Una vez más estamos de cara a un proceso de designación de funcionarios públicos de alto nivel, en esta ocasión toca el turno de quienes encabezan al órgano que organiza los procesos electorales a nivel nacional, nos referimos al INE. A más tardar, el 4 de abril la Cámara de Diputados tendrá que designar a quienes sustituyan a los consejeros electorales que relevarán a Arturo Sánchez, Beatriz Galindo Centeno y Javier Santiago Castillo.

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Por la relevancia de esta designación, no es baladí recordar que, a partir de octubre de este año, el INE comenzará la titánica labor para orquestar el proceso electoral federal de 2018 que, como ya se ha mencionado, será el más grande que se ha vivido en el país -concurrente con procesos electorales locales en la mayor parte de México–. En los cuales la autoridad electoral tendrá que generar las condiciones para materializar preceptos contenidos en la reforma electoral de 2014, como la reelección en alcaldías y municipios, las facultades de asunción y atracción en la organización de las elecciones locales, o las mesas de casilla únicas, en las que un solo grupo de funcionarios de casilla tendrán que contar los votos de hasta seis elecciones.

Para esta designación, el 21 de febrero la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el que se propuso el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales que ejercerán el cargo a partir del 5 de abril de 2017 hasta el 4 de abril de 2026.

Hoy sabemos que el Comité Técnico de Evaluación está integrado por siete personas: Leoba Castañeda y José de Jesús Orozco nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, César Astudillo y Sergio López Ayllón propuestos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Luis Eduardo Medina Torres, Jorge Islas y Humberto Aguilar Coronado por parte de la JUCOPO. Este Comité tendrá la relevante labor de evaluar a los 152 perfiles que buscan integrar el Consejo General del INE, pues ellos propondrán a la Cámara de Diputados tres quintetas conformadas por los aspirantes que a su juicio cuenten con los mejores perfiles para ocupar dicho cargo. Es decir, determinarán quienes son las 15 personas con mayores aptitudes para ocupar el cargo; en función de esta propuesta, el pleno del órgano legislativo elegirá a quienes vayan a sentarse en la herradura del Consejo General del INE.

En este aspecto, nos parece que este procedimiento de designación no empezó con el pie derecho, pues en primera instancia la JUCOPO excedió sus facultades constitucionales respecto del Comité Técnico de Evaluación, al restarle la atribución de definir el método a utilizar para realizar la evaluación de los aspirantes, ya que será la JUCOPO quien determine los lineamientos para evaluar a los 152 aspirantes registrados. Cuestión no menor, pues, los criterios de evaluación son fundamentales para garantizar la imparcialidad y objetividad de la selección de aspirantes.

En abono a lo anterior, consideramos que el proceso como se prevé en la convocatoria es poco transparente e impide el escrutinio público, pues no sólo los plazos son excesivamente breves -el comité debe emitir los listados a más tardar el 13 de marzo-, sino que tampoco permite conocer a cabalidad a los aspirantes a integrar el máximo órgano de decisión del INE.

No obstante, reconocemos que el Comité Técnico de Evaluación puede darle la vuelta a estas deficiencias generadas por la JUCOPO, ya que es posible que en uso de sus facultades constitucionales, proponga los criterios de evaluación y llame a las 152 personas registradas como aspirantes a entrevistas, las cuales deberían hacerse públicas.

Lo anterior es relevante ya que el principal reto de este proceso de designación es velar por la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral de cara a los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, pues quienes sean designados ejercerán su cargo durante nueve años, lo que implica que las decisiones que tomen tanto el Comité Técnico de Evaluación como los 500 diputados tendrán consecuencias para el país en el largo plazo.

Finalmente, no podemos perder de vista que la renovación de un órgano colegiado tiene repercusiones en los equilibrios internos, los cuales en el caso del INE se reflejan en cuestiones que van desde la representación de género y el reparto de comisiones, hasta las votaciones calificadas que requiere el Consejo General, por ejemplo, para designar consejeros locales o asumir elecciones locales.

Así, si bien la Cámara de Diputados solo renovará parcialmente a la autoridad electoral de nuestro país, en este proceso de designación se juega gran parte de la certeza y credibilidad de las elecciones de los próximos nueve años. De lo contrario, no sería la primera vez que desde la designación de los consejeros se descalifiquen los futuros resultados electorales.

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Llegó el último día de comparecencias con la séptima y última terna, y al parecer una de las más polémicas por los vínculos y el desempeño que han tenido algunos de sus integrantes en cargos anteriores. Los senadores fueron enfáticos en este punto, especialmente David Monreal quien en comparecencias previas había descalificado a Reyes Rodríguez Mondragón al señalar que supuestamente tiene vínculos con el Partido Acción Nacional, así como al expresar su inconformidad con algunas de las resoluciones que ha emitido como magistrado electoral, desafortunadamente al momento de la comparecencia no estuvo presente para cuestionar al aspirante.

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El primero en comparecer fue Alfredo Ríos Camarena quien ha ocupado cargos destacados en diferentes instituciones electorales, tales como el TEPJF, el IEDF y el INE, donde fue director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos; actualmente, es funcionario en la Secretaria de la Función Pública. Ríos Camarena centró su exposición inicial en su trayectoria dentro de las instituciones electorales, señaló que el dialogo debe ser una constante entre las autoridades electorales, también refirió como retos del TEPJF la integración de dos nuevas salas regionales y la reelección a nivel federal.

En la parte de preguntas fue cuestionado sobre cuotas de género, el procedimiento especial sancionador, el modelo de comunicación política, candidaturas independientes, la procedencia del recurso de reconsideración, la suplencia de la queja en los medios de impugnación y libertad de expresión, entre otras. Sus respuestas fueron bastante claras y exhaustivas, mostrando conocimiento sobre la materia electoral, así como un criterio definido en cada uno de los temas.

El segundo compareciente fue Jorge Sánchez Morales, designado en 2015 como magistrado del Tribunal Electoral de Puebla, anteriormente fue Consejero Presidente del Instituto Electoral de dicha entidad. En su exposición sustentó su experiencia para ser magistrado electoral en su experiencia a nivel local, se comprometió a desempeñar el cargo con transparencia, aunque es uno de los tres aspirantes que no presentó su declaración de conflicto de interés [Aclaración: al día de la elaboración y publicación de este texto, el 30 de septiembre de 2016, la declaración de conflicto de interés de este candidato no se había hecho pública en el micrositio de la Comisión de Justicia del Senado de la República; días después, a partir del 3 de octubre, se difundió en el mismo].

Los senadores lo cuestionaron sobre candidaturas independientes, libertad de expresión en redes sociales, reelección a nivel local, paridad de género, coaliciones y candidaturas comunes, y la independencia de las autoridades electorales locales. En sus respuestas mostró pleno dominio de los temas locales, pero no tanto de otros que van más allá de ese ámbito competencial. Especial mención se hizo sobre su reciente designación como magistrado electoral local, a lo cual manifestó que el ocupar otro cargo no es impedimento para ser magistrado de la Sala Superior. Sobre el desempeño que podría tener como juzgador electoral señaló que sería apegado al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

El último compareciente de la terna y de este ejercicio llevado a cabo por la Comisión de Justicia fue Reyes Rodríguez Mondragón, actual Magistrado de la Sala Regional Monterrey, cargo respecto del cual solicitó licencia hasta la culminación de este proceso de designación. Reyes Rodríguez fue anteriormente secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado. Dentro de la documentación que presentó para este proceso incluyó un reporte estadístico de su actividad jurisdiccional como magistrado electoral, algo destacado pues de esta manera se puede conocer su trabajo en la Sala Monterrey y hacer una valoración del mismo.

En su exposición habló sobre la autoridad que debe tener la Sala Superior a partir de la argumentación de sus sentencias, señaló la necesidad de reformar la ley para que los magistrados de este órgano no puedan ser postulados para integrar la SCJN. Planteo como retos del TEPJF generar confianza en los actores políticos y la ciudadanía, así como la emisión de criterios que sean vinculantes a futuro, y que generen certeza y predictibilidad en la resolución de impugnaciones. Expresó su convicción de impulsar la justicia abierta a través de las sentencias ciudadanas y de la transparencia en la actuación de los juzgadores.

A la hora de las preguntas fue cuestionado sobre la imparcialidad de los juzgadores, paridad horizontal y vertical, actos anticipados de precampaña y campaña, elecciones bajo sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, la relación entre el TEPJF y los tribunales electorales locales, libertad de expresión y violencia contra las mujeres. Sus respuestas fueron puntuales, exhaustivas y claras, explicando en cada una de ellas el planteamiento del tema, los posibles problemas y su postura al respecto.

Sin lugar a dudas llamó la atención su solicitud de licencia durante el proceso de designación, respecto de la cual señaló que con esto buscaba evitar un conflicto de interés ante posibles resoluciones en las que se tuviera que pronunciar y en las cuales las fuerzas políticas representadas en el Senado pudieran tener algún interés. Como ningún otro aspirante fue cuestionado sobre su imparcialidad, en ese sentido sostuvo que su trabajo como juzgador electoral en los últimos años, el cual es público, lo respalda, por lo que puede ser objetivo de escrutinio por parte de cualquier interesado.

En el balance: Los tres comparecientes de la terna mostraron un perfil con amplios conocimientos en la materia electoral y experiencia, en general es una terna equilibrada en cuanto a sus integrantes, aunque consideramos que Reyes Rodríguez es quien tiene una visión más clara sobre la justicia electoral a nivel federal, sus retos y áreas de oportunidad. Lamentamos que el senador Monreal que a lo largo de diferentes comparecencias cuestionó a Reyes Rodríguez por supuestos vínculos partidistas y su actitud imparcial al resolver algunos asuntos, no estuviera presente durante su comparecencia, pues, justamente ese es el tipo de escrutinio que se necesita en estos ejercicios, uno que se centre en el trabajo desempeñado por los aspirantes en cargos anteriores.

Con esta terna concluyeron las comparecencias de los 21 aspirantes, ahora esperemos que los senadores hagan un balance objetivo e imparcial de cada una de ellas y las tomen en cuenta al momento de definir las designaciones de quienes integren la Sala Superior.

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La comparecencia de la sexta terna se llevó a cabo el día de hoy por la tarde. La terna se encuentra integrada por Indalfer Infante González, Eugenio Reyes Contreras y Angel Zarazua Martínez, todos con experiencia como juzgadores.

El primero en comparecer fue Indalfer Infante, quien tiene una larga carrera judicial, ha sido juez de distrito, magistrado de circuito y consejero de la judicatura. Expuso sobre los criterios de la SCJN y de la Sala Superior respecto paridad de género horizontal y vertical. Al exponer su candidatura a la Sala Superior ofreció ser un juez electoral de tiempo completo, juzgar a partir del caso concreto y no a partir de sus ideas o criterio.

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Al responder las preguntas formuladas por los senadores expuso con bastante claridad y seguridad la diferencia entre los criterios emitidos por la SCJN y la Sala Superior sobre temas de género; sin comprometer su criterio, señaló que quienes integren próximamente la Sala Superior deben confirmar los criterios que amplían derechos de la ciudadanía, aunque estimó que el debate sobre el alcance del principio de paridad de género le corresponde al constituyente y no a los jueces. También explicó el criterio sostenido por la SCJN respecto del caso Radilla Pacheco y el impacto que tuvo en el control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Sobre el recurso de reconsideración señaló la necesidad de revisar los criterios de procedencia emitidos hasta ahora por la Sala Superior y acotarlos. Sostuvo que en su concepto las Salas Regionales son independientes de la Superior y ésta no es su superior jerárquico.

Indalfer Infante justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia como juzgador en diferentes materias, señalando que independiente de la materia que se trate lo relevante es el estudio que cada quien realiza de los casos y la interpretación que le da a la ley, lo cual ha realizado en los últimos 20 años.

Angel Zarazua Martinez fue el segundo en comparecer, él fue magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, expuso de manera descriptiva sobre temas relacionados con el modelo de comunicación política, concretamente sobre la prohibición de difundir propaganda denigratoria y propaganda personalizada de servidores públicos. En ningún momento manifestó su criterio sobre los casos resueltos respecto de dichos temas y tampoco expresó la idoneidad de su candidatura o alguna propuesta en caso de asumir como magistrado electoral.

Fue cuestionado sobre las sanciones en materia de fiscalización, uno de los temas favoritos del día, también sobre libertad de expresión y nulidades de elecciones en caso de rebase de topes de gastos de campaña. Sus respuestas fueron descriptivas de la ley y del contenido de las sentencias, mostrando que conoce los criterios emitidos por la Sala Superior y la ley electoral. Sin embargo, no emitió algún criterio propio sobre los temas, ello aduciendo que no conocía los expedientes y que como juzgador debe ceñirse al expediente. Señaló que falta precisión en el sistema normativo electoral. También expresó la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos del TEPJF, así como la importancia de las tareas administrativas que tendrán quienes lleguen a la Sala Superior.

Finalmente llegó el turno de Eugenio Reyes Contreras, quien cuenta con 19 años como juzgador de distrito y magistrado de circuito. Es uno de los tres aspirantes que no ha presentado su declaración de conflicto de interés, respecto de lo cual no fue cuestionado. Justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia y desempeño como juzgador en el Poder Judicial de la Federación.

Al responder las preguntas de los senadores, Eugenio Reyes señaló que un juez garantista debe atender a lo dispuesto en la Constitución, se manifestó a favor de que los juzgadores reciban pensión al culminar su cargo, aclarando que ello no implica recibir un haber de retiro. Poco abundó sobre temas propios de la materia, la mayoría de los temas sobre los que fue cuestionado los encaminó a cuestiones relativas al ejercicio de sus funciones como juzgador. Concluyó señalando que ha participado dos veces para ser magistrado de Sala Regional ya que busca poder servir al país, consideró que puede aportar conocimientos jurisdiccionales y experiencia a la justicia electoral.

En el balance: vimos tres comparecencias completamente distintas. La primera con un aspirante muy seguro, con criterios y convicciones definidas, si bien no tiene experiencia en la materia electoral, sí tiene nociones claras sobre temas electorales. El segundo compareciente tiene experiencia en la materia electoral y un conocimiento puntual de la misma, aunque su visión de la justicia electoral es formalista ya que sus posiciones siempre fueron apegada al texto legal, desafortunadamente optó por no comprometer sus criterios sobre temas específicos. El último compareciente centró su exposición en la experiencia que tiene como juzgador, en todo momento evito abordar los temas electorales, por lo que mostró nulo conocimiento en la materia, en las pocas preguntas que le hicieron sobre temas electorales ni siquiera demostró estar familiarizado con ellos.

Así termina el cuarto día de comparecencias, hasta ahora ha sido claro quienes tienen conocimientos en la materia y quienes apuestan por su experiencia en el terreno jurisdiccional, también quienes cuentan con talante para ser juzgadores de la máxima instancia jurisdiccional. Sólo falta la séptima terna, quien comparecerá el día de mañana y, de esta manera, podremos hacer un balance final.

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La Comisión de Justicia desahogó en la mañana del día de hoy la comparecencia de la segunda terna integrada exclusivamente por mujeres —la quinta de la siete de este proceso renovación de magistrados electorales. Dos de ellas provienen del TEPJF, Berenice García Huante quien ha sido funcionara de carrera de la Sala Superior en los últimos 14 años y Janine Madeline Otálora Parra, ex magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, ex secretaria instructora de la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza y, actualmente, titular de la recién creada Defensoría de los Pueblos Indígenas. La otra compareciente, María del Pilar Parra Parra cuenta con una amplia carrera en el Poder Judicial, es Magistrada de Tribunal de Circuito.

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En una exposición clara y concreta, poco común en este proceso, Berenice García propuso impulsar la paridad de género desde adentro del TEPJF, promoviendo mujeres para que ocupen altos cargos en la estructura institucional, señaló la necesidad de hacer una revisión al Protocolo de Género elaborado recientemente y de crear una agenda para atender a grupos vulnerables, entre ellos a personas con discapacidad. Dijo que es partidaria de impulsar un tribunal abierto a través de sentencias claras y lenguaje ciudadano, así como para garantizar el acceso a la justicia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. También propuso la creación de un Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del TEPJF y resaltó los retos que enfrentará la próxima integración de la Sala Superior ante los 30 procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018, por ello sostuvo que los próximos magistrados electorales requieren tener experiencia y conocimientos en la materia.

Al responder las preguntas, muchas de ellas un tanto confusas, mostró tener conocimiento en la materia electoral. En cuanto a la imparcialidad en las resoluciones señaló que la mejor garantía para ser un buen juzgador son los conocimientos y el estudio de los asuntos. Sobre el tema de género consideró que más que buscar integrar los órganos a partir de cuotas, se deben integrar en virtud de las capacidades de las mujeres. Fue critica respecto de la Sala Superior, especialmente en cuanto a los criterios que amplían la procedencia del recurso de reconsideración. También expuso que la justicia electoral requiere generar vínculos con la ciudadanía y, por ello, es necesario socializar las sentencias de manera clara. Resaltó que en asuntos sobre sistemas normativos internos de las comunidades indígenas se deben desahogar pruebas periciales antropológicas. Expresó la importancia de tener claridad en los conceptos sobre violencia política y violencia de género para no confundir los temas al momento de resolver asuntos que involucren dichos conceptos. Finalmente, consideró que el control de constitucionalidad abstracto en materia electoral debe seguir haciéndolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México no sea parte deben considerarse como una referencia para los órganos que imparten justicia.

La segunda en comparecer fue María del Pilar Parra Parra; con un lenguaje rebuscado expuso sobre la importancia de lograr una paridad de género a partir de las cuotas de género, hizo una amplia narrativa sobre los criterios que hasta ahora ha emitido la Sala Superior y la SCJN sobre el tema. También habló sobre la importancia de la labor del juzgador, la cual en su concepto consiste en desentrañar el punto central de la controversia y valorar el contexto, fijando criterios jurídicos claros y consistentes.

Al responder las preguntas de los senadores mostró escaso conocimiento sobre temas electorales, aunque un dominio de las cuestiones de la judicatura. Centro su idoneidad en la experiencia que tiene como juzgadora. Habló sobre el uso de lenguaje de género, el cual no lo considera prioritario, también expuso sobre el proceso de nombramiento de juzgadores de distrito y las magistraturas de circuito, así como la transparencia y rectitud que deben observar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones. Las preguntas que le hicieron sobre particularidades de la materia electoral las respondió de manera genérica e imprecisa.

La tercera compareciente, Janine Madeline Otálora Parra, expuso sobre criterios de fiscalización, específicamente la proporcionalidad de la sanción en el caso de presentación extemporánea de los informes de gastos y habló sobre las cualidades que deben tener los juzgadores electorales, entre ellos capacidad de diálogo, adaptabilidad y creatividad. Consideró que la justicia electoral es un espacio de construcción y consolidación de quienes intervienen en la arena jurídica electoral y que debe privilegiarse el trabajo colectivo y coordinado. Propuso la creación del mediador electoral al interior de los partidos políticos para evitar la judicialización de los asuntos partidistas y también la implementación de un juicio en línea. Señaló la necesidad de reflexionar sobre la definitividad de las sentencias de las Salas Regionales y los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración. Concluyó proponiendo la implementación de un vocero del TEPJF para explicar los alcances de las sentencias.

Fue cuestionada sobre temas de género y candidaturas independientes, así como de comunidades indígenas, causas de nulidad de la elección y las sanciones en materia de fiscalización, entre otros múltiples temas. Sus respuestas fueron claras y detalladas, dejando ver en muchas de ellas su criterio jurídico y su posición frente a los precedentes de la Sala Superior, así como su amplio conocimiento en la materia electoral. Destacó que es partidaria de resolver las impugnaciones a través del consenso. Explicó a detalle el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, el cual fue planteado por la Defensoría a su cargo, para lo cual señaló que centró su planteamiento en la violencia política de género.

En el balance: insistimos nuevamente en la calidad de las preguntas, pues muchas veces es difícil entender lo que pretenden los senadores con sus cuestionamientos, además, la mayoría versan sobre los mismos temas: equidad de género y candidaturas independientes. En cuanto a las comparecientes, probablemente hoy escuchamos a las dos aspirantes que han demostrado tener mayor dominio y conocimiento de la materia electoral, al menos en las comparecencias. Berenice García y Janine Otálora hicieron propuestas concretas para mejorar la justicia electoral y hacerla más accesible, fueron criticas respecto de los criterios de la Sala Superior y mostraron tener conocimiento y experiencia suficiente en temas electorales. María del Pilar Parra hizo énfasis en su amplia experiencia en distintos cargos en el Poder Judicial, pero mostró poco dominio sobre la materia electoral.

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En esta sesión de comparecencias tuvimos la oportunidad —válgase el eufemismo— de presenciar las exposiciones de la terna integrada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohorquez, todos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Las comparecencias fueron breves y peor aún: carentes de sustancia. En conjunto, los magistrados comparecientes —todos con sendas carreras dentro de la judicatura en México— fueron poco elocuentes, elementales respecto de los criterios, análisis jurídicos y capacidad expositiva de la que echaron mano en esta sesión.

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El primer turno tocó a Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Su exposición fue atinada, tocó temas torales sobre el funcionamiento y la orientación que deberá tener el Tribunal Electoral, guiado bajo los criterios de “una justicia incluyente, equitativa, sensible y eficiente” que debería contribuir a “la democracia, la estabilidad social, la gobernanza y los derechos humanos”. Al respecto, señaló —a modo de crítica velada, podemos asumir— la falta de uniformidad de criterios jurídicos y certeza, al respecto, sostuvo que el juzgador “sólo debe apartarse del precedente por razones suficientes”. Asimismo, expuso que, de ser electo como magistrado, empujaría un análisis comprehensivo de precedentes, especialmente aquellos producto de recursos de consideración. También expuso que fomentaría la colaboración con otras instituciones electorales como el INE y los OPLES.

Sin embargo, al llegar al momento de las preguntas y respuestas, el magistrado se hizo agua. Ante preguntas sobre violencia de género, el procedimiento de designaciones, algunos criterios de fiscalización, representación proporcional y el papel que debe tener la consulta realizada por la SCJN al TEPJF cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral —otras preguntas, fueron confusas e intelegibles, lo que también pone en evidencia el pobrísimo conocimiento que tienen los propios Senadores para realizar la comparecencia. En todos los casos, el Magistrado contestó con variaciones de una misma línea argumentativa: el poder y la importancia del derecho constitucional, la interpretación constitucional y los criterios de derechos humanos para resolver conflictos en materia electoral. En sus respuestas no se evidenció ningún conocimiento a profundidad del derecho electoral o de las funciones específicas que realiza el TEPJF para cada uno de los temas.

En segundo lugar, compareció el magistrado Jorge Meza Pérez. En su ponencia se refirió a cómo debe conducirse un magistrado “con independencia, objetividad, imparcialidad” y señaló tener la fortaleza emocional e intelectual para desempeñarse como magistrado electoral. Dentro de sus propuestas, destaca la formación de una “defensoría electoral pública” —que valdría preguntarse a quién atendería si, en su mayoría, los casos que llegan ante el Tribunal Electoral tienen como actores a los partidos políticos, entidades que reciben una cantidad sustantiva de dinero público para su funcionamiento— de generar sinergias positivas entre los miembros del colegiado, así como hacer una revisión de los criterios de selectividad con los que actúa el Tribunal. De nuevo, la necesidad de certeza jurídica en la materia se puso sobre la mesa. Aunque sin ahondar a profundidad en ningún tema específicamente electoral, su ponencia resultó inteligente y propositiva.

Pero, de nueva cuenta, en la ronda de preguntas, Meza se evidenció por su incapacidad —o falta de voluntad— para generar, al vuelo, argumentos jurídicos con solidez técnica y teórica. Por ejemplo, al ser interrogado sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y los retos que conllevaba la operación del mismo, el magistrado se limitó a reiterar que se trataba de un reto mayúsculo, que había que tener cuidado con su implementación y a hacer referencia a datos generales respecto del tema. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó respecto del modelo de comunicación política, de la revisión del criterio de conservación de actos válidamente celebrados en materia de nulidades de elección, elementos para redistritación o perspectiva de género, en todos los casos las respuestas del magistrado fueron titubeantes, poco claras y, lo más importante, con poca técnica jurisdiccional y un pobre conocimiento de la materia electoral. Por último, resulta relevante mencionar que al ser interrogado expresamente sobre su declaración 3 de 3, Meza respondó que “estaría dispuesto a hacerla”; sin embargo, no estableció ningún compromiso para hacerlo de forma inmediata, como la sociedad ha solicita.

Por último, tocó el turno a Ricardo Ojeda Bohórquez quien centró su ponencia en hacer una extensa lectura de su currículum y basó su idoneidad para ocupar el cargo de magistrado electoral en su experiencia jurisdiccional y su desempeño como juez con una “conducta imparcial, honesta y profesional”. Su exposición, más retórica que sustantiva, versó —como otras comparecientes— en los criterios de paridad establecidos por el Tribunal Electoral. Por tercera vez en la tarde, las preguntas y respuestas evidenciaron que el magistrado Bohórquez conoce muy poco de derecho electoral, al dar respuesta a cuestionamientos sobre los criterios de paridad, nulidad de una elección o retos futuros del TEPJF, se limitó a contestar que “los criterios eran atinados”, “se requieren análisis profundos sobre el tema” o “que era necesario atender a lo establecido en la Constitución”. Incluso, en dos de las preguntas, prefirió desviarse hacia la anécdota de sus propias resoluciones —no a la construcción jurisdiccional o al análisis jurídico, cosa que hubiera sido deseable— y a un recuento histórico del caudillismo mexicano. Como parte de sus respuestas desestimó la labor jurisdiccional electoral al considerar que no era un verdadero ejercicio de juzgador —lo que nos hace preguntarnos, por qué entonces busca ser integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En síntesis, los comparecientes cuentan con una muy amplia experiencia como juzgadores, por lo que no se puede dudar de su capacidad argumentantiva o para elaborar una sentencia, pero lamentablemente no cuentan, ni tampoco demostraron, conocimientos o experiencia en la materia electoral. El nivel de desempeño de esta cuarta terna sólo nos sirve para recordarles a los Senadores que tienen la valiosa posibilidad de rechazar, por falta de idoneidad, ternas completas. Y, sin duda, en este caso, valdría la pena ponerlo a consideración, pues como se ha señalado 2018 y los 30 procesos electorales de ese año están a la vuelta de la esquina, por lo que la Sala Superior no se puede darse el lujo de contar con integrantes sin ningún conocimiento solido en derecho electoral.

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Dentro de la maratónica sesión de comparecencias del jueves pasado, en la tarde fue el turno de los aspirantes de la tercera terna, integrada por Marco Antonio Zavala Arredondo, Rodolfo Terrazas Salgado y Felipe de la Mata Pizaña, todos ellos con un perfil de amplia experiencia como juzgadores en materia electoral.

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Los tres aspirantes de esta terna han sido magistrados electorales. Marco Zavala fungió como magistrado regional en Monterrey de 2013 a 2016, Rodolfo Terrazas fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2007 y Felipe de la Mata actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –su cargo concluye en 2020. Los tres aspirantes han sido Secretarios de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; Felipe de la Mata y Marco Zavala también fueron Secretarios Generales de Acuerdos, entre otros cargos ocupados en el TEPJF. Rodolfo Terrazas fue Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, actualmente es visitador del TEPJF.

Felipe de la Mata cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la Universidad Panamericana y otro por la Universidad de Castilla la Mancha; Marco Zavala y Rodolfo Terrazas son licenciados en Derecho por la UNAM. Los tres aspirantes cuentan con múltiples publicaciones sobre temas electorales.

Los tres aspirantes presentaron su declaración de conflicto de interés, Rodolfo Terrazas es el único de los aspirantes que además presentó de manera completa su 3de3 y solicitó se hiciera pública.

Por el gran bagaje electoral que tienen los aspirantes de esta terna, la misma generaba muchas expectativas, pues como lo demuestran sus trayectorias los tres cuentan con una extensa experiencia en la justicia electoral, conocen a fondo al TEPJF; en particular, a su Sala Superior. De ahí que esperábamos escuchar posturas claras y definidas sobre el papel de la justicia electoral en los últimos años y los retos que enfrentará a futuro.

En el desarrollo de la comparecencia, Marco Zavala habló sobre la necesidad de contar con un TEPJF que genere certeza, señaló como uno de los retos de la justicia electoral el mejorar las sentencias para que sean estas las protagonistas y no los jueces. Habló sobre la transparencia que debe haber en las audiencias de alegatos y el proceso para emitir una sentencia. Se comprometió a concluir su cargo como magistrado de Sala Superior sin aspirar antes de que termine éste.

Zavala fue cuestionado al menos en tres ocasiones sobre temas de género, respecto de los cuales si bien no definió una postura clara, sí señaló que es un tema con el que se tiene que tener cuidado. Mostró tener un amplio conocimiento de la materia, dejó ver que conoce a profundidad el procedimiento especial sancionador y tiene un amplio dominio de los criterios emitidos por la Salas Regionales y la Sala Superior; sin embargo, fue poco critico respecto de la actuación que ha tenido el máximo órgano jurisdiccional del país en los últimos diez años.

La comparecencia de Rodolfo Terrazas se distinguió del resto, ha sido el único aspirante que habló de aspectos administrativos del TEPJF, manifestó la necesidad de reestructurar su presupuesto, lamentablemente poco abundo sobre el tema. También propuso la necesidad de una redefinición de competencias de las Salas Regionales. En la mayoría de los temas sobre los cuales se le cuestionó dejó ver un criterio propio y definido, especialmente cuando señaló que en su concepto las elecciones no se debían anular en caso de que el candidato ganador rebasara el tope de gastos de campaña.

Felipe de la Mata centró gran parte de su comparecencia en los valores éticos que deben tener los juzgadores para garantizar la imparcialidad en su función. Señaló que la justicia electoral debe ser efectiva, transparente y cercana a la gente, también sostuvo que se debe conceder un valor fundamental a los precedentes.

De la Mata se pronunció sobre una plena suplencia de la queja en todas las impugnaciones, también sostuvo que el TEPJF debe emitir opiniones consultivas que sean vinculantes y señaló que se debe considerar la creación de un juicio electoral indígena.

A pesar de que los senadores le preguntaron sobre su postura respecto de los constantes cambios de criterios de la Sala Superior en diversos casos, sus respuestas fueron genéricas pues en ningún momento sostuvo alguna posición concreta o crítica hacia la integración actual.

En el balance, los tres comparecientes mostraron conocer la justicia electoral; no obstante, vitaron criticar a la actual integración de la Sala Superior y sus resoluciones. A pesar de que por los cargos que han tenido deberían conocer a fondo el TEPJF, poco expusieron respecto al camino institucional que buscarían para el órgano electoral en caso de llegar a ser magistrados electorales.

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El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

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Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

comparecencia

El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

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Primer día de comparecencias

Desde las 11 de la mañana del lunes y hasta las 6:30 de la tarde de ese mismo día, se llevaron a cabo ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la primera parte de las comparecencias de los aspirantes que buscan integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En este tiempo comparecieron frente a los ministros 30 de los 42 aspirantes. Cada uno tuvo cinco minutos para exponer las sentencias analizadas en el ensayo que presentaron al momento del registro al proceso de designación y otros cinco minutos para responder las preguntas de los ministros de acuerdo con el sorteo realizado al inicio de la sesión. eleccion-corte A lo largo de las comparecencias, que se desarrollan en un formato poco atractivo y que, dada su brevedad y rigidez, no permiten conocer mucho sobre los aspirantes más allá de lo plasmado en su ensayo y, en los casos donde los candidatos eligieron dos temas simultáneamente, ni siquiera eso. Sin embargo, sí se pudo advertir claramente que existe una diferencia entre aquellos que tienen experiencia profesional en la materia electoral, de los cuales la mayoría domina los temas que expusieron, y aquellos que son juzgadores de carrera que tienen mayores conocimientos en cuestiones procesales y argumentativas de una sentencia. Llamó la atención que muchos de los comparecientes trataron temas relacionados con cuotas de género y equidad, libertad de expresión, representación proporcional y coaliciones, así como candidaturas independientes, todos ellos temas de larga trayectoria, tanto jurisdiccional como mediática a lo largo del periodo que ahora culmina la integración 2006-2016. Aunque la mayoría se abocó a hablar sobre las sentencias “insignia” del actual TEPJF, destaca que algunos de los aspirantes, en especial aquellos que son magistrados de circuito, hicieron intervenciones críticas en las que advirtieron incongruencias en las sentencias de la Sala Superior o discrepancias entre los criterios sostenidos por la SCJN y la propia Sala Superior. Vale la pena señalar también el correcto trabajo del pleno de la SCJN ya que las preguntas fueron jurídicamente relevantes, útiles para conocer la postura y los alcances de los aspirantes y su calidad argumentativa. Sin embargo, la formulación de las preguntas, en principio, denotan que la SCJN se encuentra más interesada por conocer las capacidades jurisdiccionales de los aspirantes, que su conocimiento en la materia electoral, lo que, en cierta medida, resulta contradictorio con lo planteado como tema de ensayo.

Segundo día de comparecencias

En el segundo día de comparecencias ante la SCJN de los aspirantes a integrar la Sala Superior del TEPJF expusieron sus ensayos los 12 aspirantes que faltaban. El tono no fue muy diferente, nuevamente el tema de paridad de género dominó las comparecencias. Los destacado del día es que una vez que compareció la totalidad de aspirantes, los ministros tomaron un breve receso para valorar la participación de cada uno de las y los participantes, y al reanudar la sesión mediante una votación secreta, sin conocer el criterio utilizado, eligieron a los 21 aspirantes que integrarán las ternas que enviarán al Senado de la República. Por el momento, la SCJN se limitó a nombrar a quienes integrarán la lista de ternas, ya que será hasta el 29 de agosto que el presidente de la SCJN haga la propuesta ya acomodada en ternas al resto de integrantes del Pleno para, posteriormente, enviarlas al Senado donde se llevará a cabo la segunda etapa de este proceso. En esta fase resulta importante señalar que, a pesar de la transmisión en vivo de las comparecencias, es ominoso el alejamiento de la SCJN con la transparencia. La votación se realiza en secreto, por medio de hojas amarillas que fueron inmediatamente trituradas. De igual forma, ninguno de los ministros, ya sea de forma individual o como colegiado, hicieron algún tipo de motivación para sustentar el sentido de sus votos.

Los 21 que pasan a la siguiente etapa

Entre los 21 aspirantes encontramos los siguientes perfiles: • 6 mujeres y 15 hombres • 6 magistrados de circuito • 3 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF • 3 ex magistrados de las Salas Regionales del TEPJF • 2 ex consejeros de la Judicatura Federal • 1 magistrado de Tribunal Electoral local • 1 magistrado del fuero local • 1 secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN • 1 ex secretaria de Estudio y Cuenta del TEPJF • 1 visitador del TEPJF • 1 funcionario del gobierno Federal • 1 ex fiscal de la FEPADE   La lista completa de 21 aspirantes

Nombre Votos obtenidos al elegir a 42 aspirantes Votos obtenidos al elegir a 21 aspirantes Género Cargo que actualmente desempeña o que ha desempeñado Periodo por el que fue designado en cargos vigentes Twitter
1 ARENAS BÁTIZ CARLOS EMILIO 11 11 H Actualmente es Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León 2015-2017
2 CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ DANIEL FRANCISCO 8 10 H Fue Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014, previamente fue Procurador General de la República, Consejero Jurídico de la Presidencia y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en SEGOB
3 CURIEL LÓPEZ CLAUDIA MAVEL 8 6 M Es Magistrada de Circuito
4 DE LA MATA PIZAÑA FELIPE 11 9 H Actualmente es Magistrado de la Sala Regional Especializada 2014-2020 @fdelamatap
5 FUENTES BARRERA FELIPE ALFREDO 11 11 H Es Magistrado de Circuito
6 GARCÍA HUANTE BERENICE 9 8 M Fue Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior, en la ponencia de los Magdos Orozco Henriquez y Nava Gomar @BERENICEGARCIAH
7 INFANTE GONZÁLEZ INDALFER 11 11 H Fue Consejero de la Judicatura de 2007 a 2009
8 MEZA PÉREZ JORGE 11 6 H Es Magistrado de Circuito
9 OJEDA BOHÓRQUEZ RICARDO 6 6 H Es Magistrado de Circuito
10 ORTIZ RASCÓN SILVIA GABRIELA 10 11 M Fue Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la SCJN
11 OTÁLORA MALASSIS JANINE MADELINE 10 10 M Fue Magistrada Sala CDMX de 2013 a 2016, actualmente es titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF 2013-2016
12 PARRA PARRA MARÍA DEL PILAR 7 6 M Es Magistrada de Circuito
13 REYES CONTRERAS EUGENIO 6 6 H Es Magistrado de Circuito
14 RÍOS CAMARENA RODRÍGUEZ ALFREDO EDUARDO 8 8 H Fue Director Ejecutivo Prerrogativas y Partidos Políticos en IFE, actualmente labora en Secretaría de la Función Pública
15 RODRÍGUEZ MONDRAGÓN REYES 9 9 H Es Magistrado Sala Monterrey 2013-2019 @ReyesRdzM
16 SÁNCHEZ MORALES JORGE 11 11 H Es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla 2015-2020 @moralesj_jorge
17 SOTO FREGOSO MÓNICA ALARÍ 10 9 M Es Magistrada Sala Guadalajara 2013-2022 @monicasotofregoso
18 TERRAZAS SALGADO RODOLFO 9 7 H Es Visitador del TEPJF, ha tenido varios cargos en TEPJF
19 VARGAS VALDEZ JOSÉ LUIS 10 7 H Fue Fiscal de la FEPADE de 2010 a 2012
20 ZARAZÚA MARTÍNEZ ÁNGEL 11 9 H Fue Magistrado de Sala Regional DF de 2005 a 2013
21 ZAVALA ARREDONDO MARCO ANTONIO 10 10 H Fue Magistrado en la Sala Regional Monterrey de 2013 a 2016, actualmente labora en la Sala Superior @Mzavala71

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral (@eleccionesymas)

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El día de hoy los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) harán una primera depuración de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Convocatoria que emitieron el 5 de julio señala que de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para ser magistrados se elegirán a 42, previa examinación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

vacia

El único criterio establecido para hacer esta primera selección es el artículo 212 citado, el cual señala como requisitos para ser magistrado de la Sala Superior:

  • Contar con credencial para votar.
  • Preferentemente tener conocimientos en material electoral.
  • No desempeñar o haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente en un partido político.
  • No haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos 6 años.
  • No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en los últimos seis años.

Estos requisitos son generales, no atienen a la realidad de la justicia electoral en el país, es necesario revisarlos y reformarlos para futuros procesos de designación. Sin embargo, para este proceso que ya inició es el único parámetro que tienen los ministros para seleccionar a 42 aspirantes de los 126 inscritos, lo cual permite una amplia discrecionalidad a las ministros de la SCJN.

Por tanto, la pregunta relevante es ¿cuáles son las cualidades que deben tener los magistrados de la Sala Superior del TEPJF? ¿Qué deberán tomar en consideraciones los ministros a fin de determinar quiénes de los 126 aspirantes deben seguir en el proceso?

Es difícil determinar un perfil único e ideal de magistrado electoral, muchos son los temas que se deben considerar al respecto, en el Observatorio Electoral consideramos que son tres los requisitos iniciales que se deben privilegiar: conocimiento, experiencia e independencia.

Los temas electorales en México llevan más de 20 años siendo objeto de estudio en diversos centros universitarios, actualmente existe una importante oferta académica al respecto. Además, llevamos más de 20 años con autoridades electorales robustas a nivel federal y local. Factores que justifican la exigencia a los aspirantes de contar con conocimiento y experiencia probada en la materia electoral.

El conocimiento y experiencia es un requisito indispensable para quienes aspiren a llegar a la Sala Superior, pues como lo señala María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la próxima integración de la Sala Superior tiene una responsabilidad muy grande: consolidar la democracia. A golpe de sentencia deben exigir a los partidos políticos una mayor responsabilidad democrática. Y, por ello, es indispensable que lleguen a la Sala Superior gente responsable, con criterio y técnica jurídica, que busquen fortalecer el sistema de partidos.

Los ministros de la SCJN también deben valorar la total independencia de los aspirantes, independencia personal e independencia institucional como lo señala el juez Aharon Barak.1

Al respecto, Hugo Concha, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que quienes sean designados como magistrados deben contar con independencia ideológica o política de los candidatos a cargos de elección popular, que su trayectoria no esté asociada a ninguna fuerza política, evitando cuotas partidistas, lo cual perjudica a las instituciones electorales. En ese sentido, estima que la nueva integración de la Sala Superior debe buscar cumplir con su papel de garante de la democracia a través de sentencias claras, bien argumentadas, imparciales, coherentes y consistentes.

Procesos de designación similares, han sido fuertemente criticados porque los cargos han recaído en personas identificadas de forma clara y comprobable con algún partido político; lo cual, aunado a su poca o nula experiencia en materia electoral, ha generado autoridades que se encuentran deslegitimadas desde el inicio.

Es natural que los aspirantes tengan su propia ideología, pero ello no significa que la designación de los magistrados deba atender a una lógica de cuotas partidistas, ni mucho menos a personas cuya independencia sea razonablemente cuestionada.

Finalmente, en un contexto ideal, la designación debe recaer sobre personas de prestigio en la materia, que aporten su conocimiento y experiencia a efecto de fortalecer a la institución, y no por el contrario, que construyan su prestigio a costa de la institución.

Tal como lo señala Saúl López Noriega, profesor asociado del CIDE, al referir que los próximos magistrados electorales deben tener un prestigio propio y no construirlo a partir de su cargo, pues la siguiente generación de magistrados –al ser responsables de la última instancia de la justicia electoral- debe tener como objetivo retomar la labor de tribunal constitucional.

Por lo anterior, es una exigencia que esta primera selección de 42 aspirantes recaiga en aquellos que por su capacidad, experiencia, preparación académica y buena reputación puedan asumir las responsabilidades que implica el cargo, de manera que podamos contar con una autoridad jurisdiccional electoral fuerte, independiente y preparada en los aspectos técnicos.

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral (@eleccionesymas)

* Para consultar las opiniones completas de María Marván, Saúl López Noriega y Hugo Concha sobre el tema pueden entrar al Observatorio Electoral


1 Barak, Aharon, El papel del juez en una democracia, revista CODHEM, septiembre/octubre, 2003, pp. 55 a 58.

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