Día a Día

Es cierto que la tecnología avanza más rápido que el derecho. No obstante, los jueces, por muy novedosas que sean las controversias que se les presentan, se encuentran obligados a resolverlas. Pues bien, dentro de las nuevas problemáticas que están llegando a los tribunales se encuentran las generadas por el uso de emojis —o de sus hermanos emoticonos—. Ya que, contrario a lo que se piensa, el uso de estos pequeños iconos digitales podría tener serias consecuencias legales.

En el contexto de las recientes declaraciones del Ejecutivo y el presidente del Senado en torno a las autonomías constitucionales, es pertinente formularse las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el rol de los órganos constitucionales autónomos (OCAs) en nuestro orden constitucional? ¿Por qué defenderlos?

El 6 de junio de 2011 se publicó una reforma constitucional al juicio de amparo. Una de las innovaciones de esta reforma fue la introducción de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Sin embrago, casi ocho años después, apenas se empiezan a explorar los problemas sobre su implementación. Así, hoy es más rápido acudir a un juicio de amparo indirecto solicitando la aplicación de la jurisprudencia, a esperar a que la Corte expulse una norma a través de esta vía.

La prisión preventiva oficiosa transgrede el principio de presunción de inocencia no sólo en el debido trato procesal, sino que, al anticipar la pena, disuelve la pertinencia temporal de las reglas y estándares de prueba, porque se equipara al imputado con el sentenciado. Así, aun cuando el Poder Judicial avance en la definición de garantías procesales relevantes para el Estado de derecho y el debido proceso, las mayorías legislativas se empeñan por hacerlas ineficaces.

¿Será la Fiscalía realmente un órgano autónomo? ¿Abrirá sus puertas a la sociedad civil para el diseño del plan de persecución penal? ¿O hará de éste un mero anexo del plan de seguridad presidencial? ¿Permitirá que ONG´s participen de manera directa en la investigación y judicialización de los casos relevantes de corrupción? ¿Generará un diálogo abierto para delinear una estrategia más estructurada y jurídica para combatir el huachicol, en lugar de apresuradas declaraciones que no hacen ni ton ni son?

No hay razones de peso para aferrarse al fundamentalismo del principio de relatividad de las sentencias. La vocación del juicio de amparo es —o debería ser— fungir como un puente entre dos mundos que habitamos de manera simultánea: el mandato constitucional y la realidad social. Pero si estos dos mundos se encuentran en inevitable evolución constante, ese puente debe también adaptarse en lo posible y en lo razonable para no perder su efecto útil.