Podemos afirmar que el corrimiento de una fórmula matemática no tiene porqué dejar espacio a la interpretación, incluso, la fórmula electoral tendría que ser lo suficientemente clara para que cualquier ciudadano que quisiera correr el ejercicio pueda hacerlo. Al correr estas fórmulas, no enfrentamos estimaciones estadísticas sino sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, por lo que, entre más transparente sean las asignaciones de los cargos de representación política, menores recursos se invertirán en resolver impugnaciones y nuestra democracia podría ser crecientemente de mejor calidad.

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La inconstitucionalidad de la medida en Baja California se sustenta por la temporalidad de su expedición y por el contenido sustantivo del proceso legislativo. Por estas razones, se trata de una reforma claramente inconstitucional.

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Aunque esos criterios se basan en normas fundamentales, y tenían el objetivo de proteger derechos humanos, tuvo como resultado que se modificara una de las reglas principales sobre un presupuesto procesal, que en la práctica generaba problemas en su aplicación, al grado de que no era previsible, ni para las partes ni para los propios jueces y tribunales obligados, saber cuándo una demanda que involucraba los derechos de las comunidades y pueblos indígenas estaba en tiempo.

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Incorporar la revocación de mandato en el régimen democrático, sin analizar las implicaciones en el sistema electoral mexicano, sería contraproducente, ya que las elecciones y el mecanismo de democracia directa no son compatibles aún. Las cuestiones técnicas y operativas, así como los contextos sociales y políticos se erigen como un paradigma que atenta contra la estabilidad de los comicios y, a su vez, condicionan los efectos benévolos de la revocación de mandato. Para contrastar las complejidades organizativas del proceso electoral y las implicaciones de la revocación de mandato es necesario tomar en cuenta, como punto de partida, la fecha de celebración de la jornada de participación —votación— y los efectos de la revocación de mandato —continuidad o rescisión de la gestión presidente—.

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El detonador del debate público sobre la reforma electoral fue, por un lado, la iniciativa del diputado Sergio Gutiérrez Luna y, por el otro, los foros sobre la “Reforma del Estado y electoral” a los que se convocó en la Cámara de Diputados para la discusión de diversos temas.

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Reforma electoral

Durante estos días se ha comenzado a discutir la posibilidad de una nueva reforma en materia electoral, impulsada (ahora) por Morena. En principio, se trata de planteamientos que no sorprenden. Parecería que estamos frente a una reincidente regla no escrita, que fortalece una tradición tan lamentable como sacrosanta, que bien podría ser escrita así: en México las leyes electorales tienen que modificarse, sí y siempre sí, después de cada elección presidencial.

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La razón de la temporalidad de dos años del cargo a la gubernatura del estado de Baja California radica en la necesidad de limitar el poder. Esta decisión es de carácter y valoración política y no se encuentra fincada en el derecho de los candidatos o funcionarios electos a permanecer en el cargo durante un determinado tiempo; entonces, ¿cómo puede coexistir el respeto a los derechos humanos con la lucha por el poder, sin el riesgo de que sean desvíados de su finalidad, es decir, sin el riesgo de instrumentalizarlos?

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A finales de marzo de este año la Sala Superior del TEPJF resolvió en definitiva sobre la expulsión de Ernesto Cordero de las filas del PAN. Aunque no se trata de un asunto novedoso en cuanto a expulsión de militantes de partidos políticos, sí estamos ante un criterio en materia electoral que vale la pena revisar respecto de las infracciones a normas partidarias, y sobre el análisis a la libertad de expresión al interior de esas organizaciones.

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Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de Internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados.

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