Seis mujeres llegan a las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para renunciar a sus cargos de regidoras y síndicas de representación proporcional en el municipio de Mapastepec. Han viajado desde ese pueblo soconusquense, ubicado a 271 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, en la camioneta de Nicolás Noriega, candidato perdedor en las elecciones municipales del pasado 1 de julio, y quien, con estas renuncias, podría convertirse en regidor.

Las renuncias de mujeres ocurren en cascada. Hay 42 regidoras, síndicas y una presidenta municipal, que han sido electas, y que no quieren desempeñar sus cargos; son de los municipios de Tuxtla Chico, Mapastepec, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo y Suchiapa. Pertenecen a los partidos Chiapas Unido, Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y, por supuesto, al Verde Ecologista de México.

A la avalancha se suman cuatro mujeres que renuncian a sus escaños legislativos en el Congreso del Estado.

Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera del IEPC, después del despido de los consejeros locales por no haber observado la paridad de género en las elecciones de 2015, alerta sobre indicios de patrones de violencia política en contra de mujeres.

Si se concreta la suplencia de mujeres por hombres, no sería el primer caso en este Chiapas que ha visto los peores ultrajes del Verde y de sus aliados locales. Hace tres años, de última hora se intentó remediar la paridad de género, pero las mujeres sustitutas tuvieron apenas 48 horas para hacer campaña.

En esta ocasión, hay acontecimientos que vislumbran un final diferente. Las consejeras Blanca Parra y Laura León, integrantes de la Comisión de Equidad y Género, se han sumado a la denuncia para evitar que estas renuncias continúen incrementándose.

La cifra se detiene en 42, pero pudo ser del doble. Los medios y las redes sociales hacen lo suyo. Está muy reciente el caso de Manuel Velasco, quien atrajo los reflectores a su persona y a esta parcela política llamada Chiapas.

Los consejeros del INE condenan con prontitud el nuevo agravio. Lorenzo Córdova escribe en Twitter que “son inaceptables los hechos de coacción y presión para que mujeres que han ocupado inicialmente cargos de representación en municipios y legislatura local de #Chiapas, electas bajo las reglas de paridad, se vean obligadas a renunciar para que varones ocupen sus cargos”.

A los dos días, el lunes 11 de septiembre, cinco consejeras nacionales arriban a Chiapas para el conservatorio Lucha por la Defensa de la Paridad, organizado a bote pronto. Beatriz Zavala Pérez plantea su primera impresión del caso: “Si fuera una podríamos pensar que se trata de una renuncia de alguien que en el camino se arrepintió por alguna otra razón, pero estamos frente a casos de algunos municipios donde todas, todas renunciaron”.

Podría haber agregado, además, que estas renuncias colectivas se han registrado en Chiapas; que en ningún otro estado se ha vivido esta situación, y que tampoco es algo nuevo, sólo que ahora se ha convertido en noticia nacional.

En el 2015, también hubo renuncias masivas de regidoras y síndicas, pero la información ocupó espacios marginales en algunos medios chiapanecos.

Presidentas de papel

Margarita González López fue electa hace tres años síndica de Amatenango del Valle, pero no ejerce el cargo, porque su esposo se atribuye esa facultad, con la complacencia de las autoridades locales. Ha interpuesto denuncias ante juzgados de paz de la región; ha pedido la intervención del presidente municipal Marcelino Gómez Navarro; ha hablado con las diputadas de la Comisión de Equidad y Género y con una representación de la Secretaría de Gobierno, pero nadie la ha defendido.

Lo único que posee es un documento, que guarda con celo, en donde se le otorga el nombramiento de síndica para este periodo que concluye a fines de este mes.

La denuncia de su caso le ha traído el rechazo de su comunidad –ahora radica en Teopisca, un pueblo cercano a Amatenango– y la separación de su esposo, después de una convivencia de 28 años de matrimonio y de cuatro hijos.

La política ha sido el episodio más doloroso de su vida. Muchas, como ella, no desempeñan el cargo para el que fueron electas, porque siempre está el hermano, el padre o el esposo quien detenta esas funciones. Son síndicas, regidoras o presidentas municipales de papel. Precisamente en el papel, desde 1925 las mujeres chiapanecas tienen los mismos derechos políticos que los hombres.

El 20 de mayo de 1925 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 8 por el que se reconoció que las mujeres mayores de 18 años tenían derecho a votar y ser elegidas representantes populares.

Chiapas fue pionero en esta propuesta en el nivel nacional. Una entidad realmente de avanzada. Pasarían 28 años para que el voto femenino se hiciera efectivo en el país.

Aunque el 51.94 por ciento de la lista nominal está compuesta por mujeres, el espacio que tienen en la toma de decisiones está lejos de ser paritario. Hasta ahora no ha habido una gobernadora. El número de alcaldes, tanto en el actual periodo como en el próximo que iniciará el 1 de octubre, es de 35 de un total de 122 municipios, y este número se incrementó después de la obligatoriedad de la paridad de género.

El Congreso del Estado registra un paisaje diferente. Por segunda ocasión la legislatura será conformada por una mayoría de personas del sexo femenino (25 mujeres y 15 hombres). A pesar de ser mayoría en la actual legislatura, las mujeres no lograron presidir órganos de gobierno y fue muy limitada su participación en las comisiones claves como las de hacienda, vigilancia y gobernación.

Las reformas electorales del 2015 obligaron a los partidos a presentar candidaturas paritarias; pero, en un primer momento, la mayoría de los institutos políticos no cumplió con la obligación y sólo fue por resolutivo de la Corte que las listas de candidatos se tuvieron que cambiar una semana antes de las elecciones.

El haber aceptado el registro de candidaturas sin que se respetara la paridad electoral costó el cargo a quienes se desempeñaban como consejeros electorales.

Mayoría en el congreso, pero sin agenda feminista

El 23 de julio de 2016, Narciso Lunes Hernández fue asesinado junto con el presidente municipal de San Juan Chamula, Domingo López González. Los medios refirieron estas muertes atroces registradas en cámaras de video y ocurridas en plena plaza pública. Pocos repararon que Narciso no era realmente síndico. El cargo le correspondía a su hija, pero por ser mujer, él lo desempeñaba sin mayores problemas para las autoridades locales ni para la comunidad.

En su caso, no hizo falta que su hija renunciara; simplemente le informó que él sería el síndico municipal.

En los municipios de Altamirano, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, Frontera Hidalgo, Huitiupán, Las Rosas, Marqués de Comillas, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Suchiapa y Yajalón las presidentas han sido de papel en este trienio que está por concluir. Son los esposos o padres quienes ejercen el cargo.

Las mujeres en Chiapas, y en casi todo México, asumen las funciones públicas en condiciones muy diferentes a los hombres. Entran en un terreno desconocido, en el cual deben crear estrategias para “sobrevivir” en un ambiente saturado de reglas patriarcales.

Es difícil que una madre soltera con doble o triple jornada laboral le quede tiempo para participar en un partido político; es difícil que una mujer tenga los suficientes recursos económicos para dejar de trabajar y dedicarse a una campaña política; es difícil que una mujer que ha sufrido acoso sexual decida estar en un espacio en el que la mayoría son hombres, quienes además insisten en que el tema de la paridad de género no es tan importante y que sería mejor hablar de “la opresión a los partidos políticos”, según el representante de Morena ante el IEPC, Martín Darío Cáceres, al participar en el conservatorio con consejeras del INE llegadas a Chiapas por este caso.

Las condiciones en las que participan las mujeres en la política son adversas, por eso son necesarias medidas afirmativas como la paridad de género que ayuden un poco a emparejar la cancha. Pero en Chiapas se han puesto todos los clavos para sabotear su participación.

La llegada de mujeres a puestos de representación popular no es garantía, por supuesto,

de que luchen por los derechos feministas –solo hay que ver cómo la representante del PVEM, Mabel López Pérez, defiende las prácticas violatorias a los derechos políticos de las mujeres de su partido o cómo las legisladoras actuales no pudieron jamás articular una agenda de género–, pero es derecho de todas el poder acceder a estos espacios.

Ninguna suplencia de mujeres por hombres

En sesión del pleno del IEPC, los representantes del Panal y del Verde reprochan a los consejeros por haber exhibido a sus partidos por las renuncias de mujeres a cargos de representación popular. Mabel López Pérez informa, además, que acudió a la Fiscalía General del Estado para que se cite a declarar a funcionarias involucradas en las renuncias, entre otras a las consejeras Blanca Estela Parra y Laura León, porque “no accionaron la justicia y porque no presentaron una acción en su momento”.

Es un acto claramente intimidatorio, porque estas consejeras, junto con Sofía Margarita Sánchez Domínguez, propiciaron que se conocieran las extrañas renuncias que se estaban sucediendo en el IEPC.

Ante la presión mediática ejercida y la condena del INE y de la CNDH (“La simulación a la que diversos partidos políticos han recurrido agravia a las mujeres chiapanecas y debilita el Estado Democrático de Derecho”), el gobernador se vio obligado a enviar un paquete de iniciativas para prohibir y castigar este tipo de atropellos. Sin embargo, la propuesta fue presentada cuando el Código de Elecciones y Participación Ciudadana no puede ser modificado porque aún sigue vigente el proceso electoral de este año.

Al final, ningún cargo de representación popular al que renunciaron las mujeres fue ocupado por hombres. Es posible que los dirigentes del Verde y de los partidos locales esperen mejores tiempos para beneficiar a sus compañeros. La instancia podría ser el Congreso del Estado.

En marzo de 2017, por ejemplo, este Congreso avaló las renuncias de Fabiola Vázquez Ortiz y Olga Gómez López a las presidencias municipales de Tila y Chanal. Ambas fueron sustituidas por sus esposos. Judith Torres Vera, entonces vicepresidenta de la mesa directiva, dijo que no se violaba ninguna ley con esos nombramientos, debido a que “la paridad termina al momento de la elección”.

El partido Verde se ha especializado en Chiapas en buscar las zonas oscuras de las leyes para beneficiar a su élite, conformada mayormente por hombres.

En esta ocasión perdió los espacios en el Congreso del Estado de los que buscó aprovecharse de forma indebida. Las consejeras del IEPC ratificaron el acuerdo del INE de que las diputaciones o regidurías, ante las renuncias de mujeres, debían ser ocupadas por otras mujeres, y de no ser así, otorgar ese derecho a otro partido político

Ante la renuncia de su escaño de cuatro mujeres del partido Verde, quienes ratificaron su postura incluso después del escándalo, la diputación de representación proporcional será ocupada por Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, esposa del dirigente de Podemos Mover a Chiapas, un hombre muy cercano al gobernador.

En Chiapas pareciera ser que todo cambia para que todo siga igual, en una postal más de este paisaje político patriarcal, opresivo y aún dominante.

Sarelly Martínez Mendoza. Profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista del portal informativo Chiapas Paralelo.

Sandra de los Santos Chandomí. Especialista en temas de género, activista, académica y periodista. Integrante de los colectivos Chiapas Paralelo y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

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