En tan sólo seis días, Estados Unidos recibió dos golpes importantes en el plano jurídico internacional. Por un lado, el viernes 28 de septiembre, el Estado de Palestina presentó una demanda en su contra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) argumentando violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, como consecuencia del traspaso el pasado 14 de mayo de la Embajada de EUA de Tel Aviv a Jerusalén.1 Menos de una semana después, el miércoles 3 de octubre, la misma CIJ ordenó a Estados Unidos adoptar medidas provisionales en el contexto de la demanda que presentó la República Islámica de Irán en contra de ese país el pasado 16 de julio, invocando violaciones al Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, concluido entre ambos Estados en 1955; en particular, eliminar ciertos impedimentos comerciales impuestos a través de las medidas unilaterales anunciadas por EUA el pasado 8 de mayo en contra de Irán.2

Como era de suponer, las reacciones agresivas y viscerales de Estados Unidos ante estos desarrollos en la CIJ no se hicieron esperar. El mismo miércoles 3 de octubre, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció en conferencia de prensa la “terminación” del Tratado de Amistad de 1955 con Irán.3 Ese mismo día, John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, también en conferencia de prensa, refrendó lo dicho por Pompeo, añadiendo el retiro de EUA del protocolo opcional sobre la resolución de disputas de la Convención de Viena de 1961. Aprovechó la oportunidad para atacar a la Corte llamándola “politizada e inefectiva”, por lo que se iniciará un proceso de revisión de todos aquellos tratados internacionales de los que Estados Unidos sean parte que le otorguen jurisdicción a la CIJ para la solución de controversias.4 Nada sorprendente hay en estas declaraciones, especialmente si se toma en cuenta que Bolton siempre se ha caracterizado por reiterar que la ONU “no sirve”,5 o que la Corte Penal Internacional es un tribunal “ilegítimo” que está “muerto para los Estados Unidos”, como señaló en septiembre pasado.6

Lo menos que se puede decir de estas acciones es que son congruentes con una política exterior que sistemáticamente violenta el orden jurídico internacional y que atenta en cada oportunidad contra el multilateralismo. Ejemplos hay muchos: desde el bombardeo unilateral en abril de 2017 contra bases militares en Siria sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU),7 pasando por el anuncio en junio de 2017 de la denuncia del Acuerdo de París,8 su retiro de la UNESCO en octubre de 2017,9 la disociación en diciembre de 2017 del Pacto Mundial sobre la Migración de la ONU,10 o la salida en junio pasado del Consejo de Derechos Humanos,11 por citar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre estas acciones y los recientes ataques a la Corte Internacional de Justicia. Las primeras, independientemente de su dosis de desdén hacia la comunidad internacional, reflejan posicionamientos políticos con los que se puede estar o no de acuerdo; mientras que las acciones tomadas la semana pasada respecto de la CIJ claramente tienen por objeto impedir en la medida de lo posible que EUA rinda cuentas por sus acciones y, sobre todo, que deje de honrar impunemente los compromisos que ha adquirido de conformidad con el derecho internacional.

La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 92 de la Carta de la ONU. Su función es “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas”12 por los Estados. Existen tres mecanismos mediante los cuales los Estados pueden aceptar la jurisdicción de la CIJ a fin de que ésta pueda resolver controversias que surjan entre ellos: i) mediante una declaración general de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte para cualquier disputa, de conformidad con el Artículo 36 de su Estatuto; ii) mediante un acuerdo especial entre las partes, en donde éstas deciden de común acuerdo someter una disputa específica a la Corte o; iii) mediante la inclusión de llamadas “cláusulas de jurisdicción” en tratados internacionales, en donde las partes del instrumento en cuestión aceptan que las controversias que surjan respecto del mismo puedan ser sometidas a la CIJ para su solución. Actualmente, sólo 73 Estados miembros de Naciones Unidas, México incluido, han presentado declaraciones aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte.13 Sobra decir que Estados Unidos no es uno de ellos.

Los intentos de los EUA por evadir la jurisdicción de la Corte tampoco son nuevos. En 1946, en los albores de la ONU, el presidente Harry Truman presentó la declaración aceptando la jurisdicción de la Corte.14 No obstante, ésta fue retirada en 1986 después de la emisión del fallo condenatorio en el caso presentado por Nicaragua a causa de las actividades militares y paramilitares de los Contras, orquestadas por EUA en su territorio.15 Los encabezados de periódicos de aquella época eran muy similares a los de ahora.16

México no ha sido ajeno al desprecio de EUA frente a la Corte Internacional de Justicia. El 9 de enero de 2003, el Estado mexicano demandó a los Estados Unidos ante la CIJ por violaciones al llamado derecho de asistencia consular contenido en el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en 54 casos de mexicanos condenados a pena de muerte.17 El caso presentado por México fue el tercero llevado a la CIJ en contra de EUA, después de Paraguay en 199818 y Alemania en 1999,19 por los mismos conceptos de violación. La base de jurisdicción de la Corte en todos estos casos fue el Artículo 1 del Protocolo Opcional de la Convención de Viena de 1963, del cual todos las Estados involucrados eran partes. Hasta que vino el fallo condenatorio del Caso Avena el 31 de marzo de 2004. Fue entonces que EUA denunció dicho Protocolo a fin de evitar que pudiese haber nuevos casos traídos en su contra por violaciones al derecho de asistencia consular que, hasta entonces, parecían recurrentes.20 Coincidentemente, esto sucedió en 2005, bajo la administración de George W. Bush, unos cuantos meses antes de que John Bolton fuese nombrado Embajador ante la ONU. Basta revisar el libro de Philippe Sands intitulado Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules, publicado ese mismo año, para constatar que en aquel entonces privaba un patrón de descrédito al derecho internacional muy similar al que existe ahora.

Cabe destacar que hoy, casi 15 años después de emitido el fallo, EUA sigue sin cumplir con las obligaciones impuestas por la CIJ a favor de México, en particular, la revisión y reconsideración por medios de su propia elección de los expedientes de aquellos mexicanos condenados a pena de muerte a quienes les fue negado el derecho de asistencia consular.21 Y lo que es peor todavía, en Texas se siguen ejecutando a mexicanos amparados bajo el fallo Avena, la última ejecución siendo del pasado 8 de noviembre de 2017, sumando hasta ahora 5 nuevas violaciones de derecho internacional.22

Existe un factor clave que le permite a EUA mantenerse impune ante las sentencias condenatorias de la CIJ. El Artículo 94(2) de la Carta de la ONU establece que “si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.” Dicho de otra manera, el Consejo de Seguridad es el órgano ejecutor de los fallos de la CIJ en casos de incumplimiento. Para que esto ocurra, se necesita que, en efecto, el CSONU adopte medidas dirigidas a aquel Estado que ha incumplido con una sentencia de la Corte a fin de persuadirlo a cumplir con sus obligaciones internacionales. Las decisiones del CSONU se adoptan con una mayoría de 9 votos a favor, incluyendo “los votos afirmativos de todos los miembros permanentes”.23 Ésta última formulación es la que se conoce como el famoso “derecho de veto” de los cinco miembros permanentes del CSONU, entre los que obviamente se encuentra EUA. Por lo tanto, Estados Unidos sabe que, de no cumplir de buena fe con los fallos de la Corte, que son jurídicamente vinculantes, no habrá decisiones adoptadas en su contra por parte del CSONU.

Aun cuando volvemos a ser testigos del desparpajo con el que una potencia mundial se jacta de su poder para denostar sus obligaciones internacionales, lo cierto es que resulta innegable el inmenso valor que tienen las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en el derecho internacional y en la conducta de los Estados en el mundo entero. Tan sólo en la última década se han presentado más de 20 nuevos casos contenciosos ante la CIJ, provenientes de todas las regiones del planeta y los casos de incumplimiento de fallos siguen siendo una notable minoría. Esto corrobora no sólo el importante papel que desempeña la Corte en la solución pacífica de controversias, sino el respeto que los Estados le profesan. Por eso es que ahora, cuando la Corte vuelve a estar bajo ataque, resulta fundamental que la comunidad internacional alce la voz en defensa del estado de derecho y de la solución pacífica de las controversias por medio de la razón y la justicia, nunca por la fuerza.

Quizás volvamos a ver juicios llevados en rebeldía, como sucedió con Nicaragua en los años 80, teniendo ahora como protagonistas a Irán y a Palestina. Quizás volvamos a tener sentencias de la Corte que son despreciadas e incumplidas. En todo caso, lo importante será recordar que la mejor opción siempre será recurrir a una corte de derecho para dirimir una disputa; que las sentencias de la CIJ seguirán marcando la pauta de un orden global basado en la legalidad y la justicia; y que la impunidad jamás legitima los abusos de los poderosos, al contrario, los aísla y los exhibe como lo que son. Finalmente, los ataques a la Corte Internacional de Justicia representan precisamente eso: el reconocimiento implícito de que ante la falta de argumentos jurídicos sólo queda el recurso a los insultos.

Pablo Arrocha Olabuenaga. Licenciado en derecho por la UNAM; maestro en derecho internacional público por University College London. Desde 2012 es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no representan una posición oficial del gobierno de México.


1 Ver “The State of Palestine institutes proceedings against the United States of America”.

2 Ver “Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”.

3 Ver “Pompeo announces termination of 1955 treaty with Iran after sanctions ruling”.

4 Ver “U.S. withdraws from international accords, says U.N. world court ‘politicized’”.

5 Ver “The UN doesn’t work. Here’s a fix”.

6 Ver “Trump official John Bolton declares International Criminal Court ‘dangerous’ and ‘dead to’ America”.

7 Ver “Dozens of U.S. Missiles Hit Air Base in Syria”.

8 Ver “Trump Will Withdraw U.S. From Paris Climate Agreement”.

9 Ver comunicado “The United States Withdraws From UNESCO”.

10 Ver “Donald Trump pulls US out of UN global compact on migration”.

11 Ver “U.S. Pulls Out Of U.N. Human Rights Council”.

12 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 38(1).

13 El listado completo se puede consultar aquí.

14 La declaración se puede consultar aquí.

15 Ver “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”.

16 Ver, por ejemplo, “US dismisses World Court ruling on contras”.

17 Para una explicación más detallada sobre el Caso Avena, ver “El caso Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia”, Juan Manuel Gómez-Robledo, Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

18 Ver “Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America)”.

19 Ver “LaGrand (Germany v. United States of America)”.

20 Ver “U.S. Says It Has Withdrawn From World Judicial Body”.

21 Para un análisis más completo sobre el incumplimiento del fallo Avena, ver “Caso Medellín vs. Texas. Comentarios al fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, así como a la solicitud de interpretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004, presentada a la Corte Internacional de Justicia por México en junio de 2008”, Pablo Arrocha Olabuenaga, Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

22 Ver comunicado “México condena la ejecución en Texas del connacional Rubén Cárdenas Ramírez”.

23 Artículo 27(3) de la Carta de la ONU.

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El 13 de abril de 2018, tras una semana de intensos debates en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los gobiernos de los Estados Unidos de América, Reino Unido y Francia, iniciaron una campaña de ataques en tres locaciones militares dentro de la república Árabe Siria, en respuesta al presunto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad en la ciudad de Douma el pasado sábado 7 de abril.1 Además de las profundas implicaciones políticas, esta decisión conlleva importantes consecuencias jurídicas que deben ser tomadas en cuenta, valoradas y reconocidas.

Independientemente de los procesos internos de estos países relativos a la autorización de la movilización de sus respectivas fuerzas armadas, para determinar la legalidad en el plano internacional de las medidas bélicas recientemente adoptadas es necesario someterlas a prueba respecto de las reglas del derecho internacional aplicables al uso de la fuerza o ius ad bellum.

Primero, es necesario conocer los argumentos esgrimidos para justificar sus acciones desde un punto de vista jurídico. De conformidad con los posicionamientos oficiales presentados por los gobiernos de las tres naciones referidas, el reciente ataque armado busca detener el uso de armas químicas en Siria y enviar una señal a la comunidad internacional en cuanto a que el uso de este tipo de armas no puede quedar impune.2 Sin embargo, ninguno de ellos hace referencia, ni invoca regla alguna, de derecho internacional ya sea de carácter general o particular.

Es cierto que el uso de armas químicas está prohibido en derecho internacional mediante la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, cuya entrada en vigor para Siria se concretó el 14 de octubre de 2013, fruto de la presión política ejercida después del ataque con este tipo de armamento en Ghouta, el 21 de agosto de 2013 . Sin duda, el uso de armas químicas constituye una amenaza grave a la paz y a la seguridad internacional que no debe quedar impune. Inclusive, se puede argumentar que el uso de este tipo de armamento constituye un crimen de guerra, tanto en conflictos internacionales como no internacionales, al ser contrario al derecho internacional humanitario,3 que es el cuerpo normativo que establece las reglas aplicables en tiempos de guerra (también llamado ius in bello).

El reciente presunto uso de armas químicas en Douma desafortunadamente no es el primer incidente involucrando con este tipo de armas en el contexto del conflicto en Siria, el cual se ha prolongado ya por más de ocho años. De hecho, el 7 de agosto de 2015, el CSONU adoptó su resolución 2235 (2015) mediante la cual estableció un mecanismo conjunto entre la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), conocido como “JIM” por sus siglas en inglés, a fin de investigar estos incidentes. En su informe, del 24 de agosto de 2016, el JIM presentó su análisis sobre el uso de armas químicas, indicando que estas habían sido utilizadas no sólo por el gobierno sirio sino también por otros actores no estatales involucrados en conflicto,4 evidenciando así la complejidad de la guerra en Siria y la recolección de pruebas en el terreno.

El mandato del JIM fue renovado por un año, mediante la resolución 2319 (2016) del CSONU, adoptada el 17 de noviembre de 2016. Sin embargo, tras la conclusión del periodo establecido en esa resolución, desde el 24 de octubre de 2017, el CSONU ha sido incapaz de renovar su mandato.5 En este contexto, donde el JIM se encuentra inoperante y tras un nuevo incidente involucrando armas químicas, se da el anuncio del recurso al uso de la fuerza por parte de EUA, Reino Unido y Francia.

Aun cuando el uso de armas químicas está prohibido en el derecho internacional, ello no conlleva una autorización implícita al recurso de la fuerza armada como respuesta. Desde 1945, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales quedaron consagradas como uno de los principios del derecho internacional6 , el cual ha sido reconocido como derecho internacional consuetudinario por la Corte Internacional de Justicia,7 principal órgano judicial de la ONU. Así, sólo existen dos excepciones frente a tal prohibición, ambas recogidas en el Capítulo VII de la Carta de la ONU: la autorización del uso de la fuerza por parte del CSONU, mediante acciones que sean necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales,8 comúnmente conocido como el sistema de seguridad colectiva y; por otra parte, el derecho inmanente a la legítima defensa en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas.9 Cualquier uso de la fuerza contrario a estas reglas constituye un acto de agresión. En este sentido, en su resolución 3314 (XXIX), la Asamblea General definió agresión como el “uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, e incluyó como acto de agresión dentro de su definición el “bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”.10 Esta misma definición ha sido recogida en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,11 del cual Francia y Reino Unido son Estados parte, cuya jurisdicción sobre dicho crimen fue activada en diciembre pasado.12

Actualmente, no existe una regla permisiva de derecho internacional respecto del uso de la fuerza que justifique acciones unilaterales, inclusive en el contexto de las llamadas “intervenciones humanitarias”.13 Igualmente bajo la doctrina sobre la “responsabilidad de proteger”, la propia Asamblea General de la ONU, en la Cumbre Mundial de 2005, refrendó por consenso este sistema normativo al señalar que la comunidad internacional está dispuesta “a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.”14 [Énfasis agregado]. En casos extremos, como la crisis en la península de Corea al principio de los años 50, ante una parálisis del CSONU en plena guerra fría, la propia Asamblea General se erigió como el órgano pertinente para involucrarse en cuestiones de paz y seguridad, incluido el uso de la fuerza, mediante el mecanismo conocido como “Unión Pro Paz”.15

Por tanto, el hecho que el uso de armas químicas esté prohibido en el derecho internacional y constituya un crimen de guerra, no representa una derogación de las normas contenidas en la Carta de la ONU. No obstante, lo cierto también es que si se argumenta que la prohibición del uso de armas químicas per se implica una autorización para evitar su uso, incluso de manera unilateral en caso de ser necesario, esto sería contrario al derecho internacional puesto que el artículo 103 de la Carta establece que “…en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.”16 [Énfasis agregado].

Por estos motivos, la intervención unilateral militar de EUA, Reino Unido y Francia en Siria, sin importar su dimensión, duración e intensidad, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, contraria al derecho internacional y constituye un acto de agresión.

Esto de ninguna manera implica que el uso de armas químicas en Siria sea legal o legítimo, ni que siga siendo imperante buscar soluciones políticas a esta crisis. Por el contrario, sigue siendo un acto criminal atroz, sin justificación en ninguna circunstancia. No obstante, una violación al derecho internacional no puede ser contrarrestada con otra. Como lo dijo el Secretario General de la ONU en el debate del CSONU del 14 de abril, “…en asuntos que involucren la paz y seguridad internacionales, los Estados Miembros deben actuar de manera consistente con la Carta de la ONU y con el derecho internacional general (…) si la ley es ignorada, es socavada”.17

Habrá que esperar para conocer el completo alcance de las implicaciones políticas y jurídicas que tendrán estas acciones militares, las cuales añaden mayor tensión a la crisis en Siria y a la actual coyuntura geopolítica, que el Secretario General ha catalogado como una vuelta a la guerra fría.18 Y, por si no fuese suficiente, Rusia ha indicado al respecto ya que habrá consecuencias a estos actos.19 Igualmente, la comunidad internacional no debe ni puede darse el lujo de renunciar a todos los mecanismos diplomáticos y de solución pacífica de conflictos para detener la que se ha convertido en la peor crisis humanitaria de nuestra historia reciente. Esto siempre en estricto apego a la Carta de la ONU y al derecho internacional. Cuando de uso de la fuerza se trata en las relaciones internacionales, el fin nunca justifica los medios.

Pablo Arrocha Olabuenaga. Licenciado en derecho por la UNAM; maestro en derecho internacional público por University College London. Desde 2012, es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no representan una posición oficial del gobierno de México.


1 Ver “Syria air strikes: US and allies attack ‘chemical weapons sites’”.

2 Respecto de EUA ver https://www.youtube.com/watch?v=n0pMQHNjtxc; respecto del Reino Unido ver  https://www.gov.uk/government/news/pm-statement-on-syria-14-april-2018; respecto de Francia ver http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-du-president-de-la-republique-sur-l-intervention-des-forces-armees-francaises-en-reponse-a-l-emploi-d-armes-chimiques-en-syrie/.

3 Ver https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74

4 Ver Tercer informe del Mecanismo Conjunto de Investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y las Naciones Unidas https://undocs.org/es/S/2016/738.

5 Ver Security Council Fails to Renew Mandate of Joint Investigative Mechanism on Chemical Weapons Use in Syria, as Permanent Member Casts Veto https://www.un.org/press/en/2017/sc13040.doc.htm

6 Ver Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html

7 Ver Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, 14, p. 100, para. 190.

8 Ver Artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html

9 Ver Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html

10 Ver Resolución 3314 (XXIX) Definición de agresión http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3314(XXIX).

11 Ver https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/AMENDMENTS/CN.651.2010-ENG-CoA.pdf

12 Ver Assembly activates Court’s jurisdiction over crime of aggression https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1350.

13 Para un análisis más detallado sobre esta cuestión jurídica ver ARROCHA, Pablo, The never-ending dilemma: is the unilateral use of force by States legal in the context of humanitarian intervention?, disponible en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/344/606.

14 Ver Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, para. 139, www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1.

15 Ver Resolución 377 (V) http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/377(V).

16 Ver Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xvi/index.html.

17 Ver Secretary-General’s briefing to the Security Council on Syria [as delivered] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-04-14/secretary-generals-briefing-security-council-syria-delivered.

18 Ver Syria crisis: UN chief says Cold War is back http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43759873.

19 Ver Russia’s U.S. ambassador warns of consequences for Syria strikes https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-diplomacy/russias-u-s-ambassador-warns-of-consequences-for-syria-strikes-idUSKBN1HL05S?il=0.

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