El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


1. Autonomía municipal1

El Congreso del estado de Sonora aprobó con modificaciones las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentados por diversos ayuntamientos de tal estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Sin embargo, el municipio promotor del asunto consideró que el Congreso al modificar la iniciativa presentada por los municipios, había violado el artículo 115 fracción IV constitucional.

Sobre la modificación, el municipio expresó que se había aprobado todo “excepto aquellas propuestas que, comparadas con los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción autorizados para el ejercicio fiscal 2016, representen un incremento igual o superior a 11%, en cuyo caso se tendrá por autorizado únicamente un incremento del 10%”2

La resolución de la Corte fue dar razón al municipio, argumentando sobre las atribuciones competenciales compartidas por estos y los congresos, pero ponderando su grado de distanciamiento en relación con las propuestas de los primeros, al igual que el nivel de motivación para realizar tales modificaciones.

Sobre ello resolvió la Corte que la legislatura local no ofreció durante el proceso legislativo las motivaciones suficientes para realizar la modificación a las iniciativas municipales, o las motivaciones ofrecidas no estuvieron relacionadas con la materia de estudio, de igual manera que no se entró a analizar las circunstancias particulares de cada municipio, dado que cada uno tiene un grado de desenvolvimiento social y económico diferente.3

2. Libertad hacendaria municipal4

Una reforma a la Ley Orgánica Municipal de Morelos estableció como autoridades auxiliares a los delegados y ayudantes municipales, y enseguida determinó un piso de noventa salarios mínimos para estos últimos, como cantidad mensual para efectos de gastos de administración, lo cual debía ser establecido en el presupuesto de egresos anual de cada municipio.

La Corte determinó que los municipios tienen la facultad constitucional —art. 115-IV— de administrar libremente su hacienda integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan y las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor. En tal sentido, el diseño del régimen presupuestal municipal le corresponde en exclusiva al municipio, por ello, los ayudantes municipales siendo autoridades auxiliares, la previsión del piso presupuestal al igual que con los delegados, debe ser administrado libremente por el, que aunque se trate de un piso mínimo, como argumentó la legislatura, aún es la precisión de una cantidad que debe ser determinada directamente por el ayuntamiento en su derecho a la libre administración hacendaria y su libertad en la elaboración y aprobación de sus presupuestos.5

3. Alienación parental6

La Corte estudió la inclusión en el Código Civil local de la figura de alineación parental y sus reconocimiento como causa para la pérdida de la patria potestad.

Muchos elementos fueron discutidos sobre esta figura, como el hecho de que no hubiera un consenso en la comunidad científica sobre su reconocimiento, o la trascendencia del concepto de conciencia, la existencia misma de una conciencia transformada, su relación con la teoría del riesgo, su efecto en la pérdida de la causa potestad.

Finalmente siguiente a lo solicitado por los promotores del caso, se decantó por dos líneas de resolución.

La primera, sobre la definición de la alineación parental insertada en el Código Civil.7 A ello la Corte definió que era válida, al margen de que existiera o no el consenso científico y como una medida de tipo preventiva que debía ser adoptada por el Estado ante un fenómeno que tenía efectos sociales concretos y ciertos.8

Ahora bien, la inclusión del concepto era un tema diverso al convertirla en una causa para la pérdida de la patria potestad, en vista de que ella no podría ser vista como una sanción civil para los padres, sino debe atender a su función en el ejercicio de la patria potestad en beneficio de los menores, de tal forma que aceptarla como sanción afecta de la misma manera a los hijos por evitar la convivencia con sus padres, lo que puede llevar a efectos psico-emocionales.9

4. Autonomía municipal y exenciones contributivas10

El asunto pretende responder a la interrogante de si ¿puede un congreso estatal generar una condición de exenciones a los impuestos predial, de adquisiciones de inmuebles y sobre diversiones y espectáculos públicos, bajo la idea de que está facultando al municipio para que sea este quien las determine?

La norma en estudio que era una adición a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, planteaba en su texto principal una supuesta facultad municipal para establecer estos llamados subsidios, pero en los artículos transitorios hacía una determinación fuerte sobre su existencia: “Los Gobiernos Municipales deberán aprobar en sesión de Cabildo la tabla de subsidios a los impuestos y derechos que se otorgarán conforme a este Decreto”.

Esta doble dimensión —supuesta facultad municipal establecida por el congreso y un transitorio que hace las exenciones obligatorias— llevó a los ministros a discutir en primer lugar, si de acuerdo con los términos constitucionales, las legislaturas locales pueden inclusive decidir legislar sobre tales materias y segundo, si no se estaba tratando de la emergencia de una aparente facultad municipal, pero de facto una obligación imperativa.

Al final el ministro ponente decidió presentar a votación el asunto en el entendido de que no existe facultad constitucional para legislar sobre ello por parte de los Congresos locales, por lo que el decreto en estudio se consideró inconstitucional.11

5. Transparencia. Gratuidad de la información12

Se analizó el establecimiento por parte del legislador de Sinaloa, del cobro de derechos por la cantidad equivalente a dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la búsqueda exhaustiva de información pública que no se esté disponible en el momento.

Lo anterior la Corte lo determinó inválido en vista de que la Constitución mexicana13 establece diversos principios, entre ellos el derecho de gratuidad de la información pública, este último es categórico por lo que no se permite instituir cobro alguno.14

6. Autonomía municipal. Reserva de fuentes15

En el presente asunto se analizó la derogación del cobro de derechos por el servicio público de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos que se encontraba en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca Morelos para el ejercicio fiscal 2017. Sobre ello se le pidió a la Corte estudiar si tal derogación no estaba afectando la autonomía municipal.

La Corte resolvió que tal decreto afectó el principio de reserva de fuentes previsto en la Constitución mexicana16 sobre exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna derivadas de los servicios a su cargo, tales como justamente la materia que había sido derogada.17

7. ¿Tiene una congreso local la facultad para legislar sobre la inclusión de la figura de los magistrados electorales como sujetos de juicio político?18

El hecho en estudio es una reforma a la Constitución de Quintana Roo donde siguiendo los mandatos de la Constitución mexicana sobre el nuevo sistema anticorrupción, entre otras modificaciones y ajustes, el Constituyente Permanente local decidió eliminar a los magistrados electorales como figuras sujetas a juicio político local.

En ese sentido se le solicitó a la Corte analizar si la supresión no generaba una esfera de impunidad y desigualdad en relación con los consejeros electorales que sí estaban sujetos a dicho juicio.

La Corte decidiría que el Congreso local –siguiendo una interpretación del texto constitucional y de los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales- tiene libertad de configuración legislativa para hacer esta exclusión.19

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual este análisis es un producto. El estudio se hizo con la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAC. Agradezco la colaboración y los puntuales comentarios del Dr. Gustavo González Galindo, líder del Cuerpo Académico “Eficacia Jurídica y Derechos Humanos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sin duda mejoran el contenido del presente estudio.


1 Controversia Constitucional 163/2016. Ponente Min. Eduardo Medina Mora. Sesionada el día 2 de octubre de 2017.

2 Sesión del 3 de octubre de 2017, p. 8.

3 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 12.

4 Controversia Constitucional 33/2017. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el 3 de octubre de 2017.

5 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 17.

6 Acción de Inconstitucionalidad 11/2016. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada los días 23 y 24 de octubre de 2017.

7 “Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor” Artículo, 429 Bis A.

8 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta. Sesión del 24 de octubre de 2017, p. 33.

9 Mayoría de nuevo votos a favor de la propuesta. Sesión del 24 de octubre de 2017, p. 30.

10 Controversia Constitucional 109/2017. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 21 de noviembre de 2017.

11 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 49.

12 Acción de Inconstitucionalidad 5/2017. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el 28 de noviembre de 2017.

13 Artículo 6º y 73.

14 Unanimidad de nueve votos a favor del sentido de la propuesta, p. 45.

15 Controversia Constitucional 134/2017. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 4 de diciembre de 2017.

16 Artículo 115, fracción III, inciso c) y IV.

17 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, p. 6.

18 Acción de Inconstitucionalidad 86/2017. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada el 7 de diciembre de 2017.

19 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 43.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


1. Candidaturas comunes1

En este asunto se analizaron diversos aspectos de las candidaturas comunes, de los cuales resaltamos los siguientes. Primero, su regulación es parte de la libertad de configuración legislativa de los Estados, pero sujeto a condiciones de razonabilidad2. La limitación de la participación en 33 de municipios y distritos tratándose de elección de ayuntamientos y diputados. Sobre ello, la Corte no encontró argumento que considerara que esta medida es irrazonable3. En el mismo sentido, resolvió sobre los requisitos acerca de que la solicitud de la candidatura común sea firmada por representantes y dirigentes.

2. Suplencia de la queja en amparo4

Como lo diría la ministra ponente, el problema en estudio fue: “…dilucidar si la suplencia de la queja que establece la fracción y precepto legal citados, opera en favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, cuando aduzcan que fueron despedidos o cesados injustificadamente, sin que previo a ello se les haya seguido algún tipo de procedimiento administrativo. Esto es, la Ley de Amparo vigente contempla en su contenido de la suplencia de la queja, su procedencia en materia laboral con independencia de si la relación empleador y empleado se rige por el derecho laboral o administrativo.

En el caso concreto se trataba de decidir si el despido de miembros de las instituciones de seguridad pública, que se encuentran en el régimen especial del 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, sin previo procedimiento, podría estar en la hipótesis de la suplencia de la queja.  Sobre ello, la Corte determinó que sí debía operar, ya que la disposición de la Ley de Amparo se instituyó precisamente para su procedencia para los trabajadores, con independencia de si su naturaleza laboral es regida por el derecho laboral o el administrativo, esto es con independencia de quien es el patrón ya fuere el Estado o los particulares5.

3. Principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto6

En una contradicción de tesis la Corte definió que, por regla general, tratándose de actos de imposible reparación –del artículo constitucional 107, III, b)- debía agotarse el principio definitividad,  o sea, el agotar los recursos ordinarios de defensa establecidos en la ley del acto reclamado, para la procedencia de este juicio. Ahora bien, existirían excepciones a esta regla las cuales son devenidas de lo indicado en el artículo 61 de la Ley de Amparo, al igual que de las interpretaciones de la Suprema Corte7.

4. Ciudad de México. Legislación secundaria8

Este fue un asunto muy interesante y muy discutido del que extraemos los siguientes temas. En primer lugar, un punto de gran controversia. Existió una discusión sobre el papel de la consulta previa a los pueblos y barrios originarios, al igual que comunidades indígenas residentes, para las modificaciones hechas en materia electoral. En la propuesta el ministro ponente argumentaba que efectivamente no había existido dicha consulta y que sería necesario hacerla para que una vez efectuada la Asamblea Legislativa, dependiendo de las conclusiones, determinara si era necesario hacer adecuaciones al marco legislativo en estudio9.

Derechos político-electorales de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Sobre estos se argumentaban dos temas.

En primer lugar, se afirmaba que no se preveía una definición de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes que permitiera su identificación en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Segundo, se afirmaba que había un regulación deficiente de los derechos por no observar lo indicado en el artículo 2º constitucional, ni existir acciones afirmativas para hacer efectivos tales derechos y garantizar la representatividad tanto en el Congreso como en el concejo de las alcaldías.

Sobre el primer tema se decidió que para ello podía atenderse a la Constitución de ciudad de México y la Constitución mexicana, por lo que se declaraba infundado el argumento de los accionantes10. En cuanto al segundo, no se cumplía con la obligación de establecer estos mecanismos y sobre ello existía una omisión legislativa11.

“Violencia política en razón de género”. Se afirmaba por los accionantes que no definirla ni contemplarla como causal de nulidad de elección llevaba a la no existencia ni salvaguarda de dichos derechos. La Corte resolvió que sí se prevé el concepto de violencia política en razón de género, al considerarse conductas genéricas de violencia política cuando se cometan en razón de género. Al igual existe una vinculación con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. De igual forma, aunque no contempla la misma como causal de nulidad de elección, sí se hace en la Ley Procesal Electoral12.

La hipótesis estudiada era la sustitución de fórmulas del género sobrerrepresentado a fin de garantizar la integración paritaria del Congreso local, para ello se iniciaría con los partidos que recibieron los menores porcentajes de la votación local emitida. La Corte definiría que esta norma es válida, sin embargo, por la votación el engrose quedó pendiente13.

5. Sistema electoral del estado de Aguascalientes14

En primer lugar se analizó si el procedimiento de nombramiento del contralor interno del Instituto Electoral Estatal que faculta al Congreso del estado a realizarlo, estaba invadiendo la autonomía del OPLE local. En este tema se entrelazaban los efectos de las reformas constitucionales electoral y la respectiva del sistema anticorrupción. La propuesta de la ponente decidía que debía declararse válida la disposición, mientras que otras voces indicaban que podía hacerse este nombramiento siempre que se instituyera una votación de tres cuartas partes del Congreso y se incluyeran causales de remoción. Otro ministros indicaban que debía declararse inválido por considerarse invasión a la autonomía, algunos otros que se trataba de un tema que caía en la libertad configurativa de los Congresos locales. Desafortunadamente, al final no se alcanzó una votación suficiente por lo que tuvo que desestimarse este tema15.

Posteriormente, se estudió la validez del hecho de que el instituto local pudiere fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y los candidatos de elección popular, siempre que la misma fuera delegada por el INE, a través de su contraloría interna. Esto fue declarado válido, partiendo del hecho de que la función es originaria del INE, pero que puede ser delegada a un OPLE o instituto local cuando exista mayoría calificada del consejo general del INE y se haya verificado que dicho instituto cuente con el organismo y las cuestiones operativas y técnicas para desempeñar la función16.

Igualmente se revisó la facultad de fiscalizar a las asociaciones políticas mediante las disposiciones del código electoral y aquellas del consejo del instituto local. Se determinó válido en vista de que se define a las asociaciones políticas como agrupaciones diferentes de los partidos políticos, pero que igualmente reciben financiamiento público17.

Se estudió el concepto de “calumnia”18. La norma la definía como “Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”. Finalmente, se decidió eliminar esta definición porque no se atiende a la cuestión del dolo al elemento subjetivo de aquel sujeto que la realiza.

6. Legislación electoral de Chiapas19

El primer tema estudiado fue la regulación local sobre la propaganda gubernamental. Esto se consideró que invade la competencia del Congreso de la Unión, derivada del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional electoral de 2014, cuando se mandó a expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 constitucional20.

Posteriormente, se analizó el tema de la suspensión del derecho de voto en relación con la existencia de un auto de formal prisión o una declaratoria que ha lugar a formación de causa, con la interpretación conforme de que aún no se está privado de libertad21.

De igual manera el hecho de que la norma en estudio para este supuesto de suspensión del derecho de voto tome como hipótesis “…o desde que se declare que ha lugar a formación de causa” fue declarado inválido, ya que en la interpretación de la Corte, este supuesto de negación solo procede en los casos de dictado de auto de formal prisión o vinculación a proceso y esté privado de libertad, no dando cabida a otro supuesto o condición22.

El hecho de que la norma indique “…no estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional” se debe leer en el sentido de que exista una efectiva privación de la libertad23. A continuación, se definió que el establecimiento de la geografía electoral en relación con la determinación de los diputados por el principio de representación proporcional era facultad exclusiva del INE y el hecho de que la ley local hubiera definido cuatro circunscripciones plurinominales y los distritos que los integran para efectos de la elección de diputados, debía ser declarado inválido24.

Sobre igualdad en materia electoral, ante la hipótesis de que un partido político alcance solo una diputación de representación proporcional por circunscripción, ello llevaría a que todos los legisladores de esa vía fueran mujeres, definió la Corte que se trataba de una acción afirmativa para cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia política25.

Otro estudio interesante hecho por la Corte fue sobre el pretendido derecho de los magistrados electorales de reelegirse debido a una –en la voz de la ponente- interpretación equivocada del artículo décimo transitorio del decreto de reformas constitucionales del 10 de febrero de 2014. En ese sentido, se decidió que tal pretendido derecho no tiene sustento constitucional26.

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual este análisis es un producto y se realizó en el marco de una estancia de investigación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid durante noviembre-diciembre 2017. El estudio se hizo con la colaboración de mis compañeros del cuerpo académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAC. Agradezco la colaboración y los puntuales comentarios del Dr. Gustavo González Galindo, líder del cuerpo académico “Eficacia Jurídica y Derechos Humanos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sin duda mejoran el contenido del presente estudio.


1 Acción de Inconstitucionalidad 49/2017. Sesionada el 4 de septiembre de 2017. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz.

2 Mayoría de siete votos a favor del proyecto, p. 16.

3 Unanimidad de once votos a favor del sentido del proyecto, p. 19.

4 Contradicción de Tesis 11/2015. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández, sesionada el 7 de septiembre de 2017.

5 Unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 38.

6 Contradicción de Tesis 25/2015. Ponente Min. Margarita Luna Ramos, sesionada el 7 de septiembre de 2017.

7 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, p. 52.

8 Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas. Ponente Eduardo Medina Mora. Sesionada los días 18, 19 y 21 de septiembre de 2017.

9 Sesión del 18 de septiembre de 2017, pp. 29 y 30. Ver el precedente en la Acción de Inconstitucionalidad 83/2015, caso Oaxaca donde se determinó que la consulta no se había realizado y se mandó a reponer el procedimiento. De igual manera se discutió este tema en el asunto de la Constitución de la Ciudad de México, en donde se determinó que sí había existido la consulta. Ver las Controversias Constitucionales 34/2014 y 41/2014, sobre la Ley de Educación de Michoacán. No se discutió sobre la inexistencia de la consulta, esto quedaba claro. Sobre lo que se discutió fue sobre los efectos que debía llevar la invalidez, habían las propuestas de, declarar la invalidez total, la invalidez de los artículos o dejar viva la ley para el proceso electoral inminente y posteriormente obligar a la consulta. El ponente sostuvo el proyecto como lo presentó. Esto alcanzó solo la votación de siete a favor y se desestimó.

10 Sesión del 19 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos, p. 19.

11 Ibídem. Mayoría de nueve votos por la procedencia de la omisión legislativa y once votos de que existe la omisión, p. 19.

12 Ibídem. Unanimidad de once votos por declarar infundada la omisión, p. 30.

13 Mayoría de siete votos en contra de la propuesta, p. 51.

14 Acción de Inconstitucionalidad 48/2017. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada el 25 de septiembre de 2017.

15 Mayoría de cinco votos en contra de la propuesta, p. 17.

16 Votación favorable, p. 19.

17 Unanimidad de nueve votos, p. 29.

18 Estudiando en diversos precedentes como la Acción de Inconstitucionalidad 97/2016 del Estado de Nayarit. Unanimidad de nueve votos a favor del proyecto, p. 43.

19 Acción de Inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada el 28 de septiembre de 2017.

20 Votación favorable, p. 40.

21 Un precedente en la Acción de Inconstitucionalidad 38/2014. El voto mayoritario de invalidez por interpretación conforme fue de siete a favor, por lo que se determinó desestimado. Por otro lado, el voto de la validez con interpretación conforme fue de 7. P. 43.

22 Votación favorable, p 44.

23 Mayoría de siete votos por la propuesta del proyecto, p. 57.

24 Votación favorable, p. 58.

25 Votación favorable, p. 60.

26 Votación favorable, p. 71.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


I. Constitución de ciudad de México

Se analizan elementos nodales de la discusión sobre la nueva Constitución de ciudad de México.

1. Derecho a la consulta. Grupos indígenas y personas con discapacidad. El primer punto analizado fue si se había cumplido con la obligación de consultar a las personas con discapacidad y los pueblos y comunidades indígenas. Los promotores del caso argumentaron que no se realizó la consulta al primer grupo, mientras que al segundo si bien si se le realizó la consulta ésta no cumplía con los parámetros establecidos por la Suprema Corte.

Para la Corte la consulta en ambos casos sí se dio, debido a la existencia de un sistema de parlamento abierto con una consulta amplia a la ciudadanía, donde se recibieron todas las propuestas presentadas y donde se hizo un ejercicio para reflejar cómo se tradujeron algunas al texto constitucional.1

2. Integración del Congreso de la Ciudad de México.

2.1. Relación porcentual de principios. Los actores argumentaban que en primer lugar se violentaba el principio de representación proporcional determinado en la Constitución mexicana, al indicarse que la integración del congreso local sería paritaria de 33 diputados por el principio de mayoría relativa y 33 por el de representación proporcional. A lo que había que adicionar un límite máximo de 40 curules por ambos principios.

La Corte determinó que hay libertad configurativa por lo que la Asamblea Constituyente de ciudad de México podía arreglar los porcentajes de la forma realizada.2

2.2. Límite máximo de curules. La norma constitucional de ciudad de México indicaba “Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas: a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos principios”.

Los actores argumentaban que esta disposición no resultaba acorde con los lineamientos de la Constitución mexicana para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que se encontraba desarrollado en una jurisprudencia de la Corte.

A ello, la Corte indicaría que el estado de cosas a que hacía referencia el partido actor, se aplicaba a un esquema ya superado por las reformas de 2016 y las propias decisiones de la Corte tomadas en líneas arriba al reconocer la libertad configurativa de ciudad de México.

En ese sentido, la nueva regla para evitar la sobrerrepresentación señala que la diferencia entre el porcentaje de diputaciones, que por ambos principios les corresponde a los partidos políticos, y el porcentaje de votos que hubiesen obtenido no puede ser mayor a ocho por ciento. El tope de cuarenta diputados en ese sentido, es un límite dentro de tal medida, que podría en un extremo garantizar la mayoría absoluta en el Congreso local de un partido político, pero sin exceder el límite de sobrerrepresentación.3

2.3. Listas de representación proporcional. La Constitución de ciudad de México indicaba: “En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple la ley”. La Corte determinó que esta composición era válida.4

3. Causales de nulidad de la elección. La Carta Magna de ciudad de México, al tratar este tema, introdujo causales adicionales de nulidad a las previstas en la Constitución federal para las elecciones federal y las locales. Per se, dijo la Corte esto es posible, una causal adicional fue la considerada devenida de la existencia de violencia política de género. Sin embargo, el problema se daría, indicó la Corte, en aquellos casos donde las causales parece que se duplican como el caso de desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra de tiempos en radio y televisión y el rebase del tope de campaña.

Sobre estos casos de causales similares, indicó la Corte, se genera una violación al principio de seguridad jurídica, máxime que en el desenvolvimiento cotidiano del derecho electoral, estas causales “repetidas” son las más litigiosas.5

4. Reelección consecutiva de diputados. Se preveía en el texto constitucional que los diputados podrían ser reelectos únicamente por un periodo consecutivo, lo que los actores del asunto consideraban que violentaba la Constitución federal.

La Corte, por un lado, ponderó los principios que llevaron a la Constitución federal a eliminar la prohibición de la no reelección: 1. Mayor vínculo entre representantes y electores. 2. Profesionalización. 3. Mayor poder al ciudadano. Por otro lado, consideró los riesgos e inconvenientes de una reelección sin límites que se llevaron en el debate parlamentario.

En tal sentido, resolvió que si bien la Constitución federal se refiere a un límite máximo de “hasta cuatro elecciones”, esto no indica el sentido contrario de dotar a las entidades federativas de libertad configurativa para definir periodos dentro de ese máximo, tal como lo estaba haciendo la Constitución capitalina al permitir solo uno.6

II. Sistema electoral. Reforma constitucional de Morelos7

1. Requisito de residencia para gobernadores. En un primer punto, la Constitución de esta entidad federativa, contemplaba el requisito de 12 años de residencia mínima8 para poder acceder al cargo de gobernador del estado. La Corte consideró que el término de no menos de cinco años inmediatamente anteriores a los comicios que se encuentra contemplado en la Constitución federal es un punto mínimo, pero que puede ser ampliado, para lo cual requeriría de la exposición de motivos que permitieran superar un análisis de razonabilidad, que no se da en el caso en estudio.9

2. Requisitos de residencia efectiva para ser diputado y otros temas discutidos. La residencia efectiva para ser diputado, la Constitución local la contemplaba en 3 años, a lo que la Corte definió que esto se encontraba en la libertad configurativa de las legislaturas locales.10

La Corte igualmente resolvió que la temporalidad con la que los servidores públicos deben separarse de sus cargos, y la posibilidad de no hacerlo, para contender a la reelección de diputados es parte de la libertad configurativa de las legislaturas locales.11 En el mismo sentido resolvió la existencia de normas que preveían la hipótesis de no separación del cargo para contender a la reelección, donde se contemplen previsiones como no utilización de recursos, humanos, materiales, económicos propios de su encargo, para la precampaña o campaña electoral.12

Otro punto definido por la Corte fue que la determinación de la geografía electoral, la distritación y redistritación es competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral.13 De igual manera se definió que el número exacto de diputados que integren los Congresos locales  es parte de la libre configuración de las legislaturas locales.14 Aunado a lo anterior, se definió que el incremento del umbral para la asignación de diputados por representación proporcional de tres al cinco porciento, era inválido ya que desvirtúa el sistema de representación proporcional dejando a los partidos que se encuentre entre el 3 y 5 por ciento fuera del reparto.15

III. Sistema Electoral. Reforma legislativa Morelos16

Atendiendo a la resolución dada en el asunto anterior referente a la reforma constitucional, la Corte decidió declarar igualmente inválido el requisito legal del 5% para la asignación de diputados por representación proporcional.17

De igual forma se determinó que el INE es la única autoridad para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, y el Estado no debe en su legislación local ni siquiera repetir los términos establecidos en la legislación general sobre este tema.18

Al analizar el porcentaje de votación válida emitida para la obtención de financiamiento público, se resolvió que la determinación local que permite entregar este financiamiento a los partidos nacionales aún y cuando no hubiesen obtenido cuando menos el 3% de dicha votación, es inválida, porque la Constitución federal establece que en estos casos se debería haber obtenido mínimo el 3% en el proceso local anterior en la entidad.19

Otro tema analizado fue la facultad del Congreso del estado de designar al titular del órgano interno de control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana previas propuestas de instituciones públicas de educación superior, lo que la Corte determinó no afectaba la autonomía e independencia de esos órganos electorales, como sí sucedía en casos anteriores donde la facultad era completamente del Congreso del Estado.20

Sobre la opción de no separarse del cargo para la reelección de diputados, se resolvió que era una figura acorde con las disposiciones de la Constitución federal.21

IV. Sistema Electoral. Reforma Constitucional de Sinaloa22

Disminución del número de diputados que integran el Congreso de 40 a 30, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Esto se encuentra en la libertad configurativa de las legislaturas locales.23 Restricción del número de regidores que integran los ayuntamientos de los municipios. De igual manera la Corte reconoció la libertad configurativa de las legislaturas locales para definir el número y porcentaje de regidores que ocuparían el cargo en cada uno de los municipios, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional24

V. Sistema Electoral. Ley Electoral del estado de Tamaulipas25

La Corte determinó inválida la afiliación obligatoria para los candidatos que en el proceso electoral anterior se hubiesen postulado como candidatos independientes, por considerar que, condicionada indebidamente los derechos de afiliación político-electoral, al igual que en su vida interna los partidos políticos pueden definir las reglas de afiliación y quienes pueden ser sus candidatos.26

Otra argumentación fue la omisión de la ley local de considerar el voto de los ciudadanos del estado que se encuentren en otros estados de la República. En respuesta, la Corte determinó que no existía obligación constitucional para ello, ya que si bien sí existe libertad configurativa para las legislaturas locales de determinar el voto de sus ciudadanos en el extranjero,27 no existía un mandato constitucional que hiciera lo mismo para esta figura.28

En cuanto al requisito de tiempo para separarse del cargo, hubo una reducción del mismo, de 120 a 90 días, lo cual está dentro de la libertad configurativa de las legislaturas locales indicó la Corte, al igual que debía considerarse que se redujo igualmente el periodo de campaña y esta circunstancia tenía que ser observada en su conjunto.29

Por otro lado, volvería a analizarse la obligación de separarse del cargo para los casos de reelección, lo cual la Corte definiría que se encuentra igualmente dentro de la libertad configurativa de las entidades federativas.30

VI. Sistema Electoral. Legislación del estado de Sonora31

Criterios de interpretación. La norma electoral determinaba que cuando no existiera determinación legal expresa podría recurrirse a la interpretación gramatical, sistemática y funcional, lo que la Corte calificó de válido al no encontrar una disposición constitucional o convencional contraria.32

Por otro lado, la obligación de suscribir un convenio de candidatura común y un emblema común para la boleta electoral, no significa una transferencia ilegal de votos, sino enmarcado en competencias y límites constitucionales, determinó la Corte.33

Otro tema es la regulación que la legislación local estaba haciendo sobre representantes de las coaliciones de los órganos electorales, a lo que siguiendo su jurisprudencia determinó la Corte que en todo lo relativo a coaliciones las legislaturas locales no tienen competencia.34

En el tema de la reelección, la legislación local hacía una diferencia entre tal término y la elección por primera ocasión, al exigir a los diputados o munícipes que quisieren volver a contender por el mismo cargo, un termino de separación de un día previo al registro, y a otros funcionarios un término de 90 días previos a la jornada electoral. Esta diferencia la Corte la permite al determinar que una situación es la separación definitiva de un cargo para poder contender por otro por primera ocasión, y una distinta es la separación del cargo de una persona que se pretende reelegir en el mismo.35

VII. Sistema Electoral. Constitución Política y Código Electoral de Jalisco36

La legislación local determinaba la obligación de registrar cincuenta por ciento de candidaturas a presidencias municipales de cada género –principio de paridad horizontal-, sobre ello determinó que debía considerarse válido, pero en vista de que la votación mayoritaria fue contraria a la propuesta original, no se puede reconstruir la argumentación que resultará final en el caso concreto. Sin embargo, en la voz de los ministros de la mayoría se afirmó la libertad configurativa de las entidades federativas, la inexistencia de una determinación constitucional que prohibiera estas reglas y la obligación de las entidades federativas de avanzar en la búsqueda de una verdadera igualdad política.37

Otro argumento es que la norma en estudio hacía una diferenciación entre, por un lado, presidentes y síndicos y, por el otro, regidores, ya que a los primeros se les pedía la separación del cargo en un término de noventa días antes de la elección, pero a los segundos se les eximía de tal determinación, en ambos casos tratándose de reelección. Para la Corte esta disposición se consideró inválida por no encontrar justificación para el trato diferenciado.38

Sobre el tema de alianzas partidarias, la Corte determinó que esto se encuentra en la libertad configurativa de las legislaturas locales. Bajo esa libertad esas alianzas se realizan a través de convenios aprobados por los órganos electorales locales. Acuerdos que contienen reglas de distribución de los votos a favor de un candidato en alianza y donde se respeta la voluntad del elector al haber previo conocimiento del mecanismo de distribución en base a dicho convenio previamente acordado y publicado.39

Por otro lado, la normatividad en estudio excluía el financiamiento público para las agrupaciones políticas, hipótesis que la Corte consideró válida tanto porque se encuentra en la libertad configurativa de las legislaturas locales, como porque en el marco constitucional no existe la obligación ni el derecho de estas agrupaciones de recibir dicho financiamiento. Como argumentación anexa, se determinó que el hecho de que la normatividad en estudio contemplara en uno de sus artículos el derecho a ese financiamiento obedecía a un texto previo que incongruentemente fue reformado pero que no generaba un derecho adquirido por tal error.40

Otra disposición estudiada fue la relativa a la obligación de los partidos políticos de alianzas o coaliciones de proponer en sus listas de candidatos a regidores de representación proporcional, por lo menos 20% de ciudadanos menores de 29 años de edad. Esto la Corte lo consideró válido, en vista de que existe libertad configurativa de las legislaturas locales y además de no tratarse de un parámetro irrazonable que suma a la inclusión de un grupo con condiciones particulares que garantiza la representación integral y genérica de los intereses de la colectividad.41

VIII. Sistema Electoral del estado de Guerrero42

Prohibición de ofrecer y desahogar la prueba pericial en medios de impugnación vinculados con el resultado del proceso electoral. La Corte definió que tal determinación obedecía a la naturaleza de los procesos electorales y de los medios de impugnación, especialmente por lo plazos breves y en relación con la fecha constitucional y legal fijada para la instalación de órganos o toma de posesión de los funcionarios electos.43 “Notificación automática del acto o resolución, al partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que resuelve”. La Corte consideró que esto no era adecuado, ya que la presencia del representante no necesariamente implica el pleno conocimiento de los actos, lo que puede generar dejar a los interesados en estado de indefensión.44

IX. Independencia Judicial45

En este asunto una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial estaba determinando que las sesiones del Tribunal Pleno y del Pleno de las salas debían hacerse públicas, video grabarse y transmitirse en vivo. Esto la Corte lo consideró acorde con la obligación de deliberar de manera autónoma e independiente, siempre protegiendo la información reservada y confidencial. Sin embargo, esta circunstancia debe considerarse una posibilidad que se puede establecer en las Constituciones locales, pero no una obligación, ya que cae dentro de la libertad configurativa estatal.46

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual este análisis es un producto. El estudio se realiza con la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAC. Agradezco la colaboración y los puntuales comentarios del Dr. Gustavo González Galindo, líder del Cuerpo Académico “Eficacia Jurídica y Derechos Humanos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sin duda mejoran el contenido del presente estudio. www.victorcolliek.com


1 Unanimidad de once votos a favor del proyecto en relación con la consulta indígena y mayoría de ocho votos en relación con la consulta a las personas con discapacidad. Sesión del 15 de agosto de 2017, p. 18.

2 Mayoría de 10 votos en contra de la propuesta del proyecto (determinaba la preeminencia del principio de mayoría relativa). Sesión del 15 de agosto de 2017, p. 77.

3 Unanimidad de once votos, p. 9. Sesión del 17 de agosto de 2017.

4 Mayoría de seis votos en contra  de la propuesta del proyecto. Sesión del 17 de agosto de 2017, p. 33.

5 Mayoría de ocho votos a favor del proyecto. Sesión del 17 de agosto, p. 55.

6 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 17 de agosto, p. 66.

7 Acciones de Inconstitucionalidad 29/2017 y acumuladas. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 21 de agosto de 2017.

8 Relacionado con la Acción de Inconstitucionalidad 74/2008.

9 Mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto en cuanto a declarar la inconstitucionalidad. Sesión del 21 de agosto de 2017, p. 12.

10 Votación favorable. Sesión del 21 de agosto de 2017, p. 15.

11 Unanimidad de diez votos. Sesión del 21 de agosto de 2017, p. 19.

12 Votación favorable, sesión del 21 de agosto de 2017, p. 19.

13 Ocho votos  a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 21 de agosto de 2017, p. 28.

14 Votación favorable. Sesión del 21 de agosto de 2017, p. 29.

15 Nueve votos a favor de la propuesta, p. 33.

16 Acción de Inconstitucionalidad 40/2017 y sus acumuladas. Sesionada el 22 y 24 de agosto de 2017.

17 Ocho votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez concreta. Sesión del 22 de agosto, p. 20.

18 Mayoría de ocho votos. Sesión del 22 de agosto, p. 32.

19 Unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 22 de agosto, p 37.

20 Mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto. Sesión del 22 de agosto, p. 65.

21 Acorde con la Acción de Inconstitucionalidad 29/2017 y sus acumuladas. Votación favorable, p. 67. Sesión del 22 de agosto.

22 Acción de Inconstitucionalidad 33/2017. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el 24 de agosto de 2017.

23 Votación favorable, p. 21.

24 Votación favorable, p. 22.

25 Acción de Inconstitucionalidad 69/2017. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 24 de agosto de 2017.

26 Unanimidad de diez votos a favor del sentido del proyecto, p. 35.

27 Interpretación del artículo 35 constitucional y 326 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

28 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 37.

29 Unanimidad de diez votos, p. 41.

30 Mayoría de ocho votos, p. 42.

31 Acción de Inconstitucionalidad 41/2017 y su acumulada. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada el 24 de agosto de 2017.

32 Votación favorable, p. 51.

33 Votación favorable, p. 52.

34 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta modificada, p. 56. Existe una discusión en la Corte sobre si la sola mención de coaliciones debe ser eliminada –criterio mayoritario-  o solo decretar la falta de competencia de las legislaturas locales sobre estos temas.

35 Votación favorable, p. 59.

36 Acción de Inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el día 28 de agosto de 2017.

37 Mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto, p. 54.

38 Mayoría de diez votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 63.

39 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta, p. 97.

40 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 101.

41 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 119.

42 Acción de Inconstitucionalidad 59/2017. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el 31 de agosto de 2017.

43 Mayoría de diez votos a favor, p. 9.

44 Mayoría de diez votos a favor del proyecto, p. 12.

45 Controversia Constitucional 35/2016. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 31 de agosto de 2017.

46 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada, p. 53.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


derechos-humanos

1. Independencia judicial. Haber de retiro1

La particularidad de este asunto es que se estudiaba la falta de legislación sobre el haber de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, indicado por el ministro ponente como una omisión legislativa absoluta.2

De acuerdo con la resolución de la Corte, el haber de retiro de los magistrados, no debe formar parte de su remuneración, por considerarse un concepto diferente y específico, el cual tiene que estar expresamente previsto en una norma materialmente legislativa a fin de considerar su otorgamiento válido constitucionalmente. De igual manera no debe estar condicionado, ni limitado de forma alguna. La deficiencia normativa entonces se traduce en la afectación a una garantía constitucional de la función judicial y es un detrimento de su independencia. Aunque los estados, indicó la Corte, tienen reconocida una libertad de configuración legislativa sobre integración, funcionamiento, nombramiento y ratificación de los poderes judiciales locales, estos elementos deben respetar la estabilidad del cargo y el aseguramiento de la independencia, cuestiones que al no estar legislado lo relativo al haber de retiro, no se encuentran satisfechas.3

2. Derecho a un recurso efectivo4

¿Cuál es la lectura que debe darse al hecho de que la Ley de Amparo establezca una excepción para la concesión de la suspensión, cuando esta se pida sobre la ejecución de una técnica de investigación o una medida cautelar concedida por autoridad judicial?

La CNDH como actora en este asunto, argumentó que este régimen de excepción llevaba automáticamente a una violación a derechos humanos, ya que permitía que estos supuestos se ejecutaran de manera irreparable y, en consecuencia, no pudieren ser recurribles. De igual manera se argumentó que no existe una disposición en la Constitución mexicana sobre la prohibición de otorgar la suspensión en estos casos. Otro argumento llevado a la Corte por parte de la CNDH, fue que el planteamiento normativo no abría la posibilidad de un estudio de la apariencia del buen derecho y la no afectación de interés social.

La Corte, al analizar el asunto hizo una confronta de esta excepción con el sistema penal acusatorio adversarial. Sobre ello, un argumento planteado en el Pleno fue que justamente el diseño y la dinámica de este nuevo sistema procesal penal, encaminado a diversos objetivos –como dar un correcto desarrollo de las investigaciones de los delitos, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento- requería que no existieran medidas que afectaran su ágil desenvolvimiento y permitir la suspensión en estos casos, implicaba la existencia de este tipo de medidas.

Otra línea de desarrollo en el Pleno fue el analizar la facultad que tiene el legislador secundario –creador de la Ley de Amparo- para determinar los casos de procedencia de la suspensión, lo que llevó a leer el artículo 107, fracción X, de la Constitución. De igual manera, se afirmó que la existencia de estas medidas podrían estar afectando el derecho humano al recurso efectivo reconocido en la CPEUM, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que llevaría en el proyecto original a hacer una lectura –interpretación conforme- de la norma en estudio, que permitiera extraer una facultad del juez para tomar la medida de excepción como una regla no tajante y donde existiera la posibilidad de verificar al caso concreto la concesión de la suspensión.

Pero, finalmente, existió una modificación al proyecto original –eliminando la interpretación conforme-, y la Corte resolvió que debía leerse la normatividad en estudio como válida, pero no en términos de una negación absoluta,5 sino dejando margen a decidir sobre casos en los que sí proceda.6

3. Discriminación, libertad laboral y retiro forzoso de jueces7

La reforma a la Constitución local en estudio contempló como causa de remoción de jueces de primera instancia el haber cumplido sesenta y cinco años. Para la CNDH, la cual fungió como actora en el presente asunto, esta determinación resultaba discriminatoria por no haber una justificación razonable y, a su vez, generar una violación a la libertad de trabajo.

La Corte subrayó que el artículo impugnado hacía una distinción entre dos grupos, con base en una categoría protegida, la edad. Así, primero, los jueces menores de 75 años y los jueces con 75 años. Para los primeros, la causa de remoción podría ser falta de probidad, honradez, sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, etcétera; mientras que para los segundos podrían ser removidos por el mero alcance de la edad.

El estudio de la Corte determinó dos finalidades imperiosas: por un lado, la estabilidad y el derecho de acceso al cargo en igualdad de circunstancias y, por el otro, el retiro. Ahora bien, el retiro indicado por este nuevo esquema, dijo la Corte, debía entenderse como forzoso o, dicho de otra forma, como la actualización inmediata de una causa de remoción no condicionada a otra causa o voluntad. En tal sentido, no condicionada a un procedimiento administrativo de responsabilidad y no condicionada a la voluntad de otra autoridad, como por ejemplo, una posible intervención del Consejo de la Judicatura para decidir si cumplida la edad, podía estudiarse la procedencia del retiro o no. Una regla de medida igual para todos en la misma hipótesis.

Finalmente, calificó a la medida –retiro por cumplir 75 años de edad- como la menos restrictiva de los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.8

4. Transparencia9

La normatividad en estudio hacía obligatorio el mantenimiento de la versión pública de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para los sujetos obligados en Ciudad de México. Sobre ello, los actores del asunto –Poder Judicial de Ciudad de México- argumentaron básicamente las siguientes violaciones: primero, sus derechos humanos; segundo, inconsistencia con la Ley general que es más benéfica al hacer determinar esas declaraciones como optativas y; tercero, violación a los principio de división de poderes e independencia judicial.

Lo primeramente discutido en la Corte fueron las potenciales violaciones a derechos humanos planteadas por los actores, que en resumen del ponente eran: “el principio de debido procedimiento, debida motivación y fundamentación, reserva de datos personales y protección del individuo y sus derechos humanos”. Es decir, se reclamó la “violación a los derechos fundamentales de los tribunales actores” e igualmente que la normatividad en estudio “atenta contra los derechos humanos de los servidores públicos obligados de la Ciudad de México, su persona y su familia”. Sobre esto, el punto a resolver era si el medio procesal bajo el que se estaba haciendo el análisis –controversia constitucional- resultaba el adecuado para verificar este tipo de violaciones.

Este punto es interesante en la Corte, la intervención del ministro Zaldívar –quien había expresado esta opinión en casos anteriores- lo deja ver, porque para él sí es posible que mediante controversia constitucional se pueda estudiar violaciones a derechos humanos de particulares potencialmente afectados.

Sin embargo, en el caso concreto, los actores pretendían hacer valer violaciones a sus derechos humanos como autoridades. Lo cual, como expresaron los ministros, podría generar que la controversia constitucional se convirtiera en una especie de “amparo para funcionarios” algo que finalmente no fue aceptado. Sumado a esta línea argumentativa, igualmente se afirmó que aceptar esta posibilidad generaría una situación de inequidad, por reconocer un trato especial para los funcionarios judiciales.10

A continuación se analizó la argumentación planteada por los actores en el sentido de una potencial transgresión a la división de poderes y la esfera de atribuciones del poder judicial, indicando que la normativa en estudio básicamente podría provocar temor de acciones de los individuos que son partes en los procesos resueltos por jueces y magistrados y, por tanto, que pudieren quedar insatisfechos con los fallos. A ello, la Corte resolvió que no se trataba de un argumento de afectación competencial, no comprobable empíricamente, como tampoco se encontró argumento que suplir.11

5. Matrimonio igualitario12

La legislación en estudio contemplaba el matrimonio como aquél contraído entre “el hombre y la mujer”. De tal supuesto, se argumentó –por los actores- que violaba los derechos a la autodeterminación de las personas, libre desarrollo de la personalidad y el principio de igualdad por trato discriminatorio a las parejas del mismo sexo en relación con las heterosexuales. La Corte definió que efectivamente existen estas violaciones13 y la ponente trajo a la atención lo siguiente sobre ello: “si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que en pleno respeto a la dignidad humana es exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones bajo las modalidades que en un momento dado se decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).”14 En el mismo sentido, se decidió por extensión la afirmación de la norma en estudio sobre “perpetuación de la especie” como condición del matrimonio válido.

ministros

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual este análisis es un producto. El estudio se realiza con la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAC. Agradezco la colaboración y los puntuales comentarios del Dr. Gustavo González Galindo, líder del Cuerpo Académico “Eficacia Jurídica y Derechos Humanos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sin duda mejoran el contenido del presente estudio.


1 Controversia Constitucional 18/2016. Ponente Min. Eduardo Medina Mora. Sesionada el día 3 de julio de 2017. CPEUM artículo 116 párrafo segundo y quinto.

2 Sobre este término, la ministra Luna Ramos y el ministro Franco González Salas, se pronunciaron sobre las omisiones como no criterio de procedencia de la Controversia Constitucional, y en específico de que aquí no se trataba de una omisión sin falta de cumplimiento pues había iniciativas en estudio en el Congreso local para suplir este defecto. Sin embargo la mayoría indicaría que sí era procedente en este sentido. Mayoría de 9 votos a favor del proyecto, p. 9.

3 Unanimidad de 11 votos a favor del proyecto, p. 10. Se dio al Congreso local la obligación de emitir las normas correspondientes, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, mayoría de 9 votos a favor de los efectos, p. 12.

4 Acción de Inconstitucionalidad 62/2016. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada los días 4 y 6 de julio de 2017. Ley de Amparo, artículo 128, párrafo tercero.

5 Sesión del 6 de julio, p. 47.

6 Seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Ibídem, p. 49.

7 Acción de Inconstitucionalidad 128/2015. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 10 de julio de 2017. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

8 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, p. 11. El Min. Cossío anunció voto concurrente.

9 Controversia Constitucional 62/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 11 de julio de 2017. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 121, fracción XIII. Texto: “Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: […] XIII. La Versión Pública en los sistemas habilitados para ello, de las Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados, que deban presentarlas de acuerdo a la normatividad aplicable”. Relacionada con la Controversia Constitucional 54/2009 de 27 de mayo de 2010, donde se resolvió que este medio procesal no analiza violaciones a derechos humanos. El análisis se realizó desde el vigente 122 constitucional y no bajo la nueva Constitución de la Ciudad de México que entraría en vigencia el 17 de septiembre del año entrante. Igualmente hay una discusión sobre el reconocimiento de la legitimación activa para el Tribunal Administrativo y el Electoral de la CDMX en cuanto controversia constitucional, aunque el criterio vencedor es que no la tienen, p. 8.

10 Nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 16.

11 Mayoría de seis votos a favor del sentido del proyecto, p. 27.

12 Acción de Inconstitucionalidad 32/2016. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada el 11 de julio de 2017. Código Civil del Estado de Chiapas. Se trajo a la atención como antecedente la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015, analizada en este mismo espacio en el informe de enero-marzo 2016, consultable en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5786

13 Unanimidad de votos a favor del sentido de proyecto, p. 50.

14 Página 32.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Sistema anticorrupción y declaración patrimonial1

La dinámica de estudio fue la siguiente. La Constitución mexicana impone la obligación a los servidores públicos de presentar la declaración patrimonial y de intereses ante la autoridad competente y más importante, “en los términos que determine la ley”.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas –devenida de este nuevo sistema anticorrupción implementado desde la Constitución- indica que estas declaraciones, en primer lugar, deben ser públicas y, segundo, estableciendo la salvedad de temas que puedan afectar la vida privada y datos protegidos, siendo el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, quien se encargaría de decidir ambas cosas.

La pregunta a resolver en el estudio realizado por la Corte era la siguiente: ¿el modelo implementado por la Ley General arriba citada, se podía entender como el mandato constitucional de los términos que determine la ley? La votación alcanzada y el gran número de votos concurrentes, hacen concluir que no fue un tema de fácil resolución.

Dos fueron las posturas clave en la Corte. Por un lado, aquellos ministros que decían que no, determinación en la ley es, precisamente, la existencia de una ley que haga estas determinaciones y dejar estas especificidades a los Comités no cuenta como ello. Por otro lado, aquellos ministros que afirmaba que efectivamente el modelo legal cumplía con el mandato constitucional.

Sin embargo, aunque con muchas versiones del mismo problema, la Suprema Corte concluyó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tendría la facultad de decidir sobre los formatos de declaración patrimonial y de intereses para los servidores públicos, pero igual para validar qué información sería pública.2

Sistema electoral y nombramientos judiciales3

El tema de estudio fue la transcendencia de la norma que modificó los periodos de encargo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La problemática fue la siguiente. El Senado de la República, por indicación constitucional, eligió el 20 de octubre de 2016, a partir de las propuestas de la Suprema Corte, a las siete personas que integrarían la Sala Superior, especificándose el periodo para cada uno de ellos, los cuales rindieron la protesta respectiva. Sin embargo, el 3 de noviembre siguiente, el Congreso de la Unión emitió la norma que se estaba estudiando, donde prorrogó los periodos de mandatos de cuatro de esos magistrados, quienes en consecuencia, rindieron nuevamente protesta.

La propuesta del ponente era sobre la declarar inválida esta última norma, en base a varios argumentos: la inexistencia de facultad del Congreso de la Unión -como legislador secundario- para afectar el régimen de escalonamiento determinado desde un mandato constitucional; violación a los principios de división de poderes y acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial por afectación a la inamovilidad y la estabilidad judicial; violación a los principios de irretroactividad y seguridad jurídica; afectación al escalonamiento y armonización con los procesos electorales.4 Sin embargo, la Corte decidió que la normatividad en estudio debía considerarse válida y solicitó a la ministra Luna Ramos la elaboración del engrose basado en los argumentos presentados por la mayoría.5

Derechos humanos. Ombudsman6

La reforma a la constitución local creó una Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual conocería sobre: “quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o los municipios, con excepción de los del Poder Judicial del Estado.” Esta excepción fue la analizada por la Corte en este punto. Los proponentes del caso argumentaban que tal excepción aminoraba injustificadamente la actividad de la nueva Comisión, violentando los arreglos constitucionales.

Sobre ello la Corte resolvió que las excepciones planteadas en la Constitución mexicana –de las actuaciones de las Comisiones de Derechos Humanos- se referían a dos dimensiones exclusivamente: la primera, sobre los actos administrativos del Poder Judicial de la Federación; la segunda, sobre actos de naturaleza electoral y jurisdiccional. De tal forma que si la segunda se podía referir a las resoluciones generadas por las autoridades jurisdiccionales locales, la primera especificaba que los actos administrativos que quedarían fuera de las facultades de los ombudsman serían exclusivamente lo relativos al Poder Judicial Federal, lo que implicaba que tal excepción no era extensible al Poder Judicial del Estado7 y, sobre ello, por tanto, no había libertad configurativa de las entidades federativas.

El segundo argumento estudiado fue que la reforma constitucional local obligaba a un procedimiento al interior del Congreso local –específicamente la emisión de un dictamen de las Comisiones Permanentes (de Derechos Humanos y la relativa al cargo del servidor público) aprobado por el Pleno- para llamar a las autoridades o servidores públicos locales para que comparezcan. Los accionantes argumentaban que este trámite debía desaparecer y dejar exclusivamente para la comparecencia, la solicitud del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

A tal situación la Corte definió que los Congresos tienen una dinámica de trabajo propia, que requiere de la participación de sus Comisiones Legislativas y de las decisiones de sus Plenos y pretender que sus acciones –en este caso la comparecencia del servidor público que no cumplió con una recomendación del ombudsman local- se realicen con la sola petición de la Comisión de Derechos Humanos, implicaba no respetar tal dinámica. Eso aunado a que la reforma de derechos humanos de 2011, había instaurado una suerte de auditoría social, donde los servidores públicos que habiendo recibido una recomendación de las comisiones locales de derechos humanos pero no hubieren cumplido con ella, tendrían la obligación de fundar y motivar la negativa, al igual que hacerla pública.8

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumno de la licenciatura en Derecho de la UAC.


1 Acción de Inconstitucionalidad 70/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada los días 12 y 13 de junio de 2017. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2 Seis votos a favor del sentido del proyecto. Sesión del 13 de junio, p. 21.

3 Acción de Inconstitucionalidad 99/2016. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sesionada los días: 20, 22, 26 y 27 de junio de 2017. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4 Los argumentos presentados por el ponente, inicialmente, puede ser vistos en la sesión del 22 de junio, pp. 3-9.

5 Mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto. Sesión del 27 de junio de 2017, p. 17.

6 Acción de Inconstitucionalidad 30/2013. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 27 y 29 de junio de 2017. Igualmente ese día día se discutió la Acción de Inconstitucionalidad 42/2013, que analizaba la dimensión legislativa de del asunto anterior.

7 Mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada. Sesión del 29 de junio de 2017, p. 20.

8 Unanimidad de votos. Sesión del 29 de junio de 2017, p. 29.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

derechos-humanos

Uso de la fuerza pública1

La primera pregunta que enfrentó la Suprema Corte fue la siguiente: ¿qué se debía entender como agresión real? La ley definía a la agresión real de la siguiente manera: “A la conducta de la persona que despliega físicamente en acciones que ponen en peligro los bienes jurídicos”. Se afirmaba que tal definición se antojaba demasiado amplia para una materia tan delicada.

Lo primero que se dio en la resolución fue que la Corte, al tenor de la naturaleza propia del procedimiento por el que se estaba dando este tema novedoso, que es el control abstracto de constitucionalidad, buscó la vía de la interpretación sistemática que incluyera una lectura de la Constitución, los tratados, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y la propia norma analizada, metodología que irradiaría todo el estudio. Al final sostuvo la validez de la norma, en ello concluyó diversos elementos para que desde una perspectiva que no implicaba una aplicación concreta, pudiera hacer factible el sostenimiento de la norma. Es así que proporcionó una definición de la permisión del uso de armas, una graduación y su razonabilidad en casos concretos, cuando las armas letales son inminentes y necesarias, entre otros extremos.2

Se analizaba la violación a principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y última razón. La ley en un inicio reconocía que el uso de la fuerza debía ser un último recurso pero luego indicaba: “sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Sobre ello afirmó la Corte que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, la cual debe ser proporcional y está prohibida cuando el daño infligido supere los beneficios alcanzados. Al igual resolvió que la remisión a los casos y condiciones de la ley tal como se encontraba, producía inseguridad ya que tales circunstancias que no estaban claras.3

Un segundo tema de estudio fue sobre el uso de la fuerza en el contexto de las asambleas y manifestaciones. De acuerdo con los accionantes del asunto, no se encontraba expresamente definido lo que debía entenderse por “manifestaciones o reuniones violentas e ilegales”, pero esto no lo torna –señaló la Corte- en indiscriminado o arbitrario, siempre que se haga a la luz de la interpretación sistemática.4

El siguiente tema de estudio se refería a las pautas mínimas que regulan lo relativo al uso de la fuerza y armas de fuego en el contexto de las manifestaciones o reuniones, las cuales se remitían una disposición reglamentaria.5 La Corte definió que la remisión al reglamento significaba la provisión a la esfera administrativa de la exacta observancia de la ley, donde se concretaría a establecer cómo debía procederse en cada caso. Lo anterior entendido en el sentido, de que en la propia ley, se subrayaban las pautas mínimas relativas al uso de la fuerza y armas de fuego en el contexto de las manifestaciones o reuniones.6

Posteriormente, se analizó la potencial invasión a la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos, porque la ley en estudio había dado definiciones sobre estos dos temas. La Corte determinó que estas definiciones se realizaron durante el periodo de veda legislativa a favor del Congreso de la Unión, por lo que se consideró inconstitucional. De igual manera, la ley al poner en la definición de las conductas la hipótesis de “entre otros”, generaba una colisión con la ley general.7

Finalmente, se argumentaba que la ley en estudio no contemplaba las sanciones que debían ser aplicadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que en ejercicio del uso de la fuerza vulneraran los derechos de las personas. La Corte concluyó que si bien no se contemplan sanciones específicas, sí establecía un procedimiento para cuando se dieren estos casos, al igual que una remisión al marco jurídico local, a efecto de proceder con las sanciones civiles, administrativas, penales, etcétera.8

Transparencia9

Se trató del segundo caso conocido mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional devenido del nuevo sistema constitucional de transparencia. El tema en específico fue una solicitud hecha al estado mayor presidencial para dar la información de los itinerarios, planes de vuelo de toda la flota aérea a disposición de la presidencia, en gira y fuera de gira, durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2014, al igual que el número y nombres de la tripulación y pasajeros. Tras seguir su trámite normal por medio del estado mayor presidencial, recurso de revisión y el INAI, llegó a la Corte donde se discutieron dos cosas.

En primer lugar, tratándose de un procedimiento novedoso, era necesario definir su naturaleza y grado de libertad del máximo tribunal para atender lo estudiado, en donde vimos a los ministros oscilar entre definirlo como un procedimiento de constitucionalidad o un procedimiento de legalidad, con una ligera inclinación hacia esto segundo, pero sin un pronunciamiento claro.

Segundo, el proyecto del ministro Laynez Potisek, propuso determinar la orden de poner a disposición la información relativa a lugares, horas de salida y de llegada, así como la ruta. Sin embargo, se decidió por una mayoría, que debía negarse la información, dejando las razones para el engrose. La Corte definió que la sentencia debía revocarse y negarse la información.

Privación de la libertad. Justicia para adolescentes10

Se argumentaba, en primer lugar, que el internamiento preventivo –confundido con la prisión preventiva en la redacción de la ley en estudio- se apartaba del sistema constitucional de justicia para adolescentes, al igual que se consideraba contraria a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia. La Corte concluiría que esta medida está permitida constitucionalmente, al hacer una interpretación entre los diversos contenidos de la Carta Magna —artículos 18, 19 y 20—, e igualmente está avalada por los instrumentos internacionales, al hacer un control de convencionalidad. De igual manera, haciendo una interpretación conforme, determinaría que debía entenderse como “internamiento preventivo”, en cada caso cuando en la ley se hiciera referencia a “prisión preventiva”.11

El segundo argumento giraba en torno a la figura del resguardo domiciliario como medida cautelar. Sobre ello, el proyecto proponía determinar que no hay sustento constitucional para tal medida, y se estaba dejando un muy amplio margen de discrecionalidad al juez respectivo, para definir sobre su otorgamiento, a su vez existían en este diseño, una serie de aristas que tendrían que definirse jurídicamente, porque se trataba de una restricción a la libertad personal. Sin embargo, la decisión de la Corte fue sobre determinar válida la medida,12 siguiendo los argumentos de la primera decisión.

Asociación. Instituciones policiales13

Se analizó la restricción que se efectúa a los integrantes de las instituciones policiales, para poder ser parte o intervenir en agrupaciones para reclamar sus derechos. Sobre ello la Corte definió que la relación del Estado con las fuerzas policiales es de carácter administrativo —regidos por sus propias leyes—, lo que hace que sus derechos lo sean de este carácter igualmente, y que de tales circunstancias se genera un régimen de excepción soportado constitucional y convencionalmente, mismo que les reconoce la posibilidad de asociarse en términos del artículo 9º constitucional –siempre cuidando no incumplan con las demás reglas de disciplina-, pero prohibiendo formar sindicatos o asociaciones para reclamar derechos considerados como laborales en términos del 123 constitucional.14

No discriminación15

En este asunto, una vez más se discutiría sobre la importancia de la consulta en la validación de normas cuyo objetivo sea abordar temas que afectan a las personas con discapacidad; sin embargo, no se alcanzó la votación requerida para determinar que en razón de ello la norma fuera declarada inválida.16

Para abordar este tema, la Corte partió del antecedente de la legislación nacional sobre la atención y protección de las personas con espectro autista estudiado en enero y febrero de 2016.17

Primero. Certificados de habilitación que dan constancia de la aptitud para desempeñar actividades laborales. Se consideró discriminatorio, porque imponen a las personas con la condición de espectro autista, una carga no exigible a las demás personas.18

Segundo. Existencia de un modelo de sustitución en la toma de decisiones, al permitir, además de a las personas con la condición de espectro autista, decidir también a los familiares de orden ascendente o tutores sobre los medios para su desarrollo personal. La argumentación fue desestimada de acuerdo a precedentes.19

Tercero. Definición de la habilitación terapéutica como un proceso de duración limitada. Se consideró la validez de la norma en razón de los argumentos del precedente.20

Procedimiento penal I21

San Luis Potosí había legislado sobre la protección de personas que intervienen en el proceso penal y, sobre ello, en la Corte se generó una interesante discusión respecto si se trataba de un caso de complementación entre la ley local y la nacional. Sin embargo, finalmente la resolvió Corte que todo lo que se refiere al procedimiento penal es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.22

De igual manera, se estudió si el hecho de que este esquema de aplicación de manera exclusiva sobre delitos graves o delincuencia organizada, lo que, indicó la Corte, estaba invadiendo facultades del Congreso de la Unión y al final determinó que la norma debía ser declarada inválida.23

Procedimiento penal II24

Se analizó la hipótesis del “resguardo”. La Corte inicialmente argumentó que esta figura es similar al arraigo y, por tanto, solo está permitida a la federación tratándose de delincuencia organizada. Sin embargo, finalmente determinó que el Estado ya no tenía facultad de legislar en materia de medidas cautelares, tratándose de procedimientos penales.25

Procedimiento penal III26

La Corte analizó la reforma legislativa estatal que creó un recurso de inconformidad cuando el juez de control en materia local niega una de las medidas de protección, o a la víctima o a los testigos o, incluso, a los familiares y a cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal. Sobre ello decidió que se trata de una competencia del Congreso de la Unión, por lo que la legislación local no debe ser considerada válida.27

Sistema local de transporte28

En el presente asunto se analizaron diversas cuestiones relativas a la legislación local sobre los tipos de transporte: público, privado y, en especial, el contratado a través de plataformas tecnológicas.

Lo primero que se votó fue si el Congreso del estado tenía competencia para legislar. Sobre ello se señalaría en las discusiones que se trataba de cómo se presta un servicio de transporte en el Estado, el cual utiliza un medio de cobro y solicitud a través de una herramienta electrónica, no de un tema de comercio electrónico ni cómo opera una plataforma electrónica. En ese sentido, se trataba de una regulación para una prestación de servicio de transporte dentro del Estado.29

La segunda votación se dio sobre la afirmación de que se trataba de dos servicios diferentes, en ese sentido, se expresó en las discusiones que los requisitos que se piden para los operadores de la plataforma electrónica -como Uber- que no se piden a los taxis, no es comparable,30 por lo que el argumento de violación al principio de igualdad no resultó operable.31

Se argumentó igualmente, por parte de los proponentes del asunto, que hay una serie de medidas, como la propiedad, el año modelo o de fabricación, el número de plazas, los cinturones de seguridad y las bolsas de aire, que estaría violentando la libre competencia o concurrencia reconocida en el artículo 28 constitucional. La Corte resolvería que no es así, estas medidas son adecuadas a fin de garantizar la seguridad.32

De igual manera se argumentó, que la imposición de esta serie de requisitos planteados líneas arriba, eran contrarios al principio de irretroactividad de la ley, al ser aplicados a individuos que ya prestaban sus servicios bajo esta modalidad y que contaban, en ese sentido, con derechos adquiridos. La Corte afirmó que esto no era así, ya que tal principio se aplica a sujetos que actúan bajo una regulación previa, lo que no sucedía en este caso.33

Sistema anticorrupción34

En el estado de San Luis Potosí se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, donde se determinó un mecanismo para la designación de contralores internos municipales y sus facultades. La Corte resolvió que esta ley se hizo sin tener competencia para legislar35 sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lo que incluye los mecanismos de designación citados y la determinación de facultades. Para ello se afirmó que de acuerdo con el nuevo sistema constitucional de combate a la corrupción, se condicionó a los congresos locales para legislar hasta la existencia de las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, lo que no había sucedido cuando se emitió la ley local en estudio.36

Derecho a recurrir el fallo37

Se analizó una legislación procesal penal local,38 la cual no preveía la procedencia de algún recurso en contra de sentencias condenatorias no privativas de libertad. La Corte determinó que la legislación debía ser considerada inconstitucional pues era contraria a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual requiere que todas las personas declaradas penalmente responsables de un delito, sin importar el tipo de sanción penal, tengan el derecho a recurrir el fallo. Lo, indicó la Corte, anterior sin dejar de aclarar que estas sentencias eran recurribles igualmente mediante amparo.39

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la colaboración de los alumnos de la Facultad de Derecho de la misma Universidad: Israel Naal Zárate y Sheira Barahona Aké.


1 Acción de Inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días 27 de febrero, 2, 6, 9, 13, 16, 23 y 27 de marzo de 2017.

2 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Sesión del 13 de marzo de 2017, p. 41.

3 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada. Sesión del 16 de marzo de 2017, p. 54.

4 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 23 de marzo de 2017, p. 28.

5 El artículo señala: “Los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas, manifestaciones o reuniones que se realizan en lugares públicos deberán determinarse conforme al Reglamento.”

6 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 23 de marzo de 2017, p. 37.

7 Unanimidad de nueve votos a favor de la propuesta modificada. Sesión del 27 de marzo de 2017, p. 15.

8 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 27 de marzo de 2017, p. 36.

9 1/2015 Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional  previsto  en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promovido por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Ponente Javier Laynez Potisek. Sesionado los días 28, 30 de marzo y 3 de abril de 2017. Mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto y seis por la revocación de la totalidad de la resolución del INAI, p. 25 de la última sesión.

10 Acción de Inconstitucionalidad 60/2016. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada los días 4, 8 y 9 de mayo de 2017. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

11 Ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Internamiento preventivo. Sesión del 8 de mayo de 2017, p. 40.

12 Mayoría de seis votos en contra del proyecto. Sesión del 9 de mayo, p. 48. La norma en estudio señala: “El resguardo en su domicilio con las modalidades que el Órgano Jurisdiccional disponga”. Se trajo a la discusión la Acción de Inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013, de 20 de abril de 2015, donde se determinó que las restricciones o afectaciones a la libertad personal deben contenerse en la Constitución. Consultable en este mismo espacio: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4687#_ftnref16

13 Acción de Inconstitucionalidad 1/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada los días 12 de mayo de 2016 –ponente Min. José Ramón Cossío Díaz-; 11 de mayo de 2017. Fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

14 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 11 de mayo de 2017, p. 53.

15 Acción de Inconstitucionalidad 89/2015. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 15 de mayo de 2017.

16 Empate a cinco votos, p. 30.

17 Acción de Inconstitucionalidad 33/2015. Analizada en este mismo espacio y que puede ser observada en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5786#_ftnref3

18 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 41.

19 Empate a cinco votos, p. 44.

20 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, p. 47.

21 Acción de Inconstitucionalidad 102/2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada el 16 de mayo de 2017. Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí

22 Votación favorable, p. 15.

23 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada, p. 45.

24 Acción de Inconstitucionalidad 2/2015. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada el 16 de mayo de 2017. Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos

25 Votación favorable, p. 56.

26 Acción de Inconstitucionalidad 109/2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada el 18 de mayo de 2017. La misma decisión se dio en razón de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2015, sesionada el mismo día, con la única diferencia que se trataba de otro Estado, en este caso Zacatecas.

27 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, p. 15.

28 Acción de Inconstitucionalidad 63/2016. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días 22, 23 y 25 de mayo de 2017.

29 Ocho votos a favor de la propuesta. Sesión del 22 de mayo de 2017, p. 57.

30 Sesión del 22 de mayo de 2017, p. 60.

31 Ocho votos en contra del parámetro de comparación. Sesión del 22 de mayo de 2017, p. 61.

32 Mayoría de cinco votos por el reconocimiento de validez de la fracción VIII y las porciones normativas de la fracción IX del artículo 40 sexies. Sesión del 23 de mayo de 2017, p. 48.

33 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta. Sesión del 23 de mayo de 2017, p. 51.

34 Controversia Constitucional 76/2015. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 29 de mayo de 2017.

35 Se utilizaron como antecedentes las Acciones de Inconstitucionalidad 58, 56 y 30 de 2016.

36 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 29 de mayo de 2017, p. 16. De igual manera se resolvió la Controversia Constitucional 12/2016, sesionada el mismo día.

37 Contradicción de Tesis 190/2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sesionada el 30 de mayo de 2017.

38 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos.

39 Votación favorable, p. 8.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

derechos

Derecho de acceso a la tutela judicial efectiva1

En este asunto se analizaría si es correcta la determinación del juez de no tener por presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión y queja, cuando no se ha cumplido con el requerimiento judicial de anexar las copias de traslado correspondientes. ¿Esta determinación estaría vulnerando el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva?

Se definiría por el máximo tribunal mexicano, que no hay afectación. La Corte no consideró este formalismo como un sin sentido, porque su objetivo es garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. Sin embargo, para determinar por parte del juez la no presentación, debe existir un apercibimiento previo –tres días al día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva-. Con ello el juzgador se puede hacer de los elementos suficientes para ejercer su función, el interesado corregir su error y las partes, preparar su defensa2.

Reglas del debido proceso3

¿La celebración de diligencias en días que la Ley de amparo señala como inhábiles da lugar a que se reponga el procedimiento por violaciones esenciales al mismo? Se resolvería que sí, cualquier actuación realizada en esos días, daría lugar a la citada reposición4.

Vista por la posible comisión de un delito5<

Ante la posible actualización de los delitos indicados en la Ley de amparo6, la pregunta era si debía darse vista al ministerio público, ya que era parte del juicio de amparo y tenía a su alcance las constancias documentales. La Corte definiría que sí existe la obligación de la vista, considerando que el ministerio público como parte del juicio se encuentra en su personalidad de representante de los intereses de la Constitución, no en la de persecutor de los delitos o función investigadora7.

Sistema educativo mexicano8

Calidad. La ley local definía el concepto de “calidad” para efectos del sistema educativo, incluyéndose elementos como relevancia, impacto y suficiencia, e igualmente excluyendo elementos básicos como la congruencia entre los elementos del sistema educativo. Sobre ello la Corte definiría que la legislatura local fue más allá de lo definido en el sistema constitucional, por ello invadiendo competencias y los términos de la Ley general de educación, al igual que carecía de facultad para modificar los criterios que guían el sistema educativo nacional9.

Educación preescolar. Primer tema: Atribuciones que le competen a la federación, en el sentido que la ley local estaba previendo el establecimiento del calendario de educación preescolar, lo cual diría la Corte, de acuerdo con el marco constitucional que definió la competencia a la Ley general de educación, no podía ser legislado por los congresos locales, en ese sentido, debía considerarse inconstitucional. En el segundo tema, la legislatura estaba igualmente arrogándose la facultad de autorizar el material educativo para la educación preescolar, que en la misma línea de argumentación del primer tema, debía entenderse como una facultad exclusiva de la ley general10.

Educación a distancia. En las modificaciones realizadas, se determinaba que en la búsqueda de la equidad en la educación las autoridades del ámbito estatal y municipal debían establecer y fortalecer los sistemas de educación a distancia, que para ello, y aquí radicaba el problema –denominado “centrípeto” por el ponente- determinara la autoridad educativa federal. De acuerdo con la Corte esta determinación competencial era inconstitucional, porque se trata de una facultad que le corresponde a cada autoridad en su respectiva competencia, por lo que la referencia a la autoridad federal no debía ser así, sino se debía considerar una competencia de las autoridades locales11.

Servicio profesional docente, derechos adquiridos. El nuevo marco local hacía un compromiso de reconocimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación y las promociones adquiridas. A ello determinaría la Corte que era inconstitucional regular derechos adquiridos no reconocidos en el nuevo marco constitucional del sistema educativo mexicano12.

De igual manera, en el cambio normativo se estaba condicionando la readscripción a prestaciones laborales adquiridas, lo que la Corte determinó debía ser juzgado en el mismo sentido de la hipótesis anterior13.

Permanencia y evaluación. La norma en estudio estaba determinando fechas para las cuales el personal con nombramiento provisional se habilitaba para la presentación de evaluaciones a fin de alcanzar su definitividad. Al regular cuestiones afines a la permanencia y evaluación, estaba ejecutando competencias que no le eran propias, por lo que debía considerarse inconstitucional, en términos del razonamiento de la Corte14.

Policías en el nuevo sistema penal15

Una reforma constitucional local determinó que la función de las policías en el tema de la investigación de los delitos era la de auxilio al ministerio público. La Corte determinaría que esa función de auxilio, pertenecía al modelo anterior al sistema penal acusatorio adversarial actualmente en operación en México y que con este nuevo sistema, la relación entre el ministerio público y las policías, y la función de estas últimas en la persecución de los delitos había cambiado. Ahora ambos órganos eran responsables de ello y la policía actuaba bajo la conducción del ministerio público16.

Libertad laboral y pensiones17

Se estaba condicionando la obtención de la pensión o jubilación al hecho de haber laborado en el ente público en el que se soliciten al menos cincuenta por ciento del período de antigüedad que se manifiesta en la solicitud. Asimismo, se señalaba que se viola el derecho de libertad de trabajo al obligar a permanecer con un mismo patrón.

La Corte afirmaría que la pensión por jubilación o pensión para la vejez se otorgan en atención al trabajador y al tiempo que ha laborado, no en relación al patrón y los beneficios aportados por éste. De igual manera cualquier afectación a las pensiones de los trabajadores, solo se puede hacer por causas directamente imputables a los mismos trabajadores. En ese sentido el tiempo mínimo requerido es lesivo, al imponer requisitos ajenos al trabajador, al igual que violenta la libertad de trabajo, al obligarlo a renunciar a ella18.

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la colaboración de la Licda. Cheryl Ivonne Arce Pacheco, egresada de la Facultad de Derecho de la UAC. www.victorcolliek.com


1 Contradicción de Tesis 164/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 2 de febrero de 2017.

2 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada el proyecto, p. 31.

3 Contradicción de Tesis 304/2014. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada el día 7 de febrero de 2017.

4 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 26.

5 Contradicción de Tesis 204/2016. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada los días 7 y 9 de febrero de 2017.

6 Artículo 261.

7 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta modificada. Sesión del 9 de febrero de 2017, p. 12.

8 Controversia Constitucional 62/2014. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 13 de febrero de 2017. Ley de Educación para el Estado de Baja California.

9 Unanimidad de once votos a favor de la propuesta modificada, p. 12.

10 Unanimidad de once votos a favor de la propuesta modificada, p. 21. Una reflexión importante se daría sobre el confronte normativo y la relación de la Carta Fundamental con las Leyes Generales –como la de educación-, en el sentido de que si bien es la Ley General de Educación donde se hace la especificidad de la facultad de la federación, es en la Constitución donde se genera esta facultad, por lo que el contraste es con la Norma Fundamental.

11 Votación favorable, p. 23.

12 Votación favorable, p. 39.

13 Votación favorable, p. 40.

14 Votación favorable, p. 41.

15 Acción de Inconstitucionalidad 134/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada los días 16 y 20 de febrero de 2017. Leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, Fiscalía y reformas a la Constitución del Estado de Jalisco.

16 Sesión del 20 de febrero de 2017, votación favorable, p. 18.

17 Acción de Inconstitucionalidad 138/2015. Ponente Min. Eduardo Medina Mora. Sesionada el 23 de febrero de 2017. Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

18 Unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 13.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

derechosElectoral1

Se analizaron entre diversos temas electorales,2 los siguientes: La legislación local preveía la integración del tribunal electoral local por cinco magistrados numerarios y hasta por tres magistrados supernumerarios, con un nombramiento de siete años. Estos últimos nombrados por el Congreso del estado, al igual que se definía la función que cumplen y el plazo para hacer el nombramiento.

La Corte determinaría que esto es inconstitucional, ya que la facultad de nombrar a los magistrados electorales que conformarían efectivamente el pleno del tribunal electoral, reside exclusivamente en el Senado.3

Se analizaban dos supuestos. Primero, los ciudadanos y candidatos promoverán los medios de impugnación por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna. Segundo, los candidatos independientes promoverán los medios de impugnación a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos a los que se encuentren acreditados ante el Instituto Estatal Electoral.4

La Corte definiría que sobre lo primero, no vería una justificación para continuar con un impedimento para que los candidatos o los ciudadanos puedan acudir a los medios de impugnación sin posibilidad de ser representados. Mientras que sobre el segundo supuesto lo encontró viable.

Sobre el desechamiento del escrito de tercero interesado si no señala domicilio para oír notificaciones. La Corte haría una interpretación en el sentido de que en este caso, las notificaciones se realizarían por estrado.5

Acerca de las notificaciones en los medios de impugnación. Primer tema: El que se entiendan las notificaciones personales únicamente cuando estén previstas en las leyes aplicables, ¿limita el principio de certeza? Se establecería que es parte de la libertad de configuración, que el legislador local establezca cuándo se trata de notificaciones de este tipo.6

Segundo tema: El hecho de que se determine la notificación de únicamente los puntos resolutivos y por estrado de una sentencia, ¿afecta derechos de acceso a la justicia, certeza y legalidad? Se resolvería que no, especificándose que la sentencia estaría a disposición del interesado para su lectura completa. Lo anterior, con independencia de la solicitud de copias, pero el no poder acceder a la misma por motivo de no estar el expediente o no estar firmada la sentencia, se definiría como denegación de la justicia.7

Tercero: Suponer la notificación automática al partido, candidato, coalición, organización o asociación política, cuyo representante haya estado presente en la sesión que emitió el acto, ¿vulnera los principios de certeza y legalidad? La Corte entendía la dificultad de conocer las argumentaciones de un acto, en especial aquellas relativas a órganos colegiados, donde inclusive estas argumentaciones pueden evolucionar en razón de la sesión donde estaría siendo estudiada dicha resolución. En ese sentido, como en el caso anterior, haría una interpretación donde se le permitiera tener acceso a dicha resolución completa.8

Protección a periodistas9

Lo primero que decidiría la Corte —siguiendo asuntos ya resueltos sobre este tema10— es que los Congresos locales no tienen competencia para definir lo que es la libertad de expresión, ya que esto es materia exclusiva del Congreso de la Unión.11

En un segundo punto, la ley concebía dos personas: por un lado, al colaborador o colaboradora periodista y, por el otro, al periodista –en especial se analizaría el criterio de permanencia como elemento de este último-. Se definiría que tal criterio no debería de verse como esencial, sino complementario a los demás que la propia ley indicaba, evitando con ello un trato diferenciado entre el colaborador y el periodista y logrando, entonces, una visión integradora de ambas figuras.12

Otro argumento analizado fue el de la acreditación de periodista para poder acceder a las medidas de protección. La ley en estudio afirmaba que la manera de hacer esto era con la simple remisión a la labor que realiza. Esto la Corte lo determinó válido.13

Un tercer argumento residía en el mecanismo para apartarse de las medidas de protección otorgadas, el cual se encontraba en la simple solicitud escrita por parte del periodista; esto se consideraba lesivo de la seguridad jurídica, al no requerir ninguna verificación de la autoridad sobre las causas de dicha solicitud, al igual no pedir ratificación personal de la solicitud hecha.

Sin embargo, la Corte determinaría que el mecanismo de renuncia de las medidas, implicaba todo un procedimiento que incluía evaluación previa de las razones de la solicitud en compañía de los beneficiarios y la ratificación de dicha solicitud.14

Aplicación incompleta de la jurisprudencia, ¿tema de constitucionalidad?15

En este asunto se discutiría si el hecho de que un Tribunal Colegiado no aplicara en toda su extensión la jurisprudencia de una de las Salas de la Corte, debía ser considerado un tema de constitucionalidad o legalidad. Lo anterior, a fin de determinar si podía ser analizado a través de una revisión en amparo directo y derivado de un estudio oficioso en suplencia de la queja.

En la jurisprudencia referida,16 se determinaban los efectos y alcances de no respetar el derecho a la defensa, a través de interpretar el artículo 20 constitucional.

El Tribunal Colegiado había declarado que una persona no había estado asistida por un abogado –sino por alguien de confianza- y, con ello, había invalidado la declaración ministerial donde esta circunstancia se había dado, pero no había hecho la declaración de invalidez de las pruebas obtenidas como consecuencia de ello, como sí determinaba la jurisprudencia de la Corte.

La Corte definiría que sí se trataba de un tema de constitucionalidad.17 De igual manera se verificaría si el hecho de que la legislación en estudio no definía la expresión de “estado de ebriedad”, implicaba una violación al principio de legalidad de las normas penales en su vertiente de taxatividad. Sin embargo la Corte definiría que la expresión analizada se puede entender en su estricta legalidad y además, no generaba una incertidumbre o indefensión.18

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de Israel Neftalí Naal Zarate alumno de la licenciatura en Derecho de la UAC.


1 Acción de Inconstitucionalidad 94/2016 y sus acumuladas. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 3 de enero de 2016. Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

2 Por cuestión de espacio, se eligieron los temas que se consideraron más importantes, en especial aquellos que no habían sido analizados en asuntos previos.

3 Mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 27.

4 Unanimidad de diez votos por la validez (prohibición a candidatos) y mayoría de 9 votos por la invalidez (candidatos independientes), p. 37-38.

5 Mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 55.

6 Votación favorable, p. 61.

7 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 76.

8 Mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada, p. 83.

9 Acción de Inconstitucionalidad 84/2015. Ponente Min. Margarita Beatriz Luna Ramos. Sesionada el 12 de enero de 2017.

10 Puede verse el tema “protección a periodistas” en este mismo espacio: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6177

11 Unanimidad de votos en el sentido de la invalidez de la norma estudiada, p. 9.

12 Sobre colaborador, la votación fue: 8 votos a favor. Sobre periodista, la votación fue: 7 votos. Página 20-21.

13 Mayoría de 8 votos a favor de la propuesta, p. 26.

14 Mayoría de diez votos a favor del sentido del proyecto, p. 59.

15 Amparo en Revisión 901/2015. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionado los días 8 de diciembre de 2016. 9, 16, 19 y 23 de enero de 2017. (Revisión en Amparo Directo) Se analizaba el artículo 242, fracción I del Código Penal para el Distrito Federal.

16 Se traerían a la discusión asuntos resueltos en las Salas, pero a diferencia de ellos donde la jurisprudencia se cumplía cabalmente, en este, el Tribunal Colegiado no había dado todo el alcance a la interpretación de la Corte.

17 Por una mayoría de seis votos a favor de la propuesta, se decidió que se trataba de un tema de constitucionalidad y por tanto motivo de estudio por la vía de Revisión de Amparo Directo. Sesión 16 de enero de 2017, p. 16. De igual manera se decidiría que para la toma de muestras biológicas no era necesaria la presencia de un abogado o persona de confianza, sobre ello, ver la intervención del Ministro Presidente en la sesión del 23 de enero de 2017, p. 74.

18 Unanimidad de once votos a favor de la propuesta del proyecto. Sesión del 8 de diciembre de 2017, p. 58.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Inconstitucionalidad de la Ley de amparo1

A través de la existencia de una contradicción de criterios sobre quién tendría la facultad para ello, se preguntaría la Corte mexicana, ¿cuándo le corresponde conocer y resolver los recursos en los cuales se cuestione la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de amparo?

El ponente prometiendo refinar la terminología para evitar desdén de la importancia del estudio en esta dimensión del procedimiento de defensa de derechos humanos de las personas, expondría tres vías. Primera, cuando se trata de un recurso de su competencia originaria o exclusiva. Segunda, cuando haya ejercido la facultad de atracción. Tercera, cuando haya reasumido su competencia originaria. En ese sentido, en los demás casos corresponde decidir a los tribunales colegiados de circuito.2

Servidores públicos. Atención de las necesidades primarias3

Este asunto analizaba si en la legislación actual de responsabilidades de los servidores públicos, la suspensión del cargo a uno de ellos, derivado de la existencia de un procedimiento de responsabilidad, genera necesariamente la orden de retención de los salarios que le deberían de corresponder.

La Corte, en una primera sesión discutiría sobre si la legislación en estudio debía ser declarada inconstitucionalidad por afectar el principio de presunción de inocencia, sin embargo, después de desechar el primer proyecto, decidiría por medio de una interpretación conforme, que el artículo es constitucional, lo que significa leerlo en términos de estar permitiendo recibir una cantidad en numerario, para atender las necesidades primarias del servidor público investigado.4

Sistema anticorrupción. Legislaciones locales5

El asunto sigue la misma suerte que dos anteriores resueltos en septiembre de 2016,6 donde una entidad federativa realizó una serie de modificaciones al sistema anticorrupción, cuando aún no han sido emitidas las legislaciones generales marco del Congreso de la Unión, las cuales servirían de base el desarrollo de todo este sistema a nivel nacional. En ese sentido se entiende que los Congresos locales, hasta en tanto no exista ese marco general, están imposibilitados a realizar cambios. En consecuencia, la legislación modificada se consideró inconstitucional.7

Reconocimiento de la identidad y gratuidad de las actas de nacimiento8

Se dieron una serie de modificaciones de leyes de ingresos de diversos municipios, donde se establecieron derechos por el registro de nacimiento y expedición de la primera acta de nacimiento. La diversidad de marcos jurídicos en estudio, lógicamente implicaban la diversidad de hipótesis para estos supuestos de servicios prestados por los registros civiles, tales como: horas hábiles, registro y expedición de actas por urgencia, fuera de horario laborable, horarios extraordinarios o solicitud de servicio fuera de las oficinas.

La Corte para definir el asunto atendería al texto del artículo 4º constitucional donde resumiría lo siguiente: todas las personas tienen derecho a la identidad y a ser registradas inmediatamente a su nacimiento; el Estado debe garantizar este derecho; la primera copia certificada del acta de nacimiento debe ser gratuita; las entidades federativas deben atender a esta exigencia constitucional.9

Se podría extraer de la resolución de la Corte que la regla básica es la gratuidad del servicio, de la expedición de la primera acta de nacimiento y el registro inmediato, salvo aquellos casos en donde sea necesaria la existencia de una prestación por la existencia de un servicio adicional –como por ejemplo el servicio fuera de las oficinas en concreto, sin afectar la gratuidad e inmediatez de la inscripción y primera acta de nacimiento- a fin inclusive de tener una compensación por el costo de estos servicios al municipio.10

Otra hipótesis era el establecimiento de un término máximo -180 días- para el registro y expedición de la primera acta de nacimiento, fuera del cual, al considerarse extemporáneo se tendría que hacer un cobro, al igual que generar una multa a los padres por no haber realizado esto dentro del término especificado. Lo anterior no sería aprobado por la Corte, precisamente al afectar la gratuidad señalada.11

Tutela judicial efectiva12

En el amparo, en contra de la resolución de la suspensión provisional procede el recurso de queja. Mientras que al encaminarse contra la decisión sobre la suspensión definitiva procede el recurso de revisión. Pero, ¿cómo debe reaccionar un tribunal si se promueve el primer recurso indicado en contra del dictamen de la suspensión definitiva? ¿Acaso en nombre de la tutela judicial efectiva, en relación al impedimento de su desarrollo por formalismos jurídicos, debe el tribunal colegiado dar entrada a la petición y enderezar el procedimiento, máxime que es competente para resolver ambos recursos?

La Corte resolvería que los supuestos de procedencia de ambos recursos, ha quedado claro desde la existencia de la anterior Ley de amparo, hecho que retoma en el mismo sentido la ley actual. De igual manera, en un caso como el que presenta las interrogantes, se cae en la interposición de un recurso improcedente, lo que lleva a que dicha interposición se califique de inadmisible, no pudiendo, en este sentido, ser encausada por el tribunal colegiado respectivo.13

Autonomía municipal. Ingresos14

Se analizaron dos temas sobre la ley estatal de aguas. Primero, indicaba que las escuelas y hospitales públicos no serían cobrados por los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que se consideraban bienes de dominio público. Esta determinación fue considerada inconstitucional, ya que afectaba el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales , el cual se encuentra establecido para atender sus necesidades y responsabilidades públicas .

El segundo tema giraba en torno a la imposibilidad del municipio, de cobrar el servicio de agua potable, cuando se diera una reducción del suministro a 200 litros por motivo de no haber pagado por el mismo en tres meses consecutivos. Esta hipótesis se daba al servicio doméstico. En ese sentido, contemplaba la norma que mientras el usuario no decidiera regularizarse, el municipio no tendría posibilidad de recuperación por el servicio. La Corte decidiría que esta medida es inconstitucional, ya que limita al municipio en sus ingresos, afectando el principio de reserva de fuentes de los mismos.17

Acceso a la información pública. Información reservada18

Se hizo una solicitud mediante el sistema respectivo, para que entre otras interrogantes, se respondiera por parte del CISEN lo siguiente: “¿Cuántas personas o dispositivos fueron intervenidos en sus comunicaciones privadas por parte de esta dependencia en el año 2014?”.

Como efecto de la negativa a responder por parte del CISEN, el INAI resolvió que debía localizarse la información estadística que diera contestación a lo solicitado. Esta decisión fue recurrida por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal ante la Corte, motivo del asunto ahora en estudio.

El punto importante parte del hecho de que la ley respectiva, indica que es información reservada toda la relacionada con materiales, procesos, métodos o tecnologías utilizadas por el CISEN, o el producto o material de ejecución de una intervención.

No es el caso presente, afirmaría la Corte, ya que se trata de información estadística y en consecuencia, debía otorgarse por parte del CISEN, sin embargo enfatizó el máximo tribunal de México, la decisión no podía considerarse en generalidad, sino debía para asuntos futuros, observarse caso a caso, y ponderando el problema de concatenación de información, que al inicio aislada pero posteriormente unida a otro tipo de información, pudiera afectar la seguridad nacional.19

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del cuerpo académico: derechos humanos y problemas constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de Israel Neftalí Naal Zarate y Sheira Barahona Aké, ambos alumnos de la licenciatura en derecho de la UAC. www.victorcolliek.com


1 Contradicción de Tesis 361/2015 Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 3 de noviembre de 2016.

2 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada, p. 41.

3 Contradicción de Tesis 311/2015. Ponentes: del primer proyecto Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y, del segundo proyecto Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días: 16 de junio de 2016 y 14 de noviembre de 2017.

4 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Sesión del 14 de noviembre de 2016, p. 13.

5 Acción de Inconstitucionalidad 30/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 17 de noviembre de 2016.

6 Se puede observar el sentido de estos dos asuntos en el informe preparado por esta columna en septiembre de 2016, consultable en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6203

7 Unanimidad de votos en sentido de la propuesta del proyecto, p. 30.

8 Diversos asuntos. Primero. Acción de Inconstitucionalidad 3/2016. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada los días 17 y 22 de noviembre de 2016.

9 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada, sesión del 22 de noviembre de 2016, p. 8.

10 Esto fue en la Acción de Inconstitucionalidad 36/2016. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el 22 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos a favor del proyecto, p. 36.

11 Unanimidad de votos en el sentido del proyecto, a excepción del artículo 23 de la ley en estudio, donde hubo mayoría de nueve votos, p. 23. En este caso se trató de la Acción de Inconstitucionalidad 7/2016. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 22 de noviembre de 2016.

12 Contradicción de Tesis 256/2015. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el jueves 1 de diciembre de 2016.

13 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 21.

14 Controversia Constitucional 48/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el jueves 1 de diciembre de 2016.

15 La Constitución mexicana en su artículo 115, párrafo segundo indica: “Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.

16 Votación favorable, p. 26.

17 Mayoría de cinco votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 57. En las discusiones se da una dinámica reflexiva sobre el impacto que tiene la disposición del agua potable, referida a los 200 litros, sobre el derecho al agua reconocido constitucionalmente.

18 Recurso de Revisión en materia de seguridad nacional 1/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionado el día 5 de diciembre de 2016.

19 Mayoría de diez votos a favor del sentido del proyecto, p. 37.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Electoral. ¿Se pueden revisar por controversia constitucional las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?1

Un municipio de Oaxaca, conformado por una comunidad indígena, en 2013 eligió a sus concejales en una asamblea general de 758 personas, esto en línea con sus usos y costumbres. Esta determinación fue validada por el Instituto Electoral del estado.

En 2014, como efecto de otra asamblea general —ahora integrada por 335 personas— una nueva votación, primero aceptó la renuncia de algunos concejales y luego destituyó prácticamente a todos —interrumpiendo el plazo para el que habían sido originalmente nombrados—, a lo que se hizo una propuesta para  nombrar a nuevos concejales, solo que en este caso el Instituto Estatal Electoral ya no validó la designación de los nuevos concejales.

A partir de aquí se inició una línea de impugnaciones ante autoridades judiciales electorales. Primero ante el tribunal electoral local, el que —echando abajo la decisión del Instituto— declaró válida la elección. En segundo lugar, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que revocó la sentencia y restituyó en el puesto a los concejales iniciales. Por último, ante la Sala Superior, que revocó la decisión de la Sala Regional y solicitó la entrega de las constancias de validez de los nombramientos de los nuevos concejales.

Este fue un asunto particularmente interesante que tenía en la mesa de discusión, la definición clara de la naturaleza de la controversia constitucional como procedimiento para atender temas competenciales; y no como una instancia más que permitiera analizar una sentencia, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido se dialogaba que el medio para permitir a la controversia constitucional analizar una sentencia —según las discusiones de los ministros—, era exclusivamente que se tratara de verificar a la sentencia como emitida fuera de la competencia del tribunal emisor, pero no analizar el fondo de la misma.

En el presente caso, dejando claro que lo impugnado era la sentencia de la Sala Superior, había que definir si se estaba pidiendo el análisis del fondo de dicha sentencia —lo que convertiría a esta controversia constitucional en una tercera instancia— o, si se estaba solicitando analizar la sentencia como una expresión de la Sala Superior fuera de sus competencias constitucionales. Para ello había que tener en cuenta que la Sala Superior, al darle resolución al asunto, definía que el mismo era de naturaleza electoral.

La propuesta del ministro ponente en ese sentido, radicaba en definir, por parte de la Corte como tribunal constitucional mexicano, si esta calificación de electoral se había dado de manera adecuada, por lo que se solicitaba darle entrada y estudiar en el fondo.

Sin embargo, al final se decidió sobre declarar improcedente la controversia constitucional estudiada. Los argumentos que se esgrimieron, se dieron alrededor de considerar que el marco constitucional había definido dos cosas: primero, que las vías para analizar la constitucionalidad de la materia electoral por parte de la Corte, eran la acción de inconstitucionalidad y la contradicción de tesis, y que no podía hacerse por medio de controversias constitucionales o amparo. Segundo, la Sala Superior era la autoridad jurisdiccional máxima y especializada en materia electoral, cuyas decisiones eran definitivas e inatacables.2

Trato Igual. Pensiones3

El argumento analizado partía de la obligación que la legislación local imponía a los trabajadores ya pensionados, de aportar un porcentaje de dicha pensión al fondo respectivo, por lo que se solicitaba a la Corte verificar si esto no estaba provocando un trato igual a individuos en situaciones diferentes, tal y como lo había resuelto en asuntos pasados.4

Al tenor del sentido anterior, se podían concluir dos argumentos: el primero era la imposición de una cuota doble a los trabajadores ya no en activo y; segundo, el descuento implicaba considerar la pensión como un salario, lo que se afirmaba por los proponentes, no debía ser considerado así, ya que los trabajadores no estaban en condiciones de laborar para seguir aportando.

La Corte, siguiendo su línea jurisprudencial, determinaría que la norma efectivamente imponía un trato igual a trabajadores que estaban en condiciones diferentes. Equiparar a los trabajadores en activo con los pensionados, implicaba una carga monetaria devenida de un salario, lo que no era el caso caso de estos últimos, y no existía una razón válida o argumentación constitucional para permitir realizar esta carga.5

Congreso de la Unión. Facultades exclusivas. Material penal, medios alternos.6

En este asunto se analizaba, si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para agosto de 2015, poseía la facultad para modificar el marco normativo sobre medios alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia penal para adolescentes, visto el periodo de transición que llevaría a la implementación del sistema nacional en estas materias.

La Corte definiría que no, el Congreso de la Unión tenía facultades exclusivas en razón de la existencia de dos reformas al artículo 73 constitucional, fracción XXI: el 9 de octubre de 2013, para la materia de medios alternativos de resolución de conflictos y; el 3 de junio de 2015, para el caso del sistema de justicia penal para adolescentes, el que implicaba igualmente medios alternos.

Debido proceso, transparencia y régimen fiscal7

En este asunto se analizaron tres aspectos. PRIMERO. La ley de amparo contempla lo que se podría pensar —guardadas las proporciones— como una “excepción al principio de agravio directo y actual” para la procedencia del juicio de amparo directo, porque se otorga la posibilidad, mas no la obligación de cuestionar la constitucionalidad de normas generales, cuando se obtiene una sentencia favorable, pero se desea combatir esas normas. Específicamente se estaba analizando la fracción II del artículo 170 de la citada ley.

De acuerdo con el supuesto de la ley, diría el ponente de este asunto, “implicaría obligar a los particulares: primero, a revisar reiteradamente si la autoridad interpone o no el recurso de revisión administrativa; segundo, a promover el amparo cautelar y tener mucho cuidado de hacerlo dentro de los tiempos exigidos por la Ley de Amparo en contra de una secuela procesal cuyo resultado le ha sido totalmente favorable; y —sobre todo— a realizar un ejercicio especulativo, pues tendrían que adivinar una posible interpretación novedosa por parte del tribunal colegiado para enderezar contra ella conceptos de violación en materia de constitucionalidad de normas.”

En ese sentido, diría la Corte, se debe entender este supuesto como una ventaja del particular para inconformarse con normas que pueden resultar lesivas. Ahora para determinar si la resolución original fue favorable, se debe en última instancia, atender a la interpretación más favorable y darle trámite a la demanda de amparo, no considerando que precluyó el derecho a promover el juicio de amparo.8

SEGUNDO. La ley de amparo habla de la obligación por parte de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados de circuito, de publicar los proyectos de sentencia.9 Sin embargo, se argumentaba que la normatividad no indicaba la manera de hacer la publicación, ni las consecuencias de no hacerlo, lo que afectaba derechos de legalidad y seguridad jurídica.

A lo anterior, la Corte resolvería que se ha interpretado este precepto de obligación de publicación de sentencias, con un fin de transparentar la función jurisdiccional y no con el objetivo de otorgar mayor seguridad o certeza jurídica a los particulares.10

TERCERO. Debe tomarse en cuenta que la empresa promotora del amparo en estudio, se dedica a la comercialización de productos que considera alimenticios, los cuales a su parecer, deben ser gravados a tasa 0% y no con la tasa general del 16%. Como consecuencia de ello, solicitaba la devolución de la cantidad del impuesto al valor agregado.

En este orden de ideas, se estaba solicitando valorar la normatividad que se refería al calculo de la tasa del 0%, al igual que a la afirmación de que los productos que comercializaba debían ser valorados en el 16% por ser suplementos alimenticios y no propiamente alimentos.

La Corte argumentaría que el marco jurídico es adecuado, ya que no se puede exigir al legislador una lista exhaustiva de los productos considerados alimentos, al igual que no es posible igualmente exigirle las razones por las que decidió no poner a tasa 0% los suplementos alimenticios, más allá de lo expuesto por él acerca de apoyar al sistema alimentario mexicano y reducir el impacto de los precios en el público consumidor. Igualmente, el sentido de la norma es apoyar a los productos que aporten nutrientes de manera directa, sin mezcla ni transformación, como argumentaba el quejoso.11

Laboral. Instituciones de seguridad pública.12

El objetivo del asunto era definir si en los cuerpos de seguridad pública, en el marco de un procedimiento administrativo de separación del cargo, por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia, procede la suplencia de la deficiencia de la queja indicada en la ley de amparo.13 La interrogante partía de la naturaleza administrativa de la regulación de la relación empleador-empleado y no laboral.

El problema se entiende más si se considera que en la anterior ley de amparo, esta esta suplencia no se aceptaba en razón, precisamente, de esta naturaleza normativa no laboral.

Sin embargo, con la nueva ley de amparo la redacción se cambió para aceptar la suplencia, con independencia de si la relación es administrativa o laboral.

En tal sentido, diría la Corte, es aplicable el supuesto de suplencia en este caso, ya que los integrantes de estas instituciones de seguridad, se reconocen como sujetos al servicio del Estado y la protección de sus derechos se encuentran contemplados en el 123 constitucional.14

Electoral local15

Se analizaba el código electoral de Coahuila, en vista de la extensión de lo resuelto, exponemos algunos de los puntos estudiados.

Primero. Suspensión de los derechos político-electorales. El legislador estableció un impedimento para votar, cuando se está sujeto a proceso penal con efectos a partir del dictado del auto de vinculación a proceso, a pesar de que la persona inculpada no esté privada de la libertad. La Corte resolvería de acuerdo a su jurisprudencia, que debía considerarse válido, en la interpretación de que el sujeto esté recluido, ya que de estar en libertad, podría votar.16

Segundo. Se establecía un plazo de separación del cargo de presidentes municipales e integrantes de ayuntamiento en caso de reelección. Básicamente se resolvería que la norma debe considerarse válida siempre que se entendiera que no opera para la reelección.17

Tercero. Declaración de tres de tres y pruebas de confianza (no antecedentes penales y antidoping). Se estableció como requisito de elegibilidad para ser gobernador, diputado local o integrante del ayuntamiento, presentar declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así como carta de antecedentes penales y certificado médico de la prueba antidoping. En términos generales se definiría que estos no están comprendidos ni derivan de los requisitos de elegibilidad y no es constitucional que se exijan estos documentos. Sobre la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, se desestimaría.18 Carta de antecedentes no penales, se declaró inválido.19 Certificado médico de la prueba antidoping, se determinó igualmente inválido.20

Cuatro. Esta parte estaba compuesta de cuatro apartados, pero que al final sólo se discutieron dos debido a la votación en bloque. A. Condiciones adicionales para la reelección de diputados locales. De acuerdo con lo decidido, las legislaturas de los estados tienen libertad de configuración para determinar estos requisitos, con excepción de la elección consecutiva por cuatro periodos; la postulación hecha por el mismo partido o cualquier de los integrantes de la coalición, salvo renuncia o pérdida de la militancia antes de la mitad de su mandato.21 B. Condiciones adicionales de reelección de integrantes de ayuntamientos. Es válido sostener una regla implícita en el 115 constitucional sobre que los integrantes del ayuntamiento que se quieran reelegir podrán hacerlo mediante candidatura independiente, siempre que haya sido electo mediante tal mecanismo de participación política.

Quinto. No se garantiza la paridad de género horizontal en la integración de ayuntamientos, al establecerse como obligatorio dividir los municipios en cuatro bloques y registrar al menos el cuarenta por ciento de las postulaciones de un género distinto. A ello la Corte definiría que no hay disposición expresa para las entidades federativas para la conformación de candidaturas, aunque sí una directriz para promover y garantizar la paridad de género en la postulación de los candidatos a los cargos de elección popular, además los institutos electorales tienen la facultad para rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, al igual que dar un plazo improrrogable al partido para su sustitución.22

Sexto. Elecciones concurrentes. La ley en estudio determinó que todas las elecciones concurrentes con las elecciones federales se realizarán el primer domingo de julio. Sin embargo, diría la Corte, el mandato constitucional es que en estos casos, deberá darse la elección el primer domingo de junio a partir de 2015, con excepción de 2018 que deberá ser el primer domingo de julio, por lo que la norma debe ser considerada inválida.23

Séptimo. Omisión de regular convenios de participación entre partidos y agrupaciones políticas. Sin embargo, indicaría la Corte que respecto de agrupaciones políticas estatales, existe libertad de configuración de las legislaturas locales.24

Octavo. Deficiente regulación sobre la realización de debates que organicen los medios de comunicación entre todos los candidatos registrados al mismo cargo de elección popular, lo que podría llevar a una adquisición indebida de tiempo o cobertura informática. De acuerdo con la Corte no existe confusión, ya que la disposición local debe observarse sistemáticamente con la legislación general, en el sentido de que existe libertad para los medios de comunicación nacional y local en torno a la organización de debates, siempre que se cumplan con determinados requisitos y en este caso, se comunique a los institutos electorales nacional y/o local.25

Noveno. Financiamiento público estatal condicionado a contar por lo menos con un representante en el Congreso local. Se argumentaba la necesidad de esta representación además de haber conservado el registro de partido político. La Corte indicaría que la normatividad es adecuada, ya que en ella se reguló el financiamiento de los partidos políticos locales en los mismos términos que la legislación general.26

Décimo. Haber de retiro para los magistrados electorales locales. Esto se encuentra en la libertad de configuración de las legislaturas locales, indicaría la Corte.27

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de Israel Neftalí Naal Zarate alumno de la licenciatura en Derecho de la UAC. www.victorcolliek.com

 


1 Controversia Constitucional 32/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada los días 3 y 6 de octubre de 2016.

2 Mayoría de siete votos en contra del proyecto y por la improcedencia de la controversia constitucional. Sesión del 6 de octubre de 2016, p. 34.

3 Acción de Inconstitucionalidad 121/2015. Ponente Min. Margarita Beatriz Luna Ramos. Sesionada el 13 de octubre de 2016. Ley de Pensiones para los integrantes de las Instituciones Policiales de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

4 Acción de inconstitucionalidad 101/2014 — se puede ver un resumen en el informe de agosto de 2015 y – la Acción de inconstitucionalidad 19/2015.

5 Mayoría de nueve votos, p. 32.

6 Acción de Inconstitucionalidad 90/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el 13 de octubre de 2016. Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Votación favorable, p. 50.

7 Amparo Directo en Revisión 1537/2014. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionado los días 21 de abril y 17 de octubre de 2016.

8 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta, p. 18.

9 Artículo 73 segundo párrafo.

10 Unanimidad de nueve votos a favor, p. 21.

11 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, p. 25.

12 Contradicción de Tesis 228/2014. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada el 20 de octubre de 2016.

13 Específicamente la indicada en el artículo 79 fracción V.

14 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta, p. 30.

15 Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas. Ponente Min. José Fernando González Salas. Sesionada el 27 de octubre de 2016.

16 Votación favorable, p. 8.

17 La votación es compleja, por lo que habría que atender a lo que se indica en las páginas 15-17.

18 Falta de votos para lograr la invalidez propuesta (7 votos), p. 22.

19 Ocho votos por la invalidez, ídem.

20 Solo un voto en contra de la invalidez, ídem.

21 Mayoría de nueve votos, p. 26.

22 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, p. 43.

23 Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 63.

24 Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 65.

25 Votación favorable, p. 78.

26 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 81.

27 Votación favorable, p. 104.

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