enero 23, 2020
Muchos han dicho que el debate es ocioso porque no han presentado formalmente ninguna iniciativa. No lo creo. No estamos debatiendo la “nada” porque ya hay indicios de esta desesperación autoritaria. Ya se aprobaron tanto la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como las modificaciones legales que equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada —que, por cierto, merecerían tanto arraigo como prisión preventiva oficiosa, ambas medidas regresivas.
La resolución niega a TOJIL su reconocimiento víctima de delitos de corrupción debido a que la magistrada ponente, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, consideró que la organización no había sufrido ningún daño o afectación en su esfera jurídica como resultado de los delitos denunciados (cohecho y contra la administración pública).
Desde octubre de 2019, cuando se anunció una reforma estructural al sistema de procuración y administración de justicia, sabíamos que 2020 no sería un año fácil para el sistema de justicia penal. En este sentido, vale recordar que el ahora fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en varios eventos públicos, usando el término garantista de forma despectiva, señalaba que el sistema de justicia penal no funcionaba e identificaba a los jueces como responsables de dejar libres a los detenidos.
No es poco lo que se juega en la resolución de este episodio del caso Duarte. En momentos en que, precisamente, la judicatura se encuentra realizando importantes esfuerzos institucionales para combatir y erradicar la corrupción, lo que está por sentenciar el Tribunal Colegiado bien podría servir para fomentar por el respecto a la Constitución y entender que al tratarse sobre hechos de corrupción, las víctimas somos todos. Pensar que el MP debe ser el único guardián del interés colectivo cuando se denuncia precisamente a funcionarios del MP es tan ingenuo como irresponsable. Ojalá que los magistrados López Benitez, Velasco Villavicencio y Sánchez Frías así lo entiendan.
A finales de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 346/2019. Con ello, determinó que la vía idónea para el cambio de actas de nacimiento de personas trans es la administrativa. Este pronunciamiento representa un paso hacia la interrupción de los ciclos de discriminación y violencia a los que está expuesta esta comunidad.
El pasado 30 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 4865/2018. El caso surgió debido a que un hombre fue despedido de su trabajo por exhibir una cruz esvástica tatuada en su cuello. El símbolo causó incomodidad entre sus compañeros de trabajo (quienes eran judíos), por lo que decidieron presentar una queja ante la empresa.
diciembre 16, 2019
Como cada año, El juego de la Suprema Corte presenta sus 10 textos más leídos y les desea unas felices fiestas.
diciembre 10, 2019
Con un estilo refrescante y una visión moderna de la impartición de justicia, el ahora ministro presidente se presentó como aquél que pondría orden en el poder judicial federal y garantizaría la independencia del mismo. No obstante, en sus primeros meses de mandato ha enviado mensajes cruzados que vale la pena analizar.
diciembre 9, 2019
El día 3 de diciembre de 2019 se aprobó en Ciudad de México la reforma conocida como Ley Olimpia mediante la cual se sancionan cinco tipos de violencia digital o en línea. La violencia de género en línea es un reflejo de las relaciones de poder que afectan desproporcionalmente a las mujeres, adultas o menores de edad; los efectos de este tipo de violencia son de carácter emocional, sexual e incluso físico en casos extremos.
Ayer miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo la comparecencia para la elección de la ministra que ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina Mora –quien, semanas atrás, renunció a la Suprema Corte envuelto en escándalos de corrupción y bajo un procedimiento de renuncia cuestionado por la manera que fue procesada por el presidente de la República y por el Senado-.
