Uno de los (pocos) argumentos a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI) es la supuesta validación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 1/1996.1 Con este argumento la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados consideró que las tesis jurisprudenciales que emanaron del precedente facultan a las fuerzas armadas para auxiliar a las autoridades civiles a salvaguardar la seguridad interior.2 De manera similar, el entonces senador Roberto Gil, férreo defensor de la LSI, afirmó que la Corte, a través de esa tesis, “…estableció que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública es constitucional.”3 Sin embargo,  ¿la Corte en realidad abordó esta cuestión? En los siguientes párrafos analizaré si los precedentes de la SCJN, sobre todo la acción de inconstitucionalidad 1/1996, facultan a las fuerzas armadas para intervenir en cuestiones de seguridad pública o interior.

La acción de inconstitucionalidad 1/1996 no versó acerca de la guerra contra las drogas, ni de la militarización de la seguridad como función estatal o derecho fundamental, sino que esta surgió cuando una minoría legislativa de diputados impugnó el artículo 12 de la hoy abrogada Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La disposición era controversial pues incluía a miembros de las fuerzas armadas, así como a los secretarios de defensa y de marina, como miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La cuestión jurídica que dirimir jamás fue si el ejército está o no facultado para realizar funciones de seguridad interior. Por esto, la SCJN resolvió que los secretarios pueden formar parte del Consejo, pues este era un órgano administrativo que carecía de las facultades ejecutivas que pudieran afectar a los gobernados.4

Los argumentos de las partes tampoco estaban relacionados con la militarización de la seguridad, ya fuese pública o “interior”. El presidente argumentó que las fuerzas armadas cumplían una función administrativa, no militar.5 Los diputados consideraron que el Consejo era de naturaleza programática, no ejecutiva.6 Incluso los senadores, quienes propusieron una nueva lectura del 129 constitucional, que permitía que las fuerzas armadas intervinieran en asuntos no estrictamente castrenses, afirmaron que “[l]a simple inclusión de los Secretarios de Defensa y de Marina no implica la movilización de tropas, ni el despliegue de fuerza militar alguna, ni es el signo de militarización de la seguridad pública en tiempos de paz”.7

La mayoría de las tesis jurisprudenciales que citan la Comisión de la Cámara de Diputados o sus defensores no son la ratio decidendi, sino más bien mero obiter dicta. Es decir, son aseveraciones accesorias que no tienen que ver con la cuestión jurídica debatida. La pregunta en la acción de inconstitucionalidad 1/1996 simplemente fue: ¿es constitucionalmente válido que los jefes de las fuerzas armadas formen parte del Consejo de Seguridad Pública? La única tesis que aborda esta cuestión es la que expresa que este órgano era una “instancia consultiva” sin “funciones ejecutivas”.8 Las tesis que mencionan que las fuerzas armadas están facultadas para auxiliar con el “apoyo de la fuerza”9 o que pueden salvaguardar la seguridad interior, aun sin que se hubiera decretado suspensión de derechos prevista por el artículo 29 constitucional,10 no son vinculantes pues no son las razones que fundan los resolutivos de la decisión.

En efecto, si la acción de inconstitucionalidad 1/1996 se resolviera hoy, no habría ninguna tesis. Esto se debe a que recientemente, la SCJN ha abandonado el uso de tesis para acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para transitar hacia un auténtico sistema de precedentes.11 La práctica de las tesis se ha superado con estos mecanismos para dejar a los futuros intérpretes que analicen la sentencia e infieran la ratio. Existen buenas razones conceptuales y normativas para defender la distinción ratio/obiter y el abandono de las tesis. Conceptualmente, la función legislativa es distinta a la judicial. Mientras la primera puede dar lugar a reformas sustanciales y exhaustivas, la segunda se limita a resolver casos concretos, aun en control abstracto. Normativamente, si bien los órganos judiciales desarrollan el derecho con sus sentencias, esta labor “legislativa” se limita a la cuestión jurídica efectivamente planteada.  De no ser así, los juzgadores podrían ignorar los hechos y la litis y simplemente promulgar las normas que consideran adecuadas.

El obiter de la acción de inconstitucionalidad 1/1996 tampoco adquiere más valor si se interpreta como parte de una línea jurisprudencial. Al contrario, las decisiones posteriores parecen ser escépticas de la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad y de la fuerza como solución a la inseguridad. En el amparo en revisión 703/2012 (Villas de Salvárcar), la Primera Sala otorgó el amparo liso y llano a un acusado detenido e interrogado ilegalmente por elementos de las fuerzas armadas, el cual contaba además con indicios de tortura.12 Después, en la acción de inconstitucionalidad 25/2016 (Ley Atenco) el Pleno invalidó una disposición de una ley estatal que permitía el uso de la fuerza como primer opción.13 En esa resolución, la SCJN sostuvo que “el uso de la fuerza, bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del hombre, puede ser concebida como la primera opción a la que pueden recurrir los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones”.14

El panorama jurisprudencial en contra de la LSI es aún más contundente si los precedentes de la Corte Interamericana son tomados en cuenta. De los ocho casos en los que México ha sido condenado, cuatro han sido por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas. En el caso Radilla,15 el Estado mexicano fue condenado por la desaparición forzada de un activista en los años setenta cometida por miembros de las fuerzas armadas. Tanto en Fernández Ortega como en Rosendo Cantú, en la década de los 2000, militares violaron sexualmente a mujeres indígenas en el estado, sumamente militarizado, de Guerrero.16 Finalmente, en Cabrera García y Montiel Flores,17 México fue condenado por la detención ilegal y tortura cometida en perjuicio de dos habitantes de Guerrero a finales de los noventas. Más que evidencia anecdótica, los precedentes sugirieren un patrón de abusos e impunidad a cargo de las fuerzas armadas, incluso previo a la llamada “guerra contra el narco”.18

Para concluir, la SCJN tiene una oportunidad histórica doble. Por un lado, puede empezar a respetar sus propios precedentes y abandonar la práctica de una “nueva reflexión” que le permite apartarse de sus decisiones sin mayor esfuerzo argumentativo. Esto se debe a que los precedentes deben ser entendidos no sólo como reglas que los órganos inferiores deben seguir, sino como restricciones en la discreción interpretativa de órganos supremos. El precedente en la acción de inconstitucionalidad 1/1996 validó la injerencia de fuerzas armadas sólo en funciones consultivas, no ejecutivas. Los precedentes posteriores, tanto nacionales como internacionales, ponen mayor peso en contra de la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad. De esta manera, no es justificable la militarización del país, más bien, los precedentes imponen una fuerte carga de argumentación en contra de la validez de la LSI.

Por otro lado, la discusión de la LSI brinda el escenario óptimo para que la SCJN defienda una concepción sustantiva de la democracia. Esto implicaría la prohibición de que el ejército patrulle las calles, a menos que continúe el gravoso proceso de suspensión de derechos previsto por el artículo 29 constitucional. El análisis de una ley controvertida por múltiples actores públicos y privados, quienes ya exigen audiencias públicas19 en el segundo país con más desaparecidos en el mundo, es una prueba única para que la SCJN demuestre que funciona como un verdadero contrapeso capaz de controlar a los otros poderes y que a la vez vela por la seguridad de los ciudadanos.20 Esperemos que los ministros demuestren ser verdaderos jueces de un tribunal constitucional.

Rodrigo Camarena González. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM; candidato a investigador nacional (SNI).


1 Acción de Inconstitucionalidad. 1/1996 (A.I. 1/1996), Mariano Azuela Güitrón, 5  de marzo de 1996.

2 Dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados],Gaceta Parlamentaria, 30 de noviembre de 2017, 4917-VI, anexo vi, pp. 35-38.

3 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior,  20 de septiembre de 2016, p. 4.

4 A.I.1/1996. p. 170.

5 Ibid. pp. 16-23.

6 Ibíd. 49-62.

7 Ibíd. 74.

8 P./J. 39/2000, SJF, Tomo XI, Abril de 2000, p. 556, (192079).

9 P./J. 38/2000, SJF,Tomo XI, Abril de 2000, p. 549, (192080).

10 P./J. 37/2000, SJF, Tomo XI, Abril de 2000, p. 551, (192081); P./J. 36/2000, SJF, Tomo XI, Abril de 2000, p. 552, (192082).

11 Instrumento normativo que modifica del Acuerdo General 19/2013, Suprema Corte, (DOF), 18 de abril de 2016.

12 Amparo en Revisión 703/2012, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 6 de noviembre 2013.

13 Acción de Inconstitucionalidad 25/2016, Alberto Pérez Dayán, 27 de marzo de 2017.

14 Ibid, p. 99.

15 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, 23 de noviembre de 2009.

16 Caso Fernández Ortega y otros vs. México, 30 de agosto 2010; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, 31 de agosto de 2010.

17 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 26 de noviembre de 2010.

18 Actualmente el Caso Alvarado ante la Corte Interamericana involucra de nuevo desaparición forzada pero ahora en el contexto de la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón.

19 García, José Antonio, “Piden a la SCJN audiencias públicas en temas de seguridad interior”, Excélsior, dos de octubre de 2018.

20 Romero, Henry, “México, el país “en paz” con más desaparecidos”, Huffpost, 3 de octubre de 2018.

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