La reforma constitucional en materia educativa está en vilo. “Palabras malditas”, dijo Delgado, deben ser explicadas para buscar el acuerdo con ciertos actores políticos. En ese mismo ánimo, otras muchas tendrían que ser analizadas con miras a compadecerse del carácter progresivo pero obligatorio de los derechos humanos y para garantizar las libertades frente al Estado, un ente que fácilmente adquiere rasgos y riesgos de Leviatán.

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A través del memorándum el presidente se arroga una legitimidad que simple y llanamente no tiene. Aunque haya ganado con más de treinta millones de votos no tiene la legitimidad política para desconocer una serie de reglas construidas por poderes políticos constituidos y facultados para legislar para todos nosotros. Esto es lo que hay detrás del memorándum del presidente: un debate político, sí, y una reacción estruendosa en contra de la arbitrariedad.

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La creación del Canal Judicial fue resultado de pescar el anzuelo de un discurso poco refinado a favor de la transparencia, cuyo objetivo era (y es) enteramente pertinente, pero que olvidó pensar en matices y asegunes para efectos de lograr un aterrizaje institucional exitoso. Así pues, lo más relevante para los objetivos de este estudio, es que con el Canal Judicial se modificó de manera decisiva la dinámica de la Suprema Corte mexicana, al grado de convertirse en uno de los tribunales más atípicos dentro de la familia de los tribunales constitucionales.

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Bloquear una cuenta en Twitter. Una acción aparentemente sencilla que no debería implicar mayor problema y que permite hacer más disfrutable la experiencia en dicha red social, al así evitar ser fisgoneado por usuarios con los que no deseamos interactuar ni tener contacto. Pero ¿qué sucede cuando el que bloquea ostenta un cargo público y la cuenta bloqueada es de una persona que desempeña una labor periodística?

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Si bien la marea parece haber cedido y no se perciben cambios sustanciales a corto plazo, la controversia sobre el destino de los refugios para víctimas de violencia de género en esta administración ha ayudado a visibilizar el papel que juegan estos espacios en la prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, me interesa abordar en las siguientes líneas un aspecto apenas percibido pero de enorme relevancia: la relación entre el derecho a la vivienda y los refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

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Podría argumentarse que el actual procedimiento de designación es correcto, pues en él sí se garantiza la división de poderes al incluir al presidente, mediante la formulación de la terna de candidatos, y al legislativo, a través de la votación a favor de uno de éstos. La realidad, no obstante, demuestra lo contrario. Urge esta discusión e incluir a la sociedad civil para que su participación pueda verse materializada y sea un verdadero contrapeso o, al menos, sus preocupaciones valgan dentro del Senado.

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Por ello, es que las reformas al Código Penal Federal en materia anticorrupción, no son más que una reforma fantasma, que evidentemente requieren de un nuevo acto legislativo de reforma a su artículo transitorio para darle inicio a su vigencia, ya que de lo contrario, lo que se espera, son solo aprietos y malos momentos para fiscales y jueces, quienes no tendrán debida certeza de las normas que se aplican y recordemos que en materia penal no hay pena sin ley.

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El pasado lunes 4 de marzo, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestas por AMLO, en razón del término del periodo de Margarita Luna Ramos. Esta es la segunda terna que el actual presidente de la República propone para ocupar un lugar en la Suprema Corte. La primera, y tan cuestionada, terna, que sustituía a José Ramón Cossío, tuvo como resultado la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro la Suprema Corte.

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