Con la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 se incorporaron las candidaturas independientes como otro medio para acceder a cargos de elección popular. Para lo anterior, era necesario adecuar la legislación electoral, fue hasta la reforma de 2014 que, con la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), fueron establecidas las reglas específicas sobre sus derechos, prerrogativas y obligaciones para los procesos comiciales.

Estas reglas no fueron diseñadas desde la perspectiva de la pluralidad y de la inclusión en el sistema de representación política, al no constituirse como herramientas que garanticen las condiciones de equidad entre contendientes de diversa naturaleza. Por ende, generaron grandes contrastes en el andamiaje legal e institucional. El caso más distintivo lo constituye el régimen de financiamiento de las candidaturas independientes. De esta manera, y de acuerdo al modelo partidista, el legislador determinó que el financiamiento estuviere conformado por dos modalidades: público y privado.

Para el financiamiento público es utilizada una fórmula de distribución que abarca las distintas candidaturas independientes, la cual está basada en una asignación en conjunto, como un partido de nuevo registro, que se dividirá en partes iguales según el cargo a elegir: 33.3% entre las candidaturas postuladas al cargo de presidente; 33.3% entre todas las fórmulas al cargo de senador y 33.3% entre todas las fórmulas al cargo de diputado. En caso de existir una única candidatura postulada por cargo, se estableció que únicamente podrá recibir el 50% del monto.1

Para el proceso electoral federal del 2017 al 2018 se registraron un total de dos candidaturas para la presidencia de la República, siete candidaturas a senadurías y 39 candidaturas a diputaciones. Al aplicar la fórmula del financiamiento público queda de la siguiente manera:

Financiamiento de nuevo partido político2

$42,963,332.00

Monto total por tipo de candidatura

Presidencial

Senadurías

Diputaciones

14,177,899.6

14,177,899.6

14,177,899.6

Monto por candidato independiente

Presidencial

Senadurías

Diputaciones

7,088,949.78

2,025,414.22

363,535.886

Como es posible observar, el legislador incorporó dentro de la regulación del financiamiento público de las candidaturas independientes un criterio de equidad de piso mínimo, que garantiza el acceso igualitario de partidos políticos y candidaturas independientes. Sin embargo, deja un abismo en el reparto igualitario de los recursos financieros, lo que provoca una situación inequitativa en la contienda electoral.

El sistema electoral está diseñado para responder y satisfacer las necesidades de los partidos políticos. El andamiaje legal vigente no aspira a fortalecer la figura de las candidaturas independientes; situación que abre las puertas a la instrumentación de conductas ilegales o extralegales por parte de ciudadanos que opten por esta modalidad de acceso a los cargos públicos. Por otra parte, el financiamiento privado está construido como una limitante a las aportaciones del candidato independiente y sus simpatizantes. Dicha limitación no podrá rebasar, en ningún caso, el 10% del tope de gastos de campaña para la elección de que se trate. Además, fueron incorporadas todas aquellas restricciones que tienen que observar los partidos políticos en cuestión de aportaciones.3

El problema de las reglas establecidas para el financiamiento privado es que son traducidas en topes de campaña que atendían a la naturaleza del candidato. Los candidatos postulados por los partidos contaban con el tope de gastos de campaña establecidos por la fórmula de la ley y, en el caso de los independientes, el tope de campaña está constituido como una restricción legal, al tener un límite de 10% por financiamiento privado. Los montos son los siguientes:4

Lo anterior debe ser entendido por la forma en que fueron reguladas las candidaturas independientes, incorporándolas a las reglas y tiempos que tienen los partidos políticos. Para estos, se hace una bolsa como partido de nueva creación; lo anterior atiende a que en la fecha que la autoridad electoral calcula el financiamiento público para la elección no se cuenta con el número de candidatos independientes que participaran para la elección del cargo. Por ejemplo, el registro para las candidaturas independientes para el cargo de presidente de la República fue aprobado el 29 de marzo de 2018, y el presupuesto con la reducción mandatada por la Cámara de Diputados fue aceptado el 8 de diciembre del año anterior.

Ante estos hechos, la diferencia de topes de campaña eran un obstáculo para la equidad en la contienda, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció en el SUP-JDC-222/2018 y acumulados, que la norma resultaba inconstitucional y, por lo tanto, debía ser inaplicada:

TERCERO. Se declara la inaplicación del artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en la porción normativa que establece que el financiamiento privado que reciban los candidatos independientes “no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.

Es importante señalar que la manera de actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) no podía ser otro que aplicar los límites establecidos por la LGIPE y el tribunal era la única autoridad facultada para declarar la inconstitucionalidad de la norma, así como garantizar que, por vía del financiamiento privado, los candidatos independientes pudieran competir en condiciones de igualdad frente a los candidatos respaldados por los partidos políticos. Por lo tanto, queda pendiente la tarea para el legislador sobre si el financiamiento privado es la mejor solución para garantizar la equidad en las elecciones.

Luis Salgado y César Hernández. Asesores del Consejero Presidente del INE.


1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) Cfr. Artículos 407 y 408

2 El artículo 51, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que a los institutos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que se les otorgue, a cada uno, el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Siendo el caso que el financiamiento público para gastos de campaña se calculará conforme a lo señalado en el artículo 51, numeral 1, inciso b) de la misma Ley, esto es que, equivaldrá a un 50% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año.

3 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) Cfr. Artículos 401 y 402 y Ley General de Partidos Políticos (LGPP), artículos 54 y 55.

4 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza el ejercicio con los candidatos que impugnaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE).

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