No es la primera ocasión que el senador Ricardo Monreal propone una transformación significativa al Poder Judicial de la Federación. Hace unos meses proponía crear una Tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia especializada en materia anticorrupción.1

Hace unos días presentó otra iniciativa para reformar la ley de amparo, específicamente, el tema de sanciones. La iniciativa tiene por finalidad dos puntos: i) incluir un artículo (260 bis) que sancione a los abogados postulantes que se encuentren representado a personas en los juicios de amparo por presuntos actos que retrasen deliberadamente el proceso judicial y; a su vez, ii) facultar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para substanciar y sancionar a los abogados que incurran en las causas que señala la propuesta a través de un procedimiento administrativo sancionador.

La hipótesis que pretendo sostener en el presente artículo es demostrar que ciertos puntos y argumentos establecidos en la exposición de motivos2 no son válidos para resolver la “problemática” planteada en la misma.

La exposición de motivos inicia evidenciando las penosas calificaciones que México ha obtenido a través de distintas metodologías, citando así el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional3 y el Índice de Estado de derecho de World Justice Project.4 Si bien las fuentes de investigación consultadas y citadas son alarmantes en cuanto al nivel de corrupción y crisis del Estado de derecho y justicia en el país, estimo que no son las fuentes adecuadas o idóneas para evidenciar que los abogados postulantes son el detonador principal de que los juicios de amparo no se desahoguen sin dilación alguna o que, de manera sistemática, incurran en actos de corrupción, por lo que resulta ser un argumento ad populum que pretende justificar como introducción discursiva la necesidad de la reforma, derivado de lo indignante y grave que es la corrupción en México.

Por otro lado, la exposición de motivos reconoce que la ley de amparo ya contempla delitos específicos en los que pueden incurrir tanto los quejosos, terceros interesados y sus respectivos abogados, razón por la que se citó y transcribió en dicha exposición de motivos el artículo 261 de dicha ley.5

Inmediatamente de la transcripción de dicho artículo, la exposición sostiene lo siguiente:

Esta disposición aparentemente severa para los abogados litigantes en materia de Amparo, en realidad se vuelve inofensiva porque al constituirse como un delito, su desarrollo procesal se vuelve complejo y escasas veces se da vista al Ministerio Público Federal, y si ello llega a ocurrir, no se le da seguimiento en virtud de que la prioridad es el cúmulo de denuncias y querellas por delitos graves. Es por cuanto que, se propone una reforma efectiva que sancione de manera sustancial a los abogados que incurren en prácticas anti procesales o de corrupción.

Es justo aquí donde se encuentra otro punto relevante que tampoco tiene sustento argumentativo y mucho menos probatorio, pues, como se puede observar, la exposición de motivos intenta atribuir la problemática a lo que establece el artículo 261 de la ley de amparo. Sin embargo, ahí mismo se advierte que el problema no radica en la norma que regula el juicio constitucional, sino en los ministerios públicos, al darle prioridad a los “casos graves”, sin señalar alguna estadística u otra fuente que así lo demuestre, tanto en los casos que investiga la Fiscalía General de la República como sus homólogas en las entidades federativas. Tampoco invoca datos que ofrezcan evidencia que son escasas las vistas que se le dan al ministerio público.

Aunado a lo anterior, la exposición de motivos pasa por desapercibido o de plano omite que existe una armonización normativa en cuanto a las obligaciones de los servidores públicos para denunciar un posible delito. De esa manera, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece un mandato obligatorio a todo servidor o funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, de llegar a tener conocimiento de la probable existencia de un delito, lo denuncie inmediatamente ante el ministerio público para los efectos legales correspondientes.

De esa manera, los juzgadores federales y locales se encuentran obligados a denunciar posibles delitos que puedan materializarse durante la substanciación del juicio de amparo o procesos penales (o de cualquier otra materia), por lo que la ley que regula dicho procedimiento constitucional de garantías establece a lo largo de su articulado diversas disposiciones que también obligan y facultan a los juzgadores para denunciar actos que dilaten el procedimiento o incumplan determinaciones judiciales en el amparo.6 Lo anterior se encuentra reconocido en la jurisprudencia7 emitida por el Pleno de la Suprema Corte, sin embargo, considero que hay una gran diferencia entre dar vista y la obligación que tienen los juzgadores de denunciar un posible acto delictuoso que llegaren a identificar.

Por otro lado, el artículo 260 bis, que se propone agregar a la ley de amparo, establece que los abogados que participen en el proceso no podrán obtener una ventaja procesal indebida, presentar testigos o documentos falsos, ni entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional. En su caso, señala como sanciones aplicables, la amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal para ejercer la abogacía e, inclusive, la cancelación definitiva de la cédula profesional. La pregunta es ¿por qué establecer esto únicamente en materia de amparo y no en otras?

Podría argumentarse que la misma exposición de motivos sostiene que las faltas propuestas se justifican al ser el amparo el mecanismo de defensa con los que cuentan los gobernados para restituir violaciones a derechos humanos; no obstante, existen otros ordenamientos jurídicos de carácter adjetivo que regulan los procedimientos ordinarios y que contemplan disposiciones para sancionar, por medio de multa, actos procesales que tengan por fin dilatar el procedimiento.8 En ese sentido, ¿por qué esperarnos a llegar al amparo si en dichos procedimientos ordinarios es donde normalmente se realizan las violaciones procesales y/o de derechos humanos? ¿Por qué no regular lo que pretende la iniciativa desde estas fases procesales ordinarias?

En otro orden de ideas, uno de los puntos medulares de la iniciativa es el relativo a que el CJF emita un acuerdo general9 en el que plasme e implemente el diseño de un procedimiento para investigar, substanciar y sancionar a los abogados postulantes por la comisión de las conductas propuestas y mencionadas en párrafos anteriores. Lo que resulta un poco preocupante toda vez que es el mismo CJF quien diseñaría las reglas del juego en las que participaría como parte y, en su momento, fungiría como árbitro para sancionar al abogado que se trate, pues la propuesta de reforma no da ninguna pauta adicional que el CJF deba considerar.

Lo anterior pretende justificarse a través del procedimiento administrativo sancionador, lo que conllevaría que, además de los delitos previstos en la ley de amparo, específicamente los artículos 261 y 262, se pretende que por medio del ius puniendi, los abogados puedan ser sancionados ahora administrativamente. Pero cabe mencionar que, si hablamos de procedimiento administrativo sancionador, uno de los puntos que deben observarse y cumplirse de manera obligatoria es el principio de legalidad, así como la taxatividad de las conductas punibles. Pues, como se sabe, “la ausencia de normas taxativas para el ejercicio de la potestad sancionadora provoca el uso de la discrecionalidad con los riesgos que conlleva para la salvaguarda de los derechos humanos”,10 ya que, en esencia, quién sabe qué debamos entender o cómo deba interpretarse la conducta propuesta consistente en “entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional” -lo cual podría resultar violatorio al artículo 14 constitucional.

Así, considero que de aprobarse la iniciativa de reforma legal del senador Monreal, podría atentarse contra el derecho de acceso a la justicia de los gobernados, pues, un ejemplo de lo anterior se encuentra con el listado de multas que contenía la anterior ley de amparo11 y que el legislador decidió no incluirlas en la actual y vigente ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Óscar Leonardo Ríos García. Abogado por la Universidad Marista de Mérida y maestro en defensa administrativa y fiscal por la Universidad Anáhuac. Twitter: @oscar_leonard.


1Quiere Monreal Sala Anticorrupción”, El Economista, 2019.

2 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-10-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Monreal_Art_260_Ley_Amparo.pdf

3 Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción, 2018.

4 World Justice Projetc, Índice de Estado de Derecho en México 2018, Perspectivas y experiencias en los 32 estados del país.

5 Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:

I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.

6 Artículos 209, 237, fracción III, 262, fracción IV de la Ley de Amparo.

7 J. 13/2017, número de registro: 2014917. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.

8 Por ejemplo, el artículo 1097 del Código de Comercio, o el artículo 153 del Código Federal de Procedimientos Civiles para peritos que no rindan su dictamen en tiempo.

9 Conforme al artículo segundo transitorio de la exposición de motivos el cual establece:

SEGUNDO. – El Consejo de la Judicatura Federal, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir el Acuerdo General por el que se establezcan las disposiciones para la substanciación y resolución del procedimiento especial sancionador a que se refiere el presente Decreto, en todas sus etapas, conforme a los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad y objetividad.

10 Teresita Rendón Huerta Barrera, “La potestad administrativa sancionadora y el ius puniendi del Estado ante los derechos humanos”, en “Derecho administrativo. Un ámbito de respeto, promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos”, coords. Gabriela Aguado Romero; Nohemí Bello Gallardo, Alina del Carmen Nettel Barrera, Tirant lo Blanch, colección: monografías, México, 2016, pág. 229.

11 Artículos 41, 49, 61, 81, 90, 102, 119, entre otros.

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“Dormir juntos era, en realidad,
el corpus delicti del amor”.
—Milan Kundera.

La responsabilidad civil y, en específico, el daño moral, han estado evolucionando con el paso del tiempo a través de los criterios jurisprudenciales que la justicia federal ha emitido. La responsabilidad civil proviene desde tiempos remotos, por ejemplo, en el derecho romano donde surgió el término iniuria, el cual hacía referencia a las lesiones físicas o morales cometidas por un individuo.1 Posteriormente, en las siete partidas podemos encontrar también reglas específicas en materia de responsabilidad civil, tal y como lo plasmaba la partida VII, título XV, la cual “hace referencia a los daños que los hombres o las bestias hacen en las cosas de otro”.2

De esa manera, podemos aducir también que, tal y como establecía Justiniano, la materialización de un daño es causa de responsabilidad e implica una obligación para el responsable al constituirse un nexo o vínculo entre sujeto activo y pasivo, lo que conlleva a “definir a la responsabilidad civil como el vínculo que surge entre dos sujetos como consecuencia del daño sufrido por uno de ellos”;3 y el concepto de “daño” se percibe como todo menoscabo o pérdida que una persona sufre en su persona o sus bienes.4

Ahora bien, es gracias a la doctrina francesa por la que surge el concepto de daño moral, el cual es entendido como un daño inmaterial, es decir, no configura un daño patrimonial o económico.5

Ilustración: Alejandro Alia

Hice esta pequeña mención sobre estos términos pues, como veremos a continuación, la Primera Sala de la Suprema Corte los utilizó para resolver un caso en el que se reclamaba un daño moral derivado de un acto infidelidad sexual. Aunque cabe mencionar que dicha sentencia también abundó más en el estudio sobre ciertos principios y derechos, tales como el principio de la autonomía de la voluntad; el derecho a la libertad sexual; la fidelidad en el matrimonio; el libre desarrollo de la personalidad; y el incumplimiento en el deber de fidelidad sexual en el matrimonio.

Lo anterior es fundamental al ver cómo las premisas argumentativas plasmadas en la sentencia hicieron relación entre los conceptos señalados en el párrafo que antecede para justificar la improcedencia de una indemnización económica por daño moral, con motivo de un acto de infidelidad sexual en el matrimonio por parte de uno de los cónyuges.

Una persona reclamó a su pareja una indemnización por daño moral al haberle sido infiel sexualmente. Evidentemente, la trascendencia y relevancia jurídica del asunto hizo que llegara a tocar las puertas de la Suprema Corte, cayendo dicho caso a los escritorios de los ministros para su estudio y análisis, formando así el amparo directo en revisión 183/20176 de la Primera Sala.

Este asunto es prueba plena de la relevancia de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Podremos percatarnos que los silogismos y juegos argumentativos presentados en el proyecto muestran cómo los derechos de los justiciables tienen una relación directa entre sí para su plena eficacia; veremos, por ejemplo, cómo se llevó a cabo este ejercicio y la materialización de la interdependencia de los principios de la autonomía de la voluntad, la libertad sexual, y el libre desarrollo de la personalidad.

La Primera Sala sostuvo que no procede indemnización económica por daño moral al realizar un acto de infidelidad sexual en el matrimonio, pues este no puede considerarse como un hecho ilícito bajo las reglas de la responsabilidad civil.

Es importante percatarnos que la evolución de las normas jurídicas depende, en la mayoría de las ocasiones, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se vayan presentando; así como de los principios y valores morales que rigen en una determinada sociedad, y me refiero al matrimonio.7

El matrimonio ha ido en constante evolución y progreso conforme al paso de los años y, aún más, por el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, nuestro máximo tribunal constitucional ha establecido que el matrimonio no debe equipararse a un contrato de carácter civil al ser un cúmulo de normas pactadas entre los cónyuges,8 es decir, que debe verse al matrimonio como un “acto condición”, el cual, somete a los individuos a una situación jurídica general en la que surgen derechos y obligaciones entre sí9 y, por lo tanto, imperan aspectos de la vida privada para la pareja sin escapar del interés público.10 De tal manera que el matrimonio conlleva un conjunto de acciones y actividades cotidianas a realizar entre la pareja, ya sea de manera individual o colectiva, por lo que prevalece para cada uno de ellos el principio de la autonomía de la voluntad, principio que tiene sustento dentro de los artículos 1° y 4° del texto constitucional, al ser este un derecho inherente al ser humano, mismo que forma parte como elemento del derecho al libre desarrollo de la personalidad.11

De esa manera, y como hemos visto en anteriores sentencias, el libre desarrollo de la personalidad consiste en toda facultad de cualquier ciudadano para elegir de manera libre y autónoma su proyecto de vida y plasmar su manera de ser ante la sociedad.12 De igual forma, en la tesis con rubro DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ASPECTOS QUE COMPRENDE,13 el Pleno de la Corte sostuvo que el Estado debe reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad sin introducir coacción alguna e impedir injustificadamente su ejercicio, inclusive en cuestiones de “opción sexual”.

La Corte, en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, declaró inconstitucional todos los regímenes civiles que exigían causales para decretar el divorcio;14 lo que nos servirá para evaluar si existe o no obligación de ser siempre fiel a nuestra pareja conforme a las reglas del código civil y la evolución jurídica del matrimonio. En este sentido, el Código Civil para el Distrito Federal15 no establecía de manera expresa que existiera un deber de fidelidad sexual por parte de los cónyuges, pero sí de forma tácita al establecer como causal de divorcio necesario el adulterio probado por uno de ellos.16 Cabe mencionar que dicha disposición fue a la luz del Código Civil vigente en 1990, mismo que fue reformado en 2008 para derogar todas las causales de divorcio.17 Pero independientemente de todo lo anterior, aunque hoy día tampoco exista disposición expresa que ordene se fiel en todo momento, se espera que la fidelidad sexual deba entenderse como un deber en la relación marital, esto es así, al atender que la misma fidelidad sexual debe realizarse en la sociedad mexicana al acoger a la monogamia como forma de constitución de relaciones amorosas, y al ser parte también de los valores morales propios de la pareja.18

Entonces, la institución del matrimonio ha cambiado drásticamente. Por un lado, existía en la legislación una gran variedad de barreras jurídicas (causales de divorcio) para que un matrimonio pudiera disolverse. Afortunadamente, la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de estas barreras al ver que se trastocaba el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las parejas al encontrarse con grandes dificultades en la substanciación de los procedimientos jurisdiccionales ante los juzgados familiares al solicitar un divorcio. Asimismo, y en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, recordemos que el Estado no puede establecer medidas que coaccionen el ejercicio de ese derecho humano, por lo que no puede tampoco imponer controles a la autonomía de la voluntad de las personas en su vida amorosa ni a la libertad sexual,19 al ser este un derecho humano de carácter personalísimo.20 Además debe entenderse a la libertad sexual como “el derecho que cada persona tiene de decidir, libremente, con quién, cuándo, y cómo desarrollar su actividad sexual”.21

Resulta importante incluir también que dentro del matrimonio se desarrolla un cúmulo de bienes en los que puede verse constituido un conjunto de bienes patrimoniales y personales. Comprendiendo esto, y en relación con los deberes conyugales que uno adquiere al contraer matrimonio, todo lo relativo a los bienes patrimoniales sí configuran una serie de obligaciones a los consortes, pudiendo el Estado intervenir para poner orden; sin embargo, tratándose del patrimonio personal del matrimonio, la fidelidad sexual es derecho personalísimo y su incumplimiento no puede imponerse coactivamente.22

En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte estimó que el incumplimiento del deber conyugal consistente en la fidelidad sexual resulta insuficiente para sustentar una acción por daño moral y conseguir a través de ella una indemnización económica. Esto porque de otorgarse se podría vulnerar el derecho humano a la libertad sexual y al libre desarrollo de la personalidad del consorte infiel.23 Aunado a lo anterior, se estableció que resulta indeterminable definir qué tipo de responsabilidad civil (contractual o extracontractual) es la que se utilizaría para condenar un pago indemnizatorio por daño moral, pues tal y como lo vimos al inicio, la naturaleza jurídica de la institución del matrimonio es complemente distinta a la naturaleza jurídica de un contrato civil y, por lo tanto, las reglas no son los mismas. Además, el Código Civil para el Distrito Federal (aplicable al caso y vigente en su momento) establecía ciertos supuestos en los que sí podía configurarse una responsabilidad civil, por ejemplo, el que difiriera el matrimonio o rompiera el compromiso de contraerlo indefinidamente, debía pagar a su pareja los gatos realizados para la celebración del matrimonio, lo cual incluía la posibilidad de demandar por daño moral y reclamar la indemnización correspondiente; así también, podía reclamarse indemnización contra el cónyuge que se hubiese rehusado a contraer matrimonio cuando se hubiera afectado la reputación del otro, tomando en cuenta la duración del noviazgo, la publicidad de la relación, entre otros elementos.24

Como puede observarse, la inviabilidad de conseguir una indemnización por la vía judicial al reclamar un daño moral por un acto de infidelidad sexual en el matrimonio no va acorde a las reglas de la responsabilidad civil conforme a esta sentencia pronunciada por la Primera Sala por los siguientes motivos:

  1. Dentro de la responsabilidad civil, y tratándose de las relaciones familiares, surge una especie de inmunidad en la que se advierte una exclusión implícita por parte del legislador al momento de regular el matrimonio.
  2. El legislador estableció únicamente la disolución del vínculo matrimonial cómo remedio jurídico al incumplimiento del derecho del deber conyugal de ser fiel en todo momento.
  3. Existen otros remedios jurídicos diferentes a una indemnización económica, por ejemplo, la privación del derecho a heredar del otro cónyuge o de recibir alimentos de este.
  4. Al momento de contraer matrimonio, la naturaleza moral de este sugiere establecer un cierto deber de tolerar o aceptar los daños morales causados.
  5. Si se aplican las reglas de responsabilidad civil en el derecho familiar, sobre todo para la institución jurídica del matrimonio, se corre el riesgo de provocar números litigios por afectaciones morales.

Independientemente de lo anterior, no debe perderse de vista que a pesar de que la infidelidad sexual sí pueda considerarse como un hecho antijurídico;25 y pueda también afectar los sentimientos de la persona en la que recae esta conducta, la consecuencia jurídica del reproche de una infidelidad sexual consiste en la disolución del matrimonio, y no a una indemnización económica,26 pues, como vimos anteriormente, puede ocasionar una vulneración al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad sexual.

De esta manera, la Primera Sala de la Suprema Corte emite un fallo de enorme relevancia y que desarrolla una ampliación de los criterios utilizados en la misma, dejando claro que cualquier persona, en virtud de la autonomía de la voluntad y la dignidad humana, puede apartarse de un estado amoroso y sentimental del cual ya no quiere formar parte, y en caso de incurrir en un acto de infidelidad sexual dentro del matrimonio, no estará obligado a proporcionar indemnización alguna por daño moral, pues se vulneraría el poder ejercer libremente su libertad sexual y el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

Óscar Leonardo Ríos García. Abogado por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac.


1 Flores Ávalos, Elvia Lucía, “Evolución histórica del daño moral a daños punitivos en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2017, págs. 19-20.

2 Ibidem, pág. 24.

3 Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena, “La acción civil del daño moral”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2014, pág. 626.

4 Ídem.

5 Ibidem, pág. 627.

6 Resuelto por mayoría de cuatro votos en sesión de fecha 21 de noviembre de 2018. Votos a favor de la ministra Norma Lucía Piña Hernández (ponente); y de los ministros José Ramón Cossío Díaz; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Voto en contra del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Laura Patricia Román Silva.

7 Institución que fue analizada a través de su naturaleza jurídica.

8 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 4.

9 MATRIMONIO, NATURALEZA JURÍDICA DEL.

Gastón Jéze, en su estudio acerca de los actos jurídicos, los clasifica, por razón de su contenido, en cuatro categorías, y los comprendidos en la tercera de ellas, a lo que denomina actos-condición, por referirse a casos individuales, han sido y son confundidas frecuentemente con los actos contractuales, a pesar de existir profunda diferencia jurídica en la esencia de ambos, pues mientras los primeros pertenecen al campo del derecho público, los segundos se rigen esencialmente por la voluntad de las partes que los crean y pertenecen al derecho privado. el acto-condición consiste en colocar un caso individual dentro de una situación jurídica general, ya creada de antemano por la ley, y como ejemplo típico de estos actos, puede citarse el del matrimonio, que consiste en colocar los contrayentes dentro de la situación jurídica general de cónyuges, ya establecida por el Código Civil. El matrimonio no crea la situación jurídica de que va a ser investido el individuo; esta situación ya existe y han sido las leyes las que la han creado y reconocido, y el matrimonio no hace otra cosa que investir a un individuo determinado, de los poderes y deberes generales reconocidos por las leyes. Ahora bien, los oficiales del registro civil no tienen funciones semejantes a las de los notarios, sino que son los funcionarios investidos por la ley, del poder necesario para colocar, por medio del acto-condición del matrimonio, los casos individuales de los pretendientes, dentro de la situación jurídica general, ya creada por la ley. (Tesis aislada con número de registro 358722).

10 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 5.

11 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 7.

12 Amparo directo 6/2008. Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en sesión de 06/01/2009, por unanimidad de once votos.

13 Tesis: P. LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXX, diciembre de 2009, pág. 7, número de registro 165822.

14 Contradicción de tesis 73/2014, resuelta por la Primera Sala en sesión de fecha 25/02/2015, por mayoría de tres votos. Ponente: ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

15 Ordenamiento jurídico aplicable a este caso concreto.

16 Artículo 267, fracción I del Código Civil para el Distrito Federal.

17 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 18.

18 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 20.

19 Es importante mencionar que también la libertad sexual es una vertiendo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

20 Ídem.

21 Amparo directo en revisión 1260/2016.

22 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 22.

23 Ídem.

24 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 23.

25 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 29.

26 Ídem.

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Durante el sexenio de AMLO se elegirán a tres ministros de la Suprema Corte. La silla que dejó José Ramón Cossío Díaz quedó a cargo del ahora ministro Juan Luis González Alcántara, presidente de la Primera Sala. Por su parte, la vacante de la ministra Margarita Luna Ramos queda pendiente y estamos cerca de ver el nuevo rostro de la ministra que ocupará su lugar.1

En este sentido, el pasado 4 de marzo se realizó ante el Senado las comparecencias de las candidatas2 a ministra. Inmediatamente, al concluir las comparecencias, las redes sociales explotaron. La opinión pública se inconformó con varias de las respuestas que proporcionaron las candidatas,3 así como por la cercanía de éstas con el presidente.

La experiencia relativa al procedimiento de designación de ministros en cuanto a las últimas comparecencias en estos años, abre la puerta para discutir si es correcto el actual procedimiento o debe modificarse. En ese sentido, estimo conveniente abrir el debate para modificar en su totalidad o, al menos, mejorar ciertos aspectos del procedimiento de designación de ministros. Por lo tanto, pretendo utilizar estas líneas para comparar los procedimientos entre ciertos países y analizar qué elementos diferentes o similares tienen entre ellos y, de esta manera, evaluar si garantizan o no la independencia judicial.

La Constitución4 mexicana establece que la designación de un ministro de la Suprema Corte exige que el Ejecutivo someta a la consideración del Senado de la República una terna de candidatos para que, previa comparecencia, éste designe a un candidato. Se requiere una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes en un plazo de 30 días, de tal forma que si un candidato obtiene el voto calificado dentro de dicho plazo, ahí se materializa la designación del ministro. Sin embargo, el mismo texto constitucional prevé varios escenarios. Uno de ellos es que si en el plazo de 30 días el Senado no se pronuncia, el presidente podrá designar directamente al candidato que él estime pertinente de la terna presentada.5 Por otro lado, si el Senado llegara a votar por los candidatos, pero ninguno logra obtener la mayoría calificada, entonces, el Ejecutivo tendría que someter una nueva terna. Por último, si ninguno de los candidatos de esta segunda terna no obtiene la mayoría necesaria para ser designado como ministro, entonces, el presidente unilateralmente elegirá a uno de éstos para el cargo.

Sobra mencionar que una de las principales críticas en contra de este procedimiento de designación es que, a fin de cuentas, el Ejecutivo no puede perder.6 Se trata, pues, de un juego institucional de ganar-ganar para él.7

Por otra parte, vale subrayar que el presidente AMLO jamás justificó por qué las actuales candidatas son las idóneas para ocupar una silla de la Suprema Corte. En su conferencia de prensa matutina,8 únicamente esbozo una breve semblanza de éstas, asegurando que cumplían con los requisitos exigidos. Lo ideal, sin embargo, sería que el Ejecutivo justifique las razones que lo llevaron a determinar que ciertos candidatos son los idóneos para incluirlos a la terna.9 Esto ya se contempla en el caso del tribunal fiscal. El artículo 43 de la LOTFJA10 establece lo siguiente:

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo Federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. [Énfasis del autor]

Como se puede observar, la designación de los magistrados fiscales resulta ser prácticamente igual al nombramiento de los ministros. La diferencia substancial radica en que, para los magistrados fiscal, el Ejecutivo sí tiene la obligación de justificar la idoneidad de las propuestas que él someta.

En abono a este argumento, el año pasado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción obtuvo un amparo11 contra el entonces presidente Peña Nieto y la pasada legislatura, por no haber evaluado y transparentado la idoneidad de los magistrados anticorrupción que en su momento propuso. El juez en su sentencia12 ordenó que el presidente justificase y transparentase la idoneidad de las personas que aspiran a tal puesto.13 Pero la justificación del presidente es un primer paso, pues resulta completamente relevante que el Legislativo justifique a su vez su votación.14

Algunas visiones comparadas

La independencia judicial es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de las corte supremas y, para garantizarla, es importante contar con un correcto procedimiento de designaciones. De tal forma que me di a la tarea de revisar brevemente los países con mejor y peor índice de independencia judicial. Así, el Reporte Global de Competitividad 201815 coloca a México en el puesto 110 (de 140). Veamos si el procedimiento de selección de los juzgadores de órganos judiciales límite, en países con mayor independencia judicial, es similar o distinto al mexicano.

Finlandia:16 Su Corte Suprema se compone por 15 magistrados y un presidente. Estos juzgadores emiten al Ejecutivo una recomendación de jueces como candidatos y es el Ejecutivo quien, derivado de la recomendación de los magistrados de la Corte, elige al nuevo juzgador que la integrará. Para poder ser miembro de la Corte Suprema, la Sección 2 del Acta 74/191817 establece como requisitos únicamente ser una persona justa y calificada en el derecho, la cual deberá tener experiencia dentro de la judicatura.

Países Bajos:18 El artículo 118.1 de la Constitución de los Países Bajos19 indica que la Cámara baja de los Estados Generales (Legislativo) emitirá una lista de tres candidatos, y el nombramiento final lo realiza la Corona.

Nueva Zelanda: Los magistrados de la Corte de Nueva Zelanda son designados directamente por el Gobernador General; sin embargo, el Acta de la Suprema Corte de 2003 establece que los posibles candidatos se hayan desempeñado obligatoriamente en el Tribunal Superior o en el Tribunal de Apelaciones,20 e indica que su mandato no podrá excederse de 24 meses o al cumplir 75 años.

Como podemos observar, estos países que tienen una sólida independencia judicial, también participan sujetos políticos21 en sus respectivos procedimientos de designación de magistrados, y es justamente aquí donde vale la pena preguntarnos: si los procedimientos no son realmente tan diferentes ¿cómo es que estos países tienen un buen nivel de independencia judicial?

Los procedimientos de designación de altos jueces alrededor del mundo son muy similares. Al que debemos reprochar es el de Bolivia, cuya Constitución22 indica que los magistrados del Tribunal Supremo serán elegidos mediante el sufragio universal; a la Asamblea Legislativa le corresponde preseleccionar, votar y remitir al cuerpo electoral para la selección final a los candidatos.23

Podría argumentarse que el actual procedimiento de designación es correcto, pues en él sí se garantiza la división de poderes al incluir al presidente, mediante la formulación de la terna de candidatos, y al legislativo, a través de la votación a favor de uno de éstos. La realidad, no obstante, demuestra lo contrario. Urge esta discusión e incluir a la sociedad civil para que su participación pueda verse materializada y sea un verdadero contrapeso o, al menos, sus preocupaciones valgan dentro del Senado.

Óscar Leonardo Ríos García. Abogado por la Universidad Marista de Mérida.


1 Falta la tercera y última terna para ocupar la silla que dejará el ministro José Fernando Franco González Salas.

2 Las candidatas propuestas en la primera terna de AMLO son: Yasmín Esquivel Mossa, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf, en orden de comparecencias del pasado 4 de marzo de 2019.

3 Tan es así, que en Twitter surgió el hashtag #RechacenLaTerna

4 Artículo 96.

5 Forzosamente tendrá que ser una de las personas que se encuentran dentro de dicha terna.

6 Javier Martín Reyes ya ha escrito en este mismo espacio sobre la misma premisa: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4431

7 Para poder observar el comportamiento de las votaciones de los ministros, recomiendo la siguiente obra: Andrea Castagnola; Saúl López Noriega (editores), “El rol de la Suprema Corte en la consolidación democrática de México”, Tirant Lo Blanch, México, 2016.

8 Cuando hizo pública la primera terna.

9 Además, dicha justificación debe hacerse pública para el conocimiento de todos.

10 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recordemos que este ordenamiento jurídico es una de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción de mayo de 2015.

11 Amparo Indirecto 589/2018, Juzgado 8° de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial.

12 Es importante mencionar que, esta sentencia de amparo no se ha cumplido.

13 La sentencia indica lo siguiente: “señalando en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas…”Amparo Indirecto 589/2018 del Juzgado 8vo de Distrito en materia administrativa del Primer Circuito Judicial, pág. 86. Aquí la sentencia: http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Sentencia-5892018.pdf

14 Sería importante definir si basta nada más con una sola justificación por parte de la Comisión de Justicia del Senado, o una justificación por cada Senador que participe en la designación. Geraldina González de la Vega propuso esto extraordinariamente en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4431.

15 The Global Competitiveness Report 2018, pág. 393.

16 Finlandia obtuvo el primer lugar en independencia judicial en el Reporte Global de Competitividad 2018.

17 Para su consulta: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1918/en19180074.

18 Países Bajos obtuvo el cuarto lugar en independencia judicial en el Reporte Global de Competitividad 2018, pág. 425.

19 Constitución de los Países Bajos. Para su consulta: https://wipolex.wipo.int/es/text/191759

20 Artículos 20 y 23 del Acta de la Suprema Corte de 2003. Para su consulta en: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0053/latest/DLM214028.html

21 Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

22 En su artículo 182.

23 Voto de dos tercios de los miembros presentes.

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Considerar a los animales como sujetos de derecho es uno de los tantos temas que día con día va evolucionando dentro del mundo jurídico. En este espacio ya he escrito algo similar con anterioridad respecto la constitucionalidad de las corridas de toros.1 Las corridas de toros son un ejemplo del debate al respecto, aunque cabe recalcar que en dicho proyecto de sentencia relacionado con la tauromaquia, el cual fue elaborado por el ministro González Salas, no se reconocía como tal un derecho al toro como animal por considerarse un ser vivo, sino que la prohibición de las corridas de toros se ancla en la premisa argumentativa fundamental de que el Estado debe garantizar el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4° constitucional.2

De esta manera, el pasado 31 de octubre, la Primera Sala abordó nuevamente un tema de constitucionalidad que proviene de un singular amparo: las peleas de gallos. El amparo en revisión 163/2018, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, contiene argumentos bastante interesantes respecto de los derechos de los animales y del derecho humano a la cultura. Este debate inicia debido a la promoción de un amparo indirecto en el cual se señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión y al Gobernador del estado de Veracruz. El primero fue señalado por las reformas realizadas a la Ley de Protección de Animales para el estado de Veracruz; mientras que el segundo por su promulgación. El objeto de la reforma fue la de prohibir expresamente las peleas de animales.3 Esto ocasionó que una persona moral solicitara la protección de la Suprema Corte al sentirse vulnerada en sus derechos.

Los conceptos de violación expresados por la quejosa fueron varios,4 pero para efectos del presente artículo me enfocaré en los que llamaron más mi atención, y los que considero pertinentes para ampliar el debate relativo a los derechos de los animales. Uno de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa fue “que no afectaba la preservación animal”.5 En este punto ella argumentó que: “las peleas de gallos de ningún modo ponen en peligro la preservación de estos animales. Por el contrario, la realización de esta clase de espectáculos propicia la existencia de criadores especializados que cuidan de estas aves desde su nacimiento crecimiento, madurez y reproducción.”6 Respecto del “derecho a la cultura”, la quejosa argumentó que:

Las peleas de gallos son un espectáculo público que, por tradición, se realiza en las fiestas patronales del Estado. En este sentido, al reformar la Ley de Protección a los Animales, el legislador omitió considerar los usos, costumbres y tradiciones de Veracruz, entre las que se encuentran precisamente las peleas de gallos.7

Resulta interesante el argumento que el Juez de Distrito utilizó para declarar infundado este último concepto de violación. La premisa del Juez se basaba simple y llanamente en que,

…si bien es cierto que el artículo 4° constitucional establece el derecho al acceso, promoción, difusión, respeto y protección a la cultura, este derecho no es absoluto y tiene ciertos límites, y que si el legislador consideró necesario prohibir las peleas de animales para proteger el derecho al medio ambiente (consagrado en el mismo artículo constitucional), es claro que la prohibición reclamada no transgrede el derecho a la cultura.

Para resolver el fondo, el ministro Zaldívar realizó un test de proporcionalidad analizando los agravios en torno al derecho a la cultura, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad. Decidió estructurarlo así, ya que de esa manera se permitiría dar respuesta a otros argumentos secundarios alegados por la quejosa. Independientemente de lo anterior, me enfocaré solamente en los argumentos vertidos sobre el derecho de los animales y el derecho humano a la cultura. En esta línea, el ministro Arturo Zaldívar sostuvo desde el principio que el argumento de la quejosa era infundado, pero no por las razones vertidas por el Juez. En un primer momento, debemos entender que, para este caso en concreto, debemos conocer y entender como “cultura” al derecho a participar en la vida cultural.8Lo anterior proviene de la Observación General N° 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual se menciona que una de las facetas del derecho a la cultura, debe verse como una libertad de participar e incursionar libremente y de manera individual y colectiva en diversas actividades culturales.9

En un segundo momento, fue consultada la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en la cual se puede ver en su preámbulo que:

la cultura debe ser considerar como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

Tomando esto en cuenta, el problema que identificó el ministro Zaldívar consistía en determinar si cualquier manifestación cultural debe ser tutelada por la Constitución mexicana, la cual contempla un conjunto y una diversidad de principios y valores democráticos del pluralismo de la sociedad. Y, con base en lo anterior, me atrevo a decir que volvemos a la premisa de que ningún derecho humano es absoluto y, por lo tanto, tienen límites. El mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que en ciertas circunstancias se pueden imponer limitaciones al derecho a participar en la vida cultural cuando se trate, por ejemplo, de prácticas negativas aun cuando se involucren las costumbres y tradiciones o cuando se atente contra derechos humanos.10

Ahora bien, aquí empiezan a relacionarse el derecho a la cultura y los derechos de los animales. Lo interesante, y sobre todo relevante aquí, es que, a diferencia del amparo de las corridas de toros, en el amparo relativo a las peleas de gallos sí se tomó en consideración los derechos de los animales como guía para una decisión judicial. Lo anterior es así, ya que después de examinar el asunto, se determinó que no existe una afectación directa hacia las  personas, pero sí a los animales. La sentencia del ministro Zaldívar demuestra que la Primera Sala entiende perfectamente que las peleas de gallos representan en sí una expresión cultural, pero que no son una expresión cultural digna de protección constitucional11 ya que, prácticamente, se trata de un duelo a muerte entre animales.

Por lo tanto, si bien se reconoce el derecho a la cultura como un derecho para ser libre de participar en las actividades culturales, ya sean individuales o colectivas, prevalece el deber del club de la Constitución de respetar y garantizar el derecho de los animales. Esto es debido a que las peleas de gallos, aunque se consideren como una actividad cultural, justo como alegaba la empresa quejosa, no cuentan con protección constitucional, tal y como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte. Como bien dice esta decisión: “En este sentido, cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparado ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución”.12

Oscar Leonardo Ríos García. Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida.


1 Oscar Leonardo Ríos García, “La constitucionalidad de las corridas de toros”, El Juego de la Suprema Corte.

2 Amparo en revisión 630/2017, p. 16.

3 Tal y como indica el artículo 3° de la Ley.

4 En realidad, son muy parecidos a los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en el amparo de las corridas de toros. Entre ellos son: i) derecho a la libertad de trabajo; ii) incompetencia del Congreso Local para legislar en materia ambiental; iii) igualdad y no discriminación (entre otros).

5

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Amparo en revisión 163/2018.

7 SCJN Amparo en revisión 163/2018, p. 7.

8 Lo anterior de conformidad con el artículo 15.1, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

9 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 27.

10 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 31.

11 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 32.

12 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 33.

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“the block button on Twitter is unconstitutional”

La era digital contiene una larga lista de temas en los que se encuentra relacionado el derecho, desde la privacidad en el entorno digital,1 la regulación del ciberespacio, la propiedad intelectual, los delitos cibernéticos y, desde luego, la libertad de expresión (entro muchos otros).

Hace unos días un tribunal federal de Estados Unidos resolvió una demanda en la que se sujetaba una litis de completa novedad y relevancia: el bloqueo de ciertos usuarios en Twitter por parte del presidente Donald J. Trump. En México ha sucedido algo similar. En septiembre de 2017, un Juez de Distrito dictó una sentencia en la cual el litigio se basaba en el bloqueo que realizó el presidente municipal de Nogales, Sonora, a un usuario de Twitter.2

A casi nueve meses de dicha sentencia, el tema volvió a tomar relevancia y a sonar dentro del campo de los juristas derivado de lo que resolvió recientemente la Juez de Distrito en Nueva York, Naomi Reice Buchwald.

En su momento, derivado de la decisión que dictó el Juez Quinto de Distrito en Sonora condenando al edil municipal de Nogales a desbloquear al ciudadano que decidió ampararse, escribí un análisis de dicha sentencia.3 Sin embargo, la sentencia del tribunal federal estadounidense contiene ciertos aspectos que enriquecen aún más estos criterios judiciales.

Es importante mencionar que la controversia que se presentó en contra del presidente de Estados Unidos fue promovida por la Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, conjuntamente con los ciudadanos que fueron bloqueados por Donald Trump en Twitter. Dicho instituto fue fundado en 2016, y desde entonces se dedica a proteger la libertad de expresión a través del litigio estratégico con un especial énfasis en los retos que implica para la libertad de expresión la era digital.4

Como dato curioso, la sentencia contiene un apartado que analiza la legitimación de la Knight First Amendment Institute para la procedencia del juicio. Así, el sistema jurídico americano establece que cuando una persona jurídica demanda en su propio nombre, esta debe satisfacer ciertos requisitos individuales para su legitimación.5 En ese sentido, uno de los requisitos exigidos es que ésta acredite contar con un interés jurídico6 y, para acreditarlo, argumentó únicamente como agravio personal y directo la imposibilidad de poder leer las respuestas directas de los twits del presidente Trump que podrían hacer los demandantes bloqueados; imposibilidad derivada del bloqueo realizado por el mandatario americano. Por tanto, si estos fuesen desbloqueados, el instituto podría leer las respuestas directas a los twits del presidente. Por lo anterior, la juez Reice determinó que sí tenía legitimación dicho instituto.7

Uno de los puntos fundamentales que contiene la sentencia, consiste en que se determinó a la plataforma de Twitter como un espacio interactivo en la que los usuarios pueden participar directamente con el contenido publicado por el presidente; lo anterior fue analizado bajo la doctrina de “espacio público”. Al ser considerado Twitter como espacio público resultó inconstitucional bloquear a los demandantes solamente por no compartir las mismas ideas políticas del mandatario Trump, lo cual constituye un acto de discriminación vulnerando directamente la primera enmienda de la Constitución estadounidense. De igual forma, es importante mencionar que la juez Reice no compartió el argumento de los abogados de Trump, consistente en que la primera enmienda no era aplicable a dicho caso, ya que los intereses del mandatario contenidos en la multicitada enmienda, sobrepasaban los intereses de los demandantes. Argumento que fue rechazado.

Lo anterior también fue resuelto por el Juzgado Quinto de Sonora, ya que el edil municipal argumentaba que su cuenta de twitter era de carácter privado; argumento que el juzgador federal desestimó ya que compartía a través de su cuenta información de interés público. Lo cual tenía completa relación con su actuar como edil municipal, ya que el ejercicio de cargos públicos por su relación con la cosa pública es de interés social.8

Es decir, que los funcionarios públicos se encuentran a un escrutinio mayor en cuanto a su actuar, a diferencia del ciudadano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo mismo:

En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no sólo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.9

Al final de la sentencia, la juez Reice compartió lo que en su momento se estableció en el caso Marbury Vs. Madison: “La competencia y el deber del Poder Judicial es decir enfáticamente lo que es la ley” y, por lo tanto, el bloqueo en Twitter por parte del presidente Donald Trump es inconstitucional conforme a la primera enmienda.

No obstante, los efectos de dicha sentencia fueron muy diferentes a los que ordenó el juez de amparo en el caso de Nogales, ya que en el caso mexicano el Juez de Distrito decidió restituir al quejoso en sus derechos ordenando al presidente municipal a desbloquearlo de su cuenta twitter. Por su parte, si bien la Juez Reice realizó una manifestación importantísima avalando el sistema de pesos y contrapesos en los Estados Unidos estableciendo que: “Ningún servidor público está por encima de la ley, y se presume que estos deben seguir la ley una vez que el Poder Judicial ha establecido lo que es la ley; por lo tanto, asumimos que el Presidente y Scavino10 remediarán el bloqueo que hemos sostenido inconstitucional”.11

Óscar Leonardo Ríos García. Abogado por la universidad Marista de Mérida y escribo para el Diario de Yucatán, La Jornada Maya, Derecho en Acción del CIDE, The Mexican Times y la revista El Mundo del Abogado.


1 Pablo García Mexía, “Derechos y libertades, internet y TIC”, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 21.

2 Ya se ha escrito sobre dicho tema en estas mismas páginas. Comparto aquí el artículo de Juan Jesús Garza Onofre y el de Ixchel Daniel Martínez.

3 Oscar Leonardo Ríos García, “Los Derechos y las Redes Sociales”, El Mundo del Abogado, 05 de mayo de 2018.

4 https://knightcolumbia.org/content/faq

5 Knife Rights, Inc. Vs. Vance.

6 La sentencia lo define como: “To establish injury in fact, a plantiff must show that he or she suffered an invasión of a legally protectec interest that is concrete and particularized and actual or inminente, not conjectural or hypothetical”.

7 Case 1:17-cv-05205-NRB Document 72 Filed 05/23/18 Page 36.

8 Amparo indirecto 216/20187-VI, pág. 34.

9 Corte IDH, Fontevecchia y D’amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 29 de noviembre de 2011, párr. 47.

10 Daniel Scavino es el Director de Medios Sociales en la Casa Blanca. Fue demandando también ya que éste es quien controla la cuenta de Twitter de Donald Trump.

11 Case 1:17-cv-05205-NRB Document 72 Filed 05/23/18 Page 74.

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En el mundo existe una gran diversidad de temas que se prestan al debate público. La tauromaquia es uno de ellos. Desde hace años se han encontrado posturas a favor y en contra sobre esta actividad; muchos la consideran como una tradición o como una cultura (en España, por ejemplo); otros la definen más como un deporte o un arte. Mientras que varios grupos de activistas e incluso personajes políticos han considerado esta actividad como una cruel tradición, una actividad violenta, denigrante y que pone en peligro el medio ambiente.

Así, el debate de las corridas de toros llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde su Segunda Sala resolverá este tema. El ministro José Fernando Franco González Salas elaboró el proyecto de sentencia del amparo en revisión 630/2017. Este artículo utiliza dicho proyecto para hacer un análisis de los principales argumentos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las corridas de toros.

La controversia legal empezó cuando una persona moral (empresa) promovió un amparo indirecto en Coahuila contra un decreto que reformó los artículos 20, 86 y 89 la Ley de Protección y Trato Digno de los Animales para el estado de Coahuila. El juez de distrito correspondiente sobreseyó el juicio de amparo por falta de interés jurídico ya que son normas de naturaleza heteroaplicativa y no se acreditó su aplicación.1 En respuesta, la quejosa promovió la revisión argumentando lo siguiente:

La negativa del amparo contraviene lo dispuesto en el artículo 5° en relación con el 14 de la Constitución, puesto que el diverso 20, fracción XIV, de la Ley de Protección y Trato Digno de los Animales para el Estado de Coahuila sí es violatorio del derecho a la libertad de trabajo de la quejosa que, además, pretende aplicarse retroactivamente.2

Contrario a lo que determinó la resolutora federal, la actividad que realiza la inconforme estaba permitida por la ley en términos de su artículo 20, por lo que no afecta derechos de terceros ni de la sociedad en general, tan es así que la venía desarrollando de manera regular con los permisos administrativos correspondientes, por lo que es un error que se pretenda tazar la licitud de la actividad a partir de la ley que se reforma y las prohíbe, cuando debía analizarse a la luz de la ley vigente en la fecha en que la quejosa adquirió el derecho a dedicarse a esa actividad; y, al no hacerse así, constituye una aplicación retroactiva de la ley, en contravención al artículo 14 constitucional.3

Es incorrecta la afirmación de la a quo, puesto que no se ha demostrado que las corridas de toros generen violencia en la sociedad o que puedan transmitir valores negativos, porque nadie asiste forzado a ese tipo de espectáculos.4

Es incorrecta la consideración de la a quo formulada en el sentido de que con el acto reclamado se atiende al interés social a efecto de garantizar un medio ambiente sano en términos del artículo 4º constitucional porque, contrario a ello, esa finalidad no se alcanza dado que si bien se pretende la preservación y conservación de todas las especies animales que cohabitan con el hombre, no se logra al permitir las peleas de gallos y la caza deportiva.5

Puede apreciarse, entonces, que la empresa considera que el decreto que intenta combatir le causa perjuicio en aspectos económicos y laborales al vulnerar su derecho a la libertad laboral que contempla el artículo 5° constitucional. Dicha reforma impediría que continúen realizando la actividad que les proviene de sustento económico. De manera similar, argumentan que lo anterior vulneraría también lo establecido en el artículo 14° constitucional por la aplicación retroactiva de la ley. No obstante, el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció por la firmeza de los sobreseimientos dictados por el Juez de Distrito, ya que la publicación de dicho decreto no causa una afectación a la esfera jurídica de la empresa, además de actualizarse las causales de improcedencia establecidas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.6

De esta manera, el ministro Franco divide el estudio del presente amparo en tres puntos:

1) Facultad del Congreso para legislar en materia de trato digno y respetuoso a animales

2) Si la reforma vulnera el principio de no retroactividad de la ley; y

3) Si dicha prohibición transgrede el principio de igualdad, en relación con el derecho al comercio, en perjuicio de la quejosa.

En ese orden de ideas, el primer punto toca un aspecto de completa trascendencia y ocurrencia argumentativa, tomando en consideración el argumento de la empresa consistente en la violación al derecho de la libertad laboral consagrado en el artículo 5° constitucional. Esto se debe a que el acto reclamado no es una facultad legislativa del Congreso de Coahuila y la libertad de trabajo solo puede ser prohibida mediante determinación judicial o resolución administrativa.7 Con ello, el derecho humano a la libertad de trabajo consiste en el derecho que tiene todo individuo de elegir la ocupación que más le convenga y guste, siempre y cuando ésta sea lícita.

Lo anterior, se traduce únicamente en que el acto reclamado por la empresa no constituye una determinación judicial o administrativa que restrinja o limite el derecho humano a la libertad de trabajo de ésta misma empresa, sino que es simple y sencillamente el ejercicio de la facultad legislativa del Congreso de estado de Coahuila para emitir leyes en materia ambiental.8 Aquí es donde viene el argumento importante:

Es así, puesto que la prohibición decretada deriva de que el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su función de emitir leyes en esa materia, determinó de una manera general, impersonal y abstracta, prohibir las corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos, el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos, así como las tientas; al considerar que con su práctica se afectan derechos de la sociedad en general, quien está interesada en el cuidado y respeto a los animales, lo que atiende al derecho fundamental a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 constitucional.9

El argumento del ministro González Salas se basa en la premisa fundamental de tutelar derechos económicos, sociales y culturales como es el derecho al medio ambiente sano. Con esto, lo que pretende el ministro no es otorgar el amparo por proteger un derecho colectivo que está completamente relacionado con la sociedad en general, que sería el de cuidado y respeto a los animales, sin dar una oportunidad a contemplar y analizar si los animales son titulares y/o puedan gozar o no de ciertos derechos en sí.

De manera contraria, resultó infundado e inoperante el argumento de la empresa consistente en que el Congreso de Coahuila carece de facultades legislativas para emitir leyes en materia ambiental. Ya que existe una competencia concurrente entre el Congreso de la Unión y los Congresos estatales para legislar sobre el medio ambiente. Esta competencia concurrente se fundamenta en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución. De igual forma, el artículo 4° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece la distribución de competencia entre federación, estados y municipios;10 al igual que el artículo 7° del mismo ordenamiento jurídico que faculta a las entidades federativas para formular y conducir la política ambiental para la preservación y restauración del equilibrio ecológico –aunado a los artículos 10 y 87 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre para adoptar medidas de trato digno y respetuoso a los animales. Por lo anterior, los argumentos esgrimidos por la empresa resultaron infundados respecto de la violación a la libertad de trabajo y de la facultad legislativa del Congreso de Coahuila; respecto esto último, el estado de Coahuila sí se encuentra facultado para legislar sobre la prohibición de las corridas de toros. Respecto al segundo punto del estudio, la empresa argumentó que:

[…] en el que la quejosa recurrente señala que la actividad que realizaba estaba permitida por la ley en términos de su artículo 20, por lo que no afecta derechos de terceros ni de la sociedad en general, tan es así que la venía desarrollando de manera regular con los permisos administrativos correspondientes.

En ese sentido, afirma que es erróneo que se pretenda tazar la licitud de la actividad a partir de la ley que se reforma y las prohíbe, cuando debía analizarse a la luz de la vigente en la fecha en que la quejosa adquirió el derecho a dedicarse a esa actividad y, al no hacerse así, se contraviene el artículo 14 constitucional.11 [Énfasis propio]

Ante este punto, el ministro González Salas hace un interesante análisis sobre el derecho de no retroactividad consagrado en el artículo 14° de la Constitución. El análisis que realiza el ministro es una diferenciación sobre lo que implica el derecho entre la “retroactividad de la ley” y “la aplicación retroactiva de la ley”. Por la primera debe entenderse en “estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos” y por la segunda “la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes”.12

De lo anterior, podemos concluir que la “…ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior”.13 A partir de esto, debemos analizar la fracción y el artículo reformado para sacar una conclusión sobre si se configura o no una vulneración al artículo 14 constitucional:

Artículo 20.- Queda prohibido en el Estado de Coahuila de Zaragoza por cualquier motivo:

XIV.- Las corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos; el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos, así como las tientas;

Resulta, entonces, que la entrada en vigor del decreto impugnado no causa ningún perjuicio ni vulneración al artículo 14° constitucional, ya que

…los particulares no tienen derechos adquiridos a que las actividades que realizan, ya sea para la prestación de un servicio o la explotación de una concesión, con motivo de un permiso administrativo, o cualquiera de naturaleza similar, se mantengan intactas frente al interés público, por lo que la explotación de las actividades de la quejosa no conforman un ámbito material sobre el cual pueda proyectarse el principio de no retroactividad.14

De igual forma, el ministro González Salas declaró infundado el argumento de la quejosa al considerar que

debe concluirse que respecto de aquellos actos administrativos, como a los que hace referencia la recurrente, que otorgan derechos en el sentido de operar en actividades que pudieran afectar el medio ambiente, no pueden dar nacimiento a derechos adquiridos, ya que las leyes, variables de tiempo en tiempo, pueden regular las actividades de los particulares para proveer al bien común.15

Por último, respecto al tercer punto del estudio de fondo, la quejosa argumentaba que el decreto  vulneraba el principio de igualdad, puesto que prohibir las corridas de toros establecía un trato diferenciado que les perjudicaba. El espíritu de esta ley que prohíbe la tauromaquia está basado en que deben suprimirse los espectáculos en los que se trasmitan valores negativos a la sociedad como la violencia. Con esa línea de pensamiento, la empresa quejosa argumentó en la demanda de amparo que debían prohibirse, de igual forma, todos aquellos eventos deportivos y otros espectáculos que involucran el uso de animales; además de otros eventos deportivos como el box, la lucha libre, el futbol americano, el hockey sobre hielo, el rugby, las peleas de gallos, las carreras de caballos y la charrería.16 Bajo esta premisa, la empresa hizo valer que lo procedente era, entonces, prohibir todos los deportes y actividades violentas, e incluso –dato curioso– los programas de radio y de televisión, así como videojuegos que contengan hechos de violencia, puesto que al  prohibir únicamente las corridas de toros resultaría una medida desproporcional e irracional.

Lo relevante aquí es la relación que hace la sociedad al argumentar que la violación a este trato diferenciado tiene una completa y total interdependencia entre el principio de igualdad en relación con la actividad comercial realizada, ya que el mismo artículo 5° de la Constitución contiene implícito el derecho de igualdad de trato ante la ley.17 Por ello, la quejosa argumenta que el acto reclamado resulta violatorio de los artículos 1° y 13, en relación con el 5° de la Constitución, al no justificar el trato diferenciado entre la prohibición de las corridas de toros y la permisión de otras actividades similares.18 Sin embargo, el proyecto indica que dicha prohibición tiene un estándar de “necesidad”, entendiendo esto como la validez de establecer que la restricción a la libertad de comercio para celebrar corridas de toros es necesaria; esto es basado en el artículo 4° constitucional que tiende a tutelar el orden público y el interés social tendiente a proteger y brindar un trato digno a los animales.19

Un aspecto interesante del proyecto es la investigación de derecho comparado sobre el tema de la prohibición de las corridas de toros. En Colombia, por ejemplo, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia emitió sentencia en la acción pública de inconstitucionalidad C-1192/05, en la que se demandó la inexequibilidad de diversos artículos de la Ley 916 de 2014, por la que se establece el Reglamento Nacional Taurino, cuya finalidad fue preservar el carácter artístico de la fiesta brava. En dicha resolución, la Corte Colombiana determinó que

…las corridas de toros y en general los espectáculos taurinos, corresponden a una manifestación viva de la tradición espiritual e histórica de los pueblos iberoamericanos, como lo es Colombia, y por lo mismo, forma parte del patrimonio intangible de nuestra cultura, especialmente protegida por la Constitución, que como tal puede ser definida y regulada por el legislador.

No obstante, dicha Corte consideró ajustada a la Constitución la imposibilidad de que los menores de diez años de edad asistieran por sí mismos a los espectáculos taurinos; sobre la base de que dicha limitante no afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la cultura, la recreación y la educación.20 Otro ejemplo es que “…en España, a través de una iniciativa legislativa popular, en Cataluña se presentó una propuesta de ley a efecto de prohibir las corridas de toros en esa región autónoma, que fue aprobada por el Parlamento Catalán, dando lugar a la Ley 28/2010”.21

Entonces podemos concluir que el proyecto elaborado por el ministro González Salas propone reconocer la constitucionalidad del decreto que reforma la Ley de Protección y Trato Digno de los Animales para el estado de Coahuila que prohíbe las corridas de toros, bajo el argumento de que el Estado garantiza el derecho humano colectivo al medio ambiente sano, establecido en el artículo 4° Constitucional, y no principalmente por los derechos que le correspondan al toro como animal y ser vivo. Con ello, permitir las corridas violaría disposiciones de orden público e interés social.

La última consideración es que el pasado miércoles 29 de noviembre de 2017 la Segunda Sala iba a discutir el proyecto, pero la empresa se desistió del amparo. Olé.

Oscar Leonardo Ríos García. Abogado por la universidad Marista de Mérida y escribo para el Diario de Yucatán, La Jornada Maya, Derecho en Acción del CIDE, The Mexican Times y la revista El Mundo del Abogado


1 Amparo en revisión 630/2017 pág. 3.

2 Amparo en revisión 630/2017 pág. 10

3 Ídem.

4 Amparo en revisión 630/2017 pág. 12

5 Ídem.

6 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

7 Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

8 Amparo en revisión 630/2017 pág. 16.

9 Ídem.

10 Artículo 4.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

11 Amparo en revisión 630/2017 pág. 29.

12 Amparo en revisión 630/2017 pág. 31.

13 Amparo en revisión 630/2017 pág. 33.

14 Amparo en revisión 630/2017 pág. 33.

15 Amparo en revisión 630/2017 pág. 35.

16 Amparo en revisión 630/2017 pág. 37.

17 Amparo en revisión 630/2017 pág. 38.

18 Amparo en revisión 630/2017 pág. 40.

19 Amparo en revisión 630/2017 pág. 77.

20 Amparo en revisión 630/2017, pág. 87.

21 Ídem.

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