Este mensaje, rompe con muchas de las esperanzas puestas en un gobierno que se comprometió a combatir la impunidad y la corrupción, ya que estas declaraciones apuntan hacía un “borrón y cuenta nueva”. Ahora bien, más allá de los apasionamientos que esta postura puede generar, vale la pena replantear, desde un punto de vista jurídico y de política criminal, por qué sí se deberían investigar y sancionar los delitos de corrupción de administraciones anteriores.

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El pasado 7 de diciembre, cayó un balde de agua fría sobre una ley que ha sido objeto de una amplia discusión nacional. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (en las cuales tanto la CNDH como una minoría de senadores habían impugnado la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte). ¿Qué es exactamente la suspensión concedida y cuáles son sus alcances? ¿Es legal esta medida? ¿Qué pasaría si esta suspensión fuera desobedecida? y, sobre todo, ¿qué nos depara este panorama de cambiantes claroscuros?

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¿Es una buena idea imponer prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, extorsión, armas de fuego, robo a casa-habitación, violencia intrafamiliar y una larga lista de etcéteras? Dicho de otro modo, ¿deberían aprobarse las iniciativas que legisladores de Morena, PAN, PRI, PES y PT han presentado para reformar el 19 constitucional?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran paso el pasado 16 de noviembre al declarar, con abrumadora mayoría, la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Con ello, se avanza no sólo en la construcción de un tribunal independiente e imparcial, sino también en la efectiva garantía de los derechos, especialmente civiles y políticos. Sin embargo, tal muestra de solidez institucional parece flaquear cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales de pueblos y comunidades indígenas, por un lado, y la actuación de empresas transnacionales, por el otro.

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El amparo en revisión 163/2018, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, contiene argumentos bastante interesantes respecto de los derechos de los animales y del derecho humano a la cultura. Este debate inicia debido a la promoción de un amparo indirecto en el cual se señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión y al Gobernador del estado de Veracruz.

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Continúa la discusión en la Corte sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y, en esta ocasión, los ministros ya entraron al fondo del asunto, pronunciándose particularmente sobre la posibilidad de declarar inconstitucional la totalidad de la ley. Si bien hoy se presentó un panorama mucho más alentador, nada está decidido aún de forma definitiva.

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México podría dar un importante viraje a la política prohibicionista y punitiva de drogas que ha imperado en la región por décadas. Una estrategia anclada además en la llamada “lucha contra el narcotráfico”, la cual, además de ineficaz, no ha hecho otra cosa más que aumentar el espiral de violencia y ser una fuente de vejaciones contra los derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas. En este texto, apunto algunos de los más recientes cambios normativos y jurisprudenciales sobre el consumo de la marihuana en México.

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Inició la discusión en el Pleno de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en el expediente de las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, y como ya se preveía de la lectura del proyecto de sentencia, nos encontramos ante un panorama complicado y una alta probabilidad de que se validen porciones normativas que ponen en riesgo los derechos de la sociedad mexicana. Pues, aunque pareciera que en la sesión de hoy los ministros decidieron únicamente sobre aspectos procedimentales, lo cierto es que esas decisiones dicen mucho del talante y enfoque con el que abordarán el fondo de las impugnaciones.

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En el contexto del reciente debate sobre las remuneraciones de los servidores públicos frente al concepto de austeridad republicana, es conveniente poner en la mesa un par de consideraciones relacionadas con la regla del tope salarial presidencial. Contenida en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 127 constitucional, prescribe que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

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En una entrada anterior explicábamos el estado procesal de las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior (LSI); en este espacio pretendemos revisar el fondo de las argumentaciones presentadas en los distintos recursos y las posibles implicaciones jurídicas de la decisión de la Corte al respecto. En una última entrega revisaremos el proyecto del ministro Pardo Rebolledo que fue publicado hace unos días.

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