Francisco Zorrilla: La tarea fundamental para cualquier tribunal es construir su legitimidad. Ello requiere confianza en la labor e independencia de sus integrantes, y cierta aceptación de la ciudadanía y demás autoridades en sus decisiones. Hasta ahora, en el caso del TEPJF, ambos elementos han sido puestos en duda.

En noviembre de 2016, se renovó completamente el pleno de la Sala Superior (SS). Un día antes de la entrada en funciones de sus entonces nuevos integrantes, se publicó una reforma aprobada por el Congreso al artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prolongar la duración del periodo de encargo de cuatro magistrados electorales. Ello motivó la presentación de dos acciones de inconstitucionalidad, en las que se alegaron diversas violaciones constitucionales.

El proyecto de sentencia original del ministro Gutiérrez Ortiz Mena proponía la inconstitucionalidad de la reforma y sostenía que se trataba de una afectación sustantiva a la independencia judicial, dando lugar a que una modificación legislativa pudiera influir en el quehacer del TEPJF.1 No obstante, por una mayoría de 6 contra 5 ministros de la Suprema Corte se convalidó la reforma, dejando tras de sí una intensa discusión pública sobre la afectación a la autonomía del TEPJF.

Por otra parte, la SS ha resuelto diversos casos controversiales que han llamado la atención pública. En el asunto conocido como “Cancha Pareja”,2 la SS modificó el criterio que había sostenido por casi una década y adoptó una interpretación mucho más restrictiva respecto de los alcances de la facultad reglamentaria del INE.

Luego vinieron las sentencias sobre el rebase de tope de gastos de la elección para gobernador en Coahuila,3 que dejan más dudas que certeza sobre el origen y destino de los gastos realizados en una campaña electoral.

Por último, la decisión de diciembre pasado,4 en la que se concluyó que el INE no tiene facultades para sancionar el reparto de tarjetas en campaña, tuvo tal rechazo en la opinión pública, que en un hecho inédito, los magistrados de la SS tuvieron que salir a dar una conferencia para tratar de justificar su decisión.

De ahí que el gran reto y oportunidad para la SS sea reconstruir la credibilidad de una institución que funge como órgano terminal en materia electoral y que decidirá el futuro de varias elecciones en 2018.

Paula Sofía Vázquez: Coincido en que el mayor reto no viene de los contenidos de las sentencias del TEPJF en sí, sino de su actuación. Se perdió la oportunidad de remontar la crisis de la crisis de legitimidad preexistente a través de la renovación de la Sala Superior con la modificación de los periodos de encargo que ya comentaba Francisco. En la percepción, del “ciudadano de a pie”, el TEPJF es una institución cara y que da pocos resultados; en la percepción de algunos partidos políticos y de un sector de la clase política –sus “actores”-, es una institución con una independencia y una imparcialidad cuestionada.

Ahora, cómo hacer de este reto una prueba superada, que es la pregunta inicial. La estrategia, tendría en mi opinión que correr por dos vías. Por un lado, construir legitimidad a partir de sus sentencias. Ahí hace falta la generación de criterios congruentes, no tanto con los de la integración anterior, tienen la posibilidad de continuarlos o desmarcarse, sino entre sí. Que los actores, y la sociedad en general, tengan certeza sobre la orientación de la Sala sobre un tema u otro, con independencia de quienes sean los actores del mismo. Por otro lado, la actuación pública de los integrantes de la Sala Superior. Aquí creo que hace falta un acercamiento de los magistrados con la sociedad, de forma conjunta —no como esfuerzos separados, discordantes entre sí, que parecen más competencia interna que política institucional— para hacer “pedagogía electoral” explicando las razones detrás de sus decisiones y los efectos de las mismas.

Finalmente, en el caso de sus sentencias, creo que habrá temas que tendrán un especial impacto en el balance que se haga de su actuación al final del proceso. Creo que uno de los temas más delicados será la propaganda electoral en medios. Las redes sociales han provocado, de facto, que las regulaciones en la materia, si bien se mantengan en lo relacionado con radio y televisión, no cumplan “cabalmente” con su objetivo. Los spots, con independencia de su mantenimiento y transmisión en radio y televisión se replican y repiten en Youtube, Twitter, Facebook y demás. Muchas comunicaciones son y serán contenido hecho expresamente para difusión en redes. Esto, partiendo de la creciente judicialización de las elecciones, va a provocar un raudal de impugnaciones de todos los partidos. No caer en la tentación de la regulación, pero buscar mantener el principio de equidad en la contienda, será uno de los principales retos.

Arturo Espinosa Silis: Como dicen Francisco y Paula, la autoridad encargada de validar o no la elección presidencial debe buscar ganar legitimidad, especialmente pensando que esta será la primera de dos elecciones presidenciales que la mayoría de los actuales integrantes de la Sala Superior les toque calificar.

Es cierto que en los últimos años la legitimidad del TEPJF se ha perdido, esto es producto de procesos electorales previos en los que sus decisiones han sido cuestionables, de criterios que muchas veces han sido contradictorios. Además de que la integración actual de la Sala Superior fue nombrada a través de un proceso de designación cuestionable del cual los magistrados no son culpables, lo son los partidos que modificaron la ley a su gusto, pero sólo a ellos -los integrantes de la Sala- les corresponde demostrar que más allá de la forma en como fueron designados, saben asumir su papel de jueces constitucionales y, para ello, las elecciones de este año, por la relevancia y magnitud que tienen, son el momento ideal para recobrar esa legitimidad que en algún momento tuvo el TEPJF. Misma que fue ganada a partir de sentencias con una extraordinaria argumentación y de criterios que contribuyeron a mejorar la calidad de las elecciones y a expandir el ejercicio de los derechos político-electorales.

Los retos para la autoridad electoral sin duda son muchos, pero a mi parecer son tres los que identifico como principales:

1) La certeza en las sentencias y criterios, que a pesar de lo compleja de la legislación electoral las decisiones del tribunal den certidumbre a todos los actores del proceso electoral. Que dónde existe una regla clara que deba aplicarse se haga a todos por igual y, en aquellos supuestos en que quepa la interpretación, se de una que sea favorable al ejercicio de los derechos, el debate público y la calidad de nuestra democracia.

2) La relación entre el TEPJF y el INE preocupa que a partir de sentencias recientes parece que la confrontación que viene dándose desde hace unos años sea de lo que se hable en este proceso electoral. Considero que ambas autoridades, por la importancia del papel que juegan en proceso electoral, deben buscar actuar de manera complementaria y coordinada.

3) Debe haber una apertura a la crítica por parte del TEPJF, a la crítica objetiva y constructiva que sirva para socializar y debatir sus resoluciones. Es necesario que los magistrados participen y fomenten los espacios de reflexión y análisis donde se genere un intercambio respecto de las sentencias que emitan y los criterios que generan.

Francisco Zorrilla: Me parece que los tres coincidimos en la necesidad de que el TEPJF fortalezca su legitimidad para poder llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas. El reto es lograrlo en un entorno adverso, a unos meses de las elecciones más complejas de nuestra historia.

Como ya lo señalaba Sofía, la ciudadanía percibe al TEPJF como una institución cara y poco eficiente, aunado a los cuestionamientos de algunos actores políticos sobre su independencia e imparcialidad. El desgaste que sufrió la Sala Superior a raíz de la controversial ampliación del periodo de encargo de cuatro de sus integrantes afectó sin duda a la institución en su conjunto.

Aunado a lo anterior, como nunca antes en nuestra historia, las normas electorales son particularmente complejas y, ello, ha generado amplios espacios de discrecionalidad que han tenido que ser acotados mediante la intervención de la autoridad administrativa y de los propios tribunales electorales. De ahí que sea fundamental, como bien lo comentan Sofía y Arturo, que el TEPJF cuide la consistencia y congruencia en sus criterios jurisprudenciales.

Por otra parte, el enfrentamiento entre la Sala Superior del TEPJF y el INE parece debilitar ambas instituciones. De acuerdo con Mitofsky, la credibilidad del INE vive su peor momento en 14 años y, si tomamos en cuenta que en el “imaginario ciudadano” el INE aglutina a todas las demás instituciones electorales, entonces, podemos darnos una idea de la magnitud del problema.

En ese sentido, los posicionamientos personales de los integrantes de ambas instituciones, sin considerar al órgano en su conjunto, no parecen contribuir a fortalecer su rol de árbitros electorales.

Más aun, coincido con Sofía en que el acercamiento de los magistrados a la ciudadanía debiera partir de un esfuerzo conjunto y no quedarse en el ámbito individual.

El TEPJF no tiene funciones de “educación o civismo electoral” a diferencia del INE. Sin embargo, en vísperas del proceso electoral más grande de nuestra historia, sí resulta sensato que los integrantes del TEPJF, en un esfuerzo conjunto y ordenado, expliquen recurrentemente su función y transparenten su actuación.

El cuidado en el formato y lenguaje de las sentencias, el uso de infografías informativas y la difusión de las entrevistas de las partes con los magistrados contribuyen significativamente al entendimiento ciudadano de la labor del tribunal. Una comunicación permanente y adecuada entre tribunal y ciudadanía parece una medida necesaria para recuperar la legitimidad perdida.

Paula Sofía Vázquez: Coincidimos en que el mayor reto del TEPJF es (re)construir legitimidad, generar certeza y tener una política institucional que acerque más su trabajo a la ciudadanía. Coincido también con Francisco y Arturo, que el golpeteo institucional entre el TEPJF y el INE, además de no abonar en la certidumbre que requiere el proceso, desgasta a ambas instituciones y, debido a la configuración institucional, deslegitima al INE que queda siempre como el actor “débil”. Este contexto abre la puerta a que actores irresponsables, de todos los bandos y todos los colores, construyan sus narrativas de poca probidad en la elección, parcialidad, falta de profesionalismo y, en última instancia, de fraude. En este sentido, el TEPJF tiene que buscar una alternativa de legitimación que no pase por corregirle la plana al INE, con distintos criterios (desde hacer interpretaciones muy garantistas cuando el INE tuvo una actuación estrictamente apegada a lo legal o viceversa).

Ahora, en cuanto a la definición de temas a partir de las sentencias, además de las relacionadas con la autoridad institucional, que son hasta ahora las más llamativas (#canchapareja, modificaciones al Reglamento de elecciones para dar rapidez a los escrutinios y cómputos en casilla), también creo que un tema a seguir será la búsqueda de nulidades por rebase de tope de gastos de campaña. Ya como advirtió el propio TEPJF, es muy probable que se intente en más de una elección por una buena parte de los candidatos que queden en segundo lugar. En este contexto, es necesario que el INE y el TEPJF coordinen esfuerzos en materia de fiscalización y, sobre todo, definan con claridad cuáles serán los criterios sobre qué se contabilizará y cómo, sobre todo en temas como la compra de publicidad en redes sociales, call centers u otras estrategias de este estilo.

Por último, queda también el reto de la relación entre el TEPJF y los partidos políticos. La anterior integración protagonizó algunas primeras planas debido a reuniones privadas con algunos candidatos. En este sentido, resulta indispensable que el TEPJF genere criterios universales y transparentes respecto de las reuniones que llegue a tener con los candidatos.

Arturo Espinosa Silis: Es claro que los tres vemos como una necesidad imperante que el TEPJF reconstruya su legitimidad, frente a los actores políticos y a la ciudadanía. Me parece que Paula tocó un punto clave, la narrativa de fraude que, independientemente de las preferencias electorales, todos los partidos políticos y sus integrantes van construyendo a partir de acusaciones sin fundamento sobre la actuación “supuestamente ilegal” del contrario y la falta de intervención de la autoridad electoral para evitarla.

La experiencia de procesos electorales anteriores hace casi inevitable que esto no suceda, la irresponsabilidad de los actores políticos, quienes en muchas ocasiones ponen a la autoridad electoral entre la espada y la pared, es a través de los medios de comunicación que controlan la narrativa y presionan para que las cosas se resuelvan acorde a sus intereses. Recordemos las declaraciones de Jorge Luis Preciado previo a la resolución de la impugnación de la elección de gobernador en Colima, en donde señaló que si algún integrante de la Sala Superior aspiraba a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debía anular la elección, de lo contrario no habría forma.

El TEPJF debe enfocarse a realizar su trabajo, resolver las controversias que se presenten a la luz de los hechos de cada caso, las pruebas que se ofrezcan y lo que determine la ley o la interpretación que sea más favorable a la protección del ejercicio de los derechos político-electorales y la salvaguarda de los principios esenciales de cualquier elección, ser imparcial y aplicar mismos criterios a todos por igual; sin embargo, como en todo litigio las partes nunca estarán conformes por completo, a quien se le dé la razón seguramente dirá que la sentencia es justa y quien recibió el fallo en contra dirá lo opuesto.

De ahí que la pregunta es: ¿cómo puede legitimarse el TEPJF? Más allá de sus sentencias, las cuales son el elemento esencial, me parece que la justicia electoral debe garantizar la máxima publicidad, que permita que todos los interesados conozcamos los detalles de las impugnaciones, no sólo las sentencias, sino que podamos conocer las demandas es fundamental, pues muchas veces la explicación a lo que se resolvió viene de la demanda, saber qué pruebas se presentaron, es más, si acaso había elementos para justificar un posible fraude o alguna irregularidad, y además conocer de manera interactiva y a detalle las estadísticas de las impugnaciones, saber quién presente demandas o recursos únicamente por dar un golpe mediático y quién lo hace a partir de un sustento.

Las autoridades electorales deben ser partícipes de la narrativa que rodea a la elección, no siendo los protagonistas de ella y reaccionando impulsivamente ante cualquier declaración, sino permitiendo que especialistas, opinólogos, académicos y, en general, la ciudadanía que esté interesada podamos estudiar, analizar y hablar de estos temas, de forma que podamos conocer cada detalle de su trabajo y así formarnos una opinión objetiva y realista, ya será nuestra responsabilidad comunicar con veracidad o ser cómplices de la narrativa del fraude.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en temas electorales y director de Strategia Electoral. Twitter: @espinosasilis

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Ver.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016

2 SUP-RAP-232/2017 y acumulados.

3La incertidumbre en la fiscalización electoral. Caso Coahuila”.

4 SUP-RAP-6323/2017 y acumulados

5 México: confianza en instituciones 2017

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Un pleno conformado por 4 mujeres y 10 hombres decidió, por unanimidad, que una mujer que tuviera un hijo —una hija, en este caso— con un hombre casado y se dedicara únicamente al cuidado de éste, no merecía obtener una pensión alimenticia.

En efecto, en febrero de 2017, un Pleno de Circuito del Distrito Federal resolvió la contradicción de tesis 25/2016, que enfrentaba criterios de los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo. Lo cuales abordaban el tema del otorgamiento de alimentos —de una pensión alimenticia— a una mujer que, al no ser ni esposa ni concubina, podemos denominar, dependiendo de qué lado del asunto estemos, como “la madre de su hijo” o bien como “la amante”.

amante

Las tesis en contradicción son las siguientes: mientras que el Décimo Tribunal consideró que esta mujer no tenía derecho a recibir pensión alimenticia porque no se encontraba en ningún supuesto jurídico —esposa o concubina— que la hiciera acreedora a la misma y que ello no implicaba ningún tipo de discriminación ya que éstos límites son legales. El Tercer Tribunal, por su parte, argumentó que la mujer sí tenía derecho a percibir alimentos porque la obligación de otorgarlos no se encuentra vinculada a la existencia de un nexo jurídico específico, como son el matrimonio o el concubinato, ya que el vínculo entre ellos proviene de haber procreado un hijo en común, estar una de las dos partes a su cuidado y no poder proveerse por sí mismo los medios necesarios para subsistir. En este sentido, consideró que hacer una distinción por estado civil, sí constituía un acto de discriminación.

El razonamiento del Pleno de Circuito resulta interesante y controversial. Interesante porque a pesar de dar la razón al Décimo Tribunal y decidir que esta mujer no tenía derecho a alimentos, considera que los argumentos establecidos por el mismo, es decir, la existencia o no de cierta calidad jurídica, no son suficientes para determinar el otorgamiento o no de dicha prerrogativa. De tal manera que, más bien, introduce al análisis del caso variables que se remontan a principios y objetivos de la familia y su protección jurídica como son “la estabilidad”; “la permanencia”; “la solidaridad” y la “ayuda mutua”.

Así, el Pleno considera que, contrario a los que señala el Tercer Tribunal, procrear un hijo no genera, por sí mismo, un vínculo jurídico y una obligación consecuente, sino que ésta se crea a partir de la satisfacción —con papel o sin él— de los objetivos de formar una familia, a saber, la existencia de una relación “con ánimo de generar una relación duradera para lograr los fines de una pareja en familia”. Esto, de acuerdo con el Pleno, significa probar que uno tiene una relación constante, estable y con vida en común guiada bajo los principios de solidaridad y ayuda mutua.

Aunado a esto, considera que incluso si la mujer ha estado al cuidado de su hijo y realiza labores del hogar, ello no la hace beneficiaria de alimentos, toda vez que “éstas labores no se generaron en el entorno familiar respecto del otro progenitor”. Es decir, de acuerdo con el Tribunal, limpiar, cuidar, alimentar a un hijo compartido, no es suficiente como para poder exigir una prestación económica por ello. ¿Qué más faltaría? ¿Cocinarles la cena de vez en cuando?

Al respecto, los elementos dispuestos en la sentencia nos dejan más preguntas que respuestas: ¿Qué tipo de relación tenían este hombre y esta mujer? ¿Existía o existió una relación de noviazgo? ¿Sabía ella que era casado? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿El hombre tenía relación con su hija? ¿Se frecuentaban los tres? Nada de esto sabemos y, considerando la línea argumentativa del Tribunal, éstos detalles resultan claves para poder considerar si criterios tan ambiguos como la estabilidad, la constancia o la solidaridad se satisfacen en este caso.

Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta historia es tan común en la realidad mexicana que casi todos conocemos un caso similar. Hombres casados (que, por lo tanto, no pueden configurar el supuesto de concubinato, esto es, que no tengan un impedimento legal para contraer matrimonio) que en distintas circunstancias —desde una noche “de copas loca”, hasta relaciones de largo aliento mantenidas en forma paralela— procrean uno o varios hijos, con una o varias mujeres y, escudados en el estricto apego a lo que establecen los supuestos legales, buscan omitir el pago de pensiones tanto para las mujeres que cuidan de sus hijos como para sus propios descendientes.

En cifras, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 9.6% de las mujeres de 15 años y más que tienen un hijo vivo son solteras y, de acuerdo con cifras del 2015, existen 9.3 millones de hogares con jefatura femenina, esto es el 29% de los hogares. De igual forma, con lo que respecta al trabajo no remunerado en el hogar, tenemos que, sin ninguna sorpresa, las mujeres mayores de 12 años o más, dedican 29.8 horas semanales a las tareas domésticas, frente a las 9.7 horas que gastan los hombres en las mismas actividades.

Más allá de los supuestos legales o de los criterios vagos a partir de los cuales se resolvió está contradicción de tesis, la misma tiene consecuencias reales que no deberían ser ignoradas. En términos jurídicos, no queda definida si la negativa a recibir pensión se hace extensiva también a la menor; al respecto, la sentencia no señala si la hija “producto de este acto de procreación” tiene o no derecho a recibir pensión alimenticia con independencia a la pensión de su madre y de cuánto sería el monto de la misma; por otro lado, desde el plano de lo jurídico, vale la pena recordar que, tratándose de una sentencia emitida por un Pleno de Circuito del Distrito Federal, ésta puede recurrirse y llegar ante la Suprema Corte de Justicia.

En términos reales, las consecuencias son aún más sensibles. Al olvidar que, más allá de los criterios y principios establecidos en las leyes, el objetivo final del derecho es la defensa del más débil se abre la puerta, a partir de este precedente, a dejar en estado de indefensión y de necesidad a miles de mujeres que, cada una en sus circunstancias, tiene que mantener y cuidar a sus hijos sin el apoyo del padre de los mismos. Del otro lado de la moneda, se protege la irresponsabilidad de miles de hombres que, también por cualquier circunstancia, han procreado hijos fuera del matrimonio que necesitan cuidado, atención e insumos necesarios para subsistir adecuadamente. Así, no se trata de una contradicción de tesis, sino más bien de una contradicción entre el derecho y la realidad.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

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Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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En consecuencia, esta ha sido hasta el momento la comparecencia más larga de todas, aunque, por desgracia, no por ello la más rica en contenidos, exposición de ideas y posibilidades de satisfacer su objetivo primordial: conocer el potencial de un aspirante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, su postura ideológica, su capacidad de argumentación jurídica y su posición en temas de vital importancia.

Para comenzar y de acuerdo con el procedimiento, el aspirante hizo lectura de su carta de intenciones. Redactada en un lenguaje técnico, razonablemente bien sustentado y, aunque cumplidora, ninguno de sus contenidos resultó particularmente atractivo. Llama la atención la mención a la existencia y lógica de la división de poderes, pero combinada con la necesidad de cooperación y armonía entre los mismos para “garantizar la unidad política del Estado”. Recuerda, con su matiz a cierta ministra de la Corte Constitucional Venezolana que, de acuerdo con Pedro Salazar, pidió “olvidar la noción burguesa de la división de poderes”.

Más adelante se refirió en específico a la reciente sentencia en materia de producción y consumo de cannabis de la Corte mexicana. Y bajita la tenaza, anotó que la sentencia podría tener vicios en materia de convencionalidad a partir de algunas interpretaciones acerca de los compromisos internacionales que tiene México en materia de combate a las drogas. Además de que en una nota al pie un tanto catastrofista, también anotó que la resolución puede tener problemas de ponderación entre derechos humanos, políticas públicas, seguridad y bien común.

Por su parte, las preguntas de los Senadores, en su mayoría se refirieron al  trabajo del aspirante como Procurador del Estado de México, especialmente en temas como derechos humanos, fuero militar y violencia de género. En general, las preguntas fueron, como suelen ser, más políticas que jurídicas pero ayudaron a evidenciar tres características fundamentales del candidato que fueron los signos transversales de la comparecencia:

1) Su comparecencia giró en torno a una explicación, en distintos momentos y matices, acerca de la solución de los casos controvertidos a lo largo de su trayectoria y actual cargo: Tlatlaya, Atenco y los diversos feminicidios ocurridos en el Estado de México.  Por eso, como señaló la Senadora Martha Tagle, más que una comparecencia podemos decir que lo que vimos fue una mezcla entre un informe de labores y… una clase de derecho procesal penal con perspectiva de género.

2) Sánchez Gómez tiene un problema serio de comprensión. En la primer ronda de preguntas, sobre diversos temas y realizadas por las Senadoras Tagle, de la Peña y Ortega, no fue capaz de contestar, sin necesidad de una explicación posterior ninguna de las inteorrgantes que se le hicieron.

3) El aspirante estuvo en todo momento más ocupado en justificar su trabajo actual y en convencer a los Senadores de la no existencia de ningún posible conflicto de interés devenido de sus relaciones y trabajos anteriores, que en analizar y responder las preguntas que se le realizaron. Una de sus frases más repetidas a lo largo de la comparecencia fue “todo mi trabajo lo he realizado en estricto apego a la legalidad”. Inclusive,  más adelante, hizo la ya conocida exposición sobre por qué los posibles conflictos de interés no son tales “tomando en cuenta la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos”.

En el plano jurídico los problemas son un tanto más graves. Aunque la primer ronda de preguntas de los Senadores estuvo enfocada en temas políticos, las preguntas realizadas por la sociedad civil, ya sea en el formato de foro abierto o en el aquellas que fueron retomadas por algunos Senadores como Layda Sansores y Alejandro Encinas -y que habían sido elaboradas por expertos constitucionalistas-, se enfocaron más en tratar de conocer las capacidades como jurista de Sánchez Gómez.

En un balance general, y por demás generoso, podemos decir que Sánchez Gómez tiene “apenas algunos conocimientos básicos de derecho constitucional”.  Es evidente que sus años como Procurador y analista en temas de justicia penal le han dado amplios conocimientos, especialmente procedimentales, en la materia. Pero en derecho constitucional le falta mucho por aprender. Su respuesta a la mayoría de las preguntas, sin importar si éstas se encontraran referidas al (falso) dilema entre la salvaguarda de los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables, la regulación del cannabis en México o medidas de reparación del daño, para Sánchez Gómez todo puede resolverse a partir de la ponderación entre derechos. Ponderación, que, a su juicio, debe tener en cuenta también “el orden público y la preservación del bienestar social”.

En segundo término, Sánchez Gómez evidenció que conoce poco de la labor que realizará en caso de ser ministro. A lo largo de la comparecencia, en especial frente a ciertas preguntas “de rescate” del tipo “que aportaría usted a la Suprema Corte en caso de llegar a ser ministro”, el Procurador Sánchez se limitó a señalar que iba a hacer lo que la Constitución le obliga a hacer “realizar su labor con profesionalismo, independencia, apego a la legalidad… etc., etc.”. Incluso, cuando se le preguntó directamente por el trabajo de uno de sus posibles futuros colegas, el ministro José Ramón Cossío, no dudó en contestar –con mucha honestidad, eso sí- “que no conocía el trabajo al que se le hacía referencia”.

Y eso nos lleva al último punto problemático de la comparecencia de Sánchez Gómez: su constante remisión a “lo que dice la ley” como solución a las preguntas que se plantearon en distintos temas. Pareciera ser, de acuerdo con la visión de Sánchez Gómez, que la corrupción en el poder judicial, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, las prebendas excesivas que obtienen los funcionares judiciales y las deficiencias en los procesos institucionales, tienen su raíz y su solución en los textos jurídicos. Estrechez de miras que, si bien es preocupante en la clase política, resulta imperdonable en un aspirante a tener un trabajo que estriba, precisamente, en interpretar “lo que dice la ley”.

En síntesis, la comparecencia de Sánchez Gómez nos deja dos lecciones: por un lado, que a pesar de todas las fallas como Procurador de Justicia, es mejor fiscal que aspirante a ministro y; por el otro, que no tiene ni la trayectoria, ni el conocimiento, ni la independencia del poder ejecutivo —sin importar al grupo político al que este pertenezca— para llenar los zapatos del ministro Silva Meza.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

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La historia es común en nuestro país. Un hombre, Octavio que se casa, se divorcia, se vuelve a casar y se vuelve a divorciar mientras mantiene una relación paralela, que en buen español se denominaría de amantes, a lo largo de 40 años y cinco hijos, hoy todos mayores de edad. En estos años Ofelia,1 coprotagonista de esta bonita historia de amor prohibido, se dedica al hogar (e incidentalmente menciona no haber tenido nunca conocimiento de los matrimonios de Octavio, quien sostenía estar divorciado).

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Años más tarde, en 2010, Ofelia enferma de cáncer lo que, a su parecer, provoca que Octavio termine su relación con ella. Ofelia, bien asesorada, decide solicitarle por medio de una demanda una pensión alimenticia bajo la lógica de que 40 años de relación y varios hijos juntos lo ameritan. El señor Octavio no cree lo mismo y la ley, el código civil de Tlaxcala, en su literalidad le concede la razón a él: para que se pueda establecer una relación de concubinato de acuerdo con este código los integrantes de la misma no deben tener vínculo matrimonial. En palabras llanas, a las amantes no se les otorgan derechos de pensión.

Así empieza la larga batalla judicial de la señora Ofelia. En el primer round, la demanda por la pensión provisional, el juez determina que la relación entre Ofelia y Octavio califica como concubinato y, por tanto, Octavio está obligado a otorgar pensión. Octavio promueve un juicio contra esta medida aduciendo su estado civil. El Juez Primero de lo Civil y lo Familiar del Distrito Judicial, al considerar que Octavio no aporta pruebas suficientes para demostrar que no tuvo una relación duradera y estable con Ofelia —al tiempo que ella puede demostrar lo contrario pues cinco hijos son mucha evidencia— mantiene la pensión.

Dos años después, Octavio presenta un recurso de apelación, su argumento es el mismo del principio, de nueva cuenta se confirma la sentencia en la que se anota además que en este caso “la justicia debe estar sobre la legalidad” y, por ello, él tiene la obligación de dar alimentos a una persona con la que tenía una relación de amantes en tanto que ésta, aunque no fuera exactamente igual a la que se configura con el concubinato, puede ser análoga al ser una relación estable y duradera —de ahí que tenga los mismos derechos.

Aún insatisfecho con el resultado, Octavio vía amparo directo, demanda a Ofelia por violación de sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y por violación al principio de legalidad. De nueva cuenta, el 6º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región niega el amparo, confirma lo ya dicho en las sentencias previas y, además, señala que “sostener que sólo la mujer casada o que vive en concubinato tiene derecho a recibir alimentos generaría una situación de discriminación en razón de sexo y estado civil en contra de aquellas mujeres con las que se han procreado hijos y que tienen la necesidad de recibirlos en circunstancias particulares”.

En la resolución de esta instancia destacan dos elementos: en primer lugar, que para su argumentación el Tribunal Colegiado echó mano de interpretación constitucional y de tratados internacionales, específicamente de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al analizar si la diferencia de trato entre una concubina y una amante duradera era o no discriminatoria. En segundo lugar, que en este caso reiteró la obligación de la pensión teniendo en consideración no sólo la vida compartida, sino también a los hijos producto de esta relación al considerarlos la mejor prueba del vínculo de hecho entre Octavio y Ofelia.

Finalmente, en el último round, ya en el año 2014, el asunto llega, vía un recurso de revisión, a la Suprema Corte. Aquí, además de aducir la violación del mentado artículo del Código Civil de Tlaxcala, Octavio alega que el Tribunal Colegiado se extralimitó en sus facultades al analizar, sin que nadie se lo solicitara, cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad cuando, a su parecer, lo único que tendría que hacer es interpretar literalmente el Código Civil de Tlaxcala y relevarlo de la obligación de dar pensión.

Al respecto, la Primera Sala de la Corte declaró infundados los agravios de Octavio y confirma la sentencia recurrida bajo los siguientes argumentos:

1. La pensión compensatoria forma parte del derecho al nivel de vida adecuado y tiene estricta vinculación con la dignidad humana que es, no sólo un concepto ético o filosófico sino un bien jurídico circunstancial al ser humano. Así, este tipo de pensión se otorga entre particulares, en los casos en los que existen vínculo familiares, al tener éstos también obligación –ponderada- de satisfacer y respetar los derechos fundamentales de otros, en función del estado de necesidad (no de su comodidad) en el que se encuentre un integrante de la familia, bajo circunstancias específicas señaladas en la ley.

Además, la Corte hace una análisis sobre el “principio de solidaridad familiar” donde establece que las personas dentro de un mismo núcleo familiar, con independencia de la adscripción jurídica o el estado civil del mismo, tienen el deber de apoyarse entre sí ante un estado de necesidad. Así, en el caso en que nos ocupa, la Primera Sala señala que el señor Octavio tiene, en función del principio de solidaridad familiar y del estado de necesidad de la señora Ofelia, la obligación de proveerle una pensión compensatoria.

2. La lógica de la pensión compensatoria es la de un deber asistencial y resarcitorio entre los cónyuges cuando hay un desequilibrio económico entre los mismos, particularmente cuando uno se dedicó a las tareas del hogar y los hijos comunes, cuando se disuelve un matrimonio o un concubinato. La duración de la obligación tomará en cuenta el tiempo que sea necesario para eliminar la desventaja económica, es decir, el tiempo que una persona necesita para hacerse de medios suficientes para proveerse por sí misma un nivel de vida adecuado.

3. La figura del concubinato tiene su origen en la necesidad de regular a las parejas de hecho, de dotar a las uniones de hecho de derechos y obligaciones y así evitar abusos o indefensión para las partes involucradas. Aunque la regulación del concubinato es potestad de las entidades federativas, ésta regulación siempre deberá estar limitada por los derechos fundamentales, por lo tanto, las distinciones entre parejas unidad por matrimonio y otro tipo de uniones deben estar sujetas a escrutinio estricto y ser objetivas, razonables y proporcionales.

Para el caso en específico, la Primera Sala desestima el argumento “ganador” de Octavio respecto de la redacción del Código Civil de Tlaxcala al considerar que la limitante de tener una sola pareja para configurar un concubinato obedece a tratar de asegurar la estabilidad de estas relaciones y dotarlas de los elementos básicos que caracterizan a las relaciones de matrimonio, no para limitar derechos a personas que tienen uniones de hecho, estables y duraderas, como es el caso de Octavio y Ofelia. Así la Corte señala que la distinción entre los derechos que se otorgan entre parejas de hecho con estas características y matrimonios “constituye una distinción con base en una categoría ‘sospechosa’ –el estado civil- que no es razonable ni justificada y que coloca a este tipo de parejas en una situación de desprotección en relación con su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado”.

Con estos argumentos, la Corte estima correcta la resolución del Tribunal Colegiado y mantiene la pensión compensatoria de la señora Ofelia.

En un país donde, de acuerdo con datos del INEGI, el 15.6% de la población vive en esquemas de unión libre, el contenido y los alcances de esta resolución, es de gran importancia. Cada vez más, las personas elijen unirse de forma libre e integrar con el tiempo concubinatos, antes que optar por la figura del matrimonio. De igual forma, aunque en este caso el INEGI no nos provea de cifras, muchas mujeres mantienen relaciones “de amantes” estables y duraderas con hombres casados –sabiéndolo ellas o no -con los que establecen derechos y obligaciones y, en no pocas ocasiones, incluso procrean hijos. En ambos casos, los vínculos de solidaridad deben contar con un reconocimiento jurídico posterior en caso de que las relaciones concluyan, sea cual sea su etiqueta. Por esta razón, no queda más que agradecer al señor Octavio su obstinación por no cumplir con sus obligaciones morales y sentar este precedente jurídico de enorme relevancia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia


1 Por razones de protección de datos personales, los nombres de las partes que se mencionan aquí son ficticios.

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A casi tres años de concluida la elección de 2012, casi a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto y con la elección intermedia en puerta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, por fin, el último eslabón de las impugnaciones realizadas al Proceso Electoral Federal de 2012, el llamado caso Monex.

El caso Monex, para aquellos que ya lo olvidaron, versaba –entre otras muchas otras cosas- en la indagatoria sobre el supuesto financiamiento ilícito y disposición de recursos a partir de las tarjetas Monex, cometidos por la Coalición “Compromiso por México” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.

cangrejoEn este recurso, presentado para controvertir la resolución CG31/2013 del Consejo General, casi todas las fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) presentaron diversos agravios en distintos sentidos: supuesta violación al principio de votación en la sesión del Consejo General; incorrecta valoración del artículo 77 del COFIPE; valoración de los gastos realizados vía las tarjetas Monex como gasto de campaña y no como gasto ordinario; falta de exhaustividad en la investigación de la Unidad de Fiscalización en el origen y destino de los recursos y; en general, violación a los criterios de exhaustividad, imparcialidad por parte del entonces IFE.

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó la actuación del IFE –ahora INE- especialmente de la ahora extinta Unidad de Fiscalización, respecto de los agravios presentados, en particular en aquellos relativos a la investigación sobre el origen y destino del financiamiento y distribución de recursos vía las ahora infames tarjetas Monex para determinar si los trabajos realizados habían sido lo suficientemente exhaustivos y si los resultados arrojados eran o no veraces.

¿Qué dice la resolución?

Dada la extensión de la resolución y la cantidad de agravios que fueron desahogados en la misma me centraré sintéticamente, en razón de sus efectos, en tres: 1) la valoración de la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización de “la institución antes conocida como IFE”, especialmente en los agravios sobre la investigación relativa al origen y destino de los recursos que se repartieron vía las tarjetas Monex y al imperativo de realizar lo que doctrinariamente se conoce como “levantamiento de velo” -que en términos llanos significa permitir, como excepción, la investigación posterior y personal de los socios que componen una sociedad mercantil con el objeto de buscar fraudes a la ley; 2) a la resolución del agravio de financiamiento ilícito dada la prohibición de los artículos 77 y 78 del ahora extinto COFIPE de obtener financiamiento de empresas mercantiles y; 3) por último, a los agravios que fueron declarados fundados y que tendrán como efecto un ajuste en el cálculo de los gastos de campaña erogados por la coalición “Compromiso por México”.

  1. Falta de exhaustividad de la investigación sobre el origen y destino de los recursos relacionados con las tarjetas Monex. Los denunciantes reclamaban que, si bien la autoridad había realizado una investigación sobre la relación del PRI y las diversas empresas relacionadas con las tarjetas Monex (Inizzio, Efra, Tiguan, Atama), no había resuelto nada respecto a la triangulación de bienes entre estas empresas y Banca Monex, ni tampoco había arrojado luz sobre la licitud del dinero motivo de la transacción.  Al respecto, se aducía que el IFE no había hecho uso del levantamiento de velo y no había investigado exhaustivamente no sólo a las empresas en términos formales –que se encontraran formalmente constituidas y en regla- sino a los socios miembros de las mismas y, más aún, el origen del dinero que habían recabado y otorgado al PRI. En este rubro, el TEPJF desestimó los agravios al considerar que la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización respecto del origen y el destino del dinero, donde la misma aduce que comprobó a partir de solicitudes a la Comisión Bancaria vía facturas y cheques, así como la verificación de la licitud en la constitución de la empresas a cuyos nombres se encontraban emitidas las facturas, era lo suficientemente exhaustiva como para considerar satisfecho este requisito. Asimismo, consideró que, dada la solidez de la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización, no existían indicios suficientes como para que la autoridad realizara el levantamiento de velo e indagara de forma más profunda a las empresas.
  1. Financiamiento ilícito. En este rubro se argumentaba que la autoridad electoral, el IFE, había realizado una mala interpretación del artículo 77 del COFIPE, donde se estipula(ba) la prohibición para los partidos políticos de recibir “aportaciones o donativos” por parte de, entre otros, empresas mercantiles. Los denunciantes consideraban que, aunque en términos formales se tratase de un “préstamo” entre el PRI y las diversas empresas con las que había contratado este servicio, en realidad esto constituía un fraude a la ley ya que, en los hechos, el PRI había obtenido financiamiento de una entidad prohibida.  El TEPJF declaró infundado el agravio haciendo una análisis técnico y una aplicación textual de la ley: dado que aportar y donar no significa lo mismo que prestar, y dado que el préstamo realizado entre el partido y las empresas se encontraba correctamente respaldado y había sido ya liquidado, éste no constituía ninguna infracción a la ley electoral entonces vigente.
  1. Agravios fundados. El TEPJF declaró como fundados únicamente dos agravios. El primero donde consideró que la autoridad electoral no fundó y motivó correctamente la adjudicación de $6´809,718.00 a los gastos ordinarios de campaña del PRI por lo que se ordena realizar una correcta fundamentación y motivación; y la segunda, donde se admite que los intereses y gastos adicionales generados por los préstamos solicitados por el PRI deberán considerarse también como gastos de campaña y ser computados dentro de los mismos.

Qué dice lo que no se dice. El Tribunal omiso.

Si damos por bueno que la forma también es fondo, esta sentencia dice mucho más de lo que se lee. Una sentencia técnica, de difícil comprensión y que destaca por la falta de argumentos. En la mayoría de los casos, la Sala Superior en lugar de realizar interpretaciones de los preceptos legales, de contrastar –como lo solicitaban los demandantes y como se espera de una autoridad jurisdiccional constitucional- los agravios de una parte con lo presentado como evidencia o, bien, de explotar sus facultades constitucionales y, dada la importancia del caso en cuestión y de la precisión técnica de las pruebas que se necesitaban para sustentar algunos de los agravios presentados bien podrían haber ameritado suplencia de la queja, de realizar investigaciones ulteriores, se limita a retomar los resultados de la investigación de la Unidad de Fiscalización –precisamente aquello que se está atacando jurídicamente- y a darlos por válidos.

La sentencia evidencia sobre todo omisiones. Las más graves, considero, son las referidas a la triangulación de recursos por parte de las empresas a través de las cuáles el PRI contrató los servicios de Banca Monex, la indolencia para investigar la licitud del dinero objeto del préstamo y, por último, la falta de argumentación para desechar la posibilidad de seguir investigando un caso fundamental y en el que, a partir del propio documento de la autoridad electoral, puede presumirse razonablemente que existen irregularidades y lagunas sin esclarecer.

Una nota evidencia la falta de ejercicio del Tribunal: en dos años no realizó ninguna diligencia respecto de este caso. Evidente contraste con autoridades electorales que, años atrás, con un marco legal mucho más acotado y con menos facultades, explotaron al máximo sus capacidades, su voluntad de coordinación  en los casos paradigmáticos de Pemexgate y Amigos de Fox para fallar estableciendo multas millonarias a los principales partidos políticos (PRI y PAN), uno de ellos, el partido en el poder[1].

Y, después de tanto y después de todo, ¿por qué debería importarnos?

Pasado más de un año, con nuevas reglas electorales y un rediseño institucional profundo, puede parecer –y la cobertura en prensa así lo indica- que la resolución del caso más importante de la elección de 2012 ya no tiene importancia. Sin embargo, este caso tiene una relevancia en el contexto actual.

En primer lugar, los criterios establecidos en materia de financiamiento, que como bien señala la propia resolución no se modificaron en ese rubro específico con la pasada reforma electoral, abren la puerta a que, por la vía de la figura del “préstamo” las empresas mercantiles financien campañas y candidatos. Gracias a esta resolución, la simulación en estos temas, siempre y cuando se haga con cuidado ya es legal.

En segundo lugar, aunque las reglas se hayan modificado, la Sala Superior y sus miembros no. La actuación y la solución de este caso, que si tuviese que calificarse no podría ser más que de formalista y rigorista, evidencia la ideología y la postura que tendrán los magistrados electorales para resolver los casos que se susciten en este proceso electoral de 2015. Poca interpretación, poco garantismo, mucha estricta aplicación de la letra de la ley.

Por último, esta resolución es la prueba más penosa de la deconstrucción institucional en materia electoral. Salvo honrosas excepciones, las autoridades electorales y quienes las componen parecen haber abandonado la brújula de los objetivos para los cuales fueron creadas: proteger los principios democráticos, dar certeza y legalidad a las elecciones y ser un árbitro imparcial. Como los cangrejos, vamos para atrás también esta asignatura no menor.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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[1] De haberse seguido con el criterio establecido en el caso Pemexgate, el PRI, al ser reincidente, hubiera sido acreedor a una multa por el doble del monto estipulado. Al respecto del caso Pemexgate y Amigos de Fox cfr. Córdova L. y C. Murayama. Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006.

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Después de varias sesiones (cuyas versiones taquigráficas pueden – y vale la pena- consultarse- aquí) la Suprema Corte de Justicia resolvió, en 3 conjuntos de acumuladas, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos a un buen número de artículos contenidos en las Leyes Generales en materia electoral; en concreto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por último, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos generales, tal como ya se señalaba en un post anterior, la Suprema Corte se encontraba –se encuentra, ya que aún tiene pendiente la resolución de acciones impuestas a constituciones y leyes electorales locales- ante un reto mayúsculo, aunque no inédito: resolver más de 60 acciones de inconstitucionalidad antes del inicio del proceso electoral federal 2015, cuyo arranque, de acuerdo con la propia reforma política, será la primera semana de octubre. En este contexto, y a reserva de lo que se refleje en las sentencias finales, vale destacar la labor de sistematización y análisis que, de forma expedita, realizaron las ponencias proyectistas para la resolución de estos casos, que, no es baladí mencionar, versaban sobre una materia de la que la Suprema Corte de Justicia no es comúnmente juez.

En contrapartida, no puede dejar de señalarse la calidad argumentativa de los accionantes. Tal como se señaló en alguna de las cuatro sesiones de esta primer etapa de desahogos, las acciones de inconstitucionalidad presentadas tenían falencias argumentativas: carecían de sustento o los preceptos cuya constitucionalidad se ponía en entredicho no estaban contrastados con disposiciones constitucionales, por ejemplo. Por esta razón, no sorprende que, al menos en tres ocasiones, el Pleno hiciera uso de la suplencia de la queja con el fin de sentar precedentes de interpretación y dar mayor claridad a la línea argumentativa de cada una de sus decisiones.

ELECCIONESEn este conjunto de sesiones y acciones, la Suprema Corte resolvió más de 60 conceptos diferentes de inconstitucionalidad. Desde asuntos de forma, como presuntas violaciones al procedimiento legislativo por omisiones en la convocatoria al periodo extraordinario o la supuesta inconsistencia entre los periodos de armonización normativa de las entidades federativas; hasta la determinación de los conceptos “votación total emitida” y “votación nacional emitida”, la constitucionalidad de la regulación de las candidaturas independientes o bien, temas que inciden directamente en la conformación del Congreso, como la determinación del conteo de votos para la asignación de escaños por vía plurinominal para partidos políticos que formen coaliciones. Para hacerlo, en un ejercicio que podría considerarse un laboratorio de argumentación jurídica, la Corte realizó todo tipo de interpretaciones: lisa y llana, interpretación conforme e incluso echó mano del criterio de interpretación del llamado bloque de constitucionalidad, respecto de la prelación que deberán tener las disposiciones constitucionales frente a tratados internacionales cuando existan contradicciones entre ambos cuerpos normativos .

En general, la Suprema Corte ratificó –por unanimidad casi en la totalidad de las votaciones- la constitucionalidad de la mayoría de los artículos y fracciones impugnados. Dentro de este grupo, es decir, de aquellos preceptos que se mantendrán vigentes y fueron declarados constitucionales destacan:

  1. Ratificación del umbral del 3% de la votación total emitida para que un partido político mantenga su registro a nivel nacional toda vez que se consideró que la Ley únicamente transcribe una disposición que ya se encuentra contenida en la propia Constitución. (artículo 15 párrafos 1 y 2, LGIPE).
  2. Derecho de los medios de comunicación nacionales y locales para organizar abiertamente debates con la participación de dos o más candidatos, en función de que, a partir de la interpretación conforme, se asumió que la obligación de invitar a todos los candidatos estaba inferida y por tanto no se violaba el principio de equidad en la contienda, pero que la asistencia de todos no era condición necesaria para celebración de los mismos. Asimismo, la participación de los candidatos en estos debates no podrá considerarse como propaganda encubierta o contratación ilegal salvo que medien pruebas en contrario (art. 218 párrafo 6, inciso b, LGIPE).
  3. En materia de candidaturas independientes, los partidos políticos habían contestado la constitucionalidad de una buena parte del régimen establecido aduciendo que estas reglas, especialmente las referidas a las prerrogativas y obligaciones, atentaban contra el principio de equidad en la contienda por ser, o bien muy rígidas –más que las correlativas a los partidos políticos- o muy laxas. En este contexto, la Corte ratificó la constitucionalidad de todas las disposiciones en la materia: reglas de registro para los candidatos, acceso a radio y televisión y financiamiento de los candidatos independientes. (artículos, 384, 385, 386, entre otros, LGIPE)
  4. Relativo a las reglas mínimas de organización que deberán observar los partidos, la Corte ratificó que las prevenciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos relativas a los mecanismos de resolución de controversias, la existencia de una estructura mínima de organización interna y la aprobación de coaliciones, fusiones y alianzas por medio del órgano nacional de dirección no constituían una violación a la autonomía de la vida interna de los partidos políticos y, eran, por tanto, constitucionales.
  5. Dentro de este conjunto, cabe destacar la decisión de validar la existencia de sanciones fijas, de cancelación de registros por actos anticipados de campaña o por uso indebido de radio y televisión porque, aunque una parte de los ministros se pronunció en contra de estas sanciones, contenidas en el artículo 372 párrafos 1 y 2 de la LGIPE, decidieron declarar su constitucionalidad en atención a que ante la inminencia del arranque del Proceso Electoral Federal y la imposibilidad de modificar por vía legislativa el precepto, no podían quedarse estos conceptos violatorios sin ninguna sanción establecida.

Ahora, aunque fueron pocos los puntos que la Corte consideró fundados y, por tanto, fueron declarados inconstitucionales, algunas de las resoluciones son de alta relevancia. En primer lugar, el punto que se llevó una mayor tajada del debate es el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 87, párrafo tercero de la LGIPE que señalaba que cuando un candidato estuviera postulado por medio de una coalición y el elector tachara en la boleta electoral más de partido político, los votos sí le serían computados al candidato pero no a los partidos políticos. En este punto, la Corte dirimió dos temas específicos: en primer lugar –y en previsión a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad para leyes locales- resolvió que el Congreso de la Unión sí tenía competencia para legislar de forma específica y crear una base general sobre la materia, gracias a lo establecido en el artículo 73 constitucional y en los términos del artículo segundo transitorio. En segundo lugar, consideró que este sistema de conteo de votos atentaba contra la lógica del sistema electoral, de representación proporcional, mermaba las prerrogativas de los partidos políticos pequeños favoreciendo a las grandes fuerzas políticas en términos de asignación de representación proporcional, financiamiento y acceso a otras prerrogativas y, en últimos términos, distorsionaba la voluntad del elector al eliminar su voto indirecto.

Aunado a esto, también en previsiones relativas a la asignación de diputados por representación proporcional, se optó por la invalidación de la fórmula de asignación de diputados locales de representación proporcional en los Congresos locales, al considerar que esta disposición invadía la esfera competencial de las entidades federativas.

Además, la Corte también invalidó por completo algunas partes del artículo 44 y del 320 de la LGIPE, relativos al método estadístico aleatorio de recuento de votos para la elección de Senadores al considerar que este método no permitía dar certeza al resultado. También estableció que no es constitucional limitar la sanción de la entrega de dádivas para obtener el voto a aquellas que “contengan” propaganda electoral, sino que ésta sanción deberá aplicar a estas entregas, lleven o no visible dicha promoción y la invalidez de la incorporación de los gastos de estructura partidista y estructuras electorales en el rubro presupuestal de actividades ordinarias de los partidos políticos por considerar que efectivamente éstos gastos deberían encontrarse en la partida presupuestal extraordinaria.

Todos estos cambios, algunos de mayor calado que otros, tendrán como repercusión que las reglas del juego del Proceso Electoral Federal 2015, y los procesos electorales concurrentes de las entidades federativas -muchas de los cuáles también verán afectada su normatividad al términos de la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad- actúen con áreas grises; es decir, artículos y párrafos que fueron declarados inválidos pero que no tendrán sustituto normativo.

En este contexto, para algunos casos, como el de las coaliciones, la propia Corte señaló en su resolución el camino que deberán tomar las autoridades para subsanar estos vacíos, mientras que en otros, corresponderá al INE y, en caso de ser necesario, al TEPJF, llenar por la vía de la reglamentación secundaria y interpretación, las lagunas existentes. Por ahora, nos toca conformarnos con que, con todo y todo, la resolución de estas acciones abona en fortalecer la indispensable certeza jurídica que debe enmarcar al proceso electoral que está por comenzar. Ya veremos.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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Desde hace varias semanas, las diversas fuerzas políticas y la opinión pública se preparan para el proceso electoral del 2015 -empiezan a saltar encuestas, a trazarse estrategias, definir discursos, etcétera-. Sin embargo, antes es necesario librar otra batalla no menor: la definición de las reglas electorales que marcara el rumbo precisamente de estas elecciones. En efecto, como se sabe, en los últimos meses hubo una reforma político-electoral que cambió varias de las condiciones del escenario electoral. No obstante, no pocas de estas nuevas reglas han sido impugnadas ante la Suprema Corte por los mismos partidos políticos. El punto más delicado es que en este caso lo que decidan los ministros tendrá un particular impacto en la dinámica político-electoral, pues el tiempo está encima: el proceso electoral inicia formalmente en octubre de este año y de ahí que no haya tiempo para corregir aquellos aspectos legislativos que en su caso declare inconstitucional la Suprema Corte.  

En febrero de 2014, después de meses de negociación por parte de las tres principales fuerzas políticas –PRI, PAN y PRD- se aprobó una nueva reforma constitucional en materia político electoral. Esta reforma tuvo dos ejes orientadores: en primer lugar, acotar el poder ilimitado que los gobernadores de las entidades federativas ejercían, ya fuese directamente o a través de los Congresos locales vía los mecanismos de designación, en los Órganos Electorales Locales y, en segundo lugar, abaratar el costo de las elecciones en México.

Para ello, la nueva reforma constitucional dio un giro de timón en la configuración de la institucionalidad electoral. Además de incluir la posibilidad de reelección para diputados, senadores y alcaldes en el plano federal y local y añadir principios –debatibles- como la paridad de género en candidaturas, la reforma terminó con la existencia del Instituto Federal Electoral para dar paso al Instituto Nacional Electoral que, como su nombre lo indica, será el órgano encargado de la organización electoral  y la fiscalización, por mencionar sólo algunas de sus facultades más relevantes, tanto en el plano federal como en el plano local[1].

rulesEsta reforma constitucional, tal como lo señalaban sus artículos transitorios se completó con la posterior promulgación –en vía rápida- de tres nuevas leyes generales: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales –que sustituyó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales-, La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley General en Materia de Delitos Electorales[2]. Lo cual implicó a su vez que la mayoría de las entidades federativas adecuasen sus marcos normativos locales para armonizarlos con las nuevas disposiciones. Y aquí empieza precisamente la parte interesante.

La Constitución en su artículo 105 faculta a los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, [a presentar acciones de inconstitucionalidad] en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. En este contexto, los partidos políticos, en ejercicio de dicha facultad y a partir de la promulgación de cada una de las etapas de reforma han presentado, hasta el momento, 54 acciones de inconstitucionalidad ya sea contra de algunas de las leyes generales arriba mencionadas o, bien, en contra de sus legislaciones locales[3].

En el plano federal, los partidos PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentaron cada uno sendas impugnaciones buscando invalidar diferentes artículos de las leyes generales, mientras que en el plano local los partidos políticos locales también han promovido recursos contra las modificaciones o nuevas legislaciones de cada una de las entidades federativas. Los temas y los artículos que se buscan invalidar varían entre los diferentes recursos pero principalmente versan sobre los siguientes temas: distribución del financiamiento a los partidos políticos, facultades de los Órganos Públicos Electorales, fiscalización de la transferencia de votos cuando se trata de coaliciones y paridad de género.

La cantidad de recursos presentados es de suyo reveladora, además de evidenciar que las voluntades políticas continúan centradas en las reglas de acceso al poder (la noria electoral como la llama Lorenzo Córdova), también refleja que, aunque el entramado constitucional contó con la votación necesaria para ser aprobado, las reformas legales y sus armonizaciones locales –que no necesitan transitar por un proceso legislativo tan exigente como el de las reformas constitucionales- no contaron con el mismo aval. Así, tenemos que estas modificaciones, cuya implementación afecta de manera sustantiva las facultades de los poderes locales, gozaron de poco consenso entre las autoridades –y los partidos políticos- nacionales y locales.

Por otra parte, y dejando de lado el tamiz político, estos recursos presentan varias particularidades en el plano jurisdiccional. En primer lugar, vale la pena recordar, que la Suprema Corte no es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Tal como lo señala el artículo 99 de la Constitución, con excepción única justamente de las acciones de inconstitucionalidad, la última facultad de revisión en la materia la realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, tenemos que en esta ocasión, la Suprema Corte deberá pronunciarse –con apoyo de opiniones consultivas hechas por el propio TEPJF- sobre temas especializados, fundamentales para el funcionamiento del nuevo sistema electoral y con una larga trayectoria conceptual y jurisdiccional en nuestro país, en los cuáles no tiene conocimientos profundos.

Aunado a esto, la Suprema Corte se encuentra corta de tiempo para definir cada una de las impugnaciones ya que el Proceso Federal Electoral de 2015, donde se renovarán la Cámara de Diputados así como las Asambleas Legislativas de 17 entidades federativas, arranca en octubre de 2014. Esto implica además que de corroborarse la inconstitucionalidad de alguna de las leyes impugnadas, éstas no podrán ser reformadas, dada la prohibición de reformar las leyes electorales 90 días antes de iniciar un proceso electoral. Así, tenemos que estas leyes controvertidas podrían estrenarse con áreas de no aplicación pero sin nuevas directrices en la materia. Lagunas jurídicas que, de verificarse, abonarían a minar la certeza que debe regir un proceso electoral.

En síntesis, parece que nos encontramos ante un escenario delicado. Con independencia de la resolución de la Suprema Corte en cada uno de los casos, la combinación entre leyes electorales con legitimidad controvertida, y posibles problemas de legalidad, puede poner en severos problemas a las principales instituciones que deberán aplicarlas: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. A poco más de un mes de arrancar la primer prueba del ácido de esta nueva reforma electoral todavía no tenemos certidumbre sobre con qué reglas jugaremos. Difícil saber qué ficha mover.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia 

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[1] Para mayor información sobre los contenidos específicos de la reforma electoral, ver aquí.

[2] La reforma también contemplaba la expedición de la aplazada ley reglamentaria del artículo 134, relativa a publicidad oficial, pero que no fue aprobada en este primer paquete de reformas.

[3] El citado artículo establece que los actores facultados para presentar este tipo de recursos cuenta con 30 días para hacerlo. De este modo, aunque el plazo para presentar impugnaciones contra las leyes generales ya está agotado, los plazos de las entidades federativas siguen vigentes en algunos casos.

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mvcambio2Todos lo vimos. ¡Cómo no verlo! En diciembre pasado, Manuel Velasco, Gobernador del Estado de Chiapas, fue casi omnipresente. A propósito de su primer informe de gobierno, vimos su rostro en rutilante technicolor en cada esquina –gracias a la portada de la revista Cambio- en cines, en televisión. Este despliegue, que el propio Velasco reconoció tuvo un costo de 129 millones de pesos, provocó, además de indignación en varios sectores de la población, que dos partidos políticos, el PAN y el PRD, presentaran ante el Instituto Federal Electoral quejas respectivas.

En el transcurso del primer mes de 2014, el IFE ya desechó la queja presentada por el PRD, y al parecer, de acuerdo con el proyecto de resolución del caso que se discutirá en la próxima sesión del Consejo General, hará lo mismo con la queja presentada por el PAN. 

Antes de alzar la voz de la indignación contra este resultado, y con independencia de lo ominoso del despliegue publicitario, este contexto abre la puerta a un análisis respecto de las marco regulatorio de la publicidad gubernamental, las facultades de la autoridad electoral y los resultados que tiene la presentación de este tipo de recursos.

Con diferentes argumentos, calidades y cualidades argumentativas, ambas quejas se fundamentaban en la supuesta violación del artículo 134 constitucional, que señala, entre otras cosas, que el carácter de la propaganda gubernamental deberá “tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social” y que, además, prohíbe que dicha propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de algún servidor público.

Estas limitaciones, que se establecieron en la reforma electoral de 2007-2008, tenían prevista una reglamentación posterior –una Ley de propaganda gubernamental- que, actualmente, casi siete años después, continúa siendo una asignatura pendiente que es retomada a conveniencia, por unos y otros, de manera cíclica. Así, estas limitaciones, fundamentales para la correcta preservación del principio de equidad en la contienda electoral, para la rendición de cuentas en el gasto del erario público y el combate a la impunidad de quienes violan estos principios democráticos, quedaron cubiertas únicamente con la norma constitucional y dos modificaciones al COFIPE. Las cuales establecen que el informe anual de labores de los servidores públicos no será considerado como propaganda gubernamental mientras “la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.”

Adicionalmente, gracias al buen cúmulo de casos que ha tenido que resolver respecto de esta materia, el TEPJF ha generado varios criterios respecto de los alcances y límites de estas disposiciones. Así, tenemos que en el rubro de propaganda personalizada, el TEPJF ha determinado que esta se actualiza, entre otros casos, cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a algún servidor público (SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-150/2009); cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando más su imagen, cualidades (reales o imaginarias) y logros que las del encargo que desempeña, con el fin de posicionarlo con fines político-electorales (SUP-RAP-43/2009) y cuando el servidor público utilice expresiones vinculadas al voto, la obtención del mismo, o  cuando se haga alusión a la pretensión de este servidor de ser candidato a algún cargo de elección popular  o cuando haga referencia a los procesos electorales por venir (SUP-RAP-43/2009).

Como podemos ver, las autoridades electorales, a pesar de las deficiencias de origen en esta materia, han construido criterios interesantes en el ámbito de su competencia. Pero entonces, ¿por qué no es posible que el IFE sancione a Manuel Velasco?

En este caso, las disposiciones jurídicas y la construcción jurisdiccional en la materia evidencian que la resolución de casos donde existe supuesta propaganda personalizada enfrenta dos problemas fundamentales. Por un lado, la incompetencia, en sentido literal y etimológico, del IFE, que aunque se encuentra facultado para conocer de estos casos tanto dentro del periodo electoral como fuera de él, sólo tiene posibilidad de aplicar sanciones cuando se trate de propaganda político-electoral que de acuerdo con los supuestos establecidos por lineamientos del propio Instituto (CG38/2008) y los criterios ya señalados, se encuentra directamente relacionada con procesos electorales –que no es el caso de la propaganda de Manuel Velasco-. Y, por otro lado, la inexistencia de disposiciones administrativas –o inclusive la determinación de la autoridad correspondiente- que regulen la publicidad gubernamental en todos sus aspectos, sobre todo en el gasto, y establezcan sanciones para los servidores públicos que trasgredan los límites establecidos.

A propósito de este caso, algunos políticos están utilizando el veredicto dado por el IFE a estas dos quejas como argumento a favor de la ya inminente reforma política, que creará un nuevo órgano electoral federal con mayores facultades de incidencia en el ámbito local; sin embargo, omiten señalar que las incapacidades tanto del IFE como de otras autoridades administrativas para sancionar estas faltas tienen poco que ver con la actuación de estas entidades. Más bien, se trata de una falta de regulación apropiada que establezca con claridad las conductas reguladas, los alcances y los límites de la actuación de todos los sujetos obligados y entidades regulatorias, así como las sanciones que deberán imponerse a quien infrinja estos supuestos.

En síntesis, ninguna autoridad, ni nueva ni vieja, va a ser capaz de resolver satisfactoriamente este tipo de conductas sin una adecuada Ley de propaganda gubernamental reglamentaria del artículo 134 constitucional. Mientras esto no  ocurra, los informes de gobierno seguirán siendo una ventana de oportunidad para que funcionarios públicos de todos los niveles y adscripciones políticas, continúen contratando –y gastando sumas millonarias del erario público- de forma tolerada, diversos tipos de publicidad. De igual manera, sin un marco regulatorio adecuado, las quejas que presenten otros partidos políticos o entes facultados para denunciar ante el IFE u otra autoridad, no tendrán más repercusión que la que obtengan de la estrategia mediática que acompañe la presentación de dichas quejas. Por esta razón, en estas circunstancias, este tipo de estrategias jurídico-mediáticas resultan más dañinas que útiles al contexto democrático. Cuando la autoridad electoral, al no tener las herramientas jurídicas necesarias para sancionar estas conductas, se declara incompetente, se convierte en el nuevo blanco del encono –justificado en un inicio por el despliegue publicitario- de los partidos políticos y los ciudadanos en general. Estamos, pues, frente a otro caso de banalización del derecho y de las instituciones electorales, un circo donde todos actúan y pierde la democracia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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El domingo 7 de julio se eligieron gobernador (Baja California), diputados locales y ayuntamientos en 14 entidades. Sin embargo, aún falta que las autoridades electorales de cada entidad realicen los cómputos definitivos de las elecciones, primero en los consejos distritales y municipales, según sea el caso, y luego los cómputos finales en el órgano máximo de cada instituto electoral local.

El cómputo final que emita el instituto electoral respectivo será definitivo en tanto no sea impugnado por algún partido político o candidato.

  • Partidos políticos: pueden impugar si estiman que se actualizaron alguna de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla o de la elección previstas en la ley, o alguno de los candidatos ganadores sea inelegible[1] podrá controvertir los resultados de la elección para que se modifiquen o se anule toda la elección.
  • Candidatos: sólo pueden impugnar los resultados de la elección en caso de inelegibilidad del candidato ganador o la asignación por el principio de representación proporcional[2].
  • Los ciudadanos no pueden impugnar los resultados de una elección.[3]

El proceso para realizar los cómputos de la elección, las causas de nulidad de la votación o de la elección y el medio de impugnación que se tenga que presentar varían según la legislación local.

Impugnación en la instancia local. En caso de que se impugnen los resultados de cualquiera de las elecciones –diputados, integrantes de ayuntamiento o gobernador- Será el tribunal electoral de cada entidad quien conozca y resuelva en primera instancia los medios de impugnación que se presenten en contra de los resultados de la elección, pudiendo confirmar, modificar o anular los resultados de la elección.

Impugnación en instancias federales. Una vez emitida la sentencia por el tribunal local, la misma puede ser controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos. Las impugnaciones que se presenten en contra de una sentencia de un tribunal local que versen sobre los resultados de las elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos, las conocerán y resolverán las Salas Regionales de la circunscripción que corresponda:

Sala Regional Guadalajara

Durango

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Sonora (extraordinaria)

Sala Regional Monterrey

Coahuila

Aguascalientes

Tamaulipas

Zacatecas

Sala Regional Xalapa

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Sala Regional D.F.

Puebla

Tlaxcala

  1. Sala Regional Toluca

Hidalgo

Medios de impugnación procedentes:

  • Juicio de revisión constitucional electoral cuando quien impugna es un partido político;
  • Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuándo el impugnante es un candidato.

Segunda instancia federal. Excepcionalmente, en contra de las sentencias que emitan las Salas Regionales es posible impugnar ante la Sala Superior los resultados de las elecciones de diputados locales e integrantes de ayuntamientos. El medio de impugnación que puede ser procedente es el recurso de reconsideración[4].

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De esta forma los partidos políticos y candidatos tienen hasta tres oportunidades para cuestionar los resultados electorales de diputados e integrantes de ayuntamientos.

Elección de gobernador:

1) Se impugnan los resultados emitados por el Instituto Electoral Local ante el Tribunal Electoral de la entidad,

2) La sentencia del Tribunal Electoral local puede impugnarse ante la Sala Superior del TEPJF. La sentencia que este emita es definitiva e inatacable.

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Las impugnaciones deberán resolverse, forzosamente, antes de que los candidatos triunfadores tomen posesión del cargo para el que fueron elegidos, de otro modo los actos se vuelven irreparables.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, oficial de acceso a la información de Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd


[1] Jurisprudencia 11/2004. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[2] Jurisprudencia 36/2009. ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

[3] Jurisprudencia 11/2004, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[4] Artículo 61 (LGSMIME): 1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a)   En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b)     En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

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tepjfEn estos momentos, la Cámara de Diputados y el TEPJF materializan la clásica tensión de una democracia constitucional entre órganos representativos del voto popular y órganos judiciales. Esto debido a la omisión de los primeros para designar al Consejero faltante del Instituto Federal Electoral (IFE) que culminó en dos sentencias del último donde se ordenó a la Cámara de Diputados a convocar a periodo extraordinario y concluir con el proceso de designación iniciado en febrero pasado. A pesar de las resistencias de los diputados, que votaron en su mayoría por rechazar, por segunda ocasión, la celebración de un periodo extraordinario para esta designación, parece que finalmente han decidido acatar la sentencia del TEPJF y elegir finalmente a quien ocupe la vacante en el Consejo General del IFE. Sin embargo, ante la renuencia de ciertos partidos políticos a realizar esta designación en estos momentos, también existe la posibilidad de que incluso esta convocatoria resulte estéril.

Precedentes

En este contexto, ante la posible falta de consenso entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, la designación del Consejero del IFE puede terminar por realizarse en sede judicial. Por esta razón, vale la pena recordar los precedentes en la materia para ponderar su viabilidad y su oportunidad en este caso.

El Congreso de la Unión no es el único caso de un órgano legislativo que se niega a cumplir con una determinación judicial. En aras de garantizar la regularidad de la Constitución, excepcionalmente el TEPJF  ha sustituido las funciones del órgano legislativo a efecto de designar funcionarios electorales, en virtud de que los Congresos locales no han acatado los fallos jurisdiccionales. Aquí los casos paradigmáticos:

1) Caso Sonora-Instituto Electoral (SUP-JDC-4984/2011). Aquí se cuestionó la designación de tres consejeros electorales propietarios y un suplente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pues la designación realizada por los diputados locales no observaba los principios de paridad y alternancia de género que establece la legislación electoral de Sonora para integrar el órgano.

La primera sentencia del TEPJF dejó sin efectos el nombramiento de los consejeros electorales realizado por el Congreso del Estado, por incumplir con los criterios ya mencionados. Por ello se le dio al Congreso local un plazo de 5 días para que designará nuevamente a los consejeros electorales nombrando a dos mujeres y un hombre, con el carácter de propietarios y a un consejero suplente hombre.

Sin embargo, el Congreso de Sonora fue renuente a cumplir con la sentencia, a pesar de haberse emitido diversos incidentes por parte del TEPJF. En el séptimo incidente, mes y medio después de dictada la primer sentencia, el TEPJF sustituyendo en sus facultades al Congreso local, designó a los tres consejeros propietarios, dejando que fuera el propio Congreso de Sonora quien designara al consejero suplente, para lo cual fue necesario que el TEPJF conociera y resolviera 6 incidentes más, después de los cuales el Congreso local designó finalmente al consejero suplente. En total se resolvieron 13 incidentes de inejecución de sentencia a efecto de asegurar el cumplimiento del fallo original.

2) Caso Sonora-Tribunal Electoral (SUP-JRC-173/2012). Aquí se impugnó la omisión del Congreso local de designar a quien ocuparía el lugar del magistrado propietario Luis Enrique Pérez Alvídrez, pues el periodo para el que fue designado había concluido. Pérez Alvidrez era magistrado electoral desde 1996, su encargo concluía en 2009, sin embargo, antes de concluir el periodo el entonces magistrado promovió un amparo, el cual le fue concedido, para continuar en el cargo.

La sentencia del TEPJFordenaba al Congreso local que, de manera inmediata realizara los actos necesarios para designar al magistrado que ocupará el lugar de Pérez Alvídrez. Ante su desacato, después de cuatro incidentes de inejecución de sentencia –seis meses después de emitida la sentencia original- y una vez que el congreso local informó la imposibilidad de reunir los órganos encargados de la designación, el TEPJFdesignó directamente al nuevo magistrado electoral.

3) Caso Yucatán – Instituto Electoral. Uno de los casos más enigmáticos, por los alcances que tuvo, fue el de Yucatán, En el caso, previo a las elecciones de 2001 el Congreso del Estado determinó ratificar por un periodo adicional a los integrantes del Consejo Electoral del Estado. La designación se impugnó debió a que no se cumplió con la mayoría de 20 legisladores requerida para aprobar la designación, pues la ratificación se hizo por sólo 15 integrantes del Congreso.

En la primera impugnación (SUP-JRC-391/2000), el TEPJF determinó revocar la designación de consejeros electorales, a fin de se repusiera el procedimiento y se considerará a todos los candidatos postulados por diversos partidos políticos y organizaciones sociales. En cumplimiento, el Congreso de Yucatán señaló que sólo 14 de los 59 aspirantes cumplían con los requisitos legales, por lo que se les designó como consejeros propietarios y suplentes.

Ello fue nuevamente impugnado (SUP-JRC-440/2000 y acumulado) y resuelto por el TEPJF en el sentido de revocar la designación, pues el Congreso estableció requisitos mayores a los exigidos por la ley. La sentencia ordenó la reposición del procedimiento de designación, observando los requisitos legales que deben cumplir, y en caso de no conseguir la mayoría se insaculará a los designados de entre aquellos que cumplieran con los requisitos.

El Congreso de Yucatán no dio cumplimiento a la sentencia, a pesar de diversos incidentes de inejecución en los que el TEPJF reiteró la orden de realizar de nueva cuenta la designación. Derivado de la resistencia del Congreso, el TEPJF se vio obligado a sustituirse en las facultades del Congreso local y seleccionar a los candidatos que cumplían con los requisitos legales, remitiendo una lista de 47 al Congreso a efecto de que de entre ellos designara a los 7 consejeros electorales.

Ello tampoco fue cumplido de manera que ante el continuo desacato, el TEPJF llegó al extremo de designar directamente (por insaculación) a los 7 consejeros electorales que debían integrar la autoridad electoral. A pesar de ello, continuó el desacato a la sentencia del TEPJF, pues tanto el Congreso, como los Consejeros que ocupaban el cargo, se negaron a tomarles posesión a los designados por el TEPJF y entregarles las instalaciones y recursos del Instituto local. Ello derivó en el extremo de requerir el uso de la fuerza pública, así como el apoyo del Gobernador del Estado, de la Secretaria de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, a iniciativa del Gobernador se emitió un decreto en el que se pretendió establecer un nuevo Consejo Electoral integrado por 14 consejeros (7 designados por el Congreso y 7 insaculados por el Tribunal). Dicho decreto fue controvertido a través de una acción de inconstitucionalidad, en la cual la SCJN, resolvió la A.I. 18/2001, declarando inválido el decreto del Congreso local y ordenando el cumplimiento de la sentencia del TEPJF.

A manera de conclusión

Como los precedentes demuestran, es factible que, ante la reiterada omisión de la autoridad responsable –en este caso la Cámara de Diputados- el TEPJF designe a un consejero electoral. Aunque se trata, efectivamente, de un suplantamiento de funciones, el desacato continuo a un fallo judicial, así como la importancia de la integración total del IFE, en tanto autoridad administrativa fundamental en el sistema democrático mexicano, justifica una situación extraordinaria de este tipo, pues, es tarea de los tribunales constitucionales contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, incluso frente a las omisiones de otros poderes.

Sin embargo, como puede verse, tampoco se trata de un procedimiento sencillo y expedito. Este tipo de designaciones tiene que considerarse como un último recurso ante situaciones extraordinarias y, de aplicarse, deberán ponderarse con cuidado los pros y los contras que tendrá la designación de una Consejero Electoral a través de este método, sin olvidar que en un Estado de Derecho ningún poder, órgano u autoridad se encuentra por encima de la Constitución, Tratados Internacionales o la ley.

En estos días en que se discute la creación de una nueva autoridad electoral nacional, se critica la autonomía y la injerencia de las fuerzas políticas en las autoridades electorales locales, y considerando el desarrollo de los dos últimos procesos de designación de consejeros electorales – el actual y el de 2010-2011- consideramos que la falta de designación de un consejero electoral lejos de abonar a fortalecer y consolidar a las autoridades electorales, coadyuva al desprestigio y deslegitimación del sistema democrático en su totalidad. A nuestro parecer el fortalecimiento de las autoridades electorales comienza por un proceso de designación apegado a lo establecido en la ley, en el que se observen los principios de transparencia, máxima publicidad, imparcialidad e independencia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso a la Información en Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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