Mario López Valdez (Malova), gobernador del estado de Sinaloa, emitió un decreto el 2 mayo de 2011 mediante el cual reformaba diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Alcoholes de esa entidad. Específicamente, en el artículo 16 se adicionaban en las fracciones I y VI, la facultad del poder ejecutivo estatal de revocar, bajo criterios poco claros, licencias para la venta de alcohol en aquellos establecimientos públicos que difundieran música, videos o imágenes “tendientes a enaltecer criminales, conductas antisociales o actividades ilícitas”.

La decisión, replicada rápidamente en Chihuahua, vigente en Tijuana y presentada, en la anterior legislatura, como iniciativa en la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, se produjo en un entorno caracterizado por el incontrolable aumento de la violencia, la incapacidad gubernamental para instrumentar políticas rentables en el corto plazo y, sobre todo, por el desgaste mediático y político del tema del narcotráfico. En este contexto, la tendencia prohibitiva se utilizó principalmente para aumentar la popularidad o incrementar la legitimidad de algunos gobiernos locales, a pesar de correr el riesgo de vulnerar derechos fundamentales o establecer límites inaceptables a la libertad de expresión.

Así, el pasado 14 de febrero, el pleno de la Suprema Corte resolvió una controversia constitucional presentada por el poder legislativo del estado de Sinaloa, mediante la cual se impugnaba que algunos artículos de este decreto emitido por el ejecutivo estatal invadían la facultad legislativa del Congreso local y violaba el principio de división de poderes, establecidos en la Constitución.

La Corte, en respuesta, declaró la invalidez del artículo16, fracción VI del Reglamento de la Ley de Alcoholes, con el argumento de que prohibir la difusión de música que enaltezca actividades ilícitas no constituye una medida para el combate al alcoholismo, sino que se inserta en el ámbito de la moral pública y el respeto a las buenas costumbres. Lo cual es materia de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, competencia exclusiva de los Ayuntamientos. La posible vulneración de la libertad de expresión derivada de la prohibición, estuvo ausente en la discusión ya que el recurso presentado- controversia constitucional- es una figura diseñada para dirimir conflictos entre poderes surgidos por la distribución de competencias. Sin tener la posibilidad de abordar temas sobre los alcances y límites de los derechos fundamentales.

Ahora bien, la ruta pública del proceso que siguió la iniciativa de Malova desde su publicación, su defensa pública, hasta la declaración de invalidez, fue muy distinta a la ruta legal. En los medios de comunicación, el decreto y la declaración de invalidez, fueron interpretados como un revés de la Corte a favor de libertad de expresión y, por otro lado, representantes del gobierno de Sinaloa declararon respetar el fallo, pero no estar de acuerdo con la decisión, ya que el gobierno lo único que buscaba era disminuir y frenar la creciente llamada “narcocultura”.

Por una parte, en la defensa pública que hizo Malova de su decreto, su posición sobre la libertad de expresión fue ambigua y, por otro lado, el decreto reivindicaba, sin mencionarlo, la idea de que la difusión de la música era una de las razones principales del aumento de la violencia. De esta forma, a través de su discurso público estableció que la sociedad y el Estado tenían los mismos objetivos, medios y responsabilidades por los resultados obtenidos de cualquier decisión. Lo que le permitió construir un apoyo social y mediático, a partir del rechazo y criminalización de los intérpretes musicales, frente a la defensa del bien común.

La decisión de Malova negó la existencia de un conjunto de reglas y principios propios de un gobierno democrático, pues a pesar de que ya existían leyes encargadas de garantizar la seguridad de los centros nocturnos, bares y restaurantes, decidió invadir facultades de otros poderes para promulgar nuevas reglas.

Según el sociólogo Robert K. Merton, este tipo de comportamiento se llama anomia: el desprecio de los medios empleados y el énfasis en los fines perseguidos. Es decir, la disociación entre los objetivos que una sociedad esparce entre sus miembros y las capacidades que desarrolla para alcanzarlos. En este sentido, al privilegiar los fines sobre los medios, las reglas pierden toda importancia y son violadas constantemente. El deseo por alcanzar ciertos fines, mediante el uso de cualquier medio para alcanzarlo, sin detenerse en establecer cuáles son los medios adecuados. Por ejemplo, promulgar o derogar una ley para obtener legitimidad, sin respetar la división de poderes o excediendo facultades reglamentarias.

El paradigma del éxito que Malova privilegió a partir de la promulgación su decreto, se define por la aversión a lo institucional, la indiferencia frente al Estado de Derecho y la total negación de la política. De acuerdo con Merton, esto equivale a descuidar lo público, que es el espíritu mismo del Estado.

De ahí la importancia de conocer los fundamentos sobre los que un gobierno construye su concepción sobre el derecho y sus valores democráticos. En este sentido, mientras no se contribuya, mediante el ejercicio del gobierno, a fortalecer la cultura de la legalidad, la batalla cultural que libra el Estado por defender sus principios, ideas y actitudes políticas, va a estar rebasado por las expresiones alrededor del narcotráfico.

El ejercicio de gobierno es lo que define lo permisible y no permisible, lo aceptable y lo inaceptable. A partir de eso, se puede fortalecer la confianza, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad en una comunidad.

El éxito y transformación de las expresiones culturales del narcotráfico, dependen en buena medida de la victoria o derrota de las construcciones culturales y jurídicas de nuestros gobiernos. Uno de los más influyentes estudiosos de la violencia en Colombia, Daniel Pécault, señala que las expresiones culturales relacionadas con la violencia permanecen, entre otras razones, porque un país no termina de construirse como una sociedad que acepta un Estado con leyes que se respeten.

El narcotráfico y sus expresiones culturales son posibles no por que no exista una ley que las castigue, sino por que cubren necesidades, generan estructuras estéticas, cohesión social y lenguajes deseados, medianamente compartidos entre muchos integrantes de la sociedad.

La posibilidad de que se difunda música que exalte conductas ilícitas o la amenaza de que se tomen decisiones gubernamentales bajo concepciones erróneas de los derechos fundamentales, siempre van a existir. Sin embargo, es posible también que medios, universidades, partidos políticos o sociedad civil contribuyan a reivindicar las decisiones de la Corte donde ubique como pilar del estado de derecho la responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos.

 

Luis Sánchez Barbosa. Licenciado en derecho por el ITAM y maestro en políticas públicas por la Universidad de Londres. Twitter: @luismoderno

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Reino Unido está en el centro de la opinión pública. Los últimos comicios han hecho que analistas y periodistas sigan puntualmente los vaivenes de la política inglesa. Más allá de la compleja negociación política que en este momento se está llevando a cabo para formar gobierno, en el futuro inmediato también se esboza el escenario de una ambiciosa reforma electoral. En este contexto, la siguiente entrega analiza un tema poco estudiado y que probablemente pronto sea objeto también de una reforma de no menor importancia: la consolidación de un tribunal constitucional. Y lo que esto implicaría para la vieja isla: abandonar el principio de supremacía del parlamento para adoptar plenamente el paradigma de la supremacía constitucional.

En uno de los debates de la Cámara de Lores, a finales del año 2002, donde se discutió la reforma impulsada por el gobierno de Tony Blair para crear una Corte Suprema en el Reino Unido, el Lord Canciller Irvine of Lairg resumió el accidentado proceso de reforma en una frase: “somos una nación de pragmatistas, no de teóricos, y estamos, en realidad, por lo que funciona”.

La gran reforma constitucional impulsada por Tony Blair, y que permitió la creación de la Corte Suprema, ha evolucionado lentamente y parece ser que tendrá que recorrer todavía un largo camino. De ahí que exista una curiosa comparación entre este proceso de reforma que impulsó el gobierno de Blair y el arribo de Cristóbal Colon a América: Colon, al igual que Blair, no sabía hacia donde se dirigía cuando zarpo, al llegar a su destino nunca supo donde estaba y cuando regreso jamás entendió donde había estado.

Es cierto: el partido laboral se lanzó hacia la conquista de un nuevo orden constitucional sin tener claro cuál era el más apropiado para el Reino Unido. Según Timothy Garton Ash, el fracaso es doble: lograron derrumbar el viejo orden constitucional, pero no fueron capaces de construir otro nuevo. El proyecto careció de continuidad y coherencia. Existieron razones suficientes para restarle importancia: el 11 de septiembre, la invasión a Iraq, las próximas elecciones y el riesgo de confrontar a la opinión pública. Lo peor, sin embargo, fue que los laboristas se aferraron al sistema parlamentario durante los debates de la reforma. Nunca existió verdadera voluntad de cambio. Tal vez temieron enfrentar a la opinión pública o simplemente, como dice David Held, los británicos siempre se aferran a la tradición.

No obstante, los resultados de la reforma son enormes: se logró descentralizar el poder al establecer un sistema de reparto de competencias que incluyó a Escocia, Gales e Irlanda del Norte; se instauró la independencia del Banco de Inglaterra; y se logró implementar la Ley de Libertad de Información y la Ley de Derechos Humanos –como consecuencia de la creación de ésta última nace la Corte Suprema-.

Vale recordar que desde 1876, un grupo de miembros de la Cámara Alta del Parlamento, el comité de los Lores de la Justicia (Law Lords), cumplía el rol de máxima Corte de Apelaciones para Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y para Escocia (en casos civiles). Hoy, por primera vez en 900 años, la independencia judicial se encuentra consagrada en la ley. Mediante un acto del Parlamento (Acto de Reforma Constitucional de 2005) se creó la Corte Suprema en el Reino Unido, quedando oficialmente establecida el 1 de octubre de 2009. Su creación tiene un objetivo no menor en la tradición constitucional: separar definitivamente la función judicial y legislativa de la Cámara de los Lores.

Así, desde octubre de 2009, la Corte Suprema del Reino Unido es la máxima instancia en cualquier controversia que surja en el derecho inglés, galés e irlandés. Tiene también jurisdicción limitada, con respecto a las controversias que surjan en el derecho escocés. Además, tiene jurisdicción para conocer acerca de cualquier controversia que surja del ejercicio de los poderes de las tres administraciones descentralizadas, como lo son los poderes ejecutivo y legislativo de Irlanda, el gobierno y el parlamento escocés y la Asamblea Nacional de Gales. Al mismo tiempo, esta reforma removió la facultad del Lord Canciller de actuar como ministro de gobierno y juez. Una facultad que atentaba contra el principio de separación de poderes.

Pero, ¿cuáles son, en concreto, los alcances reales de este cambio y las consecuencias que se pueden generar en el sistema constitucional del Reino Unido?

La gran diferencia entre la mayoría de las cortes constitucionales del mundo y la Corte Suprema del Reino Unido es que en ésta no existe un control formal de constitucionalidad de las leyes, debido a que el Reino Unido no tiene una Constitución codificada y escrita. En caso de que la Corte Suprema considere que una ley es inconstitucional, el gobierno tiene que someter la controversia a consideración del Parlamento para que la ley sea reformada.

De esta forma, las decisiones judiciales de la Corte no poseen la característica de la inmediatez. Mientras el Parlamento mantenga el monopolio en la validez de las leyes y no se refuercen las facultades del nuevo tribunal, la creación de la Corte pasará a la historia como una ambiciosa reforma que pretendía cambiar el sistema constitucional del Reino Unido y que concluyó en meros ajustes de transparencia y de la relación entre la sociedad y la justicia británica.

Ahora bien, aunque esta Corte carece de las facultades propias de un tribunal constitucional, también es necesario subrayar que el dinamismo del sistema inglés se ha encargado, en muy poco tiempo, de convertirla en un factor decisivo para balancear la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. La Corte ha confrontado los pilares del viejo sistema Británico. Veamos.

La creación de la Corte, no hay que olvidar, es fruto de la adhesión del Reino Unido a la Convención Europea de los Derechos Humanos. En este sentido, la Corte es resultado de la exigencia de reconocimiento de garantías para los ciudadanos. Por ello, la reforma se enfocó en el control de las leyes en materia de derechos fundamentales y de normativa comunitaria (Unión Europea). Por ello, en su calidad de última instancia del sistema judicial del Reino Unido, tendrá un papel decisivo en la aplicación de la normativa propia de la Unión Europea. En primer lugar, al interpretar los tratados que se transformen en leyes y, en segundo término, al asegurar que las demás cortes británicas conozcan y cumplan las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos. En este sentido, la efectividad de la nueva Corte Suprema descansará en buena medida en su capacidad de señalar las inconsistencias entre la ley nacional y las exigencias jurídicas de Europa.

Esto significa un verdadero cambio de paradigmas constitucionales, pues, a pesar de que la reforma insistió hasta cierto punto en privilegiar el sistema parlamentario sobre el constitucional, la creación de la Corte Suprema produce un inevitable tránsito del tradicional principio de soberanía del parlamento británico hacia el principio de supremacía constitucional. Esto es, la Corte Suprema del Reino Unido es el pilar final en la Constitución, ya que el Parlamento crea las leyes, el gobierno y los organismos públicos las aplican y la Corte monitoreará su aplicación.

Los últimos resultados electorales han abierto la posibilidad de una reforma electoral que busque un parlamento más equilibrado, pero también la oportunidad de que el debate constitucional regrese a la agenda nacional y se haga una reflexión más profunda de las facultades que debe tener la Corte Suprema inglesa. Y lo que esto implicaría: definirse por conservar el principio de supremacía del parlamento o apostar por el paradigma de supremacía constitucional. Parece lejana la posibilidad, pero hoy en día los tiempos cambian a pasos agigantados en el Reino Unido.

Luis Sánchez Barbosa. Licenciado en Derecho por el ITAM y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Londres.

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