Marimar tenía 17 años en 2015, fue víctima de violación y derivado de ello cursaba un embarazo que no deseaba continuar. Por este motivo ella y sus padres acudieron el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” en el estado de Morelos para solicitar la interrupción del embarazo consecuencia de la violación.

Para dar trámite a la solicitud de la menor en relación a la interrupción del embarazo, el Hospital General, a través de la Jefatura de Ginecología y Obstetricia, convocó al Comité de Bioética para determinar lo procedente. El resultado fue una resolución en la que se señala:

… analizados los casos clínicos de las pacientes ********************* y […] con embarazos con productos con una alteración morfológica demostrado en los estudios de ultrasonografía de cada una de ellas, se llega a la conclusión de que no se encuentra ninguna justificación médica para la interrupción de los mismos, por tal motivo al no presentar ninguna de las madres alguna patología, se decide su egreso del hospital ya que su estancia dentro del mismo implica un riesgo a la salud de las pacientes […].1

A Marimar y sus padres les entregan un oficio en el que le hacen saber la determinación del Comité de Bioética en donde le informan, sin tomar en cuenta la violación sexual, que “después de un análisis del expediente clínico integrado conforme a la Norma Oficial Mexicana, se concluye que se trata de una paciente con un embarazo normoevolutivo, que si bien es portadora de una malformación congénita, y la cual no pone en riesgo la vida de la madre. No contamos con sustento ni orden legal para la terminación del mismo”.2

Contra esta determinación, en febrero de 2016, Marimar y sus padres, con el acompañamiento de GIRE, interpusieron un juicio de amparo indirecto para impugnar la resolución del Comité de Bioética. En la demanda se argumentó que el acto de autoridad vulneró los derechos de Marimar; derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, entre otros. Lo que se solicitaba al juez federal era constatación de las violaciones a derechos humanos que derivaban del acto impugnado, se emitiera un nuevo acto y que se ordenara la reparación.

El juicio agotó la primera instancia sin obtener un resultado satisfactorio por lo que se interpuso el recurso de revisión que a petición del Tribunal Colegiado fue enviado a la Suprema Corte para que considerara ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver el juicio.

La atracción fue votada en sentido favorable y el asunto fue turnado a la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas3 cuyo proyecto fue discutido finalmente en la sesión de este 4 de abril de 2015. Por decisión unánime de los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte se resolvió otorgar el amparo a Marimar. La Segunda Sala:

… determinó que las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, etc., derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no sólo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo.

Lo anterior implica que las autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos –ni políticas internas- que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo.4

Con esta sentencia se reconoce a Marimar y sus padres la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que individualice la reparación de acuerdo con las necesidades específicas del caso.

La decisión es histórica porque es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia en un caso concreto relacionado con la negación de acceso al aborto. Los pronunciamientos anteriores en este tema habían sido respecto de la constitucionalidad de leyes, sobre todo penales en torno al aborto, pero la Corte no había escuchado la voz de una mujer en un reclamo como este.

El impacto es inmenso pues marca una nueva etapa en la exigencia del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora hay un pronunciamiento claro que no deja lugar a dudas sobre las obligaciones de las autoridades en relación a la garantía de acceso al aborto por violación. Pues a pesar de que en todo México desde hace décadas existe la posibilidad legal de interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual, a casi 7 años de la modificación constitucional en materia de amparo y de derechos humanos, a 5 años de la publicación de la Ley General de Víctimas y a 2 años de la modificación de la Norma Oficial Mexicana 046, las niñas y mujeres de este país que han sido víctimas de violencia sexual siguen enfrentando la negativa por parte de las autoridades mexicanas para acceder a un aborto legal que Paulina enfrentó hace más 18 años.5

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009 a 2016, se han recibido 111,413 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República; tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales y federal, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 63.6

En este sentido, las implicaciones de esta resolución en el ámbito de los servicios de salud son de la mayor relevancia pues el máximo tribunal de este país revisó la obligación ya establecida en ley de proveer servicios de interrupción legal del embarazo para las víctimas de violencia sexual y resolvió no solo que dicha obligación es constitucional, si no que su incumplimiento es una violación a los derechos humanos de las mujeres que tiene que ser reparada de manera integral.

Lo que implica la obligación de resarcir los daños materiales e inmateriales para Marimar y su familia a través de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que corresponden a la prestación de servicios de aborto de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046. A partir de la decisión de la Corte se acota la discrecionalidad que puedan tener las autoridades en términos de la interpretación y aplicación de la ley pues deben ceñirse al criterio delineado por la Segunda Sala: negar u obstaculizar el acceso al aborto por violación, y por extensión a cualquiera de las otras hipótesis legales contempladas, es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.

En el ámbito de la democracia material vinculada con el respeto a los derechos humanos más allá de las opiniones mayoritarias y el trabajo de los jueces constitucionales, esta sentencia fija un criterio que les orienta para resolver otros casos que sean sometidos a su consideración. Antes de esta resolución cada juzgado podía resolver de acuerdo con su consideración del caso; a partir de ahora se debe dar continuidad a este estándar que obliga al reconocimiento de que la negación de acceso al aborto en las hipótesis establecidas legalmente es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.

Con esto se va construyendo una cultura jurídica que reconozca la importancia del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la correlativa obligación de las autoridades de garantizarlos, desde el personal de salud hasta los jueces. Antes era un tema casi ausente, ahora es un referente obligado también desde la justicia constitucional.

Rebeca Ramos Duarte. Coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.

Alex Ali Méndez Díaz. Coordinador de Documentación y Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.


1 Versión pública del proyecto de resolución, p. 5.

2 Ibíd., p.6.

3 Amparo en revisión 601/2017, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4 Comunicado 48/2018, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5 En el año 2000, a Paulina, menor de edad de escasos recursos de Baja California, se le negó el acceso a la interrupción del embarazo, consecuencia de violaciones sexuales de que fue víctima. Acerca del caso pueden consultarse las publicaciones del Grupo de Información en Reproducción Elegida: Paulina, cinco años después y Paulina, justicia por la vía internacional, ambas disponibles en la biblioteca digital de GIRE.

6 Se pueden consultar los datos en Violencia sin interrupción.

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