Día a Día

En los siguientes días debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

La Constitución federal no prevé la facultad del Senado de la República para desaparecer los poderes de las entidades federativas ni para destituir a gobernadores. Más bien, prevé la facultad del Senado para declarar la situación fáctica de la desaparición de poderes de las entidades federativas, no para desaparecerlos.

Hace unos días, el senador Monreal presentó una iniciativa para reformar la ley de amparo, específicamente, el tema de sanciones. La iniciativa tiene por finalidad dos puntos: i) incluir un artículo (260 bis) que sancione a los abogados postulantes que se encuentren representado a personas en los juicios de amparo por presuntos actos que retrasen deliberadamente el proceso judicial y; a su vez, ii) facultar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para substanciar y sancionar a los abogados que incurran en las causas que señala la propuesta a través de un procedimiento administrativo sancionador.

Esperamos que pronto se obtenga una resolución definitiva favorable al interés de las comunidades aledañas, como ha sucedido en las últimas dos resoluciones provisionales, las cuales han podido verificar la legalidad y el beneficio del proyecto, como lo muestran las determinaciones de la autoridad judicial. La última determinación de 29 de enero de 2019, el juzgador federal, incluso, revocó la suspensión concluyendo que: “En todo caso, se advierte que las obras reclamadas son en beneficio tanto de los pueblos indígenas quejosos como de los terceros.”

No cabe duda que afectar a la delincuencia organizada en su patrimonio es una medida necesaria para debilitarla, y que la extinción de dominio podría ser una herramienta adecuada para hacerlo. Sin embargo, ello requiere de una regulación cuidadosa para no afectar a terceros de buena fe. Una regulación que atropella los derechos de los gobernados sólo ocasiona que se anulen sus disposiciones, provocando la ineficacia de la ley.

De manera reciente diversos reportes de prensa han informado sobre la intención de un diputado federal de MORENA, de presentar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 102, apartado B, de la Constitución. Dicha propuesta incluiría la transformación de la CNDH para convertirse en una “defensoría del pueblo”.

En estas líneas doy cuenta de cómo la lucha de estos dos activistas logró que, el 14 de agosto de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte (SCJN), bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, emitiera una resolución histórica, en la que concluyó que la omisión del poder ejecutivo federal de emitir el reglamento sobre cannabis medicinal violaba los derechos de Carlos, ordenando su publicación en 180 días hábiles.