La razón de la temporalidad de dos años del cargo a la gubernatura del estado de Baja California radica en la necesidad de limitar el poder. Esta decisión es de carácter y valoración política y no se encuentra fincada en el derecho de los candidatos o funcionarios electos a permanecer en el cargo durante un determinado tiempo; entonces, ¿cómo puede coexistir el respeto a los derechos humanos con la lucha por el poder, sin el riesgo de que sean desvíados de su finalidad, es decir, sin el riesgo de instrumentalizarlos?

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A finales de marzo de este año la Sala Superior del TEPJF resolvió en definitiva sobre la expulsión de Ernesto Cordero de las filas del PAN. Aunque no se trata de un asunto novedoso en cuanto a expulsión de militantes de partidos políticos, sí estamos ante un criterio en materia electoral que vale la pena revisar respecto de las infracciones a normas partidarias, y sobre el análisis a la libertad de expresión al interior de esas organizaciones.

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Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de Internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados.

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El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, el máximo tribunal en materia electoral intervino el proceso político ordinario de toma de decisiones para hacer que nuestra democracia sea mejor y sobre todo más justa. Los juicios fueron promovidos por dos personas indígenas tzotziles que actualmente se encuentran privadas de su libertad sin sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, en prisión preventiva. Estas personas solicitaron a la Sala Superior que garantizara su derecho fundamental al voto.

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En diciembre de 2018 comenzó un nuevo proceso de constitución de nuevos partidos políticos en México. Este proceso culminara en junio de 2020. Durante los próximos 15 meses las personas y las organizaciones o grupos sociales tendrán la oportunidad de cumplir con los requisitos legales y formar un novel ente partidista; de esta forma, dispondrán de la posibilidad de incidir en la formación de la voluntad colectiva del Estado mexicano, al participar en los comicios, integrar a los poderes públicos y ejercer y controlar el poder político.

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Principalmente, me enfocaré, en dos de los agravios que el PES planteó en su demanda. Por un lado, la posibilidad de que la regla constitucional que exige a un partido obtener el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro puede ser interpretada a fin de utilizar un parámetro basado en escaños. Y, por el otro, que en la legislación electoral mexicana no existe un recurso efectivo que les permita a los partidos verificar el número exacto de votos que obtuvo, para efecto exclusivo de evaluar si mantiene o no su registro.

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En el sistema electoral mexicano, el voto ciudadano es el único factor que puede y debe determinar la suerte de un partido político. Estoy convencida que la decisión tomada hoy por la Sala Superior fue correcta, al respetar la voluntad soberana del electorado, al apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución –cuyo texto ni contexto admiten licencia alguna para la solución de la presente controversia– y al evitar que se gane en los tribunales lo que no se ganó en las urnas.

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No nos equivoquemos. La renuncia de la magistrada Janine M. Otálora como presidenta del Tribunal Electoral es solo la cereza de un pastel que ya olía bastante mal, y que ahora está en pleno proceso de descomposición. Durante los últimos años –pero especialmente a partir de la designación de los nuevos magistrados en 2016– la Sala Superior ha sido el protagonista de una serie de desvaríos judiciales y bochornosos errores políticos. La escasa legitimidad que le quedaba, se ha desvanecido. Y quizá ya sea hora de asumir, de una vez por todas, que la justicia electoral no es más que grilla partidista.

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