La Suprema y el saldo de la discusión respecto la Ley federal de remuneraciones

En esta serie de dos entregas pretendemos dar cuenta del resultado de la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas respectivamente por la CNDH y una minoría calificada de Senadores en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —la cual tuvo lugar los días 13, 14, 16 y 20 de mayo de 2019—.

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Es de resaltar que casos como este presentan la interrupción del embarazo como un derecho público que el Estado debe garantizar y no un privilegio privado al que solo cierto grupo de mujeres podrían acceder. El proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad en un momento en el que las mujeres enfrentan obstáculos estructurales para ejercer sus derechos. La capacidad de las mujeres de participar en la vida pública se encuentra correlacionada con su capacidad de controlar sus vidas reproductivas. Es hora que la interrupción del embarazo sea legal, gratuita y segura para todas.

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Lo que hizo el Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Remuneraciones no solo se trata de una práctica desleal hacia la ciudadanía que expresa su voto periódicamente para renovar a sus representantes y cumplir con sus deberes cívicos, sino que se trata de un fraude a la Constitución y a su cámara hermana en el diseño constitucional de nuestro país.

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La libertad de expresión es una de las condiciones esenciales de todo régimen democrático, es decir, si el Estado no garantiza este derecho no puede decirse que hay democracia en ese país; de este tamaño es la responsabilidad de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, de garantizar su libre ejercicio.

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La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, en la que la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad e invalidez de diversas normas de la Constitución de la Ciudad de México, se refiere a dos temas de enorme relevancia para el federalismo de los derechos humanos, el principio de progresividad y su fuerza expansiva. Aun y cuando analiza otros temas igualmente importantes, en este texto solo analizaré la facultad de las entidades federativas para ampliar o reconocer derechos humanos, así como la posibilidad de establecer mecanismos de protección o control constitucional local.

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La CNDH, el 28 de enero de 2019, emitió la recomendación general no. 35 “sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana”. Al respecto, la determinación adoptada por la CNDH no estaría abordando con claridad las profundas dificultades existentes que implican los debates contemporáneos sobre las mejores formas de aumentar la capacidad de los pueblos indígenas para controlar los usos de sus conocimientos tradicionales.

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Hace unos días se hizo público el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en donde propone declarar inconstitucional la totalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que emitió el Congreso de la Unión, el 5 de noviembre de 2018, precisamente, porque considera que las violaciones al procedimiento legislativo fueron graves. Y es que realmente fueron gravísimas.

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A finales de marzo de este año la Sala Superior del TEPJF resolvió en definitiva sobre la expulsión de Ernesto Cordero de las filas del PAN. Aunque no se trata de un asunto novedoso en cuanto a expulsión de militantes de partidos políticos, sí estamos ante un criterio en materia electoral que vale la pena revisar respecto de las infracciones a normas partidarias, y sobre el análisis a la libertad de expresión al interior de esas organizaciones.

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La reforma constitucional en materia educativa está en vilo. “Palabras malditas”, dijo Delgado, deben ser explicadas para buscar el acuerdo con ciertos actores políticos. En ese mismo ánimo, otras muchas tendrían que ser analizadas con miras a compadecerse del carácter progresivo pero obligatorio de los derechos humanos y para garantizar las libertades frente al Estado, un ente que fácilmente adquiere rasgos y riesgos de Leviatán.

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A través del memorándum el presidente se arroga una legitimidad que simple y llanamente no tiene. Aunque haya ganado con más de treinta millones de votos no tiene la legitimidad política para desconocer una serie de reglas construidas por poderes políticos constituidos y facultados para legislar para todos nosotros. Esto es lo que hay detrás del memorándum del presidente: un debate político, sí, y una reacción estruendosa en contra de la arbitrariedad.

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