El pasado 23 de mayo la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo directo en revisión 5223/2015, cuyo proyecto de sentencia elaboró el ministro Cossío. El caso: la condena por el delito de trata de personas a los administradores del club nocturno “Cadillac”. El fallo se ha (mal) publicitado en los medios de comunicación como uno en el que se prohíbe y sanciona como delito la pornografía.

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El pasado 1º de julio se dio a conocer el nombre del siguiente presidente de México: Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha hablado de su arrasadora victoria electoral, la fuerza que tendrá Morena en el Congreso federal, así como del impacto de este mismo partido político en varias gubernaturas y legislaturas locales. Sin embargo, no se ha discutido el enorme poder que recaerá en el nuevo presidente de la República al participar, de una u otra manera, en la designación de los integrantes de instituciones clave del Estado mexicano.

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Hace unos días, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, dictó la sentencia correspondiente al amparo indirecto 589/2018. Entre otras cosas, el juez Silva ordenó al presidente de la República “transparent[ar] la designación de los magistrados anticorrupción”. Y también ordenó que el Senado (o la Comisión Permanente) “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados … Sucede, sin embargo, que la sentencia optó por hacer complejo lo simple.

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La impunidad que caracteriza a nuestro país y que agravia profundamente a la ciudadanía, ha encontrado un nuevo aliado: el secreto bancario. Y el problema está por agravarse aún más. El próximo 8 de agosto, la propia Primera Sala de la SCJN resolverá un nuevo asunto. En este nuevo caso, la pregunta clave a resolver es la siguiente: ¿Requiere la autoridad ministerial autorización judicial previa para solicitar información bancaria en el curso de sus investigaciones penales?

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El objetivo del siguiente texto es informar a los ciudadanos cuales son y como están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudiarán los asuntos y temas más destacados y conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, presento esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a la vez, facilitar el escrutinio de su labor.

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El 8 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo en revisión 1049/2017. Los hechos, de manera sucinta, son los siguientes: el año pasado, una madre y un padre pertenecientes al grupo indígena rarámuri y al grupo religioso de los testigos de Jehová llevaron a su hija, de aproximadamente seis años, al Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuaha en estado de salud crítico. El diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda.

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La administración de Andrés Manuel López Obrador recibe un país roto en materia de derechos y libertades. A pesar de la constante creación de institucionalidad, las vulneraciones han alcanzado en los últimos 12 años un carácter generalizado y sistemático que atiende a diversas y múltiples causas como la guerra contra las drogas, el aumento de la violencia, la incapacidad estatal, así como la impunidad constante dentro del sistema de procuración de justicia.

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La Suprema Corte, con o sin Ley General contra la tortura, debería ser la primera institución interesada en sentar precedentes claros para guiar a los poderes judiciales del país en la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Si la SCJN no es capaz de trasladar al Ministerio Público la exigencia mínima de que justifique sus propias pruebas sospechosas, podemos concluir que el liderazgo que alguna vez caracterizaba a la Corte en el tema de exclusión de pruebas ilícitas quedó en el pasado.

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El día de mañana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir un asunto crucial para la garantía plena de los derechos de las personas trans. Se trata del Amparo en Revisión 1317/2017, que fue turnado a la ponencia de la Ministra Norma Piña. El asunto por resolver es el siguiente: ¿es válido –constitucionalmente hablando– exigirle a las personas que se sometan a la vía jurisdiccional para modificar el nombre y sexo en sus actas de nacimiento? Esta “exigencia procesal”, por llamarla de alguna forma, ¿viola el derecho a la no discriminación por género, específicamente de las personas trans?

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