En el caso del tren Maya, aunado a las problemáticas que la consulta envuelve en sí mismo, el mayor reto del Estado mexicano estará centrado en las violaciones del derecho a la consulta y consentimiento previo. Estos problemas van en conexión con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectadas por dicho proyecto.

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Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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Los próximos lunes 15 y martes 16 de octubre de 17:00 a 20:30 hrs. tendrá lugar en el ITAM la segunda conferencia anual del capítulo mexicano de ICON-S con la temática “la democracia y sus procesos”, a la cual están todos invitados. El capítulo mexicano es parte de la International Society of Public Law que aglomera a gran cantidad de profesionales del derecho público y derecho público comparado en el mundo. La sociedad internacional y el capítulo mexicano en particular tienen como propósito promocionar la investigación sobre derecho público con una perspectiva multidisciplinar.

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Este libro destaca porque está anclado en cualidades difíciles de encontrar, por estas latitudes, en una obra jurídica. En primer lugar, un sólido y cosmopolita conocimiento de las diversas aristas del derecho; por otra parte, una generosa cultura que sin pretensiones salta entre obras clásicas del derecho, sin olvidar aquellas de la literatura, pintura, cine, fotografía y música y; por último, un fino sentido del humor, a partir del cual se ejerce el más filoso de los aguijones críticos: reírse de sí mismos, hacer hablar al derecho para que se pitorree de sí y de aquellos que ven a éste con solemnidad y cursilería –y que, de esta manera, lo convierten no en un instrumento para resolver problemas sociales sino en un mero florero.

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La creación de la Fiscalía General de la República es evidencia de un gran compromiso del nuevo gobierno con la ciudadanía y la justicia, pero este es sólo un paso y un componente de todo un sistema que ha de funcionar. Bien merece ajustes y seguimiento para su consolidación, así como reformas que eliminen las malas prácticas y los resabios que aún persisten del sistema inquisitivo … Los pendientes son innumerables, ya habrá tiempo para realizarlas, pero no hemos de repetir lo que ha ocurrido a lo largo de la implementación del SJP: dejar las cosas para mañana o buscar las salidas falsas y populistas, porque sí hay recetas.

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En el presente texto hago un repaso general sobre lo que ha sido la reforma procesal penal en México y lo acompaño de algunas propuestas como la construcción de la Fiscalía General de la República, el replanteamiento del modelo de investigación criminal, la redefinición de la audiencia inicial, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, reformas al juicio de amparo y la reinstalación de un órgano que coordine los esfuerzos de consolidación del SJP.

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De entre los muchos temas que ha traído a discusión la renovación de poderes federales, destacan por su trascendencia en el tema que nos ocupa tres asuntos: la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial federal en el marco de la política de austeridad del nuevo gobierno-partido; el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas; y la designación de los sustitutos de los ministros Cossío, Luna Ramos y Franco González.

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Imagine un escenario en que un grupo armado ataca con armas de alto calibre las oficinas de un medio de comunicación local en algún municipio de la República. Ahora imagine otro escenario paralelo, en que un grupo de personas lanza bombas molotov a las instalaciones de uno de los poderes federales. Frente a estos hechos podríamos preguntarnos: ¿Cuál de ellos debería considerarse más grave?

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A la luz de lo sucedido en Argentina, en donde una mayoría en la cámara de senadores votó en contra del proyecto de Ley para la interrupción voluntaria del embarazo, los debates al respecto han revivido. Entre ellos hay uno que llamó particularmente mi atención, esto al ser el que mayor irritación ha causado: la idea de que los derechos se voten.

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Está por verse la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que verificar si los ministros secundan a los juzgadores más jóvenes, quienes, desde las primeras instancias, realizan una aplicación innovadora del marco legal de derechos humanos. En un contexto de profundos cambios en la vida pública nacional, sería de esperar que el Poder Judicial se constituya como un verdadero contrapeso y que la defensa de su independencia sea parte de un nuevo entorno democrático.

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