El pasado 15 de octubre de 2014 se convirtió para muchos en un día histórico. Fue alrededor de las dos de la tarde cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, gracias al voto de su mayoría, determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor de tres pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, mejor conocido como INER.

A efecto de recapitular los antecedentes del caso aún y cuando ya hemos hablado de los mismos en otras ocasiones, me permito enfatizar algunos hechos: el INER es el instituto nacional de salud en México que atiende a la mayor cantidad de pacientes que viven con VIH/SIDA. En el INER, el Sida es la primer causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 y 45 años.

SALUN-UN-DERECHONo obstante lo anterior, al día de hoy el INER no cuenta con un servicio clínico especializado para la atención de pacientes con VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión aérea que reúna los requisitos necesarios para brindar condiciones adecuadas de atención, cuidado y tratamiento. Por el contrario, las condiciones actuales de infraestructura del “Pabellón 4”, dentro del cual son atendidos, se encuentran muy por debajo de lo ordenado por los estándares médicos y científicos indispensables para brindar la mejor atención y cuidado a estos pacientes.

A modo de corolario se destaca que, como es bien sabido, en estados avanzados de la enfermedad, el sistema inmunológico de los pacientes se encuentra por demás deteriorado. Para ello, el tratamiento que se les brinde debe de ser otorgado en completo aislamiento para evitar el contagio de otras enfermedades oportunistas. A pesar de ello, dentro del Pabellón 4 del INER los pacientes se ven obligados, entre otras cosas, a compartir tanto habitación como servicios sanitarios con otros pacientes que padecen de distintas patologías, además de que no se cuenta con un sistema de administración y ventilación del aire que impida la trasmisión de agentes infecciosos.

Lo anterior no ha sido ajeno ni mucho menos desconocido para las autoridades sanitarias, pues fue en el año 2007 cuando desde el INER se propuso llevar a cabo un proyecto de construcción de una clínica especializada que se ajusta a todos los requisitos clínicos y científicos necesarios para brindar el mejor tratamiento a los pacientes que viven con VIH/SIDA. Este proyecto es conocido como “Pabellón 13” y de construirse sería la primera unidad hospitalaria en México diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad.

Así, fue en el año 2010 cuando se entregó el proyecto ejecutivo de la obra, para el cual fueron erogados 7 millones y medio de pesos. A partir de la entrega de este proyecto, el propio INER dio inicio a la tramitación de todos los permisos, certificados y requerimientos administrativos necesarios para iniciar la ejecución de la obra y que constituyen los requisitos indispensables para acceder a los recursos para infraestructura y equipamiento del Pabellón 13. Dos años después, en febrero de 2012, se tuvo conocimiento de manera informal, que el proyecto del Pabellón 13 había sido, sin justificación que mediara, suspendido.

Es interesante señalar que en ese mismo año, la Secretaría de Salud gastó 2 mil millones de pesos en publicidad oficial, cuando el Congreso de la Unión sólo le había autorizado gastar para este rubro 200 millones de pesos. Lo que nos lleva a concluir que la obra del Pabellón 13 no pudo haber sido suspendida por falta de recursos, a diferencia de lo que en algún momento alegó el propio INER.

El escenario antes descrito fue insostenible para Adrián, Leonardo y Rogelio, pacientes del INER que viven con VIH, pues representa sin lugar a dudas una violación a su derecho al más alto nivel posible de salud. Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su artículo 2 que todos los Estados se comprometen a adoptar medidas, hasta el máximo de sus capacidades, incluidas las económicas, para garantizar el desarrollo y disfrute progresivo de los derechos humanos ahí reconocidos. Por su parte, el artículo 12 de dicho Pacto, reconoce para todas las personas, el disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental.

Así, en el mes de diciembre de 2012, Adrián, Leonardo y Rogelio, de la mano del equipo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., dieron inicio a una batalla en la arena judicial que se vio resuelta dos años después en el seno de la Suprema Corte. El proyecto de resolución estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y la cuestión de derecho planteada fue determinar si la omisión en llevar a fin la ejecución del proyecto del Pabellón 13 constituía una violación al derecho al nivel más alto posible de salud de los quejosos, ello relacionado con el principio de progresividad, el máximo uso de recursos disponibles y el control judicial del presupuesto.

El proyecto elaborado por el ministro Pérez Dayán, proponía otorgar el amparo a favor de los quejosos. El mismo fue discutido durante varias sesiones de la Segunda Sala de la Corte y, finalmente, votado a favor por la mayoría de los integrantes de esta Sala, con el voto en contra de la ministra Margarita Luna Ramos. Esta votación fue suficiente para determinar amparar a los quejosos y con ello obligar a las autoridades responsables a respetar y garantizar el derecho a la salud no sólo de los quejosos, sino de todos los pacientes que viven con VIH/SIDA y que son atendidos en el INER.

En este sentido, esta Segunda Sala resolvió, entre otras cosas que la atención médica que les ha sido proporcionada a los quejosos no resulta apegada al derecho humano del nivel más alto posibe a la salud… Por ello, la adecuación a la infraestructura del INER se encuentra comprendida dentro de las obligaciones que los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales imponen al Estado mexicano, pues éste debe contar con establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención a la salud, que resulten aceptables desde el punto de vista cultural y que sean apropiados desde el punto de vista científico y médico y de buena calidad”.

Asimismo, la resolución sostiene que cuando el Estado mexicano incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, aduciendo una falta de recursos, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha situación, sino que además deberá acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar hasta el máximo de los recursos con que dispone para alcanzar este objetivo. De ahí que no basta la simple afirmación de la limitación presupuestaria para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr la plena realización del derecho humano al más alto nivel posible de salud.

Lo sucedido el pasado 15 de octubre en la Suprema Corte es en realidad histórico, pues la resolución que pone fin al litigio sobre el caso de Pabellón 13 establece un precedente sumamente relevante al tratarse de un caso que abona en el avance de la justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales en México.

Además, es la primera vez en la historia de nuestro país que la Corte, interpretando tanto la Constitución como los tratados internacionales aplicables en la materia, y con ello los alcances del derecho al nivel más alto posible de salud, reconoce la protección especial de las personas que viven con VIH/SIDA y ordena la construcción de una clínica especializada para dar tratamiento a estos pacientes, o bien la inversión pública necesaria para dar la misma atención que construir un hospital significaría.

Ahora queda el reto de la implementación y ejecución de la sentencia, para lo cual la sentencia ordena a las autoridades responsables considerar qué medida resulta más adecuada para brindar a los pacientes un tratamiento médico digno y apropiado, ya sea mediante la remodelación del Servicio Clínico 4 en el que actualmente son atendidos, o bien mediante la construcción del Pabellón 13. Cualquiera de estas dos opciones deberá ir acorde con el respeto al derecho a la salud de los pacientes.

Sabemos que aquí no termina la historia del Pabellón 13, y que el camino por recorrer es aún largo, pero esta sentencia logra dejarnos un muy buen sabor de boca pues representa que aún podemos tener confianza en la justicia mexicana. Sabemos también que el caso de Pabellón 13 es uno entre mil, y es por ello que esta resolución es esperanzadora pues abre puertas para que la búsqueda por el respeto irrestricto de los derechos humanos y la exigencia de justicia, sea poco a poco y paso a paso, alcanzada.

María Sánchez de Tagle. Abogada del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. (mailto: maria@fundar.org.mx)

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Adrián, Leonardo y Rogelio, los protagonistas de esta historia, son pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (mejor conocido como “INER”). El camino que han recorrido por este Instituto se engarza en una sola razón: los tres viven con VIH y han requerido ser hospitalizados en las instalaciones del INER.

A modo de contexto, vale señalar que el INER es el Instituto Nacional de Salud en México que atiende a la mayor cantidad de personas que viven con VIH/SIDA en México. Ahí, los pacientes con VIH que son hospitalizados se encuentran en etapas tardía y avanzada de la enfermedad y generalmente son admitidos por enfermedades pulmonares e insuficiencia respiratoria, padecimientos que requieren de cuidados intensivos. Este grupo de individuos es el que registra el mayor número de defunciones, registrándose que en el INER, el SIDA es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 y 45 años.

¿En dónde se centra el problema? Actualmente, el INER NO CUENTA con un servicio clínico especializado para la atención de pacientes con VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión aérea que reúna los requisitos necesarios para brindar condiciones adecuadas de atención, cuidado y tratamiento.

vihLo anterior no puede tomarse a la ligera, tomemos por ejemplo el caso de Rogelio. Él ingresó al INER el 31 de enero de 2012 por presentar un cuadro de neumonía y estuvo hospitalizado en el Pabellón 4 –espacio dedicado al Servicio de Neumología Oncológica en donde se ha tenido que ubicar a los pacientes que viven con VIH/SIDA- hasta el 20 de abril de 2012, prácticamente tres meses. Esto no se debió a una casualidad, la condición pulmonar de Rogelio era seria, y su cuidado exigía de un tratamiento en completo aislamiento, lo que no podía verse satisfecho en las instalaciones del Pabellón 4. Rogelio pudo haber salido a las dos semanas de haber ingresado al INER, pero sufrió de co-infección al haber estado expuesto a contagios dentro del Pabellón 4, lo que realmente agravó su salud.

La situación antes planteada pudo haber sido distinta: desde 2007 existe en el INER un proyecto de construcción de una clínica especializada que se ajusta a todos los requisitos clínicos y científicos necesarios para brindar el mejor tratamiento a este tipo de pacientes. Este proyecto es conocido como Pabellón 13 y de construirse sería la primera unidad hospitalaria en México diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad. Por circunstancias desconocidas —y ajenas a los pacientes—, autoridades del INER determinaron cancelar la ejecución del proyecto, ello aun y cuando ya se habían empleado 7 millones y medio de pesos para el proyecto ejecutivo de la obra.

Aunado a lo anterior, una vez entregado el proyecto de la obra, el propio INER dio inicio a la tramitación de una serie de permisos, certificados y requerimientos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto y que constituyen los requisitos indispensables para acceder a los recursos para infraestructura y equipamiento del Pabellón. Así, sabemos que al día de hoy el proyecto cuenta con: certificado de necesidad, certificado de necesidad de equipo médico, permiso sanitario de construcción de establecimientos médicos, certificado de factibilidad y registro en cartera.

Lo anterior sólo quiere decir una cosa: el Estado mexicano ha reconocido a través del otorgamiento de todos y cada uno de los permisos y certificados antes referidos, la necesidad indudable de contar con el Pabellón 13. Su construcción se traduce entonces en una expectativa razonable pues ya se encuentran cumplidas las obligaciones administrativas necesarias para dar paso a la ejecución del proyecto. En este sentido, es a través del derecho administrativo que el Estado marca rutas y pone pautas para efectivizar y garantizar derechos, en este caso el derecho al más alto nivel posible de salud de los pacientes que viven con VIH/SIDA y que son atendidos en el INER. La duda que queda en el aire es ¿por qué, entonces, no se ha construido?

No debemos olvidar que el Estado mexicano está obligado a brindarnos el más alto nivel posible de salud. Esto quiere decir que está obligado a utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para asegurar que la atención médica brindada sea, entre otras cosas, de la más alta calidad, que los medicamentos estén disponibles y que las condiciones de infraestructura sean óptimas.

Ante este escenario, y como ya lo adelantaba, en el año 2012 los pacientes del INER tuvieron conocimiento de que el proyecto del Pabellón 13, había sido sin más suspendido. Este antecedente es consistente con el hecho de que a la fecha no existe avance en la ejecución financiera y mucho menos material del proyecto.

Así, y ante preguntas sin respuesta, en diciembre de 2012, Adrián, Leonardo y Rogelio, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra del INER y otras autoridades. Ellos reclaman, entre otras cosas, la omisión por parte de las autoridades de no ejecutar un proyecto que habría de mejorar sus condiciones de salud, lo que directamente viola en su perjuicio el derecho a la salud consagrado tanto en la Constitución mexicana como en ordenamientos jurídicos de índole internacional.

El amparo antes referido fue resuelto en primera instancia por el Juez Tercero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, quien en junio de 2013 determinó negar el amparo a los quejosos.

Inconformes con lo anterior, en julio de 2013, los quejosos presentaron un recurso de revisión en contra de la determinación del Juez de Distrito. La resolución de dicho recurso quedó en manos del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal, mismo que determinó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia para la determinación sobre el ejercicio de la facultad de atracción solicitada por los quejosos.

Así, el pasado 14 de mayo se celebró la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la cual se discutió el proyecto de solicitud de ejercicio de facultad de atracción elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales. Como resultado de la sesión se determinó ejercer dicha facultad, pues los ministros integrantes de la Sala consideraron que el asunto es trascendente y reviste de especial importancia al plantear, entre otras cosas, la definición del contenido y alcance del derecho a la salud, en específico de un sector tan vulnerable como lo es el de las personas que viven con VIH/SIDA en México.

Resuelta la solicitud de atracción, el caso de Pabellón 13 fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien en los próximos meses deberá entrar al estudio del fondo del asunto y resolver si la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatorio del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/SIDA que son atendidos en el INER.

Tristemente, el caso de Adrián, Leonardo y Rogelio tiene precedentes, pues el mismo se enmarca en una problemática estructural de falta de infraestructura en el ramo de salud y subejercicio presupuestal en México, de la cual el caso de Pabellón 13 es un claro y vivo ejemplo. Pero veamos esto desde su perspectiva positiva, ha llegado el momento de ser optimistas y de despertar la esperanza que esta situación puede ser revertida; veamos esto como lo que es, una oportunidad de oro para que la Suprema Corte analice uno de esos casos que pocas veces logran escalar hasta el más alto tribunal de nuestro país; veamos la potencial existencia del Pabellón 13 como la forma en la cual el Estado mexicano garantizará, protegerá y respetará el derecho humano a la salud no sólo de Adrián, Leonardo y Rogelio, sino de todo aquél que necesite recibir una atención médica digna y de calidad dentro del INER.

María Sánchez de Tagle. Abogada del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Mail: maria@fundar.org.mx

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“Es como si la ley metiera muchas piedritas en los zapatos para que las víctimas se cansen de caminar en su lucha por la justicia. Pero nosotros no nos cansamos, hoy fue un gran paso, hoy la piedrita fue en realidad un paso grande frente a una piedrota”.

Don José Rubio Villegas

 

Ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica mediante la cual, además de declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, determinó restringir el fuero castrense al ordenar la remisión a un juzgado penal del ámbito civil del caso del joven Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua ejecutado extrajudicialmente a manos del Ejército mexicano.

Este caso forma parte de un paquete de 30 asuntos que actualmente se discuten en el Pleno de la SCJN. Estos casos se relacionan en su mayoría con un problema sistemático relativo a la extensión del fuero militar en casos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar[1] con el artículo 13 de la Constitución Mexicana y con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Hasta hoy se han resuelto ya tres de los casos antes referidos, cuyos proyectos estuvieron a cargo de la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. Éstos incluyen la resolución de dos conflictos competenciales y el amparo en revisión promovido por los familiares de Bonfilio Rubio.

A modo de antecedente, recordemos que en 2009 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió cuatro sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano[2]. Entre estas resoluciones destaca la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco[3], en la que el Tribunal Interamericano resolvió que los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén involucrados o sean acusados por delitos en contra de civiles deben de ser juzgados por la justicia civil y no por la justicia militar. Además de lo anterior, en esta sentencia se resolvió que el fuero militar debe ser aplicado de forma restrictiva, excepcional y limitada a la prosecución y juzgamiento de delitos que atenten en contra de bienes jurídicos propios de la disciplina militar.

Tras la notificación de dicha sentencia, la SCJN abrió el expediente “Varios 912/2010” que tenía como propósito analizar cuáles eran las obligaciones que recaían al Poder Judicial de la Federación respecto de la sentencia Radilla. En la resolución de este expediente, la SCJN resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

  1. Las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano.
  2. El fuero militar no puede operar en situaciones en las cuales se vean vulnerados los derechos humanos de civiles. Pero además destacó que los jueces se encuentran obligados a preferir los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

De esta forma, en mayo de este año, nuestro máximo tribunal emitió el Acuerdo General 06/2012. Con este acuerdo la Suprema Corte ordenó que todos los expedientes ubicados en instancias inferiores y que estuvieran relacionados con temas de fuero militar no fueran resueltos hasta en tanto la misma Corte dictara sentencia en los asuntos que ya se encontraban ubicados ante la misma, lo que abrió la posibilidad de sentar jurisprudencia obligatoria sobre este tema.

Ahora bien, tomando lo anterior como antecedente, y sin dejar a un lado la influencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me gustaría adelantar que la resolución de estos casos representa grandes avances encaminados a la protección, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos. Pues en los tres casos resueltos por la SCJN se determinó limitar el fuero militar para permitir que sea la justicia ordinaria quien resuelva el fondo de justo estos asuntos. Como adelantaba, los primeros casos que se discutieron versaron sobre dos conflictos competenciales. El primero de ellos, suscitado en el estado de Morelos y el segundo en Michoacán. Ambos conflictos fueron resueltos en el sentido de que corresponde a un juez federal en materia penal del ámbito civil conocer del juzgamiento de los militares involucrados en estos casos en los que se han generado violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas involucradas.

La decisión en estos dos primeros asuntos sirvió para ir sentando las bases necesarias para que el Pleno continúe reiterando este criterio y así se pueda establecer jurisprudencia. Con independencia de lo anterior, considero importante resaltar que a pesar de que se resolvió remitir al fuero civil el conocimiento de estas dos causas, de la discusión de estos casos no quedó claro cuál era el criterio del Pleno en relación a la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH. Lo anterior adquiere entonces importancia, pues en la práctica la Secretaría de la Defensa Nacional ha manifestado que desconoce la jurisprudencia de este Tribunal.

Además de lo antes descrito, hemos de tomar en cuenta que no todo fue miel sobre hojuelas durante la discusión de estos dos asuntos; basta con observar que tardaron más de dos semanas y cinco sesiones para poder llegar a una votación definitiva. Así, y a pesar de que la mayoría de los ministros decidieron votar a favor de que fuera la justicia civil la que conociera de estos casos, y de que la mayoría de dichos ministros se pronunciaron a favor de la protección de los derechos de las víctimas y en apego a lo que contempla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aún existen posiciones como las de la ministra Luna Ramos y el ministro Aguirre Anguiano que para mí son verdaderamente preocupantes. Pienso en concreto en sus valoraciones sobre el rol del Sistema Interamericano y el contenido básico de los derechos humanos que, en mi opinión, se alejan de los grandes avances que hemos alcanzado en materia de protección de los derechos humanos.

Siguiendo la línea de discusión, y por lo que respecta a la resolución del primer caso contencioso que fue impulsado por los familiares de una víctima en contra de la inconstitucionalidad del fuero militar, destaco lo siguiente: que tras la resolución de los conflictos competenciales, el 14 de agosto se dio inicio al análisis y discusión del amparo en revisión 133/2012, promovido como adelantaba, por los familiares de Bonfilio Rubio. Este expediente en particular adquirió especial relevancia pues ya no se trataba de un conflicto entre órganos del propio Estado, sino que ahora eran las propias víctimas las que acudían al amparo en busca de la obtención de justicia y tutela de sus derechos.

Sobre este amparo en particular, recordemos que fue en junio de 2009 cuando Bonfilio fue ejecutado en un retén militar en el estado de Guerrero por elementos del 93 Batallón de Infantería. Como era de suponerse, el asunto fue atraído para su conocimiento por el fuero militar y los familiares de Bonfilio (su padre Secundino y su hermano José), acompañados de las organizaciones Tlachinollan y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (MOCIPOL), se opusieron a dicha determinación y promovieron un juicio de amparo que fue resuelto a su favor en diciembre de 2011. Se trató de una sentencia que debiera ser considerada histórica, pues fue la primera vez que la justicia federal amparó a las víctimas frente a la inconstitucional extensión del fuero castrense. Sorprendentemente, dicha resolución fue impugnada por la SEDENA y de ahí que el amparo en revisión llegará a manos de la SCJN.

Ahora bien, después de los criterios que se siguieron por los ministros para la resolución de los conflictos competenciales que antecedían a este amparo, supuse, malamente, que el caso de Bonfilio sería resuelto sin traba ni dilación alguna. Afirmo que se trató de una mala suposición porque el día en que se empezó a discutir el caso, las posiciones sostenidas por la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano cuestionarion la legitimidad procesal de los familiares de Bonfilio para promover el amparo, arguyendo que los familiares de Bonfilio no podían ser considerados víctimas en el caso.

Por suerte, tales posiciones no prosperaron gracias a que de las intervenciones de los ministros Silva Meza, Zaldívar, Valls, Cossío, Pardo, Aguilar y Sánchez Cordero se desprendió que, además de que la CoIDH ya había determinado que los familiares de quienes padecen graves violaciones a derechos humanos tienen también carácter de víctimas, los argumentos de la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano eran jurídicamente insostenibles. Fue entonces que la votación derivó en reconocer que los familiares de las víctimas cuentan con plena legitimidad procesal para acudir al juicio de amparo.

Superado lo anterior, se entró finalmente al estudio del fondo del asunto. Y afortunadamente se resolvió en el sentido de declarar, por mayoría de ocho votos, la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar; lo que confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo a la familia de Bonfilio y ordena que el caso sea definitivamente remitido para su estudio y resolución a un Juez Federal del fuero civil.

Finalizo con la idea de que la resolución de la SCJN sobre estos tres primeros casos debe ser reconocida y valorada pues ha derivado en la restricción del fuero castrense, como lo habían ordenando las diversas sentencias de la CoIDH en contra del Estado mexicano. No obstante lo anterior, aún quedan 27 asuntos por resolver. Esperemos entonces que en éstos, el Pleno de la SCJN reitere un criterio garantista a efecto de que el mismo genere jurisprudencia obligatoria para todo el Estado mexicano.

 

María Sánchez de Tagle. Integrante del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.



[1] Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar: …II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan: a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;

[2] Casos: Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“Campesinos ecologistas”).

[3] Víctima de desaparición forzada a manos del ejército mexicano desde el año de 1974.

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Desde hace ya algunos días, el Pleno de la Suprema Corte se encuentra discutiendo la resolución de un conjunto de asuntos relacionados con temas de transparencia y acceso a la información.

El siguiente asunto enlistado para discutirse este lunes 9 de julio es el relacionado con el amparo indirecto promovido en contra del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, mismo que consagra la noción de secreto fiscal.

Como recordarán, en posts anteriores (aquí y aquí) nos hemos dado a la tarea de preguntarnos realmente qué y a quién o quiénes protege el secreto fiscal, pues consideramos que la reserva absoluta a la que hace referencia dicho artículo no se orienta a la protección de la seguridad ni mucho menos de la intimidad de los contribuyentes, sino que más bien sirve para ocultar sin fundamento alguno la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para ponernos en antecedente, recordemos que para demostrar que el artículo 69 es contrario a los principios de máxima publicidad y divulgación –consagrados en el artículo 6° constitucional-, en 2010 se llevó a cabo una solicitud de información ante el SAT sobre los créditos fiscales que fueran cancelados en 2007 y que ascienden a una cantidad de alrededor de 74 mil millones de pesos.

Como era de suponerse, el SAT negó el acceso a dicha información, fundando su negativa en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que la información requerida se encuentra protegida bajo la sombrilla del secreto fiscal.

En respuesta a lo anterior, desde Fundar acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que se declarara la inconstitucionalidad del precepto legal que faculta a la autoridad tributaria a reservar TODA la información que esté en sus manos.

El argumento toral se basó en que en un país como México, las autoridades estatales deben de regirse por la presunción de que toda la información en poder del gobierno es de carácter público y que ésta podrá, excepcionalmente, reservarse por causas de interés público.

La sentencia de primera instancia, emitida por la Jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y notificada el 1 de abril de 2011, negó el amparo. A pesar de ello, dicha sentencia resultó interesante pues resolvió el caso a partir de la llamada interpretación conforme a la Constitución, considerando que la resolución del asunto admitía dos posibles interpretaciones: la primera que correspondía a la interpretación en sentido amplio, consideraba que la noción de secreto fiscal incluye toda la información que se encuentra en posesión de las autoridades tributarias; la segunda interpretaba el artículo en el sentido de que dicho secreto se refiere exclusivamente a los datos que los contribuyentes suministren a las autoridades fiscales mediante sus declaraciones o por terceros con ellos relacionados, así como los que se obtienen en el ejercicio de las facultades de comprobación. De esta forma, la Jueza decidió no conceder el amparo al considerar posible esta segunda interpretación.

Por lo anterior, recurrimos el fallo en segunda instancia. Solicitamos que el asunto se remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues consideramos que era competente en razón de que en el amparo se impugnó una ley federal y de que subsistía el tema de la inconstitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Además, dado que la reforma constitucional ordena la interpretación conforme a los tratados y el principio pro personae, resulta aún más claro que se debe de interpretar el derecho de acceso a la información de todos los gobernados de manera más amplia.

El día de ayer, el Tribunal Pleno resolvió favorablemente dos amparos, uno promovido contra actos del Congreso del Estado de Veracruz y otras autoridades y un segundo contra actos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con lo que contribuye a fortalecer las condiciones para el ejercico del derecho a la información en nuestro país.

Tenemos fuertes expectativas de que de la discusión que se de en la próxima sesión de Pleno deriven criterios judiciales que contribuyan a inhibir el uso arbitrario que la autoridad tributaria hace del secreto fiscal en perjuicio de nuestro derecho a la información.

 

María Sánchez de Tagle. Integrante del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

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