Bloquear una cuenta en Twitter. Una acción aparentemente sencilla que no debería implicar mayor problema y que permite hacer más disfrutable la experiencia en dicha red social, al así evitar ser fisgoneado por usuarios con los que no deseamos interactuar ni tener contacto. Pero ¿qué sucede cuando el que bloquea ostenta un cargo público y la cuenta bloqueada es de una persona que desempeña una labor periodística?

Esa fue la premisa que dio pie al amparo en revisión 1005/2018, en cuyo proyecto de sentencia a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se dilucidó si el bloqueo de un funcionario público a un determinado usuario en su cuenta de Twitter podría vulnerar el derecho de acceso a la información o si, por el contrario, quedaba justificado por el alcance de su derecho a la privacidad.

Ilustración: Estelí Meza

El asunto tuvo su origen cuando el reportero en cuestión presentó un amparo indirecto en el que se reclamaba que el fiscal general del estado de Veracruz lo bloqueara en Twitter, impidiendo así tener acceso al contenido que se compartía en su cuenta, lo cual afectaba su labor periodística.

En primera instancia se resolvió conceder el amparo, ante lo cual la autoridad demandada interpuso recurso de revisión al estar inconforme con el fallo que daba razón a la parte quejosa. Fue el mismo juez que tuvo original conocimiento del asunto quien solicitó a la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver el asunto, advocándose la Segunda Sala a resolver el caso.

Del análisis de los conceptos de violación, se desprende que el quejoso consideró que el bloqueó en Twitter por parte del fiscal vulneraba su derecho de acceso a la información como periodista pues le impedía tener acceso al contenido vertido en dicha cuenta relacionado con el desempeño público del funcionario y de relevancia para la fuente que cubre en virtud de su profesión. Ello porque además de que el fiscal publica en su cuenta información relacionada con el cargo que desempeña, accedió a crear un canal de comunicación con la ciudadanía asumiendo así el escrutinio público del que sería sujeto derivado de la naturaleza de su función.

Asimismo, aludió que su derecho a la libertad de expresión también estaba siendo vulnerado ya que éste también comprende tener al alcance los medios para recibir, buscar y difundir la información y, en concreto, las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para la labor periodística por la inmediatez con la que se puede tener acceso a la información y tener así un contacto más directo con las respectivas fuentes.  Argumentó también que el bloqueo hacia su cuenta resultaba en un acto discriminatorio e injustificado, ya que no se configuraba ninguna causal de excepción que fundamentara la restricción de la información específicamente hacia su persona.

En el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, ésta se defendió mediante sus agravios expuestos argumentando que el juez de origen no analizó debidamente la casual de improcedencia que pretendía demostrar la inexistencia de un acto de autoridad, ya que no se reunían los supuestos para que se configurara tal. Ello, porque a su juicio, se debió desasociar la figura del fiscal con la de titular de una cuenta de Twitter, ya que en primer lugar dicha cuenta fue creada tiempo antes de que el usuario ostentara el cargo de fiscal, además que  no se encuentra verificada como para que pudiese considerarse “fuente oficial”. Aunado a ello, aseguró que en dicha cuenta no se comparte exclusivamente información relacionado con el cargo que el funcionario desempeña, ya que principalmente se difunde información de índole personal que no necesariamente  reúne las características para ser considerada de “interés público”.

Dentro de su línea argumentativa, destacó también que  las obligaciones del fiscal establecidas en la Ley orgánica de la fiscalía estatal, dentro de las cuales se incluye mantener canales de comunicación con la ciudadanía, se cumplen a través de los sitios oficiales de dicha fiscalía (lo cual incluye una página web, así como cuentas de Facebook y Twitter). De tal manera que solo se podría considerar que el derecho de acceso a la información del quejoso estaría siendo vulnerado si se le hubiese bloqueado en dichas cuentas que contienen la información principal y actualizada de la que se nutre su fuente. Además, aseguró que existen diversos medios a través de los cuales el quejoso podría acceder a la información aludida, por lo que la cuenta del fiscal no es el único canal a través del cual pudiese obtener el material necesario para llevar a cabo su función periodística.

Del análisis de los agravios expuestos, la Segunda Sala determinó que, respecto a la inexistencia de un acto de autoridad, dicha consideración resultaba infundada. El bloqueo en Twitter por parte del fiscal sí puede calificarse como tal ya que su situación como servidor público tiene nacimiento en la ley (en concreto, la Ley orgánica de la fiscalía del estado de Veracruz), a partir de lo cual se establece una relación de supra a subordinación de facto. Con motivo de esa relación, si el ente emite actos unilaterales a través de cuales modifique o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de un particular, es ahí cuando se configura el acto de autoridad.

En este punto, vale la pena aclarar que la ley no obliga a quien ostente el cargo de fiscal a utilizar forzosamente una cuenta de Twitter, ya que como expuso la autoridad en sus agravios, la obligación de mantener un canal de comunicación con la ciudadanía se cumple a través de los diversos sitios oficiales en que de difunde la información. La cuestión es que al momento en que el fiscal en turno decidió compartir en su cuenta información relativa a su cargo, además de identificarse como tal en la descripción de la biografía de su cuenta, inherentemente estaba asumiendo las consecuencias normativas y al bloquear a uno de sus usuarios, está actuando como autoridad ya que restringe el derecho de acceso a la información al titular de dicha cuenta.

Se desestimó también el argumento de que el bloqueo en Twitter no representaba un prejuicio directo para el quejoso, ello porque aunque la autoridad aludió que lo que se compartía en su cuenta no correspondía en su mayoría a información relativa a la naturaleza de su cargo -además que podía tener acceso a ella por otras vías-, el simple hecho de que el fiscal se identifique como tal en dicha cuenta y la use para difundir contenido inherente a su función, provoca que dicho contenido sea de interés público y debe ser accesible para la comunidad.

Ahora bien, para pronunciarse respecto a la tensión entre el derecho de acceso a la información del quejoso siendo este periodista y el derecho a la privacidad de la autoridad al ser un servidor público, la sentencia a cargo del ministro Medina Mora realizó una interpretación conforme de ambos derechos analizando el contenido de estos tanto en el marco jurídico mexicano como en el derecho internacional. Retomando la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al derecho de acceso a la información, se contempla que las personas además de tener acceso a ésta pueden solicitar cualquier tipo de información en manos del Estado sin acreditar ningún tipo de interés especial quien deberá facilitarla salvo en casos de que se trate de información reservada, ante lo cual deberá fundar y motivar su negativa. Ello también implica que el Estado no debe obstaculizar ni impedir su búsqueda.

Tratándose especialmente de información pública, su acceso se vuelve un requisito indispensable para el funcionamiento de las democracias modernas fomentando así una mayor trasparencia en los actores que ejercen un cargo público, lo cual permite concretar el principio de rendición de cuentas y transparentar la función pública en la medida posible. La CIDH estima que las autoridades estatales deben quedar sujetos a un régimen de máxima publicidad presumiendo así que toda la información relativa a su actuar sea accesible.

Por su parte, aunque el derecho a la privacidad tiene diversos matices o lecturas, en el caso concreto de servidores públicos, a pesar de que  la naturaleza del cargo que desempeñan no les hace perder la protección de este derecho, sí los coloca en un umbral de protección distinta, ya que por el interés social que implican las actividades que realizan, queda justificada una intromisión mayor hacia su esfera privada, de acuerdo a lo establecido en la tesis aislada de la Primera Sala 1a. XLII/2010 de rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE AQUEL.”

En el caso de los servidores públicos, por encima de cualquier otro tipo de persona de interés, el constante escrutinio del que son objeto queda más que justificado ya que desempeñan una labor de relevancia para la sociedad y la comunidad tiene derecho a darle seguimiento por el impacto que tiene. Sin embargo, en su caso el interés no se delimita al ejercicio de sus funciones, sino también respecto a aquellos aspectos de su vida privada que pudieran estar vinculados al ejercicio de su función.

Se cita entonces una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en la cual se determinó que cuando se trate de la privacidad de servidores públicos, se debe privilegiar el acceso a la información especialmente a los medios de comunicación para que puedan gozar de plena libertad en supervisar las actividades que realizan los servidores públicos, ya que estos permiten generar debate y propiciar un correcto ejercicio democrático. Por tanto, en un primer momento, al momento de aceptar ejercer el cargo, un servidor público tácitamente acepta perder el matiz de protección más amplio al derecho a la privacidad que goza un particular y someterse a un escrutinio minucioso por parte de la sociedad y los mismos medios. Aunque su derecho a la intimidad no se extingue del todo, sí cede terreno para garantizar óptimamente el pluralismo democrático. Ello también implica tener un mayor nivel de tolerancia hacia las críticas u opiniones negativas que pueden producirse en su manera de desempeñar el cargo siempre que éstas no excedan un límite razonable. Ello no quiere decir que todo lo concerniente a la vida del servidor sea automáticamente de interés público, ante lo cual se deberá ponderar si el valor que tiene la información aludida implica una relevancia social de manera que amerite restringir el derecho a la privacidad del actor estatal.

Aterrizando dichos lineamientos al terreno de internet y redes sociales, la sentencia considera que toda vez que éstas repercuten en una expansión hacia los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, no se debería propiciar un cambio hacia la manera en que se conciben estos derechos o la manera en que se protegen estos, pues las mismas reglas del “mundo real” deben operar en el “mundo digital”. Twitter, en concreto, se trata de una red social que además de funcionar como fuente de información para sus usuarios, permite que la comunidad digital se sume al debate generando así un ejercicio de pluralidad democrática en el que se debaten y monitorean asuntos de interés público.

Ahora bien, el caso de que un funcionario público bloqueé a un usuario en Twitter ha tenido sus respectivos paralelismos en diversas jurisdicciones del mundo, ya que solo por mencionar uno de los casos más sonados, la Corte del Distrito de Nueva York ordenó al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que desbloqueara a ciertos usuarios que se les impedía acceso a su cuenta. Ello porque la cuenta de Trump asumía un carácter gubernamental por identificarse en ella como el “presidente 45 de los Estados Unidos de América”. Lo que cual implicaba un interés público por parte de la ciudadanía estadounidense para tener acceso a lo que se difundía en dicha cuenta, ya que varios de su sus tweets guardaban relación con actividades que realiza derivadas de su gestión como presidente.

Lo anterior sirve perfecto como criterio orientador ya que permite identificar aquellas cuentas que aunque inicialmente fueron utilizadas con un fin privado o personal, el uso que se les da a éstas en un momento determinado es lo que las otorga un carácter mayoritariamente público que justifica un escrutinio mayor con fin de proteger el derecho de acceso a la información. En el caso del fiscal general de Veracruz, al igual que con Donald Trump, aunque al momento de crear sus cuentas de Twitter lo hicieron con el fin de darle un uso personal, al momento que se identificaron en éstas como titulares de un determinado cargo público y empezaron a difundir información relativa a su actuar, independientemente que siguieran ocupándolas para compartir información personal, accedieron colocarse en una situación de máxima publicidad sustrayéndose del umbral de protección que le corresponde a las personas privadas.

Resulta de esa manera porque a partir de diferentes acciones -principalmente tácitas- fue el mismo fiscal quien sin ninguna presión externa accedió darle un diferente matiz a su cuenta utilizándola con fines distintos a los que la usa un sujeto meramente privado. En primer lugar, por el hecho de que en la descripción de su perfil se identifica -al igual que Trump en su respectivo cargo- como fiscal general del estado de Veracruz. Ello aunado a que aunque ciertamente sigue divulgando información personal, se advierte que constantemente twittea cuestiones relacionados con su encargo, utilizándola también como un canal de comunicación con la sociedad.

De ninguna manera el fiscal general pierde de manera total su derecho a la privacidad, la cuestión aquí es por cómo utiliza su cuenta de Twitter, no puede justificar que su uso corresponda a la de una persona privada. Dicho de otra manera, el fiscal no está obligado a dar a conocer información íntima en Twitter, la cual seguirá siendo reservada, pero lo que comparte en su cuenta -sean cuestiones inherentes o no a su cargo- sí pasa a ser de interés social sujeto a escrutinio público. La razón por la que no se viola el derecho a la privacidad de la autoridad responsable se debe a que no hay razón alguna por la que  la información vertida en su cuenta deba ser protegida del conocimiento general, porque si entendemos que no hay obligación para el fiscal de divulgar información personal, éste comparte únicamente lo que voluntariamente  desea quede a disposición de sus usuarios. Resulta discriminatorio entonces que el resto de sus seguidores sí puedan tener acceso a dicho material y sólo se bloqueé a un determinado usuario restringiendo su derecho a ser informado, ya que no se trata de contenido que el fiscal hallase tratado de mantener apartada del  resto de la sociedad.

La discusión sería distinto si, por ejemplo, el fiscal general hubiese configurado su cuenta como privada (una opción de Twitter que permite que solo los usuarios que el titular de la cuenta decida podrán tener acceso a lo que se comparte en ésta ) y en ella no se identificara como titular de un cargo, ya que de ser así, se hubiera acreditado que dicho usuario no consentía someterse a escrutinio público y quería mantener apartado del público general lo que ahí se compartiera, pues de esa manera   no se justificaría un interés en razón de proteger el derecho acceso a la información. Incluso, de haber existido un supuesto de que tal servidor público manejara dos cuentas, una para difundir información relativa a su cargo y otra de uso exclusivamente personal con configuración privada, probablemente no se le hubiese obligado a volver pública dicha cuenta personal, ya que en ese escenario se acreditaría que no habría decido someterse al escrutinio público en lo que se hubiese referido a esa cuenta

Consecuentemente, la Segunda Sala ordenó que el fiscal del estado de Veracruz desbloqueara al quejoso de manera que tuviera permanente acceso a lo que se comparte en su cuenta de Twitter ya que no vulnera de ninguna manera su derecho a la privacidad en su calidad de servidor público y se garantiza el derecho de acceso a la información del periodista en cuestión, el cual evidentemente tiene un interés, al igual que cualquier otro ciudadano, de monitorear lo que en dicho perfil de Twitter se comparte.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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El arribo de la cuarta transformación, como se le ha denominado popularmente al cambio de administración, llega de la mano junto con sustanciales cambios dentro de la Suprema Corte que sin duda repercutirá en aspectos no menores del Poder Judicial de la Federación.

El noviembre pasado concluyó el encargo del ahora ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, una partida que se ha resentido notablemente en el campo de la doctrina jurídica por las grandes aportaciones al derecho a raíz de las resoluciones y sentencias surgidas bajo  su ponencia, debiéndole en gran medida tanto la reforma de derechos humanos de 2011 como el afianzamiento del control de convencionalidad como uno de las herramientas más efectivas en la labor judicial para garantizar la protección más amplia.

Asimismo, en unos cuantos meses concluye el encargo de la ministra Margarita Luna Ramos, quien también durante estos 15 años se caracterizó por una postura un tanto más formalista y conservadora, por lo que con ella y Cossío dejando de formar parte de la Corte se pierde un importante equilibrio que tenía lugar en la dinámica del Pleno de nuestro máximo tribunal.

En medio de estos cambios, concluye el periodo como presidente del ministro José María Aguilar Morales, quien seguirá siendo parte de la Corte, y deberá ser sustituido en el cargo por alguno de sus pares. Los aspirantes a ocupar tal posición son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. Los cuales presentaron sus respectivas propuestas y líneas de trabajo, mismas que se pueden consultar aquí, y que permiten ponderar el giro administrativo que predominará tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal en los siguientes años.

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Pardo Rebolledo hace énfasis en la necesidad de un Poder Judicial independiente que esté al servicio del Estado y la sociedad, estableciendo que en este escenario de cambios es necesario que las instituciones públicas deben generar políticas que tomen al gobernado como el principal centro de sus decisiones. En ese sentido, a su juicio, el Poder Judicial debe acompañar esta evolución sin perder su autoridad o autonomía en las decisiones que en su interior acontezcan. Y, para ello, se requiere que los ciudadanos tengan mayor confianza en el Poder Judicial, de modo que sus resoluciones se perciban con un mayor nivel de legitimidad, pues, en pos de lograr un desarrollo y paz social es necesario que los juzgadores realicen su trabajo de manera imparcial, pero también con un elevado sentido humano.

Otras de las propuestas que se incluyen en su proyecto, es acabar con cualquier práctica de influentísimo para que quienes obtengan puestos en cargos judiciales no sólo sea gente altamente calificada para ejercer la función, sino que sea gente que se gane la mención con méritos propios. Incluso menciona construir modelos de sanción y medidas de disciplina que eviten aun la desviación más mínima. Llama la atención la mención a que también el personal  que no ejerce una función jurídica dentro del Poder Judicial debe estar altamente capacitada en áreas administrativas y recursos humanos.

Vale la pena destacar, que la austeridad es un eje importante de los cuatro candidatos y que responde a las exigencias de la sociedad plasmadas en la elección del pasado 2 de julio. De tal manera, que el ministro Pardo se comprometió a redistribuir el gasto y recortar aquellos que resulten innecesarios, de modo que la ciudadanía perciba que el presupuesto destinado a los funcionarios públicos que labora en estas instancia se utilice de manera eficiente lo cual repercute en una mejor perspectiva del Poder Judicial hacia su exterior, lo que fortalece su legitimidad ante la ciudadanía.

Para lograr lo anterior, propone crear un modelo de gerencia judicial que se encargue de desempeñar las actividades administrativas de manera que el poder judicial se enfoque únicamente en cumplir a cabalidad con su obligación de impartir justicia. Rebolledo considera también que algunas de las herramientas para fortalecer la confianza en la actividad diaria que llevan a cabo los jueces son la publicidad y la comunicación de modo que haya un mayor entendimiento social respecto las resoluciones que se dictan día con día.

En otros aspectos, también hace una propuesta de fortalecer la preparación de jueces en las instituciones que les permitan desarrollar habilidades necesarias para juzgar tanto con perspectiva de género como para conciliar conflictos de acuerdo al nuevo paradigma de justicia. Del mismo modo considera pertinente depurar la magnitud de asuntos que llegan a la Suprema Corte de modo que solo conozca de los asuntos más trascendentes para poder agilizar su labor, expandiendo las competencias de los Tribunales Colegiados.

Alberto Pérez Dayán

La propuesta de Peréz Dayán también apuesta por la independencia del Poder Judicial fortaleciendo su carácter garante como un contrapeso clave para así defender tanto la democracia como la división de poderes establecido en la Constitución mexicana.

Al igual que el resto de sus competidores, también entiende la necesidad de establecer confianza con la ciudadanía a través de un efectivo ejercicio de rendición de cuentas, de modo que se pueda supervisar con total transparencia la manera en que se utilizan los recursos públicos dentro la estructura de este poder.

Sin embargo, considera que una de las principales prioridades para conseguir un sistema judicial fuerte es potencializar la unidad de todos las instancias que lo integran y así robustecer su labor como garantes de la Constitución, pero respetando en todo momento la autonomía de todos estos órganos jurisdiccionales.

A su vez, propone que desde la Suprema Corte se combata la impunidad, corrupción, los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos, por lo que la autonomía que pretende fortalecer debe erradicar esas malas prácticas sin complicidad desde el interior del sistema judicial y eliminando aquellos criterios que dejan en condición de vulnerabilidad a los más desprotegidos.

El ministro Pérez Dayán también considera necesario mejor la eficiencia administrativa con la que se desempeña el personal que opera día a día en estos tribunales, lo que no sólo incluye a aquellos que se desenvuelven en la labor jurídica, sino que también los que realicen actividades técnicas deben estar lo suficientemente capacitados

Debido a la importancia que tiene la difusión del conocimiento jurídico, propone que dentro de la Suprema Corte se cree la secretaria ejecutiva de la cultura jurídica integrada por áreas que compartan ese mismo fin, de tal manera que se fortalezcan aquellas temáticas que compartan un mismo fin a la vez que se optimizan los recursos destinados para ese objetivo.

Una de sus propuestas más llamativas tiene que ver con el tema de derechos humanos y acceso a la justicia, lo cual conlleva en restructura el área de atención ciudadana de la Suprema Corte para que los usuarios tengan a su alcance tanto los medios legales como la información para el correcto ejercicio de sus derechos. También hace mención a la inclusión de personas con discapacidad y de género para eliminar barreras que permitan una mayor pluralidad en el poder judicial, así como el óptimo uso de medios de comunicación o nuevas tecnologías para informar con lenguaje cercano las resoluciones más relevantes y robustecer así la confianza con la ciudadanía.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

En su propuesta, Ortiz Mena es bastante explícito respecto reconocer el reclamo de la ciudadanía manifestado en las urnas durante la jornada electoral de julio el año pasado, lo cual conlleva a que las instituciones públicas reduzcan y moderen sus gastos además que sean más eficientes en el cumplimiento de sus funciones.

En ese aspecto, Ortiz Mena asegura que aunque el poder judicial debe mantenerse independiente a los cambios políticos, institucionales y económicos que conlleva la llegada del nuevo poder ejecutivo federal, otra manera de perder su legitimidad consistiría en ignorar las demandas razonables de una sociedad que exige austeridad a una labor que siempre ha sido asociada a los excesos y privilegios como lo es la jurisdiccional, por lo que mantener la autonomía no implica desconocer las transformaciones que tendrán lugar en el contexto social.

Señala que uno de sus principales objetivos será fortalecer las actividades de la comisiones de vigilancia y disciplina para generar programas de prevención y sanción a todo acto de corrupción para así incentivar ese escenario de transparencia en todas las instancias que pertenecientes al poder judicial.

Con el fin de acercar a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura a la ciudadanía, se pretende operar bajo un principio de máxima publicidad, de modo que sus resoluciones estén al alcance de la ciudadanía por medio de medios digitales, incluso traducirlos a lenguas indígenas para hacer de la actividad judicial un asunto inclusivo. Además de ello, se pretende que durante su presidencia se realicen diversos diagnósticos respecto al funcionamiento de los órganos judiciales en el país, promoviendo la participación de agentes externos al poder judicial tal y como la academia o la sociedad civil para que evalúen diversos aspectos de funcionamiento su gestión administrativa, eficiencia judicial y políticas laborales.

Ortiz Mena estima que para que la Suprema Corte pueda funcionar adecuadamente como tribunal constitucional es necesario depurar la cantidad de asuntos sobre los cuales tiene conocimiento. De tal manera que, teniendo una carga más delimitada, pueda emitir con mayor agilidad criterios sustantivos. Ya que es común que los ministros de la Corte destinen sus esfuerzos a resolver y pronunciarse respecto asuntos que terminan siendo desechados por no reunir los requisitos de procedencia y, por ende, no propician criterios de interpretación constitucional,  por lo que la idea sería generar mecanismos normativos internos para liberar a la Corte de tales casos y, de esta manera, pueda enfocarse únicamente en aquellos asuntos de índole propiamente constitucional.

Por último, vale destacar, que Ortiz Mena declara que aunque el respeto a las resoluciones judiciales es importante para garantizar la independencia judicial, es necesario que estas decisiones estén alineadas con los  criterios de protección a derechos humanos emitidos por la Suprema Corte de acuerdo al marco constitucional, por lo que uno de los principales artistas en su función será fortalecer la capacitación de los encargados de impartir justicia para que resuelvan los asuntos protegiendo en todo momento los derechos humanos y velando por la perspectiva de género, entre otras cuestiones relevantes.

Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar refleja en su propuesta que está muy consciente que el cambio de presidente de la Corte se da en un contexto político crítico al poder judicial desde el discurso público. Es el único de los candidatos que hace una mención explícita a la recién promulgada Ley Federal de Remuneraciones la cual implica un conflicto al interior del poder judicial respecto al marco institucional que la propia Constitución establece. Por ello considera, que el máximo desafío de quien ostente tal cargo, será defender la independía judicial sin propiciar una cruzada con los demás poderes o la ciudadanía.

Sin embargo, la defensa de la autonomía judicial no será efectiva en tanto que el poder judicial quede plenamente legitimado ante la sociedad, por lo que el primer paso será reconocer que hay cuestiones necesarias de corregir en su interior, mostrándose sensibles ante los reclamos de la ciudadanía ante el contexto político que se avecina. Añade que la mala reputación que tiene hoy día el sistema judicial está relacionada con un mal ejercicio de transparencia, por lo que a partir de ahí es necesario implementar programas de austeridad de modo que el presupuesto se refleje en una impartición de justicia pronta e imparcial.

Considera, a su vez, que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil respecto a que para acceder a un cargo judicial se apele a un sistema meritocrático que priorice las capacidades y perfiles antes que los vínculos o relaciones familiares.

Así, de acuerdo al contexto actual, Zaldívar propone establecer diálogos de comunicación con los demás poderes para defender la independencia del poder judicial, de manera que se puedan intercambiar puntos de vista de manera respetuosa. Justo, Zaldívar menciona que en el marco de expansión constitucional en el que nos encontramos, desde la reforma a derechos humanos en 2011, es necesario democratizar la justicia. Lo cual implica que debe abrirse y vincularse con elementos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales o con movimientos sociales para no encerrase en sí mismo y caer en las mismas prácticas. La independencia judicial no está exenta de la rendición de cuentas, fomentando el diálogo con la comunidad que está destinada a servir y transparente en todo momento respecto a su actuar.

El ministro Zaldívar plantea que se debe concebir al juez como un agente de cambio, renovación e impacto social, por lo cual se debe apelar a nuevos sistemas de selección de manera que los nuevos jueces no sólo conozcan el sistema normativo vigente, sino que sean capaces de utilizar herramientas de vanguardia como el control difuso de convencionalidad y demás fuentes de derecho internacional de modo que se armonice con la protección necesaria a los derechos humanos que el sistema jurídico requiere actualmente. Ello repercutirá positivamente en la percepción que la sociedad tiene del poder judicial otorgándole un matiz más humano y cercano a la actualidad. La Suprema Corte debe abrirse a atender audiencias públicas con expertos en diversas materias ajenos al saber jurídico o los amicus curiae de modo que la impartición de justicia se vuelva una cuestión abierta e inclusiva.

Dentro de sus propuestas se destacan la iniciativa de mejorar la calidad argumentativa de las sentencias, concibiendo éstas como herramientas de comunicación social de manera que no sólo sean comprensivas hacia el interesado, sino que permitan a la sociedad interesarse e inmiscuirse en la manera en que las resoluciones judiciales impactan diariamente su vida.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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Durante muchos años, la separación entre las familias del civil law y  common law fue bastante latente en la doctrina jurídica universal y justamente en México, al alinearse su sistema jurídico con los principios del derecho romano-germánico, parecía que la distancia con el derecho anglosajón era abismal. Razón por la que se percibía imposible que dentro de la lógica de la justicia mexicana se aplicaran conceptos o lineamientos de dicha corriente.

leyes

Sin embargo, a raíz de la reforma al sistema penal en 2008 y la reforma de derechos humanos en 2011, no es tan descabellado afirmar que nuestro ordenamiento jurídico parece decidido a poner fin a este divorcio entre common law y civil law que ha regido nuestro sistema. Ya que si bien la base del derecho mexicano sigue siendo fiel al derecho romano germánico, se ha abierto la puerta a tomar ciertos elementos del derecho anglosajón, tales como la oralidad de los juicios en materia penal y, gracias a una reciente sentencia de la Suprema Corte, invocar un principio característico del derecho estadounidense como lo son los daños punitivos en el marco legal del país.

Esta decisión puso sobre la mesa una nueva jurisprudencia que actualiza un modelo paradigmático respecto a la reparación del daño moral derivada de la responsabilidad civil que estuvo arraigado por muchos años. Lo cual abre la puerta a que los jueces del ordenamiento civil puedan sancionar con indemnizaciones compensatorias a empresas derivado de actividades negligentes de éstas.

Así, al resolver el amparo directo 30/2013, la Corte dio luz verde a la aplicación de la figura de daños punitivos en el país ampliando así el método para cuantificar el alcance del daño moral, lo cual es relevante dado que antes de tal resolución no existía un método exacto o preciso para determinar la cantidad adecuada a pagar por una afectación al daño moral en el país.

Tras una serie de apelaciones impulsadas por las partes se determinó inicialmente que la empresa estaría condenada a pagar una suma de 8 millones de pesos basándose en lo indicado por el artículo 1916 del Codigo Civil para el Distrito Federal. El cual establece que el juez competente debe determinar el monto contemplando la condición socioeconómica de la víctima, lo cual restringe a que las indemnizaciones millonarias solo tengan lugar cuando el dañado tenga un estatus socioeconómico elevado.

Los padres del fallecido impugnaron tal resolución mediante amparo solicitando que la Suprema Corte tuviera conocimiento del caso, de modo que consideró que tal artículo era discriminatorio al no estar alineado al artículo 1º constitucional que garantiza la igualdad al condicionar el monto de acuerdo a la situación económica de la víctima, aterrizando así la figura de daños punitivos en la sentencia.

El caso sobre el cual versa esta sentencia inicia después de que un joven muere dentro de las instalaciones del Hotel Mayan Palace Acapulco tras usar el servicio del kayack que ofrecía el hotel en el lago artificial. Lo que sucedió fue que accidentalmente la balsa se volteó y, al estar el agua electrificada, resultó en la muerte del sujeto en cuestión. Los padres del fallecido inician un proceso demandando la reparación del daño por la muerte de su hijo. En un inicio la empresa procuró defenderse argumentando que al firmar el contrato de hospedaje, el usuario aceptaba usar los servicios bajo su responsabilidad y liberaba al hotel de cualquier responsabilidad derivada de los riegos de accidente que pudieran  originarse por usar estos.

Sin embargo, desde primeras instancias se resolvió que la empresa era responsable de la muerte de la víctima, ya que si bien el contrato de hospedaje libera de responsabilidad al hotel asumiendo el riesgo que conlleva realizar cierta actividad. Esta liberación de responsabilidad se refiere a incidentes que puedan ocurrir por cuestiones de fuerza mayor o en respuesta a las mismas limitaciones del usuario –como, por ejemplo, que se meta a una alberca honda sin saber nadar-. Sin embargo, en este caso, el riesgo se configuró a partir de la negligencia del hotel por no tener sus instalaciones en óptimas condiciones para ser usadas de manera segura por los huéspedes.

Tras establecer que, en efecto, la empresa había incurrido en negligencia al ser responsable de la muerte de la víctima, la lógica de la sentencia discutida fue establecer el alcance de la responsabilidad del hotel con relación a la afectación a la esfera jurídica de los padres de la víctima.

La Suprema Corte esbozó un análisis en que se distingue la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual que derivan de una relación contractual, refiriéndose que la primera emana de un acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la segunda se desprende del incumplimiento de una obligación de no dañar a terceros.

Así, pues, para que se genere responsabilidad contractual basta con que alguna de las partes incumpla con una de las claúsulas pactadas en el contrato; por ejemplo, se hubiera hablado de responsabilidad contractual si la víctima no hubiese pagado el precio del servicio en el tiempo pactado o si el hotel no le hubiera proveído de habitación una vez que el cliente firmó el acuerdo de voluntades. En cambio, en la responsabilidad del extracontractual se debe determinar si la responsabilidad es subjetiva u objetiva. En el primer supuesto, existe un dolo o negligencia al momento de provocar el daño, en tanto que en el segundo aunque no exista esa mala intención, el daño de cualquier modo se produce.

Lo anterior cobra sentido ya que aunque en dicho caso existía un contrato que establecía y limitaba los derechos/obligaciones entre las partes, el daño moral se configura a partir de una responsabilidad extracontactual del prestador de servicios al incurrir en descuido o negligencia al ofertar dicho servicio sin que se cumplieran con las condiciones óptimas para que los usuarios puedan utilizarlo de manera segura.

Esta obligación, pues, no venía expresamente enunciada en el contrato dado que rebasaba los propios límites de esa relación contractual. Al regirse por leyes encargadas de regular la actividad de estos prestadores de servicios, el hotel debía operar de acuerdo a los lineamientos de tal normatividad garantizando la seguridad de los usuarios. De tal manera que en este caso no se incumplió una obligación establecida en el contrato de hospedaje, sino en una de carácter genérico. En el entendido de que aunque el incumplimiento afectó directa y exclusivamente a la víctima, es claro que todos los huéspedes del hotel durante esa fecha corrían el mismo riesgo, por lo que aquí la controversia no radica en un acuerdo de voluntades exclusivo entre víctima y empresa, sino que el incumplimiento de tal obligación para con el fallecido también puso en situación de riesgo a todos los usuarios del hotel independientemente del contrato que hayan firmado con la empresa.

La sentencia indica claramente que para que se pueda fijar responsabilidad, se debe tener probado el daño como cierto, lo cual en este caso quedó comprobado debido al negligente mantenimiento del hotel a sus instalaciones. Ahora bien, la premisa del daño moral parte de reparar las lesiones o afectaciones de carácter extrapatrimonial; es decir, que no son susceptibles de ser valuados en dinero, tales como la imagen o los sentimientos.

Los daños punitivos vienen a ampliar la reparación que se le pueda dar al daño moral, ya que mientras éste básicamente busca que el responsable pague una cantidad que de algún modo se entiende es suficiente para subsanar el daño causado, el objetivo de la figura del daño punitivo es castigar al infractor para que no vuelva a incurrir en la acción sancionada y además persuadir a otros posibles infractores de no hacerlo.

La manera como la Suprema Corte llegó a utilizar esta figura para resolver la controversia fue partiendo del derecho a una justa indemnización, pues se debía determinar cuál sería una compensación justa que de algún modo modo subsanara el daño ocasionado a los sentimientos de las personas. Aunque se entiende que esto puede ser subjetivo dado su naturaleza extrapatrimonial, se parte de los principios del derecho internacional en que la naturaleza de la compensación debe saciar la necesidad de justicia de los afectados, valuando desde una perspectiva cualitativa y no necesariamente cuantitativa.

En un sentido amplio, el derecho a una justa indemnización viene garantizado y regulado en el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal, en el cual se establece el derecho a recibir una justa indemnización por un daño moral resentido (ya sea sentimientos, honra o reputación). No obstante, se consideró que la última porción del párrafo de dicho artículo era discriminatoria ya que aunque se indicaba que debía evaluarse la capacidad económica del infractor y su grado de responsabilidad al causar el daño, el juez también debía considerar la situación económica de la víctima, lo cual ponía un candado a que las sanciones fueran millonarios para personas que no tuvieran un estatus económico privilegiado.

Tal disposición es discriminatoria porque pareciera condicionar a que la víctima tuviera un futuro “pleno” o “prometedor” monetariamente hablando para que el monto de la indemnización fuera elevado, por lo que valuar la situación económica de la víctima para establecer tal cantidad es contrario al derecho a la igualdad.

Por lo tanto, esta sentencia de la Suprema Corte es valiosa y sienta un gran precedente para futuras controversias por daño moral porque no se limita a calcular una cantidad de dinero para efectos de reparar la afectación a la esfera jurídica de los ofendidos, sino que se tomaron en cuenta tanto los derechos lesionados como la capacidad económica del responsable. De tal manera que además de reparar el daño, éste fuera castigado de acuerdo a la teoría de los daños punitivos. Esto es, siguiendo la lógica de que se debe sancionar severamente a quien ha causado un daño y, al mismo tiempo, fomentar una cultura de prevención para que tal situación no vuelva a repetirse.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

 

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En virtud de la  promulgación de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, expedida el pasado 16 de julio del año 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 72, fracción II inciso a); 119, fracción XI; y 122 de tal ley arguyendo que eran contrarios al ordenamiento constitucional y violatorios de derechos fundamentales tales como la libertad personal, libertad de tránsito, presunción de inocencia y sistema de justicia penal para adolescentes en general.

jovenes

La controversia planteada radica en que tales artículos contemplan la prisión preventiva para adolescentes equiparándola con la figura de internamiento preventivo (que se  deberá utilizar como sinónimo de acuerdo al objetivo de la ley), los cuales de acuerdo al planteamiento de la CNDH  viola derechos de adolescentes sujetos a un proceso penal consagrados principalmente en el artículo 18 constitucional.

Ante el razonamiento de la CNDH, la Suprema Corte resolvió, en primer lugar, en el entendido de que el artículo 18 constitucional impuso al Estado mexicano la obligación de establecer un sistema de justicia penal para adolescentes “aplicable a quien se le atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 y 18 años de edad al momento de haberlo cometido”, que aunque la redacción reconoce la posibilidad de establecer medidas proporcionales de acuerdo al caso concreto, no menciona medidas precautorias específicas ni prohíbe la prisión preventiva para adolescentes.

De ahí que la mayoría de los ministros de la Corte consideró que el internamiento preventivo para adolescentes es constitucional, puesto que no se puede interpretar el mencionado artículo 18 de manera aislada de los demás artículos que establecen las bases del sistema penal mexicano. De tal manera que si tal disposición constitucional no establece ninguna restricción para aplicar la prisión preventiva en la justicia penal para adolescentes, por lo tanto, deberá seguirse lo indicado por los artículos 19 y 20 de la Constitución. Los cuales mencionan la prisión preventiva, pero no restringen a los menores de edad, de ahí que es válido que se pueda utilizar esta medida para un adolescente que se hayan visto involucrado en la comisión de un delito. No obstante, la Corte establece ciertos matices para que pueda tener lugar esta medida otorgándole un carácter excepcional y sólo en el supuesto de que no exista una medida menos restrictiva de derechos.

La lógica de esta resolución consiste, entonces, que el modelo de justicia adolescente no se limita a los preceptos contemplados en el artículo 18 constitucional. Pues, en ese caso, por ejemplo, no se podría detener a un adolescente al cometer un delito en flagrancia, al ser éste un supuesto establecido en el artículo 16 constitucional o, asimismo, a un adolescente detenido por un delito no le aplicarían los plazos de las detenciones judiciales establecidas en el artículo 19 también de la norma suprema.

Podemos contemplar que de algún modo, la Corte trató de conseguir un balance entre los derechos e intereses de la víctima de un delito y los del imputado –cuando éste se trata de un menor de edad-. Por una lado, al permitir el internamiento preventivo, se resguarda la seguridad de la víctima u ofendido entendiéndose que puede ser una medida óptima para que pueda tener un apropiado acceso a la justicia sin que su esfera jurídica corra riesgo durante el proceso. Más si se considera que el propio artículo 20 constitucional establece la facultad de solicitar las medidas y providencias que se estimen necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

En tanto que para el adolescente infractor, la propia ley contiene una restricción que eleva el estándar para que se aplique el internamiento preventivo, al indicar que no se puede aplicar a un menor de 14 años, que se deberá implementar sólo como recurso excepcional y, en su caso, por delitos que merezcan una pena privativa de la libertad, además de que el juez deberá justificar que no hay una medida menos lesiva de derechos de acuerdo al caso concreto.

La lógica argumentativa de la Corte es que el mencionado artículo 18 de la Constitución establece las bases del sistema penitenciario en el país y legitima la medida de prisión preventiva, por lo que aunque dicho artículo contenga un apartado especial que hace énfasis al sistema de justicia para adolescentes, esto no exime a los adolescentes de que se les apliquen las demás medidas y supuestos contemplados en tal disposición constitucional. Esto se debe a que se trata de reglas que se deberán aplicar a cualquier individuo sujeto a un proceso penal independientemente de su condición, salvo que tengan alguna discapacidad  mental y queden eximidos de que se les impute responsabilidad penal.

En caso de que la Constitución hubiese destinado un artículo que abordara exclusivamente la justicia para adolescentes, entonces, la discusión sería distinta. Pues ahí habría que analizar si en efecto las medidas contempladas por los artículos 16, 18, 19 y 20 constitucionales tendrían  inferencia alguna en acciones delictivas llevadas a cabo por adolescentes.

El espíritu de la redacción constitucional (más específicamente en su artículo 20) refleja una intención de conseguir un equilibrio procesal entre las partes, ya sea que se trate de la víctima o del imputado, se protejan sustancialmente sus derechos fundamentales, además de los que les corresponden por estar sujetos a un proceso penal.

En ese sentido, se podría presentar un contexto en que para conseguir tal objetivo, sea necesario ordenar la prisión preventiva de un adolescente con el fin de resguardar la integridad de la víctima o, si lo vemos desde la otra cara de la moneda, no procederá la privación provisional de la libertad  del adolescente acusado en caso de que no exista ninguna medida menos restrictiva de derechos o no se trate de un delito grave.

Vale destacar que si bien la Corte en un primer momento no se inclinó a favor  del interés superior del menor, en el entendido de que la pérdida de su libertad podría ser perjudicial para su óptimo desarrollo y bienestar psicológico, sobre todo si tomamos en cuenta que la edad es una categoría sospechosa de acuerdo al artículo 1º constitucional y, por ende, los juzgadores están obligados a hacer un ejercicio de interpretación que ofrezca una protección más amplia al sujeto en cuestión. Sin embargo, visto desde otro ángulo, se podría decir que se respetó el criterio anteriormente apuntado, si traemos a colación el elevado estándar que se requiere para que se autorice revocar provisionalmente la libertad de un menor de edad, al justificarse sólo en caso de que la esfera jurídica de la víctima se vea amenazada o para la propia protección del menor en casos de crimen organizado.

Así, la Corte, en vez de considerar que el sistema de justicia adolescente era autónomo del resto del sistema de justicia penal, apostó por un equilibrio entre las partes de modo que no se deje en total indefensión a la víctima y asegurar que ésta participe de manera activa dentro del proceso y, al mismo tiempo, que el acusado pueda tener una sólida oportunidad de réplica, por lo que de acuerdo al razonamiento planteado, el internamiento preventivo de un adolescente puede ser necesario para conseguir ese balance en los casos más graves.

La discusión sigue sobre la mesa y las implicaciones de esta decisión permearán de manera significativa en el actual sistema penal acusatorio, valdrá la pena analizar si la Corte actúo contrario a los derechos fundamentales de los adolescentes o si, por el contrario, procuró proteger en la mayor medida posible el interés superior del menor, pero sin descuidar los intereses y necesidades de una víctima que tiene una parte importante en este sistema penal acusatorio.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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