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Desde 2015, Fundar se encuentra en una batalla judicial por vencer el secreto fiscal y acceder al nombre de los contribuyentes que se beneficiaron de las amnistías fiscales de los últimos sexenios. En esta lucha, el SAT y los grandes contribuyentes han impedido por todas las vías posibles el cumplimiento de una sentencia en donde se ordenó la entrega de dicha información.

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La discriminación como fenómeno social y jurídico es difuso en sus alcances y en la determinación de sus causas. Judicializarlo y pretender dotar de verdadera eficacia al derecho a la igualdad puede ser todo un reto para las cortes; más aún cuando se intenta definir la restitución del derecho violentado. Existen diversas aproximaciones al problema: por un lado, el modelo clásico observa la discriminación respecto a un individuo en un caso concreto y busca remediar ese acotado espacio de vulneración a los derechos.

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México vive desde hace varios años un fenómeno de violencia a gran escala. Las víctimas se cuentan por miles. Esta grave situación y sus consecuencias no han podido ser atendidas desde las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia. La respuesta que muchos países han dado a problemas similares es el diseño e implementación de una política de justicia transicional (JT). La coyuntura del cambio de administración en el ámbito federal ha abierto la discusión pública sobre esta materia.

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En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Según la propia CNDH, no se oponen a que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas, sin embargo, señala que dicha regulación debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

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La futura administración tiene el reto de conjugar la legitimidad democrática con la legitimidad constitucional, pero siempre teniendo la claridad de que los procedimientos democráticos sólo son posibles si se garantiza la vigencia de las precondiciones y condiciones de la democracia. Es decir, la esfera de lo indecidible. Pareciera que se perdió el rumbo con la inclusión de una opción –el NAIM en Texcoco- la cual ha contravenido ominosamente la esfera a la que alude Ferrajoli, y parece que la decisión no correspondía a un parámetro de legitimidad democrática sino a uno de garantía de derechos humanos.

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No hay esquema federal posible sin una corresponsabilidad política de las autoridades locales. Si el correctivo de AMLO sirve para cambiar la relación y los obliga a reestructurar sus obligaciones, servirá de mucho. Esa medida, aunada a la austeridad presupuestal que se ha anunciado, debería de llevar a los gobiernos estatales a repensarse en términos financieros y políticos.

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¿Qué debemos entender por federalismo en el siglo XXI? ¿Cómo opera realmente nuestro sistema federal en México? ¿Cuál ha sido la lógica subyacente a ciertas reformas centralistas? ¿Se justifica el correctivo de AMLO con los superdelegados? ¿Qué otras vías podemos explorar para mejorar nuestro federalismo? Hoy, más que nunca, tenemos que cuestionar todo.

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En el caso del tren Maya, aunado a las problemáticas que la consulta envuelve en sí mismo, el mayor reto del Estado mexicano estará centrado en las violaciones del derecho a la consulta y consentimiento previo. Estos problemas van en conexión con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectadas por dicho proyecto.

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Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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