En los últimos tiempos han cobrado relevancia una serie de eventos en distintas partes del orbe que ponen en evidencia la capacidad de las redes sociales para propagar lo que la jerga especializada denomina como discurso de odio.

Lo mismo se habla, por ejemplo, de lo ocurrido en Nueva Zelanda donde hace poco más de un mes se transmitió en video en vivo por Facebook, y se replicaron profusamente en redes, los ataques contra mezquitas que ocasionaron la muerte de 50 personas musulmanas.

Más reciente, está la decisión del gobierno de Sri Lanka de prohibir el acceso de sus ciudadanos a las redes sociales con motivo de los atentados que dejaron al menos 300 muertos, por el temor aparentemente fundado de que fuesen usadas para dispersar información de corte religioso que incitara a una mayor escalada de violencia.

Ilustración: Oldemar González

El uso de redes sociales para difundir discursos de odio no es nuevo, está comprobado ampliamente desde la campaña presidencial estadounidense de 2016. Lo que es reciente es la creciente preocupación por su uso cada más extendido y por la incapacidad de las empresas de redes sociales para contenerlo.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, se pronunció recientemente a favor de que los gobiernos tomen medidas más activas para regular, entre otros aspectos, el contenido nocivo en las redes sociales. Acorde con Zuckerberg, las redes sociales, como Facebook, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus usuarios, lo que implica revisar y autorizar o vetar el contenido que circula. Se trata, a su decir, de un proceso en el que se cometen errores pero que ante todo significa un enorme poder de decisión sobre lo que se dice en Internet. Es necesario, por tanto, que los gobiernos establezcan puntos de referencia sobre lo que se considera como contenido dañino y que estaría prohibido, al tiempo que se obligue a las empresas a que mantengan en su mínimo dicho contenido y reporten periódicamente sobre la situación imperante.

No obstante, en esta materia, como en el caso de la recopilación y manejo de los datos personales de los usuarios del internet, hay que voltear hacia Europa para tener un atisbo de lo que se está haciendo y de las tendencias a futuro en materia de regulación del discurso de odio en las redes sociales.

El 1 de octubre de 2017, entró en vigor en Alemania la Network Enforcement Act, cuyo objetivo es combatir el terrorismo y extremismo en línea. La ley obliga a las plataformas de redes sociales con más de dos millones de usuarios en dicho país, a bloquear o remover las publicaciones con contenido de odio o difamatorio, previéndose sanciones de hasta 50 millones de euros en el supuesto de que no eliminen dichas publicaciones con posterioridad a que hayan sido notificadas de su existencia.

El gobierno de Inglaterra, encabezado por la primera ministra Theresa May, apenas el pasado 8 de abril, presentó una propuesta para combatir la propagación en línea de información falsa, discursos de odio, el extremismo y la explotaciòn infantil. Conforme a la cual las compañias de redes sociales estarían obligadas a remover el contenido que el gobierno considere ilegal o perjudicial, al tiempo que faculta a éste para eliminar sitios electrónicos que sean ofensivos.

El debate, la toma de conciencia y la adopción de medidas regulatorias sobre las redes sociales y su uso como cajas de resonancia de los discursos de odio, se encuentra, todo parece indicar, en un punto de inflexión. México no puede ni debe abstraerse de esta realidad, menos todavía en un entorno en el que se percibe y se vive un encono cada vez más grande en las redes sociales entre simpatizantes y detractores de diversas causas. Las descalificaciones, los insultos y los ataques son el denominador común de las incontables interacciones que se dan en línea. Es hora de iniciar la discusión sobre el discurso de odio en las redes, para así tomar decisiones informadas y atajar lo que es una evidente distorsión a la libertad de expresión. El tiempo corre en nuestra contra.

Mauricio Calcaneo. Candidato a doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM.

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Hace unos cuantos días se dieron a conocer los pormenores de lo que se ha dado por denominar como los “Expedientes de Cambridge Analytica”,1 una investigación periodística de más de un año conforme a la cual se documentó la sustracción, por parte de la empresa SCL Group/SCL Elections/Cambridge Analytica, de datos personales de las cuentas de Facebook de alrededor de 50 millones de usuarios en su mayoría estadounidenses (aunque ahora se sabe que en realidad fueron 87 millones los directamente afectados, entre los que suman casi 800 mil mexicanos).2

Esto con el fin de crear perfiles psicológicos y políticos de los 230 millones de norteamericanos para su uso en la campaña presidencial de 2016, mediante diversas estrategias psicológicas con miras a lograr la dominación informativa a través de técnicas que incluyen rumores, desinformación y noticias falsas.3 Esta investigación también muestra que esta estrategia, por parte de esta empresa, ha sido llevada a cabo en más de 200 procesos electorales alrededor del mundo, principalmente en el mundo en desarrollo.

Ahora bien, la relevancia de los Expedientes de Cambridge Analytica, más allá del revuelo mediático, se encuentra en que constituye un ejemplo claro para los ciudadanos de a pie de la manera en que Facebook funciona, poniendo al descubierto su modelo de negocio que, acorde con el profesor Tim Wu de la Universidad de Columbia, consiste básicamente en dar a sus clientes acceso a la plataforma a cambio de sus datos personales, para después vender éstos a diversos anunciantes.4

Datos personales que la compañía de Mark Zuckerberg ha acumulado como ninguna otra en la historia de la humanidad, que constituyen el sustento de su inmenso valor de mercado y que, ahora nos enteramos, son usados por otras empresas no sólo con fines publicitarios, sino también para intervenir en los procesos democráticos de distintos países del orbe. Por ello, los expedientes Cambridge Analytica son, sin duda, un severo golpe para Facebook y las demás empresas de redes sociales, con enormes consecuencias para el futuro de las comunicaciones en la era digital.

Lo que está en juego es, ni más ni menos, el modelo de manejo de los datos personales de los millones de usuarios de las redes sociales (2.2 billones de éstos para el caso de Facebook), esto es, si se mantiene el actual esquema imperante de autorregulación de las propias empresas impulsado desde los Estados Unidos –país, por cierto, de donde son originarias, tienen su sede y comparten múltiples imbricaciones con el aparato de seguridad nacional los cinco titanes de las comunicaciones por Internet: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft.5 O si, por el contrario, prevalece un nuevo acuerdo en la materia como el que se está impulsando por la Unión Europea y su Regulación General de Protección de Datos, aprobada el 16 de abril de 2016 y que estará en vigor a partir del próximo 25 de mayo.

El modelo norteamericano de autorregulación empresarial en materia de datos personales es claramente insuficiente a estas alturas, al parecer ni al público ni a los tomadores de decisiones estadounidenses les basta ya con las reiteradas disculpas de los señores de las redes. En estos momentos existe lo que figura ser una fuerte corriente de opinión sobre la imperiosa necesidad de regular el manejo de datos personales en Estados Unidos. Mark Zuckerberg ha sido citado a declarar de manera personal ante el Congreso de los Estados Unidos, en lo que promete ser todo un espectáculo mediático. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, ha reconocido que la autorregulación excedió los límites permisibles y ha quedado rebasada.6 Incluso hay quienes han ido más lejos y hablan de un modelo de redes sociales post Facebook, uno que ponga en el centro a sus usuarios y no la sustracción de los datos personales de éstos con fines publicitarios y de control7 o, al menos, no sin un pago o contraprestación por tal información.

Por su parte, la Regulación General de Datos Personales de la Unión Europea está ganando adeptos incluso en Estados Unidos.8 Se trata de un documento que reemplaza a la Directiva Europea de 1995 y cuyos principales cambios son los siguientes:9 aplica a todas las compañías que procesen datos de residentes europeos, independientemente de la localización de aquéllas; las sanciones aplicables pueden alcanzar hasta un 4% del volumen de negocios globales de las empresas o 20 millones de euros; el consentimiento de los usuarios para el manejo de sus datos debe ser conseguido con condiciones inteligibles y fáciles y debe ser sencillo retractarse de tal consentimiento; obliga a hacer del conocimiento de los usuarios, dentro de las 72 horas siguientes, cualquier incumplimiento de la regulación que pueda resultar en un riesgo; otorga el derecho a los usuarios para conocer de los controladores de datos, si su información está siendo procesada, en dónde y con qué objeto, así como obtener copias sin cargos de los datos personales que posean las empresas; prevé el derecho al olvido o a que sean borrados los datos de los usuarios. Se trata, sobra mencionar, de medidas que se decantan en favor de los usuarios en el manejo de sus datos personales.

Estamos indudablemente en un punto de inflexión en materia del manejo de datos personales en Internet y, en particular, en las redes sociales. El modelo estadounidense hasta ahora dominante se está cayendo en pedazos. Urge dar pasos en otra dirección, desde nuestro punto de vista la dirección marcada por la Unión Europea y su nueva regulación sobre datos personales. El tema no es menor, hay quienes incluso lo han denominado como la guerra fría de nuestros tiempos, la guerra por el control de los datos personales de los usuarios de Internet.10 Es impostergable, por tanto, fomentar el debate de estos asuntos de enorme incidencia y alcance para el presente y el futuro de nuestras sociedades, pero sobre todo tomar lo más pronto posible las medidas necesarias para proteger en nuestro país los datos personales de los usuarios de Internet y las redes sociales.

Mauricio Calcaneo. Candidato a doctor en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Twitter: calcaneomonts@yahoo.com


1 Para lo relacionado con los Expedientes Cambridge Analytica consúltese “The Cambridge Analytica Files”, The Guardian.

2 Véase “Facebook exposed 87 million users to Cambridge Analytica”, Wired.

3 Sobre la llamada psycographics revísese entre otros “Cambridge Analytica and the perils ofpsychographics”, The New Yorker.

4 Véase “Facebook Should Pay All of Us”, The New Yorker.

5 Sobre este tema “Beware the Big Five”, The New York Review of Books.

6 Declaración disponible en “Tim Cook says Facebook should have regulated itself, but it’s too late for that now”, Recode.

7 Revísese entre otros: “Don’t Fix Facebook. Replace It”, The New York Times.

8 Por ejemplo: “Can Europe Lead on Privacy?”, The New York Times.

9 Información disponible en The EU General Data Protection Regulation .

10 Sobre este tema “The next Cold War is here, and it’s all about data”, Wired.

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer en días pasados los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017.1 De acuerdo con ésta, 71 millones de mexicanos, que representan al 61.3% de la población de 6 años o más, eran usuarios de internet. De los cuales, 51.6 millones tenían 18 años o más,2 es decir, están en aptitud de votar en la elección del próximo 1 de julio. Se trata del 57.3% de los mexicanos en el padrón electoral y 58.1% de la lista nominal3 o, en otras palabras, casi 6 de cada 10 posibles futuros electores. Lo que se torna todavía más revelador si se toma en cuenta su comportamiento a lo largo del tiempo como se muestra en la gráfica de enseguida: en 2006, 11.9 millones de mexicanos de 18 años o más eran usuarios de Internet, apenas el 16.7% del padrón electoral y la lista nominal de dicho año; para 2012, la cifra aumentó a 26.3 millones de usuarios que representaban el 31.1% y el 33.1% del padrón electoral y la lista nominal respectivamente.

Aunado a lo anterior, la ENDUTIH 2017 también revela que 96% de los usuarios de Internet lo utiliza para obtener información y 76% para acceder a redes sociales. Los jóvenes son quienes más lo usan con un alcance de 83% para las personas de entre 18 a 34 años y el 86% de sus usuarios se ubican en el área urbana del país.  Lo que pase en Internet y, en particular en las redes sociales, tendrá entonces muy probablemente efectos en el proceso electoral en curso y sus resultados, por lo que es fundamental que se tomen medidas al respecto.

El caso es importante no sólo por su magnitud, sino también por el impacto que derivado de esto tiene y puede tener en el funcionamiento de las democracias y muy en especial en las democracias incipientes como la nuestra. La experiencia de otras latitudes en esta materia es, por decir lo menos, inquietante. Está ampliamente documentada la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas a través de las redes sociales. Los gigantes de Internet como Facebook, Google y Twitter han tenido que rendir testimonio sobre el tema ante los comités de las Cámaras de Senadores y Representantes de los Estados Unidos.4

Facebook, por ejemplo, ha aceptado que más de 126 millones de personas fueron alcanzadas por la publicidad contratada por la denominada Agencia de Investigación de Internet de origen en Rusia.5 Twitter, por su parte, informó que identificaron 3,814 cuentas vinculadas con la misma Agencia, las que emitieron 175 mil “tuits” que significaron el 8.4% de los mensajes relacionados con la campaña presidencial norteamericana.6

Hace apenas un mes los directores de Inteligencia Nacional, del FBI y de la CIA, todos de Estados Unidos, advirtieron de la intervención rusa en las elecciones legislativas norteamericanas de este año mediante el uso de propaganda falsa en las redes sociales.7 Inclusive 13 personas y 3 compañías han sido formalmente acusadas por el Departamento de Justicia Estadounidense, por el diseño de una red para subvertir las elecciones presidenciales de 2016, promover la discordia, socavar el respaldo público a la democracia y apoyar al ahora presidente de dicha nación.8

En México, el tema apenas ha merecido unas cuentas menciones en la prensa y nulos comentarios de las autoridades pese a las advertencias del Secretario de Estado Norteamericano en su visita al país del pasado 1º de febrero. Lo que ha llevado a poner en duda la capacidad de nuestras autoridades para dar una respuesta adecuada.9

Pese a las evidencias de los peligros asociados al uso de Internet y las redes sociales para incidir en los procesos electorales en otras latitudes y la posibilidad de que así suceda en México, las autoridades mantienen una gran pasividad y en los pocos casos en que hay algún tipo de acción, éstas parecen bastante fuera de lugar. La excepción sería el convenio firmado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y Facebook para el proceso electoral en curso, por el que la empresa de redes sociales se compromete a desarrollar materiales para que las personas detecten información de “baja calidad” en Internet, habilitar un espacio en la feria de medios del INE durante la jornada electoral y ofrecer información sobre el volumen de conversación electoral en su plataforma.10

Lo mismo que el criterio todavía vigente del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación en la Jurisprudencia 19/2016, donde se afirma que “…las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet”.

Es ineludible que nuestras autoridades electorales tomen conciencia de lo que está pasando con Internet y las redes sociales en los procesos electorales alrededor del mundo, para que así estén preparadas ante los desafíos que esto implica. La autorregulación de los gigantes de las redes sociales o la preminencia del principio de libertad son fruto de visiones del pasado sobre el uso de Internet, las posibilidades que se abren vía la fiscalización de las campañas electorales son múltiples y abarcan, para empezar, que se transparenten los montos y nombres de quienes contratan publicidad política en las redes sociales más allá de los propios candidatos. El reto no es menor, pero por el bien de nuestra democracia es de esperarse que nuestras autoridades tomen acciones urgentes en dicha dirección.

Mauricio CalcaneoEstudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.


1 Véase comunicado de prensa disponible en aquí.

2 Véase los resultados de la encuesta por grupo de edad aquí.

3 Las cifras sobre el padrón electoral y la lista nominal están disponibles aquí.

4 Véase la reseña de las audiencias.

5 Información disponible en “Russian Influence Reached 126 Million Through Facebook Alone”, en The New York Times.

6 Consúltese el comunicado correspondiente en el blog de Twitter.

7 Los detalles de la audiencia se encuentran en “Russia Sees Midterm Elections as Chance to Sow Fresh Discord, Intelligence Chiefs Warn”.

8 Véase “13 Russians Indicted as Mueller Reveals Effort to Aid Trump Campaign”.

9 Por ejemplo “Are Mexico’s Elections Russia’s Next Target?”-

10 Consúltese “Facebook e INE anuncian colaboración para elecciones”.

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El sismo del pasado martes 19 de septiembre significó una fuerte sacudida a los cimientos de la sociedad de ciudad de México, con claras repercusiones a nivel nacional al menos en dos aspecto claves: la profunda solidaridad y empatía que ha surgido entre los “mexicanos de a pie”, lo cual se ha acompañado de un recrudecimiento del sentimiento de enojo con las distintas autoridades.

En este sentido, los partidos políticos son uno de los blancos más visibles de este enfado ciudadano, lo que se ha expresado en estos últimos días en las distintas y tumultuarias peticiones para que el financiamiento público hacia dichos institutos políticos y a las campañas electorales por venir, se elimine, reduzca y/o reoriente a las tareas de reconstrucción o de apoyo a los damnificados.

El debate no es nuevo: la discusión respecto la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y las campañas políticas, está entre nosotros al menos desde la presentación de la llamada “Ley Kumamoto”. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció sobre su constitucionalidad y, por su parte, en la cámara de Diputados hasta el momento suman 16 las iniciativas de ley sobre este relevante tema. Sin embargo, en días recientes el reclamo ciudadano ha escalado a tal nivel que los diversos liderazgos partidistas se han visto obligados a manifestarse a favor.

El tema preocupa y, por ende, debe ser debatido a fondo y en serio, entre otras razones porque implica que el financiamiento público sea sustituido por el privado. Lo que abre la puerta, entre otros aspectos, a que individuos y grupos con mayor poder económico, incluido por supuesto el crimen organizado, adquieran fuerte incidencia en los asuntos públicos a raíz de sus aportaciones a los partidos y las campañas. Todo lo cual tendría, sin duda, graves repercusiones en nuestra incipiente democracia mexicana.

El caso norteamericano es un muy buen ejemplo y aleccionador respecto la espiral en el gasto en campañas políticas y, por consiguiente, en la influencia cada vez más profunda de la élite económica sobre los actores políticos y la vida pública.

En Estados Unidos de Norteamérica el financiamiento a las campañas políticas está regulado por la Ley federal de campañas electorales (The Federal Election Campaign Act) de 1971 y sus enmiendas de 1974 y 1976, que crearon la Comisión Federal Electoral (Federal Election Comission) y establecieron los fundamentos del financiamiento a las referidas campañas. Lo cuales consisten básicamente en restricciones a las aportaciones de los propios candidatos, individuos, partidos políticos y los controvertidos comités de acción política (PACs); revelación pública, a través de la Comisión Federal Electoral, de las contribuciones y gastos efectuados.1 A lo que se suman una serie de resoluciones de la Corte Suprema norteamericana, entre las que destaca United Citizen vs. FEC, según la cual el gobierno no puede prohibir ni poner límites a las contribuciones de las corporaciones en las campañas electorales.2

El siguiente gráfico muestra la trayectoria ascendente del gasto (en dólares) en campañas electorales en Estados Unidos en el período 2000-2016, de conformidad con lo que sigue:3

1. El gasto total en campañas se incrementó de $4.3 a $6.4 billones de dólares en el período en análisis, un aumento de $2.1 billones de dólares o 48% en 16 años;

2. El costo de las campañas legislativas fue el que observó un mayor crecimiento al pasar de $2.3 a $4 billones de dólares en el período en observación, lo que equivale a un incremento de 73% o 1.7 billones de más; y

3. Las campañas presidenciales tuvieron el menor de los aumentos al pasar de $1.9 a $2.3 billones de dólares, aunque fue en la elección de 2008, la de Obama contra McCain, cuando el gasto se disparó al alcanzar $3.7 billones de dólares.

Más recientemente,  esta tendencia en el gasto en campañas en Estados Unidos alcanzó un nuevo record en las elecciones del 20 de junio de 2017, fecha en la que tuvo lugar el ejercicio más caro en la historia de las elecciones para la Cámara de Representantes de dicho país. La elección en el sexto distrito de Atlanta, Georgia, por ejemplo, alcanzó la cifra récord de 55 millones de dólares, muy por encima de los 29 millones de dólares de su antecedente más cercano que fue el distrito dieciocho de Florida en 2012.4

Esta tendencia en el gasto en campañas electorales en Estados Unidos, ha despertado la preocupación respecto el poder que tiene el dinero y quienes lo detentan sobre la democracia misma.5 En este sentido, desde el ámbito académico, Thomas Ferguson, profesor emérito de la Universidad de Boston Massachusetts, ha demostrado, para las elecciones a la Cámara de Senadores y la Asamblea de Representantes de Estados Unidos en el periodo 1980-2014, la existencia de una relación lineal positiva entre la proporción de dinero gastado en campañas y el voto por los candidatos ganadores.6 Es decir, el dinero tiene una influencia directa en los resultados electorales.

En la misma línea, Martin Gilen, académico de Princeton University, y Benjamin I. Page, profesor de Northwestern University, han concluido que el “análisis multivariado indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan los intereses de los negocios tienen sustanciales e independientes impactos en la política del gobierno norteamericano, mientras el promedio de los ciudadanos y los grupos de interés con base social tienen poca o ninguna influencia”.7 Esto es, son los individuos y las organizaciones con poder económico los que ejercen influencia en la conducción política de nuestro vecino del norte.

La evidencia empírica sobre el funcionamiento del régimen de financiamiento privado de los Estados Unidos es concluyente, son cada vez más grandes las sumas de dinero que se destinan a las campañas electorales, hay una relación directa entre gasto en campañas e intención del voto, y es abrumador el nivel de influencia en la vida política de quienes detentan el poder económico y, por tanto, los recursos para aportar a las campañas políticas.

México no es de ninguna manera Estados Unidos, lo que pase en el país vecino no nos condena a la misma experiencia. Sin embargo, lo cierto es que debemos de tener en cuenta lo que ha acontecido en el norte de nuestra frontera, y en otras latitudes, para tomar las debidas precauciones en el supuesto de que en efecto transitemos hacia un modelo de financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales. De hecho la situación de México no permite atisbar un futuro esperanzador: nuestra democracia adolece de condiciones mínimas como instituciones fuertes, un Estado de derecho consolidado, millones de persona en situaciones de pobreza, autoritarismos regionales y, por supuesto, la hidra que representa el crimen organizado. La eliminación del financiamiento público, pues, no parece ser la panacea que sus impulsores prometen, al contrario puede ser la llave para abrir la caja de pandora de nuestra endeble democracia.

Mauricio Calcaneo Monts. Estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.


1 Smith, Steven S. et al., The American Congress, New York: Cambridge University Press, 2013.

2 Resolución disponible en http://bit.ly/2xsCdSf

3 Información disponible en http://bit.ly/2wgjo0N

4 A este respecto véase http://nyti.ms/2yp1hq5

5 Bohlen, Celestine, “American Democracy is Drowing in Money”, disponible en http://nyti.ms/2wQQpVH

6 Ferguson, Thomas and Jorgensen, Paul D. and Chen, Jie, “How Money Drives US Congressional Elections”, August 1, 2016, Institute for New Economic Thinking Working Paper Series No. 48. Disponible en: http://bit.ly/2wQnZLg o http://bit.ly/2hsb0IZ

7 Gilen, Martin and Page, Benjamin I, “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, Perspectives on Politics, September 2014, Vol. 12/No. 3, pp. 564-581.

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El pasado 2 de enero de 2015, los ministros de la Suprema Corte de Justicia eligieron a su presidente para el periodo 2015-2018: el ministro Luis María Aguilar Morales. Han sido varias las voces que se han manifestado sobre este tema en los diversos medios de comunicación, aunque ni de lejos en el número y con la intensidad que se esperaría por tratarse de la elección de quien encabezará a uno de los poderes en que se divide el Supremo Poder de la Federación.

Una posible explicación de este poco debate público serio respecto a la sucesión en la Corte se puede encontrar en el carácter meramente jurídico que en el imaginario colectivo se le atribuye a la misma. El destacado académico, Robert A. Dahl, en un texto fundamental para el estudio de la Corte Suprema estadunidense[1], subrayó el carácter eminentemente político de dicha institución en el sentido de que se encarga primordialmente de resolver cuestiones controvertidas de la política nacional.

La Corte mexicana parece seguir cada vez más la pauta descrita por Dahl, pues se ocupa principalmente de casos que implican la resolución de aquellas diferencias surgidas entre la clase política nacional –al menos así lo parecen indicar los datos disponibles sobre la materia.

La gráfica 1, por ejemplo, muestra la evolución del total de asuntos ingresados a la Corte en el periodo 2009-2013, donde destaca una tendencia al alza pues en cinco años se pasó de 7,827 a 11,380[2], lo que significa un incremento del 45%.

grafica1

La gráfica 2, por su parte, presenta la distribución porcentual por año de los asuntos ingresados a la Corte en el periodo 2009-2013, de lo que se deduce que el amparo directo en revisión, el incidente de inejecución y el amparo en revisión abarcaron el 70% de los asuntos que conoció la Corte durante este periodo; mientras que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales representaron menos del 2% de los casos atendidos por la Corte.

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Lo anterior de modo alguno significa que la Corte concentre sus esfuerzos en la resolución de asuntos de orden sustancialmente jurídicos; por el contrario, la instancia máxima de la Corte, el Pleno, dedica la mayor parte de sus esfuerzos en la resolución de cuestiones que por su naturaleza jurídica implican solventar a su vez diferencias surgidas entre la clase política mexicana.

En el Informe de Actividades 2014[3] del anterior presidente de la Corte, se señala que en el periodo diciembre de 2013-noviembre de 2014 se resolvieron 6,826 asuntos. De estos, el Pleno estuvo a cargo de 301 (4.4%), la 1ª sala de 3,019 (44%) y la 2ª sala de los restantes 3,506 (51%). El Pleno de la Corte se encarga entonces de un número limitado de los casos, posiblemente de los más importantes.

La revisión de las versiones taquigráficas[4] del Pleno de la Corte correspondientes al segundo periodo de sesiones del 2014, que abarcó del 1 de agosto al 11 de diciembre de dicho año, ofrece una aproximación más precisa a los asuntos que en específico fueron abordados por dicho órgano judicial (véase gráfico 3):

  1. En el periodo referido tuvieron verificativo 58 sesiones del Pleno de la Corte: 10 solemnes, 47 ordinarias y 1 extraordinaria.
  2. Durante el segundo periodo de sesiones de 2014, fueron puestos a consideración del Pleno 67 asuntos de los que 63 recibieron resolución.
  3. Los asuntos relacionados con la solución de diferencias entre la clase política nacional (acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis, controversias constitucionales y consultas populares), representaron el 82% de los asuntos puestos a consideración del Pleno de la Corte (55 de 67) y el 84% de los casos resueltos por éste (53 de 63).
  4. Los casos de corte primordialmente jurídico (incidentes de inejecución de sentencias, consulta a trámite, recurso de inconformidad, amparo en revisión y amparo directo en revisión), significaron respectivamente el 17% y el 15% de los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte.
  5. Los temas de los asuntos que le planteó la clase política mexicana y que la Corte resolvió son: la reforma fiscal; la ley de ingresos; la legislación electoral federal; la legislación electoral del Distrito Federal, Colima, Tabasco, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Campeche, Guanajuato, Sonora, Morelos, Yucatán, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Chiapas, Nuevo León; las consultas populares sobre reforma energética, salario mínimo y legisladores de representación proporcional; controversias por diferencias entre los ayuntamientos y los gobiernos estatales en materia presupuestal.

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La información presentada, aunque solamente abarca el último periodo de sesiones de la Corte, parece confirmar para el caso mexicano la hipótesis de Dahl, pues su órgano máximo, el Pleno, resuelve principalmente cuestiones con un tinte profundamente político que son aquéllos que confrontan a nuestra clase política. Tal vez el reconocimiento de este papel político de la Corte pueda conducir a la sociedad mexicana a conocerla y a analizarla más a profundidad en beneficio de nuestra incipiente democracia.

Mauricio Calcaneo. Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mail: calcaneomonts@yahoo.com

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[1]Dahl, Robert A. (1957), “Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker”, Journal of Public Law, No. 279, pp. 279-295.

[2] La información presentada en este apartado fue tomada del documento Indicadores de gestión jurisdiccionales que elabora la Secretaría General de Acuerdos de la Corte. Aunque en dicho documento se señala que el total de asuntos ingresados para los años 2009 y 2013 fueron del orden de los 9,191 y 13,032 respectivamente, la suma de las cantidades que presentan asciende a los 7,827 y 11,380 casos que aquí se reportan.

[3] Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe Anual de Labores 2014, disponible en www.scjn.gob.mx

[4] Disponibles en www.scjn.gob.mx

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