El multipremiado largometraje Roma del director Alfonso Cuarón es, sin duda, una gran obra de la cinematografía de nuestros tiempos. La película en cuestión describe de forma magistral como transcurría la vida de la Ciudad de México al inicio de los años setenta, cuyos rasgos permanecen en el recuerdo de aquellos que vivieron en esa época. Más allá de estas cualidades, el eje central de la película es su protagonista, una mujer trabajadora del hogar llamada Cleo, quien con su trabajo y dedicación contribuye al mantenimiento de la casa y a la armonía familiar.

El trama es un homenaje a la ardua labor que realiza, desde hace décadas, las personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, aun cuando su actividad es por demás relevante para la dinámica de muchas familias, dicho trabajo nunca ha alcanzado un reconocimiento social y jurídico adecuado, puesto que estas personas, en su mayoría mujeres, históricamente han sido relegadas y puestas en una situación de vulnerabilidad y desigualdad.

Ilustración: Kathia Recio

Durante años, este grupo ha sufrido de actos de discriminación y exclusión en el ejercicio y protección de sus derechos. El trato desigual ha sido una constante para las trabajadoras del hogar, quienes han tenido que soportar privaciones de ciertos derechos fundamentales, como lo son el acceso a la salud y a la seguridad social,  además de trabajar jornadas excesivas, tener sueldos inequitativos y recibir malos tratos por parte de sus empleadores.

Los datos son alarmantes y muestran fehacientemente la realidad que impera. De acuerdo con el INEGI, más de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 90% son mujeres y 10% son hombres. De igual forma se advierte que, 1 de cada 3 no concluyó la primaria, 3 de cada 10 no finalizaron la secundaria, y 1 de cada 3 pertenece a una comunidad indígena.

En la encuesta denominada “Percepciones sobre el trabajo doméstico: una visión desde las trabajadoras y las empleadoras”, llevada a cabo por la CONAPRED, se señala que el 90% de las trabajadoras ignoran que sus derechos laborales se encuentran reconocidos en la Constitución federal, en los instrumentos internacionales y en las leyes reglamentarias de la materia, lo cual coloca a las trabajadoras del hogar en una zona propicia para que la vigencia de sus derechos se encuentren en riesgo de ser afectados.

La citada encuesta revela el grado de abusos y conductas discriminatorias que han sufrido las personas trabajadoras del hogar. En el estudio se advierte que el 33% ha padecido algún tipo de marginación o exclusión por el hecho de ser indígenas; un 25% han recibido algún tipo de restricción por el hecho de hablar en su lengua indígena; 16% fueron despedidas injustificadamente, 12% han sido acosadas sexual y psicológicamente y 11% soportaron una forma de exclusión por el hecho de dedicarse a trabajos del hogar.

Si bien la Ley Federal del Trabajo dispone en su capítulo XIII un apartado dedicado a este grupo de trabajadores, la realidad es que la regulación establecida resulta deficiente, ya que las prerrogativas establecidas en dicho ordenamiento, en comparación con el resto de las personas trabajadoras, son limitados e insuficientes para garantizar una vigencia adecuada de sus derechos laborales y de seguridad social. Lo cual demuestra que existe una fuerte discriminación y un trato diferenciado generado desde la propia ley, situación que viene a impactar de forma directa en el plano social y económico de estas personas.

Pese al escenario antes descrito, comienzan a surgir ciertos incentivos que pueden propiciar el establecimiento de un ámbito de verdadera justicia e igualdad para este sector marginado. Ejemplo de ello es lo acontecido, el pasado 5 de diciembre de 2018, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, por el cual se resolvió el amparo directo 9/2018, en el que se declaró como inconstitucional el artículo 13 de la Ley de Seguro Social, cuya letra dispone que los trabajadores domésticos podrán ser asegurados “voluntariamente” por los empleadores.

El hecho de exceptuar a los empleadores de la obligación de asegurar a las personas trabajadoras del hogar, coloca a estas en un estado de vulneración de sus derechos a la seguridad social y a la igualdad en el trato. La trascendencia de la sentencia en cuestión, radica en el la obligatoriedad impuesta a los empleadores para afiliar a las personas que trabajan en actividades del hogar, lo cual conlleva un paso sólido para instaurar un contexto de igualdad de circunstancias. Para dar cauce a lo anterior, la sentencia establece que el IMSS debe diseñar un programa piloto que posibilite la instauración del régimen obligatorio señalado. A la fecha, este programa piloto se encuentra en plena implementación.

Una vez establecido el programa en cuestión, la resolución indica que en un plazo no mayor a 18 meses, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión, conforme a sus capacidades, técnicas, operativas y presupuestales, una regulación que contemple la edificación de un sistema especial para las personas trabajadoras del hogar, para que en un plazo no mayor a los 3 años, pueda garantizarse un reconocimiento efectivo de sus derechos laborales y de seguridad social.

Aun cuando la sentencia y el programa piloto vienen a dar un cambio radical en la condición jurídica de las personas trabajadoras del hogar, hay otros rubros que se encuentran pendientes, tales como la ratificación por parte del Senado de la República del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos número 189, de la Organización Internacional del Trabajo, y la discusión y aprobación de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, para reforma la Ley Federal del Trabajo en el apartado correspondiente.

Con la ratificación y aprobación de los mencionados instrumentos jurídicos, se solventarían en buena medida las omisiones existentes en el marco legal, principalmente en rubros tales como la obligación para los empleadores de no contratar a menores de 15 años, la celebración de contratos por escrito, el otorgamiento de un descanso semanal al menos de 24 horas consecutivas, así como el reconocimiento del derecho de las personas trabajadores del hogar a contar con un entorno de trabajo seguro y saludable. De igual forma, es necesario que se aplique en beneficio de estas personas, las causales de despido injustificado comprendidas en la ley para el resto de los trabajadores, incluyendo como parte de las mismas, los conceptos de violencia de género y discriminación.

Como se puede observar, aún nos encontramos en proceso de alcanzar la igualdad en la tutela y ejercicio de los derechos humanos de las personas trabajadores del hogar, sin embargo, los pasos que se han dado en los últimos meses han sido significativos, y vislumbran mejores tiempos para las miles y miles de personas que, día con día, dejan su vida en los hogares donde laboran.

Es de celebrarse la coincidencia en tiempo y espacio del estreno de la película Roma, la emisión de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, el establecimiento del programa piloto por parte del IMSS, así como la presentación de iniciativas en la materia, que de forma conjunta, muestran la importancia de reconocer de forma efectiva, la labor de las personas trabajadoras del hogar en nuestra vida cotidiana.

Marcos del Rosario Rodríguez. Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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En el caso de los últimos comicios desarrollados en el estado de Colima para elegir gobernador, las impugnaciones presentadas por uno de los candidatos y su partido político, en una primera etapa procesal, en opinión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano encargado de conocer del asunto, no fueron lo suficientemente sólidas para anular la elección y así quedó asentado en un primer proyecto de sentencia.1 Sin embargo, la presentación, en último momento, de una prueba de las llamadas supervenientes, apenas confirmada su autenticidad, unas horas antes por un funcionario público del entonces gobierno del estado implicado en el caso, actualizó uno de los supuestos previstos por la Constitución local para anular la elección.

elecciones

Las nuevas pruebas aportadas, obligaron a revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de Colima, en la cual se declaraba la validez de la elección al cargo de gobernador de esta entidad federativa, a favor del candidato postulado por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México.2

Estas pruebas, clave para finalmente anular la elección en cuestión, consistieron en una grabación de audio y video de la comparecencia del secretario de Desarrollo Social del estado de Colima ante el congreso local, con motivo de la glosa del informe dado por el gobernador de dicha entidad. Durante la comparecencia oficial del 20 de octubre de 2015, este secretario, bajo protesta de decir verdad, se le pidió responder a las interpelaciones de los legisladores, ante quienes aceptó y confesó que, la voz que aparecía en la grabación referida era suya, definiendo su proceder como un derecho político del ciudadano.3 Derivado de la admisión de los hechos perpetrados por parte del referido secretario en su comparecencia ante el congreso, se evidenció la intervención estatal inducida por el entonces gobernador del estado.

Es importante citar, en este contexto, el artículo 59, fracción v, de la Constitución de Colima,4 en la cual de manera clara desde el año 1917,5 se prohíbe al gobernador o a sus autoridades o agentes intervenir en las elecciones. Del citado artículo se infiere, el reconocimiento del principio de neutralidad, aun cuando no exista una denominación expresa como tal.

Se puede decir que la elección fue anulada, en razón de la transgresión al principio de neutralidad, cuya salvaguarda y vigencia está a cargo del juez constitucional. Si bien es un principio constitucional innominado en nuestro marco constitucional, su existencia es universal y puede inferirse a través de la razón jurídica.6

Si bien, como se advirtió, el principio de neutralidad no se encuentra expresamente regulado a nivel constitucional, su existencia no se limita a que esté previsto en algún dispositivo normativo, de ahí que sea necesario hacer una búsqueda en el bloque convencional o, en su defecto, generar un dialogo comparado con aquellos órganos jurisdiccionales que lo hayan reconocido por vía interpretativa.

Fue así que, a través de un dialogo jurisdiccional y comparativo, la Sala Superior en el caso en cuestión, hizo referencia a la sentencia dictada por la Corte Constitucional Alemana, en el caso identificado como 2BvE 1/76.7 En la cual, sostuvo que la norma fundamental de ese país no permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales.

Las consideraciones expuestas en la sentencia concluyen que cuando un alto funcionario, mediante conducta negligente, decide incidir en la elección, pese a la existencia de dispositivo constitucional que prohíba tal conducta, éste deberá asumir su responsabilidad. Lo anterior es de suma importancia, ya que mediante su sentencia la Sala Superior del TEPJF resguardó el orden constitucional local, cuyo contenido expresamente prohíbe la realización de actos por parte de autoridades, que tiendan a crear estado de inequidad en la contienda. De esta forma protegió, a su vez, el orden constitucional federal, pues doto de vigencia y validez al principio innominado de neutralidad, cuya tutela es determinante para el desarrollo equitativo del proceso electoral, así como del resultado electoral.

Actualmente están en marcha 14 procesos electorales en diferentes estados, en dónde habrán de elegirse gobernadores, diputados locales, regidores y, en el caso de la Ciudad de México, en un proceso histórico, a los constituyentes que tendrán la tarea de crear la Constitución para esta entidad federativa. Como se advierte, el escenario político electoral será muy complejo, pues hoy más que nunca, la neutralidad en las actuaciones de las autoridades, particularmente de los gobernadores, será determinante para garantizar la equidad de la contienda, así como la vigencia del voto público. De lo contrario, al vulnerarse los derechos políticos de los ciudadanos, se merma el orden constitucional y esto puede arrojar como consecuencias la invalidez y anulación de la elección.

Manuel González Oropeza. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Marcos del Rosario Rodríguez. Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 En el anteproyecto circulado por la Sala Superior el 13 de octubre, acompañado más tarde (el día 20) por un documento de trabajo que resumía y controvertía, de manera puntual, cada uno de los agravios planteados por la parte actora, se determinó que no existían elementos que comprobaran de manera contundente la probable responsabilidad del Gobierno del Estado, de la parcialidad de la autoridad electoral y de la violación de los principios constitucionales en la elección para Gobernador de la entidad, entre otros elementos, de ahí que se confirmara la decisión del Tribunal Electoral de la referida entidad. Hasta ese momento, y es muy importante precisarlo, se perfilaba la aprobación de este anteproyecto.

2 Debe quedar muy claro que no se trata de un cambio de criterio de un proyecto a otro sobre las pruebas valoradas en su oportunidad, sino que el perfeccionamiento de una prueba permitió acreditar plenamente algunas imputaciones de la parte actora, alegadas en la demanda pero que no se sostenían con el material probatorio ofrecido en un principio, y que por ello se arribó a la convicción de que la elección de Gobernador de dicha entidad se debería de anular.

3 Si bien es cierto que la Sala Superior del TEPJF ha determinado en tesis y jurisprudencias que no está prohibido el que un funcionario público participe fuera de los días y horas laborables en actos de campaña de su partido político, lo cual pretendía alegar el Secretario de Desarrollo Social en su defensa, la realidad es que esta llamada la hizo en un día y horario laborable, justo cuando ya había iniciado el periodo electoral en la entidad, como se desprende se la información proporcionada por la misma denunciante. Esta llamada fue realizada el día lunes 23 de marzo, día laborable.

4 Artículo 59.- El Gobernador no puede: (…) V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. LVIII Legislatura. H. Congreso del Estado de Colima. Disponible aquí.

5 Enrique A. Salazar Abaroa, Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. Las Constituciones de Colima, México, Ed. H. Congreso del Estado de Colima, Instituto de Estudios Parlamentarios y Técnicas Legislativas, 2000, pp. 23- 35

6 Ignacio Martínez, Francisco Zúñiga Urbina, “El principio de razonabilidad en la Jurisprudencia del Tribunal Español”, Chile, Revista Estudios constitucionales vol.9, No. 1, 2011, Disponible aquí.

7 Sentencia 2BvE 1/76. Corte Constitucional Alemana. Disponible aquí.

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En los últimos días se ha ubicado en el centro del debate público, el tema de la consulta popular y sus alcances. Este mecanismo de participación ciudadana fue insertó en la Constitución en el año 2012, pero no fue hasta hace unos días que, en el contexto de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, algunos partidos políticos y sectores de la sociedad buscaron urgentemente su reglamentación con un fin muy concreto: revertir esta reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales.

La aprobación definitiva de esta Ley federal de consulta popular quedó inconclusa, el pasado viernes 13 de diciembre, por falta de quórum en la Cámara de Senadores. Pero, más allá de las razones por las que aún no exista el consenso para su debida aprobación, es importante adentrarse en la naturaleza y alcances de tal figura, considerando lo que dispone el artículo 35 de la Constitución. Esto con el propósito de determinar qué tan viable resulta que a través de este mecanismo de participación ciudadana se pueda dejar sin vigencia una reforma constitucional.

El artículo 35 constitucional establece que la consulta popular se realizará a petición del Congreso de la Unión, el presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión o, en su caso, a solicitud de un número de ciudadanos equivalente al menos del 2% de la lista nominal de electores.

Ahora bien, para que el resultado de la consulta se considere vinculante, la participación deberá ser de al menos del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

De igual forma, este artículo 35 constitucional dispone que los asuntos que no pueden ser objeto de la consulta son:

1) La restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal e instrumentos internacionales.

2) Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución federal.

3) La materia electoral.

4) Los ingresos y gastos del Estado.

5) La seguridad nacional.

6) La organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Como se advirtió, conforme a lo dispuesto por la Constitución en su artículo 35, en la lista de asuntos que no pueden ser puestos a consideración en una consulta popular no se encuentra expresamente las reformas constitucionales. De tal manera que puede interpretarse que al no estar restringido, se encuentra permitido constitucionalmente. O, en otros términos, la regulación constitucional de la consulta popular no hace distinción si se puede someter a consulta una reforma legislativa o constitucional; lo que deja fuera de esta posibilidad son sólo las materias o temas arriba apuntados

Un paréntesis: aunque todavía no está aprobada la Ley federal de consulta popular, vale subrayar que el dictamen, votado a favor hasta el momento sólo por la Cámara de Diputados, establece puntualmente que sólo los actos legislativos que realice el Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo federal serán objeto de la consulta, dejando fuera las reformas constitucionales.

Pero más allá de este dictamen, cuyo proceso legislativo aún no concluye, es necesario señalar que el quid del asunto reside en el hecho de que la Constitución se someta a un control de convalidación popular, en casos donde el electorado no posea la información necesaria para discernir sobre su conveniencia o viabilidad.

Al respecto, existen sistemas constitucionales como el español, en los que para que una iniciativa de reforma constitucional se considere válida, se debe llevar a cabo un referéndum ciudadano. Esto con el propósito de que se ratifique la decisión efectuada en primera instancia por los órganos de presentación democrática. Lo cual resulta razonable pues en asuntos de interés para la sociedad, es importante que la ciudadanía, contando con la información óptima en el tema, decida si se eleva o no cierta disposición a rango constitucional.

Este punto me parece de suma trascendencia, pues si bien debe existir una participación ciudadana en la toma de decisiones constitucionales, no sólo con el fin de que estas se encuentren legitimadas socialmente, sino también porque la ciudadanía tiene el derecho político de participar democráticamente en los asuntos públicos, es un hecho de que se debe delimitar en cuáles materias y en qué momento (previo o posterior a su entrada en vigor) resulta pertinente que se dé la ratificación popular.

La información es determinante para el funcionamiento adecuado y eficaz de las figuras de participación ciudadana. En la medida de que el órgano encargado de difundir la información relativa a los alcances de la consulta, lo lleve a cabo de forma objetiva e imparcial, y así haga más asequible los contenidos de carácter técnico a la ciudadanía, se podrá hablar de una verdadera toma de decisión colectiva motivada y razonada en datos reales y solventes; pues de no ser así, las personas podrán ser objeto de manipulaciones por parte de grupos de interés.

Ahora bien, en el supuesto de que una reforma constitucional vigente, se someta a una ratificación ulterior por parte de la ciudadanía, parece oportuno plantear las siguientes preguntas: ¿Qué tan idóneo resulta que la vigencia de una reforma constitucional esté condicionada a la convalidación popular aun cuando los órganos de representación política ejercieron sus facultades de revisión constitucional? ¿Esto abona a la certeza y seguridad jurídica? ¿La supremacía constitucional puede verse afectada o reducida ante el sometimiento de decisiones mayoritarias? ¿Las decisiones del órgano reformador de la Constitución deben ser ciudadanizables?

Ante estas interrogantes, me parece que surgen varios aspectos a considerar entorno al debate de la consulta popular:

a) Cuando existen reformas que vayan en contra los intereses ciudadanos, en particular, cuando se reduzca la vigencia de derechos humanos o se atente contra los intereses fundamentales de la persona o la sociedad, es viable y necesario que existan mecanismos que puedan revertir la vigencia y efectos de dicha reforma. Si bien esto es necesario, pues efectivamente puede haber reformas contrarias a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, habrá que revisar si un medio de participación ciudadana es la figura más idónea para estos efectos.

b) En el supuesto de que pudiera darse una revisión posterior de la validez de una reforma constitucional, me parece que se tendría que delimitar las materias que puedan someterse ante a un escrutinio popular. Sobre todo, cuando el alto grado de tecnicidad de la materia de la consulta, impida que la información sea procesada y comprendida fácilmente por la ciudadanía.

c) Para la salvaguarda y estabilidad del orden constitucional, se debe considerar como ocurre en otros sistemas, que este tipo de figuras deben aplicarse para actos de aprobación a futuro, es decir, que operen como controles previos de actos, leyes o reformas constitucionales que se pretendan llevar acabo; y no para decidir sobre la vigencia de disposiciones que ya forman parte del texto constitucional.

d) Es factible que la Suprema Corte de Justicia tenga que decidir, a través del control previo que posee en esta materia, sobre la constitucionalidad o no de realizar una consulta. Pero hay que considerar que para revertir la reforma constitucional en materia energética, será determinante como quedé conformada la ley reglamentaria y, en su momento, cómo interprete nuestro tribunal constitucional los asuntos que puedan ser materia de una decisión ciudadana.

Marcos del Rosario Rodríguez. Abogado e Investigador del SNI.

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