En las últimas décadas México ha transitado por un largo camino para lograr afianzarse como un país democrático y plural. Diversos factores han contribuido a lograr tal fin, destacando entre ellos la constante evolución del sistema electoral como elemento consustancial al cambio democrático. Este factor ha resultado esencial para asegurar que la ciudadanía tenga el debido acceso a las urnas, así como para garantizar el pluralismo político. No obstante, existe la necesidad de perfeccionar nuestro sistema a la luz de las deficiencias que tanto los actores políticos como las autoridades electorales han detectado. Sirvan estas líneas para proponer algunos comentarios con respecto al financiamiento público de los partidos políticos y los candidatos.

Ilustración: Víctor Solís

El financiamiento a partidos y candidatos en perspectiva de integridad electoral

En el contexto electoral mexicano, las voces que defienden la existencia de un financiamiento público mayoritario son significativas en contraposición a las que proponen que el financiamiento privado funja como eje para la obtención de recursos para partidos políticos o candidaturas.

La tendencia a valorar positivamente la existencia del financiamiento público se sostiene en el hecho de que permite una mayor trasparencia y rendición de cuentas, equilibra las condiciones de la competencia y busca un control de factores o intereses ajenos a la contienda electoral, a fin de evitar la utilización de recursos de naturaleza ilícita o, por lo menos, de procedencia dudosa.

En este sentido, estimo necesario ahondar en los efectos derivados de la existencia del financiamiento público a la luz del concepto de integridad electoral, que es uno de los factores clave en la consolidación de la democracia, pues conduce a concluir válidamente que cada uno de los elementos del sistema afecta e influye en el funcionamiento de sus demás elementos.

En general, el concepto de integridad electoral consiste en adoptar una visión global o comprensiva de todos los ámbitos del sistema, así como de las distintas etapas que componen el proceso electoral, tales como: la definición y creación normativa, la designación de autoridades, la preparación de los comicios, la garantía de financiamiento y la regulación de etapas definidas de precampaña y campaña, entre otros.1

Desde una perspectiva de integridad electoral, el esquema de financiamiento público consiste en un método de distribución de los recursos públicos que influye positivamente en las condiciones de equidad en la contienda, en la difusión de propaganda electoral, en la capacidad estructural de los institutos políticos y en el fortalecimiento de la pluralidad de voces, entre otros aspectos.

Sin embargo, es un hecho que el sistema actual permite cierta disparidad en la distribución del financiamiento público y un ejemplo de esta práctica se advierte en los topes de gastos de campaña en los ámbitos nacional y local, por lo que, en mi opinión, es preciso revisar este esquema en cuanto a la distribución de recursos públicos para los partidos y las candidaturas, con el objetivo de fomentar el aseguramiento de un mismo rasero en términos de oportunidad para todos.

Una disparidad en la distribución de los recursos evidentemente afecta el principio de equidad, pues incentiva la puesta en marcha de estrategias partidarias que atiendan a necesidades de gasto dispares. Por el contrario, desde el punto de vista limitado de los parámetros o métodos de cálculo de financiamiento y distribución actuales, el valor sobre la importancia de los cargos en disputa y el bienestar social quedan fuera.

De este modo, aunque resulta imposible evitar los efectos perniciosos de la disparidad, hay quien puede llegar a la conclusión de que existe equidad en cada elección, toda vez que las reglas de distribución se aplicaron conforme a una metodología previamente conocida y acordada.

Frente a tal resultado es pertinente cuestionar: ¿Qué pasaría si se diseñara un entramado normativo que permitiera tener en cuenta los métodos de cálculo existentes en cada una de las legislaciones y, simultáneamente, disminuir las disparidades señaladas? Pensemos a manera de ejemplo la posibilidad de asignar el financiamiento con base en dos variables. La primera, tal y como se encuentra diseñado actualmente el sistema a nivel federal, consiste en considerar la totalidad de la ciudadanía inscrita en la lista nominal. Ello permitiría determinar el monto a distribuir con base en un elemento objetivo, pues supone que entre mayor es la cantidad de personas que pueden emitir su voto en una contienda, mayor la cantidad de recursos necesaria para hacerles llegar las propuestas partidarias o de cada candidatura. La segunda variable se refiere a un sistema de puntos que atienda a la relevancia intrínseca del cargo público que se renueva y que se traduzca en un mayor o menor financiamiento, en función de comparar a la población que efectivamente reside en las distintas entidades federativas. Así, aunque la ciudadanía que reside en una entidad federativa sea mucho menor que la de otra, existiría una compensación en la cantidad de recursos derivada de esta variable, relacionada con la importancia intrínseca del cargo.

De este modo, una entidad federativa con un padrón electoral reducido tendría un mayor financiamiento que el otorgado mediante la aplicación de la fórmula tradicional y la situación sería inversa para una entidad con un padron más grande, donde la cantidad de recursos podría disminuirse. Este ejemplo no supone una propuesta de modificación del método de cálculo y distribución del financiamiento actual, sino simplemente un cambio de perspectiva en torno al financiamiento público intrínseco al sistema electoral mexicano.

En esta lógica, otro ejercicio hipotético tiene que ver con la valoración del actual método de distribución de la bolsa de financiamiento público. Hoy por hoy, la distribución 30 % de forma igualitaria y 70 % en atención a la votación obtenida en la elección precedente es considerada equitativa, según las reglas preestablecidas con respecto a la representación partidaria como elemento necesario para determinar el financiamiento correspondiente a cada partido. Sin embargo, si se analiza esta distribución en clave de integridad electoral, se puede concluir que se genera disparidad en cuanto a la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, lo que resulta en la imposibilidad de algunas candidaturas y partidos para hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía de una forma igualmente efectiva.

Nuevamente, cabe preguntarse: ¿Qué sucedería si se realizara una distribución que permitiera equilibrar, en términos de oportunidad efectiva, a todas las fuerzas políticas? Una posible respuesta estriba en que los resultados electorales tendrían una mayor legitimidad, pues no solo se sustentarían en la votación o en la calificación de la elección por una autoridad electoral, sino en una equidad intrínseca de los comicios, la cual podría ser plena y fácilmente palpable por la ciudadanía y los partidos contendientes.

Esta distribución sería acorde con la lógica del financiamiento público, consistente en sentar un piso mínimo y equitativo para las fuerzas políticas y, a la vez, dotarlas de herramientas efectivas que fomenten la participación ciudadana en las contiendas.

No es mi intención presentar una postura respecto de las bondades o deficiencias de la distribución actual, sino hacer hincapié en la necesidad de considerar al financiamiento como una herramienta que permita asegurar la integridad a la que me he referido, de tal manera que se utilice con mayor eficiencia en beneficio de nuestro sistema electoral y de la evolución democrática de nuestro país.

Una consideración sobre la fiscalización de recursos

No quisiera concluir sin hacer referencia a la fiscalización de los partidos políticos como un elemento relacionado con el financiamiento y que, desde una visión de integridad electoral, también constituye una herramienta susceptible de mejora para garantizar una mayor certeza en el modo en el que los partidos utilizan los recursos públicos.2

Vale la pena analizar el caso de la sub o sobrevaluación de los partidos políticos o las candidaturas. En la actualidad, tal circunstancia se dirime mediante la existencia de una matriz de precios que define la autoridad electoral con base en los montos reportados por los partidos, las candidatas y los candidatos involucrados en una contienda específica. Pareciera que dicha matriz resulta un elemento idóneo para determinar los montos aplicables en los casos de gastos no reportados, e incluso para determinar la posible existencia de sub o sobrevaluaciones, sin embargo, si observamos la dinámica que supone la compra de productos  y servicios durante los periodos de las elecciones, encontramos que los precios que obtiene cada uno de los actores políticos es muy diferente.

Existen casos en los que, respecto de un mismo producto, el precio entre distintas empresas varía en proporciones mayores al 200 %, lo que limita la elaboración de la matriz de precios a una simple compilación de montos dispares que no necesariamente reflejan la realidad y que, en esas circunstancias, podrían ser ineficaces como parámetro para determinar el valor real de un producto.Por el contrario, si la matriz se realizara atendiendo a parámetros de equidad y con base en elementos comunes a cada una de las contiendas,3 podría obtenerse una herramienta dinámica que permitiera hacer un mejor análisis de los montos reportados por los partidos políticos y las candidaturas, garantizando de mejor forma una competencia equitativa.

En suma, se puede decir que no obstante los logros alcanzados mediante el constante desarrollo del sistema electoral, sigue siendo necesario el diseño de reformas o mejoras que, a la luz de la integridad electoral, nos permitan seguir avanzando en el fortalecimiento democrático de nuestro país.

Rodrigo Sánchez Gracia. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Electoral por el TEPJF.


1 Norris, P. 2014. Why Electoral Integrity Matters? Cambridge: Cambridge University Press.

2 López Noriega S. 2016. Dinero y validez de los procesos electorales. ¿Mecanismo adecuado para domesticar el dinero en las elecciones? México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3 Esto es, conceptos de servicios o mercancías predefinidos y genéricos, o bien, conceptos geográficos predefinidos y relacionados con circunstancias comerciales reales y no con delimitaciones electorales

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