Un caso reciente de los intentos legislativos por acabar con la criminalidad se presenta en forma de una adición al artículo 33 del Código Penal del estado de Guanajuato a través del decreto 209, que se refiere a las causas de exclusión del delito. Expresamente, la recién integrada fracción XI señala que el delito se excluye cuando “se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación”. A primera vista, podemos identificar de que va la citada fracción: legítima defensa. O, más bien, de una súper legítima defensa. ¿Por qué?

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Este miércoles 25 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo directo en revisión 7464/2016, cuyo proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández. El asunto, según se advierte del archivo disponible en la página de la Corte, cumple con los requisitos de procedencia, es decir, identifica dos problemas de constitucionalidad relacionados con el derecho a la defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia, que resultan de importancia y trascendencia para que la Corte defina el alcance, contenido y estándares en la materia.

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Es un hecho consumado: Santiago Nieto ha sido cesado como Fiscal Especial de Delitos Electorales. El Senado de la República es la instancia que podrá restituirlo en el cargo. ¿Qué criterios deberán seguir los Senadores para tales efectos? ¿Legales, políticos o de coyuntura de cara a las elecciones del 1º de julio de 2018?

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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El Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito está en condiciones de ceñirse a la interpretación que ha sido desarrollada ampliamente por la Suprema Corte, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de tortura, de libertad personal y de debido proceso, al resolver el amparo en revisión 46/2016. Al mismo tiempo, este Tribunal podrá afectar positivamente la vida de Taylín y la de su familia en su búsqueda de justicia, puesto que su fallo podría traducirse en su libertad.

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Cuando surgió la idea de organizar un homenaje a Rodolfo Vázquez, quedó claro desde el primer momento que la intención era abrir un espacio para el mejor conocimiento del carácter multifacético de las obras de Rodolfo Vázquez, impulsar un diálogo crítico a propósito de las importantes reflexiones que ha presentado en millares de páginas y millares de clases, provocar la revitalización y la “viralización” de las ideas de uno de nuestros colegas excepcionales que, además, por encontrarse en el zenit de su trayectoria intelectual tiene todavía muchísimo a la cultura hispanoamericana tan necesitada de referentes propios.

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Hace unos días se difundió una singular sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora, en la que se conjugan diversos temas de los que se abordan en el presente artículo. A través de un amparo indirecto, el caso en cuestión garantiza el derecho al acceso a la información a un ciudadano que fue bloqueado en Twitter por el presidente municipal de Nogales.

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Los sismos padecidos en nuestro país nos han exigido retomar el Caso Bahía de Banderas para asumir el derecho a la vivienda en serio. Sí, sí y mil veces sí, aunque algunos se empeñen aún en decir mil veces lo contrario: los particulares sí tienen obligaciones activas y pasivas frente a los derechos humanos, incluyendo los clasificados como derechos económicos, sociales y culturales. De reconocerlo depende los daños que permitiremos vuelvan a ocurrir en un futuro.

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Tanto la Constitución en su artículo 41, como la ley general de partidos políticos en su artículo 25, les prohíben a los partidos políticos utilizar su presupuesto en asuntos distintos que los que señala la ley. ¿La ley está prohibiendo a los partidos políticos ayudar a la gente? Sí … ¿Esto significa que no hay manera de restarle el presupuesto a los partidos políticos y que este se utilice en apoyo a los damnificados? No. El financiamiento público a partidos políticos es una prerrogativa, es decir, un privilegio económico, y los partidos pueden renunciar a este o al menos a parte de éste.

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