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Hace unos días un tribunal federal de Estados Unidos resolvió una demanda en la que se sujetaba una litis de completa novedad y relevancia: el bloqueo de ciertos usuarios en Twitter por parte del presidente Donald J. Trump. En México ha sucedido algo similar. En septiembre de 2017, un Juez de Distrito dictó una sentencia en la cual el litigio se basaba en el bloqueo que realizó el presidente municipal de Nogales, Sonora, a un usuario de Twitter.

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Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda sea considerada como una mercancía, una forma de acumulación de riqueza, y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social. Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego, los cuales han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.

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A pesar de que el caso de Mónica Lang y Donald Trump cuentan con diferencias notables, las acciones que los llevaron a la corte son de gran importancia dentro del marco jurídico actual. Las sentencias dictaminadas por ambas cortes guiarán y establecerán, de una manera u otra, la forma en la que el derecho empieza a regular la conducta de las personas dentro de las redes sociales. Debido a la naturaleza de Internet, cualquier regulación deberá considerar todos los posibles aspectos de cada caso particular, puesto que uno de los principales atractivos de las redes sociales ha sido la posibilidad del anonimato.

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Esta nueva era digital trae consigo retos y cambios constantes; para determinar las normas y ajustar su funcionamiento en este siglo XXI, es necesario tomar en cuenta a una sociedad cada vez más activa, informada y conectada en la que, con la finalidad de que cada usuario sea capaz de tomar una decisión considerada conveniente para los fines de política púbica, los reguladores ofrezcan información amplia, oportuna y exacta a través de medios óptimos.

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Hace unos días se difundió una singular sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora, en la que se conjugan diversos temas de los que se abordan en el presente artículo. A través de un amparo indirecto, el caso en cuestión garantiza el derecho al acceso a la información a un ciudadano que fue bloqueado en Twitter por el presidente municipal de Nogales.

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A principios de 2016, la Cámara de la Cuarta Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una norma contenida en un reglamento interior de trabajo que prohibía el uso de los equipos de cómputo para fines personales era suficiente para justificar un despido ejecutado por una empresa rumana al descubrir que el trabajador había utilizado un servicio de mensajería instantánea a través de una computadora de la compañía para tener conversaciones privadas.

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Llama la atención que el juez de distrito no analizó el modo en que opera Alphabet y sus múltiples empresas controladas, ni tampoco analizó si el tratamiento de datos transfronterizo que suele darse en la red incide de alguna forma en la cuestión competencial, pues no puede perderse de vista que el origen del problema ocurre solo en el mundo virtual, en Internet.

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Los anteriores son apenas unos ejemplos de las consecuencias que, desde el punto de vista probatorio, puede tener el Internet de las cosas. Constantemente parecemos olvidar que, si queremos defender derechos o asegurar el cumplimiento de obligaciones, es indispensable probar nuestros reclamos o nuestras defensas. Mientras no seamos capaces de robustecer nuestros procesos, y dentro de ellos los aspectos probatorios, ante la avasalladora tecnología en que vivimos nuestros derechos seguirán existiendo solo en el papel.

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El pasado 5 de diciembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debe informar a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en el entorno digital, el número de personas o dispositivos que espió (intervino en sus comunicaciones) durante el año 2014.

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