En los casos judiciales sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para que Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia pudieran participar como candidatos al Senado de la República en las elecciones, los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfrentaron a la tarea de interpretar directamente el texto constitucional. La mayoría de los magistrados determinaron que ambos candidatos cumplían con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, para contender por el cargo de senador de la República por representación proporcional. Sin embargo, una minoría consideró que los candidatos no los cumplían. ¿Qué posición fue la correcta? ¿Es cierto que la decisión mayoritaria fue una “decisión política”?

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El presente texto trata sobre las coaliciones y candidaturas comunes y los criterios que se han adoptado para establecer sus límites y alcances. La finalidad del texto es presentar la forma en la que el TEPJF ha buscado evitar que estas asociaciones políticas se utilicen para eludir las reglas, de manera que generen situaciones que no tengan como objetivo fortalecer la democracia.

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La pérdida de registro de NA y del PES es una cuestión de gran relevancia para la vida política del país, ya en ambos procesos están involucrados recursos del erario público, el voto ciudadano y la credibilidad de las propias autoridades electorales. De ahí que valga la pena darle seguimiento a lo que resuelva el Tribunal Electoral en los próximos meses.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante en la protección de los derechos político-electorales de los grupos minoritarios y en desventaja, concretamente, frente a los pueblos indígenas y las mujeres. Nos enfocaremos solamente en el criterio de autoadscripción para que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan beneficiarse de las medidas implementadas para garantizar el acceso de estos colectivos a cargos de elección popular.

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El INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento irregular a partir de la creación del fideicomiso “Por los Demás” que Andrés Manuel López Obrador instruyó crear en apoyo a los daminificados de los sismos de septiembre de 2017. El problema empieza desde que un partido pretende llevar “ayudas” a la población, pues es algo prohibido: se trata de dádivas.

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En estos días se ha discutido, porque el momento lo obliga, cuántos y cuáles partidos políticos deberán perder el registro por no haber obtenido el 3% o más de la votación en las elecciones federales del 1 de julio. Una de las dificultades de esta polémica es que los artículos pertinentes, tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como de la Constitución, están formulados de manera ambigua, es decir, cada uno se presta a dos lecturas diferentes y potencialmente contrarias.

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Una vez que el entusiasmo y la polvareda de la pasada elección empieza a asentarse, conviene reflexionar en torno al proceso electoral mismo, no solo desde el ámbito de quienes desde el escritorio hacen las leyes, sino de la experiencia misma de los cerca de un millón y medio de ciudadanos que como yo, fungimos como funcionarios de casilla.

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La (in)justicia electoral frente a las candidaturas independientes a la Presidencia, recientemente publicado por el IIJ-UNAM, es producto de dicho ejercicio deliberativo. Además de recoger las principales conclusiones del encuentro, dicha publicación incluye el guion temático usado durante la discusión, así como un texto introductorio que contextualiza la relevancia política del caso.

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Las prácticas clientelares están presentes prácticamente en todas las democracias del mundo. No son un fenómeno exclusivo ni de México ni de la región latinoamericana. Tampoco son un rasgo al que —al igual que la corrupción— nuestra sociedad esté determinada naturalmente. Los factores electorales que favorecen el clientelismo son múltiples y variados.

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Estamos ante una discusión pública entre autoridades electorales respecto del destino de votos emitidos de manera no convencional, que en el peor de los escenarios (que se conviertan en votos nulos) en el estadístico de las elecciones son equivalentes a un porcentaje ínfimo de total de los sufragios. No obstante, esa mínima posibilidad ha ameritado que se vuelvan a “capacitar” a 1.4 millones de funcionarios de casilla a unos días de la jornada electoral.

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