En el contexto del reciente debate sobre las remuneraciones de los servidores públicos frente al concepto de austeridad republicana, es conveniente poner en la mesa un par de consideraciones relacionadas con la regla del tope salarial presidencial. Contenida en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 127 constitucional, prescribe que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

Aquí, me ocupo de su relación con el resto de los salarios de los servidores públicos adscritos a otros poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos de naturaleza técnica. Pretendo balancearla con los otros principios que la misma Constitución consagra: independencia, autonomía, proporcionalidad y adecuación en los salarios.

Si bien esta disposición articula una prohibición específica, no la exceptúa de ser materia de interpretación a la luz del resto del ordenamiento.

A mi manera de ver, una lectura sistemática de la Constitución devela que el salario del presidente no es de asignación discrecional. Dado que está intrínsecamente relacionado con el del resto de los servidores públicos —que pertenecen a poderes y órganos autónomos— sus criterios de determinación son objetivos y no subjetivos. Dicho de otro modo, no se ubica en un plano de absoluta discrecionalidad para el Ejecutivo y el Legislativo.

Quizá esto se explica de mejor manera con una reducción al absurdo: ¿qué sucedería si el presupuesto de egresos establece que el presidente percibirá un peso anual? ¿ello sería admisible? Me parece que no es así.

El artículo 127 parte de una premisa central contenida en su primer párrafo: los servidores públicos del país recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Para instrumentar tal disposición, señala que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, articulando distintas bases que norman tal determinación. Entre ellas, la prohibición invocada.

Si bien la Constitución se decanta por un sistema con tintes presidencialistas —que se manifiesta, entre otros, en la regla en estudio— su implementación no puede vaciar de contenido a otras disposiciones constitucionales. Ello se hizo notar en el proceso de reforma que dio lugar a esta prohibición, donde se señaló que el límite establecido, que tomaba como referencia al titular del Ejecutivo, de ninguna manera significaba que se daba preeminencia a un poder sobre otro, sino que era únicamente un referente para imponer límites a la discrecionalidad.

Por tanto, tal prohibición debe ser leída de forma sistemática y amalgamada con el mandato de que la remuneración sea proporcional a las responsabilidades de los servidores públicos, como son los del Poder Judicial de la Federación y los de los organismos constitucionales autónomos.

Visto desde esta óptica, la propia Constitución da herramientas que dotan de contenido —sustantivo y, en ultima instancia, monetario— al salario que recibe el presidente. Ello, para que su determinación no incida en la autonomía e independencia de los otros órganos, de idéntica importancia institucional.

La división de poderes es un sistema de pesos y contrapesos, en el cual “la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambición. El interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales del puesto” (El Federalista 51).

Para accionar este mecanismo, los servidores públicos encargados de contrarrestarse no pueden estar al capricho de la figura presidencial. Máxime cuando las necesidades de éste —casa, transporte, comida y demás— son provistas por el Estado y, por cierto, deben ser tomadas en cuenta para cuantificar su remuneración en términos de la fracción I del artículo en estudio.

No se puede ser un fiel contrapeso —indispensable para nuestra democracia constitucional— cuando el sustento depende de quien se está diseñado para aquilatar.

Esperemos que estas determinaciones sean ponderadas en los ejercicios presupuestales. La verdadera transformación pasa por hacer efectivo el Estado de derecho y la división de poderes juega un rol central en tal objetivo.

Luisa Conesa Labastida. Abogada por el ITAM, Maestra en Derecho por la Universidad de Columbia. Socia del Despacho Sanchez Curiel y Conesa Labastida. Agradezco el invaluable apoyo de Diana Gamboa y Jorge Peniche en el esbozo de estas ideas.

Leer completo