Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de Internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados.

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Es de celebrarse la coincidencia en tiempo y espacio del estreno de la película Roma, la emisión de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, el establecimiento del programa piloto por parte del IMSS, así como la presentación de iniciativas en la materia, que de forma conjunta, muestran la importancia de reconocer de forma efectiva, la labor de las personas trabajadoras del hogar en nuestra vida cotidiana.

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Dejando esto claro, en este texto esgrimiré las razones por las que estoy convencido de que la propuesta de crear una nueva Sala Anticorrupción en la SCJN no es una buena idea. Primero demostraré que los argumentos planteados en la exposición de motivos de la iniciativa no se sostienen, es decir, no son buenas razones. Después trataré mostrar cuál es la verdadera motivación que subyace a la propuesta.

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Desde 2015, Fundar se encuentra en una batalla judicial por vencer el secreto fiscal y acceder al nombre de los contribuyentes que se beneficiaron de las amnistías fiscales de los últimos sexenios. En esta lucha, el SAT y los grandes contribuyentes han impedido por todas las vías posibles el cumplimiento de una sentencia en donde se ordenó la entrega de dicha información.

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La discriminación como fenómeno social y jurídico es difuso en sus alcances y en la determinación de sus causas. Judicializarlo y pretender dotar de verdadera eficacia al derecho a la igualdad puede ser todo un reto para las cortes; más aún cuando se intenta definir la restitución del derecho violentado. Existen diversas aproximaciones al problema: por un lado, el modelo clásico observa la discriminación respecto a un individuo en un caso concreto y busca remediar ese acotado espacio de vulneración a los derechos.

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México vive desde hace varios años un fenómeno de violencia a gran escala. Las víctimas se cuentan por miles. Esta grave situación y sus consecuencias no han podido ser atendidas desde las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia. La respuesta que muchos países han dado a problemas similares es el diseño e implementación de una política de justicia transicional (JT). La coyuntura del cambio de administración en el ámbito federal ha abierto la discusión pública sobre esta materia.

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En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Según la propia CNDH, no se oponen a que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas, sin embargo, señala que dicha regulación debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

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La futura administración tiene el reto de conjugar la legitimidad democrática con la legitimidad constitucional, pero siempre teniendo la claridad de que los procedimientos democráticos sólo son posibles si se garantiza la vigencia de las precondiciones y condiciones de la democracia. Es decir, la esfera de lo indecidible. Pareciera que se perdió el rumbo con la inclusión de una opción –el NAIM en Texcoco- la cual ha contravenido ominosamente la esfera a la que alude Ferrajoli, y parece que la decisión no correspondía a un parámetro de legitimidad democrática sino a uno de garantía de derechos humanos.

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No hay esquema federal posible sin una corresponsabilidad política de las autoridades locales. Si el correctivo de AMLO sirve para cambiar la relación y los obliga a reestructurar sus obligaciones, servirá de mucho. Esa medida, aunada a la austeridad presupuestal que se ha anunciado, debería de llevar a los gobiernos estatales a repensarse en términos financieros y políticos.

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