Día a Día

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos y temas más destacados conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, presento esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a la vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

El asunto que la Segunda Sala de la SCJN tiene que determinar, es si efectivamente —no solamente formalmente— el trato diferenciado contenido en la Ley Federal del Trabajo permite el acceso material o constituye más bien un obstáculo que viola los derechos y vulnera la dignidad de las y los trabajadores domésticos. Nada de esto se hace en este proyecto del ministro Pérez Dayán, sino que se opta por una argumentación falaz y formalista.

Más allá de los cambios que el poder judicial, desde la SCJN, esté generando, es obligación directa del poder legislativo hacer las modificaciones pertinentes desde que se emitió el primer fallo. Los nuevos integrantes del Congreso de la Unión están frente a una oportunidad histórica para corregir el rumbo de las políticas prohibicionistas a partir de los criterios que la Corte ha establecido.

A pesar de que el trabajo doméstico es una labor revestida por las características de una prestación de servicios, quienes prestan labores de servicio doméstico no sólo se ven expuestos a situaciones de vulnerabilidad debido a las actividades que desarrollan. Dichas situaciones también están relacionadas con una perspectiva de género, por cuanto el servicio doméstico ha sido y es desarrollado, en su mayor parte, por mujeres. No obstante, parece que ésta es una realidad que la Suprema Corte busca invisibilizar.

Duarte es todo aquello de lo que nos queremos desprender y lo que queremos dejar de ser. Sin un análisis contextual y objetivo, es evidente que la sentencia de 9 años de prisión es cuando menos ridícula, parece una burla. Sin embargo, no podemos perder de vista que en un Estado constitucional de derecho cualquier imputado o acusado, incluso Javier Duarte, afortunadamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y, sobretodo, al debido proceso, que entre otras muchas cosas implica ser juzgado única y exclusivamente por los hechos que son presentados en la causa penal por la fiscalía acusadora.

Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre julio y septiembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.