El caso Alberta y Teresa colocó, una vez más, en el centro de la opinión pública, a nuestro sistema de impartición de justicia. En este caso, el desenlace de la historia fue por demás afortunado: la Suprema Corte, hace unos días, ordenó la inmediata liberación de estas mujeres. ¿Cuáles fueron, sin embargo, los motivos de esta decisión?  ¿Qué elementos fueron analizados y ponderados por los ministros? En el siguiente texto, la ministra Sánchez Cordero explica de manera puntual éstas y otras preguntas que giran entorno a este asunto.

El caso que, por cuestiones de espacio, me concretaré a narrar, es extraordinario en sus acepciones de “fuera de lo habitual o común” y de “mejor que lo normal”. Ustedes juzgarán.

El 30 de junio de 2006, el Agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, consignó la averiguación por medio de la cual ejerció acción penal en contra de Alberta Alcántara, Teresa González Cornelio y otras, por considerarlas probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad (secuestro) contra servidores públicos y, además, en el caso de Alberta Alcántara, también de posesión de cocaína (delito contra la salud).

Al consignar, se indicó que los Agentes de la Policía Federal Investigadora se trasladaron al poblado de Santiago Mexquititlán, Municipio de Amealco, Querétaro, para investigar hechos probablemente constitutivos de un delito, de acuerdo con una denuncia anónima. En el lugar, había un tianguis de venta de discos apócrifos (“piratas” en el lenguaje común) y otros productos. En uno de los puestos que se encontraban al final, había una persona con ciertas características descritas en la denuncia, apodada “La Güera”. En tal puesto, los agentes indicaron que habían localizado dos bolsas de celofán con cocaína, por lo que intentaron trasladarla. Pero, “La Güera” comenzó a gritarles a los demás locatarios “que tocaran las campanas de la iglesia y que no permitieran que se la llevaran”. En respuesta, diversas personas les empezaron a cerrar el paso y los obligaron a bajar de su vehículo, puesto que la carretera se encontraba ya bloqueada con piedras y vehículos.

Narran que, aproximadamente ochenta o cien personas, los llevaron hacia las afueras de una base de policía municipal. Lugar en el que dicen haber permanecido privados de su libertad por espacio de dos horas. “La Güera” les informó que si querían salir con vida tendrían que pagar ochenta mil pesos. Por lo que se retiraron para conseguir el dinero cinco de los agentes, quedándose en ese lugar “como garantía” uno de ellos. Los cinco agentes lograron juntar la cantidad de setenta mil pesos, misma que entregaron a “La Güera”.

Por estos hechos, el 4 de julio de 2006, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, libró orden de aprehensión en contra de las acusadas y, el 19 de febrero de 2010, dictó sentencia definitiva resolviendo que eran penalmente responsables de los delitos citados. La pena que impuso el juez fue de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN y una multa.

Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, inconformes con esta resolución, interpusieron recursos de apelación, mismos que fueron admitidos ordenándose la remisión del proceso penal al Tribunal Unitario en el estado de Querétaro. El cual, por proveído de tres de marzo de dos mil diez, ordenó se radicara el Toca penal.

En sesión pública de 17 de marzo de 2010, cuatro de los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte, determinamos ejercer, de oficio, la facultad de atracción para conocer dicho recurso de apelación. El cual fue resuelto por dicha Sala, en sesión del 28 de abril pasado, en los siguientes términos: se decidió, por unanimidad de cinco votos, revocar la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, al considerar que las apelantes no eran penalmente responsables de los delitos por los cuales fueron sentenciadas.

En términos generales, la decisión se adoptó en tal sentido debido a los siguiente motivos: respecto al delito contra la salud mencionado, no se acreditó la responsabilidad de Alberta Alcántara, ya que no estaba plenamente demostrado que esta persona hubiese tenido bajo su ámbito de disponibilidad el estupefaciente asegurado. Vale subrayar que sólo una persona fue quien señaló a la sentenciada, determinándose que resultaba insuficiente este único testimonio para tener por demostrada la responsabilidad del citado delito. Aunado al hecho de que en las denuncias anónimas a partir de las cuales se inició la investigación, se indica la media filiación de una persona de sexo femenino que, contrastada con la de Alberta Alcántara, llevó a establecer claramente que sus características fisiológicas y morfológicas en nada coincidían con lo asentado. Ante la ilegal valoración probatoria que otorgaba preponderancia a pruebas de cargo, sin justificar tal preeminencia frente a las probanzas de descargo, se consideró vulnerado el principio de presunción de inocencia.

Por otra parte, en cuanto al delito de privación ilegal de la libertad, se estimó que no se acreditaba que hubiese existido dicho ilícito –el cual consiste en privar de la libertad a una persona, con el fin de obtener un rescate- debido a que los ofendidos y testigos de los hechos, no fueron consistentes en precisar las circunstancias en que ocurrió el hecho mismo. Es decir, durante el desarrollo del proceso, se advirtió que existieron múltiples contradicciones entre las sentenciadas, los testigos y los agentes federales de investigación, que no permiten establecer con claridad que efectivamente dichos agentes hayan estado realmente privados de su libertad y mucho menos que se hubiese pedido un rescate por ellos.

En ese contexto, al no encontrarse probado que las apelantes hubieren cometido los delitos señalados, la Primera Sala de este Alto Tribunal ordenó su absoluta e inmediata libertad.

Olga Sánchez Cordero. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de México.

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