El mensaje es claro: en México, como en los otros países centroamericanos, el terrorismo no es (aún) una amenaza seria, pero la delincuencia organizada sí lo es. Esta conexión meramente contextual, casi seguramente tomará otra dimensión con la nueva aproximación del Consejo de Seguridad respecto a la relación entre terrorismo y delincuencia organizada.

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El edificio institucional, construido por lo menos en los últimos 100 años para apuntalar la libertad de expresión, es enteramente obsoleto. No hay ley, precedente o tratado internacional capaz de sortear alguno de estos cuatro cambios descritos, ni otros más que también han abonado a transformar radicalmente a la expresión a partir del surgimiento de las plataformas de Internet. Sin exagerar, estamos ante el ocaso de lo que habíamos entendido por libertad de expresión.

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Más allá de las simpatías que naturalmente despierta, en el agregado, el perfil de esta terna, lo cierto es que la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es el futuro y viabilidad de un tribunal constitucional independiente y, en esa medida, de la protección y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes.

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La Segunda Sala de la Suprema Corte mexicana resolvió el pasado 7 de agosto el amparo en revisión 854/2018. Este asunto es de vital importancia e interés pues giró entorno al alcance de la libertad religiosa y de preguntas no menores como las siguientes: ¿Podemos incumplir las leyes del país por nuestras convicciones religiosas? ¿Pueden alegarse motivos religiosos para evadir responsabilidades u obligaciones? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad de culto religioso frente a las restricciones constitucionales? ¿Es constitucional una norma que interfiera en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad religiosa?

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El otorgamiento de asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado se tratan de dos facultades discrecionales del Estado que se dan dentro del ejercicio de su soberanía. Si bien éste no se encuentra obligado a concederlo ni a declarar las razones por las que lo concede o lo niega, sería deseable que el Canciller actuara de forma transparente y con apego a la ley, sobre todo tratándose de mensajes tan fuertes de política exterior. Lo cual, sin duda, sería un gran paso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional.

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Cada que se abre una vacante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corre estamos ante una nueva posibilidad de que el presidente de la República en turno actúe de una manera distinta a sus predecesores. Desde luego, la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora ha abierto de una vez más la posibilidad de erradicar, de una vez por todas, la nula transparencia que caracteriza a la integración de las ternas de candidatos a ministros por parte del presidente de la República.

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En los próximos días la Primera Sala de la Suprema Corte habría de discutir un asunto que podría ser considerado un caso clave para la jurisprudencia nacional en materia de protección a los derechos humanos. El amparo directo en revisión 4865/2018 se convertirá en el primer asunto en que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la protección constitucional que merecen los símbolos utilizados históricamente para fomentar los discursos de odio; el caso específico: la esvástica que caracterizaba el régimen del Tercer Reich.

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