El derecho debajo de la falda en el D.F.

La privacidad o el derecho a la vida privada –regulado en los artículos 6 y 16 constitucionales y en diversos tratados de los que México es parte–[1] ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o Suprema Corte)[2] como el derecho a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento”.

upskirting2

La SCJN entiende por privado: “lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.” Reconoce que el contenido protegido por este derecho puede variar por motivos internos o externos. Por ejemplo, las personas pueden convertir en pública información que pertenece a su vida privada a través de ciertas conductas o en ocasiones otros derechos e intereses, como la libertad de expresión o de información, pueden justificar la publicación de información considerada como privada. Para la SCJN, este derecho está conectado a otros más concretos, tales como “el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia”. En la jurisprudencia, la Suprema Corte resalta a la intimidad como el núcleo duro de la vida privada: “lo radicalmente vedado, lo más personal”, sin definir con mayor precisión qué se encuentra dentro de esta variación, pero puede entenderse que le otorga mayor protección.

Por su parte, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (la Ley) protege el patrimonio moral de las personas. Dentro de este patrimonio se encuentra la vida privada. La Ley la cataloga como un derecho de la personalidad y la define como “aquella que no está dedicada a una actividad pública”, sin trascendencia o impacto directos en la sociedad e inaccesible, en principio, para terceros.[3] La Ley añade que este derecho “se materializa al momento que se protege del conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o posesiones y todas aquellas conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son de interés público o no se han difundido por el titular del derecho.”

Al igual que la Corte, la Ley entiende al derecho a la intimidad como parte de la vida privada y da una definición vaga,[4] que no ayuda tampoco a clarificar qué se encuentra dentro de este derecho y qué lo distingue del más amplio derecho a la vida privada.

Otro derecho de la personalidad protegido por la Ley, relevante para el upskirting en lugares públicos, es a la propia imagen. La Ley define a la propia imagen como “la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material.” El derecho a la propia imagen consiste “en la facultad para disponer de [la propia] apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de la misma”. La Ley circunscribe la afectación ilícita de la imagen a su difusión o comercialización sin consentimiento; esto es: a que se haga pública y/o se lucre con ella. No es claro si su mera captura es ilícita, pues aunque se prevé el derecho a controlar su captura y la captura no consentida cuenta como afectación a la propia imagen, sólo prevé la reparación cuando se use con determinados fines: difusión o comercialización. Además, establece como requerimiento para determinar una afectación al patrimonio moral la existencia de un ilícito y, como se mencionó, el ilícito parece limitarse a la difusión o comercialización. Para añadir a la confusión, también establece que se considerará el grado de difusión del “hecho lesivo” para determinar la procedencia de la acción. Finalmente, incluso si se lograra argumentar la procedencia de la protección a la mera captura no autorizada, la definición de imagen requiere que la persona sea identificable, lo que no sucede en las fotos que tomó el voyeur de Massachusetts, pues el rostro de las mujeres no aparece.[5] No es claro que si el voyeur de Massachusetts hubiera estado en la línea 3 del metro del D.F. hubiera sido responsable por capturar esas imágenes bajo la regulación del derecho a la propia imagen. Por ello, regreso a la vida privada.

Privacidad, igualdad y sexualidad

Aunque el derecho a la privacidad en el artículo 16 de la Constitución está previsto como un derecho de no interferencia del Etsado y como parte del debido proceso, puede decirse que gira en torno a las nociones de lugar/espacio, en concreto el domicilio; de relaciones, como la familia, y de aspectos/información que constituyen la identidad o vivencias de una persona, en los que la mirada pública de terceros no tiene injerencia precisamente porque no les afecta. Es decir, protege una serie de cosas que parecen no tener relación entre sí. A pesar de que esta vaguedad en la definición y regulación de la privacidad puede provocar incertidumbre, es también inevitable e incluso deseable, pues permite pensar y definir muchos aspectos de la convivencia humana.[6]

Los criterios de la SCJN en materia de privacidad permiten argumentar a favor de la protección jurídica de lo que hay debajo de la falda según el siguiente razonamiento:

En el caso del voyeur, el cuerpo capturado en imagen o video es, simultáneamente, un lugar, independientemente de dónde se encuentre; un aspecto de nuestra identidad, independientemente de cómo esté presentado, además de que entre las personas y su cuerpo existe una relación en sentidos que sobrepasan la propia identidad. En muchos casos, estas manifestaciones de la privacidad en el cuerpo resultan de extrema intimidad. Es decir, las personas perciben a su cuerpo como un espacio, un aspecto identitario y una relación personal, que deben protegerse de cualquier intervención y/o apropiación arbitrarias. No importa si dicha intervención o apropiación se hace con fines adicionales al uso personal –sexual, artístico o de otra índole– de quien la realiza, y por eso mismo no importa si la persona fotografiada o grabada es identificable o no. También es irrelevante si el voyeur publica las fotos o no. El punto es que estar en un vagón del metro y usar una falda no es una autorización implícita a ser fotografiada o grabada debajo de ésta, de la misma forma que usar una falda en un espacio público o privado no es una autorización implícita a tener relaciones sexuales.

Aproximarse al tema desde la privacidad permite controlar los dos problemas que el upskirting presenta según mi lectura feminista. El individual, pues abre la posibilidad del reclamo y la reparación civil. El colectivo, pues envía el mensaje de que este tipo de conductas, de tecnologías de sexismo, no están permitidas en el espacio público y ayuda a dibujarlo como un espacio igualitario y democrático.

Al aceptar esta alternativa jurídica, que hace al upskirting potencialmente ilícito, se está tomando una decisión sobre qué ejercicios de la sexualidad se consideran adecuados y cuáles no; se están protegiendo unas sexualidades y desprotegiendo –incluso ilegalizando– otras. Considerando esto, la vía civil parece también una mejor alternativa que la penal pues permite una regulación de la sexualidad menos estricta. Así, por ejemplo, si la persona cuya imagen es capturada vive ese momento sexualmente y de manera consentida, no sentirá que su privacidad y/o su sexualidad han sido invadidas y la conducta permanecerá en la legalidad. A la inversa, quien aprecie esta conducta como una invasión a su privacidad y a su sexualidad puede acudir al sistema legal para corregirlo.

Quiero resaltar que también hay intereses del lado del voyeur, entre los que están su expresión y el ejercicio de su sexualidad; sin embargo, para mí quedarían relegados a un segundo lugar, y solamente obtendrían protección jurídica si la persona que es fotografiada o grabada debajo de la falda lo consiente o no acude al sistema legal.  Creo que al elegir la vía civil se evita estigmatizar a esa sexualidad, en la manera en la que lo hace una conducta criminal. El mensaje que envía la regulación civil no es de permisión de la conducta, pero tampoco de perversión. Una concepción jurídica mínima sobre el ejercicio de la sexualidad requiere que las partes involucradas deseen el acto.[7]

Sobra decir que el derecho no es el único medio, ni siquiera el ideal, para generar estos cambios, pues su control siempre es posterior a los hechos; su impacto en la prevención suele ser menor. Sin embargo, juega un papel material y simbólico que tampoco puede desconocerse.

Cabe preguntarse hasta dónde puede extenderse este argumento. ¿Qué pasaría con las fotografías que tomamos de otras personas con fines artísticos o de expresión sin su consentimiento y no las publicamos? ¿Qué pasa cuando las publicamos sin fines de lucro en las redes sociales, como arte propio? Aunque no me referiré a ello aquí –y el segundo supuesto sí parece caer bajo la Ley del D.F.– son preguntas que se abren con este argumento y que son centrales para imaginar y diseñar el espacio público.

Pensar al cuerpo en los espacios públicos desde la privacidad y argumentar a favor de su protección civil permite modificar dinámicas de género y sexuales que dan lugar a un disfrute desigual del espacio público y a ejercicios de la sexualidad potencialmente no consentidos, sin desconocer que puede haber percepciones y sensaciones distintas sobre esas dinámicas, dando espacio para que coexista más de una visión de los hechos.

Regina Larrea Maccise. Abogada por el ITAM, doctoranda en Derecho por la Harvard Law School y feminista. Twitter: @rlmaccise. Quiero agradecer a Diana Larrea por su revisión y comentarios.


[1] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11).

[2] Tesis aisladas consultadas: Derecho a la privacidad o intimidad. Está protegido por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Derecho a la vida privada. Su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma; Derecho a la vida privada. Su contenido es variable tanto en su dimensión interna como externa; Vida privada e intimidad. Si bien son derechos distintos, ésta forma parte de aquélla.

[3] Artículo 9.

[4] Artículo 11.

[5] Ver artículos 16, 17, 18, 26 y 37.

[6] Por ejemplo, muchos derechos/facultades relacionados con la igualdad en razón del sexo, género o sexualidad de las personas han sido ganados a través de la privacidad. En México el derecho a la rectificación del acta de nacimiento por cambio de sexo sin ninguna antoación explítica se concedió con base en este derecho (Amparo Directo Civil 6/2008). En los Estados Unidos de América, el derecho de las parejas a decidir sobre el uso de anticonceptivos (Griswold v. Connecticut) y el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente un embarazo igualmente (Roe v. Wade) se basaron el derecho a la privacidad.

[7] “Una moralidad democrática debe juzgar los actos sexuales a partir de la manera en que las personas involucradas (partners) se traten entre sí, el nivel de consideración mutua, la presencia o ausencia de coerción, y la cantidad y calidad de placeres que proveen.” Rubin, Gayle S., Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, en “Deviations: A Gayle Rubin Reader”, Duke University Press, Durham y Londres, 2011, p. 154. Traducción mía.

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upskirting1¿Qué harías si ves a una persona fotografiando la entrepierna de una mujer vestida de falda en cualquier espacio público –metro, parque, sala de espera de un hospital? Pensemos además que ella no se da cuenta ¿Y si se tratara de ti, de tu entrepierna? ¿Cómo resuelve/podría resolver el derecho esta situación? ¿Debe intervenir?

La práctica de fotografiar el “debajo de la falda”, conducta que en Estados Unidos se conoce como “upskirting”, no es nueva pero ha tomado otra dimensión con los avances tecnológicos. Cualquier persona que posea un teléfono celular con cámara puede tomar una foto o un video en casi cualquier lugar. En este texto quiero pensar y problematizar, desde el feminismo, la configuración jurídica de la privacidad, la delimitación de lo público y lo privado y la regulación de la sexualidad en el caso concreto del upskirting.

De voyeurs y quemones

8:30 a.m., en un vagón de metro: un hombre encendió la cámara de su teléfono celular y fotografió la entrepierna de una mujer que vestía una falda sin su conocimiento. A las 5 p.m. de ese mismo día, el mismo pasajero intentó fotografiar la entrepierna de otra mujer.[1]

La Suprema Corte del estado de Massachusetts (la corte) resolvió, recientemente, que esta conducta era legal, puesto que la legislación penal vigente sobre voyeurismo, que regula la toma de fotografías de personas desnudas o semidesnudas sin su conocimiento y/o consentimiento, no era estrictamente aplicable. La corte concordó con el argumento del inculpado: la norma aplicable requería que la persona fotografiada estuviera completa o parcialmente desnuda, además de que dado el lugar y las circunstancias del hecho –un vagón del metro–, la persona no podía tener una expectativa de privacidad.[2]

Sobre la falta de desnudez, la corte sostuvo que para considerar a una persona como parcialmente desnuda,[3] la ley requería que la parte del cuerpo capturada se encontrara descubierta y no que, estando cubierta, fuera expuesta intencionalmente a través de una fotografía. Es decir, para la corte la norma no “penaliza la conducta de fotografiar la desnudez parcial [como el Estado argumentó], sino a una persona que se encuentra parcialmente desnuda.” Las mujeres fotografiadas en el metro se encontraban vestidas para el ojo ajeno, de acuerdo con la definición de la ley.

Sobre la expectativa de privacidad, la corte sostuvo que ésta existe sólo cuando la persona cuya imagen es capturada, grabada o vigilada está desnuda o parcialmente desnuda y se encuentra en un lugar, privado o no, bajo circunstancias que le generen la expectativa razonable de que su imagen no será captada o vigilada. El Estado trató de argumentar que la norma penal, al hablar de lugar, hacía referencia al lugar del cuerpo fotografiado —la entrepierna de las mujeres— y no a la ubicación de la persona –el vagón del metro. Sin embargo, la corte no aceptó esta interpretación y reiteró que la norma no era aplicable al caso.

Si bien la corte coincidió con el Estado en que una mujer que utiliza el transporte público tiene la expectativa razonable de privacidad de que un extraño no tome fotos secretamente debajo de su falda, reiteró que la ley vigente no protegía esa expectativa.[4]

La resolución de la corte no definió en qué grado se goza de una expectativa de privacidad en espacios indiscutiblemente públicos cuando una se encuentra completa o parcialmente desnuda. Al tenerse que apegar a la estricta definición sobre desnudez de la ley, tuvo que dejar fuera de la norma un caso que presenta tensiones sobre la privacidad en espacios públicos, sobre qué cuenta como privado. Es verdad que al tratarse de una ley penal la corte tenía muy poco espacio para la interpretación, y hay que reconocer que poco podía hacerse. Sin embargo, el caso es interesante puesto que la entrepierna, incluso cubierta por ropa interior, es un lugar que es normalmente considerado privado, incluso íntimo, y que conscientemente elegimos no mostrar en muchos contextos/lugares, como el vagón del metro.

Otro caso reciente en el que se fotografía a mujeres debajo de la falda es el de los auto-llamados “quemones” en México. Hace unas semanas, una nota reportó la existencia de perfiles en Facebook en los que “circulan miles de imágenes de menores de edad en poses lascivas o sexuales”. Entre otras cosas, estos perfiles contienen, según la nota, fotografías de menores de edad en secundaria levantando sus faldas.

Estos dos casos –voyeur y quemones– guardan ciertas similitudes: se fotografía lo que hay debajo de la falda de mujeres y la conducta tiene o puede tener una connotaciónn sexual. Sin embargo, si se miran a la luz del derecho mexicano, los casos difieren al menos en los siguientes aspectos: 1) los quemones buscan explícitamente fotografiar a menores de edad o al menos sostienen que quienes aparecen en las fotos lo son, mientras que el voyeur de Massachusetts no se enfocó en menores de edad. Ello coloca a los quemones automáticamente en el terreno penal de pornografía infantil, de acuerdo con el artículo 187 del Código Penal para el D.F. (CPDF) y el 202 del Código Penal Federal, cuestión que no sucede en el caso del voyeur,[5] quien, de caer en el terreno penal, está más cerca del acoso sexual, tal y como está regulado en el artículo 179 del CPDF. 2) Las personas que aparecen en las fotos de los quemones parecen posar conscientemente para la fotografía, mientras que el voyeur esconde su conducta y captura la imagen de una persona sin su conocimiento y/o consentimiento. Si, en efecto, las fotografías de los quemones capturan a menores de edad, su consentimiento es irrelevante, puesto que al ser menores no pueden consentir legalmente esos actos. Sin embargo, si son mujeres adultas y lo que se vende es una narrativa/fantasía, el consentimiento de quienes aparecen en la fotografía torna a la conducta legal o, al menos, no criminal. 3) En el caso de los quemones, las fotografías son públicas, aunque no sabemos si hay algún fin lucrativo detrás; en el caso del voyeur no es claro que las fotografías se tomaron para ser publicadas u obtener lucro. Entonces, ¿frente a qué problema jurídico estamos en el caso del voyeur que no publica las imágenes que captura? Si se mira a este problema desde la teoría jurídica feminista, se puede entender como uno individual y colectivo o estructural al mismo tiempo.

Voyeurismo de faldas y feminismo

Desde el feminismo jurídico, puede decirse que el upskirting es una práctica sexuada: son los hombres quienes fotografían a las mujeres. Es más, la falda es una prenda casi exclusivamente utilizada por mujeres, al menos en nuestra sociedad, que impone una frontera entre la mirada pública y el cuerpo de la mujer que puede ser burlada.

Esta práctica conlleva dos tipos de problemas jurídicos. El primero tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad. El voyeur puede tener un interés erótico en fotografiar o grabar a una mujer debajo de la falda. El acto mismo de observar y capturar la imagen es o puede ser sexual. Además de que puede regresar a ese contenido una y otra vez en la privacidad de su casa y obtener un beneficio sexual, convirtiéndolo funcionalmente en pornografía aunque nunca lo haga público. Incluso si el voyeur no tiene un interés erótico en la fotografía, la mujer fotografiada puede percibir a esta conducta como una afectación a su libertad sexual. El problema con este ejercicio de la sexualidad es que no tiene el consentimiento de todas las personas involucradas: las mujeres fotografiadas no han aceptado participar. El interés erótico del voyeur se impone sobre el de las mujeres fotografiadas o grabadas. Los problemas relacionados con el ejercicio no consentido de la sexualidad suelen resolverse en el derecho penal; sin embargo, creo que aunque esta práctica es o puede ser sexual, la mejor manera de regularla no es penalmente. Como se ve en el caso de Massachusetts, la regulación penal no permite flexibilidad, y privilegia a las definiciones jurídicas sobre los hechos.

El segundo tipo de problema jurídico en esta conducta es estructural, y tiene que ver con el disfrute desigual de los espacios públicos para hombres y mujeres.[6] Desde la perspectiva estructural, el interés erótico del voyeur es secundario; o no es la motivación que hace a la conducta sancionable legalmente. Lo que el voyeur está haciendo es reforzar y aplicar ciertas normas de género y así mantener una jerarquía entre los sexos. Piénsese que antes de los movimientos de mujeres y feministas, los espacios públicos eran diseñados y controlados por hombres –no digo ocupados porque las mujeres de clases pobres o trabajadoras y las trabajadoras sexuales, por ejemplo, siempre han formado parte de ellos. En esta versión del problema, el upskirting es una forma de controlar el espacio público al hacerlo peligroso y/o incómodo para las mujeres. La conducta es una “tecnología de sexismo”.[7] Unos cuantos casos bastarán para generar la sensación de riesgo y/o incomodidad para las mujeres como grupo. “[L]a conducta sexual, esté motivada o no por deseo, se convierte en discriminación por razón de sexo cuando opera como un medio para aplicar normas de género.”[8] El upskirting es resultado de y a su vez genera un problema de desigualdad estructural.

La vía para controlar esta conducta desde esta doble interpretación no es tan clara y obliga a pensar en nuestro concepto legal de privacidad y su relación con el cuerpo, en la (re)configuración de la división entre lo privado y lo público y en la regulación no penal de la sexualidad. El marco jurídico en el que lo anterior se puede pensar, problematizar y regular, se encuentra en el derecho constitucional y el civil, en específico en los derechos a la privacidad/intimidad, la libertad de expresión y difusión de ideas, los derechos personalísimos y la responsabilidad civil.

Regina Larrea Maccise. Abogada por el ITAM, doctoranda en Derecho por la Harvard Law School y feminista. Twitter: @rlmaccise. Quiero agradecer a Diana Larrea por su revisión y comentarios.


[1] Commonwealth v. Michael Robertson, disponible aquí.

[2] La sección 105(b) del capítulo 272 de la sección penal de las Leyes Generales de Massachusetts establece que el delito en cuestión se compone de 5 elementos, entre los que se encuentran a) que el contenido capturado es otra persona desnuda o parcialmente desnuda y b) la conducta se realice mientras la otra persona cuya imagen es capturada y observada esté en un lugar y bajo circunstancias que le permitían tener una expectativa razonable de privacidad de no ser objeto de esas conductas

[3] La ley define “parcialmente desnudo/a” como “la exposición de los genitales humanos, el trasero, el área púbica o los senos de una mujer por debajo de un punto situado inmediatamente por encima de la parte superior de la areola.”

[4] La legislatura estatal reaccionó rápidamente, y por rápidamente me refiero a un día, y aprobó una nueva ley que prohibía la conducta presente en este caso. Al siguiente día, dos días después de la publicación de la sentencia, el gobernador firmó el nuevo proyecto de ley.

[5] En este análisis estoy pensando en el voyeur que mira y/o fotografía a personas adultas. Si el voyeur de Massachusetts hubiera capturado imágenes de menores de edad, el régimen jurídico sería otro.

[6] En este análisis adopto análogamente algunas de las críticas hechas por Katherine M. Franke y Vicki Schultz en el caso de acoso sexual a la versión del feminismo radical. Ver Franke, Katherine M., What’s Wrong with Sexual Harassment? en Stanford Law Review, Vol. 49, 1996-1997 y Schultz Vicki, Reconceptualizing Sexual Harassment en Yale Law Journal, Vol. 107, 1997-1998.

[7] Franke, Katherine M., op. cit., p. 693. Traducción mía.

[8] Franke, Katherine M., op. cit., p. 734. Traducción mía.

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scjn

La Constitución federal deposita el poder judicial federal en diversos órganos del estado, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o la Corte). La SCJN es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación (PJF) en términos jurisdiccionales –excepto en algunas controversias electorales, lugar que ocupa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– y su principal función es la de vigilar el cumplimiento y respeto de la Constitución federal.

De acuerdo con nuestra Constitución, la SCJN se compone de once ministros –cuyo cargo dura quince años– y funcionará, a su vez, en dos órganos: Pleno y Salas. Su presidente se elige por cuatro años, sin posibilidad de reelección.

La Corte sesiona en dos periodos ordinarios anuales.[1] La regla general indica que sus sesiones son públicas. Incluso las sesiones del Pleno son transmitidas por televisión, a través del Canal Judicial, y por Internet, desde su página. Sin embargo, pueden ser privadas en los casos en que la moral o el interés público lo justifiquen.

Su funcionamiento se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y en diversos acuerdos generales emitidos por el Pleno.[2]

El Pleno

El Pleno se integra por la totalidad de integrantes de la Corte, pero requiere únicamente de siete para sesionar en la mayoría de los casos.[3] Asimismo, sus resoluciones se toman por mayoría de votos, excepto en los mismos casos en los que se requiere de más de siete integrantes para sesionar, que se resuelven por mayoría de ocho votos.[4] El Pleno sesiona los días lunes, martes y jueves, a partir de las once horas.[5]

Sus competencias, de acuerdo con la Constitución y la LOPJF, son principalmente jurisdiccionales –es decir, la resolución de una controversia legal entre particulares y autoridades o entre autoridades– pero también tiene competencias de índole administrativa y legislativa en sentido material.

Las jurisdiccionales comprenden a las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, algunos recursos de revisión y de queja de amparos directos e indirectos, los recursos de reclamación en contra de acuerdos del presidente de la Corte en asuntos ante el Pleno, los incidentes de inejecución de sentencia, las contradicciones de tesis, algunas controversias fiscales entre la federación y los estados, y la declaratoria general de inconstitucionalidad.[6]

Las administrativas y legislativas consisten en la resolución de excusas o impedimentos de algún ministro o ministra en un asunto, los conflictos laborales y quejas administrativas a su interior, la emisión de acuerdos generales y otra normativa, la elección de quien ocupara la presidencia de la Corte, así como decisiones relacionadas con el otorgamiento de licencias, la adscripción de sus miembros en las Salas y la aprobación de su presupuesto de egresos, entre otras.[7] Igualmente, cualquier otra competencia de la Corte no asignada a las Salas corresponde al Pleno.

Si bien la Constitución y la LOPJF asigna al Pleno la competencia de los asuntos mencionados, mediante diversos acuerdos generales el Pleno ha delegado algunas de sus funciones a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.[8]

Las Salas

La Corte funciona también en dos Salas, cada una compuesta por cinco ministros, de entre quienes se elige a su presidente cada dos años. Se requiere sólo de cuatro integrantes para sesionar y sus resoluciones se toman por mayoría de votos.[9] Sesionan los días miércoles, a partir de las once horas.

Las Salas dividen su competencia por materia. La Primera Sala conoce de asuntos civiles y penales, y la Segunda de administrativos y laborales.[10]

Las Salas llevan a cabo funciones jurisdiccionales principalmente, pero a su vez cuentan con algunas administrativas. En cuando al primer tipo, por ley, las Salas resolverán las apelaciones a las controversias federales resueltas por jueces de distrito, cuando lo solicite un Tribunal Unitario de Circuito o el Procurador General de la República, las revisiones a los amparos directos e indirectos en ciertos casos, algunos recursos de queja en juicios de amparo, los recursos de reclamación en contra de acuerdos dictados por su presidente en los asuntos de su competencia, algunas controversias competencias que involucren a órganos del PJF, las contradicciones de tesis entre Plenos o Tribunales Colegiados de diferente Circuito, las controversias sobre los convenios de colaboración penal entre los estados y el D.F. y el reconocimiento de inocencia. Sus funciones administrativas consisten en la resolución de los impedimentos y excusas de sus integrantes y la elección de sus presidentes/as.

La jurisprudencia

Una de las principales funciones de la SCJN, tanto del Pleno como de las Salas, es generar los criterios interpretativos obligatorios para el PJF y para algunos tribunales administrativos. La jurisprudencia se genera en los casos particulares que resuelve la Corte y otros órganos jurisdiccionales, y consiste en la interpretación de una norma jurídica o de su aplicación que debe ser, a su vez, aplicada o utilizada.[11] En el caso del amparo, se construye por reiteración, contradicción de tesis y sustitución. En los de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, los argumentos de una sentencia y su resolución serán obligatorios cuando sean resueltas por una mayoría de al menos ocho votos.

La obligatoriedad de la jurisprudencia es jerarquizada: la emitida por el Pleno –en amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales obliga a todos los demás órganos judiciales federales, incluidas las Salas y el TEPJF[12] –en lo aplicable–, y locales, así como otros tribunales administrativos como los militares, agrarios y fiscales.[13] La emitida por las Salas no lo es para el Pleno, pero sí para ellas mismas y el resto de los órganos mencionados.[14]

Para saber más de la Corte…

En el sitio web de la SCJN (www.scjn.gob.mx) pueden consultarse la mayoría de sus resoluciones y su jurisprudencia, y se pueden ver sesiones anteriores. Igualmente, es posible encontrar estadísitca sobre sus actividades y otra información relevante.

Regina Larrea Maccise. Abogada por el ITAM, doctoranda en Derecho por la Universidad de Harvard y feminista. Twitter: @rlmaccise


[1] De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primer periodo comienza “el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo […] el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil

de la primera quincena del mes de diciembre.”

[2] Dichos acuerdos generales son muy importantes, pues establecen el mapa competencial del Poder Judicial de la Federación a detalle, respecto de lo no predeterminado por la Constitución o la legislación.

[3] Esta regla se exceptúa en los casos de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales –en los casos mencionados en el penúltimo párrafo de la fracción I, del artículo 105 constitucional– y la declaratoria general de inconstitucionalidad.

[4] En casos de empate, se convocará a una nueva sesión a la que asistan quienes estuvieron ausentes. En caso de un segundo empate, el Presidente de la SCJN asignará el proyecto a otro ministro/a, para que se elabore un nuevo proyecto de resolución. Si persistiera el empate, el voto del Presidente decidirá el asunto.

[5] Artículo 10, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[6] Para consultar con más detalle la competencia del Pleno, ver el artículo 10 de la LOPJF.

[7] Ver artículo 11 de la LOPJF.

[8] Ver Acuerdos Generales Plenarios 5/2001, 8/2003, 3/2008, 12/2009, 11/2010 y 5/2013.

[9] En los casos de empate, el procedimiento a seguir es similar al del Pleno, excepto en que no hay una segunda discusión del primer proyecto de resolución y en que si después de turnarse el proyecto a otro miembro el empate persiste, el Presidente de la SCJN enviará a un miembro de la otra Sala. Si aún así no hay mayoría de votos, el voto del Presidente de la Sala decidirá el asunto.

[10] Acuerdo General Plenario 5/2013. Dado que esto se encuentra regulado a través de un acuerdo general, la distribución y criterio competencial puede cambiar mediante otro acuerdo general.

[11] Cuando se emite un criterio interpretativo importante, pero aún no cumple con los requisitos para ser considerado obligatorio, se emite una tesis aislada, misma que puede llegar a convertirse en jurisprudencia, y que por el momento tiene carácter únicamente orientador.

[12] Ver artículo 235 de la LOPJF y tesis de jurisprudencia de rubro Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen ese carácter y vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las consideraciones sustentadas en una acción de inconstitucionalidad cuando se aprueban por ocho votos o más, 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 12 (registro electrónico 160544).

[13] Si bien los tribunales fiscales no se encuentran incluidos en las respectivas leyes que establecen dicha jerarquía, la Suprema Corte ha resuelto que si los obliga. La misma tesis de jurisprudencia puede interpretarse en el sentido de que la jurisprudencia de la Corte obliga a todos los órganos del estado que llevan a cabo funciones materialmente jurisdiccionales, sin embargo está sujeto a interpretación. Ver tesis de jurisprudencia de rubro Revisión Fiscal. La inobservancia de una jurisprudencia por la Sala Fiscal actualiza el supuesto de importancia y trascendencia previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para la procedencia de aquel recurso, 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Pág. 412 (registro electrónico 160647).

[14] La establecida por los Plenos de Circuito para todos los órganos mencionados menos para todos los órganos de la Suprema Corte, la emitida por los tribunales colegiados de circuito obliga a los órganos mencionados, excepto a la Corte, los Plenos de Circuito y otros tribunales colegiados de circuito.

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Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de constitucionalidad previstos en la Constitución federal, y se encuentra en su artículo 105, fracción II.[1] 

Question mark from Question wordsEl objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general.[2] El tipo de control constitucional que se ejerce mediante este juicio suele llamarse “control abstracto”, pues no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un daño específico, sino que basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución federal.[3]

Este juicio se tramita únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los 30 días naturales posteriores al de la publicación de la norma que busca reclamarse, y puede ser iniciado por un número cerrado de actores gubernamentales previstos en la fracción II, del artículo 105 de la Constitución. Lo anterior quiere decir que las acciones de inconstitucionalidad no están disponibles para los ciudadanos, sino que funcionan como un mecanismo de control entre los poderes del estado.[4] 

El estudio que la Suprema Corte lleva a cabo en este juicio es el de contrastar la norma impugnada con los artículos constitucionales que potencialmente puede violar. Si la Suprema Corte determina que la norma impugnada efectivamente afecta algún artículo constitucional por una mayoría de al menos ocho votos, dicha norma se invalida; es decir, es eliminada del ordenamiento jurídico, y pierde validez. Deja de existir. Cuando no se alcance la mencionada mayoría calificada en la votación, el asunto será desechado, y la norma impugnada permanecerá dentro del sistema jurídico.

Algunos casos notorios de la Suprema Corte que se tramitaron vía la acción de inconstitucionalidad son los de matrimonio gay (Acción de Inconstitucionalidad 2/2010) y despenalización del aborto (Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007), ambos relativos a normas del Distrito Federal.

 

Regina Larrea Maccise. Licenciada en Derecho por el ITAM, doctoranda en Derecho de la Harvard Law School y feminista. Twitter: @rlmaccise.


[1] Nuestro sistema jurídico prevé tres tipos de control de constitucionalidad. Los otros dos son el amparo (artículos 103 y 107 de la Constitución federal) y la controversia constitucional (artículo 105, fracción I de la Constitución federal).

[2] Una norma general es aquella cuyos efectos afectan a todas las personas, como lo es un artículo del Código Civil para el Distrito Federal. Una norma particular es aquella que únicamente tiene efectos respecto de sujetos concretos, como lo son las sentencias judiciales.

[3] Por ejemplo, un artículo que prohibiera a las mujeres trabajar violentaría el derecho a la igualdad y la libertad de trabajo, y podría impugnarse a través de una acción de inconstitucionalidad sin necesidad de que una mujer en concreto probara que no la han contratado en un trabajo por ser mujer.

[4] De los tres medios de control constitucional existentes en el sistema jurídico mexicano, sólo el amparo es ejercido por personas particulares para defenderse de actos o normas inconstitucionales, y controlar así el ejercicio indebido de poder por parte de las autoridades del estado. Las controversias constitucionales pueden ser iniciadas también únicamente por autoridades del estado. La Suprema Corte ha establecido cuáles son las diferencias específicas entre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en la siguiente tesis de jurisprudencia Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad. Diferencias entre Ambos Medios de Control Constitucional, jurisprudencia, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, agosto de 2000; Pág. 965 (Registro 191381).

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) resolvió el pasado 24 de febrero el primer caso que trata a la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación. En éste, la CoIDH buscó determinar si los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida privada, a la vida familiar, a las garantías judiciales, a la protección judicial y los derechos del niño, en relación con la obligación estatal de respetar y garantizar, de la jueza Karen Atala Riffo y de sus tres hijas fueron violados durante el proceso de custodia que las cuatro enfrentaron, así como a través de la investigación disciplinaria realizada a la jueza Atala.[1]

En este artículo se abordará únicamente la discusión en torno a la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación y el trato discriminatorio sufrido por la jueza Atala, fundamentado en la alegada protección del interés superior del niño –enfrentamiento recurrente en los casos de adopción y custodia de padres o madres gay-.

Hechos del caso

Karen Atala, jueza chilena, terminó su matrimonio y por mutuo acuerdo quedó a cargo de sus tres hijas. Posteriormente, la pareja de la jueza Atala –que era mujer– se mudó con ella y sus tres hijas. Meses después, el padre de las niñas demandó su custodia, por considerar que la orientación sexual de su madre y la vida que llevaba ponían en peligro su desarrollo emocional y físico –esto último por considerar mayor el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Además, solicitó la custodia provisoria, misma que le fue concedida, pues el juzgado de primera instancia alegó que la jueza Atala había alterado la rutina familiar al explicitar su orientación sexual y vivir con su pareja en el mismo hogar que sus hijas, privilegiando así sus intereses. Estimó que el padre presentaba argumentos más favorables al interés de las menores, considerando el contexto de una sociedad heterosexuada y tradicional. No obstante lo anterior, en la decisión de fondo, se negó la solicitud del padre, pues la orientación sexual de la jueza Atala no constituía un impedimento para desarrollar responsablemente su rol de madre, ni perjudicaba a las menores.

El padre apeló e interpuso una solicitud de no innovar, que fue concedida.[2] Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, acogiendo los mismos argumentos, y dejó sin efecto la orden de no innovar.

En respuesta a lo anterior, el padre de las niñas presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, en contra de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema resolvió, en una votación dividida de 3-2, concederle la custodia definitiva,[3] basándose en el interés superior de las menores, y argumentó que: 1) no se valoró el deterioro del entorno de las menores desde que la pareja de su madre vivía en su hogar, lo que podría convertirlas en objeto de discriminación; 2) el testimonio de personas cercanas, como las empleadas domésticas, refería que las niñas demostraban confusión sobre la sexualidad de su madre; 3) la decisión de la madre de explicitar su orientación sexual evidenciaba que había antepuesto sus intereses individuales, y 4) la situación de la madre representaba un riesgo para el desarrollo integral de las menores, en tanto podría causarles confusión de los roles sexuales. Según la Corte Suprema, las menores tenían derecho a vivir en una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional.

Adicionalmente, el caso trascendió a algunos medios de comunicación, haciéndose mención de la orientación sexual de la jueza y de un supuesto uso indebido de los recursos del tribunal, razón por la cual se inició una investigación disciplinaria en su contra. Durante ésta se entrevistó a sus colaboradores y colegas sobre su orientación sexual. Esta información formó parte del informe final y de la resolución de la Corte de Apelaciones, en la que si bien no se sancionó lo relacionado con su vida privada, sí fue expuesto.

La orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación y el interés superior del niño

Al hacer el estudio de la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación, la Corte Interamericana repasó algunas consideraciones relativas a la igualdad y a la no discriminación. En términos normativos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) establece, en su artículo 1.1[4], la obligación de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos previstos en la misma, a todas las personas, sin discriminación alguna por diversos motivos explícitos o cualquier otra condición social análoga. Asimismo, en su artículo 24[5] establece el derecho a la igualdad ante la ley.

En relación con su jurisprudencia, recordó que: 1) la noción de igualdad se desprende de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad humana; 2) el principio de igualdad y de no discriminación constituye ius cogens, y sobre él descansan los órdenes jurídicos nacional e internacional; 3) los Estados deben abstenerse de realizar acciones discriminatorias de hecho o de derecho; 4) la prohibición anterior se extiende a las leyes estatales y su aplicación; 5) los Estados están obligados a adoptar medidas que reviertan o cambien situaciones discriminatorias existentes, y 6) los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, que deben interpretarse conforme a la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.

Así, el artículo 1.1, al incluir la expresión “cualquier otra condición social”[6], no establece una lista exhaustiva de las condiciones por las cuales las personas pueden ser discriminadas. Dicha expresión debe ser interpretada según el principio de la norma más favorable al ser humano y la evolución de los derechos humanos en el derecho internacional.

En cuanto al estado de la discusión en el derecho internacional, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la orientación sexual es una categoría protegida por el artículo 14[7]del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades, pues constituye una característica personal innata o inherente a la persona[8] ‒similar a aquéllas que explícitamente se protegen.

En el Sistema Universal, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales han también considerado a la orientación sexual como categoría prohibida de discriminación.[9] El primero considera que la categoría “sexo” incluye a la orientación sexual de las personas. El segundo considera que la orientación sexual puede enmarcarse dentro de la frase “bajo otro condición social”.

Con base en lo anterior, la Corte Interamericana concluye que tanto la orientación sexual como la identidad de género constituyen categorías protegidas por la Convención Americana:

93. Un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello violaría el artículo 1.1. de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribe la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención.

Al analizar las resoluciones del juzgado de primera instancia y de la Corte Suprema, la Corte Interamericana advirtió que la orientación sexual de la jueza Atala fue central en ambas, lo que se traduce en una diferencia de trato basada en la orientación sexual. Además, consideró que dicha diferencia de trato fue discriminatoria pues los argumentos supuestamente basados en el interés superior de las niñas –la discriminación social, la confusión de roles sexuales, el privilegio de los intereses de la madre sobre los de las hijas, y el derecho a una familia normal y tradicional– no lograron probar una afectación concreta.

La Corte Interamericana precisó que para determinar el interés superior del niño en los casos de custodia debe partirse de la evaluación de los comportamientos parentales concretos y de su impacto probado y no especulativo en el desarrollo de las y los menores.

111. Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños.

La Corte concluyó que las decisiones analizadas se basaron en argumentos abstractos, estereotipados y discriminatorios, constituyendo así un trato discriminatorio en contra de la jueza Atala.

 

Regina Larrea Maccise. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y feminista. Twitter: @rlmaccise


[2] En razón de ello, la jueza Atala interpuso un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia resolvió que la Corte de Apelaciones no había incurrido en ninguna falta.

[3] Es importante mencionar que el recurso de queja es un juicio disciplinario en contra de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales, y no uno en el que se discute el fondo de un asunto resuelto en instancias inferiores. Uno de los argumentos de los representantes ante la Corte Interamericana fue justo que el recurso de queja no constituía un medio idóneo para que la Corte Suprema revocara la sentencia de segunda instancia.

[4] Artículo 1.

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[5] Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

[6] La cláusula de no discriminación prevista en el artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es similar: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

[7] Artículo 14. El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

[8] Hay que advertir que este enfoque es peligroso, pues considerar que las personas no pueden ser discriminadas sólo por aquellas características que no eligen puede llevar a consecuencias muy perjudiciales, y contrarias a lo que el derecho a la igualdad y la no discriminación buscan proteger. Esto es, ¿si las personas decidiéramos en todo caso conscientemente quién nos atrae, en qué sexo situamos nuestro deseo sexual, ésta decisión no debe ser protegida por el derecho? Si la respuesta es negativa, con base en el enfoque aquí discutido, ¿no se estaría partiendo de una concepción de naturaleza, o de lo correcto, o de lo que debe ser para todos y todas en cuanto a quién desear? Y, entonces, ¿será que la protección contra la discriminación tiene que ver con la protección de lo que las personas deciden, y no sólo de las consecuencias perjudiciales socialmente impuestas a lo que no deciden?

[9] Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

[…]

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

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La Suprema Corte de Justicia, desde hace algunos meses, decidió abrir una cuenta de twitter para difundir información institucional. Su uso, hasta el momento, se ha limitado básicamente a concentrar información generada por las diversas áreas de la Corte y a difundirla en dicha red social. ¿Es adecuado, sin embargo, este uso que la Corte le está dando a esta red social? ¿Debería satisfacer por esta vía necesidades de información concretas, lo que implicaría mantener un diálogo con los usuarios? ¿Acaso no debería divulgarse esta información a partir de una política de comunicación social mucho más sofisticada, que considerase entre otros aspectos la coyuntura jurisdiccional del momento?

Las respuestas a éstas y otras preguntas no son sencillas: hoy en día, tanto los medios de comunicación, como las fuentes de información primarias –entre ellos, los poderes públicos-, se encuentran en un proceso de reflexión sobre cómo aprovechar twitter. ¿De qué manera exprimir su potencial, sorteando sus riesgos?

En este contexto, a continuación se presentan una serie de propuestas, sugerencias y recomendaciones respecto como debería aprovechar la Suprema Corte su cuenta de twitter, con el objetivo de mejorar la transparencia, manejar de manera responsable la información y construir una relación más cercana con la ciudadanía. No pocas de las propuestas y sugerencias implican un replanteamiento no sólo del uso de la cuenta de twitter de la Corte, sino inclusive de sus políticas de comunicación social –las cuales, vale mencionar, no se han destacado en los últimos años por su inteligencia ni destreza.

  1. Una buena idea sería que se publicaran las listas de los asuntos que se verán en las sesiones desde el día en que se “listen”, tanto del pleno como de las salas.
  2. Respecto los casos importantes –sea por su impacto mediático o por los temas constitucionales que abordan- se podría recordar a los usuarios de su fecha de inicio de discusión con días de antelación. Es decir, la cuenta de twitter de la Corte debería funcionar como una rigurosa agenda de los asuntos que ésta conoce.
  3. Algo de enorme importancia, relacionado con los puntos anteriores, es que vía twitter se debería dar mayor información sobre un asunto que simplemente el número de expediente, pues ese dato no siempre permite conocer en concreto a que caso se refiere. Por ejemplo, en su momento, buena parte de la opinión pública ubicaba el caso “Matrimonio y adopción gay”, pero muy pocos lo hubiesen podido localizar a partir de los datos de su expediente: Acción de Inconstitucionalidad 2/2010.
  4. Difundir como regla general cada uno de los proyectos de resolución, junto con un buen resumen de éste, días previos a que se inicie su correspondiente discusión. Y no como se hace ahora: que los proyectos se difunden por excepción y sin criterios claros. En su caso, por lo menos se deberían difundir los puntos básicos sobre los que versa el proyecto: cuál es la pregunta clave que tiene que contestar la Corte y qué respuesta formula el proyecto.
  5. Es probable que sea complicado que vía twitter se realice una narración en vivo de la discusiones del pleno de la Corte –aunque sí lo han hecho en ciertos asuntos proyectos como el Manual de la Corte, por ejemplo-, pero por lo menos estaría muy bien aprovechar esta red social para difundir, al concluir cada sesión y en términos asequibles para el grueso de la población, los puntos relevantes de la discusión: qué se decidió y cómo se voto.
  6. Avisar cuando se publiquen finalmente las sentencias y explicar brevemente los argumentos definitivos que apuntalan la decisión de la mayoría.
  7. Anunciar cada vez que se apruebe y publique una nueva tesis aislada o de jurisprudencia. Valdría la pena que además se explicarán los alcances de éstas.
  8. Otra posibilidad es que la Corte vía su cuenta de twitter responda a peticiones informativas muy concretas de los ususario –aquí un ejemplo de este posible diálogo institucional. Esto no significa que tenga que responder a cualquier solicitud, pero por lo menos podría dar respuesta a cuestiones sobre agenda de la Corte, orientar dónde encontrar información en su sitio Web –esto es de enorme relevancia si consideramos que la página de la Corte es francamente mediocre- y resolver dudas relacionados con conceptos básicos de la función jurisdiccional (efectos de las resoluciones, cuestiones procedimentales, etc.). En este sentido, y para evitar un escenario donde el número de peticiones sea difícilmente procesable, se podría establecer un horario determinado donde se van a resolver este tipo de preguntas.
  9. Se podrían difundir datos históricos relevantes y chuscos relacionados con el poder judicial. En 140 caracteres bien se pueden lanzar pequeñas campañas pedagógicas sobre el trabajo de la Corte, su lenguaje, medios de control, etc. Esto, claro está, con un lenguaje sencillo y digerible.
  10. Se tiene que seguir haciendo difusión al trabajo de los órganos no jurisdiccionales de la Corte y del resto del Poder Judicial: publicaciones, informes y conferencias que organicen las direcciones y comisiones. ¡Que nos informen de los trabajos de la comisión de implementación de la reforma penal!, por ejemplo.
  11. Difundir los acuerdos, decretos y leyes que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación que tengan impacto en la política judicial.
  12. Se podría aprovechar twitter para divulgar sentencias y criterios de otros tribunales constitucionales, así como de tribunales internacionales.
  13. Se podrían lanzar a los usuarios preguntas-encuestas para medir la confianza de la sociedad en la Corte, graficar tal información y difundirla.
  14. Se podría establecer una determinada hora, la “hora de rendición de cuentas”, en la que se circule información relativa a sus informes anuales, lo que diga la Auditoria Superior de la Federación sobre la Corte, su presupuesto, etc.
  15. En términos generales, la Corte debe aprovechar twitter de tal manera que se presente como una institución que escucha a la sociedad, busca educar, está al día de lo que sucede en otros tribunales constitucionales e internacionales, que tiene vínculos con los otros órganos del Poder Judicial, que está interesada en explicarse y traducirse difundiendo su información en términos claros y sencillos, que está comprometida con la rendición de cuentas y, no menos importante, que está interesada en saber qué pensamos de ella.

Daniela Hernández Chong Cuy (@dhchongcuy). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Esteban Illades (@steviehousecat). Licenciado en derecho por el Departamento de Derecho del ITAM, con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.

Regina Larrea Maccise (@rlmaccise). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Saúl López Noriega (@slopeznoriega). Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM

Estefanía Vela (@samnbk). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

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Desde finales de 2008,[1] la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un programa de Equidad de Género, cuyo objetivo es que la perspectiva de género[2] permee en sus labores administrativas y jurisdiccionales. Este programa es diseñado y ejecutado, anualmente, por la Dirección de Equidad de Género de la Corte con la coordinación general del programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, y se basa en 5 líneas de trabajo: investigación, formación, vinculación, difusión y evaluación.

La primera actividad que se llevó a cabo –entre finales de 2008 y principios de 2009– fue una serie de diagnósticos para conocer el estado en materia de género al interior de la Corte. Lo anterior se consideró fundamental para identificar en qué debía enfocarse el programa y a través de qué tipo de actividades lograría sus fines. Se hicieron tres estudios: uno relativo a la normativa interna,[3] uno cualitativo[4] y uno cuantitativo;[5] los resultados de los tres se cruzaron e interpretaron con perspectiva de género, dando lugar a interesantes conclusiones.[6]

Lo primero que se halló es que existía paridad numérica entre hombres (54.7%) y mujeres (45.3%) al interior de la Corte. Asimismo, se identificó que más de la mitad (56.0%) de las personas que laboran en la institución tenían entre 18 y 40 años, lo que implica que se encontraban en edad reproductiva y con responsabilidades relacionadas a la crianza. También se averiguó que el nivel de educación promedio entre el personal era de licenciatura; esto significa que, gracias a este alto nivel de educación formal, había en principio más apertura para debatir y aprender nuevos esquemas sociales.

Relacionado a la igualdad en el ámbito laboral, no se detectaron disposiciones en la normativa interna que fueran explícitamente discriminatorias por razón de sexo; sin embargo, el diagnóstico arrojó que ésta tampoco incorporaba perspectiva de género, lo que evidenció algunas áreas claras de acción para la Dirección de Equidad de Género. Algunos sesgos de género aparecieron en disposiciones particulares. Por ejemplo, en la descripción de los puestos, éstos se denominaban en masculino, a excepción de uno: el de secretaria. A esto hay que sumarle la percepción de quienes participaron en la encuesta, pues 5 de cada 10 personas consideró que las mujeres tienen más habilidad para las labores secretariales que los hombres. Ello, aparte de reflejar un estereotipo de género, es un claro ejemplo de cómo normas, que son aparentemente neutrales, asimilan percepciones estereotipadas.

Si bien, como ya se mencionó, en la Corte existe paridad numérica entre hombres y mujeres, ello no significa que se encuentran en igualdad de circunstancias. Al ahondar en los resultados de los diagnósticos fue claro que las mujeres –tanto en el ámbito administrativo, como en el jurisdiccional– se encontraban en puestos más bajos que los hombres. Al momento de realizar el diagnóstico, 2 de cada 3 hombres contaban con un contrato de confianza, mientras que sólo 1 de cada 3 mujeres contaba con un contrato de este tipo. Esto es importante porque si bien este tipo de contratos implica menos estabilidad laboral, corresponden a los puestos con mayores sueldos y mayor capacidad de decisión. Así, las mujeres, como grupo, impactan en menor grado en la toma de decisiones y en conjunto ganan menos que los hombres. En este sentido, hubo incluso un grupo (15%) que manifestó que las diferencias salariales entre hombres y mujeres se debían a las limitaciones físicas de las últimas, lo que confirma la persistencia de estereotipos de género en el Alto Tribunal.

En el ámbito administrativo, el 46.8% de los mandos medios estaba ocupado por mujeres, mientras que sólo el 37.0% de los mandos superiores y el 25.0% de las direcciones generales y de las secretarías ejecutivas –los más altos cargos– lo estaban. Al mirar el ámbito jurisdiccional, la distribución no es diferente, pues el 42.2% de las secretarías de estudio y cuenta (quienes ayudan a los ministros en la elaboración de las sentencias) estaban ocupadas por mujeres y sólo el 18% del pleno lo está. Además, la Suprema Corte nunca ha sido presidida por una mujer.

Algo relevante de averiguar a través de los diagnósticos eran las razones por las cuales las personas consideraban que eran merecedoras de un ascenso. Al hacer esta pregunta, la respuesta más común de la gente en la Suprema Corte fue: “dedicarle más tiempo al trabajo”. Interpretando lo anterior con perspectiva de género, es decir tomando en cuenta que quienes aún asumen -la mayoría de las veces- los roles de cuidado en la sociedad son las mujeres, razón que les impide por lo general dedicarle más tiempo al trabajo remunerado, es claro que quienes obtienen los ascensos son los hombres. Esto, en conjunto con el hallazgo anterior relativo a la ubicación de las mujeres en la pirámide laboral de la Corte, evidenció la existencia de lo que se conoce como “techos de cristal”. Es decir, reglas no escritas, y por lo tanto invisibles, que impiden a las mujeres ocupar puestos de decisión tanto en el ámbito privado como público, y suelen ser resultado de la discriminación estructural.

En cuanto al ejercicio de las responsabilidades familiares, se vio que el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y la estancia infantil de la Corte eran prestaciones muy valoradas, pero que su reglamentación no promovía la igualdad sustantiva. En primer lugar, su horario era incompatible con el horario laboral de la Corte, provocando una tensión entre las responsabilidades familiares y las laborales[7]. Asimismo, el acceso al mismo era exclusivo para mujeres y hombres viudos o cuya pareja se encuentra incapacitada totalmente, cuestión que refuerza de manera institucional el estereotipo de que las mujeres deben encargarse del cuidado de los y las hijas y de que los hombres casados no necesitan de esta prestación porque seguramente tienen una esposa que se ocupe de estas labores.

Otro aspecto relevante es el relativo a los esquemas de trabajo; las personas entrevistadas expresaron que en la Suprema Corte se trabaja de dos maneras, dependiendo del o la titular: por objetivos o por horario extendido. El primero permite que el o la trabajadora se retire una vez que ha acabado con sus responsabilidades; el segundo obliga a las personas que trabajan a quedarse en la oficina por un horario indeterminado o hasta que el o la titular se retire, independientemente del trabajo a su cargo. Quienes participaron en los estudios manifestaron preferir el esquema de trabajo por objetivos, pues es compatible con las responsabilidades familiares para hombres y mujeres. Interpretando esto con perspectiva de género, adoptar este esquema beneficiaría a las mujeres en su desarrollo profesional, no sólo por la compatibilidad con la responsabilidades familiares, sino porque modificaría la percepción de que dedicar más tiempo al trabajo es lo que hace que alguien lleve a cabo mejor sus responsabilidades laborales.

Si a lo anterior se añade que la principal causa de interrupción de la carrera laboral para las mujeres era el embarazo (52.0%), mientras que para los hombres eran las enfermedades (31.6%) y los estudios (20.0%), es claro que la Suprema Corte podría implementar medidas que contribuyeran a corregir esta situación. Un ejemplo son las licencias de paternidad.[8] Esta medida de igualdad sustantiva es ampliamente aceptaba por el personal de la Corte, puesto que 4 de cada 5 personas lo manifestaron así. Su adopción, además, promovería de forma institucional la corresponsabilidad en el cuidado de los y las hijas.

Otro de los aspectos relevantes de los diagnósticos es el relativo a la percepción que el personal jurisdiccional de la Corte tiene sobre la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. En este sentido, 7 de cada 10 personas lo consideró importante; sin embargo, 3 de cada 10 manifestó no tener claro cómo hacerlo, y 2 de cada 10 expresó no saber exactamente qué significa. Lo anterior fue un hallazgo muy relevante en términos de planeación para la Dirección de Equidad de Género, dado que mostró que más que resistencia o rechazo al tema por parte del personal jurisdiccional, había desconocimiento. Además, 7 de cada 10 personas con funciones jurisdiccionales encuestadas estimó que los tratados internacionales de derechos humanos debían ser más usados en la elaboración de las sentencias. Todo esto representó una importante ventana de oportunidad para el Programa.

Estos hallazgos, y muchos otros, pueden consultarse en www.equidad.scjn.gob.mx. Lo más relevante ahora, después de la experiencia de la Dirección al elaborar estos diagnósticos, es que sirvan como sustrato para una planeación estratégica que logre permear la perspectiva de género en cada una de las esferas administrativas y jurisdiccionales de la Corte. A dos años del programa, se vislumbran avances significativos y, a la par, muchos retos por delante.

Regina Larrea (@rlmaccise). Colaboradora en la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


[1] La Cámara de Diputados ha destinado, desde 2008, recursos etiquetados para este fin a todo el Poder Judicial Federal.

[2] La perspectiva de género puede entenderse como una forma de mirar a la sociedad, sus relaciones e instituciones desde la construcción cultural que se ha hecho en torno a la diferencia sexual. Por ejemplo, implica atender los diferentes roles y características que se han atribuido a hombres y mujeres por el hecho de ser uno u otra y analizar cómo eso impacta la igualdad de oportunidades y el acceso igualitario a las mismas.

[3] Este estudio giró en torno a las siguientes preguntas: ¿Favorece la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión?; ¿Incluye medidas de acción afirmativa?; ¿Respeta los principios de “trabajo igual, salario igual” y “salario igual, por trabajo de igual valor”?, y ¿Fomenta la equidad en el ejercicio de las responsabilidades familiares?

[4] Para la realización de este estudio se hicieron 5 grupos de enfoque: 3 con mujeres y 2 con hombres; se hicieron también 10 entrevistas en profundidad a personal jurisdiccional.

[5] Se aplicaron 1,294 cuestionarios (1,202 a personal administrativo y 92 a jurisdiccional) y se hicieron 7 entrevistas semi-estructuradas a personal de los dos ámbitos. La encuesta se ponderó para lograr representatividad.

[6] Los resultados aquí desglosados corresponden al primer semestre de 2009. Es importante aclarar que algunos números pudieron haber cambiado desde entonces.

[7] Quienes participaron en le encuesta explicaron que el CENDI estaba abierto hasta las 4 PM aproximadamente, mientras que su hora de salida del trabajo era alrededor de las 6 PM.

[8] Son licencias que permiten que el hombre se separe remunerada y temporalmente de su trabajo cuando nace o adopta un hijo o hija.

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La Suprema Corte de Justicia es el órgano encargado de interpretar la Constitución, de “decir qué dice”. Parte del material normativo con el que trabaja son los derechos fundamentales. Los criterios que mediante esta tarea genera son -bajo ciertas condiciones- obligatorios para el resto del Poder Judicial de la Federación. La importancia de la Corte radica en ello, puesto que aunque al hacerlo resuelve casos particulares, el impacto de su actividad cotidiana está en los criterios interpretativos que construye[1].

Este artículo hace un recuento de los principales criterios jurisprudenciales que la  Corte, en los últimos quince años, ha emitido sobre la igualdad y la no discriminación[2], derechos establecidos en los artículos 1º; 4º, primer párrafo; 12º; 13º; y 123º, apartado A, fracción VII y apartado B, fracción V de la Constitución[3].

Los criterios formulados al respecto por la Corte pueden clasificarse en tres categorías generales: conceptuales, metodológicos y de casos concretos. Este artículo repasará únicamente los criterios derivados de las dos primeras categorías, por ser las más relevantes para entender la concepción de la Suprema Corte sobre el tema. Asimismo, se señalarán algunos de los vacíos encontrados y un par de conclusiones.

Los conceptos

La igualdad, para la Corte, puede entenderse como principio o como derecho. Cuando se le entiende como principio, se convierte en un lente interpretativo de todo el sistema jurídico, en especial de los demás derechos fundamentales, siendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deben tener el mismo acceso a éstos. Ello implica que la igualdad es un concepto relacional, que sólo tiene sentido cuando se predica de dos o más sujetos y respecto de algo (ese algo puede ser otro derecho fundamental o subjetivo o un deber). Como derecho, es también relacional, puesto que involucra a, por lo menos, dos sujetos y a una determinada situación jurídica[4]. La Corte no explica cuál es la diferencia entre estas dos formas de entender a la igualdad, pero les asigna la misma función interpretativa de todo el sistema jurídico[5].

Podría decirse que la Corte, en general, ha construido criterios de lo que suele llamarse “igualdad formal”[6] y “discriminación directa o por objeto”. Éstas hacen referencia, respectivamente, a la equiparación de sujetos que se encuentra prevista explícitamente en las normas y a las distinciones expresas. La Primera Sala sostiene que “[e]l principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.”

Para respetarla, y no discriminar de manera directa, se requiere que las normas secundarias como una ley o un reglamento no hagan, en principio, ninguna distinción entre los sujetos a los que se dirigen -siempre y cuando éstos se encuentren en idénticas circunstancias- estableciendo cargas o privilegios diferenciados; o que no igualen a sujetos que se encuentran en situaciones distintas, estableciéndoles los mismos privilegios o cargas.

Cuando no sea así, esto es, cuando se hagan distinciones que no promuevan la igualdad o no previstas por la norma constitucional, se genera una situación jurídica prohibida por otro derecho fundamental: el derecho a la no discriminación. Éste, como una de las formas en que el principio de igualdad se concreta, consiste en la prohibición, en principio, a las autoridades de hacer distinciones entre las personas que se traduzcan en una disminución de sus derechos o del goce de los mismos. La Segunda Sala da la siguiente definición: “[es] el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias […].”

Tradicionalmente, las Constituciones han establecido una serie de “categorías sospechosas”[7], que son características subjetivas por las cuales queda estrictamente prohibido tratar de manera diferente a las personas. La Constitución mexicana prevé una lista de estas categorías en su artículo 1º[8].

Los métodos

Como se explicó arriba, la igualdad posee un carácter relacional. Como consecuencia de esto, el control de constitucionalidad de una norma con base en este derecho es distinto al de otros derechos. Al respecto, la Corte ha hecho dos precisiones metodológicas importantes.

En primer lugar, y para determinar si existe una distinción en la norma que estudia, la autoridad encargada para interpretar la Constitución debe llevar a cabo un análisis que, según la Corte, difiere del que usualmente se hace cuando se trata de otros derechos fundamentales, en el que únicamente se contrasta la norma impugnada con el derecho potencialmente violado. Mediante este análisis específico, debe determinarse si los sujetos del caso se encuentran o no en las mismas condiciones que otros sujetos y si se les da un trato diferenciado, es decir si hay dos regímenes jurídicos. Si los sujetos son diferentes, y se les da un trato distinto por esa razón, o si no existen dos regímenes jurídicos, el derecho de igualdad no se estimará violentado y ahí terminará el control de constitucionalidad.

En el caso contrario, deberá determinarse si la distinción normativa está autorizada o no por la Constitución. Los tribunales constitucionales, siguiendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, han desarrollado un test que permite determinar cuándo una distinción normativa es inconstitucional y cuándo está permitida por la Constitución. La Suprema Corte ha establecido el mismo tipo de test, y éste constituye la segunda precisión metodológica en el tema.

Antes de hablar sobre el test, es importante explicar dos categorías desarrolladas por la Corte que inciden directamente en su configuración. La Primera Sala sostiene que cuando la distinción a analizar se base en alguna de las categorías sospechosas -previstas en el artículo 1º de la norma fundamental-, se deberá actuar con cautela, haciendo un escrutinio estricto. En los demás casos, en los que la distinción hecha por el legislador se traduzca en la limitación de derechos fundamentales, pero se base en otro tipo de categorías, se llevará a cabo un escrutinio ordinario.

El primer tamiz por el que una distinción normativa –potencialmente inconstitucional- debe pasar es el de perseguir un fin objetivo y constitucionalmente válido. Cuando sea oportuno realizar un escrutinio ordinario, este requisito se tendrá por satisfecho cuando el fin pueda encontrar alguna justificación -incluso no expresa- dentro de la norma fundamental. En el caso de un escrutinio estricto, el fin deberá ser explícitamente mandado por la Constitución.

En segundo lugar, la distinción hecha por la norma deberá ser adecuada o racional; es decir, debe existir una relación instrumental entre la distinción y el fin. La Corte ha sostenido que en los casos de escrutinio ordinario bastará que la medida sea apta para contribuir al cumplimiento del fin. Por el contrario, cuando se requiera hacer un escrutinio estricto, la medida deberá estar directamente vinculada al fin perseguido.

Por último, la distinción normativa debe ser proporcional. Esto significa que debe haber una relación razonable entre ésta y el fin. La Corte sostiene que deberá hacerse una ponderación de sus ventajas y desventajas, considerando “[…] la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos […].” Además, la Corte ha establecido que entre más alto sea el fin perseguido, mayor puede ser la diferencia.

Lo que no ha dicho la Suprema Corte

Lo que hasta ahora se ha explicado -relativo a la igualdad formal y la discriminación directa- es muy importante, puesto que prever la igualdad jurídica entre todas las personas y no discriminarlas explícitamente es el primer paso -y el más evidente- que quienes crean y operan el sistema jurídico deben emprender. Esta tarea conlleva la revisión y modificación de leyes existentes, la creación de nuevas leyes que respeten estos derechos y la interpretación y consecuente validación o invalidación de leyes vigentes, como ya se describió.

No obstante, la igualdad “no se queda aquí”; tampoco la discriminación. Existe otra clase de igualdad, menos evidente, no trabajada aún por la Suprema Corte: la igualdad sustantiva[9]. Este tipo de igualdad es más complejo, puesto que su exigencia no es en el nivel de las normas, sino en el del impacto que tienen al ser aplicadas. Una norma puede no contener distinciones explícitas y, sin embargo, crear regímenes jurídicos diferenciados para ciertos sujetos al momento de ser aplicada, generando una situación de “discriminación indirecta o por resultado”. Es decir, una norma que puede no ser violatoria de la igualdad en sentido formal, puede serlo de la igualdad en sentido sustantivo. La pregunta que en este momento surge es la de cómo determinar la existencia de ese impacto diferenciado.

El tema del análisis sustantivo de la igualdad rebasa los fines de este artículo, pero es posible decir que lo central de éste -que por cierto adopta diferentes formas[10], en tanto hay múltiples formas de desigualdad de hecho- es la incorporación, en el estudio de constitucionalidad, de las condiciones de discriminación estructural de las que son sujetas las personas involucradas en el caso particular, para entender cómo los sujetos de la misma no se encuentran, en la realidad, en las mismas condiciones y que por ello no pueden tratarse como iguales. Esto abriría la puerta de la Suprema Corte a una serie de casos -potencialmente inconstitucionales- que con los criterios actuales no se considerarían ni siquiera candidatos a analizarse a través del test, puesto que se reconfiguraría el concepto de distinción.

Conclusiones

Como resultado de todo lo anterior podría decirse que la Suprema Corte demuestra una tendencia de construir un estándar de igualdad, más que una definición fija, dando suficiente espacio al legislador para llevar a cabo sus tareas sin dejar de lado la protección de los derechos fundamentales.

Sin embargo, es necesario que desarrolle criterios jurisprudenciales relacionados con la igualdad sustantiva y la discriminación indirecta con el fin de proteger efectivamente los derechos fundamentales de las personas; lo que hasta ahora existe no es suficiente para lograrlo.

Regina Larrea Maccise. Colaboradora de la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte. Twitter: @rlmaccise


[1] El derecho -como el lenguaje y por ser éste su materia prima- tiene un aspecto dinámico, que implica la posibilidad de cambiar continuamente, al atribuirse significados y alcances distintos a las palabras que forman cada enunciado normativo; es decir, al modificar la interpretación que de éstos se hace.

[2] Las tesis en que se basa, fundamentalmente, este artículo son las siguientes:

Tesis de Jurisprudencia: “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 75, Septiembre de 2006, Registro 174247.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 175, Abril de 2008, Registro 169877.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO”, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, página 99, Octubre de 2004, Registro 180345.

Tesis aislada de rubro: “PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 448, Junio de 2008.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO VIOLA ESOS PRINCIPIOS AL SEÑALAR QUE EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, UNA CANDIDATURA DE CADA TRES FÓRMULAS SERÁ DE GÉNERO DISTINTO”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, página 2320, Febrero de 2010, Registro 165247.

Tesis aislada de rubro: “GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, página 630, Agosto de 2007, Registro 171756.

[3] La Segunda Sala de la Suprema Corte añade a los artículos anteriores los artículos 2º, apartado B, 14º y 17º constitucionales, llamando a estos artículos “normas particulares de igualdad.” La autora no está de acuerdo con esta clasificación.

[4] La Corte los llama regímenes jurídicos: “La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. […].”

[5] Especulando, puede ser que la reconozca como derecho porque se encuentra prevista explícitamente en la constitución.

[6] Un ejemplo de esta clase de igualdad es el artículo 2º del Código Civil Federal: “La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos”.

[7] Estas características subjetivas fueron utilizadas -y siguen siendo en algunos países- como criterios para clasificar a las personas y otorgarles derechos de manera desigual y limitada, a las cuales subyacen prejuicios y estereotipos y que no constituyen razones legítimas, dentro de un estado constitucional, para justificar esa limitación.

[8] “[…] origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

[9] La igualdad sustantiva y la discriminación por resultado, como se explicó, suelen ser visibles cuando se aplica una norma, y por ello la labor de quienes imparten justicia es determinante en el tema. No obstante, existen previsiones legislativas que buscan procurar esta clase de igualdad y eliminar la discriminación indirecta, y que su mera existencia es una forma de reconocer las condiciones de facto de desigualdad en que viven las personas. Un ejemplo de esto son las llamadas “acciones afirmativas”, que según el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), son “[…] medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” que “[…] cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”

[10] Un ejemplo de este tipo de análisis es el que se hace mediante la perspectiva de género. Ésta sirve para hacer visible la discriminación que sufren las personas por razón de su sexo, género, orientación sexual, entre otras categorías, y que por lo general no es evidente o que incluso se encuentra presupuesta en el sistema jurídico.

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