Es un hecho consumado: Santiago Nieto ha sido cesado como Fiscal Especial de Delitos Electorales. El Senado de la República es la instancia que podrá restituirlo en el cargo. ¿Qué criterios deberán seguir los Senadores para tales efectos? ¿Legales, políticos o de coyuntura de cara a las elecciones del 1º de julio de 2018?

En lo que hace a la aproximación jurídica del tema, las ideas a considerar son las siguientes:

1. Odebrecht es el caso de corrupción más agraviante de este sexenio. La percepción social es que del mismo no sólo se ha beneficiado Emilio Lozoya, sino otros altos mandos del establishment político y gubernamental (de hecho, se pone en suerte al presidente Peña Nieto).

2. Entre abogados existe consenso en que Alberto Elías Beltrán, como titular de transición de la PGR, carecía de facultades para destituir al Fiscal Especial de Delitos Electorales. Se aduce como razón principal que como este fue nombrado por la Cámara de Senadores conforme al procedimiento establecido en la Constitución federal, aquél carecía de legitimidad para removerlo.

3. En términos generales, puede afirmarse que las organizaciones civiles, empresariales, medios de comunicación, editorialistas y abogados, tenemos una opinión positiva de la gestión de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especial.

4. En la entrevista publicada en Reforma el pasado miércoles 18 de octubre, Santiago Nieto hizo referencia a una ‘carta’ que le fue enviada por Emilio Lozoya, en la que, según su dicho, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia e, incluso, le pidiera una disculpa; que no entendió la parte en que aquél expuso su currículum vitae y el de su papá; que la ‘carta’ reflejó en gran medida la impunidad, es decir, el ‘planteamiento de que soy una figura pública’; que investigaba indicios que arrojaban un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI e, incluso, que preparaba una acción penal en contra de quienes resultaran responsables; y que entre los elementos de la investigación existen cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil [ver: entrevista Reforma].

5. De ser cierta la versión de Reforma, podría considerarse que Santiago Nieto filtró datos específicos de los sujetos investigados -Emilio Lozoya, PRI y Odebrecht-, de la ubicación de cuentas de cheques y del contenido de la ‘carta’ que le fue entregada. El punto más delicado es que, en su calidad de ministerio público, realizó un pronunciamiento público sobre la responsabilidad penal de los inculpados y de las acciones inminentes a ejecutar.

6. El único documento del que se tiene noticia, es la promoción formal que Emilio Lozoya, por conducto de su abogado Javier Coello Trejo, dirigió a Santiago Nieto [ver: promoción Lozoya]. En ella se solicitó que se hicieran de su conocimiento las imputaciones penales que se le formulaban; que se le emplazara en forma legal en el domicilio que al efecto proporcionaba; y que en la respectiva carpeta de investigación, se indicara que él está localizable para los efectos legales que procediesen.

7. La corrupción gubernamental, al igual que todo delito, tiene que perseguirse y sancionarse penalmente. Es una condición fundamental del Estado de derecho. Odebrecht es un caso emblemático de impunidad. Sin embargo, las reglas constitucionales y legales imponen a la autoridad investigadora -ministerio público- la obligación de mantener reserva absoluta sobre la información, datos y documentos contenidos en las respectivas carpetas de investigación (“independientemente de su naturaleza”). El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales es tajante en este aspecto.

8. La persecución de delitos no es pretexto para que las autoridades cometan otros delitos en su investigación. Implicaría un retroceso constitucional y vulneraría derechos fundamentales de las partes en los procesos penales. Posibilitaría que el ministerio público, en todos los casos, sin excepción alguna, proporcionara a terceros o informara a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, el estatus de cualquier investigación que tramite.

9. El artículo 225, fracción XXVIII el Código Penal Federal establece que se sancionará con cuatro a diez años de prisión, al servidor público que dé “[…] a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.” (Énfasis propio).

10. Con conocimiento de causa y por experiencia, los abogados sabemos que en las investigaciones penales, al igual que en las administrativas y los juicios ante los tribunales estatales y federales, la información contenida en los expedientes se mantiene en reserva absoluta, y a la misma sólo tienen acceso las ‘partes’ interesadas (es decir, quienes ostentan ese carácter procesal). Es por ello que ninguna procuraduría general de justicia, ni el Servicio de Administración Tributaria, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la Comisión Federal de Competencia Económica, ni los jueces ni magistrados, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informan a extraños -mucho menos a través de medios de comunicación-, el estado de los asuntos o de las acciones que están por tomar.

11. En la práctica penal, administrativa y judicial, las presiones sobre las autoridades, jueces y hasta ministros no es algo inusitado (existe una amplia gama de modalidades para hacerlo, hasta corrupción). Por supuesto que se trata de una mala práctica profesional, indebida y hasta ilegal; pero que eso legitime una declaración periodística como la efectuada por Santiago Nieto, es difícil de aceptar.

12. Lo contrario implicaría la anarquía total: se permitiría, por ejemplo, que Alberto Elías Beltrán o cualquier otro procurador estatal, comentara libre y arbitrariamente los casos penales que tienen a su cargo; que Osvaldo Santín filtrara información sobre las auditorías fiscales que practicara a los contribuyentes; que Alejandra Palacios denunciara las presiones que los agentes económicos ejercen sobre ella y sus colegas de la Comisión Federal de Competencia Económica; y lo mismo respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

13. Además, hay que tener presente que Emilio Lozoya, aunque quizá disfrutando de una gran riqueza por su nexos con Odebrecht, carece de fuerza política en estos momentos como para amedrentar a un Fiscal Especial del perfil de Santiago Nieto, a menos que se considere que aquél actuó por cuenta de los verdaderos dueños del negocio (quienes estos sean). De haber sido así, haría sido interesante quiénes articularon esa presión, y cómo.

14. Más allá de los aspectos de procedimiento seguidos por la PGR y de la posible incompetencia de Alberto Elías Beltrán para destituir al Fiscal Especial, subsisten los siguientes temas de fondo: ¿Santiago Nieto violó el deber de reserva de las investigaciones penales, ordenado por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales? En caso afirmativo, ¿se haría por ello acreedor a la pena de cuatro a diez años de prisión, prevista en el artículo 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal?

15. Si el Senado restituyera en su puesto a Santiago Nieto, quedarían pendientes de resolución los temas antes indicado. Si no lo hiciera, también. Por lo tanto, no se trata simplemente de revisar la destitución, sino de resolver las posibles responsabilidades penales en su contra derivadas de la entrevista en Reforma. No prejuzgo su actuar, sólo lo apunto.

16. El patente desorden institucional en la PGR no se remienda con desaseo constitucional. La actuación de las autoridades tiene que ajustarse a lo dispuesto en la legislación que rige la actuación del ministerio público. Santiago Nieto, como titular de la  Fiscalía Especial, lo era. La Cámara de Senadores tendrá la última palabra en este escabroso tema.

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor por la Universidad Autónoma de México. Socio de Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha.

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La acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR y la aparente marcha atrás dado por el actual gobierno en Quintana Roo no fueron suficientes para remontar el conocido como ‘paquete de impunidad’. Solamente se dejó insubsistente la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la designación de los magistrados del mismo.

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El  ‘blindaje’ aprobado por el Congreso estatal a iniciativa del gobernador saliente Roberto Borge, consiste además en la aprobación e implementación de un paquete de reformas constitucional y legales, así como el nombramiento de funcionarios públicos. El común denominador de estas acciones es que dotan de una red de protección a los funcionarios salientes, a través de los siguientes mecanismos:

a) Seguridad personal, a cargo de los contribuyentes, por 15 años tanto para quienes sean exgobernadores, cónyuge e hijos, que no podrá ser menor a la que se tenga en funciones. Así como seguridad personal para altos exfuncionarios de gobierno.

b) Se elimina la calidad de ‘gravedad’ de los delitos cometidos por servidores públicos que afectan a la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos. Por ejemplo, el delito de peculado ya no será grave. Así los servidores públicos acusados por estos delitos podrá salir libre bajo fianza.

c) En los delitos relacionados con la corrupción, se disminuyen sustancialmente las penas de prisión y pecuniarias. Por ejemplo, el  peculado se disminuye de 10 a 5 años de cárcel.

d) Se establece que los delitos por funcionarios públicos se persiguen por querella, ya no de oficio como debería ser en casos de corrupción.

e) Se disminuyen a tres años los plazos de prescripción de los delitos de funcionarios públicos por hechos de corrupción.

f) Se crea la fiscalía general del estado como órgano constitucional autónomo y se designa como tal al actual Procurador General de Justicia, por un período de nueve años. Esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, fue designado por Roberto Borge.

g) Se nombraron con 10 meses de anticipación al titular del Órgano de Fiscalización y a su Suplente. Al igual que en el caso anterior, esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, se da en el gobierno de Borge.

h) Se establecen porcentajes mínimos del presupuesto de egresos del estado en favor del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos autónomos, con lo cual se afecta la capacidad del Ejecutivo para prever ingresos, equilibrar finanzas públicas y para cubrir las necesidades sociales en materia de educación, salud, seguridad, protección civil, entre otras. Un ejemplo: el presupuesto del Congreso local, suponiendo que fuese el mismo del 2016, para el 2017 se incrementaría en 283.6 millones de pesos, para quedar en un total de 734.5 millones, lo que significa un aumento del 62%. Además las cantidades no pueden ser menores a las de los ejercicios anteriores, en caso de ajustes presupuestales no pueden ser afectadas y si el Congreso lo decide pueden ser mayores.

Las reformas fueron iniciadas después de conocer el resultado de las elecciones y discutidas, aprobadas y publicadas el 23 y 25 de junio y vigentes desde esas fechas. La minoría parlamentaria actual no alcanza el 33% pero sí lo reúne la elegida. Sin embargo, entre la fecha de publicación y vigencia de las reformas y la toma de posesiones de la nueva legislatura y del nuevo Ejecutivo transcurren más de treinta días hábiles.

La controversia iniciada

La acción intentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una controversia constitucional prevista en el artículo 105 de la Constitución federal, la cual fue suscrita por Carlos Joaquín González en su carácter de ‘gobernador electo’. Esta controversia constitucional se ha promovido en el plazo de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de las normas y actos que se combaten, el cual venció el pasado 18 de agosto.

¿Qué se pretende lograr?

El objetivo de la controversia constitucional es que la SCJN invalide tanto el ‘blindaje’ de impunidad, como el establecimiento de porcentajes mínimos del presupuesto de egresos para los poderes y órganos mencionados.

¿Por qué la controversia suscrita por el gobernador electo?

a) Es la persona legitimada para actuar ante la SCJN, quien ostenta una especial calidad que se deriva de la representación obtenida en la contienda electoral, en la que los ciudadanos de Quintana Roo optaron por una nueva propuesta.

b) Se trata de un caso inédito en nuestro país que un gobernador electo promueva una controversia constitucional. Sin embargo, él tiene el mandato y la responsabilidad —no sólo la facultad— de actuar en contra de la corrupción con base en la representatividad obtenida en las urnas. De ello, se insiste, se actualiza un interés legítimo para plantear el caso ante la SCJN.

c) En el armado del ‘blindaje’, existió una colusión entre el Congreso local y el gobernador saliente. Quien ocupa el Ejecutivo obtiene prerrogativas personales y se beneficia de la nueva legislación penal. El Congreso y su mayoría obtienen un incremento presupuestal desproporcionado y el traslado al Legislativo de las decisiones sobre finanzas públicas.

d) La legitimación procesal del gobernador electo se justifica en el hecho de que, conforme al artículo 49 de la Constitución de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ostenta la calidad especial y diferenciada del resto de los ciudadanos, como ‘Poder Electo’ de ese estado. Dicho artículo establece lo siguiente: “El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. […]”.

e) Como se aprecia, este artículo señala con toda claridad que el Poder Ejecutivo se deposita en ciudadanos electos, calidad que satisface Carlos Joaquín González como resultado de la elección del 5 de junio de 2016.

f) Al momento en que un candidato triunfa en la contienda electoral, es indudable que se convierte en ‘Poder Ejecutivo Electo’ del estado, pues es cuando los ciudadanos empoderan a uno de ellos en específico para asumir las funciones y ejercer las correspondientes atribuciones constitucionales y legales.

g) El hecho de que exista un periodo de transición en el cual coinciden un ‘gobernador en funciones’ y un ‘gobernador electo’, no implica que a éste se le desconozca su calidad de Poder Electo. Simplemente se reconoce que es necesario un plazo prudente para que el gobernador saliente pueda hacer entrega/recepción de todos los asuntos de gobierno al gobernador entrante, sin que tal circunstancia permita desconocerle la calidad de ‘gobernador electo’ de la entidad.

h) El hecho de que el ‘gobernador electo’ no haya tomado posesión del cargo no es suficiente para que se desconozca su calidad de ‘Poder Electo’. Lo anterior es así, ya que incluso antes de que se lleve a cabo la toma de posesión y protesta, el ‘gobernador electo’ va ejerciendo cada vez mayores atribuciones inherentes a su cargo, las cuales culminan con la toma de protesta, momento en el cual asume la totalidad de sus atribuciones.

En las reformas y nombramientos hay una unidad de propósito: prerrogativas de seguridad personal, modificación estructural en el tratamiento penal por hechos de corrupción que afectan su eficacia y nombramientos que son centrales en la investigación y determinación de las responsabilidades.

Las reformas invaden las facultades del Ejecutivo y afectan el ámbito de su función constitucional. Además, contrarían las reglas y principios de la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

La controversia constitucional ejercida tiene el propósito de actuar garantizando que no haya condiciones de impunidad, en el interés de la preservación de las condiciones de gobernabilidad y del mandato otorgado en las urnas. No hacerlo sería abdicar de tal responsabilidad y dejar que se consume la afrenta a la ciudadanía.

Rosa María Cano. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y de la maestría en derecho constitucional de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.

José Roldán Xopa. Profesor de la División de Administración Pública del CIDE. Twitter: @jrxopa

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

Nota: los autores participaron en la redacción de la demanda de esta controversia constitucional.

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Ante el creciente uso de facturas falsas en nuestro sistema fiscal; en enero de 2014, entró en vigor una nueva regulación para que la autoridad fiscal pudiese combatir de mejor manera estas operaciones inexistentes o simuladas. En el siguiente video, el abogado experto en derecho fiscal, Luis Pérez de Acha, explica en qué consiste este tipo de operaciones, la manera como lo fiscaliza el SAT, así como la coordenadas de la discusión que al respecto se está suscitando en la Suprema Corte.

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Hace algunas días, la autoridad fiscal de nuestro país emitió una serie de disposiciones encaminadas a gravar con el 16% de IVA los alimentos procesados. Sin embargo, esta autoridad considera que justo no se trata de un nuevo impuesto sino de una mera aclaración de qué alimentos están gravados con la tasa del 0% y cuáles con la tasa del 16%. Ante esto, en el siguiente video, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha analiza estas nuevas disposiciones; en concreto, ofrece una buena batería de argumentos para sostener que esta decisión del SAT es ilegal e inconstitucional.

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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En este  nuevo vídeo, el abogado Pérez de Acha continúa explicando algunos conceptos básicos del sistema fiscal mexicano; en principio, una materia un tanto árida pero que es clave para la vida económica de los contribuyentes, de ahí que resulte por demás relevante esta especie de glosario fiscal que con cada colaboración ha estado construyendo Pérez de Acha desde hace varias meses ya. Ahora bien, en esta ocasión se explica una de las herramientas de fiscalización del SAT respecto los depósitos bancarios que -sea por transferencias electrónicas, cheques o efectivo- podemos recibir en nuestras cuentas bancarias y que si no tienen un buen soporte en nuestra contabilidad pueden generar consecuencias económicas y jurídicas no menores: la presuntiva fiscal por depósitos bancarios.     

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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¿Qué es la discrepancia fiscal? En este vídeo, el abogado Pérez de Acha responde a esta interrogante y  explica las diferentes aristas que giran en torno a este figura que la autoridad fiscal utiliza para detectar irregularidades en los ingresos y egresos de los contribuyentes. Pero no sólo eso: también ofrece una clara exposición de algunos de los aspectos más delicados de esta figura y que pueden ser litigados eventualmente ante los tribunales.  

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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En marzo de este año, la Suprema Corte resolvió el juicio de amparo impulsado por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso por demás relevante que deja un precedente para que la ciudadanía exija rendición de cuentas en los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país. En particular, este amparo exigió que funcionase mejor la maquinaria de fiscalización y sanción de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, para ello, presentó un abanico de novedosos e importantes argumentos constitucionales relacionados principalmente con el interés legítimo, los cuales resultaron en un escenario por demás atractivo para impulsar aún más el litigio estratégico en nuestro país a través de organizaciones de la sociedad civil. En este video, Luis M. Pérez de Acha, el abogado responsable de diseñar la estrategia jurídica de este juicio de amparo, nos explica, a partir de la sentencia y tesis derivadas de este caso que recién fueron publicadas, la relevancia y trascendencia del mismo. 

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo interpuesto por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso histórico por abrir una rendija para atacar desde la trinchera ciudadana los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país, pero también porque ofrece una buena batería de criterios jurídicos novedosos relacionados principalmente con el interés legítimo y que bien pueden ser exprimidos en el futuro por otras organizaciones de la sociedad civil. En el siguiente video, el abogado Luis M. Pérez de Acha, arquitecto de la estrategia jurídica de este juicio de amparo, explica precisamente en qué consistió esta estrategia y cuáles son algunos de los escenarios jurídicos futuros a partir de la victoria alcanzada con este asunto.

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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A partir de las casas de la esposa del presidente de la República y de otros funcionarios federales, han saltado en la prensa internacional varias estampas más que por lo menos ubican en una posición incómoda a la clase política mexicana en términos de opacidad, corrupción e impunidad. Esto ha desatado la protesta social e indignación de la ciudadanía. Sin embargo, vale plantear una pregunta no menor: ¿con qué otras armas cuentan los ciudadanos para enfrentar la rampante corrupción que envuelve al país? En el siguiente video, el abogado Pérez de Acha justamente ofrece una respuesta a esta interrogante y explica qué opciones existen desde la trinchera jurídica para tratar de combatir el amplio abanico de casos de conflictos de interés y corrupción. 

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha
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Hace unos días, el abogado Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, presentaron una solicitud de información ante el SAT para conocer datos relacionados con la declaración de impuestos de la primera dama de nuestro país, Angélica Rivera.  Esto con el propósito de ejercer su legítimo derecho a escudriñar las declaraciones, documentos y demás pruebas que ofreció en su momento la señora Rivera respecto el escándalo suscitado por la llamada “casa blanca”. En este video, Pérez de Acha ofrece una clara y breve explicación de su estrategia, objetivos y, más importante aún, los valores que están en juego: transparencia y veracidad. 

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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