“Las desapariciones forzadas han estado siempre asociadas al continente americano. Muchos gobiernos autoritarios de América han utilizado esta técnica del terror, y la enorme deuda que tenemos con las víctimas y sus familiares sigue pendiente… Los años y las décadas pasan, y madres, padres, hijos e hijas, esposas y esposos siguen buscando los restos de sus seres queridos y siguen clamando por justicia.”

Rose-Marie Belle Antoine.

El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, adolescente detenido por agentes de seguridad pública de la Ciudad de México y desaparecido por 6 días, ha llamado la atención por el impacto social y la movilización que produjo, por las problemáticas estructurales que ha visibilizado, particularmente la detención de jóvenes bajo criterios discrecionales y criminalizantes. Aunado a los obstáculos para presentar denuncias en este tipo de casos y por el tratamiento mediático de las autoridades, centrado más en la vida privada de la víctima, que en el esclarecimiento del evento y en una investigación imparcial  objetiva, como práctica reiterada para deslegitimizar el reclamo de justicia. Finalmente, constituye una oportunidad histórica para el desarrollo jurisprudencial en casos de desaparición forzada.

En la actualidad, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México han asumido la defensa legal de Marco Antonio y su familia. Sus padres, acompañados por el IJPP promovieron un juicio de amparo 3 días después de la desaparición (la denuncia penal sólo fue formalizada 2 días después, tras la presión mediática y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México), frente al argumento de las autoridades de que debían trascurrir 48 horas para tomar conocimiento del caso, plazos sobre los cuales México ha incurrido en responsabilidad internacional.1

El amparo 102/2018 fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, que concedió una suspensión de plano y medidas de búsqueda y localización amplias: en hospitales, centros de detención de carácter administrativo y judicial, de orden local y federal, incluso en las instalaciones de la SEIDO, SEDENA y de la Marina. La suspensión y las búsquedas directas tuvieron mayor alcance que la propia investigación de la fiscalía antisecuestros, que se había limitado a girar oficios requiriendo información sobre Marco Antonio a otras autoridades.

Sin embargo, las medidas no fueron exhaustivas. En la demanda se habían solicitado, como efectos de la suspensión de plano, que se requieran acciones de búsqueda y localización a las Procuradurías de Justicia de las entidades colindantes con la Ciudad de México, incluyendo el Estado de México. El 28 de enero, cuando existía información de la posible participación de autoridades de esa entidad, se presentó una ampliación a la demanda. Además, se interpuso el recurso de queja contra la suspensión de plano que no había atendido a todas las medidas solicitadas. Esa misma noche, Marco Antonio fue localizado en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, a 40 kilómetros de distancia del lugar en que había sido detenido.

El 31 de enero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió la Queja 17/2018. Si bien reconoció que la localización de Marco Antonio era un hecho notorio y, por ello, el recurso podía quedar sin materia al relacionarse con las medidas de búsqueda y localización, estableció un criterio relevante y una interpretación novedosa sobre el alcance del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para el Colegiado, en casos de desaparición forzada las medidas de la suspensión de plano no concluyen con la localización de la persona, sino que deben ser efectivas para garantizar la integridad de la víctima y asegurar a las víctimas directas y a sus familiares el acceso a la verdad y a la justicia.

La sentencia es histórica porque se da a partir de un juicio de amparo por desaparición forzada que no se limita a la búsqueda y localización, sino en un caso inédito en que la persona es localizada, pero que, en interpretación de este órgano constitucional, no agota el alcance del juicio constitucional y supone un mecanismo de tutela del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, de las medidas destinadas a la víctima y su familia, de garantía del pleno ejercicio de los derechos del adolescente, protección de su integridad y para evitar su revictimización. Estableció que las medidas debieron dictarse incluso antes de su localización. El Tribunal adopta un principio de progresividad y de expansión de derechos y del alcance de la tutela judicial desde un enfoque trasversal de derechos humanos y de obligaciones reforzadas en materia de niñas, niños y adolescentes.2

De esta forma, modificó la suspensión de plano y ordenó medidas para proteger la integridad de Marco Antonio, a un tratamiento médico adecuado y para garantizar los derechos de la familia a acceder a la justicia. Siguiendo la determinación del Tribunal, la familia solicitó al Juzgado que emitiera medidas relativas a la preservación de evidencia, la investigación efectiva y diligente que incluyera a todas las posibles autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, garantizar el principio de participación de la familia en la carpeta de investigación y se evitaran actos de investigación sin ajustes razonables y sin una condición óptima del adolescente. Con ello, se pretendía que la suspensión de plano pudiera asegurar el derecho de acceso a la justicia, una investigación imparcial, diligente y en un plazo razonable, el derecho a la verdad, la protección a la familia y la protección reforzada por ser un adolescente y víctima de desaparición forzada, el derecho a no ser revictimizado y descalificado públicamente, con un enfoque diferenciado.3

Sin embargo, el Juzgado Cuarto argumentó que no acordaría sobre lo solicitado en tanto Marco Antonio no ratificara la demanda de amparo –a pesar de que sus padres ya la habían ratificado, y el quejoso no es mayor de edad–. El acuerdo fue recurrido. El 13 de febrero, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió la Queja Penal 28/2018. En la resolución, determinó que el recurso era improcedente y que establecer una reserva a acordar, hasta que se formalice la ratificación, no implicaba afectar los alcances o negar la suspensión. Con ello, un elemento formal como la ratificación se antepuso a la urgencia y necesidad de la suspensión de plano. Además, no consideró que reservarse a acordar hasta la ratificación constituía una negativa implícita y de facto, y, por tanto, la vía de la queja era procedente.

Para el Colegiado, la ratificación prevalece sobre la urgencia de proveer sobre medidas de suspensión, sin considerar que, en el caso, no existe un precedente de cómo actuar en el amparo cuando la persona ha sido localizada, y dada la condición médica, debía favorecer una interpretación tendiente a favorecer su protección. Además, tampoco se pronunció sobre otra medida solicitada por la defensa: respecto a las filtraciones de los datos personales del adolescente, incluyendo fragmentos de su historial médico, cuyo acceso y obligación de custodia se encontraba en el Hospital público y la Fiscalía local; medida que el Juzgado de Amparo no quiso decretar pues, en su criterio, los peticionarios podían acudir al mecanismo que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El criterio del Décimo Colegiado representa un retroceso y una contradicción a la sentencia del Primer Tribunal Colegiado, en la Queja Penal 17/2018.

Una adecuada caracterización de la desaparición involuntaria o forzada de personas, permite comprender mejor su pertenencia en sociedades en apariencia democráticas, determinar con certeza la responsabilidad del poder público en su comisión directa o por falta de mecanismos de prevención, investigación y sanción, como condiciones de permisibilidad y de permanencia que resultan estímulos para su perpetuación. No debemos olvidar que la desaparición forzada es una problemática grave, pluriofensiva en términos de su caracterización jurídica, expresión de estructuras autoritarias del ejercicio del poder público, y una práctica que remite a los mecanismos de control sobre las personas y la violencia se imponen en las relaciones de dominación.

En casos de desaparición forzada, el juicio de amparo resulta un juicio constitucional sui generis, pues la litis no se centra en reclamar un acto de autoridad, revestido de sus atribuciones, donde la autoridad señalada como responsable acude a defender la constitucionalidad de su actuar, tal y como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el Conflicto Competencial 12/2017. En estos casos, el amparo constituye, en tanto la víctima se encuentra desaparecida, un recurso de hábeas corpus, que opera bajo la suspensión de plano; una vez localizada la persona, según el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe requerirse su ratificación –o la de sus representantes– y, una vez desahogado este requerimiento, se tramitará el juicio.

Bajo estas condiciones, en casos de esta naturaleza, el juicio constitucional está sujeto a un procedimiento particular y extraordinario que no puede extinguirse con la localización –inédita en este caso– de la persona, sino que a partir de ello, se encamina a garantizar la protección judicial frente a la violación múltiple y compleja de derechos humanos que conlleva una desaparición forzada: el derecho a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; a búsquedas bajo la presunción de vida, a la protección y a la asistencia a la familia; a un nivel de vida adecuado; a la salud; a la educación; al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a la vida, en caso de localizar sin vida a la víctima, tal y como lo han sostenido tribunales internacionales, organismos internacionales de protección de derechos humanos y los Tribunales nacionales.

En este sentido, la desaparición forzada tiene un carácter pluriofensivo que, por lo menos en el caso de Marco Antonio, no basta con que éste haya sido localizado, sino que es necesario establecer cuál fue su paradero durante los días que permaneció desaparecido, qué sucedió en esos días y en qué condiciones se encontraba, dirimiendo las respectivas responsabilidades penales que ello conlleve. Por ello, la actuación de los jueces y tribunales federales resulta fundamental para garantizar la prevalencia del Estado de derecho, recordando, además, que las obligaciones estatales frente a esta situación –incluyendo las jurisdiccionales– han alcanzado el carácter de ius cogens.4

Con las proporciones históricas y temporales, es importante recordar que en la dictadura argentina de aproximadamente 5000 recursos de hábeas corpus que se presentaron entre 1976 y 1982, únicamente 2 tuvieron una respuesta positiva de parte de las autoridades judiciales.5 En el contexto mexicano actual de más de 30 mil personas desaparecidas, de las cuales 6 mil correspondería a niñas y niños o adolescentes, el caso de Marco Antonio y el precedente que establezca el Poder Judicial de la Federación será un referente, positivo o negativo, para este tipo de casos.6

Como escribió Juan Gelman, frente a las desapariciones el único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Una adecuada intervención del Poder Judicial Federal en un caso único por la localización de la persona, genera una oportunidad extraordinaria para desarrollar los alcances del juicio de amparo y del recurso efectivo y potenciar la protección judicial de los derechos de la víctima y las familias, constituyendo un mecanismo adecuado para garantizar su investigación y sanción y revertir la impunidad estructural que la caracteriza.

Eunice Leyva García (@uni_leyva) y Simón Hernández León (@hele_simon). Abogados del Instituto Procesal Penal.


1 Condicionar la formalización de la denuncia a un plazo ha sido motivo de responsabilidad internacional para el Estado mexicano. En el caso Caso González y otras la Corte Interamericana señaló que: “Una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.” Además, que una vez que se tiene conocimiento de un caso de desaparición las autoridades tienen una serie de obligaciones positivas, entre ellas: “i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida; ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares; iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas y vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda.”
“Campo Algodonero” Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 290 y 506.
Además, en el Examen Periódico Universal se había recomendado a México homologar un Protocolo Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, fortalecer el sistema de justicia de manera pronta e inmediata los casos de desaparición y adoptar los estándares internacionales de búsqueda y localización, entre otras recomendaciones. ONU, Consejo de Derechos Humanos,
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, A/HRC/25/7, 11 de diciembre de 2013.

2 La sentencia se desarrolla a partir de las obligaciones y derechos reconocidos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la jurisprudencia nacional sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

3 La solicitud se fundamentó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Víctimas.

4 Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, y Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014.

5 Marco Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática, Paidos, Buenos Aires, 2003, p. 287. Para un análisis sobre estos recursos: Jaime Nuguer, Un hábeas corpus en dictadura. Las acciones judiciales por Inés Ollero que culminaron con el encarcelamiento del jefe de la ESMA, Lenguaje Claro Editora, Argentina, 2014.

6 Unicef, “Más de 6 mil niños, niñas y adolescentes están reportados como desaparecidos en #México. Se han adoptado medidas como @AAMBER_mx para acelerar su identificación y búsqueda; pero aún deben fortalecerse con recursos y personal las Procuradurías de Protección de la Niñez”, 5 de febrero de 2018. Según datos de la Redim, en el Informe Infancia cuenta 2017 desafíos en el acceso a la justicia para niñas niños y adolescentes, todos los días desaparecen 4 niñas, niños y adolescentes y el 72.3% de las desapariciones registradas se habrían dado en el presente sexenio. Finalmente, según la información de Data Cívica el número aproximado de personas desaparecidas en México es de más de 33 mil desaparecidas. http://personasdesaparecidas.org.mx/db/db

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En 2002, Daniel García y Reyes Alpízar fueron consignados por su presunta participación en un delito que su defensa insiste, no cometieron. Con las reglas procesales de entonces y dada la calificación del delito como grave, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Más de 15 años después, siguen sujetos a un proceso judicial del sistema tradicional. En próximos días, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz resolverá un incidente que puede cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar para continuar su proceso en libertad.

La campaña #PenaSinCulpa busca evidenciar las problemáticas de la prisión preventiva oficiosa, la falta de garantía efectiva de la presunción de inocencia, los tiempos excesivos de resolución de recursos judiciales para personas privadas de la libertad y el uso del litigio frente a condiciones que vulneran los derechos humanos. Además, en agosto de 2017, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó al Estado mexicano disponer la libertad inmediata de Daniel y Reyes.

Los más de 15 años de proceso en primera instancia tienen origen en el obstáculo sistemático a sus derechos procesales, la falta de exclusión de pruebas ilícitas, incluso obtenidas bajo tortura, la falta de continuidad de las audiencias y la excesiva demora en la resolución de recursos judiciales. La subsistencia de la prisión preventiva es imputable a las autoridades. Entre otras, destacan casi 5 años entre el auto de formal prisión y su revisión judicial en apelación y amparo indirecto, 8 años entre la petición reiterada de acceder a la averiguación previa –incluido un juicio de amparo– y a partir de ella, tener oportunidad de ofrecer pruebas, más de 50 ocasiones que uno de los procesados no ha sido presentado a audiencias, u 8 meses –requiriendo otro juicio de amparo– que demoró la remisión de un recurso del Juzgado a la Sala Penal cuando el plazo legal es de 3 días. Esta es la ruta de defensa que ha seguido su caso.

Primer recurso nacional

En junio de 2016, presentaron un incidente no especificado solicitando el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva. A partir de un fundamento exclusivamente convencional se argumentó que la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la jurisprudencia internacional, tutelan el derecho a ser procesado en un plazo razonable o ser puesto el libertad, la revisión judicial periódica y de oficio de medidas restrictivas de la libertad, que la prisión preventiva no constituyan pena anticipada, y el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato, así como violaciones al principio de progresividad en relación al desarrollo de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.1

En agosto de 2016, el Juzgado denegó la petición. Argumentó que la prisión preventiva es una medida oficiosa para delitos graves que constituía una restricción constitucional. En diciembre de 2017, el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla resolvió la apelación. En una resolución relevante por su perspectiva de derechos humanos, estableció que no existe una restricción constitucional al derecho a ser juzgado en un plazo razonable en relación con la presunción de inocencia. Destacó la obligación convencional de revisar periódicamente las medidas que impliquen afectación a la libertad. Además, retomó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la revisión de medidas cautelares del sistema tradicional bajo las reglas del sistema acusatorio (contradicción de tesis 64/2017), desarrollada durante el trámite de la apelación, y los precedentes de la Corte Interamericana invocados por Daniel y Reyes. Finalmente, tomó nota de la resolución del Grupo de Detenciones Arbitrarias y la obligación de “observar los pronunciamientos internacionales […] cuando involucren cuestiones en el ámbito nacional”.2

El Tribunal ordenó al Juzgado revisar la medida cautelar bajo la jurisprudencia interamericana, que recabe pruebas y la valore a la luz de las circunstancias actuales y no de las que existieron al momento de su imposición, analice si la medida satisface criterios de razonabilidad e idoneidad para “determinar si la prisión preventiva sigue siendo legítima” en relación al plazo, y en caso contrario “deberá ordenar la libertad de los procesados sin perjuicio de que pueda imponerles otra medida cautelar”.3 La audiencia se desarrollará esta semana y representa una oportunidad valiosa para cumplir con la sentencia y con la resolución internacional.

Segundo recurso nacional

Un segundo incidente se promovió a partir de la Miscelánea Penal que introdujo en una disposición transitoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de la revisión y cambio de la prisión preventiva impuesta en el sistema penal tradicional bajo las reglas del sistema acusatorio. La petición fue desechada de plano a pesar de la fuerza legal de la disposición procesal y de criterios aislados de Tribunales Colegiados que sostenían su constitucionalidad.

La defensa de Daniel y Reyes promovió un juicio de amparo. El Juzgado Cuarto de Distrito de Tlalnepantla falló a su favor.4 En el trascurso del juicio, la Suprema Corte estableció (CT 64/2017) que la revisión de medidas cautelares no es contraria a la reforma constitucional de 2008, que involucra cuestiones sustantivas y no solo procesales y representa una facultad extraordinaria para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios del sistema acusatorio al revisar la prisión preventiva.5

Sin embargo, la sentencia de amparo tuvo efectos limitados. Aunque retomó la doctrina constitucional reciente sobre prisión preventiva y su revisión y ordenó analizar la solicitud de su revisión, lo hizo bajo las reglas procesales del sistema escrito, sin inmediación ni debate de las partes. Ante ello, se interpuso un recurso de revisión que, tras cuatro meses, sigue pendiente de resolución por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Toluca.6

El recurso internacional

Ante la falta de respuesta rápida y efectiva de los recursos judiciales, Daniel y Reyes acudieron al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, un mecanismo especial del sistema universal de protección de los derechos humanos.7 En la Opinión 66/2017, consideró que su detención tiene un carácter arbitrario porque fueron detenidos sin orden judicial y arraigados sin que existieran pruebas en su contra y que los señalamientos públicos en su contra afectaron la presunción de inocencia. Destacó la falta de investigación sobre la tortura y la falta de tutela judicial durante varios años, a pesar de la existencia de prueba oficial que la acredita en la causa penal. Por ello, recomendó al Estado mexicano disponga su libertad inmediata.

Este caso es ilustrativo del uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, que se impone sin valoración judicial y sin debate entre las partes, incluso en el sistema acusatorio, relevando al ministerio público de acreditar, en cada caso, su necesidad. También de la ausencia de revisión periódica y de oficio de las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal. La resolución positiva del caso ayudaría a equilibrar los derechos de víctimas y personas imputadas, retomar el carácter excepcional de la prisión preventiva para evitar que, como sucede actualmente en México, 5 de cada 10 personas se encuentren en prisión sin sentencia y fortalecer el sistema penal bajo un paradigma democrático y de derecho.8 Ni un día más.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Twitter: @hele_simon


1 Los procedentes invocados bajo el principio pro persona, la contradicción de tesis 293/2012, y el efecto de la res interpretata de la Corte Interamericana fueron los casos Bayarri vs. Argentina, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Tibi vs. Ecuador, Acosta Calderón vs. Ecuador, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Suárez Rosero vs. Ecuador, Ricardo Canese vs. Paraguay e Yvon Neptune vs. Haití.

2 Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, acuerdo de 27 de octubre de 2017.

3 Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla Toca de apelación 160/2017, sentencia de 12 de diciembre de 2017, p. 27. El Tribunal reitera que el análisis de la medida debe realizarse conforme al test desarrollado por la Corte Interamericana y valorar la razonabilidad del plazo en función de a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal de los interesados, c) la conducta de las autoridades judiciales.

4 Juzgado Cuarto de Distrito del Segundo Circuito con sede en Tlalnepantla, amparo indirecto 878/2017-V.

5 La Primera Sala emitió la tesis 1a./J. 74/2017 (10a.) PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

6  Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, amparo en revisión 312/2017.

7 El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42 y se compone por cinco expertos independientes internacionales. Tiene por objetivo investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los instrumentos internacionales. Su mandato fue ampliado por la resolución 1997/50 de la actual Comisión de Derechos Humanos.

8 Información del Estado mexicano proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocía que en 2015 el 55% de las personas en reclusión se encontraban sin sentencia. Comisión IDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.163 Doc. 105, 217, nota 11.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en próximos días dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el centro del debate jurídico se encuentra la tensión entre validar o no las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la protesta social en la Ciudad de México. Sin embargo, las consecuencias de orden político son de mayor transcendencia: implican el tipo de sociedad al que aspiramos, con límites al abuso del poder y a la legalidad escindida de legitimidad, particularmente cuando se instrumentaliza el sistema normativo para confrontar las expresiones de disenso, la crítica a la gestión gubernamental y a los actores políticos o posibilitar la réplica de modelos normativos restrictivos a escala nacional si la Corte se pronunciara por su constitucionalidad. En suma, en esta discusión se juegan elementos importantes del contenido democrático de nuestra sociedad y el aparato gubernamental.

movilidad

El contenido de los artículos 212, 213, y 214 de la Ley de Movilidad ha generado pronunciamientos de diversos sectores de la sociedad por su contenido restrictivo de los derechos humanos. Ejemplos de ello son los amicus curiae presentados el año pasado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, en los que se argumentan las razones por las cuales consideran que estas normas vulneran derechos humanos. Recientemente, varios académicos enviaron una carta a la Suprema Corte fijando su postura sobre el contenido de estas normas. Ellos forman parte de un grupo plural de ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos, miembros de movimientos sociales, activistas y periodistas quienes desde agosto de 2014 promovieron amparos en contra de esta Ley, obteniendo sentencias favorables de parte de diversos Juzgados de Distrito.1

El artículo 212 establece que la realización de las manifestaciones únicamente pueden ejercerse si tienen un fin “perfectamente lícito” y que se deber dar aviso en caso de que puedan “perturbar la paz y tranquilidad de la población”, existiendo una indeterminación sobre qué debe entenderse como una manifestación perfectamente lícita de manera previa. Resulta preocupante que sea la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP) y no un órgano de carácter político la entidad encargada de interpretar el contenido y significado de “paz y tranquilidad” dada la dimensión subjetiva y discrecional de estos conceptos y de un enfoque de interpretación policiaca de los derechos. La Comisión Interamericana ha señalado en relación a estos conceptos que “la ambigüedad de los términos -orden público o paz pública- y el amplio alcance de las restricciones impuestas en algunos marcos legales dan pie a un uso injustificado de la fuerza.”2 El artículo también establece la obligación de dar aviso previo y por escrito a la SSP con 48 horas de anticipación, lo que supone que el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar derechos queda supeditado únicamente para quienes den el aviso. Además, una interceptación restrictiva derivaría en la imposición de un permiso y no sólo un aviso, lo que es contrario a los estándares internacionales.3

Por su parte, el artículo 213 establece una prohibición absoluta para la utilización de las vías primarias de circulación continua para la realización de manifestaciones. Las manifestaciones públicas, dada su naturaleza requieren de la utilización de espacios para garantizar su publicidad y visibilidad como medio de expresión. Para ello, es necesaria la ocupación de vías primarias de circulación continua, aun cuando ello genere ciertas molestias y tensión de derechos que en principio deberían ser toleradas para garantizar un uso plural del espacio público.4 Sin embargo, el carácter público de los espacios de la Ciudad de México hoy se considera vedado en una versión distorsionada: se arguye el derecho de circulación de los vehículos –no de las personas–, y se vacía su fuerte contenido democrático y valor político como espacio de participación.5

Las restricciones antes señaladas son cuestionables en cualquier sociedad que se ostente como democrática y en un Estado de Derecho; pero, situando la Ley en el contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país, con una creciente pérdida de legitimidad del aparato de Estado y de aumento de las expresiones autoritarias como razón de Estado frente al descontento, la exigencia de derechos y la movilización se tornan aún más preocupantes. En este sentido, el artículo 214 abre un campo de posible intervención policial y habilitación del uso de la fuerza sin atender el carácter de ultima ratio que esta medida debe tener. En una formulación ambigua se señala que la SSP tomará las “medidas necesarias” para liberar las vías primarias, sin mencionar, ni graduar las mismas, disposición que se enmarca en un patrón que busca legislar para habilitar la fuerza y no para limitarla.

Esta tendencia ha sido documentada por el FLEPS: la proliferación desde el año 2013 de legislaciones que limitan las manifestaciones imponiendo permisos, horarios o prohibición de lugares y, por otra parte, esquemas de permisividad del uso de la fuerza, incluso letal, contra los grupos manifestantes, conformando una gobernabilidad autoritaria que se apoya en el marco normativo para dar una apariencia de legalidad a su actuación, aun cuando esta sea arbitraria.6 Asimismo, se ha dado un incremento exponencial de detenciones y acusaciones penales en contextos de manifestaciones públicas, subvirtiendo la lógica de intervención mínima, mediante un uso desviado del derecho penal que opera bajo una racionalidad política, evidenciando un proceder autoritario y el uso desviado del poder.7

La protesta social vive un momento difícil. Sin embargo, el incremento y sofisticación de medidas autoritarias tiene como respuesta formas de organización en el que la repolitización de la ciudadanía, la reapropiación y resignificación de los espacios públicos como lugares de deliberación hacen de la protesta una forma novedosa de participación democrática con un potencial de transformación y de construcción de democracia sustantiva.8 Por ello, la discusión no puede obviar ni el contexto ni a los destinatarios de la norma.9 Deliberaciones como la que dará la SCJN en la Ley de Movilidad ponen en evidencia la imbricación entre poder y derecho como elementos diferenciados pero indisolubles. Como acertadamente señaló Norberto Bobbio: “sólo el poder puede crear derecho y sólo el derecho puede limitar el poder”.10 La Corte deberá asumir su papel histórico en una coyuntura particularmente compleja para los derechos humanos y la democracia en México. Su fallo es crucial para la vigencia de las libertades democráticas en el país.

Simón Hernández León. Integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Twitter: @simonhdezleon


1 Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa (amparos indirectos 1689/2014 y 1690/2014), Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1693/2014), Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa (amparos indirectos 1780/2014 y 1782/2014), Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1716/2014), Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1728/2014), Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa (amparos indirectos 1751/2014 y 1753/2014) y Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1675/2014).

2 CIDH. “Capítulo IV.A: Uso de la Fuerza.” Informe Anual 2015, párr. 72.

3 ONU, Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Párrafo 91: recomendación específica. Documento de Naciones Unidas número A/HRC/20/27 (21 demayo de 2012); Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Bukta y otros c. Hungría, párr. 36. Demanda número 25691/04 (2007): “en las circunstancias concretasen las que podría justificarse una reacción inmediata ante un acontecimiento político, que tomaría la forma de una manifestación pacífica, dispersar ésta con el único motivo de que no se respetara la obligación de notificación previa y sin que los participantes se comportaran de una manera encontraría a la Ley constituye una restricción desproporcionada a la libertad de reunión pacífica.”

4 Tribunal Constitucional de España, Sala Segunda. Sentencia 193/2011, 12 de diciembre de 2011 (BOE núm. 9, de 11 de enero de 2012), fundamentos jurídicos, punto 2.

5 CIDH. “Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Título III, Informe Anual 1994, OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995. ONU. Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27Distr, 21 de mayo de 2012, párr. 41.

6 El FLEPS es una colación de organizaciones conformada por: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., y Resonar.

7 La Comisión Interamericana ha establecido que se configura una desviación de poder, cuando existen “actos sucesivos y encadenados” con apariencia legal que buscan ilegítimamente afectar a una persona. CIDH, Informe Nº 43/96, Caso 11.430, México, 15 de octubre de 1996, párr. 70.

8 Simón Alejandro Hernández León, “Protesta social y porvenir democrático en Nuestra América” en: Anuario de derechos humanos 2015, Universidad Iberoamericana Puebla, 2015, p. 108.

9 La SCJN ha señalado que al interpretar normas se debe acudir a (i) la gramática, (ii) analizar las normas en contraste o en relación con otras expresiones contenidas en la misma norma o en otras disposiciones normativas, (iii) al contexto en el cual se desenvuelven las normas, (iv) a sus posibles destinatarios. Véase: Amparo en Revisión 448/2010 de sesión de 13 de julio de 2011; jurisprudencia 1/2006 de rubro: “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS” y jurisprudencia 54/2014 de rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”.

10 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994, p. 19.

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El día de ayer, el presidente Peña Nieto presentó la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte para ocupar la vacante dejada por el fallecimiento del ministro Valls. Se trata del primer paso de un proceso institucional donde el Senado de la República debe evaluar a los candidatos presentados y, en su caso, aprobar por mayoría calificada a alguno de éstos. Sobra mencionar que, al ser la Suprema Corte árbitro de muchísimos de los conflictos de la vida institucional del país, se trata de un nombramiento de enorme relevancia. En un esfuerzo por iniciar un indispensable debate respecto los candidatos, e inclusive el mismo proceso de designación, a continuación se presenta un ramillete de opiniones de diferentes expertos. 

No cabe duda que la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de candidatos a ministros lo hace la carta fuerte del presidente Peña Nieto. Su pasado en gobiernos panistas pareciera el gozne que posibilitaría alcanzar la mayoría calificada. Si consideráramos que una de las claves para conseguir votos es la capacidad de operación política, Medina Mora tiene una ventaja insuperable respecto de sus acompañantes. Una lectura de su hoja de vida arroja que si una virtud fuera destacable es su extraordinaria capacidad de mantenerse en cargos de primer nivel tanto en gobiernos panistas como en el actual: Director del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador, Embajador en Washington. Eso requiere de una gran capacidad de operación política, lo que sea que se entienda como eso.

SCJNLo interesante de esto es la valoración de los méritos que tal historia implicaría para ser el futuro ministro de la Corte. Dicho en otros términos, su paso por el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública o la PGR, deberá ser motivo de una rigurosa revisión por la opinión pública y por el Senado. Van algunas ideas apresuradas al respecto: Cuando Medina Mora fue Procurador, se aprobó la reforma constitucional de juicios orales, la cual a su vez también estableció las bases del combate a la delincuencia organizada. Una reforma garantista y antigarantista a la vez. Una pregunta pertinente es cuál fue el papel de Medina Mora en esta reforma. Pues no hay que olvidar que esta reforma expresaba una definición al interior del Gabinete. Esto es, se modificó el artículo 21 constitucional en dos renglones: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, antes decía que “una policía” estará bajo su “autoridad y mando”.  El cambio definió el papel de la PGR respecto de la “policía” e incrementó el poder de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y, en mi opinión, contribuyó al desmantelamiento y debilidad de la primera y, consecuentemente, en los resultados de la estrategia de combate al crimen.

Su paso predominantemente por instituciones policiacas y de seguridad nacional y el innegable papel geopolítico en la Embajada de México en Washington, son también claves para entender el mensaje del Presidente respecto de su idea de juez enla Corte.

José Roldán Xopa. Profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). Twitter: @jrxopa

Más allá del perfil de los candidatos a ministros de la Suprema Corte que integran la terna enviada hoy al Senado por el presidente Peña Nieto, vale hacer hincapié en el hecho de que, quizá por primera vez, el titular del ejecutivo federal haya decidido sacar el mayor provecho de un procedimiento que le da un poder desmedido en la designación de los integrantes de la Suprema Corte. Nuestras reglas constitucionales son tan deficientes que, con un poco de persistencia, el presidente de la República puede nombrar unilateralmente al candidato de su preferencia (en el supuesto de que el Senado rechace dos propuestas de terna de manera consecutiva).

La composición de la terna sugiere que en la Oficina de la Presidencia tienen claras las reglas del juego y nada impide que las lleven hasta las últimas consecuencias. Pero más allá de cuál sea el destino final de la propuesta presidencial, en la actual coyuntura conviene enfatizar dos cosas. Por una parte, urge construir un contexto de exigencia desde la opinión pública, el foro y la academia. Se trata no sólo de poner bajo la lupa a los integrantes de la terna, sino también de discutir públicamente el perfil de ministros que queremos o necesitamos. Por la otra, a estas alturas debe quedar claro que el actual procedimiento de designación tiene más vicios que virtudes. Necesitamos, pues, reglas que garanticen un adecuado balance entre poderes y, sobre todo, que favorezcan el escrutinio más amplio de los nominados.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE.  Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

Son varios ángulos desde los cuales se puede analizar la terna enviada hoy al Senado para suplir el lugar del ministro Valls, que nos dan una nueva oportunidad reflexionar sobre el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entre ellos, vale la pena destacar, además de la ausencia de perspectiva de género, al no incluir ninguna mujer, la falta de motivación de la selección de los candidatos.

Me parece que no basta con que dos de los candidatos provengan de carrera judicial. Si bien es importante incentivar el acceso de jueces a las altas cortes, la selección de la terna por parte del presidente de la República debiese ser un ejercicio mucho más serio de búsqueda y sustentación, que permita ternas más plurales, con perfiles tanto académicos, como de carrera judicial y fundamentadas en los méritos que demuestren que quienes integran la terna pueden formar parte del máximo tribunal de impartición de justicia del país.

Lo anterior evitaría que se incluyeran personajes como Eduardo Medina Mora, respecto del cual se prenden varias alertas que el Senado tendría que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. En primer lugar, su estrecha relación con el sector privado, principalmente de empresas como Televisa, lo cual en caso de ser elegido dejaría serias dudas sobre su imparcialidad e independencia en casos donde estos entes privados estuvieran involucrados. Recordemos también que Medina Mora era el Procurador General de la República cuando ésta presentó la acción de inconstitucionalidad sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Un antecedente que pone en peligro luchas alcanzadas a través del Tribunal para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Por último, el perfil de candidato en materia de seguridad pública, no responde a la crisis de derechos que atraviesa el país. Lo cual refleja la constante del gobierno federal de ignorar la necesidad de fortalecer las instituciones en México.

Adriana Muro. Abogada integrante de Elementa, Consultoría en Derechos Humanos. Twitter: @adrianawall

Eduardo Medina Mora ha desfilado notablemente por tres administraciones gubernamentales y tiene un perfil público impecable. Ha sido embajador, procurador general de la República, director general del CISEN y secretario de Seguridad Pública. Aunque le pese a algunos, por primera vez en muchos años nos encontramos ante la nominación de un peso pesado a la Suprema Corte de Justicia.

Por mucho que sorprenda, las nominaciones a la Suprema Corte no son galardones a la excelencia jurídica o premios al mérito jurisdiccional; como cualquier órgano del Estado, los ministros proyectan un equilibrio político: nada más. El diseño institucional supuso que la Corte fuese un contrapeso adicional en el entramado constitucional, no una sede de verificación intelectual del resto de las ramas del Estado. Esto, aparentemente tan obvio, ha resultado ofuscado por la retórica de las nominaciones: los líderes de opinión exigen ministros “virtuosos”, abogados preclaros que tengan opiniones “ciudadanas”.

Poco importa que esta retórica usualmente esconde exigencia de áreas de influencia que no han podido ser obtenidas a través del proceso democrático. Lo relevante es la fantasía de los perfiles neutros y la apabullante ingenuidad de la apuesta por funcionarios “santos”. Como la experiencia lo demuestra, la presencia de políticos es ineludible.

Medina Mora es una buena apuesta del presidente de la República. Durante su administración, Peña Nieto nombrará una nueva camada de ministros que constituirá, para 2018, una mayoría clara. Esta nominación es una oportunidad para imprimir un liderazgo político que redefinirá la Corte, y nuestra Constitución, en las próximas décadas.

Alejandro F. Noriega. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Twitter: @noriegalejandro

En una democracia sustantiva los jueces tienen un rol fundamental: asegurar la vigencia del orden constitucional y evitar el ejercicio arbitrario del poder público mediante la garantía de los derechos fundamentales. Suponer una neutralidad ideológica y una posición apolítica en quienes integran la judicatura es irreal. La actividad judicial y política, coexisten. Por ello, las posiciones de quienes la integran deben ser explícitas. Pues si bien es legítimo que un ministro mantenga una posición política, así como una matriz ideológica, su compromiso siempre debe ser asegurar la viabilidad del régimen democrático.

Los actuales magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera tienen una carrera judicial –si bien Fuentes Barrera posee cierta experiencia en la administración pública. Lo cual por sí mismo no asegura independencia, aunque ciertamente poseen en principio mayor distancia del poder del presidente de la República. Por su parte, Eduardo Medina es sin duda el más cercano al ejecutivo federal de los tres candidatos. Actualmente, es embajador de México en Estados Unidos y en administraciones pasadas fungió como Procurador General de la República y Secretario de Seguridad Pública. Además, su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –entidad que por su función coquetea siempre con intromisiones y afectaciones a los derechos humanos–, lo vincula más a los intereses que debiese controlar en el cargo de ministro, que a un cargo que a pesar de su connotación política debe ser autónoma, independiente y garante de los intereses de la sociedad.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Twitter: @simonhdezleon

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Todavía ahora me ha tocado escuchar algunas veces cómo jueces de edad se lamentaban por la abolición de esta bárbara costumbre. Nadie en esa época, dudaba de la necesidad de la tortura; ni los jueces, ni los acusados.”

Alexandr S. Pushkin

Antecedentes

Israel Arzate fue detenido arbitrariamente por elementos del Ejército el 3 de febrero de 2010 (3 días después de la masacre de Villas de Salvárcar), fue incomunicado y torturado por más de 30 horas en instalaciones militares. Oficialmente se afirmó que fue detenido en “flagrancia” el día 4 al conducir un vehículo robado y que espontáneamente “confesó” su participación en los hechos de Villas de Salvárcar.

Se le formularon dos imputaciones: posesión de vehículo robado y homicidio de 15 personas y lesiones y tentativa de homicidio a otras 10 más. Las respectivas vinculaciones a proceso fueron materia de amparo indirecto y su resolución definitiva fue asumida por la Primera Sala de la SCJN.

Organizaciones como Article 19, Fundar, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron pronunciamientos sobre este proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura, ambos del sistema de Naciones Unidas, emitieron resoluciones sobre el caso.

Su caso fue defendido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes. El 6 de noviembre de 2013 Israel Arzate recuperó su libertad tras casi 4 años de detención.

Las tesis

Israel-Arzate-PostalAsí, el pasado 12 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia publicó el engrose de la resolución del amparo en revisión 703/2012, relativo al caso de Israel Arzate Meléndez y el día 23 las tesis aisladas que derivaron del proceso fallado en noviembre de 2013. En el marco de la discusión, advertíamos en otra entrada sobre el carácter emblemático del caso y la posibilidad que para la Corte representaba su resolución y el impacto estructural que podría tener en el sistema de justicia y en la lucha contra el fenómeno sistemático de la tortura.

La Primera Sala generó ocho tesis aisladas que se agrupan en tres rubros: a) tortura; b) derecho a la libertad personal, detención y puesta a disposición inmediata y obligaciones judiciales al realizar el control de detención, y; c) estudio de pruebas superveniente cuando versen sobre violaciones a derechos humanos.

Tortura

La Corte refrenda la prohibición absoluta de la tortura. Establece que la tortura tiene una doble dimensión: como violación de derechos humanos y como delito y que tales actos actualizan una categoría especial y, de tal gravedad, que impone la obligación de las autoridades de llevar a cabo un análisis y una protección de la máxima intensidad bajo los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Con relación a las obligaciones de garantía y protección, establece que toda autoridad que tenga conocimiento por parte de una persona que denuncie haber sido víctima de tortura o cuando tenga conocimiento de indicios o datos que la presuman, deberá de oficio y de forma inmediata, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente e imparcial.

La Suprema Corte establece que las autoridades tienen la obligación de intervenir de forma expedita cuando existan denuncias de tortura y el deber de garantizar una investigación adecuada en un plazo razonable y determinar la responsabilidad a través de un proceso penal.

Añade que debe considerarse como denuncia todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad. Consecuentemente, la obligación de protección recae en todas las autoridades y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar un caso en el que se alegue que una declaración incriminatoria fue realizada bajo tortura.

Cuando la denuncia de tortura se dé en el marco de una investigación o de un proceso penal, las autoridades deben iniciar una investigación diligente y conforme a los más altos estándares de protección de derechos humanos. El hecho de que no se hayan practicado de forma inmediata exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva, la que debe practicarse con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión de los actos denunciados.

Finalmente, la Corte refrenda la regla general de exclusión de prueba ilícita y de manera específica en aquellos casos en que los datos de investigación o medios de prueba hayan sido obtenidos mediante actos de tortura.

Libertad personal

La Corte reitera que la libertad personal se reconoce y protege como un derecho humano de primer orden, con tutela convencional y constitucional. De ahí la legítima expectativa de las personas de no verse afectadas sino por causas justificadas y bajo supuestos de excepcionalidad reconocidos y limitados de forma taxativa por la Constitución y los tratados internacionales.

Cuando las autoridades aduzcan una detención en flagrancia deben acreditar fehacientemente la existencia de elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Si la detención no se da bajo el respeto del sistema constitucional y convencional, cumpliendo los requisitos y garantías establecidos a favor de la persona asegurada, será considerada como arbitraria. La consecuencia es su invalidación y la de los datos de investigación o pruebas obtenidos de forma directa e inmediata con la detención.
Si una autoridad realiza una detención bajo el supuesto de flagrancia debe remitir de forma inmediata a la persona ante la autoridad competente sin retraso injustificado o irracional. Asimismo, la persona debe ser informada en el momento de la detención de las razones y justificación de la misma y de los cargos formulados en su contra.

Finalmente, las autoridades ministeriales y judiciales tienen la obligación de realizar un control estricto y riguroso de las condiciones de la detención y ordenar la libertad inmediata de la persona si la detención fue ilegal o arbitraria. La obligación de protección se refuerza cuando existen indicios o denuncia expresa de violación a derechos humanos. Consecuentemente, las autoridades deben allegarse de todos los elementos y datos necesarios para salvaguardar la defensa adecuada de quien está sujeto a su tutela.

Control jurisdiccional y violaciones a derechos humanos

La Corte estableció que el hecho de que el juez natural no haya tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que los órganos jurisdiccionales de amparo admitan y valoren medios de prueba supervenientes que no obren en la carpeta de investigación, pero que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación, atendiendo a la tutela judicial efectiva y al principio de excepcionalidad que adquieren mayor preponderancia cuando se trata de violaciones graves como la tortura.

Conclusión

Los criterios del caso Israel Arzate constituyen un avance significativo en la lucha por la erradicación de la tortura en nuestro país y pueden ayudar a consolidar el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, adversarial y oral, puesto a prueba en este caso. En un país donde la tortura es una realidad lacerante, una “endemia” como afirmó recientemente el relator de la ONU sobre tortura; la labor de los órganos jurisdiccionales debe transitar hacia un modelo de protección efectiva de los derechos humanos. La debida implementación de estos criterios representa un signo de esperanza para personas que son víctimas de este condenable acto, muchas de ellas aún en el anonimato.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Integrante del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon

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Estado de excepción y la suspensión de garantías

El estado de excepción y la suspensión de garantías son dos temas fundamentales en el campo político. Como realidad y como la figura que busca darle respuesta, ambas representan la posibilidad –no sólo jurídica sino constitucional– de que ante una situación extraordinaria que no puede resolverse de forma regular por los poderes públicos, se requiera habilitar una condición de anormalidad constitucional que restringa los derechos y libertades con el objetivo de hacer frente a la situación.

La paradoja es extraordinaria: el Estado, cuya finalidad es la vigencia y realización de derechos de una comunidad política, invierte el sentido de su existencia y anula su ordenamiento jurídico. En términos de Agamben el estado de excepción es “la forma legal de aquello que no puede tener forma legal.”[1] El derecho y la Constitución activan y validan acciones que al mismo tiempo están fuera del ordenamiento constitucional. En suma, la negación del derecho para su supervivencia.

Evolución histórica del estado de excepción

Su origen se remonta a la antigua Roma. Bajo la figura del iustitium[2] se permitían poderes extraordinarios para enfrentar amenazas externas (guerras o invasiones), o internas (rebeliones). En el moderno Estado constitucional ha evolucionado y adquirido márgenes de validación cada vez más acotados. Las situaciones que dan lugar a su establecimiento son los conflictos armados: invasión, guerra o conflicto interno; los originados por desastres naturales como huracanes, incendios, sismos, epidemias, crisis sanitarias, o de origen químico, biológico o nuclear, y el relacionado con crisis políticas y sociales dentro de un Estado, éste último el de mayor polémica.

Justificación y legitimación

La justificación es que “los estados deben contar con mecanismos especiales para la adopción de medidas urgentes en situaciones de crisis”.[3] Sin embargo, aún en las Constituciones más avanzadas su determinación no es un acto esencialmente jurídico, en todos los casos subyace una decisión política para su establecimiento. Su legitimidad como “necesidad justificante” radica en que no existe ninguna otra posibilidad de encarar una situación extraordinaria en los márgenes ordinarios de actuación del poder público.

La frontera entre su establecimiento legítimo y su utilización política es difusa. Una discusión inconclusa y no exenta de tensiones es: ¿A quién se protege con el estado de excepción? ¿Al Estado, al territorio, a su población, al orden social? ¿Cuáles son los valores y bienes que busca proteger? ¿La paz pública, la seguridad nacional, los valores democráticos?

Las experiencias en América Latina le han dado una connotación de realismo político más que de justificación constitucional: el estado de sitio —la versión extrema del estado de excepción en el que las autoridades militares sustituyen a las civiles— es muestra de la desnaturalización de la medida y su utilización política.

La suspensión y restricción de los derechos. Artículo 29 constitucional

En México la suspensión de garantías está prevista en el artículo 29 constitucional que establece como supuestos de procedencia: a) casos de invasión, b) perturbación grave de la paz pública, y c) cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Esta redacción procede de la Constitución de 1857 que lo definía en términos idénticos.[4]

Desde 1917 el artículo ha sido modificado en cuatro ocasiones: en 1981 para sustituir al “Consejo de Ministros” por su equivalente “los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República”. En 2007 se eliminó a los Departamentos Administrativos.

peña nietoEn 2011, como producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se añadió un catálogo de derechos que no son susceptibles de afectación, se agregó a la suspensión la restricción del ejercicio de derechos como un mecanismo menos lesivo y se complementó un control jurisdiccional de oficio a cargo de la Suprema Corte de Justicia sobre los decretos emitidos por el Ejecutivo. Finalmente, en 2014 se eliminó el acuerdo del Gabinete, quedando la iniciativa a cargo solamente del titular del Poder Ejecutivo.

La redacción del artículo 29 Constitucional refleja la realidad del siglo XIX y no la del constitucionalismo moderno del siglo XXI. Su problema no es sólo temporal, el texto tiene un vicio estructural innegable: la formulación “cualquier otro [caso] que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” representa una disposición ambigua que permite un margen de interpretación profundamente discrecional.

En México se estableció por única vez el estado de excepción por la incorporación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial.[5] Durante 97 años de vigencia de la Constitución de 1917 ha permanecido sin una legislación reglamentaria. En 2013, Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de ley que contenía una cláusula abierta sobre “cualquier otro caso” que permite una interpretación análoga y discrecional, además, al definir “grave peligro” o “conflicto” se hacía un reenvío a las “leyes aplicables” de seguridad nacional y seguridad interior. Esta iniciativa no fue votada sino se incorporó a los trabajos de la cámara.

Por su parte, el dictamen elaborado por el Senado, aprobado por las Comisiones de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos el pasado 28 de abril de 2014, define “perturbación grave de la paz pública” como un “fenómeno social violento”. Asimismo, alude en primer término al “peligro la estabilidad o seguridad del Estado” y, posteriormente, peligro para la “estructura social, política o económica”. Por otra parte, al definir “grave peligro o conflicto” señala que son las “circunstancia excepcional de tal gravedad que pongan en peligro los intereses vitales de la población”. Tras realizar una enunciación de estas situaciones, habilita una cláusula abierta sobre causas “similares”, lo que permite una interpretación análoga y discrecional.

Estado de excepción y derechos humanos

Un Estado constitucional impone límites formales y materiales para determinar un estado de excepción. Los primeros son los requisitos, el procedimiento, el establecimiento de la temporalidad y el ámbito espacial en que se impone la suspensión de derechos y la definición previa de un núcleo esencial de derechos humanos que no pueden ser afectados. La dimensión material alude fundamentalmente a la exigencia positiva por parte del Estado para que esta determinación tenga por objeto asegurar los valores fundamentales de una sociedad democrática.

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en el artículo 27 la suspensión de garantías y en el 29 las normas de interceptación, estableciendo que “ninguna norma puede ser interpretada en el sentido de suprimir y limitar injustificadamente el ejercicio de derechos, desnaturalizándolos o vaciándolos de contenido efectivo”.

Por su parte, la Corte Interamericana ha definido estándares de protección y obligaciones de los Estados parte. En la Opinión Consultiva OC-6/86, estableció que “en circunstancias excepcionales y bajo condiciones precisas, la Convención permite suspender temporalmente algunas de las obligaciones contraídas por los Estados (art. 27)”.[6] Asimismo, estableció que las restricciones deben ser legítimas, establecidas “por razones de interés general”. En la OC-5/85 señaló que no puede “invocarse el “orden público” o el “bien común” como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real.”[7]

En la Opinión Consultiva OC-8/86 determinó que la suspensión prevista en la CADH no es absoluta, y que no implica “la suspensión temporal del Estado de Derecho” ni que “el gobierno esté investido de poderes absolutos.”[8]

Los riesgos con la iniciativa en trámite legislativo

En toda iniciativa que involucra derechos humanos es fundamental un proceso de información ciudadana y discusión parlamentaria. Esto resulta más importante cuando se trata de regular los estados de excepción, pues se busca darle forma legal a condiciones que no se pueden atender con el orden normativo en un contexto de normalidad democrática. Por lo tanto, el primer riesgo es que estas iniciativas no vayan acompañadas de un proceso de discusión y debate amplio.

Los supuestos para aplicar la restricción o suspensión de derechos deben ser los más claros, precisos y concretos. Establecer fórmulas genéricas vinculadas a frases como “cualquier otro caso” permite una interpretación discrecional, o incluso el reenvío interpretativo a otras leyes secundarias y abrir posibilidades interpretativas y de aplicaciones sumamente amplias y riesgosas.

Asimismo, definir perturbación grave de la paz pública como un “fenómeno social violento” que pone en peligro “la estabilidad o seguridad del Estado” desvirtúa la medida. Su objetivo debe ser los derechos humanos de las personas y no la seguridad del Estado como fin en sí mismo y conforme a lo señalado por la Corte Interamericana la medida debe “preservar los valores superiores de la sociedad democrática”.

El estado de excepción no está exento de su activación con una intencionalidad política y de control social, de ahí la legitima preocupación de su utilización como mecanismo de resolución de conflictos sociales y como técnica de gobernabilidad y que la excepcionalidad de este recurso termine por establecerse como regla, alterando los contrapesos y división de poderes y la esencia del sistema democrático.

Simón Hernández León. Colaborador del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon

Leopoldo Maldonado Gutiérrez. Oficial adjunto del Programa Legal de Artículo 19. Twitter: @snaiperG


[1] Giorgio Agamben, Estado de excepción, Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007, p. 24.

[2] Literalmente detener o suspender el ius u orden jurídico.

[3] Pedro Salazar Ugarte, “Estado de excepción, suspensión de derechos y jurisdicción”, en: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa (coord.), Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, tomo II, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Konrad Adenauer Stiftung (coedición), México, 2013, p. 231.

[4] Artículo 29 “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, ó cualesquiera otros que pongan á la sociedad en grande peligro ó conflicto…” (redacción original). Existe antecedente en las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 que establecían en el artículo 198 la posibilidad de suspender derechos.

[5] Diario Oficial de la Federación, Decreto de Suspensión de Garantías Individuales, Congreso de la Unión, 2 de junio de 1942 y Ley de Prevenciones Generales, Poder Ejecutivo Federal, 13 de junio de 1942.

[6]Opinión Consultiva Oc-6/86 del 9 de Mayo de 1986 la Expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

[7] Opinión Consultiva Oc-5/85 del 13 de Noviembre de 1985 la colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 Y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos).

[8] Opinión Consultiva Oc-8/87 del 30 de enero de 1987 El Habeas Corpus bajo suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 Y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos).

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en próximos días el caso de Israel Arzate Meléndez, uno de los asuntos más relevantes para la Corte en los últimos años (A.R. 703/2012 y A.R. 716/2012).[1]

Por primera vez en su historia, el máximo tribunal puede establecer las obligaciones de los jueces penales y de amparo cuando conocen casos de tortura; erradicar prácticas estructurales que de permanecer vigentes pueden hacer colapsar al nuevo sistema de justicia penal y contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica y legal de la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.

tortura

El 31 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 15 jóvenes e hirió a 10 más en Salvárcar, la mayoría menores de edad. Días después las autoridades presentaron a Israel Arzate como uno de los responsables. Señalaron que había sido detenido el 4 de febrero por militares mientras conducía un vehículo robado y que de manera “espontánea” habría confesado su participación en los hechos. Desde ese momento, fue relacionado a dos causas penales: posesión de vehículo robado,[2] homicidio calificado de 15 personas y homicidio calificado en grado de tentativa de 10 personas más.[3]

A pesar de la existencia en Chihuahua de un sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral desde 2008, el caso se encuentra plagado de irregularidades. Tras ser detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) de manera virtual ya que en realidad permaneció retenido en la guarnición militar. Fue ahí donde decidió “confesar” de manera “voluntaria”. Al cuartel acudieron un defensor público y un agente del MP y la declaración fue videograbada. Con ello se pretendió legalizar la confesión obtenida bajo tortura, todo ello en ausencia de control judicial.

Se le vinculó a proceso por el delito de posesión de vehículo robado sin que estuviera presente en la audiencia. Pero más grave es que la fiscalía sólo presentó una prueba: la puesta a disposición firmada por los militares. Ilegalmente omitió mostrar al juez un dictamen pericial que establecía la inexistencia de huellas de Israel en el vehículo en que supuestamente se le detuvo.[4] La versión oficial comenzaba a quedar en entredicho.

En la audiencia de vinculación a proceso por los hechos de Villas de Salvárcar (homicidio, tentativa de homicidio y lesiones), Israel presentó a los testigos con los que se encontraba reunido el día de los hechos y otro testigo que presenció cómo fue detenido en la calle por militares el 3 de febrero y no el 4 (diferencia de 30 horas en las que estuvo incomunicado y fue torturado). Manifestó ante la jueza que había sido torturado, intentó mostrarle las lesiones y denunció que había sido sacado del Centro de Readaptación Social (Cereso) y nuevamente torturado. La juzgadora argumentó que no podía verificar la situación y lo remitió con el defensor público.[5] Por su parte, la fiscalía presentó 42 pruebas en su contra. 40 relativas a la existencia del hecho ilícito y sólo 2 tendientes a demostrar su posible participación: su propia declaración y el señalamiento de otro co-imputado, José Dolores Arroyo Chavarría que también argumentó haber sido torturado.[6]

En 2011, tres organizaciones de derechos humanos (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – Centro Prodh, Red Mesa de Mujeres y Centro Juárez de Apoyo a Migrantes) asumieron su defensa y presentaron sendos amparos contra los autos de vinculación a proceso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 49/2011 y acreditó la tortura con la “finalidad que confesara su participación en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar”. Además, corroboró que había sido excarcelado sin autorización judicial en dos ocasiones para ser entregado a militares y seguirlo torturando. La recomendación y el Protocolo de Estambul[7] fueron presentados como pruebas ante el Juez de Distrito que analizaba el amparo pero no fueron admitidos por éste.

En octubre de 2012, a petición del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y por unanimidad, la Primera Sala de la Corte determinó en las resoluciones de atracción 114/2012 y 154/2012, asumir la competencia para la analizar los amparos. Entre los puntos de trascendencia destacan: 1) la ilicitud de la prueba confesional cuando existan indicios de tortura; 2) la determinación de los alcances del principio constitucional de inmediación; y 3) la irrenunciablidad de los derechos fundamentales.

El caso ha sido ampliamente documentado por las evidentes violaciones a los derechos humanos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas señaló que la versión de haberlo encontrado en la camioneta robada “era la única explicación que podría justificar flagrancia y cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal”. Determinó que fue detenido de forma arbitraria y solicitó al gobierno mexicano disponer su libertad inmediata. El Comité Contra la Tortura de la ONU concluyó que el caso es “paradigmático” de la persistencia de la obtención y admisión judicial de confesiones obtenidas bajo tortura, incluso en jurisdicciones que han implementado el nuevo sistema penal. También Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado sobre este caso.

El nuevo sistema de justicia penal tiene como principio rector del proceso y regla de prueba el principio de inmediación. Salvo los casos específicos y justificados de prueba anticipada, todas las pruebas deben ser rendidas en presencia y bajo control judicial. Consecuentemente, los artículos que autorizan la declaración del imputado como dato de investigación si es viodeograbada y en presencia de un defensor, legalizan la obtención de confesiones bajo tortura y resultan de dudosa constitucionalidad.[8]

La Corte debe desarrollar criterios sobre la obligación de toda persona detenida de ser puesta a disposición inmediata y bajo la custodia formal y material del MP y la correlativa prohibición de permanecer retenido en instalaciones militares; la presunción de coacción e incomunicación y falta de garantía para la defensa adecuada al encontrarse bajo custodia material de autoridades distintas a la ministerial y la correlativa nulidad de cualquier actuación realizada en dichas condiciones; así como la aplicación de la regla absoluta de exclusión de prueba obtenida bajo tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En el caso de Israel Arzate, –en el que la tortura ya está acreditada– los proyectos de resolución del amparo en revisión 703/2012 a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y amparo en revisión 716/2012 a cargo del ministro José Ramón Cossío Díaz, deberán fijar las obligaciones para las autoridades judiciales que conocen de denuncias de tortura dentro de un proceso penal.[9]

La Corte tiene una responsabilidad alta. Un amparo para efectos -que regrese a la autoridad judicial para resolver de nuevo este caso a partir de lo decidido por los ministros- significaría desconocer la gravedad de los efectos de la tortura y perpetuar su utilización. Asimismo, podría alentar a las autoridades ministeriales para perfeccionar acusaciones mediante posteriores aleccionamientos. La justicia para Israel implica no sólo la concesión de un amparo liso y llano -su inmediata liberación-, sino la oportunidad histórica de la Corte para erradicar el uso sistemático de la tortura en nuestro país, favorecido un cambio estructural que fortalezca al nuevo sistema de justicia penal.

La Justicia para Israel es sin duda un paso necesario para favorecer también la exigencia de justicia para Villas de Salvárcar.

Simón Hernández León. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon


[1] Para mayor información sobre el caso de Israel Arzate consultar aquí y aquí.

[2] Causa penal 135/2010.

[3] Causa penal 136/2010.

[4] Artículo 109 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

[5] Artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

[6] 15 informes de necropsia, un acta de aviso de hechos probablemente delictuoso, un acta narrativa de hechos probablemente delictuosos, 15 certificados médicos de autopsia, 8 entrevistas de agentes ministeriales a testigos y la declaración de Israel Arzate Meléndez y José Dolores Arroyo Chavarría en la que vierten declaraciones autoinculpatorias.

[7] El Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“Protocolo de Estambul”) elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el instrumento internacionalmente aceptado para la investigación y determinación de tortura.

[8] Artículo 133 y 298 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

[9] Tomando como punto de partida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, la Suprema Corte deberá sentar como parámetro mínimo en casos de tortura la obligación de los jueces penales y de los amparo de “la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura”, la apertura de oficio de una “investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento” y que la “carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria”. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párrafos 135 y 136.

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“El nuevo planteamiento consiste  en buscar el problema indígena en el problema de la tierra”.

José Carlos Mariátegui

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará en próximos días, en incidente de inejecución, el caso del ejido Tila, mismo que representa una oportunidad histórica para establecer precedentes sobre la protección del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.

Un repaso por la historia permite establecer la existencia del pueblo de Tila, al menos, desde la época colonial. El pueblo indígena Ch’ol habita desde tiempos inmemoriales en ese territorio. Acorde a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 constitucional, los choles son un pueblo indígena que existía desde antes de la conformación del Estado mexicano.

En el periodo posrevolucionario y en pleno auge de las políticas agrarias, el Estado validó la posesión mediante la figura legal del ejido. Sin embargo, en el decreto presidencial de 1934 no se dotó de tierras a los habitantes del pueblo de Tila, se legalizó y se les dio seguridad jurídica mediante el reconocimiento expreso de posesión ancestral, estableciéndose así el ejido Tila.

Décadas después se pretendió el despojo de 130 hectáreas mediante la intervención del Cuerpo Consultivo Agrario, que pertenece a la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia intentó en 1966 modificar el plano y el decreto presidencial para establecer que esa superficie constituiría fundo legal. Ante ello, el ejido acudió al amparo para proteger sus derechos. En 1994 se concedió el amparo 890/77 y se dejó sin efecto la determinación administrativa que había afectado la posesión material y la administración sobre dicha superficie.

En 1982, cuando ya había avanzado el amparo 890/77, se dio un nuevo intento de legalizar el despojo. A solicitud del gobernador y de la autoridad municipal de Tila, el Congreso del estado de Chiapas emitió el decreto 72, mediante el cual se afectaba la misma superficie –130 hectáreas– para constituir un fundo legal. Nuevamente el ejido acudió a las instancias legales e interpuso el juicio de amparo 259/1982.

En suma, tres generaciones de ejidatarios han defendido durante medio siglo sus derechos en carácter de pueblo indígena. Además, existen registros de otros actos de despojo que se remontan a la Colonia y al siglo XIX, en el que mediante la Ley de Colonización de 1875 y la de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, se les sustrajo de tierras para entregarlas a la finca Jolnopa.

En 2008, el juez primero de distrito del estado de Chiapas, concedió el amparo 259/1982 de forma lisa y llana, para dejar insubsistente el decreto expropiatorio, así como los actos de aplicación que implicaron la desposesión material de las 130 hectáreas. El efecto de la sentencia de amparo implicó para el juez de distrito la restitución de esa zona al ejido agraviado. Ante la falta de cumplimiento por parte de la autoridad municipal y tras diversos requerimientos en los que no justificó la imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo; aunado a la exigencia de restitución por parte de los quejosos, el expediente fue remitido a la SCJN para los efectos del artículo 107 fracción XVI, de la Constitución Federal.

¿Cuáles son los efectos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo? Hay al menos dos interpretaciones jurídicas: la primera consiste en  afirmar que el amparo sólo puede anular el acto de autoridad –el decreto expropiatorio–, así como todos aquellos actos jurídicos que hayan derivado del mismo como actos traslativos de dominio que durante décadas ha realizado el municipio; la segunda interpretación es que el amparo no sólo debe dejar sin efecto el decreto aludido, sino que debe implicar la restitución de la superficie que fue desposeída al ejido Tila. La primera es una postura en la que el juicio de amparo tendría efectos declarativos, la segunda defiende que el amparo debe tener como consecuencia la restitución física y material. Esto es lo que se debatirá en el pleno del máximo tribunal.

El caso resulta emblemático y ha llamado la atención de diversos sectores. Rodolfo Stavenhagen, ex Relator de pueblos indígenas de la ONU, presentó un amici curiae donde expuso, desde una perspectiva socio-antropológica, la dimensión cultural y la especificidad que, desde su cosmovisión, vincula a los pueblos choles con su entorno. Se abunda sobre la relación entre el pueblo indígena y el territorio que permite la reproducción social y simbólica de su existencia y que constituye el medio en el que se desarrollan las formas de organización comunitaria, la cultura, la lengua, el acceso sobre los recursos naturales, entre otros derechos ligados a la autonomía y autodeterminación. Cabe señalar que en años recientes su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el estado de Chiapas.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó otro amici curiae, en el que presenta argumentos sobre el derecho de los pueblos indígenas y los estándares en la materia. En dicho memorial, propone a la SCJN tutelar adecuada y efectivamente los derechos colectivos mediante el establecimiento de criterios nacionales que consideren la dimensión cultural y la relación especifica de los pueblos indígenas con la tierra y el territorio y permitan asegurar la restitución material y la administración del ejido sobre la superficie afectada.

Para ello, es de suma importancia acudir a la interpretación conforme de la Ley de Amparo y de la Ley Agraria, la aplicación directa de los artículos 1 y 2 constitucionales y de tratados internacionales sobre pueblos indígenas y la utilización de los criterios orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avanzando así en la consolidación de nuevos paradigmas de interpretación constitucional, como la maximización de derechos, la ponderación, la interpretación sistémica y la utilización del principio pro persona en la tutela de derechos fundamentales.

Con ello, se pretende evitar un fallo declarativo que implicaría, que el ejido iniciara nuevamente un proceso jurisdiccional, para solicitar la reivindicación sobre lo que de hecho y de jure, le pertenece. Asimismo, significaría un avance significativo en la tutela jurisdiccional de la Constitución y de los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, lograría el acceso pleno a la justicia en un caso cuya resolución ha llevado décadas.

 

Simón Alejandro Hernández León. Colaborador del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

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