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El día 3 de diciembre de 2019 se aprobó en Ciudad de México la reforma conocida como Ley Olimpia mediante la cual se sancionan cinco tipos de violencia digital o en línea. La violencia de género en línea es un reflejo de las relaciones de poder que afectan desproporcionalmente a las mujeres, adultas o menores de edad; los efectos de este tipo de violencia son de carácter emocional, sexual e incluso físico en casos extremos.

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El edificio institucional, construido por lo menos en los últimos 100 años para apuntalar la libertad de expresión, es enteramente obsoleto. No hay ley, precedente o tratado internacional capaz de sortear alguno de estos cuatro cambios descritos, ni otros más que también han abonado a transformar radicalmente a la expresión a partir del surgimiento de las plataformas de Internet. Sin exagerar, estamos ante el ocaso de lo que habíamos entendido por libertad de expresión.

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El debate, la toma de conciencia y la adopción de medidas regulatorias sobre las redes sociales y su uso como cajas de resonancia de los discursos de odio, se encuentra, todo parece indicar, en un punto de inflexión. México no puede ni debe abstraerse de esta realidad, menos todavía en un entorno en el que se percibe y se vive un encono cada vez más grande en las redes sociales entre simpatizantes y detractores de diversas causas.

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Hace unos días un tribunal federal de Estados Unidos resolvió una demanda en la que se sujetaba una litis de completa novedad y relevancia: el bloqueo de ciertos usuarios en Twitter por parte del presidente Donald J. Trump. En México ha sucedido algo similar. En septiembre de 2017, un Juez de Distrito dictó una sentencia en la cual el litigio se basaba en el bloqueo que realizó el presidente municipal de Nogales, Sonora, a un usuario de Twitter.

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Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda sea considerada como una mercancía, una forma de acumulación de riqueza, y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social. Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego, los cuales han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.

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A pesar de que el caso de Mónica Lang y Donald Trump cuentan con diferencias notables, las acciones que los llevaron a la corte son de gran importancia dentro del marco jurídico actual. Las sentencias dictaminadas por ambas cortes guiarán y establecerán, de una manera u otra, la forma en la que el derecho empieza a regular la conducta de las personas dentro de las redes sociales. Debido a la naturaleza de Internet, cualquier regulación deberá considerar todos los posibles aspectos de cada caso particular, puesto que uno de los principales atractivos de las redes sociales ha sido la posibilidad del anonimato.

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Esta nueva era digital trae consigo retos y cambios constantes; para determinar las normas y ajustar su funcionamiento en este siglo XXI, es necesario tomar en cuenta a una sociedad cada vez más activa, informada y conectada en la que, con la finalidad de que cada usuario sea capaz de tomar una decisión considerada conveniente para los fines de política púbica, los reguladores ofrezcan información amplia, oportuna y exacta a través de medios óptimos.

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Hace unos días se difundió una singular sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora, en la que se conjugan diversos temas de los que se abordan en el presente artículo. A través de un amparo indirecto, el caso en cuestión garantiza el derecho al acceso a la información a un ciudadano que fue bloqueado en Twitter por el presidente municipal de Nogales.

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