Encontrar el equilibrio entre las herramientas de investigación criminal y el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores de los retos que afronta, día con día, la consolidación del sistema de justicia penal. El sistema, debe evitar –y sancionar– las acciones arbitrarias por parte de las autoridades y, al mismo tiempo, garantizar la eficiencia en la persecución criminal. Este equilibrio no sólo se logra con una correcta ingeniería normativa. A ello se suman el desarrollo jurisprudencial y las buenas prácticas.

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Pero, pese a todo, la decisión de la SCJN pretende abonar a la construcción de un sistema de justicia que cuente con estándares de actuación adecuados para todos los actores involucrados … Los controles procesales definitivamente existen. El reto es echarlos a andar. Amordazar a la policía no es la solución. Y si algo nos deja la sentencia de la SCJN —además de la declaratoria de constitucionalidad— es una invitación a seguir reflexionando sobre lo que estamos haciendo de nuestro sistema de justicia y a orientar nuestras acciones a consolidarlo.

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La expedición de la Ley de Seguridad Interior (LSI) constituye un nuevo espacio de lucha para las mujeres y las defensoras de derechos humanos por su derecho a una vida libre de violencia. A pesar de que dicha ley resulta violatoria de sus derechos humanos, la lucha de las mujeres desde el ámbito jurídico se podría enfrentar a obstáculos legales que, de no ser salvados por los tribunales, les impedirán a ellas cuestionar la validez de dicha norma.

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En ese sentido, no puedo más que emitir un juicio favorable sobre la mayoría de las sentencias de la Segunda Sala relacionadas con temas de derechos humanos que fueron seleccionadas para su análisis en el presente espacio. Antes que dejarnos guiar por posturas tan efímeras como extremas o propias de la siempre atractiva coyuntura, sería interesante estar cada vez más al pendiente de lo que deciden nuestros tribunales, pues el debate teórico y la discusión intelectual de la actividad jurisdiccional no es más que el motor de futuras sentencias y procesos que puedan propulsar, a su vez, otras ideas el día de mañana. Ideas que revolucionen a la sociedad y también la forma cómo entendemos el derecho.

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A continuación, y sin el ánimo de ser exhaustivos, se presenta un breve análisis de seis diferentes sentencias en las que durante los últimos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre múltiples aspectos en los que se involucran complejas y trascendentales cuestiones de derechos humanos. Esto antes que emitir un meticuloso balance respecto a sus labores en dicha materia, hacer un seguimiento puntual de sus fallos o bien entender de forma general sus formas de razonamiento, simple y sencillamente responde a un intento por aproximarse a importantes temas que ameritan una reflexión.

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La Opinión Consultiva 24 (OC-24) sobre orientación sexual e identidad de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), recién publicada en enero pasado, representa un hito en el avance del reconocimiento de derechos humanos de personas LGBTQI+, así como de los mecanismos jurídicos aplicables en el continente americano.

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La SCJN ha emitido, de forma cada vez más creciente, criterios que interpretan los alcances tanto de la propia Constitución como de leyes y normas relacionadas al estado regulador y las competencias de las agencias del Estado a las que se ha encargado, precisamente, regular de manera diferenciada y especializada distintos mercados. De esa forma, se analizarán cinco resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la SCJN, que abordan distintos ámbitos relacionados con el estado regulador.

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La SCJN ha emitido, de forma cada vez más creciente, criterios que interpretan los alcances tanto de la propia Constitución como de leyes y normas relacionadas al estado regulador y las competencias de las agencias del Estado a las que se ha encargado, precisamente, regular de manera diferenciada y especializada distintos mercados. De esa forma, se analizarán cinco resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la SCJN, que abordan distintos ámbitos relacionados con el estado regulador.

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Este breve recorrido procesal da cuenta del enrevesado camino institucional que hay que seguir para luchar contra los micromachismos que las mujeres padecen a lo largo de su vida. No solo hay que batallar contra los agentes discriminadores (que se presentan como médicos, pero también como profesores, jefes, familiares, parejas, desconocidos en la calle, etcétera), sino que además hay que lidiar con el propio Estado que, en lugar de erigirse en un factor de cambio cultural y social, encarna la misma discriminación que legalmente debe combatir.

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Existen elementos jurídicos para determinar que las obligaciones contenidas en la opinión consultiva 24/17 no sólo son vinculantes para el Estado de Costa Rica, sino también para países como México. En el cual muchas entidades federativas continúan sin garantizar procesos administrativos para el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans, así como el acceso al matrimonio para parejas compuestas por personas del mismo sexo.

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