No nos equivoquemos. La renuncia de la magistrada Janine M. Otálora como presidenta del Tribunal Electoral es solo la cereza de un pastel que ya olía bastante mal, y que ahora está en pleno proceso de descomposición. Durante los últimos años –pero especialmente a partir de la designación de los nuevos magistrados en 2016– la Sala Superior ha sido el protagonista de una serie de desvaríos judiciales y bochornosos errores políticos. La escasa legitimidad que le quedaba, se ha desvanecido. Y quizá ya sea hora de asumir, de una vez por todas, que la justicia electoral no es más que grilla partidista.

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Pasada la jornada electoral de este año, resulta pertinente reflexionar sobre la legitimación de la justicia electoral en México. Tras este proceso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó maltrecho y abollado. En parte el propio TEPJF es responsable, pero también es víctima de un diseño institucional que no le deja remedio alguno y, sobre todo, de la escaza cultura de legalidad que hay dentro del país.

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Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.

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En una desafortunada interpretación del llamado principio de determinancia en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de la Sala Ciudad de México de anular la elección para la alcaldía de Coyoacán. Lo que distingue a este caso de otras revocaciones recientes de la Sala Superior es el hecho de que en la instancia regional se habían hecho valer elementos constitutivos de violencia política de género.

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México ha recorrido un largo camino para lograr la transición a la democracia que se ha ido consolidando a lo largo de más de tres décadas. Inicialmente, las grandes preocupaciones eran contar con una autoridad electoral imparcial, con un padrón electoral confiable y con resultados transparentes y documentados. Sin embargo, hemos observado que, al menos desde las elecciones federales del año 2000, el tema del financiamiento público y privado de las campañas políticas ha sido cada vez más observado y controvertido.

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El pasado 24 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-REP-594/2018 y acumulados. En dicho asunto una asociación civil, así como diversas concesionarias de radio y televisión, impugnaron la sanción que les impuso la Sala Regional Especializada del TEPJF por haber incurrido en la infracción consistente en haber contratado propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.

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En ese contexto de discusión, surgen los siguientes cuestionamientos sobre lo que sucede jurídicamente cuando un candidato utiliza marcas comerciales en su campaña o cuando alguna empresa, a través de su marca comercial, patrocina una candidatura. ¿A quién beneficia esta relación, a las candidaturas o a las marcas? ¿Está permitido? ¿El uso de las marcas comerciales coloca a los candidatos en una situación de ventaja desleal? ¿Se generan incentivos no deseables en el gobierno, en el caso de que el candidato vinculado con estas empresas gane las elecciones?

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El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, entre otras cosas, no estudiar la demanda presentada para combatir la determinación de la Sala Regional Monterrey por la que anuló los votos recibidos en una casilla, lo que tuvo como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal de General Zuazua, Nuevo León.

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En la exposición de motivos de la modificación al artículo 134 constitucional, se refiere que uno de los objetivos de la reforma es lograr la imparcialidad de los servidores públicos respecto de la competencia electoral, y evitar que éstos hagan uso de su cargo para promover sus ambiciones personales en el ámbito político… Sobre este último tema, recientemente la Sala Superior emitió un par de criterios que modifican sustancialmente la línea jurisprudencial sostenida por el Tribunal Electoral en los últimos once años, y que generan una importante distinción entre los servidores públicos al servicio del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

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