A la luz de lo sucedido en Argentina,1 en donde una mayoría en la cámara de senadores votó en contra del proyecto de Ley para la interrupción voluntaria del embarazo, los debates al respecto han revivido. Entre ellos hay uno que llamó particularmente mi atención, esto al ser el que mayor irritación ha causado (al menos en mis círculos personales): la idea de que los derechos se voten.

Se debe advertir con anticipación que es entendible la combinación de enojo y preocupación que la idea puede generar. No es fortuito. La postura de la no-votación de los derechos está bien justificada. En principio esta postura obedece el temor por parte de las minorías de ser olvidadas y aplastadas por una mayoría. Ante este posible escenario, y frente al temor que cualquiera de nosotros pudiera formar parte de alguna minoría, así como de la posibilidad de verse ninguneados, la sentencia a rajatabla decía “¡Los derechos no se votan!” Esto se convirtió en el escudo argumentativo a priori. Este lema es quizá una de las más importantes líneas de batalla, puesto que nadie quiere verse estructuralmente en desventaja y devorado por la mayoría.

Sin embargo, la propuesta de este texto es detener por un instante la efervescencia del momento y retroceder al menos un paso, sólo para intentar alcanzar un poco de perspectiva. Al poner distancia entre las definiciones técnicas, en términos muy sencillos, los derechos pueden ser entendidos como pactos colectivos sobre lo que se considera un piso mínimo de dignidad humana. Es decir, un irrenunciable para la sociedad en su conjunto. Cada derecho y cada ley encierra y proyecta una moralidad por sí misma. Colectivamente se puede concluir que el robo, por ejemplo, no es una práctica loable y se legisla en torno a esta conclusión. Este proceso complejo y multifactorial es lo que va delineando nuestro contrato social: ¿Qué es encomiable y qué no? ¿Por qué? ¿Y, en consecuencia, qué hacemos?

Este proceso está en continua evolución. Los valores y objetivos de las sociedades no son estáticos y, por ende, sus derechos y leyes tienen que ajustarse al molde de nuestro contrato social. De este modo se crea un círculo con un extremo dinamismo: las circunstancias históricas, sociales y culturales postulan y defienden ciertos pactos colectivos (derechos) que moldean sus normas jurídicas (leyes) y que proyectan ciertos valores morales compartidos. Éstos irán modificándose conforme avanza el tiempo y el ciclo se repite. Esto, por supuesto, impactará en aquellas decisiones de quienes integran tribunales que reconocerán los derechos, pues no se desarrollan en un tiempo y espacio abstracto.

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la metamorfosis de los valores de las sociedades es cambiante, puesto que frecuentemente la sociedad tiene que decidir en cuáles valores ha de enarbolar colectivamente y cuáles descartar o inhibir. Por ende, los derechos y las leyes pueden pasar por cambios o matices en función de nuestra propia metamorfosis. Este proceso de pedagogía social busca cimentar valores compartidos, y durante el ejercicio se hará evidente que se requiere de una política y de una visión histórica para poder lograrlo. Es por esto que “¡Los derechos no se votan!” falla en ver las dos facetas y cierra de carpetazo la simple noción de discernir o persuadir.

Ahora bien, sobre la pregunta puntual, ¿los derechos se votan? La respuesta es sí. Para el primer semestre del 2018, al menos dos países de latitudes lejanas y con circunstancias distintas han realizado un ejercicio semejante: Irlanda del Norte y Argentina. Ciertamente hay que reconocer que ambos países utilizaron métodos diferentes con resultados muy distintos. Mientras que Irlanda del Norte realizó un referéndum abierto2 hacia la población, lo que provocó una campaña impresionante llamada #HomeToVote3 (para alentar la participación y ganar aprobación mayoritaria); en Argentina la decisión final se concentró únicamente en las dos Cámaras.4 Los resultados fueron los siguientes: por un lado, en el país europeo se aprobó la interrupción legal y voluntaria del embarazo, por otro parte, en el país latinoamericano no. Al margen de los resultados, el proceso del voto es el que causó molestia, cosa que no debería ser sorpresa. De hecho, históricamente esto ha sucedido con mucha regularidad.

Un ejemplo de esto último sería este: en 1865, Abraham Lincoln, entonces presidente de Estados Unidos, centró sus esfuerzos en aprobar la 13ª enmienda en la Constitución estadunidense que expresamente prohibía la esclavitud a lo largo y ancho de todo el territorio estadunidense. Lincoln lo logró a través de la construcción de mayorías que le ayudaron a alcanzar el voto mayoritario, es decir, el derecho a la libertad –al menos en aquel país– se alcanzó a través de mayorías y de votos. Por supuesto, este no es el único ejemplo a la mano.

Durante su liderazgo, el reverendo Martin Luther King sostuvo varias reuniones con los presidentes en turno de los Estados Unidos con la sencilla idea de impulsar e, incluso, negociar el derecho al voto negro y a la no-segregación. No está de más recordar que para ese entonces, los derechos humanos -secuela de la Segunda Guerra Mundial- ya habían sido declarados y reconocidos y, aun así, la batalla histórica tuvo que ser llevada a cabo. La comunidad afroamericana recurrió a diferentes métodos de protesta pacífica y el movimiento alcanzó el clímax con el emblemático discurso I have a dream, curiosamente, delante del monumento a Abraham Lincoln en Washington DC. Entonces, ¿cómo se logró la conquista del derecho del voto negro y la no-segregación? Justo así: a través de la construcción de una mayoría para reconocer estos derechos.

Paralelo a la visión histórica, se encuentra el ingrediente político de cada derecho que se revela aún con mayor facilidad. Todo derecho postula y proyecta un valor moral, y muy a menudo sucede que su implementación, es decir su ley o reglamentación, pone en franca desventaja a un cierto grupo de personas en referencia de otras (ejemplo claro: el espacio público y los automóviles). Esto es producto de una decisión política y en esos términos debe ser peleada y neutralizada o revertida. Ubicar los espacios de poder y las oportunidades de incidencia es parte del ajedrez político. Dentro de éste, puede resultar que el espacio, micrófono o mesa deba ser compartido con quien incluso podría ser el adversario político directo. Esta interacción no sólo con el adversario sino también con el Estado es parte de la lectura política que debe estar latente.

Sólo hasta que se dialoga, se escucha y se debate con la otredad (por muy discordante que esto pueda resultar), es cuando puede avanzarse en la idea de construir irrenunciables. Por ello, hoy existen ideas o prerrogativas que resultan impensables dentro de nuestro contrato social. Alguien justo jamás exigiría que un grupo o minoría renunciara a ellas y, de hacerlo, es probable que durante la batalla política saldrían a relucir las razones de por qué es correcto sostener ciertas posturas colectivas. De esta manera, el derecho a la educación o a la salud (por mencionar los más obvios) son valores que muy pocas personas tendrían el empacho de no catalogarlos como irrenunciables. Pero no es descabellado que eventualmente se plantee ese debate: los derechos, al ser votados, son contingentes.

Este juego político, por ejemplo, lo entendió bien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, cuando la batalla política por hacer valer su forma de gobierno mediante los usos y costumbres les orilló “a levantarse en armas” declarando al Estado mexicano como el adversario político, lo cual también les obligó a sentarse, conciliar y exigir con el mismo Estado. De no hacerlo así, jamás se habrían entablado mesas para discutir, plantear, rebatir posturas que por simple derecho debían respetarse. Como sabemos, aquello desembocó en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Una batalla política pendiente.

Cabe mencionar que, durante cada batalla por librar mediante aquellas dos rutas, se desata un ejercicio de pedagogía social necesario dentro de una sociedad. Negarse al proceso de la deliberación pública es claudicar a ventilar la demanda abierta, maximizar el alcance del mensaje, desmenuzar y zanjar una postura colectiva, dibujar con claridad al adversario político y negarse al encuentro de posibles alianzas que contribuyan para el alcance del objetivo en el horizonte. Cuando una sociedad de manera abierta se cuestiona cuáles valores adoptar y cuáles no, es el momento en que se revelan los espacios de oportunidad para acelerar el cambio. Es decir, al aceptar el reto del intercambio pedagógico sano y fuerte de la construcción en conjunto, es posible construir mayorías, alcanzar consensos y entonces avanzar.

No existe en la historia de la humanidad, derecho alguno que haya surgido de la bondad humana o magnanimidad de quien detenta el poder. No existe tampoco una ley neutral absorta de una intencionalidad política. Todos han tenido que ser peleados de manera política, histórica, legal, cultural y social, —en ocasiones en frentes enteramente bélicos—. Resulta ser que, en una democracia, la batalla se realiza a través de votos, construcción de mayorías, debates políticos, persuasión y consenso. La historia provee de muchos ejemplos en donde se evidencia que los derechos y las leyes no son inmaculados, están en constante proceso de evolución, adaptación y, por lo tanto, son susceptibles de cambios —los cuales también, es cierto, pueden implicar retrocesos—. Vetarlos, me parece, es negarse a recorrer el camino para su conquista.

Rubén Reséndiz. Trabajador social por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de Democracia Deliberada. Twitter: @ruresem


1 Mar Centenera y Federico Rivas Molina, “El Senado de Argentina dice ‘no’ al aborto y deja al país con una ley de 1921”, El País, 9 de agosto de 2018.

2 Pablo Guimón, “La gran victoria del ‘sí’ en la consulta de aborto reafirma a la nueva Irlanda”, El País, 27 de mayo de 2018.

3 Sara González Boutriau, “Un avión, un autobús y dos trenes para llegar a Irlanda y votar por el sí al aborto”, El País, 25 de mayo de 2018.

4 La Nación, “Uno por uno, como se perfilan los votos de los senadores por la legalización del aborto”, La Nación, 3 de julio de 2018.

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