Es cierto que la tecnología avanza más rápido que el derecho. No obstante, los jueces, por muy novedosas que sean las controversias que se les presentan, se encuentran obligados a resolverlas. Pues bien, dentro de las nuevas problemáticas que están llegando a los tribunales se encuentran las generadas por el uso de emojis —o de sus hermanos emoticonos—. Ya que, contrario a lo que se piensa, el uso de estos pequeños iconos digitales podría tener serias consecuencias legales.

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Al día de hoy, existen en México 10 órganos con autonomía constitucional, más los órganos reguladores coordinados en materia energética, que dependen del ejecutivo federal. Sin duda hay motivos para cuestionar el diseño institucional de algunos y, sobre todo, el hecho de que se haya abusado de la autonomía como parte del modelo constitucional de pesos y contrapesos en México.

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El 6 de junio de 2011 se publicó una reforma constitucional al juicio de amparo. Una de las innovaciones de esta reforma fue la introducción de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Sin embrago, casi ocho años después, apenas se empiezan a explorar los problemas sobre su implementación. Así, hoy es más rápido acudir a un juicio de amparo indirecto solicitando la aplicación de la jurisprudencia, a esperar a que la Corte expulse una norma a través de esta vía.

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El 5 de febrero de 2019, se celebró un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el marco de dicha celebración, el presidente López Obrador destacó la necesidad de establecer una auténtica democracia, así como terminar con la corrupción en México impulsando reformas a la Constitución, sin descartar contar con una nueva en el futuro.

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El debate sobre la guardia nacional parece un mal sueño, una pesadilla, y para tratar de salir de ella se debe asumir que Andrés Manuel López Obrador sufre de la misma ingenuidad que aquejó a Francisco I. Madero. Trato de imaginar que, así como Madero, el actual presidente de la República no advierte los riesgos de movilizar a los militares que, con órdenes civiles o sin ellas, pasaron por alto el huachicoleo y el tráfico de drogas en el país.

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La prisión preventiva oficiosa transgrede el principio de presunción de inocencia no sólo en el debido trato procesal, sino que, al anticipar la pena, disuelve la pertinencia temporal de las reglas y estándares de prueba, porque se equipara al imputado con el sentenciado. Así, aun cuando el Poder Judicial avance en la definición de garantías procesales relevantes para el Estado de derecho y el debido proceso, las mayorías legislativas se empeñan por hacerlas ineficaces.

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¿Será la Fiscalía realmente un órgano autónomo? ¿Abrirá sus puertas a la sociedad civil para el diseño del plan de persecución penal? ¿O hará de éste un mero anexo del plan de seguridad presidencial? ¿Permitirá que ONG´s participen de manera directa en la investigación y judicialización de los casos relevantes de corrupción? ¿Generará un diálogo abierto para delinear una estrategia más estructurada y jurídica para combatir el huachicol, en lugar de apresuradas declaraciones que no hacen ni ton ni son?

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No hay razones de peso para aferrarse al fundamentalismo del principio de relatividad de las sentencias. La vocación del juicio de amparo es —o debería ser— fungir como un puente entre dos mundos que habitamos de manera simultánea: el mandato constitucional y la realidad social. Pero si estos dos mundos se encuentran en inevitable evolución constante, ese puente debe también adaptarse en lo posible y en lo razonable para no perder su efecto útil.

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La violencia sexual es una de las formas más graves de violencia de género, transgrede lo más íntimo de las personas al vulnerar el cuerpo como límite natural. El caso Atenco ilustra de forma clara como el Estado mexicano utilizó la violencia sexual contra las mujeres como una estrategia de dominio estructural con diversos objetivos y alcances, entre ellos ejercer un control a la población civil que se veía en ese momento como un enemigo a vencer bajo cualquier costo.

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