A continuación, se ofrecen algunos subrayados que buscan destacar los principales argumentos de las participaciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, en la sesión pública de los días 9 y 10 de abril de este año, donde se decidieron los asuntos de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y Armando Ríos Piter.

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Lo natural de una afectación al derecho de audiencia, es conceder la posibilidad de reponer la etapa del procedimiento que se consideró violada para que el justiciable pueda hacer efectivo su derecho de defensa; sin embargo la preocupación mayor radica en la conclusión a la que arribó el recinto judicial, pues con un salto argumentativo francamente insostenible, la mayoría de los integrantes asumieron que existía una duda plausible para pensar que de habérsele permitido dicha revisión, el aspirante habría alcanzado las firmas que le faltaron y la manera de restituir el daño era otorgándole la candidatura.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al INE incluir en la boleta a Jaime Rodríguez “El Bronco”. El 10 de abril despertamos con un nuevo candidato a la presidencia de la República. Le faltaron 16,656 apoyos reales y legítimos; le sobraron casi el 60% de sus firmas, pues tenían diversas inconsistencias, así como indicios de la utilización de un mercado negro de datos personales. Quedó la incertidumbre y la desazón de una decisión que no se explicaba ni técnica ni jurídicamente.

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Lo resuelto este lunes por la Sala Superior necesariamente va a impactar a otros juicios similares que están pendientes de resolución en las Salas Regionales y en los tribunales locales. Repercute en la credibilidad de la justicia electoral; como bien lo explica Irma Méndez de Hoyos, las practicas electorales que afectan la confianza en las instituciones, tienen un efecto perjudicial sobre la satisfacción con la democracia, el cumplimiento de la ley y, en última instancia, en la estabilidad política del país.

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¿Está efectivamente garantizada la autonomía desde una perspectiva orgánica? ¿Hay garantías presupuestales de los tribunales electorales locales? ¿El plazo de siete años previsto para el cargo de magistrado local es fijo? ¿A quién corresponde fincar responsabilidades, y lineamientos de carácter laboral, respecto los magistrados locales? De principio, puede afirmarse que no se previeron mecanismos adecuados y precisos respecto a su régimen institucional, organizacional y presupuestario, circunstancias que han sido utilizadas por los gobernadores locales para tratar de incidir en su estabilidad e independencia.

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¿Qué pasará con los candidatos independientes cuando resulten ser minorías y, por lo tanto, no accedan a curules o escaños vía representación proporcional porque existe una prohibición legal? En diversas resoluciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene construida una línea jurisprudencial en la cual ha determinado que las candidaturas independientes son compatibles con el sistema de representación proporcional, además de que en regidurías tienen derecho de acceso al cargo.

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Debemos reconocer que existen otros principios en juego que tienen el mismo valor que el principio de paridad de género. Éstos son, la autoorganización de los partidos y la figura de la reelección. Esta situación nos ha obligado a hacer una ponderación entre principios para cada caso en concreto y justificar por qué uno prevalecerá frente a otros con el fin de contribuir a un entorno más igualitario.

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A partir de la revisión firma por firma que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) de los aspirantes a los diversos cargos, nos enteramos de que muchos de ellos optaron por hacer trampa: por lo menos 23 aspirantes a diputados y dos más -a juicio de algunos tres- a la presidencia de la República. Este anuncio ha causado indignación social y cierto dejo de decepción sobre las figuras que para muchos se erigían como una alternativa al sistema de partidos, así como una serie de interrogantes sobre el proceso de recepción y verificación de apoyos realizado por el INE.

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Es ineludible que nuestras autoridades electorales tomen conciencia de lo que está pasando con Internet y las redes sociales en los procesos electorales alrededor del mundo, para que así estén preparadas ante los desafíos que esto implica. La autorregulación de los gigantes de las redes sociales o la preminencia del principio de libertad son fruto de visiones del pasado sobre el uso de Internet, las posibilidades que se abren vía la fiscalización de las campañas electorales son múltiples y abarcan, para empezar, que se transparenten los montos y nombres de quienes contratan publicidad política en las redes sociales más allá de los propios candidatos.

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Ante la impugnación por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el lunes de la semana pasada, del nuevo acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar tener resultados del conteo rápido del Instituto el 1º de julio próximo, conviene analizar si, en efecto, existen elementos de carácter técnico o jurídico para revertir la ruta que la autoridad electoral ha construido para ofrecer información oportuna de la elección presidencial la misma noche de la elección.

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