunciamiento son sobre el cambio de los documentos de personas trans, y el reconocimiento de la vía administrativa para la modificación de sus documentos identitarios. Visto históricamente, la comunidad trans, ha sido la última en la fila para el reconocimiento social y legal de los derechos.

2 OEA. Comunicado de prensa no. 137/15. Fecha de consulta: 12 de enero de 2017.

3 Señaló la CoIDH, que en el caso de que, necesariamente debiera ser así,  la autoridad no podrá oponerse a dar trámite a la solicitud salvo en los casos en lo que se observare algún vicio en la voluntad. En este caso, el derecho a la identidad, se reconoce como algo que no debe estar sujeto más que a las propias convicciones. La Corte establece, que el ejercicio de este derecho no puede suponer el convencimiento hacia ninguna autoridad. (Opinión Consultiva OC-24/17. P. 69, punto 160.)

4 Ídem. P.155. punto 119.

5 Ídem. P. 155. Punto 120.

6 Amparo Directo Civil 6/2008.

7 Spade, Dean, “Una vida normal: violencia administrativa, políticas trans críticas y los límites del derecho”. Ballaterra. Barcelona. 2015. P. 109-10; 174-177.

8 Vela, Estefanía. Familias diversas: ser madre, ser padre, VICE, México. Fecha de consulta: 13 de enero de 2014.

9 Opinión Consultiva OC-24/17. P. 35 punto 67.

10 Saba, Roberto. “Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué le debe el estado a los grupos desventajados?”, Siglo XXI Editores, Argentina, 2016. (documento de kindle)

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